El Ministro de Relaciones Exteriores Quirno citó al Embajador de España a la Cancillería Argentina y le dijo: “Señor Estimado Embajador de la “Madre Patria”, sus barcos están pescando ilegalmente en las aguas argentinas de Malvinas sin habilitación de Autoridad de Aplicación Argentina y, en atención a ello y, teniendo en cuenta que la Reina Isabel II el 21 de septiembre de 1863 reconoció la independencia argentina y, con ello la soberanía de Malvinas, por el principio “uti possidetis iuris” (“como poseéis de derecho”), intimo a su gobierno para que dentro de un plazo perentorio de 24 horas, ordene a las empresas pesqueras gallegas retirar todos sus buques de nuestro territorio marítimo e insular y, de perseverar en esta apropiación ilegal, le informamos que procederemos a iniciar todas las acciones legales e igualmente a retirarle todos los permisos de pesca a las empresas nacionales de capital español radicadas en la Argentina continental”. No, nada de ello ocurrió, es pura ficción.
Desde la sanción de la Ley 24.922 en 1998 la Subsecretaría de Pesca y el Consejo Federal Pesquero teniendo en cuenta la violación por parte de los buques españoles de la Ley 24.922 y la Res. 31/49 de las Naciones Unidas y, con una perseverancia encomiable, año tras año sancionaron a todos los buques que pescan en Malvinas y la deuda acumulada de estas empresas gallegas es de tal magnitud que alcanza a varios miles de millones de dólares; deuda que podría llevarlas a la quiebra. No, nada de esto ocurrió. Nunca, en 28 años, se inició un mínimo sumario. Es pura ficción.
En numerosos artículos semanales y algunos libros publicados; conferencias; entrevistas e informaciones a través de las redes denunciamos esta pesca ilegal en Malvinas (y también en alta mar); debido a ello, las empresas nacionales; las extranjeras y sus Cámaras nos convocaron para que fundamentemos nuestras denuncias y, los gobiernos, por su parte, quisieron conocer con qué herramientas la Argentina podía dar fin a este flagelo. No, nada de esto ocurrió, es pura ficción.
Hay entre 350 y 500 buques extranjeros que pescan “ilegalmente” los recursos migratorios argentinos originarios de la Zona Económica Exclusiva Argentina o de los recursos asociados. Aquí sí, la Autoridad de Aplicación se ocupó y ejecutó un minucioso plan para erradicar esta pesca que se apropia de nuestros recursos y empobrece a nuestros pueblos. No, nada de esto ocurrió, es pura ficción.
Mientras tanto, el gobierno ilegal en Malvinas dice en su página (Falkland Islands Government) que “la gestión pesquera transformó la economía de las Islas Malvinas. Los ingresos del Gobierno de las Islas Malvinas (GIM) aumentaron un 500%, asegurando la autosuficiencia en todos los ámbitos y la pesca representa el 40% del PIB” (creemos que más y estamos analizando ello). “Si comes calamares en el sur de Europa, ¡hay aproximadamente un 50% de probabilidades de que sean calamares de las Malvinas!”. Y para ello, los gallegos y Vigo son una pieza fundamental.
¿Y nosotros? agotados de esperar, nos preguntamos -como argentinos- que si la Fundación Agustina Lerena que integramos, con Personería Jurídica, creada en 2002 en homenaje a nuestra amada Agustina. Una Entidad sin fines de lucro, que tiene por objeto llevar adelante acciones relativas al cuidado del medio ambiente; la sostenibilidad de los recursos naturales y la defensa del consumidor. Asociados técnicamente al Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL) y con miembros en la Fundación con una dilatada experiencia en materia pesquera no asumía como Organización No Gubernamental la defensa del interés colectivo no parecía que alguien se ocuparía de trabajar en esta causa nacional que afecta el ambiente; depreda el recurso pesquero y defrauda al consumidor; pero, además, violenta la soberanía nacional; impide el desarrollo regional y muy especialmente a la estratégica Tierra del Fuego (léase TdFAeIAS); su asentamiento poblacional y la radicación de industrias en territorios desfavorables y la generación de empleo.
Nos preguntamos también: ¿por qué tratándose el pesquero de un recurso del Estado Nacional y de las Provincias del litoral marítimo -según la ley vigente- qué política de inequidad lleva el gobierno nacional para que solo se desembarquen en Ushuaia unas 25 mil toneladas anuales de las capturas; es decir, un 3% del total de los desembarcos nacionales? o ¿por qué no se compensan en favor de esa Provincia —al menos con una parte sustancial— las 250.000 toneladas anuales que se pescan ilegalmente en Malvinas?
Y a qué se debe que Río Grande no tenga un puerto estratégico de cara al Atlántico Sur, vital para contrastar con las importantes inversiones que los isleños realizan en Malvinas con los ingresos que le generan nuestros recursos pesqueros, con el objeto de apropiarse de la parte meridional de ese océano; facilitar el tránsito de los grandes buques de carga por el estrecho de Magallanes (ahora Malvinas-Punta Arenas); dar logística a la pesca, etc. y, por cierto, por qué el gobierno no tiene una defensa disuasiva moderna en esa área austral.
Si bien la Fundación, por diversas fuentes recabadas, tiene información detallada de las capturas en Malvinas desde 1976, ha tomado -al menos por el momento- la información indubitable de las estadísticas pesqueras del ilegal “Falkland Islands Government Fisheries Department” desde el año 1989 a 2025 inclusive de la captura de los buques de bandera española o la de los españoles asociados a los isleños británicos que pescan con la bandera ilegal “Falklands” extrayendo en Malvinas 4.101.131 toneladas de productos pesqueros argentinos.
Violando las Leyes 20.645; 22.584; 24.216; 24.543; 24.922; 25.263; 26.386; 27.564; la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y las Resoluciones 1514, 2065 y 31/49 de las Naciones Unidas, entre otras, que se explicitan en la DEMANDA de la Fundación, haciendo reserva de presentar en breve una segunda DEMANDA contra las empresas coreanas, taiwanesas y de Vanuatu que pescan igualmente en forma ilegal en las aguas argentinas de Malvinas. Y, avanzar, de igual modo, contra todos los proveedores y empresas de logística (combustibles, transportes, agencias marítimas, etc.) en Argentina (incluso Malvinas); que, en muchos casos, tienen relación con los países vecinos.
Por todas estas razones y con innumerables pruebas indubitables y una investigación que le demandó dos años, la FUNDACIÓN AGUSTINA LERENA, el pasado 9/10/2026 ante el Juzgado Federal de Río Grande (Tierra del Fuego, AeIAS) a cargo de la S.S. la Sra. Jueza Dra. Mariel E. BORRUTO, Secretaría N° 2 (Fundación Agustina Lerena c/Pesquera Moradiña SL y otros s/Amparo Colectivo, Expte. FCR 16446/2026) y con el patrocinio del Dr. Eduardo Salvador Barcesat, DEMANDÓ a las empresas españolas, británicas; isleñas británicas y argentinas (estas últimas por aplicación del artículo 27 bis de la Ley 24.922); por la particular situación de España respecto a la Argentina, que se explicita en la demanda y, si bien el entramado empresario es de alta complejidad y en la DEMANDA alcanzan, al momento, a unas ochenta personas físicas y jurídicas, seguidamente suministramos un listado parcial del total de los Demandados por la Fundación:
1) Empresas pesqueras gallegas:
- a) Armadora Nores SL / Pesquerías Nores Marín – Marín (España);
- b) Armadora Pereira SA – Vigo (España);
- c) Chymar SA / Grupo Touza – Vigo (España);
- d) Copemar SA – Vigo (España);
- e) Lafonia Sea Foods SL y Frigoríficos del Morrazo – Vigo/Cangas (España);
- f) Marfrío SA – Marín (España);
- g) Pescapuerta SA – Vigo (España);
- h) Pesmar / Pesquerías Marinenses (Grupo Safío) – Marín (España);
- i) Pesquera Moradiña SL – Cangas/Vigo (España);
- j) Pesquera Vaqueiro SL / Pesca Baqueiro SA – Vigo (España);
- k) Rampesca SA (Grupo Lanzal) – Vigo (España)
- l) WOFCO (Worldwide Fishing Company SL) – Moaña (España).
2) Joint ventures empresas pesqueras hispano-isleñas de Malvinas (Falklands):
- a) Argos Group Ltd + Armadora Pereira – Vehículos: Orion Fishing Company Ltd / Jupiter Fishing. (Puerto Argentino-Stanley);
- b) Beauchene Fishing + Copemar (con participación de Marfrío) – Vehículo: South Atlantic Squid Ltd. (Puerto Argentino-Stanley);
- c) Fortuna Ltd + Pescapuerta + Astilleros Nodosa + Marfrío – Vehículo: Petrel Fishing Company Ltd. (Puerto Argentino-Stanley);
- d) Fortuna Ltd + Pescapuerta – Vehículo: Beagle Fishing Company Ltd. (Puerto Argentino-Stanley);
- e) RBC Ltd Red Back Consultants Ltd + Rampesca SA (Grupo Lanzal) – Vehículo mixto citado: Kalamar Ltd.;
- f) Seaview Ltd + Lafonia Sea Foods / Moradiña / Frigoríficos del Morrazo / WOFCO – Vehículo: Polar Seafish Ltd / Polar Limited (Lafonia). (Puerto Argentino-Stanley);
- g) Southern Cross Ltd + Chymar / Grupo Touza – Vehículo: Golden Touza Ltd (GTL). (Puerto Argentino-Stanley).
3) Empresas pesqueras nacionales que tendrían vínculo con empresas que pescan ilegalmente en Malvinas:
- a) Bricel SA (Puerto Madryn/Buenos Aires);
- b) Estrella Patagónica SA (EPSA) (Puerto Madryn);
- c) Conarpesa (Buenos Aires)
4) Empresas nacionales que integran la “Asociación Empresas Comunitarias en Sociedades Mixtas de Pesca” (ACEMIX) junto a empresas españolas que pescan en Malvinas:
- a) IBERCONSA de Argentina S.A.;
- b) Pesquera Santa Cruz S.A.;
- c) Pesquera Deseado S.A.;
- d) El Marisco S.A.;
- e) Pesquera Ceres S.A.;
- f) PESANTAR S.A./NEWSAN-PROFAND;
- g) Ulises Castagnaro;
- h) Vieira Argentina S.A.
5) Bancos españoles que financian a empresas que pescan ilegalmente en Malvinas:
- a) ABANCA – (Galicia; España);
- b) Banco Santander – (Cantabria; España; Argentina);
- c) CaixaBank – (Valencia, España);
- d) Banco Sabadell (Cataluña, España)
6) Astilleros españoles que reciben subsidios estatales para modernización y construyen buques que pescan ilegalmente en Malvinas:
- a) Nodosa Shipyard / Nodosa SL (Marín, Galicia, España);
- b) Astilleros Armón SA (Navia, Asturias, España);
- c) Freire Shipyard (Vigo, Galicia, España)
7) Entidades de seguros españolas e inglesas que aseguran las operaciones de captura ilegal de los buques que pescan en Malvinas:
- a) Mutua de Vigo (Vigo, España);
- b) MAPFRE Global Risks (Madrid, España);
- c) Lloyd’s Syndicate / Lloyd’s Insurance Company SA (origen británico) (Madrid, España)
8) Comercializadoras o proveedores:
- a) Pescar-Polaris. La filial comercializadora Pescar-Polaris;
- b) JOSMAR – FoodTech Solutions;
- c) Bureau Veritas.
En este rubro se ampliará en la demanda, porque la Fundación ha detectado más de 50 proveedores; prestadores de servicios y otros que estarían violando el artículo 27 bis de la Ley 24.922.
Además, se promueve la quita de la habilitación nacional para operar en la República Argentina a aquellas empresas nacionales de capital argentino o extranjero que hayan violado el artículo 27 bis de la Ley 24.922 reformada por la Ley 26.386, conforme el artículo 28° de aquella.
La DEMANDA se efectúa por una suma de entre US$ 12.351.208.847 a US$ 26.464.994.702, según se cotice el precio de las capturas al valor FOB o MAYORISTA; más actualizaciones y costas y lo que pudiera resultar por la falta de pago de derechos aduaneros; derechos de captura; derechos de exportación; impuestos a las ganancias y al valor agregado, pago de las rentas y tasas de inspección nacionales.
Y las que pudiera indicar la Provincia de Tierra del Fuego, etc. por las especies pesqueras capturadas ilegalmente en las aguas argentinas de Malvinas sin habilitación de la Autoridad de Aplicación Argentina y de la Provincia. Provocando un gravísimo daño al medio ambiente; a la sostenibilidad de las especies; a los consumidores; a la soberanía política, económica y alimentaria de la Argentina y al desarrollo del litoral marítimo argentino, su población, su desarrollo industrial y a la generación de empleo.
La Fundación ha solicitado a la Sra. Jueza Federal que:
- Se establezca como objeto procesal de la causa, la recomposición y/o resarcimiento del daño ambiental colectivo material, moral y punitivo; todo ello, conforme al desarrollo del escrito.
- Se disponga inaudita parte la medida cautelar peticionada mientras se sustancia la Demanda.
- Se promueva la caducidad de los buques nacionales que violen el art. 27 bis de la Ley 24.922, conforme el artículo 28°.
- Se fije la composición de la clase por “toda la comunidad argentina”.
En síntesis, los demandados conocen -y están obligados a cumplir- que no pueden pescar sin habilitación de Argentina en las aguas continentales argentinas ni las igualmente argentinas de Malvinas. Y las empresas españolas y británicas no lo pueden desconocer, porque el Reino de España ha reconocido la Independencia Argentina y su soberanía territorial, que incluye a Malvinas y sus aguas en 1863 y el Acuerdo con la CEE en 1994 con la Argentina y otra decena de elementos probatorios de la ilegalidad que se detallan en la demanda.
Todo tiene un límite: Cayetano Santos Godino, conocido como “el Petiso Orejudo”, siendo un asesino serial, según se cuenta, sus compañeros lo mataron en 1944 en la cárcel de Ushuaia por estrangular un gato. Los argentinos, si bien somos tolerantes; no nos toquen a Malvinas; porque son argentinas y, como al unicornio azul, son nuestras y las queremos.
17 de octubre de 2026
Tierra del Fuego. La principal damnificada de la pesca ilegal en Malvinas y la política nacional
El pasado miércoles 14 la Fundación Agustina Lerena, que presido, dio a conocer a la Nación Argentina en Río Grande y Ushuaia, pero en particular a los fueguinos, que inició el 9/10/26 una demanda ante el Juzgado Federal de Río Grande Secretaría II, por valor de hasta 26.500 millones de dólares más accesorias, con motivo de la apropiación de más de 4 millones de toneladas de recursos pesqueros de las aguas argentinas de Malvinas.
Demostrando en forma indubitable, la pesca ilegal por parte de empresas de bandera española o asociadas a empresas isleñas con la bandera ilegal “Falklands” que operan en las aguas correspondientes de Malvinas, y la violación del artículo 27 bis de la Ley 24.922 por parte de empresas nacionales de capital extranjero.
Algunas empresas por vía indirecta ya han salido a devaluar la demanda. Es lógico que así ocurra, porque los intereses son enormes. Pero, es importante dar a conocer, que la Fundación ampliará la demanda contra algunas empresas pesqueras, y también sobre un importantísimo número de proveedores de bienes y servicios de empresas argentinas y filiales o representantes de empresas extranjeras establecidos en Argentina, que también forman parte de cadenas comerciales que abastecen a operadores pesqueros de Malvinas.
Ya daremos a conocer el insospechado detalle de empresas que la investigación de la Fundación agregará a la demanda: Proveedores que suministraron maquinaria y equipos a embarcaciones destinadas específicamente a pescar en Malvinas; empresas de esos mismos grupos con instalaciones, filiales, representantes o servicios técnicos en Argentina; sociedades pesqueras y de otro tipo, que mantienen operaciones y/o participaciones y/o servicios empresariales a ambos lados del Atlántico Sur.
Hay mucha documentación publicada por los propios fabricantes y descripciones técnicas de embarcaciones y servicios concretos que hablan por nosotros. Nos está resultando relativamente fácil la identificación de quienes estarían violando la ley nacional e internacional.
Nos ocuparemos de ello, en un próximo artículo, donde difundiremos el quehacer de la Fundación al respecto; pero, en esta oportunidad nos interesa dar a conocer el daño que la pesca ilegal y, quienes contribuyen a ello, le hacen a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (en adelante Tierra del Fuego).
Nuestra Fundación, a través de cientos de artículos publicados en distintos medios y en algunos libros publicados desde hace décadas (por ejemplo: “Malvinas. Biografía de la Entrega” del 2009), ha venido resaltando la importancia de la pesca para la recuperación de la soberanía plena en Malvinas.
Hace años que venimos esperando que nuestros representantes actúen para erradicar o reducir la pesca ilegal en el Atlántico Suroccidental, en procura de defender nuestros derechos a una vida sana; la protección del medio ambiente; garantizar la sostenibilidad de las especies para las generaciones futuras y asegurar la sustentabilidad de los pueblos, mediante la radicación de industrias y la generación de empleo, en zonas desfavorables y estratégicas de la Nación.
Pues bien, ante la ausencia de políticas en este sentido, nuestra Fundación, representando el interés colectivo, ha formalizado una DEMANDA COLECTIVA, en el lugar donde debía hacerlo, que es la Provincia de Tierra del Fuego.
Esta Demanda se inicia con las empresas españolas, porque resulta inadmisible que habiendo el Reino de España reconocido nuestra independencia en 1863, sus buques pesquen en nuestras aguas; pero, también avanzamos contra sus socios los isleños británicos, contra quienes facilitan la actividad: como los bancos, astilleros, seguros y quienes prestan la logística que hace posible el transporte y el comercio. Seguiremos, también, contra las empresas coreanas del sur y taiwanesas.
La Pesca -a nuestro juicio- es una herramienta central para la recuperación plena de la soberanía que prescribe la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional. No obstante, en 2012, John Barton, el entonces Director ilegal de Pesca en Malvinas y hoy representante de empresas pesqueras isleñas, dijo: “si no hubiésemos tenido la pesca no hubiésemos sobrevivido en Malvinas”.
Mientras que quien negociaba los Acuerdos de Madrid en 1989 el embajador Lucio García del Solar, en esas reuniones decía: “no nos interesa tratar el tema de la pesca, sí las cuestiones militares”; cometiendo un gravísimo error estratégico que consolidó la presencia británica en las Islas, que se agravará más aún con la explotación del petróleo.
En nuestra estadía en esa Provincia estratégica para la reafirmación de la integridad territorial de la Argentina, nos dirigimos a las Autoridades y al pueblo de Tierra del Fuego, para invitarlos a asumir un protagonismo activo respecto a la recuperación de los derechos que tienen sobre nuestros territorios invadidos y explotados por el Reino Unido de Gran Bretaña que son centralmente los que forman parte de esa Provincia, y a quienes se les usurpan territorios y recursos pesqueros fundamentales para la radicación poblacional e industrial y la generación de empleo. Es decir, un desarrollo económico vital para asegurar la soberanía política en la parte meridional del Atlántico Suroccidental y en el control del paso bioceánico y el acceso a la Antártida.
Nuestra Fundación DEMANDÓ para proteger el medio ambiente marino; la sostenibilidad de las especies y defender al consumidor; pero, todas estas cuestiones, ponen en riesgo también la sustentabilidad de Tierra del Fuego y el bienestar de los fueguinos.
No ponemos en duda (aunque algunos sí), que las decisiones que se tomen sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur; las aguas correspondientes y sus recursos naturales, deberán contar con la opinión y decisión del pueblo de Tierra del Fuego. Ello, pese al insostenible artículo 2° de la Ley 23.775 de Provincialización de Tierra del Fuego, en contraposición con lo que prescribe la Constitución Provincial en sus artículos 2°, 81° y 87° y, no puede haber Acuerdo alguno con el Reino Unido que respete la integridad territorial argentina, si eso supone reducir los límites y consecuentes recursos de la Provincia.
Es indispensable para todos los argentinos, que Tierra del Fuego, sus dirigentes y su pueblo, se pongan al frente de la conducción política de la “Cuestión Malvinas”, de modo de iniciar el estudio y debate de aquellas iniciativas que caminen: primero, a fortalecer estratégicamente a la Provincia y, segundo, a elaborar herramientas destinadas a la administración de Malvinas y sus aguas. Entre ellas, nos imaginamos:
Administrar las Islas. Es necesario planificar, demostrar internacionalmente y administrar los archipiélagos con hechos concretos que demuestren la titularidad del dominio, la jurisdicción y el gobierno, dando por terminada la etapa de la declamación.
La Provincia, aún sin la posesión de las Islas, debe hacer actos de administración y uno básico es declarar que la pesca en los archipiélagos es ilegal y ello debería dar lugar a sancionar las herramientas legales que declaren la Emergencia Pesquera y Ambiental mientras la Provincia no recupere la administración de los recursos en las aguas bajo su jurisdicción y dominio.
Es asombroso, que la DEMANDA que está realizando la Fundación Agustina Lerena no esté precedida de sumarios y sanciones de la Autoridad de Aplicación de la Nación a los buques pesqueros que pescan en el territorio nacional y de Tierra del Fuego. Una demostración que no debería dejarse pasar y, que nos debería llevar a salir de la sola declaración de “Las Malvinas son argentinas”.
- Parte de los recursos pesqueros que se detallan en la DEMANDA, expoliados de las aguas de Malvinas pertenecen a la Provincia de Tierra del Fuego. Y ello, supone rediscutir la adhesión de la Provincia al Régimen Federal de Pesca (Ley 24.922) y en especial al Artículo 3° que indica que: “Son del dominio de las provincias con litoral marítimo y ejercerán esta jurisdicción los recursos vivos del mar territorial argentino adyacente a sus costas, hasta las doce (12) millas marinas”; aplicable también a los archipiélagos de Malvinas; contradiciendo los citados artículos 2°, 81° y 87° de la Constitución Provincial.
De recuperarse Malvinas no se podría sostener el Archipiélago si se mantuviese el citado artículo 3°, ya que la mayoría de los recursos pesqueros se encuentran en la ZEE de las Islas y no en su mar territorial. Es decir, Tierra del Fuego debe rediscutir la jurisdicción con la Nación; pero, mientras tanto, debiera tener en cuenta que en las Islas es donde se realiza toda la logística que permite sostener la pesca en las aguas argentinas de Malvinas. No habría pesca ilegal si las Islas no existiesen. Paralelamente, discutir los derechos sobre los recursos migratorios, ya que la pesca en Malvinas perjudica a todo el ecosistema argentino y en especial a Tierra del Fuego.
- La pesca se realiza a través de concesiones a empresas, ya que el recurso es de dominio del Estado. Las concesiones deberían radicarse en territorios estratégicos y, Tierra del Fuego es uno de ellos y, establecer reglas de explotación que favorezcan la radicación industrial y el empleo.
El modelo de concesión pesquera que se aplica mediante la administración nacional y regula la Ley 24.922 es altamente perjudicial para Tierra del Fuego, pese a tener un representante en el Consejo Federal Pesquero. Los desembarcos de 2025 en Ushuaia con 25.411 toneladas representan el 3% del total nacional desembarcado y, además de ello se redujeron en un 22,3% en relación a 2024 y están en baja sostenida desde 2009 donde se desembarcaban más de 90.000 toneladas; además, de muy bajo valor agregado y de procesarse muchas de estas materias primas desembarcadas fuera de la Provincia.
- La Provincia debería recuperar el Puerto de Ushuaia terminando con una intervención que atenta contra la autonomía provincial y el Puerto de Río Grande debería construirse en forma moderna, tecnificarse y adecuarse a los nuevos requerimientos de los grandes transportes. No es posible imaginar una Provincia autónoma, sin estos puertos bajo su administración.
- La Provincia debería promover el desistimiento por parte del gobierno nacional de los Acuerdos de Madrid; el pacto Foradori-Duncan y Mondino-Lammy; además, de declarar vencida la Ley 24.184 de Protección y Promoción de las Inversiones Británicas en la Argentina. No es posible sostener “eliminar todos los obstáculos que impidan el desarrollo de los archipiélagos” como refiere el pacto Foradori-Duncan, sin afectar los intereses y la soberanía de Tierra del Fuego. Estos documentos intentan debilitar la soberanía y las potencialidades de Tierra del Fuego y su gente.
- Todos los transportes navales o aéreos que tolera la Nación favorecen el abastecimiento de bienes a las Islas; intercambios de tripulaciones y desarrollo sostenido de los archipiélagos. Los transportes a Montevideo y Punta Arenas, facilitan la logística y la continuidad de la invasión británica. Estos transportes son centrales para la ocupación; la explotación, la logística y el comercio de los recursos; más aún, cuando los grandes transportes ya no pueden transponer el Canal de Panamá; además, de su fragilidad derivada de las tensiones entre Estados Unidos y China. Tierra del Fuego está destinada a ser el “hub” de la Argentina Austral si lleva políticas adecuadas en este sentido.
- La cuestión de la Protección del Espacio Aéreo Provincial y la prohibición de instalaciones extranjeras vinculadas a la Defensa o al estudio del espacio aéreo; debieran ser un motivo de preocupación de los dirigentes de Tierra del Fuego. La puerta de entrada a la Argentina, para bien o para mal, está sin lugar a dudas en la Provincia.
- La regulación del uso del suelo en la Provincia debería ser una de las prioridades. La ocupación de Malvinas y de sus territorios marítimos nos hace presumir el avance extranjero sobre los territorios del resto de la Provincia.
- Respecto a la instalación de la Base Naval. A la par de estar exclusivamente bajo el control de las Fuerzas Armadas Argentinas; debería evaluarse si resulta suficiente, a la luz de las nuevas tecnologías de defensa. Misiles, antimisiles, drones, boyas inteligentes, etc. que podrían dejar vetusta la mejor infraestructura.
Tenemos mucha confianza en la Resolución del Juzgado de Río Grande, donde el reciente fallo de la Sra. Jueza Dra. Mariel Borruto en la causa contra las compañías petroleras Navitas y Rockhopper ha demostrado tener un gran conocimiento, interés y preocupación sobre los daños ambientales que causan estas explotaciones sin la realización de los oportunos Estudios de Impacto Ambiental y, el debido control de la Autoridad de Aplicación Argentina como producto de la invasión británica de las Islas; donde la Jueza, además, ha entendido que la pretensión no se agota en una controversia técnico-ambiental y subyace la defensa de la soberanía nacional como bien colectivo e interés federal.
Nosotros, modestamente agregamos, que los efectos de exploraciones sísmicas petroleras, podrían ser el motivo del cierre por dos años consecutivos, de la campaña de explotación de la especie calamar “Loligo” en las Islas.
Experto en Atlántico Sur y Pesca
Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL)
Presidente de la Fundación Agustina Lerena
cesarlerena.com.ar
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