El gobernador Juan Schiaretti aprovecha cada oportunidad que tiene en los medios nacionales para “florearse” sobre los éxitos institucionales de la Provincia de Córdoba: su libertad, su democracia y su independencia de poderes.
Sin embargo, el gobernador construye su poder sobre la base de una dinámica política centrada en la Provincia de Córdoba y sustentada en un régimen de poder personalista. Herencia delasotista, este esquema consiste en un modelo republicano muy limitado, a partir del fuerte control del Poder Ejecutivo sobre la Legislatura Unicameral, la Justicia, y las instituciones de defensa civil.
A su vez, teje los hilos de todo el abanico del poder provincial: oficialismo y oposición. Por otro lado, mantiene disciplinados a los gremios y es laureado por el empresariado cordobés. Todo esto es posible gracias al blindaje político de los medios de comunicación provinciales que, asustados por la discrecionalidad de la pauta oficial, construyen la opinión pública sobre un manto de impunidad.
Radiografía del esqueleto cordobesista: esbozo de rayos X al poder de De La Sota y Schiaretti.
Cordobesismo y República
Hace casi 150 años se gestaba el Unicato de los Juárez Celman en la Provincia de Córdoba. Hoy, otro país después, resurge en la tierra que lo vio nacer. ¿Tiene Córdoba los genes del autoritarismo y el caudillismo? ¿Qué sucede con el modelo republicano allí?
Ver Cómo el Gral. Menéndez y Mario Pereyra cambiaron a Córdoba
El sistema republicano está constituido sobre la base de la división de poderes que, para evitar los vicios de la tendencia propia del poder a la concentración, tiene como finalidad la limitación del poder en vistas a la protección de los derechos individuales, siempre amenazados por la tendencia mencionada. Una de las formas históricas que asumió su debilitamiento en nuestra historia nacional y provincial fue el Unicato, aunque han sido variados los modelos políticos construidos en torno a líderes personalistas.
Se entiende por Unicato a una forma política donde el poder tiende a concentrarse en una sola mano, que se extiende desde el poder Ejecutivo hacia los otros polos de poder del sistema republicano: el sistema legislativo y el sistema judicial. A su vez, intenta colonizar otros ámbitos de la vida política de la sociedad civil, como lo son los sindicatos, el sector empresarial, la prensa, los partidos políticos, entre otros. Esta cultura política delinea con el tiempo un sistema que debilita a la ciudadanía, la desnuda frente al poder, y la torna impotente frente a la constitución de un “Gran Señor” que todo lo hila.
En este marco, el cordobesismo se constituye como la expresión moderna del Unicato en la Provincia de Córdoba. Teñido por discursos, ideologías, prácticas y articulaciones políticas vinculadas al lugar de Córdoba en la política y en el imaginario nacional, y a la relación de esta con el Estado nacional, esta corriente fue la expresión de salida y recomposición política de la crisis del 2001 en la provincia.
Lo curioso es que, una crisis que se sintetizó en el “que se vayan todos”, producto del hartazgo de la ciudadanía frente a una clase política corrupta, poco democrática y muy autocrática, se terminó resolviendo con la constitución de un modelo político carente de mecanismos de control ciudadanos, y de herramientas institucionales que garanticen la división de poder y sus límites.
La experiencia política de Córdoba con la caída del gobernador Eduardo Angeloz, acosado por la justicia cordobesa junto con muchos de sus colaboradores, con los escándalos conocidos como los casos EPEC, Maders, Banco Social, Banco de Córdoba, enriquecimiento ilícito del mismo Angeloz, Medina Allende, etc, dejó un claro mensaje a futuro: es necesario tener control sobre todos los terrenos de la política, para evitar contratiempos y poder tener acceso a la impunidad total.
Ver Córdoba: el trasfondo del asesinato del ex-senador Regino Maders
Ver Escándalo Caso Maders 1: su supuesto sicario Síntora condenado sin pruebas por la justicia de Cba
Y así una de las primeras cosas que hizo el cordobesismo apenas asumió, con José Manuel De la Sota como gobernador y Schiaretti como ministro de Finanzas, fue hacer una purga en el Estado, que también alcanzó al Poder Judicial cordobés. El cual con ciertos aires de libertad, se había vuelto díscolo ante el poder político.
Pero lo hizo “civilizadamente” y sin alharacas, mediante un régimen de jubilación o pasividad anticipada, qué para muchos magistrados judiciales, representó una salida decorosa ante las presiones que estaban recibiendo, y económicamente conveniente, a costa del déficit crónico de la Caja de Jubilaciones estatal.
Seguidamente con mandatos alternados de De la Sota y Schiaretti, este último continuó el legado de su predecesor en la consolidación de este esquema político que, todo parece indicar, quedará en manos de Martín Llayrora. A continuación, analizaremos las patas fundamentales del poder que deberá sostener el futuro gobernador cordobés.
La unicameral: cocina del cordobesismo schiarettista
En una entrevista reciente con Jorge Fontevecchia, el gobernador Schiaretti sugirió que, a diferencia de Nación, en Córdoba existe la independencia de poderes, y que nunca desobedecería una sentencia judicial. Si bien es vox populi entre los entendidos de la política que todo proyecto necesita su propio relato, estos deben tener algún tipo de respaldo en los hechos. En este punto, la cultura política del cordobesismo hace agua por todos lados.
Tras doce años al frente del poder en Córdoba, Juan Schiaretti continuó con la empresa iniciada por De La Sota, construyendo una dinámica de poder hipercentrada en el Ejecutivo provincial, desde el cual colonizó a las demás aristas del sistema republicano. El gobernador heredó y perpetuó un modelo político basado en un poder ejecutivo fuerte, que todo lo observa y todo lo controla.
Tras el arribo de De La Sota a fines de 1999, en el año 2001, muy hábilmente, el incipiente cordobesismo modificó la Constitución provincial para poder concentrar el Poder Legislativo de la Provincia en la Unicameral, dejando parcialmente de lado el sistema de representación proporcional D´Hont. Es que, con este sistema, se unifica la lógica política de la representación del pueblo con la de los distintos departamentos, lo que permitió la instauración del principio “todo para el ganador”.
Al establecer 26 representantes por cada uno de los 26 departamentos de la provincia, de muy distinta tamaño y cantidad de electores, el Ejecutivo se aseguraba poder echar todo el aparato político encima de las elecciones para ganar en cada uno de ellos, y dejar fuera la representación por la minoría. Que necesariamente con el Senado, dotaba de cierta heterogeneidad política al Poder Legislativo, y aseguraba la presencia de la oposición en los escaños.
De esta manera, el cordobesismo bajo el nombre de Unión por Córdoba, Hacemos por Córdoba, u otros, tuvo a disposición la Unicameral con quórum y mayoría propia ininterrumpidamente desde el año 2001. No obstante que entre el 2001 y el 2007, nunca superó el 50 % de los votos para legislador. En el 2001 obtuvo el 45 % de los votos válidos emitidos, en el 2007 el 35 %, en el 2011 el 39%, y en el 2015 el 37 %.
Y recién en el 2019 llegó al 53 % de los votos válidos emitidos para legislador. En una elección atípica, con una baja concurrencia de votantes de solo el 73 % de ellos, y una enorme cantidad de votos en blancos y nulos del 22 %. Razón por la cual la real representación del cordobesismo en la Legislatura fue solo equivalente al 30 % del padrón electoral
Si bien en su momento la reforma respondía al clima de época de la crisis neoliberal (ajustar y reducir gastos), su razón de fondo respondía a la necesidad política de un modelo que torne más controlable y menos impredecible al Poder Legislativo. Al licuar el contrapeso representativo del modelo bicameral, el Ejecutivo cordobés ganó en capacidad de maniobra. La tradición cordobesa –y nacional- de poderes legislativos débiles se consagró institucionalmente con esta reforma. Y, es a partir de este punto, que De la Sota y Schiaretti pudieron extenderse mucho más allá de sus competencias constitucionales.
Es que, la unicameral funciona como la punta de lanza del proyecto schiarettista. En los últimos años funcionó como el despacho de Schiaretti, donde cada discusión legislativa se resumía en tramite administrativo de expedición de los proyectos schiarettistas.
Ver: La estafa de una legislatura “planchada”
Si las elecciones del año 2007 muestran un quiebre, en tanto estuvieron cerca de perder la mayoría absoluta y la consiguieron vía escrutinio definitivo plagado de denuncias, las elecciones del año 2019 muestran el umbral político del cordobesismo.
Ver: Schiaretti: por dos votos controlará la legislatura
En ese año, Schiaretti logro la mayoría absoluta con 49 bancas, contra 21 de toda la oposición en conjunto. En términos de dinámica institucional, el Poder Legislativo no tiene la capacidad política de controlar, monitorear o limitar el poder político del Ejecutivo. Lo cual además simbólicamente se vio reflejado con la inauguración de una nueva sede de la Legislatura, en el mismo predio de la nueva Casa de Gobierno inaugurada años antes, que pasó a denominarse Centro Cívico del Bicentenario.
El schiarettismo presente en el Tribunal Superior de Justicia
En la Provincia de Córdoba todo el aparato de Justicia lo designa el Gobernador con el aval de una simple mayoría en la Legislatura. Como lo establece el Artículo 144, previendo incluso una conversión de funcionarios del Ejecutivo en magistrados judiciales:
“El Gobernador tiene las siguientes atribuciones y deberes: (…) Designa, previo acuerdo de la Legislatura, a los miembros del Tribunal Superior de Justicia y demás tribunales inferiores, y a los miembros del Ministerio Público. En caso de receso de la Legislatura, designa jueces o agentes del Ministerio Público interinos, que cesan en sus funciones a los treinta días de la apertura de la Legislatura. El Gobernador, el Vicegobernador y los ministros, no pueden ser propuestos para integrar el Poder Judicial hasta seis meses después de haber cesado en el ejercicio de sus funciones.”
Es decir, el cordobesismo cuenta con facultades para nombrar jueces, fiscales y hasta para poner a sus propios políticos como funcionarios judiciales, solo con seis meses de cese en sus funciones políticas. Y, no solo eso, también dispone vía unicameral del poder para destituir jueces que no sean afines al proyecto cordobesista. El Artículo 159 establece que:
“Los magistrados y funcionarios del Poder Judicial a que hace referencia el Artículo 144, inciso 9, no sujetos a juicio político, pueden ser denunciados por cualquiera del pueblo ante un Jurado de Enjuiciamiento, al solo efecto de su destitución, fundado en las causas que la autorizan, con actuación del Fiscal General. El Jurado de Enjuiciamiento está integrado por un Vocal del Tribunal Superior de Justicia, cuatro legisladores, letrados si los hubiere, dos por la mayoría y dos por la minoría. El acusado continúa en sus funciones si el Jurado no dispone lo contrario. El fallo debe dictarse, bajo pena de caducidad, dentro de los sesenta días a contar desde la acusación, la que debe realizarse en el término de treinta días de formulada la denuncia, bajo la responsabilidad personal del Fiscal General.”
Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia mantiene hace años buenas relaciones con el poder político cordobés, fundamentalmente con el ejecutivo provincial. La ex presidenta del organismo, María Marta Cáceres de Bollati debe gran parte de su carrera judicial al auspicio de De la Sota, primero, y, luego, de Schiaretti.
Incluso, estuvo involucrada en situaciones algo extrañas, luego del ascenso promovido por Schiaretti. Con el otorgamiento en comodato de un auto de lujo BMW valuado en al menos, US$ 45.000, a una clínica privada donde trabaja la hermana de la magistrada, a nombre de una supuesta fundación que no acredita la experiencia necesaria para recibir esos bienes del Gobierno. Y lo mismo sucedió con determinados legisladores de la Unicameral, entre ellos su presidente provisional y eminente cordobesista Oscar González, quién con otro BMW protagonizo un luctuoso accidente en el camino de las Altas Cumbres.
Por su parte, el actual presidente del Tribunal, Domingo Sesin, sería el alfil histórico del cordobesismo en la Justicia. En el año 2022 asumió por sexta vez la presidencia del Tribunal Supremo. La primera, en 1999. Es decir, desde los orígenes del poder de De La Sota mantiene un dialogo fluido con el poder. O, cabe preguntarnos, ¿estamos ante el más “político” de los jueces? Sin embargo, más de una vez se vio forzado a declarar que el Tribunal “no recibe instrucciones del poder político”. Pero no se conoce la existencia de falló alguno que haya molestado al poder político.
A su vez, el último magistrado en incorporarse al organismo fue Luis Angulo, ex secretario de Trabajo en los años `90, ex ministro de Justicia de De La Sota, y ex Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Schiaretti. Un hombre de las entrañas del cordobesismo para ocupar un escaño en el máximo tribunal de justicia de la Provincia. Es decir, uno de los propios, jugando fuerte en la política del Poder Judicial.
Es la primers designación directa de Schiaretti, que ya contaba con un Tribunal Superior de Justicia conformado en su mayoría por designaciones del gobernador De La Sota (Bollati, Enrique Rubio, Sebastián López Peña, Carlos Garcia Alloco –fallecido-, Mercedes Blanc de Arabel, y Armando Andruet –renunció). Es decir, estamos ante la corte del cordobesismo. La mayoría de sus miembros cuentan o contaron con el aval explícito del poder político cordobesista.
Quizá por algunos de estos favores es que la Justicia cordobesa decidió hacer oídos sordos a la denuncia de Luis Juez en el año 2007 por un eventual fraude electoral. Al interrumpirse sospechosamente el computo electoral mientras se iba imponiendo el candidato a gobernador Juez, para pasar a imponerse el candidato Schiaretti por una escasa diferencia, cuando se reanudó el cómputo. Nadie se atrevió a abrir las urnas… Estos hechos solo generan suspicacias que no aportan a consolidar la institucionalidad de la provincia, sino todo lo contrario.
Supuestamente la democracia requiere una Justicia con independencia, clara, paradigmática, rotunda y transparente. Toda práctica en el sentido contrario debilita su espíritu republicano y erosiona la democracia. Luego, cuando el Tribunal Superior de Justicia falla, como espera que lo haga el Poder Ejecutivo, como lo hizo recientemente convalidando el ajuste previsional de Schiaretti, no queda otro camino que la sospecha
El Consejo de la Magistratura en buenas manos: todos a salvo
De acuerdo a la Ley Nº 8802, el Consejo de la Magistratura cordobesa está conformado por nueve miembros titulares y dos suplentes. De los nueve miembros titulares, cuatro son elegidos por la Legislatura unicameral. Además, hay una representación directa del Ejecutivo en la figura del Ministro de Justicia. El Fiscal General, nombrado por el Ejecutivo, también conforma el órgano.
Entonces, seis de los nueve miembros responden políticamente de manera directa o indirecta al schiarettismo, vía hegemonía total en la unicameral, pertenencia al Ejecutivo, o por designación de este último. Y los tres restantes no están en absoluto exentos de presión schiarettista, ni el representante del Tribunal Superior de Justicia, por lo ya expuesto. Ni los dos representantes de los abogados, que también contarían con el aval del gobierno cordobés, y ni siquiera se prevé en la ley como es su designación. Como ejemplo, el presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Ignacio Segura, es aliado estratégico de Schiaretti y Llayrora –su eventual sucesor-. Tanto, que asiste a sus actos políticos en cuanto tiene la posibilidad…
El organismo es dirigido por Cáceres de Bollati, designada por De La Sota. En una entrevista con Perfil, consultada por las causas de corrupción en la Provincia, dijo que muchas veces “son difíciles de probar” y que, muchas veces, se presentan denuncias “rimbombantes pero con pocas pruebas”. En un claro mensaje institucional, teniendo en cuenta la investidura con la que declara, es un mensaje que deja tranquilo a los funcionarios comprometidos en causas de corrupción en la provincia.
El Ministerio Público Fiscal de Córdoba: otro bastión del cordobesismo de Schiaretti
La casa de los fiscales de Córdoba es otro de los polos de poder a partir de los cuales se asienta el sistema político cordobesista. Su representante es hoy Juan Manuel Delgado, ex procurador del Tesoro de la Provincia de Córdoba. Quien era encargado de cuidarle las cuentas a Schiaretti, ahora se encarga de supervisar las causas judiciales de la provincia. Un hombre de plena confianza del gobierno asumió con una amplia mayoría brindada por el schiarettismo y sus aliados, en una unicameral que prácticamente sin molestias aprobó el trámite.
Por su parte, el Fiscal General destacó como uno de sus principales objetivos la judicialización de los piquetes y de la protesta social. Podemos suponer, que, si no es un pedido directo de Schiaretti, al menos, podríamos pensar que no generó ningún malestar en casa de gobierno.
Ver Porqué en la cuna del Cordobazo el cordobesismo criminaliza la protesta social
Ver CÓRDOBA: El malestar laboral al tope y la solución judicial que se intenta para contenerlo
El magistrado está acusado de hacer primar sus intereses individuales por sobre los intereses y responsabilidades del cargo con el que fue investido. Por ejemplo, en función de su membresía al Opus Dei, intentó vetar la aplicación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Córdoba. En otra ocasión, nombró a dedo, salteándose el orden de mérito, al hijo del juez Juan José Rojas Moresi, en la unidad judicial de Villa Allende, y poco después hizo lo mismo con Pía, la hija del mismo juez. El caso es que el juez Rojas Moresi preside la cámara que lleva adelante el caso Trebucq de defraudación inmobiliaria, en la que estaría involucrado el mismo Fiscal General como asesor de los imputados.
Instituciones de adorno: la Fiscalía Anticorrupción
Existen instituciones que fueron pensadas para velar por la transparencia política y para juzgar los casos de corrupción dentro del Estado, como la Fiscalía Anticorrupcion. Sin embargo, se ha hecho parte de la cultura política nacional y cordobesista, convertirla en un órgano oficial que se encarga más de proteger al gobierno de turno, que de defender la transparencia pública y luchar contra la impunidad. Desde que se creó la primera fiscalía, ningún funcionario schiarettista fue investigado seriamente ni, mucho menos, condenado en causas de corrupción.
A raíz de la poca legitimidad que tiene el fuero creado en 2004, en el año 2017 el oficialismo amagó con desestimar sus funciones. Muy cuestionado por la oposición y la sociedad civil, símbolo de la poca calidad institucional del modelo político cordobés, hasta el mismo Tribunal Superior de Justicia deslizó tímidamente la posibilidad de pasarlo a control del Poder Legislativo, para una mayor transparencia. O, al menos, como un mensaje a la sociedad.
Recientemente, Franco Mondino fue designado como el segundo fiscal del fuero. En medio de una controvertida designación, la unicameral aprobó el pliego y, de esta manera, convirtió al ex asesor de Graciela Brarda, legisladora oficialista del schiarettismo, en Fiscal Anticorrupción para Córdoba Capital. De esta manera, y en base a las denuncias realizadas por la oposición, Schiaretti sumó un fiscal “adicto”. La cercanía política del magistrado da a entender a la población que las causas, en caso de existir, se discutirán “bajo el poncho” con el gobernador. Difícil imaginar un escenario de justicia para el poder schiarettista.
La primera fiscalía está actualmente al mando de Matías Bornancini, quien reemplazó al ascendido Gustavo Hidalgo en el año 2017. Lo de Hidalgo, es historia aparte. Muy cuestionado, tuvo a su cargo causas de corrupción muy importantes como las de Odebrecht; la de la construcción del Camino del Cuadrado y de las Altas Cumbres; el viaje en calidad de invitado de lujo de Ramon Mestre, ex intendente de la capital, por un pool de empresas entre las que se encontraba Ersa, prestataria del servicio de transporte urbano en la docta, etc.
Ver: El Grupo Roggio implicado en las coimas de Odebrecht
Todas ellas archivadas, algunas con apuro en sus últimos días como fiscal anticorrupción. Podríamos pensar que el ascenso, plasmado en el pliego que mando Schiaretti y qué aprobó la unicameral, es un reconocimiento político a su tarea. Con el ex fiscal Gustavo Hidalgo, sumamente cuestionado por serias denuncias, elevado a juez anticorrupccion, asumió el nombrado Bornancini. En el mundo del revés, los fiscales que encubren son ascendidos a jueces.
En base a una investigación periodística realizada por un importante diario porteño, entre ambos fiscales, elevaron a juicio en los años 2018, 2019, y 2020, 53, 71 y 76 causas respectivamente. Menos del 5% afecta directa o indirectamente a funcionarios, el resto, en su gran mayoría, investiga coimas de la policía caminera. La finalidad del fuero de, investigar y analizar el desempeño de quienes asumen la gestión pública, y de sus cuentas, no parece estar realizándose. Ni siquiera es un mensaje hacia dentro de la clase política…
De hecho, las únicas dos condenas por corrupción en los últimos años, fueron en base a investigaciones realizadas por las fiscales Eve Flores y Patricia Bulíes, que no pertenecen al fuero anticorrupción. Dos hipótesis, o no hay corrupción política en la provincia o no se la investiga. Cada quién saque sus conclusiones.
A ese respecto, hubo una muerte violenta que conmociono a la opinión pública. Al aparecer el 1de julio del 2013 flotando en el Río Suquía frente la Casa de Gobierno, denominada con doble sentido El Panal, el ingeniero Marcelo Arias. Que estaba estrechamente vinculado con las mega obras de gas que llevaba adelante el gobierno provincial, como si se tratara de un mensaje mafioso.
La conclusión del perito forense fue que había recibido una feroz paliza, y existían hipótesis que había sido introducido en un camión compactador de basura, donde falleció compactado, y arrojado luego al Rio Suquía. Pero con la aparición del fiscal Guillermo González en la causa –el mismo que funcional al Poder Ejecutivo se encarga de reprimir la protesta social- esta fue cerrada como un supuesto suicidio.
Como consecuencia supuestamente de haberse arrojado desde el puente Sarmiento, hacia la plataforma de cemento que hay a la vera del rio, 7 metros más abajo. Donde sin embargo no quedó rastro alguno del impacto, el que tampoco explica cómo se deformó el anilló que tenía en suma mano. Ni tampoco apareció el maletín que portaba. Lo que en Buenos Aires habría deparado un festín periodístico contra el gobierno de entonces, en Córdoba con la complicidad de la prensa paso sin ningún ruido.
Ver EXCLUSIVO: los siniestros mega gasoductos de Macri y Schiaretti
La prensa domesticada: con la pauta las letras no denuncian
Es difícil imaginar que toda la estructura política y judicial del cordobesismo, se haya construido sin el apoyo de los grandes medios de comunicación de la Provincia y la Nación. O, al menos, la hipótesis más generosa nos conduce a evaluar la posibilidad de una pax cordobesa entre De La Sota, primero, y Schiaretti, luego, con la prensa.
En este marco, la pauta oficial es la torta de la que dispone el Ejecutivo para domesticar a los medios que se desviven por ella. En un informe de FOPEA (no de la Red Nacional de Medios Alternativos, justamente) denunciaba el enorme poder de veto, de autocensura y presiones, del que disponía el gobierno cordobés en función del criterio de distribución de la pauta oficial.
En ese momento, la pauta se distribuía entre La Voz del Interior (Grupo Clarín), Radiodifusora del Centro (Cadena 3), Telecor (Canal 12 – Grupo Clarín), Telefé (Canal 8), Centromedia Producciones (El Show de la Mañana, Canal 12 – Grupo Clarín), Contenidos Mediterráneos (Diario Día a Día), Hoy Día Córdoba y Radio Mitre Córdoba (Grupo Clarín). Es decir, los medios con mayor poder de influencia sobre la construcción de la opinión pública provincial.
Ver Córdoba: asediados por el grupo Clarín, Cablevisión y Telecom
En este marco, con medios de comunicación tan dependientes del Ejecutivo provincial, el cordobesismo habría contado con un gran blindaje mediático en los últimos veinte años. Condición de posibilidad de la impunidad y el silencio.
En el informe mencionado se asegura que casi el 40% de los periodistas encuestados reconocen haber recibido presión del gobierno. Y que, de ellos, el 40% publicó de igual manera la noticia, el 20% denunció el hecho, el 24% decidió levantar la nota, el 8,5% modificó la nota, y el 7,5% reconoció haber sufrido consecuencias laborales o personales por no hacerlo.
La falta de regulación que existe en torno a la distribución de la pauta oficial, es un mecanismo de poder que concentra en las manos del cordobesismo el “parte y reparte” de la misma. Si no hay institucionalización, hay discrecionalidad.
Otro de los problemas que agrava la situación de la prensa en Córdoba es la existencia de la censura. Hay temas que están vetados en los principales medios de comunicación de la Provincia. Temas sensibles como la corrupción o la persecución política no tienen lugar allí. Nadie quiere que el proveedor esté descontento.
El modus operandi de la censura del cordobesismo, se puso de manifiesto en el brutal cierre del programa de televisión “Ojos de la justicia”, que antes de las elecciones del 2019 denunciaba los chanchullos del candidato a vicegobernador de Schiaretti, Carlos Calvo, con su amigo del alma, el contratista de obras públicas Diego Vitali. Esa despiadada censura estuvo además matizada por la extraña muerte que tuvo el conductor de ese programa poco después, y el incendio de su estudio de grabación. Lo que -nuevamente- en Buenos Aires habría deparado un festín periodístico contra el gobierno, en Córdoba con la complicidad de la prensa pasó también sin ningún ruido.
Ver: Brutal censura a un programa de TV que denunciaba la corrupción en Córdoba.
El defensor del pueblo a ambos lados del mostrador
Como se ve en la imagen de abajo, el Artículo 124 de la Constitución cordobesa estipula las competencias del Ombudsman, que, claramente, delinean una práctica de independencia política del gobierno del Estado y de los partidos políticos. Y que, en los papeles, debería funcionar como una institución que blinde a la ciudadanía de los abusos de poder estatales y no estatales.
En la Provincia de Córdoba hace quince años que Mario Decara ejerce el rol. Designado y auspiciado por Schiaretti, en alianza con su partido de origen, la UCR, lleva tres elecciones consecutivas con apoyo total de las principales fuerzas políticas. De larga trayectoria política en el espacio mencionado, quedó en el ojo de la tormenta por sus intenciones de disputar las elecciones para intendente de Córdoba Capital.
Lejos de la política aguerrida de defensa de la Constitución y de la ciudadanía, Decara, por ejemplo, intervino sobre el fallido proyecto de re reelección de intendentes que postulaba la institucionalización de la permanencia eterna de los caudillos del interior en el poder de la siguiente manera:
Es que, más allá de la problemática lista de prioridades del Ombudsman, que prioriza las necesidades políticas de la casta cordobesa, y torna a la Defensoría del pueblo en una consultora, la figura requiere un rol activo que Decara nunca tuvo. Y, por eso mismo, el cordobesismo, en connivencia con la oposición, lo reelige una y otra vez. A tal punto, que ahora consideraría tomar vuelo propio en la política. Bueno, vuelo propio siempre y cuando Schiaretti le permita volar…
En su curriculum Decara cuenta con denuncias por fraudes inmobiliarios y hasta robo de energía y por su participación política en el ámbito de la UCR, expresamente prohibida por la ley Nº 7.741 que regula las funciones del Ombudsman. El correlato de estas denuncias es poner sobre la mesa el supuesto pacto político de la UCR y sus intendentes con el gobierno de Schiaretti… Es que Decara es un dirigente importante del radicalismo cordobés lo que, ante la sociedad, podría generar recelos sobre la posibilidad de utilizar instituciones republicanas para impulsar políticamente a candidatos de la oposición, con aval del oficialismo provincial.
Connivencia entre los gremios y el ejecutivo cordobés: simbiosis política o nada
Una de las patas fundamentales del cordobesismo siempre fue construir una simbiosis de poder entre los gremios y el poder político. Una paz que permita estabilidad política frente a los trabajadores, gobernabilidad y mejores condiciones sociales. Esto, por supuesto, responde a uno de sus afluentes ideológicos y políticos fundacionales: el justicialismo.
El cordobesismo tiene relaciones y dialogo muy aceitados con gremios claves, fundamentalmente en el sector estatal y educativo, pero también para los trabajadores viales, de seguridad y judiciales. Todos estos sectores acaban de cerrar paritarias alrededor del 50 o 60% de aumento, muy por debajo de la inflación interanual y en un contexto de devaluación e incertidumbre política. No por nada las 62 Organizaciones Peronistas intentaron el año pasado impulsar la candidatura de Schiareti para las elecciones presidenciales…
Ver DOCENTES CORDOBA: los disparates del secretario Monserrat que lo hacen inepto para el cargo
Sin embargo, en algunas ramas importantes del sector privado de la Provincia, el schiarettismo se planta como garantía política del ajuste económico, y avanza sobre los convenios colectivos de trabajo, como lo hizo ante el sindicato de Luz y Fuerza en su momento.
Por otro lado, cuando los sindicalistas establecen relaciones carnales con el Ejecutivo, como es el caso de los gastronómicos de Luis Barrionuevo, suelen ser cumplidos todos sus caprichos. La misma estrategia política que delinea toda la estructura cordobesista se dirime aquí: conmigo todo, sin mi nada. Mientras tanto, la situación social y económica deteriora cada vez más los salarios y las condiciones de trabajo de la clase trabajadora, el malestar laboral crece, la justicia y el gobierno hacen la vista gorda.
Ver: El malestar laboral al tope y la solución judicial que se intenta para contenerlo.
Amo y señor de Córdoba, Schiaretti hace y deshace con los gremios a su gusto. Sin el pulgar neroniano, no hay negociación posible.
Ver: Gobernador Juan Schiaretti amo y señor de Córdoba
Empresarios peronistas o peronismo empresarial
Bien sabido es que los empresarios no suelen tener ideologías políticas muy definidas o radicales, más allá de su ethos fundamental: acumular y acumular. Por ello, nadie podría decir que el empresariado cordobés y las empresas radicadas en Córdoba representan el emblema del empresario nacional clásico del peronismo. Sin embargo, son conscientes que bajo el cordobesismo, tienen condiciones y garantías para mantener la productividad laboral, para mantener crecientes, o al menos constantes, las tasas de ganancias, y para mantener disciplinados a los gremios, a partir del control político que ejerce Schiaretti.
A su vez, Schiaretti es embebido como representante del empresariado cordobés en la Nación, fundamentalmente en torno a la disputa por los subsidios nacionales. Tanto el cordobesismo como las cámaras empresariales, hacen correr la voz hace tiempo sobre la desigual distribución de los mismos, en favor del AMBA.
Es por ello que, por ejemplo, en su momento el Círculo Rojo vio con buenos ojos una candidatura de Schiaretti para las elecciones del corriente año. Las cámaras empresariales le prestan sus micrófonos: Fundación Mediterranea, OEI, CAME, AEA, la Bolsa de Comercio de Córdoba, entre otras. María Pía Astorí, en la cena de la Fundación Mediterránea que preside, le dijo a Schiaretti, quién había sido ejecutivo de su empresa Astori Estructuras: “Esta es tu casa”.
“Será muy difícil reemplazar a Schiaretti”, dicen algunas voces del periodismo sobre el estado de ánimo en el empresariado cordobés. Manuel Tagle, de la Bolsa de Comercio de Córdoba, declaró que “habiendo cumplido una gestión exitosa, la sociedad convalida al gobernador para cumplir un rol importante en la sociedad”.
Las cámaras agropecuarias, por su parte, siempre tuvieron buena relación con Schiaretti, desde el apoyo obtenido por el conflicto de la famosa Resolución 125. Jorge Chemes, de Confederaciones Rurales Argentinas, dijo que le gustaría ver a Schiaretti como presidente en su momento.
Además de gestar círculos de acumulación privilegiados para amigos, el cordobesismo ofrece una piedra invaluable en la cultura empresarial nacional: impunidad. Fundamentalmente a través de la obra pública. El Grupo Roggio y sus negocios son una muestra clara de ello.
Ver: Biografía de Aldo Roggio, de colonizar la obra pública al holding de la corrupción.
Control político total: puertas adentro y puertas afuera
Podríamos decir que todo lo previo puede ser posible gracias al control férreo y vertical del Ejecutivo cordobés sobre sus propias filas partidarias, que controlan o que, al menos, tienen gran influencia sobre todos los ámbitos del poder en Córdoba. Sin embargo, el cordobesismo de Schiaretti tiene la característica particular de delimitar también la estrategia política de la oposición, fundamentalmente de la UCR y el kirchnerismo. Y también del PRO, al haber sido ejecutivo de SOCMA (Sociedad Macri), manteniendo desde allí una estrecha amistad con Mauricio Macri.
Ver Macri y Schiaretti: unidos por el contrabando
Ver Una trama de negociados explica el concubinato entre Macri y Schiaretti (I): La offshore de De la Sota y otras
Ver Concubinato Schiretti & Macri (II): los negocios comunes del cordobesismo con el grupo Macri
Una oposición que, si bien tiene intereses propios y, si pudiese, prescindiría de Schiaretti y el cordobesismo, vive, se estructura, y se acomoda en el esqueleto y el funcionamiento político del cordobesismo. Como no se les otorga lugar para disputar el poder interno de la Provincia, juegan como agentes de poder internos, subordinados a las estrategias electorales de sus sectores políticos en el marco de las disputas nacionales.
Y, por su parte, el cordobesismo relega sus pretensiones de expansionismo federal a cambio de consolidar su poder interno. Estamos hablando de una de las Provincias más pudientes del país y de mayor peso político. No olvidemos que Córdoba con sus votos terminó sentando a Mauricio Macri en el sillón de Rivadavia en el balotaje del 2015, con el abierto y desembozado apoyo del cordobesismo en el acto electoral.
Ver Mestre, el cordobesista que dinamitó Cambiemos
Sacando a los partidos minoritarios, que no determinan los grandes movimientos de la política provincial y nacional, el cordobesismo de Schiaretti tiene un gran control sobre la política cordobesa. Ningún movimiento importante se decide por fuera de Casa de Gobierno.
En este sentido, el PRO acordó dividirse en su momento, para no disputar el poder en Córdoba y asume un rol de “oposición light”. De la misma manera que la UCR con Ramón Mestre acordó espacios de poder, para obtener la intendencia de la capital, y mantener algunas intendencias del interior, a cambio de acompañar en los proyectos importantes, y oponerse en los más intrascendentes.
En ambos casos, el cordobesismo otorga votos y apoyo político en la arena federal. Y no obstante que ahora lo niega, Schiaretti pagó en el 2007 con el espaldarazo a Cristina Fernández de Kirchner, y luego De la Sota hizo lo mismo en el 2011. Por otro lado, el kirchnerismo, que odia visceralmente a Schiaretti, sabe que una disputa abierta con el cordobesismo lo deja fuera de la estructura política del PJ cordobés y que, a su vez, también necesita grados de entendimientos con él, a cambio de moderar el tono opositor de Schiaretti en la Nación.
Herencia cordobesista
Si el aparato político resulta eficaz, todo indica que Llayrora será el encargado de sostener la maquina política en movimiento. ¿Cual es la Córdoba que hereda? La Córdoba del Unicato, del poder concentrado, de la falta de división de poderes, de la falta de mecanismos de control de la ciudadanía, de la falta de libertad de prensa, del control de los sindicatos y del empresariado, como de toda la política cordobesa. Menudo poder.
Ver El linchamiento de Balbo, el muerto de la Mona, y la lumpenización de Córdoba la Docta
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