El gobernador Martín Llaryora tiene los días contados: entre el 1 de agosto y el 10 de diciembre de 2027, fecha en que finaliza su mandato, restan 496 días. Y no sabe, nadie lo sabe, si los cordobeses lo reelegirán en la Gobernación o pegarán un volantazo a la derecha y votarán como sucesor a los mileístas Gabriel Bornoroni, Luis Juez o Rodrigo de Loredo, u otra cosa.
La creación de la Jefatura de Gabinete y el ascenso de Manuel Calvo a ese cargo, apuesta a la campaña electoral y la negociación política con la Casa Rosada, para asegurar la reelección del gobernador. En caso de que los cordobeses voten alguna oferta opositora, más allá de la caída de la imagen y la gestión del gobierno de ultraderecha de Javier Milei y La Libertad Avanza, Martín Llaryora está armando los resortes judiciales para tener una salida sin frentes judiciales abiertos.
Hacete amigo del juez (Electoral)
En ‘La Vuelta de Martín Fierro’, José Hernández le da vida al Viejo Vizcacha, un paisano que representa la antítesis de lo que es Fierro: ladrón, taimado y ventajero. Allí, Hernández pone al viejo en el papel de tutor de uno de los hijos de Fierro, y le da algunas enseñanzas para la vida, pero no del lado de la moral, sino desde la picardía: “Hacéte amigo del Juez; No le des de qué quejarse… Pues siempre es bueno tener, Palenque ande ir a rascarse”.
Y esas mismas enseñanzas las aprendió Martín Miguel Llaryora, bautizado así por su padre Luis Alberto Llaryora, admirador del héroe salteño Martín Miguel de Güemes. Quién está jugando fuerte en el nombramiento del nuevo Juez Electoral Provincial, en reemplazo de Marta Vidal, la jueza que asumió en agosto de 1998 y que el pasado 2 de marzo elevó su renuncia ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que se hará efectiva desde el próximo 1 de agosto. La magistrada saliente estará en su despacho hasta el lunes 31 de agosto, sin embargo cesará operativamente como jueza el viernes 31 de julio, por la compensación de feria.
Pese a haber sido designada por el extinto ex gobernador Ramón Bautista Mestre, durante las casi tres décadas al frente de la Justicia Electoral de Córdoba, Vidal fue una pieza fundamental del oficialismo peronista-cordobesista. Por caso, el 2 de septiembre de 2007, cuando Luis Juez denunció fraude en los polémicos comicios donde Juan Schiaretti triunfó por apenas 17.000 votos -el 1,1%-; Vidal se negó a abrir las urnas y contar voto por voto, como reclamaba la oposición; y sólo incorporó la información de los telegramas del Correo Argentino, que en esa época manejaba el kirchnerista riocuatense, Eduardo Di Cola.
Vidal ingresó a la justicia como empleada de la Cámara Octava del Crimen en los albores de la democracia. También cumplió funciones como asesora del bloque de la UCRA en la Convención de 1994, en Santa Fe, donde se modificó la Constitución Nacional. Y luego ascendió raudamente a secretaria del Juzgado de Instrucción penal de Sexta Nominación.
Donde se cocinaban causas contra altos funcionarios del gobierno radical, que dormían el sueño no precisamente de los justos. Para con esa fidelidad partidaria, ganarse en 1998 el puesto de primera jueza electoral de Córdoba. Para no obstante luego mostrar su pragmatismo en relación con el advenimiento del peronismo al año siguiente. Siendo notable además de la ausencia de su currículum vitae inencontrable, como sus furcios.
Desde marzo pasado, Llaryora está diseñando la estrategia para dominar la Justicia Electoral, sobre todo porque 2027 es el año donde se renueva la Legislatura y el Tribunal de Cuentas; pero además se decide por el próximo gobernador y vice, y las encuestas señalan un fin de ciclo del peronismo cordobesista.
En reemplazo de Vidal se presentaron 45 postulantes al Consejo de la Magistratura, y sólo quedaron 17 que pasaron el examen escrito dispuesto por el jurado integrado por la jueza Sofía Keselman; el profesor universitario Maximiliano Raijman, exsecretario de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC); y el abogado Edgardo Ruibal.
Los nombres que suenan más fuerte para reemplazar a Vidal son Emilia Mimessi, quien trabajó bajos las órdenes de la jueza saliente y en la actualidad se desempeña en la Relatoría Electoral del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). María de los Angeles Nallin, secretaria de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, y prosecretaria del Juzgado Electoral entre 2011 y 2023; lapso en el cual Llaryora fue habilitado para competir por la Intendencia capitalina pese a las objeciones de la oposición. Y el juez de San Francisco, de donde es oriundo Llaryora, Carlos Viramonte.
Desde el lunes 3 de agosto, fecha en que Vidal ya no estará más en funciones, hasta que finalice el concurso para designar a su reemplazante, la suplencia podría quedar en manos de los camaristas Jorge Namur y Leonardo González Zamar; quienes integraron en los últimos años el Tribunal Electoral creado en 2010.
Entre los 28 postulantes que no aprobaron se destacan el actual secretario electoral Ernesto Torres, está casado con Emilia Mimessi, una de las posibles sucesoras de Vidal. Los prosecretarios electorales del Juzgado Federal N° 1, Juan Cruz Juárez y Agustín García Faure. La jueza de Faltas de la ciudad de Córdoba, Miriam Capone, militante del PJ de la Capital. El funcionario llaryorista y experto en escrutinios Esteban Lencioni, de estrecha confianza con el gobernador. Y el abogado Jorge Cantet, de amplia experiencia en comicios como observador de la Organización de Estados Americanos (OEA) en distintos países.
Los bochazos en el examen escrito, basado en una sentencia sobre un caso práctico real, donde reprobó el 62% de los concursantes, se debieron a errores de ortografía y de redacción, como sintaxis y gramática. Lo que de por sí habla de la calidad de los aspirantes a suceder a Marta Vidal.
Y por su parte el seudo Consejo de la Magistratura que decide en la elección, está integrado por nueve miembros, de los cuales seis son designados o por el Poder Ejecutivo, o por la Legislatura unicameral de 70 miembros. En donde el cordobesismo peronista siendo una primera minoría, ha logrado siempre mantener una mayoría. Con al sistema electoral uninominal en los 26 departamentos del territorio provincial, y 44 elegidos en distrito único por el sistema proporcional D’Hont. Aunque cada vez más desflecada, por lo que ha tenido que recurrir a la cooptación de los borocotó que abundan en la política argentina.
Entrevistas encapsuladas
El miércoles 22 de julio pasado, luego de la feria judicial de invierno se realizó la primera reunión del Consejo de la Magistratura provincial, donde los representantes de los distintos estamentos debatieron sobre la nota que envió a fines de junio el senador Luis Juez a la presidenta del cuerpo, María Marta Cáceres de Bollati, reclamando transparencia en los concursos para elegir a la nueva o nuevo juez Electoral de Córdoba.
El oficialismo de Hacemos Unidos por Córdoba cerró filas en casi todos los estamentos y bloqueó la publicidad de las entrevistas personales. Que otorga un notable puntaje de 40 puntos, frente otros 40 por el examen, y solo 20 por currículum. Con el fundamentó de que el procedimiento actual de entrevistas presenciales con veedores se aplica desde hace 26 años, de acuerdo lo dispuesto actualmente (Ley 8.802 y decreto 1471/03).
En la misiva dirigida a la presidenta del Consejo de la Magistratura de la Provincia, el senador de La Libertad Avanza señala que “conforme lo publicado en los medios de prensa, el Consejo de la Magistratura a su cargo, ha llegado a la instancia de las entrevistas personales, de 17 postulantes” y que “el anonimato de la etapa de pruebas escritas, permitió acotar el número de aspirantes, pues se reglamentó un puntaje mínimo, para acceder al interrogatorio directo del Consejo”. Pero advierte que “las entrevistas personales no pueden estar resguardadas por el secretismo, toda vez que ello impide el control de imparcialidad y objetividad, que exige todo concurso y, con mayor énfasis el del órgano jurisdiccional, custodio de los procesos electorales provinciales y municipales”.
Como integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación, Luis Juez le informó a Cáceres de Bollati que en dicho organismo “por medio de su Comisión de Selección, videograba todas las entrevistas personales, subiéndolas al sistema Youtube, para conocimiento público, sin ninguna limitación”. Y aprovechó para chicanear: “El sistema provincial, por motivaciones muy simples de imaginar, oculta el interrogatorio entre los miembros del Consejo y los postulantes, de manera que, a algún afortunado se lo puede interrogar sobre el clima y a otro menos igual, acerca del derecho electoral comparado en Moldavia”.
El ahora senador mileísta, señaló en su escrito a la presidenta del Consejo de la Magistratura de Córdoba: “Para no dar pábulo a las murmuraciones, -que tanto afectan a la credibilidad popular en las instituciones-, solicito a la Sra. Presidenta del Consejo de la Magistratura, ordene la filmación de las entrevistas personales, del mismo modo que se efectúa, en cualquier juicio penal de la Provincia”. Y que “tal material deberá estar luego a disposición de los postulantes que, con todo derecho, quieran controlar la igualdad de oportunidades, cuanto de la Legislatura de la Provincia de Córdoba”.
Finalmente, la misiva de Juez a Cáceres de Bollati advierte: “Quiero pensar que nada costará a la Sra. Presidenta y al Consejo de la Magistratura, implementar lo que pido, privilegiando la transparencia democrática, sin ningún inconveniente. De no ser así y optarse por la continuidad del ocultismo habitual en las entrevistas personales, en un tema de semejante trascendencia institucional, los legisladores del Frente Cívico de Córdoba, no prestarán acuerdo a la propuesta del Poder Ejecutivo, que quedará envuelta, una vez más, en la bruma del favoritismo”.
Unanimidad no unánime y las lealtades ocultas
En esa sesión del miércoles 22, el oficialismo bloqueó la posibilidad de que los exámenes orales para los 17 postulantes que siguen en carrera sean publicados, reclamado por el senador Juez. Desde el peronismo aducen que la modalidad empleada para las entrevistas personales, no ha sufrido objeciones en los 25 años de existencia del Consejo, por lo que la operatoria para llevar adelante este examen para juez electoral, no debería ser distinto a los otros exámenes para otros cargos.
El texto de respuesta a la solicitud del senador señala que el Consejo de la Magistratura, resolvió por unanimidad responder la misma, afirmando: b)Que no comparte las expresiones vertidas en la nota, por inexactas; destacando que en todas las entrevistas personales participan veedores… c) Que carece de competencia para modificar el procedimiento… d) Que… podría canalizar al Poder Legislativo de Córdoba su solicitud de modificación de algunos aspectos del proceso de selección previsto en la ley vigente, si lo considera procedente”.
También el texto firmado por la presidenta Cáceres de Bollati y los consejeros, aclara que ese rechazo a lo propuesto por Juez, no fue suscripto por “la Dra. Fernanda Bentancourt, pues debió retirarse; los doctores María de las Mercedes Recanatti Nuñez Zurita y Alfredo Mariano Nigro no firman por suscribirlo sus titulares”. Aunque estos dos últimos se mostraron favorables al pedido del senador mileísta, para asegurar mayor transparencia al proceso de selección del nuevo juez electoral provincial.
En dicha reunión la propia presidenta del Consejo de la Magistratura, María Marta Cáceres de Bollati se opuso a la solicitud del senador de La Libertad Avanza al decir que “Juez no está legitimado para hacer este tipo de planteo”.
Antes de ser vocal del Tribunal Superior de Justicia, Cáceres de Bollati fue fiscal General adjunta, designada en el 2007 por el entonces gobernador José Manuel de la Sota. La magistrada llegó a la función pública en julio de 1999, junto con la asunción de De la Sota, quién la designó al frente de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas.
Allí, a principios de los 2000, la funcionaria delasotista jugó un rol clave, que demuestra su militancia oscurantista, al bloquear a la prensa información sensible sobre la ONG Fundación para una Mejor Calidad de Vida (FunCaVi), que dirigía Olga Riutort, entonces esposa del gobernador. Investigada por la Justicia porteña por desvío de fondos destinados a planes sociales durante la última parte del gobierno de Carlos Menem.
A pedido de la Oficina Anticorrupción de la Nación, en noviembre de 2001 el polémico fiscal federal Carlos Stornelli había imputado a los funcionarios menemistas del área de Desarrollo Social, José Figueroa y Eduardo Amadeo por el presunto desvío de subsidios sociales en 1998 que habrían ido a parar a la campaña de gobernador de José Manuel de la Sota a través de la Fundación para una Mejor Calidad de Vida.
Entre los cordobeses imputados figuraban Riutort, titular de la FunCaVi; Domingo Carbonetti, ex tesorero de FunCaVi y operador de De la Sota; José Ignacio Rufeil, ex presidente de la fundación; María del Carmen Ceballos, ex tesorera, esposa de Carbonetti; María Balvina de la Sota, ex consejera, sobrina del entonces gobernador; Alicia Isabel Narducci, ex consejera y esposa de Carlos Caserio; y María Lía Ongini, ex consejera, esposa del ex ministro de la Solidaridad de Córdoba, Herman Olivero.
En medio del escándalo, Cáceres de Bollati fue requerida por los medios para que brinde información sobre FunCaVi, debido a las imputaciones de sus directivos; pero siempre se negó a brindar esa información. Tras una demora de más de dos años, la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, finalmente publicó un informe de dos fojas donde se detalló el nombre de la Fundación, domicilio, fecha de inscripción y distintas autoridades que pasaron por su Consejo de Administración.
Desde fines de 2004, Cáceres de Bollati integró el Consejo Capital del Partido Justicialista por la lista encabezada por Olga Riutort. En 2006, la jueza porteña María Romilda Servini de Cubría sobreseyó a los sospechosos, tanto los funcionarios menemistas de Desarrollo Social, como los directivos delasotistas de FunCaVi, por prescripción, debido al tiempo transcurrido desde la denuncia.
El oficialismo abroquelado para las entrevistas encapsuladas
Entre el lunes 3 y el martes 4 de agosto, los 17 postulantes que pasaron el examen escrito para reemplazar a Marta Vidal en el Juzgado Electoral serán sometidos a las entrevistas individuales en el Consejo de la Magistratura; última escala en el proceso de selección de candidatos. La primera fue la presentación de antecedentes, la segunda el examen escrito y la tercera, la entrevista personal, que el peronismo cordobesista se niega a que sea de carácter público, dotando a la elección de transparencia. El mismo martes, el tribunal hará el orden de mérito de los candidatos para reemplazar a Marta Vidal como jueza electoral.
El ministro de Justicia, Julián López, por el Poder Ejecutivo; y los fiscales generales adjuntos Héctor David y José Gómez Demmel por el Ministerio Público Fiscal, también rechazaron los cuestionamientos de Luis Juez al sostener que este proceso “no es distinto a los procesos de selección de funcionarios judiciales realizados durante el último cuarto de siglo”.
El legislador Facundo Torres Lima, presidente de la bancada de Hacemos Unidos por Córdoba y titular del estamento de la Legislatura, también justificó el rechazo porque el procedimiento de la entrevista personal se realiza sin registro desde que funciona el Consejo de la Magistratura.
Y así opinaron también Maximiliano Machuca, consejero titular de los Abogados del Interior y su colega Federico Arce, consejero titular de los Abogados de la Capital, socio en el bufete con Eduardo Bittar, presidente del Colegio de Abogados de Córdoba. En 2015, Arce fue candidato a intendente en Cruz del Eje por Primero la Gente, un partido creado a principios de los 2000 por el empresario derechista Sebastián García Díaz, pero que desde hace una década es explotado por un sector interno que se apropió del sello y lo utilizó como sello pancordobesista. Machuca y Arce hicieron carrera en el Gobierno provincial, en puestos de tercera línea.
La jueza de Río Cuarto, Fernanda Bentancourt, representante titular del estamento de los Magistrados y Funcionarios Judiciales del Interior también opinó contra entrevistas personales sean filmadas, porque “no corresponde, ya que ese mecanismo no está en el procedimiento”. Y la estocada final a la exigencia del senador de La Libertad Avanza, la dio el representante del estamento de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, José Ignacio Cafferata Nores, ex presidente del Tribunal Superior y pluri ministro del exgobernador Eduardo Angeloz, durante el escandalo del asesinato del exsenador correligionario Regino Maders. Quién rechazó que los exámenes orales sean filmados y difundidos para conocer con certeza en qué se basó cada entrevista personal.
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A favor de la transparencia
La fiscal de la Cámara Segunda del Crimen, Laura Battistelli, representante titular del estamento de los Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Capital, opinó a favor de que las entrevistas personales sean filmadas, como propuso Juez: “Yo no veo por qué no pueden ser filmadas”, dijo; a la vez que propuso la incorporación de más veedores.
El juez Walter Simes, suplente del estamento donde Battisteli es titular, también opinó a favor de “dar mayor transparencia al proceso de selección”. Al igual que su colega Gustavo Toledo: “La selección del nuevo o nueva jueza Electoral no está en el debate público de las señoras en la verdulería, es cierto eso; pero la transparencia a la hora de elegir a quiénes deben decidir las cuestiones electorales, sí inciden en la vida de las señoras de la verdulería”, dijo.
Entre quienes defienden la transparencia de las entrevistas personales, coinciden en que “este escenario se aleja de la tendencia nacional marcada por el proyecto de reglamento que la Corte Suprema de Justicia impulsó en marzo de 2026, orientado a reducir la arbitrariedad mediante reglas de mayor objetividad y trazabilidad. Mientras el plano federal busca modernizarse para blindar el mérito, el modelo cordobés permanece anclado en parámetros de 1999, preservando márgenes de discrecionalidad que hoy resultan difíciles de conciliar con las actuales exigencias de transparencia institucional”.
El legislador radical Alfredo Nigro, representante suplente del estamento de la Legislatura también se mostró a favor de que las entrevistas a los 17 postulantes sean públicas. La representante suplente por el estamento Abogados de la Capital, la jurista mestrista Mercedes Recanatti también hizo una decidida defensa de la transparencia.
Los que siguen en carrera
Entre los 17 postulantes que siguen en carrera, ocho provienen de “la Justicia”; otros ocho responden al peronismo cordobesista y uno al radicalismo. “La idea es que siga una mujer”, razonan en el Centro Cívico, y en el Consejo de la Magistratura tomaron nota de ellos. Por eso, quienes pican en punta son Emilia Mimessi y María de los Angeles Nallin. Detrás viene el juez Carlos Viramonte.
En la nómina de “los judiciales” siguen el secretario de Primera Instancia, Sebastián Mira; los prosecretarios de la Cámara Contencioso Administrativo de Tercera Nominación, Patricia Ari Moyano y Denis Schmidt; y la prosecretaria de la Fiscalía 2, Turno 1, María Luisa Jurgens; la jefe de despacho de la Cámara de Acusación, Josefina Bertoldi; e Iván Gallardo, escribiente de la Cámara Contencioso Administrativo de Tercera Nominación.
Del lado del peronismo cordobesista llegan Federico Robledo, Jimena Garzón, Guillermo Arias, Augusto Pastore, Carlos García, Silvia Paleo y Marcelo Urreta. Robledo es secretario de Coordinación y director de Asuntos Legales del Ministerio de Justicia, profesor universitario de Derecho Constitucional y Derecho Público Provincial y Municipal; además es hijo de Rosa Avila Paz, ex docente de la Facultad de Derecho que respondía al ex decano Pedro Yanzi Ferreyra.
Desde agosto de 2025, Jimena Garzón es la asesora letrada disciplinaria del Servicio Penitenciario de Córdoba; y junto con Robledo, cuentan con el respaldo del ministro de Justicia, Julián López. Guillermo Arias, secretario legislativo con casi 30 años de experiencia la Legislatura, especialista en Derecho Parlamentario conoce los laberintos de la política y la Justicia, al haber operado para los vicegobernadores Juan Schiaretti, Héctor “Pichi” Campana, Alicia Pregno, Martín Llaryora, Manuel Calvo y Myrian Prunotto.
El ex intendente de Freyre hasta 2023, Augusto Pastore, actual secretario de Gobierno del Ministerio de Gobierno, y hombre de estrecha confianza de Martín Llaryora, es otro de los candidatos a juez electoral claramente identificado con el cordobesismo. Cuando el ex macrista Ercole Felippa llegó al directorio del Banco de Córdoba, Pastore aplaudió su desembarco: “Es un gran vecino de Freyre”, dijo. Felippa fue presidente de la láctea Manfrey.
Carlos García es otro burócrata del peronismo: entre 2007 y 2019 fue relator de la Fiscalía de Estado, bajo las órdenes de Jorge Córdoba. Desde 2023 es director de Dictámenes de la Asesoría Letrada de la Municipalidad de Córdoba, llegó allí durante la intendencia de Llaryora y sigue durante el mandato de Daniel Passerini.
Silvia Paleo es otra adherente al cordobesismo: proviene del macrista PRO, donde fue la apoderada partidaria; pero cuando fue legisladora entre 2019 y 2023 orbitó como satélite de Hacemos por Córdoba, votando todos los proyectos del oficialismo. Actualmente, sumada al cordobesismo, es directora General de Integración Regional de la Municipalidad de Córdoba.
Y Marcelo Urreta es otro cordobesista satelital del pejotismo capitalino: en 2015 fue parte de la campaña de Tomás Méndez, el operador de medios impulsado para taponar la candidatura a intendente de Luis Juez. El candidato a juez electoral tiene vasos comunicantes con el llaryorismo porque integra la Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos Sólidos Urbanos del Area Metropolitana de Córdoba (CORMECOR). Además es hermano de David Urreta, presidente de la Lotería de Córdoba.
Mientras que el radicalismo presenta como candidato a Diego Frossasco, ex secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad de Córdoba, apoderado partidario de la Unión Cívica Radical (UCR), ex convencional constituyente, asesor legislativo y profesor de Derecho Constitucional.
Como la calificación de la entrevista personal es decisiva y eminentemente subjetiva, en los pasillos del Consejo de la Magistratura sostienen que “siempre hay alguien que corre con el caballo del comisario, y medio punto o un punto de arriba, puede hacer la diferencia”.
El ajedrez judicial
Cuando llegó al Centro Cívico, Llaryora no tenía ningún funcionario judicial que le respondiera políticamente. Desde el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), pasando por la Fiscalía General hasta la última dependencia del Ministerio Público Fiscal, los cargos habían sido concursados o nombrados a dedo por los ex gobernadores José de la Sota y Juan Schiaretti.
Un año después de asumir en el Centro Cívico, en diciembre de 2024, el gobernador hizo su primera movida y envió los pliegos de su prima, la abogada radical Jéssica Valentini, para ocupar una vocalía del Tribunal Superior de Justicia. Y del penalista Alejandro Pérez Moreno como Fiscal General adjunto, para que cuando finalizara el mandato de Juan Manuel Delgado, en abril de 2026, quedara como fiscal General. La Legislatura aprobó los pliegos en el mismo diciembre de 2024; y ambos asumieron dos meses después, el 7 de febrero de 2025. Llaryora comenzaba así, a armar su poder judicial.
Ese mismo día, también asumieron en el Ministerio Público de la Defensa -organismo creado a finales del gobierno de Juan Schiaretti, en septiembre de 2023- Pablo Bustos Fierro como defensor General; Pablo Pupich y Néstor Gómez como defensores adjuntos; y Guadalupe García Petrini, como defensora adjunta en Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género.
Gómez es un funcionario que acompaña a Llaryora desde su época de intendente de San Francisco y es un operador de máxima confianza. Con los cargos ocupados desde febrero del año pasado, en el gobierno de Llaryora comenzaron el desembarco en el Poder Judicial, tal como un cuarto de siglo antes lo hicieron prepotentemente el ex gobernador José de la Sota y luego Juan Schiaretti. Que llegaron incluso a disponer una jubilación anticipada de magistrados judiciales, para barrer con la camada nombrada por el gobierno radical previo, además de crear la Fiscalía Anticorrupción, para lograr que ningún funcionario se procesado por la justicia.
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La justicia cordobesa no persigue a funcionarios ni empresarios coimeros y estafa a los demandantes
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Pérez Moreno ¿el abogado o el Fiscal General adjunto?
El 12 de junio del año pasado, cuatro meses después de haber asumido como Fiscal General adjunto, Pérez Moreno acabó con su posibilidad de sentarse al frente del Ministerio Público Fiscal. Cuando en una disertación en el curso de posgrado “Delitos Complejos Nuevos y Escenarios Jurídicos”, organizado por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) y de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) criticó la aplicación de la figura de asociación ilícita por parte de algunos fiscales provinciales para innumerables causas y el abuso de la prisión preventiva que produce superpoblación carcelaria:
“La figura de la asociación ilícita ha llegado a ser hasta una broma entre nosotros, incluso ahí en Tribunales II, cuando se juntan tres abogados”, señaló Pérez Moreno ante la clase, compuesta por abogados y funcionarios judiciales. Y agregó: “Olvídense de que me presentaron como fiscal Adjunto, yo soy el Ale Pérez Moreno”. La postura de Pérez Moreno se emparenta más con su rol de abogado litigante, que en su actual función como Fiscal General adjunto, frase que terminó de cerrarle el camino hacia la titularidad del Ministerio Público Fiscal.
En esa clase, Pérez Moreno también apuntó: “Hoy se utiliza esta calificación legal para sujetarlos a una coerción personal. El Derecho Penal del enemigo en primera persona. Entonces, ¿qué hacemos? tiene asociación ilícita y marche preso. El fin justifica los medios. Como lo tuve preso, lo investigué, llegó, hice un abreviado, ganó la Justicia. Eso no debe, ni tiene que ser así”.
Las declaraciones del fiscal General adjunto desataron una fuerte reacción por parte de los fiscales de instrucción Juan Pablo Klinger y Enrique Alberto Gavier, quienes presentaron notas formales ante la Fiscalía General, el Tribunal de Etica y el Tribunal Superior de Justicia. En ellas, solicitan que se investigue a Pérez Moreno por su conducta, que consideran de “gravedad institucional apreciable”.
Siendo precisamente dicho fiscal de Causas Complejas Gavier, el que ha abusado hasta la nausea de esa tipificación delictiva. Para remitir a la cárcel de Bower con prisión preventiva a numerosos profesionales y empresarios encartados por delitos de guante blanco, o por estafas como consecuencia de la inestabilidad de la economía. Y así simular que hay una justicia que funciona, mientras que ningún funcionario público o político marcha preso en la supuestamente impoluta Córdoba del cordobesismo,
Los dichos de Pérez Moreno se respaldan con datos de la realidad: en las cárceles dependientes del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) el 60% de los detenidos está con el régimen de prisión preventiva. El penalista Jorge Cardozo de la asociación civil Pro Homine expuso el caso de Córdoba durante el 193° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizado entre el 14 y 25 de julio del año pasado, un mes después de la clase de Pérez Moreno en la UNC:
“El principio de inocencia no solo se ha revertido en principio de culpabilidad sino que los imputados tienen que elegir entre declararse culpables en juicios abreviados o enfrentar juicios abiertos con amenaza a mayores condenas”, denunció el penalista ante el organismo internacional.
En una entrevista a Perfil Córdoba, la flamante procuradora penitenciaria general Bettina Croppi, coincidió con el diagnóstico de Pérez Moreno y el penalista Cardozo: “El problema esencial es la sobrepoblación carcelaria. Tenemos muchos más presos de los que la capacidad edilicia permite. Por esto la provincia decidió construir el Cemax (una cárcel de máxima seguridad en el Complejos de Bouwer) que se inaugurará, creemos, que en el corto plazo”.
Y agregó: “Lo único que justifica la privación de la libertad es que esa persona sea un riesgo para el proceso con conductas que perjudiquen la prueba o porque exista riesgo de fuga. Son las dos únicas razones que justifican la prisión preventiva. Caso contrario no la podemos privar de la libertad hasta que esté condenada, aunque a la sociedad no le guste lo que estoy diciendo”.
Lezcano el fiscal General con vencimiento anticipado
Por ley, el fiscal General de la Provincia tiene un mandato de cinco años, con posibilidad de repetir una sola vez. Con Pérez Moreno fuera de carrera por haberse ido de boca, el gobernador Llaryora debió sacar un candidato de la galera para reemplazar a Juan Manuel Delgado, que terminaba su mandato el 31 de marzo pasado.
Carlos Lezcano, un ex socio de Luis Juez en el estudio jurídico, llegó de rebote a la Fiscalía General. Desde julio de 2003 hasta el 31 de marzo de 2026, se había desempeñado como juez de Control N° 5. En diciembre de 2018, cuando los seis acusados fueron absueltos por el asalto -en vísperas de la Navidad de 2016 al chalé de la abogada Teresa Panetta en barrio Cofico -donde había políticos, empresarios, abogados y funcionarios judiciales provinciales y federales- los jueces de la Cámara Segunda del Crimen ordenaron que una fiscalía de Instrucción investigue al fiscal Raúl Garzón; al juez Carlos Lezcano; al comisario general Alejandro Mercado – quien llegó a subjefe de Policía y ahora está preso por comandar una asociación ilícita- por estar sospechados de haber cometido un cúmulo de irregularidades para armarle una causa a los sospechosos que fueron absueltos.
Pero Carlos Lezcano no debutó bien como Fiscal General, en una justicia impregnada de una perspectiva de género exacerbada. Menos de dos semanas después de asumir, en el ciclo de entrevistas Fuero Intimo, del Club de Derecho; el funcionario se mostró cercano a las ideas de la senadora derechista Carolina Losada que promueve agravar las penas por las falsas denuncias. Narrando dos causas donde hubo hombres inocentes que pasaron meses detenidos por denuncias falsas de su víctimas; y desde su perspectiva debió aplicarse el “sentido común”.
El flamante Fiscal General expuso que, “puede haber habido una laxitud en el manejo de la investigación. Demasiado creerle firmemente lo que decía la víctima o lo que decía la madre de la víctima, y no tener en cuenta lo que decía el imputado. El imputado también tiene derecho a defenderse y es parte esencial del proceso” y que “muchos fiscales no le hacen lugar a la prueba ofrecida por la defensa. Si Usted cree que no es pertinente la prueba, dígaselo, fundaméntelo. Pero si Usted no le dice por qué no quiere tomar la prueba, siendo que es una parte esencial del proceso… el imputado goza del principio de inocencia hasta que no sea declarado culpable”.
Los dichos de Lescano cayeron mal en el Centro Cívico y el edificio del Palacio de Tribunales I, ya que alinearon a Lescano con el proyecto de Losada que se votará este 6 de agosto y promueve endurecer las penas para quienes formulen falsas denuncias. Que en Argentina tiene una pena de prisión de dos meses a un año redimible con multa.
Mientras que en otros países son, Italia: 6 a 20 años de prisión, e incluso cadena perpetua si provoca una condena a pena de muerte. México: 8 a 15 años de cárcel cuando la falsedad provoca una condena penal grave. Japón y Corea del Sur: hasta 10 años de prisión. España: prisión de 6 meses a 2 años si se imputa un delito grave, además de multas. Alemania, Francia y Canadá: hasta 5 años de prisión, etc.
Otro punto que le pegó en la línea de flotación de Lescano, fue que en medio de la desaparición y posterior femicidio de Agostina Vega, a fines de mayo pasado, el Fiscal General no estaba en Córdoba, sino vacacionando en el Caribe dominicano; apenas un mes y medio después de haber asumido como titular del Ministerio Público Fiscal.
Pasada la feria judicial de invierno, volvió a sonar fuerte que los días de Lescano al frente de los fiscales cordobeses estaban contados: los fiscales adjuntos Héctor “Chirola” David y José Gómez Demmel de largo recorrido en el poder judicial nunca lo vieron con confianza ni lo respetaron como su jefe. Además, sabiendo que fue socio del senador Juez en su época de abogados, no dudan que si Llaryora no es reelecto, como Fiscal General no moverá un dedo a favor del ex gobernador.
La irresolución de un viejo crimen con un alto rating contra los fiscales que actuaron
El gobernador Martín Llaryora siguió minuto a minuto el proceso de destitución de los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, por no haber investigado ni sometido a análisis genéticos al parquetero Roberto Bárzola. A quién el 23 de diciembre de 2024, el fiscal Pablo Jávega señaló como presunto autor del resonante homicidio de Nora Dalmasso.
Lo hizo desde la acusación por parte de Marcelo Macarrón y sus hijos Valentina y Facundo en marzo de 2025; hasta el desarrollo del juicio político contra los únicos funcionarios que imputaron e investigaron a dos miembros de la familia Macarrón por dicho crimen, primero el hijo de la víctima y después el viudo. Proceso que se inició el 21 de abril y culminó con la destitución el 6 de mayo pasado.
¿Por qué tanto interés del gobernador en este caso? Por lo mediático, el asesinato de Nora Dalmasso fue uno de los crímenes cubiertos por el periodismo nacional como si se tratara de un thriller policial, y en el jury quedó demostrado, una vez más, que no se trató de un crimen complejo, pero sí, mediatizado y politizado. Pero además, en Río Cuarto con la destitución de Di Santo y Miralles quedaron dos fiscalías vacantes, teniendo en cuenta que es la Capital alterna de la provincia, no es un dato menor colocar en esos estrados a funcionarios que le respondan políticamente.
Legal y técnicamente, Bárzola es inocente, porque no fue sometido a proceso judicial; pero además, el Tribunal Superior de Justicia debe resolver si la causa está prescripta desde el 26 de noviembre de 2021, tras haber pasado 15 años del hecho.
Esta fue una desprolijidad procesal por parte del ex Fiscal General, Juan Manuel Delgado, quién decidió impulsar la acusación contra tres fiscales siguiendo el libreto de los denunciantes Macarrón, sin importarle el principio de inocencia del trabajador acusado. Y la siguió con otra, consistente en adelantar el proceso antes de determinar si la causa estaba prescripta; y en caso de que Bárzola pudiera ser sometido a debate oral y público, si éste era inocente o culpable.
Delgado, fue nombrado como fiscal General por la Legislatura el 17 de marzo de 2021; y asumió el 31 de ese mes. Su candidatura fue impulsada por el entonces gobernador Juan Schiaretti; quién impuso a Delgado para que diseñe la política penal judicial, pese a no conocer nada del tema, por ser un tributarista.
Antes, durante y después del proceso contra los fiscales, circuló el interrogante: ¿Por qué Delgado aceptó la imposición de los Macarrón de someter a juicio a sólo tres fiscales; y no llevó al jury a Fernando Moine, Marcelo Hidalgo y Walter Guzmán; y a los Fiscales Generales, Gustavo Vidal Lascano y Darío Vezzaro? ¿Por qué Llaryora permitió esa movida?
Otra desprolijidad -estrictamente ningunas de las desprolijidades citadas son desprolijidades- fue que la acusación de la Fiscalía General no estuvo a cargo en el jury por parte del flamante fiscal General Lescano; sino de su adjunta, Bettina Croppi. La excusa fue pueril, la imposibilidad radicaba en que el nuevo titular del Ministerio Público Fiscal había asumido sólo tres semanas antes, el 1 de abril, y materialmente no tenía tiempo para ponerse a tono con la acusación.
Otro dato que confirma que la sentencia condenatoria ya estaba acordada de antemano es que en marzo pasado ya habían sido designados dos nuevos fiscales en Río Cuarto, la misma cantidad de vacantes en caso de un fallo adverso para Di Santo y Miralles: Luciano Matías Rodríguez y Jael Yanina Arias Shocron.
Rodríguez juró el 12 de marzo pasado como fiscal coadyuvante en la Fiscalía de Fuero Múltiple N°3, para cubrir la licencia por enfermedad de Fernando Moine. Mientras que Jael Yanina Arias Shocron juró el 16 de marzo como fiscal de Instrucción con Competencia Múltiple de Quinto Turno. Su rol inicial era sumarse a las fiscalías existentes y actuar en casos de apartamiento de titulares. Tras el jury, quedó cubriendo otra de las fiscalías liberadas.
Ambos comenzaron a cumplir funciones desde el 16 de marzo, treinta y cinco antes de iniciado el jury contra Di Santo y Miralles, los fiscales a reemplazar en Río Cuarto; y Pizarro, el fiscal antinarco que prestaba funciones en Río Tercero. El 6 de mayo pasado, tras la destitución, Luciano Matías Rodríguez reemplazó a Javier Di Santo; y Jael Yanina Arias Shocron hizo lo mismo con Daniel Miralles.
El femicidio de Agostina y la Procuración Penitenciaria
Con una población carcelaria de 17.452 internos al 25 de mayo de 2026 en todos los establecimientos de la provincia, donde el 52,3% se encuentra procesado y sólo el 41% con sentencia firme -otro 6,7% tiene sentencia en primera y segunda instancia, pero no hay fallo definitivo- en diciembre del año pasado, la Legislatura cordobesa creó la Procuración Penitenciaria de la Provincia.
Organismo que se encargará de inspeccionar y supervisar las dependencias del SPC, “la elaboración de recomendaciones y requerimientos formales a organismos estatales, y la capacidad de solicitar medidas urgentes frente a situaciones de vulneración de derechos. También será su responsabilidad generar acciones constitucionales o procesales conducentes a la protección de los derechos de las personas privadas de libertad”, según consignó oficialmente el parlamento cordobés.
El viernes 26 de junio, el presidente del TSJ, Domingo Juan Sesín puso en funciones en el Centro Núñez del Palacio de Tribunales I a casi todas las autoridades del nuevo organismo. En primer lugar tomó juramento a Bettina Croppi, como Procuradora Penitenciaria General. Cargo que ocupará durante cinco años, con posibilidad de repetir un período más, hasta el 26 de junio de 2036; por el que percibirá un ingreso de $ 15 millones mensuales, similar a los haberes que perciben los vocales del TSJ.
Luego, Sesín tomó juramento a las procuradoras adjuntas Guadalupe Trillo Pellizari y María Florencia Degano; cuyos cargos son vitalicios y percibirán haberes por $ 9 millones al mes. También le tomó juramento a Melani Mattia, quién es la flamante secretaria técnica. El gran ausente de la jura y puesta en marcha del nuevo organismo de contralor penitenciario, fue Iván Rodríguez, quién sigue en su cargo como fiscal de Instrucción, pese a que la Legislatura ya aprobó su pliego como Procurador Penitenciario adjunto.
La Procuración Penitenciaria es en la práctica similar al Directorio del Banco de Córdoba. Un exilio dorado, donde los funcionarios allí designados son indemnizados por sus servicios prestados. El ex Fiscal General, Juan Manuel Delgado iba a desembarcar en la banca estatal, pero una denuncia del empresario Facundo Garade Panetta bloqueó su llegada.
En tanto que Croppi llega a la Procuración tras ser la fiscal General adjunta que cargó sobre sus hombros la acusación para destituir por pedido de la familia Macarrón a tres de los seis fiscales que investigaron el homicidio de Nora Dalmasso: Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro.
El 11 de diciembre del año pasado, durante la 22ª sesión ordinaria y por un proyecto presentado por la legisladora oficialista Nadia Fernández, presidenta de la Comisión de Seguridad, la Legislatura aprobó la creación de la Procuración Penitenciaria. Se acababa de sellar el premio a Croppi para que lleve adelante la embestida contra los fiscales.
El caso de la Procuradora Penitenciaria adjunta María Florencia Degano, es un acuerdo del gobernador Llaryora con parte del radicalismo, para contenerlo y dividirlo. Para que no forme alianza con la ultraderecha de La Libertad Avanza del diputado y estacionero Gabriel Bornoroni y el Frente Cívico del senador Luis Juez.
La flamante Procuradora Penitenciaria adjunta responde a Julio Ochoa, vocal titular del Tribunal de Cuentas de la ciudad de Córdoba, un dirigente radical que milita junto a Marcos Ferrer, presidente del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical (UCR) e intendente de Río Tercero. Ferrer es aliado de Rodrigo de Loredo y en las elecciones legislativas de octubre de 2025 no apoyó ni militó a favor de la candidatura a diputado nacional de Ramón Javier Mestre, candidato oficial del radicalismo y la tradicional Lista 3.
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Como se dijo, el gran ausente en la jura y asunción fue Iván Rodríguez, otro de los procuradores penitenciarios adjuntos, quién tiene suspendido el pase de la fiscalía de Instrucción del Distrito 3, Turno 6 a la Procuración, debido a un pedido de juicio político elevado por legisladores radicales, tras el femicidio de Agostina Vega, ocurrido la última semana del mes de mayo, presuntamente a manos de Claudio Barrelier.
Rodríguez fue el fiscal que hace poco más de un año, en mayo de 2025 liberó a Barrelier tras la firma de una fianza de $ 5 millones por parte de sus abogados del estudio Moreno, quién estuvo sólo 20 días detenido, imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada.
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El tetris judicial
Las audiencias por juicio político que destituyó sin pruebas a los fiscales Di Santo, Miralles y Pizarro duraron entre el 21 y el 27 de abril pasados. En la Legislatura se lo vio muy activo a Justo Casado, donde se desempeñaba como secretario de Coordinación Operativa y Comisiones hasta el 30 de ese mes, cuando renunció ante la vicegobernadora Myrian Prunotto mediante la nota N° 46250/N/26, argumentando su pase al Ministerio Público Fiscal como como director General de la Dirección General de Relaciones Interinstitucionales y Vínculos con la Comunidad, cargo que asumió el 4 de mayo, dos días antes de la sentencia que destituyó a los fiscales de Río Cuarto.
Ya a fines de junio, con la salida de Bettina Croppi desde la Fiscalía General hacia la Procuración Penitenciaria, el cargo vacante fue ocupado por Néstor Gómez como Fiscal General adjunto. Y éste, a su vez, fue reemplazado en el cargo que tenía en la Defensoría General adjunta por Jorge Gustavo Folloni, también cercano al gobernador, titular del Tribunal Administrativo Ambiental y ex secretario de Ambiente.
Gómez había asumido en febrero de 2025 en la Defensoría General adjunta y en junio de 2026 saltó a la Fiscalía General adjunta. En diciembre de 2023 debía asumir como concejal oficialista en San Francisco, pero Llaryora lo convocó para la vicepresidencia de Lotería de Córdoba, cargo que ocupó hasta ser llevado a la Justicia.
La relación con Gómez viene desde los primeros años de Llaryora como intendente de la ciudad cabecera del departamento San Justo. En 2007 fue asesor letrado de la Municipalidad de San Francisco durante el primer mandato de Llaryora, y de allí en adelante ocupó las secretarías de Servicios Públicos e Infraestructura; también pasó por la presidencia de la Empresa Municipal del Gas (Emugas). Quienes conocen a Gómez destacan su lealtad y confianza con el gobernador, pero que “no sabe absolutamente nada de Derecho, ni de rosca judicial”.
Entre diciembre de 2025 y marzo de 26, Llaryora firmó los decretos para ocupar fiscalías vacantes, principalmente en la Capital: Paula del Luján Bruera, María Florencia Matterson, Federico Rivas, Mónica Cecilia Barbero, Helio Santiago Olmos, Esilda María Archilla Funes, Esteban Grand Grundy y Claudia Alejandra Romero son los nuevos ochos fiscales capitalinos.
Jury contra Rodríguez y Garzón
El caso del fiscal Iván Rodríguez se hizo público cuando periodistas fueron al domicilio del sospechoso de haber secuestrado a Agostina Vega -aún no se sabía el desenlace fatal- en calle Del Campillo al 800, y los vecinos contaron que de esa misma vivienda había escapado una chica de unos 20 años, semidesnuda y maniatada.
El juecista Frente Cívico a través de un escrito, solicitó en consecuencia a la presidenta de la Comisión de Jury de Enjuiciamiento, la legisladora Julieta Rinaldi, que acelere el mecanismo para llevar al banquillo de los acusados a Rodríguez: “En virtud del tiempo transcurrido desde que fue la denuncia referenciada (la privación ilegítima de la libertad) y la gravedad institucional de los hechos involucrados, venimos a solicitar el pronto y urgente tratamiento de la denuncia formalizada”.
Por su parte, la legisladora deloredista Brenda Austin, al fundamentar el pedido de juicio político contra Iván Rodríguez, vinculó el crimen de la adolescente de 14 años y denunció la existencia de una estructura de protección política dentro del sistema judicial provincial: “Las razones del expediente, por sí mismas, bastarían para hablar de mal desempeño. Pero lo que también queremos poner de relieve es que el sistema está podrido”.
Austin señaló que “el mismo fiscal (Rodríguez) que archivó una actuación clave en ese momento, es el que luego dejó en libertad a una persona (por Claudio Barrelier) que había secuestrado a una joven. El abogado de ese acusado era Ricardo Moreno, concejal del peronismo”. Y recordó que el radicalismo votó contra la designación de Iván Rodríguez como procurador penitenciario: “Dijimos claramente que lo estaban premiando por haber archivado la causa del Neonatal”.
El jueves 4 de junio, el secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad, Raúl La Cava renunció a su cargo y regresó a su banca titular en el Concejo Deliberante, desplazando a Moreno, quien había llegado allí como suplente. Horas después, el penalista que operó para que Barrelier ingresara a la Municipalidad de Córdoba fue obligado a renunciar a su banca para frenar el escándalo.
Tras la asunción de Croppi, Trillo Pellizari y Degano, el pasado 26 de junio; los legisladores de la oposición volvieron a insistir para que la Comisión de Enjuiciamiento avance en el proceso de destitución contra Iván Rodríguez. Para evitar conflictos de poderes, porque la Legislatura ya aprobó su nombramiento en la Procuración Penitenciaria; el gobernador Martín Llaryora evitó incluir a Rodríguez en la lista de funcionarios a jurar y asumir en el nuevo organismo.
La llegada del Mundial de Fútbol 2026 tapó todo el escándalo y el pedido de juicio político para destituir a Rodríguez y al fiscal Raúl Garzón, que investiga el femicidio de Agostina Vega, quedó en el freezer.
El jefe de la bancada juecista, Walter Nostrala apuntó contra el fiscal que investiga el crimen de la adolescente: “El fiscal Garzón respondía como un funcionario político, como si fuese un ministro y no un fiscal”; dijo en referencia a la polémica rueda de prensa del sábado 30 de mayo, donde reivindicó el accionar de los perros rastreadores. El legislador del Frente Cívico, agregó: “Esto muestra la gravedad que tiene cuando designan en lugares como estos a punteros políticos del partido de gobierno. Esto es lo que sucedió durante estos 27 años en Córdoba”.
Su compañera de bancada, Viviana Martoccia, le apuntó a Garzón por haber encabezado una investigación “negligente y deficiente”, que demostró “un accionar muy sospechoso”. Al igual que Nostrala, la legisladora del Frente Cívico cuestionó la exposición del fiscal: “Ante la muerte de la menor empezaron la conferencia de prensa felicitándose a sí mismos, a la Policía y a los perros por la labor desempeñada”; a la vez que advirtió: “Nosotros apoyamos a la familia en absolutamente todo porque son las víctimas, pero también tenemos la función de buscar la verdad y defender los intereses de los más vulnerables”.
Otro jury por otro feroz femicidio y entabicamiento de la víctima
Al pedido de juicio político contra Rodríguez y Garzón, se suma otro escándalo, el del juez de Ejecución N° 1, Facundo Moyano Centeno, quién no hizo caso a las notificaciones del Patronato de Liberados sobre el incumplimiento de la libertad condicional de Maximiliano Baudraco (40), presunto femicida de su ex pareja Rocío Belén Gómez (27), asesinada en la madrugada del lunes 20 de julio de 2026, en Santa María de Punilla.
El legislador mileísta Gregorio Hernández Maqueda había solicitado en agosto del año pasado un juicio político contra Moyano Centeno, luego de que se descubriera en julio, el cadáver de una chica en el domicilio de un policía condenado con el beneficio de prisión domiciliaria, cuyas condiciones de cumplimiento de la pena tampoco habían sido observadas por el magistrado.
A ese pedido, se le sumó otro, impulsado por la legisladora del Frente Cívico, Nancy Almada, vicepresidenta de la Comisión de Seguridad de la Legislatura: “El femicidio de Rocío Gómez, como el de Agostina Vega, podría haber sido evitado, si la Justicia hubiese actuado. Y cuando hablamos de Justicia, no hablamos de una entelequia, hablamos de funcionarios judiciales que no están cumpliendo sus funciones”, señaló la legisladora a StripteasedelPoder.com.
Y agregó: “Si el juez Moyano Centeno hubiera cumplido su deber, ante las violaciones del régimen de libertad condicional, Baudraco debería haber estado preso por un hecho de violencia de género, con una condena en un juicio abreviado en octubre de 2025, de dos años y dos meses de prisión en suspenso, que le permitía permanecer en libertad bajo el cumplimiento de una serie de condiciones. Entre las medidas que debía respetar se encontraban la realización de un tratamiento psicológico, la prohibición de consumir alcohol y otras sustancias, y una restricción de acercamiento”.
Almada señaló además que “el juez Moyano Centeno, tampoco había hecho caso a las múltiples violaciones, unas 250, al beneficio de la prisión domiciliaria del ex policía Horacio “El Armero” Grasso, condenado en 2009 a 27 años de prisión por haber asesinado en medio de un tiroteo entre bandas narcos a Facundo Novillo”. La víctima era un nene de 7 años, que en marzo de 2007 iba en auto con su mamá a un dispensario en barrio Colonia Lola, y quedó en medio de una balacera entre dos bandas de narcotraficantes.
Después de permanecer alojado en el penal de Bouwer, el ex policía Grasso fue trasladado a la cárcel de Cruz del Eje. Allí, el 14 de marzo de 2017, se le detectó una enfermedad en los vasos sanguíneos que obligaba a realizarle un tratamiento específico. En una resolución firmada en enero de 2019 por el juez de primera instancia de Río Cuarto, Gustavo José Echenique Esteve, se le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria. Grasso fijó domicilio en la casa de su madre en barrio General Paz.
Ya mudado a barrio Nueva Córdoba, a un departamento de la calle Buenos Aires al 300, en inmediaciones del Mercado Sud, que compartía con su hermano, Grasso fue imputado, procesado y elevado a juicio por el abuso sexual de una joven de su círculo familiar, hecho que también habría ocurrido mientras cumplía su condena en ese domicilio.
Pese a las reiteradas denuncias de vecinos contra Grasso por comportamientos irregulares y abandono del domicilio, el juez Moyano Centeno nunca cambió la condición penitenciaria del ex policía. Incluso el Patronato del Liberado y el Servicio Penitenciario de Córdoba le informaron en reiteradas ocasiones al juez Moyano Centeno sobre los incumplimientos de Grasso a las condiciones de su prisión domiciliaria. Por ejemplo, no se lo encontró en visitas, y hubo reportes de vecinos que salía del lugar reiteradamente y por varias horas.
El 5 de julio de 2025, dos albañiles que hacían una refacción en dicho departamento, encontraron empotrado en una pared falsa, el cuerpo de una mujer. La Policía la identificó como Milagros Micaela Basto (22), conocida como “Pitu” que había desaparecido desde hacía un año; en agosto de 2024, cuando la vieron por última vez en barrio Bajo Pueyrredón. Su familia la buscaba desde noviembre de 2024. A Moyano Centeno lo investiga la Oficina de Sumarios del Tribunal Superior de Justicia.
Si como los rumores lo indican, las elecciones provinciales se realizarán entre abril o mayo de 2027, el gobernador Martín Llaryora tendrá nueve meses para diseñar su poder judicial para cubrir la retirada en caso de cambio de color político. Nueve meses que pueden significar un parto.-
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