Las andanzas del fiscal rockero duro Gavier en la “Docta” Córdoba

En la sirupítica Córdoba, palabra que en cordobés básico designa a la persona que quiere parecer fina, de buenos modales, rebuscada, el  personaje resulta pintoresco. Dado que no obstante ser un estricto católico tradicionalista, seguidor del disidente arzobispo francés Marcel François Lefebvre, con misas en latín y el cura dando la espalda a sus fieles, de repente sufrió un cambio radical. Como si monseñor Lefebvre hubiese sido sustituido por Osho.

Y ello no solo se reflejó en la vestimenta, que pasó a ser más informal, y en su apariencia física con la que pasó a lucir una rubia melena. Sino que también dejó a su mujer y dos hijos en un country del sur, y se fue a vivir con quien era una subordinada suya al country de Las Delicias. Que se podría decir que es la sede del cordobesismo, al tener como vecinos a los Mestre y al difunto comunicador Mario Pereyra, a quien el presidente Mauricio Macri visitaba allí. Además de otros personajes cordobeses afortunados y notables.

Ver Cómo el Gral. Menéndez y Mario Pereyra cambiaron a Córdoba

Además sustituyó los cantos gregorianos lefrebvianos por el rock duro, redondeando un cambio de look que fue sorprendente, ya que proviene de una familia linajuda de Córdoba y Tucumán, figurando en la Docta su apellido en calles y puentes. Dedicados todos ellos como decía el sociólogo Vilfredo Pareto, al “arte de mover los expedientes”, tanto en la burocracia judicial o administrativa, a falta de latifundios como los de la elite porteña.

Por eso quizás no puede dejar de ostentar automóviles de alta gama Mercedes Benz, que compra cero kilómetro, y dice provenir de herencias o adelantos de ella. En lo que parece ser una competencia entre magistrados judiciales, procurando mostrar quien luce en los estacionamientos judiciales el modelo más costoso y reciente. En una provincia que no se luce precisamente por hacer públicas las declaraciones juradas de bienes, por parte de las autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo, y Judicial, al considerarlas “confidenciales”.

La mefítica justicia de la Docta

Todo ello en el marco mefítico de una “administración de justicia”, donde se habla sotto voce que un dictamen favorable se puede obtener  por diez mil dólares. Y en la cual los intercambios y servicios sexuales parecen que abundan, al punto que las autoridades de AMMAR Córdoba (Asociación Mujeres Meretrices) evidencian conocer acabadamente el organigrama judicial.

En cuyo ámbito a título de ejemplo, el ex fiscal Gustavo Nievas fue condenado por coimas que pidió a un humilde heladero, para dejar en libertad a su hijo detenido por robo calificado. Aunque ellas parece que también se hacían extensivas al juez de control, hipótesis que la corporación se esmeró en cortarla de cuajo.

También está el caso del juez Civil y Comercial Ernesto Abril, que recomendaba a sus justiciables que abogados debían contratar, para tener éxitos en su juzgado. El cual no obstante de ser denunciado, con el aporte como prueba de una grabación dando esos consejos, finalmente ni siquiera recibió un apercibimiento por “falta de ética”.

Mejor le fue al fiscal Pedro Caballero, sobrino de un integrante de la Corte Suprema de Justicia Nacional tras recuperarse la democracia. Quien fue grabado insinuándole a una bella mujer, que sus servicios sexuales facilitarían la libertad de su esposo. Y no solo ni siquiera tuvo un apercibimiento por  “falta de ética”. Sino que además la justicia intentó atrapar a la mujer por el delito de extorsión, y los que sí cayeron en la trampa fueron dos abogados que la representaban.

También está el caso del juez de quiebras Saúl Silvestre, famoso y cuestionado por su intervención en las quiebras de los dos colosos del futbol cordobés, Belgrano y Talleres. A quien una intercepción telefónica ordenada legalmente, lo sindicaba en el centro de una matufia para vender unos valiosos bienes secuestrados, a vil precio y en cómodas cuotas, la que efectivamente luego se concretó. Pero tampoco recibió ni siquiera un apercibimiento por “falta de ética”.

Nuestro personaje es familiar de un homónimo, que fue decano en la Facultad de Derecho de la UNC (Universidad Nacional de Córdoba) y autor de numerosos libros de la materia. Y le legó su nombre y apellido al Instituto de Derecho Penal de esa antigua universidad, que se jacta de tener dudosos 400 años de existencia.

El personaje y su habitat

Se trata concretamente del fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier. Cuyos cambios de look y hábitat sucedieron en forma coincidente, cuando el entonces Fiscal General Dario Vezzaro, de quien Gavier es amigo, desdobló en el año 2008 la fiscalía de Delitos Complejos, que  estaba a cargo del fiscal Alejandro Moyano. A la que había creado poco antes, en el 2006, ante la denuncia del Gobierno de la existencia de una maraña de delitos en el Registro de la Propiedad,.

Cuyo secretario era nuestro personaje, quién de esa manera pasó a ser fiscal. Con todas las prerrogativas que le acuerda el sistema acusatorio penal, que quitó la investigación de las causas penales a jueces que gozan de supuesta autonomía, para pasárselas a los fiscales organizados verticalmente. Inventó que se originó en la Docta, y luego se desparramó por todo el país, y ahora se está aplicando en el orden nacional, al tener la virtud, como dice el Martín Fierro, de que:

“la ley es como la lluvia, nunca puede ser pareja,
el que la aguanta se queja, más el asunto es sencillo,
la ley es como el cuchillo, no ofiende a quien lo maneja.
Le suelen llamar espada y el nombre le sienta bien,
los que la manejan ven, en dónde han de dar el tajo,
le cae a quién se halle abajo, y corta sin ver a quién”

Basta leer con suspicacia la descripción que se hace del Ministerio Público Fiscal en su portal institucional, para percatarse del acierto de Fierro, al expresar en el mismo que este: “Responde a una organización vertical y está integrado por el Fiscal General… El Ministerio Público Fiscal es único y será representado por cada uno de sus integrantes en los actos y procesos en que actúen. Ejerce sus funciones por medio de sus órganos propios, ajustado a los principios de legalidad, imparcialidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica.”

http://www.mpfcordoba.gob.ar/el-ministerio-publico-fiscal/

El mencionado Fiscal General, que está en la cumbre vertical de los fiscales, es designado en Córdoba por el Poder Ejecutivo, con acuerdo de la Legislatura. La que lo consiente con una mayoría agravada de votos, y su mandato dura cinco años. Y así apareció como primer Fiscal General con la inauguración del sistema acusatorio en tiempos del radicalismo, el ex diputado radical Miguel Ortiz Pellegrini.

Quien se encargó de limpiar todas las causas penales que se presentaron contra la administración del gobernador Ramón Mestre (padre) y algunas que alcanzaban al intendente Rubén Marí. Signada por el ajuste dirigido hacia los sectores populares, y privatizaciones a la rusa, con la entrega de los bienes colectivos a personajes vinculados con el poder, a cambio de nada. Posteriormente el disputado juicio sucesorio que se inició tras su súbito fallecimiento, puso de manifiesto que dicho gobernante contaba con muchas más riquezas de la que se suponía.

Ver Mestre y su crecimiento patrimonial a lo bestia  

Posteriormente el mencionado Fiscal General Vezzaro, fue denunciado por su adicción a la cocaína, y por ello se interpuso una acción civil de incapacidad contra él, porque mal podía tener entonces una plena libertad funcional, y menos aún encabezar una campaña contra las drogas. La que fue desechada de plano por el fiscal de Cámara Francisco Junyent Bas, quien previamente en el regreso de la democracia había sido designado juez en un tribunal civil y comercial que había heredado de la dictadura causas muy sensibles.

Entre ellas las de las quiebras de la financieras Condecor y Centro Financiero, que involucraban nada menos que al vicepresidente de la Nación y otros personajes, como el secretario de Hacienda Mario Brodherson, y el ex secretario de Energía Alieto Guadagni. Que el juez Junyent Bas se encargo que se extinguieran sin pena ni gloria, y sin mayores molestias para esas personalidades.

El final de ese periplo de fiscales generales subordinados estrictamente al Poder Ejecutivo, sucedió recientemente con la designación en dicho puesto de un funcionario de segundo nivel de ese poder, Juan Manuel Delgado. En circunstancias en que todo lo obtenido con notable endeudamiento externo en que incurrió la Provincia, fue a parar a manos de unas pocas mega constructoras.

Ver Tiembla el cordobesismo: Schiaretti se pasó y se encontró con Clarín de punta

Muchas de las cuales estaban encartadas en la Capital Federal, por corrupción y sobreprecios en la obra pública. Las que resultaron así enormemente beneficiadas con un faraónico plan de obras públicas, concretado con fines eminentemente electorales. A los efectos de que el cordobesismo de Juntos por Córdoba, pudiera retener el poder que estaba siendo amenazado por la coalición Cambiemos. No siendo casual que uno de los personajes que apoyó fervientemente esta última designación, haya sido  el mencionado Ortiz Pellegrini, por aquello de “hoy por mí, mañana por tí”.

Ver Los sospechosos de siempre se llevaron puesta la deuda externa de Córdoba

Un sistema políticamente desacusatorio

El dicho “describe tu aldea y describirás al mundo”, bien podría alterarse por “describe a un fiscal y describirás a la justicia” del sistema acusatorio. En tal sentido a nuestro personaje, el fiscal rockero Gavier, se lo reputa como uno de los “Tarditti boys”. Que no es porque llega tarde siempre, como acostumbra un buen cordobés, sino porque más bien llega siempre temprano, por su amistad con la presidenta del Tribunal Superior, Aida Tarditti.

Una espigada y siempre muy elegante mujer, que si se quedara inmóvil parecería un maniquí. Quien junto con José Cafferata Nores, fueron los cráneos que instalaron el sistema acusatorio, con la importación de su esencia desde los EEUU. Donde en la mayoría de sus estados los fiscales generales, no son puestos a dedo por el mandón de turno, sino elegidos por voto popular. Y así de alguna manera tienen que responder con su actuación a quienes lo votaron.

Cafferata Nores es también un notable ejemplo de la justicia de la Docta Córdoba. Durante la dictadura militar integró una comisión secreta, que limpió de zurdos el ámbito de la justicia. Y a la vuelta de la democracia, de la mano del gobernador radical César Angeloz, de pública amistad con el trece veces condenado a cadena perpetua el ex general Benjamín Menéndez, apareció nada menos que como presidente del Tribunal Superior.

Desde donde condescendientemente, permitía la reincorporación de los que habían sido expulsados por él y la dictadura, si prometían portarse bien. Luego paso a desempeñarse como ministro de Gobierno y Justicia, y luego de Desarrollo Social. Y finalmente sacó de la galera el sistema acusatorio, ante el acoso judicial que sin embargo recibían los gobernantes de turno.

Con el gobernador Angeloz procesado por defraudación con la privatización de usinas de EPEC (Empresa Provincial de Energía) y enriquecimiento ilícito; y otros altos funcionarios por los vaciamientos del Banco de Córdoba y Social. A lo que se sumó el irresuelto asesinato del ex senador y alto funcionario de EPEC, el ingeniero Regino Maders, ocurrido en septiembre de 1991, que tenía todas las características de un magnicidio.

La primera hazaña del sistema acusatorio

Precisamente una de las primeras hazañas del sistema acusatorio, fue la de supuestamente resolver parcialmente más de 10 años después, en el 2002, el asesinato del ex senador Maders, al pasar su investigación en manos de los jueces a los fiscales. Determinando, con la intervención del fiscal Luis Villalba y del fiscal de Cámara Marcelo Novillo Corvalán, discípulos de Cafferata Nores, que había sido un asesinato por encargo, perpetrado por el ex policía Hugo Síntora, a cambio del pago de 50.000 pesos.

Quien parece ser lo que se denomina un “pagote”, con cierto parecido salvando las distancias, con el magnicidio del presidente John Kennedy por parte presuntamente de Lee Oswald. Al ser condenado Síntora en base a una abstrusa pericia balística, que determinó que una pistola que estaba en un bolso en su domicilio junto con otras, y luego pasó por sucesivas manos hasta llegar a la justicia, era la que había efectuado el disparó mortal.

Casualmente Síntora se había desempeñado como colaborador del juez Guillermo Johnson, que investigaba ese magnicidio, y había pedido el juicio de político del gobernador Angeloz por fraude en la concesión de las usinas de EPEC. Empañando esta sorpresiva resolución del asesinato su actuación, cerrando así el caso con nudos en varias puntas.

Lo curioso del caso es que tanto la justicia de la Docta, como los colegas radicales de Maders afiliados al alfonsinismo, entre los que descollaba Mario Negri, quien se desempeñaba en el momento del asesinato como vicegobernador de Córdoba, se despreocuparon enteramente de tratar de averiguar quién había instigado o encargado el homicidio. Lo que hasta hoy permanece incognito.

Los perspicaces fiscales Villalba y Novillo Corvalan, como agudos “sérpicos”,  insinuaron que el móvil podía ser el juego de las tragamonedas. A cuya legalización Maders supuestamente se oponía, porque en una oportunidad había dicho que las máquinas se podían matufiar. Y si llegaba a volver a ser nuevamente legislador se podría oponer, en momentos en que se tramitaba su legalización.

Así según esos agudos fiscales, el asesinato habría sido “por las dudas”. Dejando de lado la hipótesis de EPEC, a cuya concesión de sus usinas Maders se oponía públicamente, y rotundamente en sus informes técnicos. Negociado que había derivado en el pedido de juicio político contra el gobernador Angeloz y sus ministros por parte del juez Johnson, por administración fraudulenta. Que la legislatura cordobesa dominada entonces por el radicalismo, rechazó por “prepotencia del poder”.

El embudo de la fiscalía Anticorrupción

Luego en el año 2004, el cordobesismo comandado por el entonces gobernador José Manuel de la Sota, le dio una vuelta de tuerca al sistema acusatorio, con la creación del Fuero y Fiscalía Anticorrupción. A los efectos de tener plena seguridad de que la mellada espada de la justicia cordobesa, nunca se le ocurra cortar para arriba.

Creando al efecto, como en el tan cordobés dique San Roque, un embudo por aparte de las grandes aguas, donde fueran a parar las causas que molestaran al poder político. Poniendo allí por supuesto a uno del palo. Y completado por las dudas, con un Juez de Control, un fiscal de Cámara, y un Cámara Criminal únicas. Al que luego se le sumo otro fiscal del palo, para disimular su absoluta inacción. Por lo que bien la caben las estrofas de Fierro:

“Hay muchos que son doctores,
y de su ciencia no dudo,
más yo que soy hombre rudo,
y aunque de esto poco entiendo
diariamente estoy viendo
que aplican la del embudo”

https://www.mpfcordoba.gob.ar/en-lo-penal-economico-y-anticorrupcion/

El cual según expertos, violentaba la garantía constitucional del “juez natural”, y tiene todo el aspecto de ser una “comisión especial”, prohibidas por la Constitución, pero no para juzgar, sino para no juzgar a políticos. Y ante las ostensibles quejas de que todo ese costoso aparato judicial de impedir justicia, que en 17 años ni siquiera dejó pasar por casualidad un funcionario procesado, ahora se habla que habría un sumario en Vialidad Provincial.

Con motivo de unas horas pagadas de más, por parte de un funcionario a un contratista de cuarta categoría, que tenía una vieja motoniveladora. Sobre los que seguramente caerán sobre sus cabezas, todos los rayos y centellas que a lo largo de 17 impunes años, no cayeron sobre nadie. A los que tradicionalmente se los denomina chivos expiatorios.

https://www.lavoz.com.ar/politica/vialidad-provincial-investigan-obras-y-pagos-en-tiempo-record-por-trabajos-de-motonivelador

El sistema acusatorio fue completado con la Policía Judicial, y las Unidades Judiciales, desparramadas a lo largo y ancho de la Provincia, generalmente vecinas a las comisarias, donde los cordobeses denuncian los delitos que los abruman. En las que un nutrido plantel de chicas elegantes, familiares de magistrados y de políticos, se encargan de labrar y acumular pilas de primorosos expedientes. Que casi siempre no llegan a nada, por la nula capacidad de investigación que tienen.

Delitos Complejos muy muy complejos

Como se dijo, en el 2006 el gobierno de De la Sota se vio obligado a denunciar los delitos en el Registro de Propiedad. Ente que desde bastante tiempo atrás se había convertido en un antro dominado por una mafia interna, que atentaba contra el sistema burgués capitalista. Difundiendo la inseguridad sobre lo que considera lo más importante de todo, la propiedad privada, máxime si se trata de inmuebles.

Ya en 1983, al regreso de la democracia se hablaba que había 600 escrituras públicas “en el aire” con nombres abiertos. Para que la nueva elite gobernante pudiera hacer figurar hasta 6 meses antes, propiedades a su nombre, que luego adquirieron mediante enriquecimiento ilícito. Y había además una banda de empresarios, escribanos, y abogados, que se dedicaban a ubicar propiedades en abandono, para fraguar escrituras de compraventa y ponerlas a su nombre.

Claro que la espada oxidada de la justicia, no podía caer para cualquier lado. Dado que por ejemplo, un alto empleado del registro que fue condenado, Daniel Cerdá, acusó públicamente ante el tribunal antes de recibir su pena, que el ex gobernador José Manuel de la Sota y sus ministros, también habían participado en las maniobras fraudulentas en el Registro. “Me veo como un peón, un perejil dentro de una maquinaria muy aceitada”.

https://comercioyjusticia.info/justicia/los-fraudes-en-el-registro-de-la-propiedad-de-cordoba-suman-149-condenados-y-49-juicios-orales/

Cerdá, cuya esposa e hija también cumplieron penas de prisión por las falsificaciones a mansalva que se cometían en el Registro, abundó luego al respecto. Diciendo que Marcelo Macarrón, el esposo de Nora Dalmasso, asesinada en ese mismo año 2006, era un testaferro de De la Sota, con numerosas propiedades  anotadas en el mismo.

En un proceso en continuado, denominado Megacausa del Registro de Propiedad, que duró doce años, se determinó la existencia de más de tres mil propiedades malhabidas, que originaron la instrucción de 75 causas,  con más de 150 condenados. Entre ellos un ex director del registro, el abogado Jorge Belmaña Juarez y su esposa escribana, junto numerosos abogados; escribanos; jueces de paz; martilleros,  y empresarios y comerciantes  reconocidos en Córdoba.

Ver 16 AÑOS DE CORDOBESISMO DELASOTISTA

Por esa razón imperiosa, de impedir que la espada mellada de la justicia cortara donde no debía, el fiscal General Vezzaro creó en el 2006 la fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de Alejandro Moyano, quién por el desempeño de ella, se ganó luego el cargo de Fiscal General. Y en el 2008 la desdobló poniendo a su secretario Gavier, como titular de otra fiscalía de Delitos Complejos.

La cosa se perfecciono seguidamente, porque mediante distintos dictámenes y acordadas, todo el proceso se centralizó en un solo juez de Control, y una Cámara del Crimen; en la que actualmente también se desempeña interinamente como Fiscal de Cámara, el fiscal rockero Gavier. O sea que de esa manera la justicia de la Docta generó otro embudo, para aplicar la ley que mencionaba Martín Fierro.

En relación en este caso, no con la corrupción gubernamental, que ya contaba con su embudo propio, sino con los delitos de guante o cuello “blanco”, propios de la clase media alta. A los efectos de dejar pasar a determinados imputados, procesados, y condenados, rumbo a la cárcel de Bouwer, e impedir que otros debidamente relacionados con el poder o la justicia, sigan ese mismo rumbo, asegurando su impunidad.

Cosa que según el mencionado Cerdá, habría sucedido con la Megacausa del Registro de la Propiedad. Estando casualmente entre los que zafaron, además de los mencionados por Cerdá, el entonces yerno de Ramón Mestre padre, y cuñado de Ramón Mestre hijo, el legislador provincial Orlando Arduh. Hijo del famoso músico cordobés conocido como “el fantasista del teclado”.

Del Registro de Propiedad a las ART

Otra ola de “delitos complejos” vino tres años después, a fines del 2009, cuando el superintendente de las ART (Aseguradoras de Riesgo de Trabajo) el mendocino Juan González Gaviola desembarcó en Córdoba y se reunió con la elegante presidente del Tribunal Superior Tarditti. Preocupado por la alta litigiosidad que ellas soportaban, siendo la Docta una de las principales usinas de esa industria del juicio.

Que se llevaba adelante con informes falsos por parte de médicos, dejando constancia de la existencia de enfermedades profesionales, que gracias a los oficios abogadiles, remataban en cuantiosas indemnizaciones convalidadas por los jueces laborales. Lo que también requería la complicidad por parte de los abogados de las ART,  reflejándose estas cuantiosas erogaciones en aumentos de los costos de las pólizas.

Tarditti derivó el asunto al fiscal  General Vezzaro, y este a su vez se lo endosó al fiscal rockero duro de Delitos Complejos Gavier. Quién actuando como un sheriff, en pocos meses metió presos por largo tiempo, a médicos y abogados, vástagos muchos ellos de reconocidos “doctores”, que detentaban bufetes de larga trayectoria en Córdoba. Incluyendo hasta un familiar del juez federal Luis Rueda.

Claro que conforme la ley del embudo, otros zafaron limpiamente, sin que el fiscal rockero y sheriff Gavier, cabalgando sobre la fiscalía de Delitos Complejos, los persiguiera enconadamente. Como el hijo del integrante del Tribunal Superior, Luis Rubio, que comandaba el reputado bufete de derecho laboral creado por su padre, amigo del fiscal rockero. Y otros médicos y abogados también zafaron, mediante amenazar al fiscal rockero y sheriff  Gavier, que si ellos caían, iban a arrastrar también a los jueces laboralistas intervinientes en esos mejunjes.

Tras producirse en el año 2017, las primeras citaciones a juicio de los atraídos selectivamente por el embudo de Gavier, este fue recibido en su despacho por el eficientista presidente Mauricio Macri. Quien consideraba que para el éxito de su dudoso plan económico, resultaba indispensable bajar en algunos puntos el costo de las pólizas de las ART, y por eso proclamo públicamente: “Hay que apoyar al fiscal Gavier”. Cita a la que el fiscal Gavier concurrió con su melena engominada, para  darle un poco más de seriedad a sus andanzas de fiscal rockero duro.

Ver Porqué no arranca ni arrancará la economía, e incluso retrocederá peligrosamente

De las ART a los desarrollistas urbanos

Una tercera ola de “delitos complejos” vino cuando el fiscal rockero Gavier, la emprendió raudamente contra  las estafas que varios desarrollistas urbanos perpetraron, al compás del vaivén que sufrían sus negocios por las sucesivas crisis económicas. Siendo el primero de ellos en caer, el mega desarrollista Jorge Petrone, propietario de GAMA.

Quien quedó atrapado con una causa en el Registro de la Propiedad, por supuestamente haberse quedado con un campo ajeno, para desarrollar en él un country. Y al salir de la cárcel dijo “todos estamos en libertad condicional”, refiriéndose al fiscal rockero Gavier como un “delincuente”.

A Petrone lo siguieron otros, llevados a punta de pistola a la cárcel por el fiscal rockero y sheriff Gavier.  Como es el caso de Javier Mareschi y su entorno familiar, legal, y comercial, sindicado como una “asociación ilícita” por Gavier. Y también el caso de Francisco Scudieri y su esposa, propietarios del mega corralón Zarate, que también fue a parar a la cárcel de Bouwer, con el mismo cargo.

O el caso de Jorge Ribeiro, su esposa, e hijos, de Ribeiro Construcciones, que terminaron todos detenidos por el fiscal sheriff Gavier. También está el caso de Euromayor, en cual la colega de Gavier en Delitos Complejos, Valeria Rissi, ordenó allanamientos y detenciones masivas. Causa en la que está involucrada la senadora de Cambiemos, Laura Rodríguez Machado, pero que no ha sido tocada en absoluto, etc, etc.

Ver Escándalo Euromayor involucra a la senadora y vicepresidenta del PRO Rodríguez Machado

El caso es que el fiscal rockero Gavier, estuvo casado con una hermana de la esposa de Gregorio Ruiz Córdoba, el gerente de Arquitectura de la mega desarrollista urbana Edisur, cuyo hermano Javier también se desempeña como ejecutivo en dicha firma. Que es propiedad de Horacio Parga, quien a la vez preside la Bolsa de Comercio, y fue considerado el “empresario de la década”.

Por su gran habilidad para comprar terrenos a bajísimos precios, por sus obstáculos para la edificación, para luego entre gallos y medianoche obtener su rezonificación por parte de la Municipalidad, con distintas argucias y oscuros entendimientos con las autoridades de turno. Quedándose así con lo que se denomina la “plusvalía urbana”, que no es propiedad privada de nadie sino colectiva, siendo en consecuencia esto otra forma de estafa.

Ver Tiembla el cordobesismo: Schiaretti se pasó y se encontró con Clarín de punta

Así objetivamente se puede decir que el fiscal rockero sheriff Gavier, que tiene con su ex cuñado según algunas fuentes una buena relación, lo que ha hecho con sus ensañamientos judiciales contra otros desarrollistas urbanos, con alta repercusión mediatica asociada, principalmente a través de La Voz del Interior, es un alto servicio a Edisur. Limpiándola de competencia, para que con el allegado de nuevos  clientes, pueda monetizar la “plusvalía urbana” colectiva, que esta mega desarrollista se ha apropiado.

La Némesis del fiscal rockero duro Gavier

Estas espectaculares andanzas del fiscal rockero Gavier, que impactaban ante los cordobeses como “un hombre con carácter y personalidad”, sumado a que el manejo del embudo de Delitos Complejos lo hizo preservando a todo aquel relacionado con el cordobesismo gobernante, lo hacían un candidato expectable para pasar a lucir su melena rockera como Fiscal General.

Pero algo le pasó en el año 2011 al fiscal rockero duro Gavier. No camino al foro en horas de la mañana, como era de suponer. Sino en horas de la madrugada, camino a su domicilio en Las Delicias por la avenida Fuerza Aérea, tras una sesión de rock duro. Oportunidad en que con su lujoso Land Rover cruzó velozmente un semáforo en rojo, y atropelló a dos humildes albañiles que salían del trabajo y se conducían en una moto, de nombre José Ponce y Lucas Rodríguez.

Provocándole graves heridas a ambos, con múltiples fracturas, que en el caso de Rodríguez demandaron dos años de recuperación, además del destrozo de la moto en que se conducían. Ante ello el fiscal rockero Gavier, trato de huir velozmente, abandonado el Land Rover y llevándose su costosa guitarra electrónica a cuestas, en busca desesperada de un taxi. Lo que fue impedido por los policías intervinientes.

Tras el episodio, se puso en marcha la justicia con el sistema acusatorio de la Docta, no en defensa de las víctimas, sino del fiscal rockero Gavier. El fiscal interviniente hoy fallecido, Jorge Aradas, le devolvió de inmediato el Land Rover al fiscal rockero. Y tardó 60 días en devolver los restos de la moto a su dueño que la conducía, Ponce. A quién además imputo penalmente por el siniestro.

El procedimiento solo comprobó la ingesta alcohólica del fiscal rockero duro, a quien dos testigos lo vieron con la mirada ida, como si “estuviera borracho” u otra cosa. Y allí acabó el procedimiento, dado que el fiscal Aradas, omitió requerir la pericia mecánica que es de práctica en ese tipo de siniestros.

Y tampoco tomó declaración de inmediato a las víctimas, ni a los policías actuantes, ni a los testigos que presenciaron el cruce del semáforo en rojo. Así la complicidad corporativa con el fiscal rockero Gavier, hizo que el expediente careciera de pruebas que lo imputaran certeramente.

Y en consecuencia, tras haber omitido sus colegas reunir las pruebas con el sistema acusatorio,  el procedimiento prosiguió en el juzgado de Control; en la Cámara de Acusación; y en el Tribunal Superior; con las sucesivas decisiones de que la falta de pruebas suficientes, determinaban el archivo de las actuaciones contra al fiscal rockero Gavier. Existiendo en estos momentos un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, presentado ante el Tribunal Superior.

El fiscal rockero Gavier versus gitanos

Mientras trataba de sortear esta complicación, que se le cruzó en su ascendente carrera, el fiscal rockero Gavier, impulsado por sus exageraciones que la diosa Némesis griega castiga de una manera u otra, a fines del 2016 incurrió en otra complicación. Al ampliar telefónicamente a través de un Ayudante Fiscal, una orden de allanamiento y secuestro dirigida contra el gitano Agustín Traico, contra todos los bienes de su madre, Rosa Traico, con quien el imputado convivía. Consistentes en dinero efectivo, alhajas de oro, y 16 rodados que quedaron inhibidos de su venta.

El fiscal rockero Gavier habría incurrido así en un allanamiento y secuestro ilegal, al no tener la facultad para dictar esas medidas, que corresponden al juez de control. Y seguidamente en lugar de enmendar esa exageración, incurrió en otra, al negarse a restituir esos bienes. Y a continuación, al ser denunciado por abuso de autoridad por negarse a esa restitución, con sus exageraciones se encerró en una trampa.

Porque si a partir de la existencia de esa denuncia, devolvía esos bienes, dejaba acreditada su abuso de autoridad. Pero evidentemente el fiscal rockero Gavier tenía la absoluta confianza de que corporativamente la justicia de la Docta, igual que sucedió con el caso anterior de Ponce y Rodríguez, nada de nada haría en su contra.

Lo cual  se encargó de dejarlo confirmado toda la escala jerárquica de la justicia de la Docta. Al disponer tanto su colega del otro embudo, el fiscal Anticorrupción Franco Mondino; como la Cámara de  Acusación; y el Tribunal Superior, en la Casación interpuesta que la Fiscalía General desestimó; el archivo de la actuaciones. Al no advertirse “ningún obrar doloso de Gavier, ni mucho menos la intención deliberada de perjudicar a los miembros de la comunidad gitana”.

No obstante que Rosa Traico se vio notablemente perjudicada, al imposibilitarle la inhibición de todos sus bienes dispuesta por el fiscal rockero Gavier, el atender adecuadamente la enfermedad terminal de su marido, y la discapacidad de su hijo.  

La interposición del fiscal de Cámara Gualda

Pero algo ocurrió no camino al foro, sino en el mismo foro. Dado que sorpresivamente el fiscal de Cámara Raúl Gualda, en noviembre pasado, se despachó con un durísimo dictamen en contra de la actuación del fiscal rockero Gavier. En el cual entre otras cosas expresó que el secuestro y decomiso solo corresponde sobre los objetos “que fueron intencionalmente utilizados para consumar o intentar el delito… “Quedando excluido del decomiso los instrumentos del delito pertenecientes a un tercero no responsable” (CP arto. 23).”

Al respecto reprochó: “Abordamos una problemática que se viene practicando décadas tras décadas de alejarnos de la Constitución y las leyes, quizás con una finalidad de que el principio de legalidad que se atribuye al Estado y que éste ejerce en casos excepcionales, recurriendo a medidas extraordinarias que se hallan más allá, o están al margen, de la legalidad ordinariamente admitida.”

“En la orden de allanamiento como requisito deberá consignarse con precisión qué es exactamente lo que la policía está facultada a revisar y eventualmente a secuestrar, una autorización a la policía para que ingrese a un domicilio a buscar donde sea, a llevarse lo que les parezca, sin que se determine siquiera mínimamente el alcance de dicha autorización, ni qué vinculación tiene la medida que se dispone con lo que viene siendo materia de investigación, equivaldría a una intromisión excesiva en el derecho a la privacidad consagrado en el art°. 18 de la Constitución Nacional.”

Y dirigiéndose directamente en contra del fiscal rockero Gavier, dijo: “La orden no reúne el requisito de ser determinada…esta irregularidad, conlleva la sanción de nulidad, toda vez que se han vulnerado garantías con respaldo constitucional como lo es la inviolabilidad del domicilio advertida en los arts. 45 Const. Pcial. y 18 C.N.”

Y como criticando el temperamento del fiscal rockero, agregó que la justicia “no se lograría acentuando el autoritarismo y la ilegalidad en la averiguación y persecución de los delitos; ni propiciando un derecho oscuro, nocturnal, cuyo pragmatismo son el marco de la injusticia. La experiencia demuestra que no es por esa vía espuria y destructiva del estado constitucional que puede mejorarse la seguridad general que sólo florece y medra si se procede con prudencia.”

“La aspiración legítima a que se imponga el valor seguridad se frustra, según lo comprueba hasta el hartazgo la historia argentina, por la vía del autoritarismo, y se vislumbra, en cambio, en las perspectivas que abren las sendas de la libertad. Es por ello que los requisitos de fundamentación y determinación dispuesto por el Juez no se ha cumplido, y es ahí el problema en el presente caso en el que el automóvil solicitado no estaba “determinado” para procederse al secuestro del mismo, siguiendo el criterio restrictivo que la ley instaura (CPP art°. 3 in fine)…”

“Sin embargo, y conforme surge de las presentes actuaciones, y de las mismas constancias aludidas, el propio Fiscal de Instrucción ordenó que se procediera a su secuestro; disposición legal esta… pero omitió lo que exige el mismo precepto en su § 2° ibidem, obrándose ilegalmente con lo allí previsto, ejecutándose el secuestro de un automóvil Fiat Siena, dominio PEJ644 del cual se solicita su devolución, cuya incautación nunca se requirió…”

“… como tampoco la de un Peugeot 307, dominio IYQ411, por lo que ni tan siquiera pueda presumirse que sea un descubrimiento “casual”, pues no hay coherencia o razonabilidad entre la búsqueda inicial establecida con los rodados secuestrados, ya que el fiscal dispuso el secuestro vía telefónica sin dar las razones o motivos que estén relacionados con el hecho que se investiga.”

Subrayado con negrita, Gualda agregó: “Resulta francamente irrazonable que, estándole vedado al juez interviniente librar órdenes de registro generales, indeterminadas, tal obstáculo pueda ser salvado por el propio Fiscal mediante comunicación telefónica a través del Ayudante Fiscal y los funcionarios policiales a su modo. No pueden ser dejados a la discreción de los funcionarios intervinientes los objetos a secuestrar, transformando la orden en una del tipo expedicionaria, con la finalidad de encontrar cualquier cosa que pudiera revelar pruebas sobre la existencia de un delito.”

“… el derecho a la intimidad de los sujetos pasivos de estas diligencias únicamente cede para posibilitar la incautación de aquello que el juez autorizó vinculada al objeto de la investigación, de modo que si se pretende exceder el acotado marco de la orden judicial, la comunicación y conducta policial y de la orden que estos recibieron por parte del Fiscal de Instrucción a través del Ayudante Fiscal, resultará lesiva del derecho constitucional a la intimidad y consecuentemente sus resultados deberán ser excluidos de la valoración jurisdiccional. Es mas el Sr. Fiscal como el Ayudante Fiscal, sin tomar conocimiento jurídico obraron arbitrariamente…”

“Es decir, por las circunstancias apuntadas, desmesurada y exageradamente se inobservó que la orden estaba destinada a incautar los elementos en ella determinados y no otros… El domicilio sólo puede ser allanado por orden del juez de la causa que son las normas programáticas que exponen e interpretan correctamente a la CN art°. 18 y Constitución de la Pcia. de Córdoba art°. 45. De nada valdría pregonar su alta jerarquía, si en la práctica pudiera soslayarse con interpretaciones complacientes con un abuso de poder…”

“Sólo agregamos que se trata de una clara aplicación del principio ético, según el cual el fin no justifica los medios. Es lícito perseguir al delito y la sociedad tiene el derecho de protegerse contra él. Pero esto no puede hacerse a costa del sacrificio de los principios constitucionales. El loable afán de hacer justicia, no puede obtenerse por cualquier medio.”

Un mes después, en diciembre pasado, en base los mismos argumentos, el fiscal Gualda se pronunció por la devolución de las joyas a Rosa Traico.  Y tras estos sorprendentes dictámenes, que como truenos en una siesta apacible,  rompieron la sempiterna complicidad corporativa judicial en la Docta, el fiscal Gualda se inhibió de proseguir en la causa, por considerarla nula de nulidad absoluta.

Por su parte el abogado patrocinante de Rosa Traico, Marcelo Touriño, en base ese dictamen interpuso una denuncia penal contra el fiscal rockero Gavier, por allanamiento y secuestro ilegal de bienes. Y por su lado la integrante unipersonal de la Cámara 4ta del Crimen, María Antonia De La Rúa, en un alarde grotesco de complicidad judicial, difirió pronunciarse respecto la nulidad.

Y además designó como sustituto de Gualda nada menos que ¡al fiscal rockero Gavier! Quien así en la Docta Córdoba, cumplirá un doble rol de acusador de los Traico, y defensor de sus propias inconductas, como si no existiera un agudo conflicto de intereses entre ambos extremos.

Marcelo Touriño es un reconocido abogado en el foro cordobés, famoso no solo por haber intervenido en causas resonantes, como el enriquecimiento ilícito del gobernador Angeloz, y el vaciamiento del Banco de Córdoba y Social. Sino también por la férrea defensa a ultranza que hace de sus defendidos.

También ha intervenido en las distintas causas de corrupción judicial reseñadas en esta nota, incluyendo las del fiscal rockero Gavier. Por considerar que el perfil aventurero de este funcionario, que se jacta de cuantos ha metido presos y cuantos va a meter, hace que como dijo el mencionado Petrone, “todos estemos en libertad condicional”.

Máxime con la onda del “lawfare”, que ha cundido en el país y la región. Donde la justicia no solo está corrompida para proteger a los poderosos que gobiernan. Sino que doblemente corrompida, también está dispuesta para atacar, procesar, y encarcelar con cualquier argumento, al adversario que se oponga o cuestione a esos mismos poderosos que gobiernan.-