La novedad se sintió como una implosión en los 13 pisos de La Torre, como se conoce el edificio de los Tribunales Federales de Córdoba en el parque Sarmiento: los propios fiscales federales Pablo Turano y Maximiliano Hairabedian, quienes el viernes 24 de julio pasado habían solicitado al juez federal Alejandro Sánchez Freytes iniciar una investigación contra los camaristas federales Graciela Montesi y Abel Sánchez Torres por el presunto delito de dádivas, por haber recibido como beneficio un vuelo particular de ida y vuelta hasta la ciudad uruguaya de Punta del Este, este martes 27 de octubre, dando una notable muestra de cómo funciona la cuestionada casta, desistieron de la acusación y solicitaron el sobreseimiento de ambos.
En su escrito de ocho fojas, el fiscal federal Turano, en representación de la Procuración General de la Nación; y Hairabedian, como fiscal del Juzgado Federal N° 1, requirieron al juez Sánchez Freytes que dicte formalmente el sobreseimiento definitivo de Abel Guillermo Sánchez Torres y de Graciela Susana Montesi, atendiendo a las previsiones procesales del artículo 336, inciso 3° del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN).
El que estipula el cierre de las causas penales cuando se determina de forma fehaciente que el hecho investigado, aun habiendo ocurrido materialmente, no encuadra bajo ninguna figura legal ni constituye delito según las leyes vigentes. Además, ambos fiscales ordenaron que se “remita copia del presente dictamen y la resolución que dicte al Consejo de la Magistratura de la Nación”.
La investigación penal contra la presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Graciela Montesi y su pareja Abel Sánchez Torres -presiden la Sala A y la Sala B, respectivamente- se inició en el 2016 a raíz de una denuncia radicada por Silvia Marcela Cruz y otros vecinos de los barrios Inaudi Anexo y Parque San Antonio, en la zona sur de esta Capital contra la compañía química Porta Hermanos SA, por contaminación ambiental.
En el requerimiento de instrucción de julio pasado, la Fiscalía imputó formalmente a Sánchez Torres y a Montesi por el delito de dádivas, bajo la sospecha de haber recibido favores económicos indebidos camuflados como un viaje de placer. Según la propia acusación, inicialmente no se logró individualizar con precisión a la persona física que había financiado los vuelos hacia y desde Uruguay, valuados en US$ 34.000.
A pesar de acreditarse de manera fehaciente la realización de los vuelos en la aeronave matrícula LV-WTP -los días 29 de marzo y 2 de abril de 2024-, ahora el Ministerio Público Fiscal determinó que el traslado y el alojamiento no constituyeron un ilícito penal; ya que los camaristas Montesi y Sánchez Torres, y los empresarios María Pía Astori y Guillermo Assales demostraron que preexistía una “amistad íntima” de larga data entre ellos.
Borrando con el codo la acusación escrita con la mano tres meses antes, los fiscales federales Turano y Hairabedian suscribieron ahora en octubre que el Código Procesal Penal de la Nación establece que para que se configure la dádiva, el beneficio debe ser entregado estrictamente “en consideración al oficio” y no por vínculos afectivos previos.
Para cubrir su voltereta jurídica y no ser pasibles de sanciones, los fiscales ordenaron enviar una copia del dictamen al Consejo de la Magistratura de la Nación. Debido a que Montesi y Sánchez Torres conformaron el tribunal que dictó resoluciones en un millonario pleito civil que involucraba de manera directa a empresas del Grupo Astori y Porta Hermanos.
Lo que configura una causal de “‘mal desempeño’, en los términos de la ley de enjuiciamiento de magistrados”, según el art. 32 del Código Procesal Penal de la Nación. De esta manera los fiscales Turano y Hairabedian, con el envío de la causa al Consejo de la Magistratura, sacaron limpiamente a los magistrados Montesi y Sánchez Torres del oprobioso banquillo de acusados en causa penal. Y más si se trata de juzgadores que pasan a ser juzgados.
Porque al no haber promoción de acción fiscal y no existir querellantes, al juez Sánchez Freytes, seguramente muy contento, solo le queda firmar los sobreseimientos de Sus Señorías Montesi y Sánchez Torres. Y si algo brilla en el Consejo de la Magistratura Nacional, integrado por cinco vocales jueces de un total de 20 vocales, es su nula predisposición para corregir o castigar a Sus Señorías judiciales.
Aunque como magistrados hayan cometido una falta de ética imperdonable, pasible de destitución, que seguramente adornarán de alguna manera para que no lo parezca. Dado que el artículo 30 de dicho Código Procesal, manda que “Todo juez que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación mencionadas en el artículo 17 deberá excusarse. Asimismo podrá hacerlo cuando existan otras causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o delicadeza.”
Correlativamente, el art. 17 establece como motivos legales de recusación varios que alcanzarían a la pareja judicial Montesi-Sánchez Torres: “1) El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna de las partes, sus mandatarios o letrados. 8) Haber recibido el juez beneficios de importancia de alguna de las partes. 9) Tener el juez con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia en el trato.”
Por su parte el artículo 59 inciso e) del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, establece expresamente “si, después de comenzado el procedimiento, el juez hubiere recibido presentes o dádivas de alguno de los interesados, aunque fueren de escaso valor”.
También, con el delito de dádivas supuestamente caído por esa supuestamente manifiesta amistad preexistente entre los empresarios y los magistrados, a la pareja Sánchez Torres–Montesi cabría imputarle por otro delito, el cohecho pasivo agravado por la condición de magistrados, contemplado en el artículo 257 del Código Procesal Penal de la Nación, que dispone:
“Será reprimido con prisión o reclusión de cuatro a doce años e inhabilitación especial perpetua, el magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta para emitir, dictar, retardar u omitir dictar una resolución, fallo o dictamen, en asuntos sometidos a su competencia”.
Al imputar sólo a los camaristas y dejar fuera de sospecha a los empresarios por no haber sido debidamente identificados, los fiscales hicieron un guiño al Círculo Rojo cordobés. El resto fue un cuento bien contado: el empresario José Antonio Porta se despegó de las sospechas al acreditar que tres años antes de que los camaristas viajaran desde Córdoba a Punta del Este, el 20 de agosto de 2021, la Justicia ya había homologado la venta y salida definitiva de su familia de la firma AirJet SA, en el marco de los concursos preventivos de Porta Hermanos y de Vicente Ramón Porta. Además, el empresario indicó que AirJet SA adquirió el avión matrícula LV-WTP el 21 de noviembre de 2023, fecha en la que los Porta ya no poseían ningún tipo de participación accionaria ni directiva en dicha sociedad.
Amistades peligrosas
Al momento de prestar declaración indagatoria, el juez Abel Sánchez Torres argumentó que “no comprendía la imputación porque el hecho atribuido no era preciso”. Sin embargo, posteriormente su defensa a cargo del polémico Carlos Nayi presentó un escrito reconociendo la realización del viaje al balneario uruguayo, encuadrándolo decididamente dentro del marco de una añeja relación de amistad que mantenía con la empresaria Pía Astori.
En tanto que su pareja, la también camarista Graciela Montesi, fue directa desde el principio: “El viaje había sido una invitación de Pía Astori, con motivo de una amistad de larga data, y nos hospedamos en la casa de esta última en Punta del Este”, declaró sin titubear.
La pareja de la empresaria Astori, Guillermo Assales, admitió haberles ofrecido a los magistrados el traslado y el hospedaje gratuito; incluso los informes oficiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) certificaron que ambas parejas abordaron juntas la aeronave para viajar desde Córdoba a Punta del Este y el regreso.
Los fiscales Turano y Hairabedian solicitaron el sobreseimiento de los camaristas, luego de peritar el teléfono de Montesi, determinando que se encontraban ante la atipicidad penal del hecho: el análisis de los flujos de mensajería instantánea a través de WhatsApp demostró la relación de amistad entre ambas mujeres, descartando subjetivamente que el viaje fuera una prebenda destinada a direccionar un fallo judicial.
Postre de París
El análisis de los chats entre la jueza Montesi y la empresaria Astori demostró, para los fiscales, el acompañamiento mutuo en situaciones de gravedad familiar, como la muerte de familiares y allegados. Por caso, en la solicitud de sobreseimiento, Turano y Hairabedian exponen algunos intercambios entre ambas mujeres:
-21 de diciembre de 2019. Graciela Montesi: «Querida Pía. Me acabo de enterar por Abel lo de tu mamá. Lamento muchísimo querida amiga y te acompañamos en tu dolor. Te quiero mucho. Sos una gran mujer. Besos y cariños. Graciela Montesi». –Pía Astori: «Muchísimas gracias Graciela».
-22 de agosto de 2024. Graciela Montesi: «Pía querida. No quería dejar pasar el día sin desearte un feliz cumpleaños. Seguramente lo pasarán muy lindo. Te mando un beso grande querida amiga». Pía Astori: «Querida Graciela, gracias por tu saludo en un momento de tu vida taaaaan triste y duro. Acá estoy y estaré siempre para apoyarte, una oreja para escucharte y muchos pañuelos para llorar juntas. Realmente una gran pérdida, una excelente persona Pablo, generoso, inteligente y con un gran corazón. Te quiero amiga, cuídate».
-Miércoles 3 de junio de 2026. Pía Astori: «Hola Graciela Tienen algo programado para el viernes? Los invito a cenar a casa si pueden y les pinta Y festejamos tu cumple íntimamente. Cuál es el postre que te gusta???? Si es de Paris, te lo hago traer».
Graciela Montesi: «Hola Pia tan querida. SOS lo más! Te quiero tanto!! Por supuesto que vamos el viernes! Me encanta que hayas pensado en mí. Te agradezco con el alma. A mí me gustan todos los postres! Con chocolate! Gracias de nuevo y encantada con la invitación!!».
En pandemia
El escrito de ocho fojas de los fiscales solicitando el sobreseimiento de los magistrados en el caso de las presuntas dádivas también incluyó el intercambio de mensajes vía WhatsApp entre el juez Abel Sánchez Torres y la empresaria Pía Astori. Compartiendo desde salutaciones religiosas en plena pandemia por el Covid-19, hasta acontecimientos familiares íntimos, como el nacimiento de nietos.
-9 de abril de 2020. Abel Sánchez Torres: «Hola Pía. Felices Pascuas para vos y familia. Espero que estés bien y que podríamos salir de esto pronto. Muchos cariños. Abel». –Pía Astori: «Hola Abel!!!! Nos hemos acordado tanto de y Graciela con Guille. Que azadazo y abrazotes nos vamos a dar cuando todo esto termine. Besos enormes a los dos. Los queremos mucho y los extrañamos».
-23 de julio de 2025. Pía Astori: «Hola mi amigo, que tengas un año divino, supongo que va a ser con mudanza de casa también, te deseo lo mejor y que seas muy feliz. Te quiero». –Abel Sánchez Torres: «Muchas gracias Pía querida, te agradezco mucho el mensaje. Yo también te quiero mucho en serio, te lo digo mucho mucho, te mando un beso grande».
-24 de octubre de 2025. Abel Sánchez Torres: «Pía, querida, ayer nació mi segundo nieto, Jerónimo. Agustina está muy bien y él también. Así que estamos chochos, quería avisarte querida amiga porque sos del círculo de amigas queridas».
Los fiscales Turano y Hairabedian hicieron notar que ese último mensaje fue junto a una fotografía de Sánchez Torres con el bebé recién nacido. Y por su parte fue su abogado defensor Carlos Nayi el que anticipó esa amistad entre Astori y Sánchez Torres, al tratar de explicar con mendacidades el accidente que protagonizó este último en la Avenida Circunvalación, que como buen juez salió totalmente indemne.
Para los fiscales, esas comunicaciones bastan para probar que los empresarios Astori y Assales no necesitaron que la pareja de camaristas federales operara judicialmente en las causas donde ellos estaban involucrados, por lo que los mensajes y las fotografías daban cuenta elocuente “respecto a la existencia de la amistad, extensión en el tiempo y el grado íntimo que alcanzaba” entre ambas parejas.
“Habiéndose acreditado que la invitación a los imputados para realizar el viaje reprochado estuvo motivada en esa relación, el hecho acreditado no constituye el delito imputado. La figura de dádivas prevista en el artículo 259 del Código Penal no reprime al funcionario que recibe un obsequio por amistad, sino que exige para su configuración que las dádivas sean ofrecidas y admitidas ‘en consideración a su oficio’”; señalaron los fiscales al fundamentar la desestimación de la persecución penal.
Y agregaron: “A fin de establecer si los imputados podrían haber incurrido en un incumplimiento u omisión encuadrables en los artículos 248 y 249 del Código Penal, practicamos averiguaciones tendientes a determinar si tenían una obligación funcional de informar el viaje obsequiado. Así las cosas, a fojas 468 este Ministerio Público solicitó al Sr. Presidente del Consejo de la Magistratura que informara si los jueces del Poder Judicial de la Nación se encuentran alcanzados por la obligación de comunicar los regalos onerosos y viajes que reciban en los Registros de Obsequios y Viajes financiados por terceros previstos en el Decreto 1179/2016 reglamentario de la Ley de Ética Pública. Y si ese Consejo cuenta con alguna reglamentación al respecto”.
Los fiscales destacaron que Sánchez Torres y Montesi “intervenían como jueces en procesos que involucraban los intereses del grupo societario de los empresarios que invitaron el oneroso viaje en avión privado a Punta del Este con alojamiento incluido, en razón de la amistad íntima ya referida. Se trata de los pleitos en los que aparece como accionante “Fideicomiso barrio Ampliación Palmar” contra el Estado Nacional y/o la Fuerza Aérea Argentina. Los magistrados nombrados actuaron dictando decisiones tanto antes como después del viaje (certificados de fs. 248 y 282)”.
Y desde el Consejo de la Magistratura de la Nación, el titular del Departamento de Asuntos Contenciosos de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, Nicolás Daniel Vergara respondió a Turano y Hairabedian que los jueces federales no están alcanzados por la obligación de inscribir estas actividades en los registros de control del Poder Ejecutivo porque “el Consejo no cuenta con una reglamentación vigente específica relativa a la registración de regalos onerosos o viajes financiados por terceros”.
En su escrito, los fiscales confirman lo asegurado por Vergara, al sostener que “precisamente, uno de los puntos del citado informe del Consejo de la Magistratura (fs. 470/471) advierte que la inexistencia de una reglamentación específica sobre las cuestiones consultadas no implica la ausencia de normas y estándares éticos relativos a la conducta de los magistrados del Poder Judicial de la Nación”.
Citando por caso “el Reglamento para la Justicia Nacional, aprobado por Acordada CSJN del 17 de diciembre de 1952, que contiene deberes específicos relativos a la conducta de magistrados, funcionarios y empleados judiciales; el Decreto-Ley N° 1285/58 y las disposiciones pertinentes contenidas en los distintos códigos procesales. Y que constituyen referencias internacionales en materia de ética judicial los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial y el Código Iberoamericano de Ética Judicial, que han sido considerados como pautas orientadoras de la conducta exigiéndole a los magistrados”.
Hilo conductor y salvataje
Pese a que finalmente, luego de tres meses de investigación, los fiscales Turano y Hairabedian decidieron sobreseer a los camaristas Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi; quedó claro que a raíz de la denuncia de los vecinos de los barrios Inaudi Anexo y Parque San Antonio, presentada en 2016 por Silvia Marcela Cruz contra la compañía química Porta Hermanos SA, iniciada en 2016 por contaminación ambiental, se determinó la existencia de un hilo conductor innegable entre el objeto del litigio y los anfitriones del vuelo:
-El Fideicomiso Barrio Ampliación Palmar fue constituido originalmente en el año 2010 por la corporación constructora Astori Estructuras SA, presidida de forma directa por Guillermo Assales, uno de los integrantes de la pareja anfitriona que invitó y pagó el viaje y la estadía de los camaristas a Punta del Este.
-Dicho fideicomiso fue creado para obtener por vía judicial la correspondiente escrituración de una serie de lotes que se encontraban registrados dominialmente a nombre de Astori Estructuras SA.
-La estructura legal y societaria pertenece al Grupo Astori, un conglomerado liderado a nivel corporativo por María Pía Astori, la íntima amiga personal de los jueces federales investigados por dádivas.
Así como pasó con las causas de “Humanes” y “Padilla”, donde los jueces Sánchez Torres y Montesi fueron rescatados por el juez Alejandro Sánchez Torres, en el caso del viaje a Punta del Este de ambos, la impunidad va en avión jet y la Justicia en un tren con poco vapor. Pero dando una muestra notable de cómo funciona la denostada casta, especialmente la judicial, que con sus enormes remuneraciones se encuentra en la cúspide de ella.-
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