Mal día para festejar el cumpleaños 63. El jueves 23 de julio, el camarista federal Abel Guillermo Sánchez Torres cumplió años. Ese mismo día Alejandro Sánchez Freyres, titular del Juzgado Federal N°2 a pedido de los fiscales Pablo Nicolás Turano y Maximiliano Hairabedian, lo imputó por el presunto delito de admisión de dádivas, previsto en el artículo 259 del Código Penal.
La imputación también comprende a la presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones, Graciela Montesi, pareja de Sánchez Torres. Y pone en evidencia el enorme peligro que encierra para una administración correcta de justicia, cuando el juzgado se confunde con la alcoba. En este caso para dañar la salud de los vecinos de los barrios Inaudi Anexo y Parque San Antonio.
Quienes, a lo largo de diez años, gracias a la intervención de esta pareja entronizada en una cámara federal, no han logrado que se realice un estudio de impacto ambiental en relación con la contaminación que produce en el vecindario la industria química Porta Hnos. Y algo parecido sucede con las causas que afectan al grupo Astori, favorecido con la intervención de estos camaristas. Palabra que tiene un origen común con cama, que ambos comparten.
CASTA LLA: la cuñada de Bornoroni asciende con el cuestionado concubinato en la justicia federal
Escándalo judicial cordobesista: Tribunal en concubinato lo condenó a cadena perpetua por ser infiel a su esposa muerta por Covid
La acusación contra Sánchez Torres y Montesi
El escrito de 17 fojas con la acusación contra Sánchez Torres y Montesi detalla que el vicepresidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba; junto a la presidenta habrían viajado desde Córdoba hacia Punta del Este el 29 de marzo de 2024 y regresado el 2 de abril del mismo año, en vuelos de la compañía AirJet S.A., cuyo explotador es SXFU SA. Sin que pudiera determinarse qué persona física pagó el viaje, pero podrían estar vinculados a las firmas Grupo Astori o Porta Hermanos S.A.
Según la imputación del fiscal de la Procuración General de la Nación, Pablo Turano; y del fiscal federal general de Córdoba, Maximiliano Hairabedian; los camaristas federales habrían incurrido en infracción al artículo 18 de la Ley de Etica Pública 25.188 y su decreto reglamentario 1179/2016; por haber aceptado viajar a Uruguay “en el avión particular de empresarios”. A la par que “desde antes de la fecha del viaje y hasta el presente, habrían ejercido la función jurisdiccional en procesos judiciales que involucran intereses de la industria química “Porta Hnos. S.A.” y el grupo empresarial “Astori”, cuyos líderes y dirigentes tendrían relación estrecha con la aeronave y la sociedad propietaria”.
Los fiscales señalaron en el escrito que “los ejecutivos de “Porta” y “Astori”, antes del vuelo habrían sido propietarios e integrado el directorio de AirJet S.A., la sociedad titular del avión. Y, después de cesar las funciones en el directorio, en la época del hecho, habrían seguido teniendo la aeronave a disposición, utilizándola en su beneficio”.
El texto describe que “los jueces Montesi y Sánchez Torres habrían hecho el viaje a Uruguay en el vuelo particular junto a María Pía Astori, líder del grupo Astori y Guillermo Alberto Assales, presidente de una de las empresas del grupo, “Astori Estructuras S.A.”. Al momento del hecho, Pía Astori era socia del presidente de AirJeat S.A., Lucas Antonio Velasco, en “PanAir S.A.”, otra sociedad análoga a Airjet, propietarias de aeronaves para vuelos privados”.
A la vez, los fiscales detallan que los vuelos entre Córdoba hacia Punta del Este, tanto de ida como de regreso, “habrían sido realizados en la aeronave matrícula LV-WTP, propiedad de AirJet S.A., explotador SXFU S.A., sin que hasta la fecha se haya podido individualizar a las personas físicas que presentaron u ofrecieron la dádiva, lo cual será motivo de verificación en el marco de la investigación que se promueve (Artículo 193, inciso 3° del Código de Procedimiento Penal de la Nación) pero podrían estar vinculadas a Porta Hermanos S. A. y/o al Grupo Astori””.
Y que “del informe de la Dirección Nacional de Migraciones surge que los magistrados registran dos movimientos migratorios en un ‘vuelo particular’ con matrícula LV WTP, saliendo del país por el aeropuerto Córdoba el 29 de marzo de 2024 a las 9.34.40 horas con destino a Uruguay, retornando a nuestro país el 2 de abril de 2024 a las 17.01.03 horas”.
El vuelo partió del aeropuerto internacional “Ingeniero Taravella” de Córdoba, con destino al aeropuerto internacional Capitán de Corbeta Carlos A. Curbelo, de Laguna del Sauce, Uruguay; ubicado en la zona de Maldonado/Punta Ballena, la principal pista que se utiliza para llegar a Punta del Este.
Al mejor estilo del exvocero y ex jefe de Gabinete ultraderechista Manuel Adorni, Sánchez Torres y Montesi viajaron a Uruguay con todo pago: “El carácter oneroso del beneficio también está comprobado. Es de público conocimiento que un vuelo internacional en avión privado es algo costoso y así lo avala la prueba incorporada. A fojas 141/142 se le solicitó, a modo de colaboración, a la empresa de aviones privados Royal Class que presupuestara un viaje como el realizado por los magistrados, informando que un vuelo desde el aeropuerto internacional “Ingeniero Taravella” de Córdoba, Argentina hacia el aeropuerto internacional “Capitán de Corbeta Carlos A. Curbelo” de Laguna del Sauce, Uruguay tiene un costo por tramo de USD 17.020, viajando en un avión de similares características al utilizado por los incoados. Es decir, que el viaje completo ascendería a una suma estimativa de unos USD 34.000”, detallaron los fiscales en la acusación.
La denuncia contra Porta y la contaminación
La causa contra Sánchez Torres es un coletazo de la denuncia por contaminación de los vecinos de los barrios Inaudi Anexo y Parque San Antonio, en la zona sur de esta Capital contra la compañía química Porta Hermanos S.A., iniciada en 2016. Una de las vecinas más activas en la defensa de la salud de la gente fue Silvia Cruz, demandante en la causa:
“Nosotros ya resolvimos que Porta contaminaba cuando dijimos que nos enfermábamos, esa es la verdad que tenemos nosotros y ahora la herramienta legal quedó por detrás. La posición de la Justicia Federal no está a la altura de los vecinos que le están diciendo una verdad”. Había dicho esto 2019, cuando le reclamaron al juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja que intimara a Porta Hermanos S.A. a que se sometiera al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental en los términos de la Ley Provincial N° 10.208.
Los fiscales Turano y Hairabedian consignaron en la presentación ante el juez Sánchez Freytes que “la presente causa tuvo su origen en una denuncia presentada por Silvia Marcela Cruz, María Rosa Viñolo, Nora Rosa Acuña, Pablo Gastón Sánchez, Florencia Belén Sánchez, Franco Damián Sánchez, Luciano Pablo Vélez, Natalia Tello, Irina Nicoloff, Marcelo Salvador Nicoloff, y Cristian Damián Sánchez, vecinos de barrio San Antonio de esta ciudad de Córdoba, por posibles vinculaciones económicas de la empresa Porta Hermanos con los jueces federales doctores Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi”.
Haciendo constar en su escrito la causa “Cruz Silvia Marcela y Otros contra / Ministerio de Energía y Minería de la Nación sobre / Amparo Ambiental (Expediente FCB N° 21076/2016)” señalan que “ese estudio fue ordenado en 2019 por el juez federal 3 Hugo Vaca Narvaja, cuando hizo lugar parcialmente al reclamo ciudadano contra “Porta Hermanos S.A.” y ordenó la realización del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (ley Provincial N° 10.208 y su reglamentación) a los fines del análisis administrativo de la licencia ambiental. “Porta” apeló esta orden y en 2020 la Cámara Federal de Apelaciones, por mayoría -votos de los camaristas Ignacio Vélez Funes y Eduardo Avalos-, confirmó la orden del juez. La camarista Graciela Montesi votó en disidencia -hacer lugar al recurso de Porta-, en contra de la evaluación de impacto ambiental”.
El cordobesismo de Schiaretti funciona a toda máquina con bioetanol
Los fiscales son claros al expresar la conducta benefactora de Montesi para con Porta Hermanos SA: “En 2021, el Juzgado Federal 3 quiso hacer cumplir la resolución de la Cámara e intimó a “Porta” para que haga la Evaluación de Impacto Ambiental, pero la empresa lo evitó mediante planteos que fueron rechazados por el juez. La empresa apeló y la Cámara Federal, nuevamente por mayoría -votos de los jueces Eduardo Avalos y Liliana Navarro-, confirmó la resolución del juez de primera instancia para que se cumpla con la evaluación ambiental. La camarista Graciela Montesi volvió a votar en disidencia, en contra de esa evaluación, tal como lo planteaba Porta”.
Y reiteran que en 2024 ocurrió lo mismo, cuando el Juzgado Federal N° 3 rechazó las apelaciones de Porta Hermanos S.A. “ante esta denegatoria del Juzgado Federal, Porta presentó un recurso de queja ante la Cámara Federal, representada por el Alfonso Buteler. El secretario civil de la Cámara certificó que el vocal Eduardo Avalos en el pasado se había apartado en otras causas en las que intervino ese letrado.”
Pablo Sigismondi: Geografia del ecocidio cordobesista
Y agrega: “En base a lo certificado, en 2025 la jueza Graciela Montesi, sin que medie inhibición ni recusación, apartó del caso a su par Eduardo Avalos y en su reemplazo integró la Sala con la jueza Liliana Navarro. La jueza Montesi votó a favor del planteo de Porta y la jueza Navarro en contra. Para desempatar, la jueza Montesi convocó al juez Sánchez Torres y lo integró. De esta manera, se revirtió la mayoría que avalaba lo actuado por el Juzgado para realizar la Evaluación de Impacto Ambiental y así la Cámara Federal, con los votos de Montesi y Sánchez Torres, falló a favor de “Porta”, haciendo lugar a su recurso de queja, con la disidencia de Navarro.”
Seguidamente los fiscales detallan: “Integrada la Sala con los tres jueces mencionados para resolver el fondo del recurso de apelación de “Porta”, la causa le fue remitida para su estudio a la jueza Montesi el 2 de junio de 2025; el día siguiente la devolvió a la Secretaría. El 10 de junio de 2025 ingresó a estudio del juez Sánchez Torres, hasta el 18 de junio de 2025 que la devolvió. Mientras la causa estaba a estudio de la jueza Navarro, las partes contrarias a Porta recusaron a los jueces Sánchez Torres y Montesi. El abogado de Porta se opuso, pidiendo que se quedaran y, además, recusó a la jueza Navarro para desplazarla del caso. Todas las recusaciones fueron rechazadas, no obstante, el juez Sánchez Torres se excusó de seguir interviniendo por razones de decoro y delicadeza”.
Turano y Hairabedian explicaron en su escrito en el que solicitan la indagatoria de Sánchez Torres y Montesi que “por esas incidencias, el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental no se pudo cumplir, pese a que la acción fue iniciada hace 10 años y ese estudio fue ordenado en 2019 y posteriormente intimado en más de una ocasión”.
La pareja viaja, la empresa investigada los transPorta
Para el llamado a indagatoria por parte del juez federal Sánchez Freytes los fiscales exponen que “requerida información a la ANAC (Administración Nacional de Aviación Comercial), surge que la aeronave matrícula LV WTP está registrada a nombre de AirJet S.A. Del informe de Nosis de esa sociedad propietaria del avión, se desprende que actualmente el presidente y el vice son Lucas Antonio Velasco y Jorge Pablo Velasco respectivamente, pero qué hasta el 8 de abril de 2021, el presidente de AirJet era José Vicente Ramón Porta, la cara visible de Porta Hermanos hasta su fallecimiento en 2023. Luego de ello, por decisión unánime de la asamblea ordinaria realizada el 28 de agosto de 2023, se pusieron al frente de la fábrica, por el período de tres ejercicios, José Antonio Porta y Diego Andrés Porta, éste último como vicepresidente de la empresa Porta Hermanos S.A.”
Córdoba: ¿Cómo se “construyeron” las campañas de De la Sota y Schiaretti?
Según la Justicia federal de Córdoba, los movimientos migratorios de José Antonio Porta y de Diego Andrés Porta indican que, “no obstante haber cesado como directivos de la propietaria del avión AirJet S.A., siguieron usando la aeronave privada de esta última sociedad. En efecto, Diego Andrés Porta registra un viaje a Bolivia el 14 de marzo de 2024 en el mismo avión particular –matrícula LV WTP- en el que viajaron los magistrados unos 15 días después. Si bien este avión es utilizado asiduamente por los hermanos Velasco, lo que no resulta llamativo ya que actualmente son los dueños, ellos también utilizan otro avión, identificado con la matrícula LV COO, que es muy usado por Diego y José Antonio Porta, como también, pero en menor medida, por Lucrecia y Mateo Porta”.
Astori no va en tren, va en AirJet
La investigación penal preparatoria por parte de la Procuración General de la Nación y de la Fiscalía federal de Córdoba también vinculó la aeronave en la que viajaron los camaristas Sánchez Torres y su pareja Montesi con el Grupo Astori, empresa también con causas bajo proceso de estos dos jueces.
“De la prueba incorporada también surgió una vinculación de AirJet S.A. y la aeronave de su propiedad en la que los magistrados volaron rumbo a Punta del Este, con los directivos del grupo Astori y sus empresas. Por empezar, los jueces hicieron el viaje ida y vuelta juntos con María Pía Astori y Guillermo Assales (documental del Ministerio de Seguridad remitida por la Policía Aeroportuaria obrante a fs. 184/185)”, señalaron los fiscales Turano y Hairabedian.
El escrito de 17 fojas indica que desde 1990 el Grupo Astori, creado en 1966 por Piero Astori, quedó al mando de María Astori, y que entre las empresas del conglomerado se destaca Estructuras Astori S.A., cuyo presidente era Guillermo Assales al momento del viaje de la pareja de camaristas: “Del informe de Nosis surge el árbol de vinculaciones personales de otras de las empresas del grupo, “Astori Construcciones S.A.”: María Pía Astori socia accionista, registra relación con Palmar S.A. -directora suplente-; AirJet S.A. -exdirectora suplente-; Parque empresarial Aeropuerto S.A. -socia- y PanAir S.A. – presidente-”.
Los fiscales también describieron que “Guillermo Alberto Assales registra relaciones con Astori Estructuras S.A. -presidente- y Parque empresarial Aeropuerto S.A. -director-”.
Respecto de la relación de la familia Astori con el avión que trasladó a Sánchez Torres y su pareja Graciela Montesi desde Córdoba a Punta del Este, los fiscales expusieron: “María Pía Astori, antes del vuelo, integró el directorio de AirJet S.A. -propietaria del avión- como directora suplente. Con posterioridad a cesar en el directorio de AirJet, siguió utilizando la aeronave. Además, constituyó otra sociedad anónima con la misma actividad (PanAir S.A.) en la que posteriormente quedó como socia del presidente de AirJet al momento del hecho, Lucas Velasco”.
El Boletín Oficial de Córdoba publicó que PanAir S.A. fue constituida el 15 de junio de 2023 por los socios María Sánchez Astori, María Pía Astori y Piero Sánchez Astori; que el 24 de julio de 2025 Pía Astori se asoció con Lucas Velasco en PanAir S.A.; y que el nuevo directorio quedó integrado por Lucas Antonio Velasco como presidente y María Pía Astori como directora suplente, aprobándose también el aumento de capital.
El “Negoción” del puente más grande de Córdoba, a cargo de empresas amigas y coimeras
La turbia relación de Astori con los camaristas
Los fiscales Pablo Turano y Maximiliano Hairabedian avanzaron sobre la relación entre la familia Astori y los camaristas de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba: “Ahora bien, descripta y probada la vinculación entre los dirigentes del grupo Astori con el avión de la sociedad anónima AirJet, abordaremos ahora el vínculo de la demandante en la causa en la que intervienen los jueces que hicieron el viaje hacia Punta del Este”.
Agregando seguidamente: “Fideicomiso Palmar tiene una serie de pleitos judiciales contra el Estado Nacional y la Fuerza Aérea Argentina. Está probado que, al realizarse el vuelo conjunto en el avión privado, los camaristas Sánchez Torres y Montesi eran jueces en esos litigios, habiendo dictado fallos tanto antes como después, no surgiendo que se hayan excusado de intervenir”.
Detallando a continuación: “Ese fideicomiso fue constituido en 2010 por “Astori Estructuras S.A.” con la finalidad de lograr la escrituración de lotes que estaban registrados a nombre de esa sociedad anónima. Así quedó comprobado en la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones. En síntesis, los jueces Montesi y Sánchez Torres hicieron un vuelo particular junto a los ejecutivos de Astori; en un avión privado vinculado a éstos, mientras se encontraban interviniendo en juicios que involucran los negocios e intereses del grupo”.
Precisamente, en abril de 2018 el abogado Fabián Moscovich presentó una demanda en la Justicia federal para que se investigue por qué “desde 1978, en la época militar, la Fuerza Aérea maneja como si se tratara de una inmobiliaria privada cerca de 400 inmuebles en barrio Ampliación Palmar”.
El abogado patrocinante aseguró a StripteasedelPoder.com que “estamos ante una banda delincuencial asentada en la Fuerza Aérea que viene cobrando ilegalmente suculentas sumas dinerarias desde la época de la dictadura militar, que reposan finalmente en los bolsillos personales de la asociación ilícita”.
Moscovich señaló que “en plena dictadura, Astori recibió las obras para el Mundial ’78; por eso no llama la atención que con estas viviendas en barrio Ampliación Palmar hubiera ocurrido lo que ocurrió. En la ciudad de Córdoba, además de lo que sucede con las viviendas de Palmar, hay unas 400 viviendas en esa situación, por ejemplo, hay dos edificios entre muchos otros, en las esquinas de avenida Colón y Mendoza; y de Mendoza y 9 de Julio; qué de manera irregular, cuando en el Registro de la Propiedad constan los asientos con los nombres de los particulares, los maneja íntegramente la Fuerza Aérea. Las torres de calle Soldado Ruiz, también; en barrio Los Pinos, cerca de la rotonda del Ala, ocurre lo mismo”.
El abogado denunciante indicó que “el problema es más profundo de lo que parece, el barrio Ampliación Palmar, que consta de unas 240 viviendas fue construido para los operarios de la firma Astori, pero en esa misma época, apareció la Fuerza Aérea manejando dichas propiedades, ante lo cual el Grupo Astori siempre ha permanecido callado”. Moscovich contó, además que “el 6 de enero de 1978, aparece como propietario, no de la propiedad, sino de las operatorias inmobiliarias, el comodoro Antenor Echenique, y Astori no hizo nada para defender los intereses de sus operarios”.
Salven a los empresarios
Según los fiscales, la acusación contra Sánchez Torres y Montesi se basa en que “la Ley de Etica Pública 25.188, establece que ‘los funcionarios públicos no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones’, y que la reglamentación de esa norma, ratifica la prohibición:”
Apuntando que “El carácter ostentosamente oneroso del viaje es relevante para la configuración del ilícito, puesto que no se trata de simples obsequios que pueden estar permitidos o resultar intrascendentes para afectar el bien jurídico protegido, por ejemplo envíos de tarjetas con saludos institucionales, placas con reconocimientos, entrega de unas masas o sándwiches, un almuerzo, etcétera». Señalaron los fiscales en el escrito elevado al juez Sánchez Freytes.
Y ejemplificaron: “Importa en el análisis la cuantía económica de la dádiva. No siempre será delito el pequeño obsequio. En la práctica se dan supuestos que no pueden en manera alguna afectar el bien jurídico. ‘Se cita en doctrina el ejemplo de aquel alumno que da un cigarrillo a un profesor, y se aclara lo diferente que sería la situación si, en cambio, se hubiese tratado de un automóvil’. Hasta el momento no se pudo determinar la o las personas físicas que dieron la dádiva por cuanto los allanamientos practicados para determinarlo dieron resultado negativo. Si bien la hipótesis es que podrían estar vinculadas a Porta Hermanos S.A. y/o al Grupo Astori, la Ley 27.401 que establece el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas privadas, en su artículo 1 no incluye la figura del artículo 259 del Código Penal”.
En el caso de admisión de dádivas, se castiga al funcionario que acepta regalos o beneficios solo por su cargo, sin que medie un acuerdo para realizar u omitir un acto específico; y no exige contraprestación concreta. O sea, los privados que ofrecieron los vuelos a Punta del Este, no serían pasibles de sanciones, sólo los funcionarios que recibieron los beneficios.
En tanto que en el caso del delito de cohecho, tipificado en los artículos 256, 257 y 258 del Código Penal se está ante un caso de soborno propiamente dicho. Requiere una contraprestación por parte del funcionario, hay un claro hecho de corrupción con dos actores: “La corrupción es como el tango, se necesitan dos para bailarlo”, reza un viejo adagio popularizado durante el menemato.
En el edificio de los Tribunales federales de Córdoba la imputación contra los camaristas Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi por el delito de dádivas fue leída como una operación para salvar a los empresarios que pagaron los vuelos: “Esto es un cohecho, de acá a Punta del Este. Hubo un pago de empresarios por los servicios judiciales a favor de los camaristas, decir que se trata del delito de dádivas porque no se encontró a quién pagó el viaje, si los Porta o los Astori, es una burla a la inteligencia”, confió una fuente de “la Torre”, como se conoce la sede de la Justicia Federal en Parque Sarmiento.
Hace un mes, el viernes 26 de junio, Striptease del Poder publicó en exclusiva la información sobre el accidente de tránsito sufrido por el camarista Sánchez Torres a bordo de su lujosa pick up Ford Ranger Raptor, el lunes 22 de junio, luego del partido disputado por la Selección nacional contra Austria en la avenida de Circunvalación, en el nudo vial del cruce con el Camino a San Carlos. El juez había participado de una reunión social en una cata de vinos en el country Cañuelas, en inmediaciones donde luego volcó con su vehículo al caer a un desagüe.
Carlos Nayi, abogado defensor del camarista accidentado y viajero adornista declaró mentirosamente a los medios: “Las cosas son públicas y desde donde provenía es de una reunión en un domicilio particular con una directora de la Fundación Mediterránea de Córdoba”. Refiriéndose así a Myrian Martínez; directiva y vocera de la Fundación Mediterránea, mujer de estrecha confianza de Pía Astori, cuyo padre fue el fundador de esa demasiado conocida fundación.”
La versión de la participación de Sánchez Torres en una cata de vinos fue confirmada a este portal por distintas fuentes. En cambio la versión de la reunión con la directiva de la Fundación Mediterránea sólo la dio el abogado mediático Nayi. Que de ser real, confirma la estrecha relación del camarista y dicha empresa contratista del Estado, ya descripta por los fiscales Turano y Hairabedian.
La embestida de Carrió
El vuelco de Sánchez Torres a bordo de su costosa pick up Ford Ranger Raptor azul, su huida del lugar para evitar someterse a un examen de alcoholemia, y el posterior presunto encubrimiento por parte de la Policía Caminera que no actuó pese, a que en el derrape el vehículo ocasionó daños al guardarail fue la gota que rebalsó la copa.
El 16 de julio pasado, la líder de la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió denunció a Abel Sánchez Torres y su pareja Graciela Montesi ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. Exponiendo los mismos elementos de la investigación en marcha de Turano y Hairabedian por abuso de autoridad; violación de los deberes de funcionario público; violencia laboral, maltrato y violencia de género contra la secretaria Celina Laje Anaya; falsedad ideológica y coacción; manipulación en la integración de salas de la Cámara Federal de Apelaciones para intervenir en causas sensibles, principalmente la de Bunge por evasión tributaria agravada.
En representación de “Voces por la Cultura, por la Paz y por la Justicia”, una ONG en formación, Carrió y la abogada María Pace, le enviaron una nota al presidente del cuerpo, Horacio Rosatti. Donde solicitan la apertura del procedimiento de remoción, la suspensión de ambos magistrados, y su eventual enjuiciamiento por las causales de mal desempeño y comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones.
El escrito de Carrió, es la cuarta presentación contra la pareja de camaristas en el Consejo de la Magistratura, donde se describe la «ingeniería de la impunidad» vinculada a la cerealera Bunge. Carrió y Pace sostienen que tanto Sánchez Torres, como Montesi manipularon la integración de las salas para intervenir de manera conjunta en expedientes de evasión tributaria agravada. Poniendo de manifiesto que su relación conyugal, podría atentar contra la objetividad e imparcialidad en las decisiones judiciales.
Ya en 2019, Liliana Navarro, también camarista federal junto a los imputados Montesi y Sánchez Torres, había advertido sobre estas irregularidades sobre la relación de pareja que constituían una incompatibilidad ética y funcional a la hora de dictar sus fallos.
Carrió también llevó al Consejo de la Magistratura el caso de Celina Laje Anaya, que denunció maltratos y humillaciones por parte de Sánchez Torres, que incluyeron ser desalojada de su oficina y el descenso en su jerarquía, con el consecuente impacto salarial. Las presiones, según la denunciante, le provocaron daños psíquicos y físicos. Por esta causa, el camarista federal ya fue imputado por Turano y Hairabedian y el juez federal Alejandro Sánchez Freytes le prohibió a Sánchez Torres tener contacto con Laje Anaya.
La líder de la Coalición Cívica solicitó al Consejo de la Magistratura de la Nación que se investigue el patrimonio de Sánchez Torres, ya que el ritmo de vida y los bienes que posee no se condicen con sus haberes mensuales. Que si bien son millonarios; no podrían justificar, por ejemplo, la adquisición de una mansión de 700 metros cuadrados valuada en USD 1,3 millones en el country El Terrón, que el empresario macrista Manuel Tagle explota en Mendiolaza. Sin contar la propiedad donde reside actualmente en el country Altos del Chateau.
Al presidente del Consejo, Horacio Rosatti, la exdiputada erigida como fiscal de la República, le informó acerca del accidente vial que StripteasedelPoder.com informó en forma exclusiva. Asegurando que el camarista federal habría huido del lugar con ayuda de un amigo para eludir el control policial y el test de alcoholemia, contando con la presunta colaboración de la Policía provincial para ocultar el hecho, que no informó el suceso.
El escrito de la ONG “Voces por la Cultura, por la Paz y por la Justicia” destaca que “los hechos denunciados, considerados en forma conjunta, no son episodios aislados, revelarían un posible patrón de utilización irregular de la función judicial, desconocimiento deliberado de las normas, afectación de la imparcialidad, abuso de las relaciones jerárquicas y entorpecimiento de las investigaciones”.
Por lo cual ante la gravedad de los hechos, y el riesgo de que ambos camaristas pudieran utilizar su poder para entorpecer las investigaciones de los fiscales Hairabedian y Turano, Carrió le solicitó al Consejo de la Magistratura de la Nación la suspensión inmediata de ambos como camaristas federales. Además de considerarlos inaptos moral y técnicamente para ejercer la magistratura, representando un perjuicio grave al servicio público de Justicia y una deshonra a la investidura que ostentan.
Carrió conoce los laberintos de la Justicia federal y sabe de la interna cordobesa de Sánchez Torres con la jueza federal María Noel Costa, pareja del camarista Diego Berrotaveña, integrante de la Cámara de Casación y del Consejo de la Magistratura de la Nación. Pero además está al tanto del pésimo concepto que se tiene en los tribunales de “Comodoro PRO” contra el camarista cordobés. Después de que en febrero pasado fallara contra el alcalde porteño Jorge Macri, como conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en una causa por lavado de activos por la compra de un departamento en 2011 en la ciudad estadounidense de Miami.
Sánchez Torres un avezado surfista del poder, seguramente dará una dura batalla para no abandonar la poltrona que ocupa desde el 17 de abril de 2003, y desde donde sin el mayor escrúpulo, construyó todo lo que tiene, desde lo simbólico hasta lo material. A la par que circulan graves versiones de que mas allá de su rol judicial, encabezaría una banda de magistrados y estudios de abogados, dedicados a esquilmar a personajes que caminan en el borde de la ley.
Y una muestra de ello parece haberla dado hoy, el día de publicación de esta nota, al recibir el autor de esta una llamada telefónica desde la central de la Policía Federal. Diciéndome que me están por notificar de una presunta causa en mi contra por supuesta discriminación. De cuya existencia tuve una primera advertencia tras publicar la nota sobre al accidente impune de Sánchez Torres en la Circunvalación. Que vino acompañada además de un ataque y suspensión de mis redes sociales y a las de StripteasedelPoder.com, para infructuosamente tratar de acallarnos.-
"Como lo pudiste constatar, nuestras investigaciones, son fundadas, independientes, con datos públicos y verificables y siempre sobre el poder real. Su producción lleva días, semanas, hasta meses de trabajo. Y son abordadas con la mayor honestidad, profesionalidad y rigurosidad periodística. Si está a tu alcance, podes colaborar con este periodismo libre, de calidad, sin injerencia de empresas o gobiernos"
