“Tuve un éxito profesional que para mí fue el más triste de toda mi carrera”, admitió hace una década Ricardo Alfredo Moreno, el abogado y operador peronista, en un bar de la ciudad de Córdoba, pegado a la Cañada. Con el ruido de fondo de los autos al pasar, el penalista relató al periodista Juan Cruz Taborda Varela detalles sobre los espantosos asesinatos de las hermanas Valeria y Patricia González, de 13 y 18 años de edad, ocurridos en noviembre de 2000. Las víctimas fueron tiradas por sus homicidas en una alcantarilla del barrio Villa Rivera Indarte en la zona norte de la Capital cordobesa. La mayor había sido abusada.
Un mes después de los asesinatos fueron detenidos dos sospechosos, Jorge Emilio Chacón, conocido como “El Toro”, y Gustavo Mercado. “Uno (Chacón) recibió prisión perpetua. Y el otro, que yo defendía a ultranza con la convicción de que era inocente, que nada tenía que ver, resultó absuelto”, comentó Moreno. Luego de la sentencia que lo absolvió, con una sonrisa, Mercado le confesó a su abogado defensor:
-Doctor… ¡de la que me salvé!
-¿Cómo?
-Sí… si yo fui el autor del hecho.
-¡Nunca me lo dijiste!
-¿Y si se lo decía y usted no me defendía?
“Ese día me volví muy triste a mi casa”, confesó Moreno, quien aseveró que su cliente lo había convencido de que era inocente.
-¿Y si le hubiera dicho que era culpable? –le preguntó al penalista, el periodista Juan Cruz Taborda.
-Lo mismo lo hubiera defendido y lo mismo hubiera buscado la absolución. Pero yo estaba convencido de que era inocente.
El sincericidio de Ricardo Moreno, publicado en 2015 en la edición papel del periódico barrial Matices de la ciudad de Córdoba, excede la mera cuestión sobre los dilemas éticos y morales que carga todo aquel que pretende empantanarse en el mundo del Derecho Penal.
El recuerdo de ese doble homicidio impacta, Ricardo Moreno fue defensor de uno de los asesinos de las hermanas González ocurrido hace un cuarto de siglo. Y también fue defensor y padrino político de Claudio Barrelier (34), el presunto femicida de Agostina Vega (14), uno de los casos que conmueve a Córdoba y al país.
La adolescente desapareció de su casa de barrio Mosconi hace un mes, la noche del sábado 23 de mayo. Al día siguiente, alertado por los avisos en redes sociales; un remisero le dijo a la familia de la chica, que la había llevado a barrio Cofico, donde la recibió un hombre de unos 30 años de edad. El martes 26 fue detenido Claudio Barrelier, ex pareja y amigo de la madre de la víctima, Melisa Heredia; y el miércoles 27 le allanaron la vivienda. Entre el viernes 29 y el sábado 30, peritos forenses, encontraron los restos de Agostina en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra.
La autopsia confirmó que la adolescente de 14 años fue abusada sexualmente y estrangulada, dentro de la vivienda de Barrelier. Con el paso de los días, también fueron detenidos por encubrimiento agravado Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani; el hombre vivió en la propiedad de Barrelier donde fue asesinada la víctima; mientras que la mujer, amante del presunto femicida, le prestó el automóvil Ford Ka para que se desprendiera del cadáver.
CRIMEN DE AGOSTINA: el lumpenaje cordobesista deja al desnudo un Estado fallido
Ni bien fue detenido Barrelier, los vecinos de Del Campillo al 800, la cuadra donde está ubicada la propiedad en la que fue retenida y asesinada Agostina, revelaron que en mayo del año pasado, una joven de 20 años había escapado de allí maniatada y semidesnuda.
Ese caso fue investigado por el polémico fiscal Iván Rodríguez, quien también sería ahijado político de Moreno. El que ordenó la detención y la posterior veloz liberación de Barrelier en sólo 20 días, pese a estar imputado de los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada con violencia de género. La defensa del sospechoso estuvo a cargo del “abogado del Diablo” Ricardo Moreno, quien también junto con su socio sufragaron la magra fianza de $ 5 millones que fijo el fiscal Rodríguez, estampando sus firmas.
A Barrelier ni siquiera se le habría realizado una pericia psicológica psiquiátrica con esa finalidad, la que de haberse hecho podría evitado la atrocidad que mezcla de Landrú y Jack el Destripador, concretó sobre Agostina. Solo se le encomendó benévolamente que concurriera “a algún centro especializado para el abordaje de su adicción a las drogas, a fin de que le indiquen la conveniencia o no de someterse a un tratamiento”.
Moreno Barrelier un solo corazón
A medida que el nombre de Barrelier se multiplicaba, se iban conociendo detalles de su vida que inexorablemente lo relacionaban con Ricardo Moreno, más allá de su relación como imputado – abogado defensor. Se supo, entonces, que fue Moreno, quién a instancias de Sergio Fittipaldi, un burócrata que maneja con puño de acero el gremio de limpieza SOELSAC y Las 62 Organizaciones Peronistas, hizo ingresar en enero de 2021 a Barrelier a la Municipalidad de Córdoba como becario, durante la intendencia de Martín Llaryora.
Luego ascendió y prestó funciones en el área de Tránsito, incluso salió en publicidades oficiales: “Hice entrar a laburar a un pibe con un certificado de buena conducta en blanco, no tenía antecedente penal alguno y bueno, después el pibe se echó un moco, ¿qué culpa tengo yo? así como hice entrar a un pibe hice entrar a 500 a la administración pública y bueno de 500, uno… está dentro de las reglas del juego hermano, tampoco puedo negar que soy parte de la política, que este pibe presidía una agrupación de los delivery, no lo conozco y lo bueno lo estoy defendiendo y lo estoy defendiendo gratis porque yo no le suelto la mano a nadie”, confesó Ricardo Moreno en un audio privado que se viralizó cuando lo publicó el periodista Andrés Oliva en el canal de streaming Botox.
Dos semanas antes del crimen de Agostina, Barrelier quedó en el lote de empleados municipales que pasaron a la categoría de “Artículo 8”; la instancia previa a pasar a ser trabajadores de planta permanente.
Más allá de su condición de empleado municipal gracias a las gestiones de Ricardo Moreno, la relación entre ambos es mayor. Quiénes los conocen, confiaron que antes de ser conocido por ser el presunto autor del secuestro y femicidio de Agostina Vega; Barrelier ofició de guardaespaldas del penalista en su rol de secretario político de Las 62, pero además, la relación de confianza se amplió a la hija más famosa del abogado, la cantante Paula “Puli” Moreno.
En el videoclip de Princesa, lanzado en 2021 Claudio Barrelier aparece en los créditos como “gaffer” o asistente técnico. Ese material fue borrado de la cuenta oficial de YouTube oficial de la cantante, como así también sus respectivas redes sociales personales.
La otra hija del padrino y abogado defensor de Barrelier, la abogada Carla Moreno, es funcionaria del gobierno de Martín Llaryora en el Ministerio de Cooperativas, donde fue nombrada directora de la Secretaría de Articulación Territorial. Esta otra hija de Moreno está casada con Jorge Sánchez del Bianco, socio del “abogado del Diablo” Moreno defensor de Barrelier hasta el sábado 30 de mayo pasado, cuando el fiscal Raúl Garzón anunció que habían sido encontrados los restos de Agostina.
En síntesis: el presunto femicida de Agostina Vega no es un desconocido para la familia Moreno: en 2021, Ricardo, el jefe del clan, lo cobijó en Las 62 Organizaciones Peronistas y hizo entrar en la Municipalidad de Córdoba, en 2025 lo defendió y pagó la millonaria fianza luego de haber sometido a una chica a una privación ilegal de su libertad; Puli, la artista, lo contrató para su clip; y el abogado Sánchez del Bianco casado con Carla, fue su último defensor, hasta que encontraron el cadáver de la adolescente de 14 años.
El enigma Wachitas
Soledad Andreani es la tercera detenida por el femicidio de Agostina; quedó involucrada por prestarle su automóvil Ford Ka a Barrelier para deshacerse del cuerpo de la adolescente. Pero además, aparece como relacionista pública, encargada o regente de Wachitas Bar, un boliche que aparece a nombre de Nicole Waiss, una joven de sólo 22 años de edad, que sería prestanombre de su padre de crianza, Luis Alberto Molina. Quién a su vez sería prestanombre de un desconocido, una verdadera matrioshka de impunidad, corrupción y descontrol de “la noche” cordobesa.
Ante el desborde y el descontrol de lo que ocurre bajo la órbita del Ente Municipal de Control y Fiscalización, dirigido por Ezequiel Hormaeche, la semana pasada el intendente Daniel Passerini decidió intervenir el organismo de manera diplomática y anunció la puesta en marcha de la pomposa Unidad Ejecutora Mixta de Coordinación y Prevención para la Seguridad Pública.
Decreto del intendente Passerini creando la Unidad Ejecutora Mixta de Coordinación y Prevención para la Seguridad Pública.
“Lo de Wachitas no es un caso aislado, estructuralmente en el área de Espectáculos Públicos siempre hubo nichos de corrupción. Desde la creación del Ente de Control, los casos se multiplicaron, no sabemos si por acción o por omisión; por eso lo llamamos al director Hormaeche para que dé explicaciones en el recinto”, declaró una concejal opositora. El “expediente Wachitas” es la punta de la madeja de la que tiran ediles opositores para desentrañar una posible trama de corrupción en el sistema de habilitaciones nocturnas de Córdoba.
En febrero de 2024, dos meses después de asumir la intendencia, Passerini buscó oxigenar las áreas de Habilitación de Negocios y Espectáculos Públicos, creando el Ente Municipal de Fiscalización y Control, nombrando al frente a Hormaeche, un hombre que responde políticamente al ex secretario de Gobierno municipal y actual ministro de Vinculación, Miguel Siciliano.
Quince meses después de ese anuncio, la situación de “la noche” es peor, como quedó patentizado tras el femicidio de Agostina Vega, donde los escándalos en torno a Wachitas Bar, revelan una densa trama de corrupción. ¿En Wachitas Bar hay trata?, ¿Hay prostitución y explotación sexual de menores?, ¿Hay narcomenudeo?, ¿Hay lavado de activos?, ¿Quiénes son los verdaderos dueños detrás de las figuras de Nicole Waiss y Luis Alberto Molina?
Los negocios de la noche de Moreno y su socio
Los nombres de Ricardo Moreno y su yerno Jorge Sánchez del Bianco comenzaron a ligarse a Wachitas Bar, más allá de que ambos abogados defendieron en 2025 y 2026 a Claudio Barrelier. Moreno aparece como socio fundador en junio de 2018 de Trampero SAS, una Sociedad por Acción Simplificada junto a Pablo Trapani, presidente de la Federación Cordobesa del Transporte de Cargas (FECOTAC) y Sergio Fittipaldi, secretario general del Sindicato Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba (SOELSAC).
Los tres son dirigentes de Las 62 Organizaciones Peronistas de Córdoba, Fittipaldi es secretario general; Trapani, secretario adjunto y Moreno, secretario político. Además, los administradores de Trampero SAS son el yerno de Moreno, Sánchez del Bianco y el fallecido empresario bolichero Alejandro Novarino. El domicilio de la sociedad es bulevar San Juan al 200, donde funcionó históricamente el estudio de abogados de Moreno y Sánchez del Bianco.
En pleno gobierno de Mauricio Macri se habilitó la puesta en marcha de las SAS, sociedades comerciales más flexibles. Al estilo Trampero SAS, que ofrecía una enorme cantidad de actividades como construcción, transporte, compra y venta de inmuebles, operaciones financieras, explotaciones agropecuarias, catering, programación de software, servicios de telecomunicaciones, espectáculos públicos, turismo, asistencia médica o editoriales gráficas. En la actualidad, Trampero SAS tiene su CUIL en desuso y nunca se estableció qué actividades realizó.
El boliche Point Boulevard de calle San Lorenzo 169, en la misma manzana que Wachitas, pertenecía a Alejandro Novarino, administrador de Trampero SAS, por lo que en el ambiente de los boliches siempre se habló de que detrás de Novarino podrían estar Moreno y Sánchez del Bianco.
El boliche Joaquina Lounge en Baigorrí 630 de barrio Alta Córdoba está a nombre de Sánchez del Bianco desde 2016 y fue adquirido a Rodrigo Marinaro, hijo de José Marinaro, un conocido empresario de la noche fallecido de un infarto en 2018. Este boliche está a sólo ocho cuadras del domicilio donde vivía Barrelier en Del Campillo al 800.
El ciudadano peruano Alvaro Alexander Salinas Martínez aparece como propietario de Puli Moreno SAS, sociedad creada en 2018 y que lleva el mismo nombre que la hija artista de Moreno y donde ella no aparece como propietaria o titular, sino como administradora titular, mientras que como administradora suplente fue designada Selene Gamero, maquilladora de Paula “Puli” Moreno.
Moreno, el menemista
Ricardo Alfredo Moreno es peronista de toda la vida. Su militancia en el peronismo le abrió las puertas en el ejercicio del Derecho y la función pública, en pleno auge del menemismo a nivel nacional, cuando en Córdoba aún reinaba el radicalismo de Eduardo César Angeloz y Ramón Bautista Mestre.
Para 1989, con Carlos Menem en la Presidencia, Moreno ya venía militando en la zona sudeste de la Capital cordobesa. Según una reseña que escribió Juan Manuel González para La Voz del Interior, el joven Moreno acataba las órdenes del puntero Marcelo Pérez; quién trabajaba palo a palo con otro puntero peronista, Carlos Lezcano, actual fiscal General de la Provincia, asumido el pasado 1 de abril.
Tras el femicidio de Agostina Vega, cuya desaparición ocurrió hace un mes, la noche del sábado 23 de abril pasado, el fiscal General Lezcano ordenó que la investigación siga en manos del polémico fiscal Raúl Garzón, quién además debe investigar la causa de la joven de 20 años de edad, también retenida contra su voluntad por Barrelier en mayo de 2025.
En su militancia peronista, Moreno tributó para la histórica dirigente menemista Leonor Alarcia, fallecida en 1998; que en Córdoba actuó de “soldado” del mandatario riojano. Fue diputada nacional en casi toda la década noventista, hasta que en sus últimos meses de vida entró al directorio de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC). Alarcia y Menem se conocían por lo menos desde los años ‘70, lo que los forjó tener una amistad muy fuerte. Para ese entonces, estar con Alarcia en Córdoba implicaba oponerse a José Manuel de la Sota y Antonio Cafiero.
El paraguas de Alarcia le permitió a Moreno debutar en política como concejal de la Capital; luego pasó a ser diputado provincial cuando la Legislatura cordobesa era bicameral. Paradojas de la vida, Moreno terminó su carrera política como concejal, tras conocerse el audio donde canchereaba por haber hecho ingresar a la administración pública a Barrelier y a 499 conocidos más, entre ellas sus hijas Carla y Paula.
La crisis del Tequila de 1995 golpeó fuerte a las economías latinoamericanas nacionales y provinciales; y Córdoba no fue la excepción, atadas sus finanzas a préstamos internacionales. La crisis social y política hizo renunciar anticipadamente al gobernador Angeloz, y golpeó de lleno al gobierno de Ramón Bautista Mestre, enfrentado a la Iglesia, los docentes y los trabajadores de la salud por los cierres de servicios como en el Hospital Misericordia o el Hospital Pediátrico.
En 1997 el peronismo cordobés ya se preparaba para el recambio provincial de 1999. Ese año hubo cuatro listas en el Partido Justicialista, el renovador José Manuel de la Sota; el cavallista Juan Schiaretti y los menemistas Leonor Alarcia y Jorge Bucco. Así como el radicalismo estaba agotado a nivel provincial, el menemismo estaba agotado por los innumerables casos de corrupción. Moreno, viendo lo que se avecinaba, dejó el barco menemista y saltó al cavallismo de Schiaretti; pero el análisis y la picardía política le jugaron mal, ya que esa interna la ganó “El Gallego” De la Sota.
Con las elecciones para gobernador y vice y renovación legislativa de 1999 adelantadas a diciembre de 1998, Mestre terminó de sellar su suerte; y un renovado De la Sota con una edulcorada y desperonizada campaña de rebaja impositiva del 30%, arrasó y se convirtió en el nuevo gobernador. Su compañero de fórmula fue el riojano menemista Germán Luis Kammerath, ex secretario de Telecomunicaciones de la Nación y líder de la Unión del Centro Democrático de Córdoba (UCeDe), que a nivel nacional comandaban el capitán ingeniero Alvaro Alsogaray y su hija María Julia.
Ya en las elecciones municipales de 1999, el bendecido Kammerath ganó la intendencia capitalina; y nombró al padrino de Moreno, Marcelo Pérez, como director de Parques y Paseos. En 2002, Pérez fue echado de la Municipalidad de Córdoba al ser filmado pidiendo una coima en una lomitería del Parque Sarmiento. Un modo práctico de regular los comercios privados, que con el tiempo se volvería más sofisticado como lo expondría la actual situación del Ente de Control y Fiscalización. Según los archivos de prensa, quien se encargó de ser el letrado del pedidor de cometas de comida chatarra fue nada menos que Ricardo Alfredo Moreno.
Del “Gordo” Valor al “Porteño” Luzi
Ricardo Moreno sostiene que su ascenso político y como penalista se facilitó por su presencia mediática ante resonantes casos policiales como defensor. Y esto fue por su voluntad de asesorar, en sus comienzos, a reconocidos pistoleros dispuestos a llevar a cabo cinematográficos golpes para obtener grandes botines. Eran tiempos de los llamados “enemigos públicos”.
Uno de los más importantes en su carrera, y quizás el primero de mayor renombre, fue cuando participó en la defensa de Luis Alberto Valor, conocido popularmente como «El Gordo» Valor. De pasado setentista militando en la Juventud Peronista, “el Gordo” Valor había dejado la actividad política, y con el retorno de la democracia decidió atacar al capitalismo asaltando bancos y camiones blindados. La Superbanda, organización que él encabezaba junto a su socio Hugo “La Garza” Sosa Aguirre, tenía la premisa de no ultimar a ninguna víctima. En 1994, Valor escapó de la cárcel de Devoto disfrazado de médico, siendo capturado a los ocho meses. Cumplió su condena y está libre desde 2018.
El 17 de octubre de 1997 se estrenó en EE.UU. El abogado del Diablo, exitoso y taquillero film protagonizado por Al Pacino y Keanu Reeves. A fines de los ’90, principios de los 2000, quiénes acudían al estudio de Ricardo Moreno en el bulevar San Juan -el mismo donde están inscriptas las SAS Trampero y Puli Moreno-, podían observar un cuadro que los recibía con el afiche de ese film pero en vez de Reeves, aparecía el mismísimo Moreno. Con impostada humildad, el abogado contaba a quién quisiera escucharlo, que había sido Valor quién le regaló un taco de tarjetas profesionales con la imagen del film y la frase “El mal siempre triunfa”.
Post crisis de 2001, cuando comenzaron a usarse los secuestros exprés en el Conurbano bonaerense, Martín “El Porteño” Luzi apareció en los medios cordobeses como el “enemigo número 1”. A Luzi lo habían apodado “El Porteño”, pero era un delincuente de poca monta de barrio Lamadrid de la ciudad de Córdoba.
Entre 2002 y 2003 viajó a Buenos Aires a delinquir y hacía base en el Fuerte Apache, tenía por entonces sólo 23 años y lideraba una banda que cometió al menos, seis secuestros extorsivos y privaciones ilegítimas de la libertad; teniendo a maltraer al gobierno de José Manuel de la Sota. Luzi se había criado entre delincuentes y cuando tenía 20 años dio un salto en la jerarquía de los malhechores, cuando llegó a Buenos Aires de la mano de Roque Palacios, un pesado cordobés.
Una de las primeras víctimas de Luzi fue Federico Ariente, hijo de un empresario metalúrgico, secuestrado en octubre de 2002 y liberado tras el pago de un millonario rescate. Con la defensa de Moreno, “El Porteño” no pudo ser reconocido ni condenado como secuestrador de Ariente.
Con el secuestro del productor agropecuario de Oncativo, Marcelo Dezotti, ocurrido entre fines de marzo y abril de 2003, Luzi no tuvo tanta suerte: cayó preso en marzo de 2004 en Morón. Trasladado a Córdoba en medio de un fuerte operativo de seguridad, Luzi fue alojado en el complejo carcelario de Bouwer, de donde se fugó en agosto de 2005, siendo recapturado en La Rioja, cuando intentaba escapar hacia Chile. La fuga de “El Porteño” reveló asperezas en la estructura del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), como así también el involucramiento y la corrupción del personal que permitió el escape.
Luzi esposado en 2005. En el fondo, su abogado Moreno.
En noviembre de 2022, gracias a las labores del estudio jurídico de Ricardo Moreno y su socio y yerno Sánchez del Bianco, Luzi logró la libertad condicional: “Ha demostrado que ha aprendido a respetar las normas de convivencia”, declaró el yerno de Moreno tras lograr la liberación de su cliente.
Pero en septiembre de 2023, “El Porteño” cayó preso al intentar ingresar a la vivienda de una arquitecta en barrio Rogelio Martínez, a pocas cuadras de Tribunales Federales, cuando fue descubierto in fraganti por un móvil de la flamante Guardia Urbana.
Tras una persecución cinematográfica de varios kilómetros que terminó en la villa El Chaparral, Luzi fue detenido. Tenía un chaleco antibalas de la Policía de Córdoba y una pistola calibre 9 milímetros Bersa Thunder, similar a las usadas por los policías cordobeses. En Youtube se puede disfrutar del informe sobre “El Porteño” Luzi realizado por la cuenta de Historias innecesarias:
De Jaime a Scotto: su entrada y salida al kirchnerismo
En la amplia autopista del peronismo, donde en los ’70 convivían por un lado Montoneros y la Tendencia Revolucionaria con Mario Eduardo Firmenich y los gobernadores Ricardo Obregón Cano y Oscar Bidegain; y por otro la banda parapolicial Triple A de José López Rega; Ricardo Moreno desde los ’90 hasta la actualidad transitó por los carriles del menemismo, el cavallismo, el delasotismo y el kirchnerismo, hasta llegar al llaryorismo.
Cuando el todo poderoso Ricardo Jaime dejó de ser secretario de Educación de De la Sota y pasó a ser secretario de Transportes de la Nación durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, Ricardo Moreno se pasó a las filas K. Ese nexo con la Casa Rosada le permitió al “abogado del Diablo” ocupar la presidencia de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CNT), cargo que ya había ocupado su mentora Leonor Alarcia en el menemismo. Germán Kammerath, otro menemista afincado en Córdoba, había sido secretario de Comunicaciones de la Nación, de quién dependió Alarcia en la CNT.
En 2011, el armado K en Córdoba lo organizó el intendente de Leones, Fabián Francioni, un peronista de buena llegada con Cristina Fernández pero de pasado delasotista. Moreno fue en la boleta de diputados detrás de Francioni, pero no entró al Congreso. Sin embargo siguió trabajando con el aparato sindical para qué en 2013, Carolina Scotto llegara a Diputados, en una campaña brillante organizada por el politólogo Mario Riorda. En 2006, Scotto se había convertido en la primera rectora en más de 400 años de historia de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Uno de los pilares de la pata sindical morenista fue el poderoso Sindicato Unico de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (SURRBaC), encabezado por Mauricio Saillén. El que logró importantes mejoras salariales y de condiciones laborales en medio de un sistema de recolección tercerizado con empresas ligadas a los poderes político y sindical, principalmente durante los dos períodos de la intendencia de Ramón Javier Mestre.
En 2008, durante la Guerra Gaucha de las patronales del campo contra la Casa Rosada por la Resolución 125, que con las “retenciones móviles” aumentaba las retenciones a la soja, el peronismo cordobesista de De la Sota y Schiaretti rompió con el matrimonio Kirchner. Moreno, hábil navegante de aguas revoltosas, como el coloso de Rodas, puso un pie en el kirchnerismo y otro en el delasotismo. Con la renuncia de Scotto a su banca en el Congreso, apenas unos meses después de asumir, Moreno comenzó a tejer puentes con el flamante cordobesismo inaugurado en 2011, cuando De la Sota consiguió su tercer mandato.
Nacen Las 62 en Córdoba
En julio de 2017, Schiaretti transitaba por la mitad de su segundo mandato como gobernador, cuando Ricardo Moreno decidido a peronizar al desperonizado Partido Justicialista de Córdoba, y presentó en el hotel Orfeo Suites Las 62 Organizaciones Peronistas de Córdoba.
De la mano del penalista, como primer secretario general de Las 62 fue ungido Gustavo Pedrocca, secretario general del ascendente Sindicato Único de Vigilancia y Seguridad Comercial, Industrial e Investigaciones Privadas de Córdoba (SUVICO).
Moreno y Pedrocca reivindicaban la figura del metalúrgico y líder histórico de Las 62 Organizaciones en los ’70 y ‘80, Lorenzo “Loro” Miguel y llamaron a “la unidad con una sola CGT y generar contención en los trabajadores que han perdido su empleo”. Sin embargo, en pleno gobierno derechista de Mauricio Macri y en un guiño hacia Schiaretti, el líder de SUVICO lanzó una fuerte crítica a la protesta social: “Protestar en la calle nos provocó despidos y cierre de fábricas”.
El tándem cordobés Moreno – Pedrocca se rompió en abril de 2018 por un fallo judicial ajeno a Las 62 Organizaciones Peronistas y a Córdoba: la jueza María Romilda Servini, ordenó la intervención del Partido Justicialista a nivel nacional; que era presidido por el gobernador de San Juan José, Luis Gioja, aliado de la ex presidenta Cristina Fernández.
Jugando para el macrismo, la jueza Servini ordenó que el peronismo nacional fuera dirigido por el burócrata gastronómico Luis Barrionuevo, conocido por haber admitido durante el menemato, sus delitos al lanzar la frase “tenemos que dejar de robar por lo menos dos años”. También se hizo conocido por armar la causa de La Rosadita con Federico Elaskar, a quién tuvo retenido meses, “ablandándolo” para que declare contra funcionarios y empresarios K.
El tiempo y las disputas por poder y cajas, llevó a distanciarse a Moreno a distanciarse de Pedrocca. Casi una década después de la ruptura, tras el femicidio de Agostina Vega, en el Concejo Deliberante, donde ambos llegaron a una banca como suplentes, el concejal vigilador pidió que el concejal penalista fuera expulsado del cuerpo.
Con Fittipaldi como secretario general de Las 62 Organizaciones; Moreno acordó con Barrionuevo ser designado secretario político; alineándose con el gobernador Schiaretti. Y acusó a Pedrocca de haber incurrido en una “desviación ideológica”. En agosto del mismo 2018, la Cámara Electoral Nacional devolvió la autoridad del PJ al cristinista Gioja; sin embargo, Las 62 Organizaciones en Córdoba siguieron bajo el mando del tándem Moreno – Fittipaldi.
Un negocio con trampas y poco limpios
Con Fittipaldi entronizado por Moreno como jefe de la Regional Córdoba de Las 62 Organizaciones Peronistas desde 2018, pasó desapercibido que para la misma época, ambos habían inscripto la SAS Trampero, dedicada a una multiplicidad de actividades. Y surge una pregunta: ¿Es legal que un líder sindical sea empresario?
Desde el punto de vista de la legalidad no hay obstáculos. Desde el punto de vista de la legitimidad, aparece la contradicción. Sobre todo, como en el caso del rubro de las compañías de servicios que prestan servicios para el Estado cordobés, llama la atención que hay una serie de nombres de compañías que se repiten: Servicios Drill SA, de Rubén Alabi; Euro Clean SRL, de Mauro y Matías Martínez, aparentemente ligados al rubro inmobiliario; y Pulizia SRL, de Tomás Romero y Lucas Dagatti, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Generales y Afines (CASEGE).
Una investigación de elDiarioAr. realizada por el periodista Pedro Lacour publicada apenas una semana antes del secuestro y femicidio de Agostina, revelaba que la administración de Martín Llaryora tejió “una trama de contrataciones públicas que expone el costado menos visible de su modelo de gestión”.
Revelaba una cartelización empresarial de servicios, donde “un reducido grupo de compañías acumuló en los últimos años contratos por decenas de miles de millones de pesos. Los registros muestran que los mismos nombres se repiten en Educación, Salud, Lotería y otras dependencias, configurando un circuito donde los servicios tercerizados y la estructura del poder político avanzan en paralelo”.
En realidad, hay que decir que se había vuelto corriente la contratación y subcontratación de las administraciones públicas, sean municipales como provinciales, de empresas que a su vez ofrecen contratos de trabajo “basura” para bajar los costos laborales; e incluso se vuelve un negocio rentable para los propios gremialistas que dicen defender a sus afiliados.
Lacour subraya que “en el caso del artículo 35.1 de los pliegos del Ministerio de Educación, se estableció como condición excluyente que las adjudicatarias debían absorber a todo el personal que ya se encontraba prestando servicios, reconociendo antigüedad, categoría y carga horaria. Sin embargo, en distintas localidades del interior se registraron denuncias de operarias que aseguraron haber quedado sin empleo o haber sido desvinculadas sin continuidad laboral cuando ingresaron las nuevas contratistas”.
Y avanzando sobre esta situación, denunció la connivencia de Fittipaldi y el SOELSAC que interviene “en la emisión de certificados de libre deuda para habilitar a las empresas ‘amigas’ y garantiza la paz social a cambio de flexibilización laboral”.
La radiografía de lo que ocurre con las empresas de limpieza tiene su correlato a lo que expuso StripteasedelPoder.com a principios de año con respecto a la seguridad privada en los colegios. La contratación de los servicios de seguridad por parte del Ministerio de Educación incluye a empresas privadas como M3 SRL, para supuestamente custodiar los ingresos de las escuelas; situación que docentes aseveran que no se cumple. Además, pululan los comentarios de trabajadores que son sometidos a condiciones precarias y quitas salariales.
Todo esto con la llamativa vista gorda de quien debería representarlos gremialmente, Gustavo Pedrocca, concejal del oficialismo y promotor de la salida de Ricardo Moreno del Concejo Deliberante. A la hora de defender los intereses de los trabajadores frente a las patronales, no hay diferencia entre Pedrocca y el morenista Fittipaldi, ambos les dan la espalda y promueven la precarización.
Basuras y política, asuntos no tan separados
En agosto de 2019 el secretario general del SURRBaC, Mauricio Saillén fue detenido en su casa de barrio Ayacucho en una causa por lavado de activos que fue elevada a juicio en 2025. La sospecha de la Justicia federal es que el líder de los recolectores de residuos actuaba en connivencia con las empresas prestatarias del servicio y con la Municipalidad de Córdoba.
Desde el lado patronal, los principales beneficiarios fueron la compañía Cotreco, del influyente empresario ligado al PJ cordobés Horacio Busso, y Lusa, de los correntinos Romero. Juan Carlos Romero, cayó en desgracia a partir del desguace de su empresa de transportes ERSA, beneficiada por la gestión mestrista, como lo fueron Lusa y Cotreco. Busso, primo del ministro llaryorista Sergio Busso también tiene una causa penal por defraudación, pero no ha prosperado en comparación al carpetazo contra los gremialistas.
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Tras la detención de Saillén y su socio Pascual Catrambone, Ricardo Moreno se hizo cargo de sus defensas: “Tienen que estar libres”, reclamó. Sin embargo, un mes después, dejó de patrocinarlos y la versión oficial que se dio es que hubo diferencias en la estrategia por parte del abogado oficial contratado por el sindicato.
Esa causa de 2019 ocurrió en plenas elecciones provinciales y nacionales, donde uno de los hijos del principal imputado, y también sindicalista, Franco Saillén, fue candidato a diputado nacional por la alianza kirchnerista Frente de Todos. Impulsado en ese entonces por Carlos Caserio, ex-cordobesista que se enemistó con Schiaretti por sus amiguismos con Macri. Moreno, ya recostado en el schiarettismo había decidido enfrentar a Caserio a través de Las 62 Organizaciones Peronistas, en el Valle de Punilla, pago chico del dirigente albertista.
Como política y Justicia van de la mano, en esa causa contra Saillén, el juez federal Ricardo Bustos Fierro dispuso que las cajas recaudadoras legales del SURRBAC fueran intervenidas y manejadas por Fernando Luque Mariño, tesorero del Colegio de Abogados.
Llama la atención para quiénes leen política entrelíneas, que el presidente de ese entonces del Colegio de Abogados, Ignacio Segura, compartía domicilio de su bufete Estudio Ignacio Segura & Esteban D’Epiro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en Avenida Córdoba 1.215 con Griff Salud, gerenciadora de la obra social de SOELSAC del morenista Fittipaldi.
Ese mismo 2019, Schiaretti logró llegar a la gobernación por tercera vez y Martín Llaryora, ex intendente de San Francisco se convirtió en intendente de Córdoba. “El Gringo” Schiaretti le pagó a Moreno su aporte a la campaña designándolo como asesor dentro del Ministerio de Coordinación a cargo de Silvina Rivero, pero cobrando como si fuera secretario. Desde su porción de poder en el Gobierno, Moreno logró que Barrelier, un militante todo servicio de Las 62 Organizaciones, ingresara a la Municipalidad de Córdoba en enero de 2021 como becario y posteriormente ascendiera en el área de Tránsito.
Ese mismo año en que Moreno hizo ingresar a dedo a Barrelier a la Municipalidad de Córdoba, la coalición oficialista provincial Hacemos Por Córdoba lanzó la campaña electoral “Ellas” en los comicios de medio término; con Alejandra Vigo como candidata a senadora y Natalia de la Sota encabezando la boleta de diputados. Fittipaldi coló en la papeleta delasotista como candidato suplente en el quinto lugar.
Dos años después, Sergio Fittipaldi volvió a ser noticia: en un acto del SOELSAC en barrio Yapeyú fue asesinada de un balazo Gabriela Pérez, una trabajadora de la limpieza. El gremio tenía elecciones, en donde Dalma Gómez apoyada por Franco Saillén buscaba desbancar a Fittipaldi como secretario general.
En ese acto proselitista de Fittipaldi, muchos trabajadores fueron obligados a asistir, entre ellos la víctima. En pleno acto, se detuvo un vehículo en la calle frente al club, desde donde un desconocido disparó hacia dentro del local, hiriendo mortalmente a la chica. Por el crimen están detenidos dos sospechosos: el hermanastro de la víctima, Gustavo Omar Herrera, y Adrián Vallejos. La acusación es por homicidio agravado por el uso de arma de fuego con dolo eventual y tentativa de homicidio agravado.
La caída
El miércoles 27 de mayo, ni bien fue detenido Claudio Barrelier, comenzó a circular la versión de que además de ser su abogado defensor en la causa de 2025, Ricardo Moreno fue su padrino político y sindical. Como se dijo, el periodista Andrés Oliva reveló el audio donde el abogado se jactaba de haber hecho ingresar a dedo a la administración pública a 500 punteros; y que con la causa de la joven que escapó de la casa de Cofico, Barrelier “se había echado un moco”; y que todo lo referido a la desaparición de Agostina le servía “de publicidad” para su estudio jurídico. En vez de guardarse en cuarteles de invierno, “El abogado del Diablo” salió a hablar por los medios, dejando en offside al intendente Daniel Passerini.
Golpeado por su relación política con el presunto femicida de Agostina, y por haber admitido que metió a dedo a 500 punteros, Moreno luego intentó desdecirse, diciendo que los cargos que logró para su militancia “no son más de 10 o 15”; pero evitó contar que entre esos cargos están los de sus hijas “Puli” y Carla.
La artista admitió que su padre la hizo ingresar a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), pero renunció al mes. Pero nada dijo que fue nombrada y cobró por un cargo en la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba desde mayo de 2021 hasta mayo pasado, cuando fue desvinculada tras el escándalo de los nombramientos de su padre.
En tanto que la hija abogada de Moreno, es directora de la Secretaría de Articulación Territorial del Ministerio de Cooperativas y Mutuales, y codirige la Sala de Cooperación y Acción Gremial del Colegio de Abogados, presidido por Eduardo Bittar, cercano a Juan Manuel Cid. Uno de los vocales del Colegio de Abogados es Sánchez del Bianco, esposo de Carla y ex defensor de Barrelier.
El martes 2 de junio, tras una semana de demora y con Moreno vociferando en los medios, Llaryora y Passerini le ordenaron a Raúl La Cava que deje su cargo como secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Córdoba y regrese al Concejo Deliberante -lo había sugerido con insistencia el viceintendente Javier Pretto– a ocupar su banca: “El sistema de controles falló, la Municipalidad falló y yo soy el máximo responsable”, admitió el intendente Passerini.
Moreno había asumido como concejal suplente y al regresar La Cava al Concejo, automáticamente, dejaba de ser concejal. El propio concejal y ex aliado en Las 62 Organizaciones, Gustavo Pedrocca amenazó con renunciar a su banca si Moreno no se iba; finalmente el jueves 4 de junio, el penalista renunció como concejal suplente.
En medio del escándalo, que incluyó una internación en un sanatorio privado por estrés, Ricardo Moreno ordenó retirar sus pertenencias del tercer piso del Concejo Deliberante. Ahora disfrutará de su nuevo estudio en la calle Roque Funes en el Cerro de las Rosas y ya deslizó algunas pistas de su rearmado político, teniendo en cuenta que 2027 es un año electoral; porque en el único lugar donde se muere más de una vez y se resucita es en la política argentina. Y el abogado del Diablo lo sabe, pero cada vez le cuesta más.
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