Como un puñal por la espalda, parte del sector empresarial que fue beneficiado durante más de un cuarto de siglo por las políticas públicas del PJ cordobés durante los gobiernos de José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti; en las elecciones legislativas de 2025 bancó la campaña del desconocido Gonzalo Roca, candidato a diputado de la alianza ultraderechista LLA.
Y no se equivocó: el empresario estacionero de Traslasierras, un radical con paso olvidable por el radicalismo, aplastó en esos comicios a Schiaretti, candidato que durante años le permitió al Círculo Rojo avanzar con negocios inmobiliarios, agroganaderos y de obra pública. Según datos oficiales de la Cámara Nacional Electoral (CNE), en el Distrito Córdoba, el frente electoral impulsado por el presidente Javier Milei, declaró haber invertido en esa campaña casi $ 500 millones, unos US$ 350 mil aproximadamente.

Los motores de la filial cordobesa de LLA, sea el partido propiamente dicho o el frente electoral homónimo, están alimentados por los combustibles que aportan los dirigentes de la influyente Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República (FECAC). Cuyo presidente fue el diputado nacional Gabriel Bornoroni, y ahora marcha hacia la candidatura a gobernador para 2027.
Recientemente, StripteasedelPoder.com reveló que su cuñada María del Rosario Rodríguez Sánchez, fue nombrada como empleada administrativa del Poder Judicial de la Nación. Los responsables de su incorporación son los camaristas Abel Sánchez Torres y su pareja Graciela Montesi, imputados por distintos delitos por estar manejando a su antojo la Cámara Federal de Apelaciones y beneficiar a empresarios. La pareja del legislador nacional, Mercedes Rodríguez Sánchez, hermana de la flamante empleada judicial, es otra estacionera que le lleva la contaduría a Shell ubicada en barrio General Paz.
CASTA LLA: la cuñada de Bornoroni asciende con el cuestionado concubinato en la justicia federal
La particularidad que hubo en la disputa por las bancas en Diputados del año anterior, es que el ganador resultó ser una figura desconocida. Es más: el autor de este informe propone que se le pregunte a cualquiera en la calle si recuerda cómo se llama el candidato que ganó en aquellas elecciones y verá que a varios les costará recordarlo, o directamente no lo sabrá: “Voté al de Milei”, se excusarán.
Gonzalo Roca, otro de los estacioneros de la FECAC, era totalmente desconocido, y lo sigue siendo. Y aun así logró derrotar a quien era el hombre más poderoso de la política local: el tres veces gobernador Juan Schiaretti.
El origen de los fondos “asegurados”
Según un análisis de Francisco Basualdo para Letra P, el Grupo Midas, conformada por aseguradoras y firmas que administran salas de juegos entre otras inversiones, contribuyó con millonarios fondos a la campaña de LLA en más de una docena de provincias para las elecciones legislativas que se celebraron el 26 de octubre pasado. Lo hizo a través de la compañía de seguros PROF, y la aseguradora de cooperativas frutales ProFuAr. Curiosamente, otra empresa ligada a las pólizas de seguro, Tanacorsa SA, tiene como dueño a otra persona que maneja la avícola OvoProt.

En Córdoba, el Grupo Midas a través de PROF Seguros aportó un total de $ 72,5 millones, transferidos en dos cuotas de $ 24 millones desde el Banco Industrial. Mientras que ProFruAr desembolsó otros $ 24 millones desde MercadoPago. Lo mismo que Tanacorsa SA, con el mismo monto y en la misma fecha: 15 de octubre de 2025. Menos de diez días antes de que el país acudiera a las urnas.
SIS Servicios Integrales de Seguro SA, también financió la campaña de Roca desde una cuenta de Banco Industrial. De esta manera las compañías de seguro desembolsaron $ 150 millones, casi la mitad de los $ 330 millones de donaciones privadas. Un dato entrelíneas, Jorge Sola, secretario general de la CGT, Confederación General del Trabajo, es secretario general del Sindicato del Seguro, que mantiene conflictos con las patronales, en reclamo de mejores condiciones laborales para los miles de trabajadores del sector.
Ya en 2024, StripteasedelPoder.com había detallado sobre una red de negocios que involucra al actual ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, cuyos eslabones eran las compañías aseguradoras, ensambladas por funcionarios-empresarios amigos, con conexiones a oficinas de EEUU. Cuyas figuras centrales eran Mariano Federici, ex titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF); y Alberto Juan Pazo, ex-director de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Pero más allá de ese interesante panorama, hay otra cuestión sobre la otra mitad de aportantes, si pudiésemos descontar de aquellos están radicados en la Capital Federal, como es el caso de las aseguradoras recién mencionadas. Y es que aparecen aquí financistas locales que, anteriormente, habían dado lo suyo a las distintas variantes del oficialismo provincial, cuya columna vertebral en el presente siglo ha sido el peronismo mediterráneo, ya sea haciendo orbitar a partidos menores de derecha, como fue el período de Unión Por Córdoba (1999-2019), o con el acercamiento de expresiones más progresistas como Hacemos Por Córdoba (2019-2023) o el actual Hacemos Unidos Por Córdoba, nacido en 2023.
Hablamos de empresas que durante un cuarto de siglo aportaron sus diezmos como contraprestación por los beneficios recibidos por las distintas políticas públicas que apuntaron a cambiar de radiografía a la burguesía autóctona. En tiempos donde el peronismo se volvió hegemónico a nivel administrativo, a la hora de influenciar un electorado que estaba más orientado al radicalismo o cualquiera otra expresión “gorila”.
Ese mismo empresariado de distintos rubros, que vio en Schiaretti la sucesión de las políticas neoliberales de Domingo Cavallo -el de la dictadura cívico militar y el del menemato- ahora se siente encandilado por las proezas ortodoxas de Javier Milei. Y sus discursos que vanaglorian a quienes se predisponen a ser fugadores o especuladores de capitales y con su estilo chabacano que convence a multitudes plebeyas.
En cierta manera, estos empresarios ven su proyecto como una etapa superadora hacia las gestiones liberales tradicionales y con buenos modales. Por eso, ante el cúmulo de ganancias que este empresariado obtuvo gracias a las políticas mediterráneas, ahora se convierte -en el estricto sentido de converso- para apostar por un cambio de régimen, cuyos inversionistas conoceremos a continuación.
Constructoras, cimentadas por el cordobesismo, invierten a la jaula del león
A comienzos del siglo, poco después que José Manuel de la Sota asumiera por primera vez la gobernación, el Poder Ejecutivo provincial creó la agencia Corporación Inmobiliaria Córdoba o “Corincor”. Su propósito era “la administración y enajenación de inmuebles” fiscales que estaban a nombre de la administración pública.
Desde entonces, hasta su disolución en 2014, Corincor se encargó de poner en remate valiosos terrenos públicos, para quienes buscaban realizar en ellos distintos emprendimientos inmobiliarios. Esto permitió el surgimiento de nuevas empresas, de orientación comercial inmobiliaria, que luego le agradecieron a De la Sota y Schiaretti mediante el financiamiento de sus distintas campañas electorales.
Ahora una parte de estas desarrollistas inmobiliarias decidió apostar por el león palermitano. El 16 de septiembre de 2025, dos empresas del rubro, Elyon SA y Nuevos Desarrollos SRL, donaron cada una $ 2 millones a la alianza LLA. La coincidencia de la fecha y de los montos, hace presuponer que se pusieron de acuerdo.
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Elyon SA ya fue aportante en 2015, en la que fuera la última campaña gubernamental del sello Unión Por Córdoba; y también lo hizo en la debutante Hacemos Por Córdoba en 2019. A través de su marca comercial Altos del Colón SA, Elyon SA construye y pone en venta edificios de las zonas céntricas de la ciudad de Córdoba.
En particular, en las zonas residenciales donde la tierra tiene un alto valor, como los barrios Nueva Córdoba, Alberdi y Alta Córdoba. Casualidad o no, Elyon SA financia sus emprendimientos de alta gama a través de Sancor Seguros, ratificando la sospecha que las aseguradoras están teniendo un rol preponderante en la circulación de fondos que conectan los negocios con la política.

Mientras que Nuevos Desarrollos es una de las filiales que maneja Lucas Salim, el CEO de la desarrollista PROACO. Quien el año pasado fue noticia nacional cuando vomitó, en Twitter, declaraciones repulsivas contra los habitantes de la provincia de Buenos Aires que votan a favor de la gestión del gobernador Axel Kicillof. “Cagan en un balde”, aseveró.

Violando toda norma urbanística, y contra la voluntad de los vecinos del barrio capitalino Villa Cabrera, Salim está construyendo un complejo de torres de 14 pisos, al lado de un shopping de Eduardo Elsztain, el magnate inmobiliario que financia y sostiene internacionalmente al régimen de Javier Milei.
En Villa Cabrera las normas municipales sólo permiten que se levanten hasta tres pisos; pero en el último gobierno de Ramón Javier Mestre, se hizo una excepción al marco urbanístico vigente, permitiendo que Salim ponga en riesgo todo el sistema de obras sanitarias de la zona.

Otra firma en la que aparece Salim es Trium SA, la inmobiliaria de la familia Porta, con la que también financió campañas del cordobesismo. Con esta empresa, Salim compró a precio vil y en cómodas cuotas el predio de la ex villa El Pocito, ofrecidas por el Corincor. Uno de los espacios más amplios que existían en el corazón de la Capital.
La madrugada del 1 de enero de 2024, el latrocinio y la falta de planificación por parte de Salim y su compañía PROACO causaron un socavón en plena avenida Vélez Sársfield que podría haber terminado en tragedia. Esa vez, otra vez, Salim sacó su odio de clase y amenazó con despedir a los obreros que faltaran a los turnos comprometidos para los fines de semana para reparar en el menor tiempo posible los daños causados por faLLAs en la planificación.

Los “bioetanoleros” no se quedan atrás
Víctor Ramón Giordana, oriundo del sureño pueblo General Baldissera, pero inversor en el norte cordobés, transfirió unos modestos $ 200 mil desde Mercado Pago al proyecto de LLA. Fue uno de los del montón que lo realizó en el último día de septiembre. Es el impulsor de pequeñas fábricas de destilería para producir bioetanol a base de maíz, a la par de la cría de ganado. Pasando a ser uno de los empresarios más conocidos del rubro, y durante años se sintió representado por los discursos cordobesistas que lanzaban odas al corte de las naftas para que inserten alcoholes y aceites de origen agrícola.
El cordobesismo de Schiaretti funciona a toda máquina con bioetanol
Otro aceitoso es Roberto Urquía, el magnate de la Aceitera General Deheza (AGD), que comercializa los principales cultivos del país, tiene sus propios puertos, la concesión de un importante tren de carga, y produce bioetanol en la localidad de Alejandro Roca. Históricamente, sus aportes habían sido siempre destinados al peronismo, sea el local cordobés, o en su expresión kirchnerista a nivel nacional.
Entre 2003 y 2009 fue senador nacional por la delasotista Unión por Córdoba, pero integró el bloque kirchnerista del Frente para la Victoria. Y en 2019 trabajó abiertamente para la candidatura presidencial de Alberto Fernández. Sin embargo, pese a su ADN peronista, en 2025 no dudó en autorizar que el imperio aceitero AGD aportara un millón de pesos para LLA, el viernes 24 de octubre, previo a las elecciones legislativas de 2025. Si bien la cifra es insignificante, es un gesto hacia el gobierno ultra.

Urquía el Aceitoso copó la parada en el ministerio de Agricultura
El cambio en las retenciones benefició nuevamente al ex senador K cordobés Roberto Urquía de AGD
Los millonarios negocios de Jaime con los empresarios Roggio, Urquia y Cirigliano
Incluso se puede pensar que LLA, en su versión cordobesa, tiene un nexo con el negocio de los biocombustibles de la mano de Horacio Pinasco, quien maneja la consultora “Tecnored Energías”. Una asesoría para quienes apuntan al agregado de valor a productos agrarios para producir energía.
Su hermano, Santiago Pinasco, forma parte del club de “los estacioneros” de FECAC, entidad que fue presidida por Bornoroni. Y tuvo un bochornoso paso por las oficinas de PAMI Río Cuarto, en las que sólo duró tres meses, y actualmente está en la mira por cuestionamientos sobre la falta de fondos y la desatención a sus afiliados.
Un pequeño tiranosaurio en busca de su bocado
Otro interesante aportante a la campaña de LLA es el joven Martín Alejandro Bugliotti, quien el 29 de septiembre de 2025 realizó una transferencia de $ 400 mil desde su cuenta de Finandino; banco presidido por él mismo y fundado por su padre, el incombustible Euclides “Tati” Bugliotti.
Ya en los ’90 menemistas, Bugliotti padre apostaba a la política con el sello Gente Independiente, un núcleo de empresarios que financiaba las campañas y apostaba a los triunfos de Carlos Menem en la Nación y Ramón Bautista Mestre en la Provincia. En la época dorada del kirchnerismo, con Néstor y Cristina, Bugliotti padre, jugó para el matrimonio santacruceño.

Además de ser dueño de los supermercados Dino y de un banco, “Tati” también impulsó la construcción de las Torres Milénica, donde viven distintas figuras de la casta política y judicial. También, se dedicó al rubro de los espectáculos con el Superdomo Orfeo, un megaestadio cerrado, que finalmente decidió darlo de baja en plena cuarentena por la pandemia del Covid-19.
Los memoriosos recuerdan que los activos de la familia Bugliotti se lograron con ventajas obtenidas por haber apostado al peronismo y al radicalismo en simultáneo. En épocas de la Alianza, ni bien llegó al poder Fernando de la Rúa en 1999, ordenó la intervención de la provincia de Corrientes. Y para ello encomendó la misión a dos correligionarios cordobeses, Ramón Bautista Mestre, a quién designó interventor de la provincia; y a Oscar Aguad, como interventor de la ciudad homonima.
Lo primero que concretó esa intervención cordobesa, fue una feroz represión de Gendarmería Nacional en el puente General Belgrano, que une las capitales Resistencia en Chaco; con Corrientes, en la provincia homónima; con el trágico saldo de dos manifestantes asesinados a manos de los gendarmes. Los trabajadores estatales correntinos no cobraban hacía meses y por eso habían cortado el puente que une ambas capitales litoraleñas.
Tras ello Mestre comenzó a pagar los salarios de los empleados públicos correntinos con la cuasimoneda CECACOR, contando con el acuerdo de Bugliotti. Quien recibía a la para esos bonos, para la compra de bienes de primera necesidad en la sucursal que había abierto años atrás en la ciudad chaqueña de Resistencia.
El artilugio que hizo posible eso, además de la reapertura del puente Gral Belgrano, habría sido el canje de 60 millones de dólares, reemplazados por bonos correntinos CeCaCor. Por el que luego fue denunciado judicialmente e imputado Aguad, cuya causa avanzó tan lentamente que prescribió.
Pocos meses después, de la mano de la gestión municipal capitalina cordobesa de Germán Kammerath, y de la actual diputada por LLA, Laura Rodríguez Machado – secretaria de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Córdoba-; Bugliotti consiguió la aprobación de una sucursal del centro comercial “Dinosaurio” en el sur de la Capital cordobesa.
Otro de los aportantes a la campaña de LLA, es Marcelo Oliva, quién el 1 de octubre de 2025 desembolsó $ 600 mil. Oliva es socio de José Domingo Palazzo, y ambos manejan la Plaza de la Música. Una concesión otorgada por el gobernador José Manuel de la Sota hace casi una década y media, que incluyó una cascada de beneficios impositivos y cánones atrasados.

Tanto Bugliotti como Palazzo coinciden en distintos rubros ligados a la cultura y al manejo de algunos medios de comunicación. Donde siempre tratan de anotarse en las políticas públicas que beneficien lo que el cordobesismo llama “industria naranja”. Es decir, las que apuntan a incentivar proyectos creativos como las artes o el software. Y en el caso de ellos, lo más probable sea la creatividad contable.
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¿Un testaferro de la Fundación Mediterránea?
El primer día de octubre del año pasado, la alianza LLA recibió un aporte de $ 800 mil de Lucas Antonio Velasco, un desconocido para el gran público. Según el Boletín Oficial de Córdoba, Velasco dirige, junto con familiares, distintas compañías, ANJ SA, Anjor SA, Bussines SA, Cobei SAS, Fideicomiso Libco, y Fideicomiso Rosnel.
A la vez, aparecen como accionistas de otras entidades empresariales, como Airjet SA. Creada en octubre de 2005 con domicilio en Camino San Antonio, Km. 4,5, de esta Capital, por Luis Angel Dadomo, un empresario agropecuario del departamento de Marcos Juárez.
Pero en 2008, Luis Dadomo y su hijo Santiago Dadomo dejaron la presidencia y vicepresidencia de Airjet SA, cediendo el control del directorio a una tropa de reconocidos referentes de la élite empresarial cordobesa: Miguel de Biasi, dueño de la compañía de gaseosas Pritty; Alejandro Asrín, de Tarjeta Naranja; José Porta, otro apuntado al negocio de los biocombustibles y cuya familia fue socia del bravucón Lucas Salim, y María Pía Astori.
La actual encargada de la constructora homónima y presidenta de la influyente Fundación Mediterránea. Entidad empresarial creada en plena dictadura cívico militar por empresarios cordobeses que tuvieron a Domingo Cavallo como su lobista principal. Y ahora, junto con la Bolsa de Comercio de Córdoba, reivindican el plan de ajuste neoliberal del presidente ultra Javier Milei.

Airjet SA está habilitada para realizar servicios de transporte aéreo de pasajeros, como así también alquilar equipos de transporte para vía aérea, sin operarios ni tripulación. A fines de 2020, luego de los momentos más restrictivos de la cuarentena contra el Covid-19, Airjet SA modificó nuevamente su directorio y dejó entrar a la familia Velasco. Cuya sede legal se inscribió en el mismo domicilio de una estación de servicios Shell, ubicada en Villa Retiro, al norte de la Capital. Es decir: ¡otro estacionero!
En julio de 2025, tres meses antes de donar los $ 800 mil a la ultraderecha mileísta, Lucas Velasco asumió la presidencia de una nueva compañía, también dedicada a los servicios aéreos, Panair SA, cuyo directorio estaba comandado por la familia Astori.
Lo curioso es que Pía Astori es amiga del ex gobernador Juan Schiaretti, quien fue derrotado por el desconocido estacionero Gonzalo Roca -el ex radical devenido mileísta le sacó 14 puntos al ex gobernador- campaña que como vamos viendo, fue financiada en parte por empresarios que años atrás se beneficiaron del cordobesismo delasotista y schiarettista.
Una Bolsa para la bolsa electoral
Además de la Fundación Mediterránea, la Bolsa de Comercio de Córdoba, flor y nata del establishment empresarial autóctono, no se queda atrás a la hora de su transfuguismo. A pesar de que todos los funcionarios de De la Sota, Schiaretti y ahora Martín Llaryora han dicho presente a los eventos organizados por la gremial empresarial, algunos de los hombres de la Bolsa, no dudaron en apostar algunas fichas en el casillero de LLA.
La iniciativa la tomó otro estacionero, Luis Angel Pavone, quién en septiembre del año pasado le cargó $ 2 millones a la escudería violeta desde su cuenta en el Banco Macro. Pavone es dueño de varias estaciones de servicio, como su colega Bornoroni.
El nombre de Pavone quedó involucrado en un caso de violencia institucional, cuando la madrugada del 24 de marzo del año pasado, Guillermo Bustamante (39), fue a cargar combustible a la estación de servicio de Octavio Pinto y Castex en barrio Villa Páez y mantuvo una discusión con un playero.
Bustamante, un contratista de construcción había estado trabajando hasta esa hora, quiso pagar y tuvo un incidente con el empleado de Pavone, quién llamó a un policía amigo. Sospechosamente, una docena de policías intervinieron, sobredimensionando el procedimiento con refuerzos desmedidos para una disputa pequeña.
A los pocos minutos Bustamante fue detenido dentro de uno de los móviles, e instantes después lo sacaron agonizando y murió. Cinco de esos policías fueron detenidos, y en abril los liberaron al cambiar la causa de homicidio calificado, a homicidio preterintencional, o sea no tuvieron intención de matar. La familia de la víctima le apunta solidariamente al estacionero Pavone, porque la muerte ocurrió en su comercio. La causa fue elevada a juicio en diciembre pasado.

El aportante Luis Angel Pavone no es sólo uno más de los tantos financistas de LLA o un estacionero de FECAC que responde a Bornoroni; es vocal de la Bolsa de Comercio de Córdoba. El Círculo Rojo mediterráneo, presidido por el octogenario Manuel Tagle, amigo del ex presidente Mauricio Macri. El estacionero es uno de los vocales suplentes de la entidad. En los almuerzos de la Bolsa, se lo ha visto hacer migas con el sector de la Unión Cívica Radical. Se sabe que en las presidenciales de 2023, votó por Patricia Bullrich.
Al día siguiente de la donación de $ 2 millones que hizo Pavone para LLA, Manuel Tagle también aportó otros $ 2 millones a la misma canasta. Lo hizo a través de la cuenta en Banco Santander de la concesionaria de automóviles Rubic SA de Río Cuarto, una filial de Autocity, la red de concesionarios que explota el hombre de la Bolsa.

A fines de 2023 Pavone había sido sobreseído en una investigación federal penal por supuestas malversación de fondos públicos, mediante irregularidades en la carga y cobro de combustible para los patrulleros de la Policía Federal. La denuncia iniciada en 2017 en pleno gobierno de Mauricio Macri, apuntaba a que se habría simulado el pago de varias cargas de nafta para un rodado de una de sus estaciones ubicada en la avenida Fuerza Aérea, cuando en realidad se trataba de un camión en desuso. El juez Ricardo Bustos Fierro sobreseyó al agente federal acusado y la Cámara Federal tuvo que absolver al resto de los imputados por falta de mérito.
El que sí recibió una condena fue uno de sus hijos, Luis Miguel Pavone, que comparte el directorio de las empresas de su padre. A fines de 2021, el hijo de Pavone y otros 19 imputados fueron sentenciados por integrar un grupo delictivo que operaba para influir, “copar” y extorsionar los remates judiciales, regulando la competencia de postores, a precios económicos, y así someterlos a una segunda “subasta” clandestina, obteniendo una diferencia que se convierte en ganancia. Luis Miguel Pavone fue sentenciado a una pena de tres años de prisión de ejecución condicional.
Y un día… Volvió Don Kolektor
Si hubo un empresario que logró pingües ganancias con la recaudación provincial, ese fue Hermann Karsten; “El Alemán” director de Kolektor, contratista del Estado en el cobro de impuestos para la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba.
Su carrera cayó en desgracia hacia fines de 2014, a partir de la publicación de una serie de cámaras ocultas realizadas por el conductor de tevé Tomás Méndez, que fueron filtrados por uno de sus productores al polémico abogado Marcelo Touriño. En ese material se observa cómo Karsten y Méndez negocian morigerar las críticas al entonces gobierno delasotista y a sus posibles testaferros, a cambio de publicidad. La filtración de los videos desató un nuevo escándalo, con presentaciones judiciales, el “Caso Kolektor”, para la Justicia y la prensa local.

Trailer que muestra la obscena corrupción existente en Córdoba
La intriga internacional de Kolektor
El 23 de diciembre de 2016, mientras se encontraba en una reunión de fin de año con amigos muy influyentes en la casa de la abogada Teresa Panetta en barrio Cofico, una banda de delincuentes copó la vivienda y se llevó un módico botín. La dueña de casa, consuegra y abogada de la entonces influyente Olga Riutort, fue brutalmente golpeada por parte de la banda:
“Fue un momento de horror. Estábamos distendidos, un grupo de amigos que nos reunimos siempre, despidiendo el año, cuando ingresaron estos sujetos armados. Me buscaban a mí, directamente. Buscaban una caja fuerte con dinero grande. Me golpearon la cara como para deformarme”; se quejó Panetta en octubre de 2018, antes que se iniciara el juicio contra los sospechosos, quienes fueron absueltos por falta de pruebas.
El caso sorprendió a la opinión pública al darse difusión a través de los medios, principalmente La Voz del Interior, al conocerse que entre los 22 invitados, además de Karsten se encontraban Riutort; el juez federal Luis Rueda; el vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Sebastián López Peña; el ex fiscal General de la Provincia, Darío Vezzaro; el yerno de Panetta y ex funcionario municipal Juan Pablo Díaz Cardeilhac; el ex integrante del Tribunal Superior de Justicia, ex ministro, jurisconsulto, y dirigente radical y docente universitario José Ignacio Caferatta Nores; y el conocido penalista Carlos Hairabedian.
Siempre “sobrevoló la sospecha” de que el asalto a la vivienda de calle Faustino Allende 410, esquina Sucre, en realidad no buscaba la apropiación de un botín suculento, sino precisamente, desnudar que allí se desarrollaba “una reunión de empresarios, políticos y funcionarios de la Justicia federal y provincial donde la estrella era un empresario como Karsten, ligado al poder político de (José) De la Sota y (Juan) Schiaretti; encargado del cobro de los impuestos provinciales y sospechado por corrupción. Querían que se supiera las relaciones de Karsten con la Justicia ordinaria y federal”, confió una alta fuente al autor de esta nota ni bien ocurrió el hecho.
Lo último que se supo de este versátil recaudador, fue que venía trabajando desde Corrientes, su provincia natal, como consultor y asesor de empresas madereras. El ajuste de motosierra de Milei generó problemas en la industria mesopotámica. Lejos de mantener la tranquilidad, Karsten declaró que el sector dedicado a la madera ya venía teniendo casos de extrema informalidad, sin aportes impositivos e, incluso, “hacen de mulas del gran mercado narco con base en Santa Rosa” (sic). Dicha declaración, realizada en un comentario en redes sociales, generó incomodidad dentro de las firmas litorales, igual a la que tuvieron los políticos cordobesistas en aquella primavera de 2014.
Con perfil bajo, sólo visitado mensualmente en sus oficinas cordobesas por algunos periodistas de renombre de los medios hegemónicos; el 1 de octubre de 2025 Karsten aportó $ 2 millones a la campaña del mileísta Gonzalo Roca, como el estacionero Pavone y el hombre de la Bolsa, Manuel Tagle. “El Alemán”, de esta manera, ya olvidó su relación como contratista del Estado por parte del candidato perdidoso Schiaretti.
¿Ladrones de medio pelo?
Con la realidad atravesada por los escándalos de corrupción del Gobierno nacional; que van desde el uso malabarístico de los activos financieros como el caso $Libra, o los traspapeleos de la cascada de adquisición de bienes de la mano del jefe de Gabinete Manuel Adorni; dejamos para el final de este informe un caso de intermediación financiera.
El 24 de septiembre del año pasado, el mismo día que Pavone dio su aporte a LLA en Córdoba, también depositó $ 2 millones Carlos Alejandro Reartes, desde su cuenta en el Banco de la Nación. Cuatro años antes, en el 2021, Reartes había sido absuelto por un juicio penal por intermediación financiera fraudulenta. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba condenó a su padre Carlos Orlando Reartes, junto a los dirigentes del Instituto Atlético Central Córdoba (IACC), el club de Alta Córdoba; y a Juan Carlos Barrera y sus hijos Iván y Pablo.
Para el fiscal federal Carlos Gonella quedó acreditado que los Barrera y los Reartes eran parte de una organización criminal financiera, mediante el uso de las firmas BACAR Traca SRL, Compañía Barrera SA y Blicen SA. Quiénes persuadieron a su clientela para que depositaran su dinero a plazo a cambio del pago de intereses notoriamente más altos que los de mercado. Esos fondos eran reutilizados en otras inversiones no del todo legales.
Por caso, los Barrera se vieron involucrados en la década pasada en el escándalo por el pase de Paulo “La Joya” Dybala desde Instituto de Córdoba al fútbol europeo, a través de un fondo de inversión británico. Operación que dejó US$ 3 millones al club de Alta Córdoba; pero que fue denunciada por la Comisión Directiva y el secretario general del club, José Theaux, quiénes se opusieron a ella por irregularidades.
En julio de 2004, los Barrera junto a Fabián Maidana, operador financiero ligado al delasotismo crearon la financiera Cash SA, que en 2008 se transformó en CBI Cordubensis, implicada en negociados con compañías offshore.
En febrero de 2014, estalló el escándalo de CBI Cordubensis, luego de que apareciera muerto en circunstancias poco claras su vicepresidente Jorge Suau: y la Justicia de Alta Gracia lo calificara de suicidio. En esa época, Maidana ya no formaba parte de la financiera e integraba el directorio del Banco de Córdoba; un lugar reservado para personajes polémicos que son designados allí para mantenerlos a resguardo.
Con la muerte de su vicepresidente, se descubrió que CBI operaba como una cueva financiera ligada al delasotismo, donde sus directivos Eduardo Rodrigo y Suau, mantenían estrechas relaciones con el todo poderoso ministro Oscar González.
Casi una década después de la caída de CBI, en octubre de 2022, González –padrino político de Suau– quedó involucrado en la tragedia de las Altas Cumbres, al cruzarse de carril a alta velocidad e impactar contra un vehículo que circulaba correctamente. Provocando la muerte de la docente Alejandra Bengoa y lesiones gravísimas a las adolescentes Marina Bengoa (14) y su amiga Alexa Alvarez (14).
Casualidad o no, González, hombre fuerte del peronismo cordobesista en los gobiernos de De la Sota y Schiaretti, está procesado por lavado de activos por subdeclarar sus bienes. Una irregularidad semejante a la de Adorni.
CBI Cordubensis: la corrupción financiera de Córdoba, conectada a empresas de Panamá
He aquí un digno cierre, e incluso podemos contemplar una cierta identificación por parte de aquellos que añoran con mantener sus manos en guantes blancos, aún cuando eso implique sostener un puñal que amenaza la espalda del cordobesismo.-
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