Para mantener la motosierra a toda marcha y tener prolijos los números del Excel del supuesto superávit fiscal, el gobierno de LLA viene concretando la adjudicación a distintas empresas el plan denominado Red Federal de Concesiones (RFC). Desde Casa Rosada, sostienen que son más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, cuya inversión sería “100% privada, con el objetivo de rehabilitar la infraestructura vial, mejorar la seguridad, reducir costos logísticos y fortalecer la competitividad”.
Para eso, las licitaciones tuvieron como objeto “la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento, prestación de servicios al usuario y la realización de nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje”.
Es decir: en lugar de transferir fondos públicos a las concesionarias, estas deberán auto sustentarse con lo que ganen en las cabinas de peaje y con la “sub-concesión” de espacios a otros privados que quieran brindar servicios, como espacios publicitarios, gastronómicos, etc.
El Estado nacional ha tomado nota de que el deterioro de las redes viales troncales viene generando peligros mortales por accidentes y siniestros. Como así también posibles problemas para el traslado de cargamento de materia prima exportable, o insumos a esos efectos como es la arena que demanda Vaca Muerta. Para aprovechar las condiciones climáticas favorables y algunos commodities en alza, que hoy en día es lo único que permite sostener con dólares frescos al actual régimen económico, mientras prende velas para recibir más préstamos de EEUU.
Acorde a sus denuncias contra la casta, los empresarios prebendarios, y la Cámara de la Corrupción, el gabinete encabezado por el presidente Javier Milei sostienen que este proyecto no le costará nada al Estado. Que la tarifa del peaje sólo se actualizará en base a “índices oficiales”, y se realizará sin barreras y mediante el cobro electrónico para “agilizar la circulación y reducir los tiempos de viaje”.
Y también eliminar puestos de trabajo, dejando así sin objeto al SUTPA (Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines) cuyo secretario general es el play boy Facundo Moyano. Hijo de Hugo Moyano secretario General del “Sindicato de Choferes de Camiones de Buenos Aires y Obreros y Empleados del Transporte de Cargas por Automotor, Servicios, Logística y Distribución”. Por lo cual toda la cuestión de trnsporte vial quedaba en la familia.
La Red Federal de Concesiones (RFC). está compuesta por las Etapas I, II-A, II-B y III. Pero lo que importa es que cada etapa tiene sus propios tramos, que son en su totalidad 16. Todas ellas con sus distintos colores se despliegan en el siguiente mapa.
En la imagen, podemos ver que la provincia de Córdoba está atravesada por tres tramos. La línea negra que arranca desde el centro y apunta al sureste es el Tramo Centro (Etapa III), tiene una longitud de 681,92 kilómetros y atraviesa tramos de las rutas 9 (que oficialmente empieza desde el empalme de Ruta Nacional A-008 en Rosario hasta el acceso a Córdoba); 19 (desde Ruta 11 en Santo Tomé hasta el límite interprovincial); y 34 (desde A-008 en Rosario hasta la 19).
Mientras que el celeste es el Tramo Puntano (Etapa II-B), que recorre 720 kilómetros por las rutas 8 (desde Pilar hasta la Ruta Nacional 7 en Villa Mercedes); 36 (de la Ruta Nacional 8 en Río Cuarto hasta la ruta A-005 en la misma ciudad); A-005 (desde la 8 hasta la 36 en Río Cuarto): y 193 (desde la ruta 9 en Buenos Aires hasta la 8 en Solís).
El tercer tramo amarillo es el Mediterráneo, de 672,32 kilómetros, y se compone de parte de las rutas 9 (desde el acceso oeste de Luján hasta el límite entre Córdoba y San Luis) y 35 (desde la ruta nacional 7 en Vicuña Mackenna hasta la 8 en Santa Catalina).
Pero los más llamativos son los dos primeros, en donde recientemente fueron ganadoras para esas concesiones empresas -que igual que en otras regiones del país- están ligadas a la cartelización de la obra pública, en el financiamiento de campañas, y la sospecha de testaferros. Donde incluso se especula que estarían detrás las versiones paisanas de Lázaro Báez, el empresario vial condenado por delitos económicos, acusado de malversar fondos en beneficio del matrimonio Kirchner.
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En el Tramo Centro, en base a la Resolución 1.379 del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, emitida el 24 de agosto pasado, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que ganó la licitación está conformada por Afema SA, Pablo Federico e Hijos SA y Guido Mogetta SA. Para los peajes, empezarían a cobrar $1.399 sin IVA, actualizado a valores oficiales de la inflación durante 20 años.
Afema y Pablo Federico son dos constructoras muy conocidas en la provincia de Córdoba. La primera, por ejemplo, ha llevado a cabo trabajos en la ciudad capital, como pavimentación y cordón cunetas. La familia Pablo Federico ha hecho trabajos más sofisticados. En el verano del 2025, una de sus maquinarias rompió un conducto de gas en la ejecución de la avenida circunvalación de Villa María, lo que generó una explosión que provocó la muerte de dos personas.
En la causa judicial fueron imputados tres ingenieros y un capataz, luego de unos allanamientos realizados en la sede de la constructora. Además, un fallo de la Cámara de Acusación en 2018, determinó que por lo menos en diez hechos en los años 2014 y 2015, Pablo Federico habrían presentado documentos truchos sobre el pago del impuesto al sello. A pesar de este escándalo, no hubo empacho en la provincia para que siguieran participando de todo proceso licitatorio habido y por haber.
Tanto Afema como Pablo Federico e Hijos fueron aportantes de las campañas del PJ cordobés, en tiempos donde se escudaba en el sello “Unión por Córdoba”. A partir de 2019, los nuevos frentes electorales que recurren al verbo “Hacemos”, se pusieron como premisa no recibir fondos directos de las constructoras, a partir del escándalo de la causa Cuadernos y del caso Báez.
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Pero existe acá un tercer eslabón sorpresivo: Guido Mogetta SA. Se trata de la constructora de la familia de Franco Mogetta, exsecretario provincial de transporte de Córdoba en la última gestión de Juan Schiaretti como gobernador. E inmediatamente después, primer secretario de transporte nacional de Javier Milei.
Franco Mogetta era, dentro de los cordobeses, el más entusiasta con el proyecto auto percibido libertario, por ello insistentemente publicaba fotos con la gorra “Make Argentina Great Again” y todo lo relacionado con el color violeta. Sin embargo, a finales de abril de 2025, presentó su renuncia sin mucha explicación, y hoy solo se enfoca a nivel público, en el running, realizando sus recorridas en su provincia natal, Catamarca, al menos que se trate de un homónimo.
Pero evidentemente, su alejamiento en Casa Rosada no le habría impedido sacar provecho en los nuevos negocios que brinda la actual gestión, en este caso la repartija de caminos nacionales. Y curiosamente, lo hizo en acuerdos con dos firmas –Afema y Pablo Federico– que se han acostumbrado a realizar migas con el sector político para obtener concesiones.
Por otro lado, en el caso de Tramo Puntano, el gobierno otorgó la adjudicación, vía Resolución 1.186 de Economía, a las empresas Basaa SA y CECOSA SA. Ambas firmas tienen sus sedes porteñas. Pero la primera es presidida por el empresario Horacio Miró, quien de la anda pasó a ganar importantes contratos con el estado cordobesista, de la mano de los gobernadores José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti. En ese entonces, lo hacía mediante la constructora Britos SA, que cayó en desgracia en 2014 por un escándalo de cámaras ocultas. Miró tuvo que regresar a Buenos Aires y cambiar el nombre de su compañía.
En ese entonces, tanto sectores opositores como la prensa sostuvieron que Miró actuaba como un testaferro o Lázaro Baez de De la Sota. Casualidad o no, un comentario similar provino desde Catamarca reproducido por el portal La Política Online, respecto que Mogetta es “el Lázaro Báez catamarqueño”.
Esa fuente sostiene que esa “adjudicación en cuestión fungió como prenda de negociación de Jalil con el Gobierno [nacional] para definir el voto de legisladores catamarqueños en próximas leyes de interés de Milei, entre ellas la eliminación de las PASO”. A su vez, la empatía entre Jalil y Mogetta se sustentaría en los múltiples contratos que recibió Guido Mogetta SA en la provincia de Catamarca. Como las obras de la Ruta Provincial 43; la Ruta 1; el Paseo Religioso Virgen del Valle; y el autodenominado «puente más largo de Catamarca» inaugurado en el cierre de agosto sobre el río Santa María.
Se trata de fondos públicos gastados por más de $3.500 millones. Incluso, la constructora firmó un convenio con el ministerio provincial de Educación para un campus que formará operadores de maquinaria vial. “A la semana siguiente de la entrega de la concesión de la autopista Rosario-Córdoba a Mogetta, el Gobierno logró aprobar en Diputados la reforma de la carta orgánica del Banco Central. Ahí, los diputados de Jalil no mostraron resistencia y se abstuvieron”, señala LPOnline.
Si las presuposiciones son correctas, la situación también podría aplicarse a alguien que de a poco se va acercando nuevamente a la provincia donde más fondos públicos le ha otorgado, que no otro que Horacio Miró.
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Se sabe, traslucido en las votaciones en el Congreso Nacional, que los gobernadores peronistas Martín Llaryora de Córdoba y Raúl Jalil de Catamarca tienen cierta empatía con el actual gobierno nacional, aunque quizás con distintas velocidades. Para el catamarqueño, es fundamental la llegada de inversiones que ofrece el RIGI para el rubro minero.
En el caso del cordobés, que cuenta con más desventajas debido a su geografía mediterránea, se enfoca en los acuerdos que la habiliten a emitir bonos de deuda en el extranjero, para de esta manera solventar la obra pública local en tiempos donde no hay plata.
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Milei y Llaryora: el antecedente de la rosca rutera
Apenas ingresó a la Casa Rosada, Javier Gerardo Milei comenzó el proceso de aniquilación de la obra pública a través de la mentada motosierra. Una de las pruebas más palpables de ese ajuste se ve en el nulo mantenimiento de las rutas nacionales, que implica el riesgo de mayores accidentes viales con víctimas fatales.
Según la Oficina de Presupuesto de la secretaría de Hacienda, el Gasto de Capital promedio mensual anual, como se puede ver en el siguiente gráfico cayó de $ 1,78 billones mensuales en el 2023, a $ 0,38 billones en 2024; a $ 0,34 billones en 2025; y a $ 0,26 billones en 2026. Pudiéndose observar que Transporte (línea amarilla) fue una de las mas afectadas, al brindar un “encefalograma” casi plano desde 2024 en adelante, representativo de la muerte vial.
Sin embargo, la expertise del cordobesismo en materia de infraestructura expuso una vez más su capacidad anfibia. El 11 de junio de 2024, seis meses después del ascenso de Milei a la Presidencia, el Senado de la Nación estaba debatiendo la Ley Bases propuesta por el gobierno nacional, la cual se aprobaría esa misma noche.
En ese entonces, hubo una fuerte represión policial en las calles porteñas contra quienes se manifestaban contra la ley ómnibus. Mientras eso ocurría, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, había anunciado una serie de acuerdos con Guillermo Francos, el jefe de Gabinete de ministros de la Casa Rosada de ese entonces.
El acuerdo consistió en que Nación transfería a Córdoba la responsabilidad y fondos para la obra de la autovía de la Ruta Nacional 19 que une Córdoba con San Francisco. Además, la Nación se comprometió a concluir otras dos obras viales: la Circunvalación de la ciudad de Villa María y la autovía Holmberg – Río Cuarto.
Junto a Francos, en la firma del acuerdo con Llaryora, estuvo por parte de la Nación el cordobés Luis Giovine, ex-presidente de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) y secretario de Infraestructura de la Nación. Mientras que por parte de la Provincia, además del gobernador, estuvo Fabián López, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos. Desde la provincia, aseguraron que esas obras viales son “claves para el desarrollo productivo de la provincia y el país”. La razón, lo muestra el siguiente mapa: el paso habilitado sobre la zona núcleo sojera, como así también las extensiones transfronterizas.
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El clan Mogetta, de Catamarca a Córdoba
Guido Mogetta SA es una constructora catamarqueña creada en el año 1979. En realidad, funciona como una sociedad holding accionista de otras firmas dedicadas a distintos rubros, como colectivos de línea, canteras, y servicios mineros. Su fundador, Guido Mogetta, falleció en el año 2015 y es el padre de Franco Mogetta. El joven Franco vino a estudiar a Córdoba, en la Universidad Blas Pascal. En ella, se cruzó con otros referentes de quienes serían la versión cordobesa de LLA, como Gabriel Bornoroni y Andrés Bauza.
Con el título de abogado en mano, Franco Mogetta se dedicó a algo insólito para quien se adherirá a la cosmovisión libertaria de derecha: era el asesor laboral de un gremio. En este caso de la UTA Córdoba, es decir de los choferes de colectivos. Lo insólito es que viene de una familia burguesa dueña de ómnibus en Catamarca.
En el segundo mandato de Schiaretti como gobernador, Mogetta desempeñó el cargo de secretario de Trabajo y Relaciones Laborales de la provincia. Y al tercero y último, asumió como secretario provincial de Transporte. El 12 de julio 2023, en plena campaña electoral de Martín Llaryora, según las planillas entregadas a la Justicia Electoral, el frente oficialista Hacemos Unidos por Córdoba recibió $15,6 millones enviados desde dos cuentas registradas en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a nombre de dos empresas: Construire SRL y Audes SA.
La primera integra el consorcio de Guido Mogetta SA. Y si bien no hay confirmación de la segunda, sí es llamativo que hayan donado para una campaña electoral de otra provincia el mismo día. Además, ambas han recibido encargos por parte de poderosas empresas mineras cordilleranas que extraen litio, como Liex SA, subsidiaria de la multinacional china Zijin, para el proyecto Tres Quebradas en la localidad catamarqueña de Fiambalá.
El grupo Mogetta realiza, a la vez, contrataciones con una constructora muy conocida y polémica en Córdoba: Boetto y Buttigliengo Constructora (BBC), última accionista privada de la empresa estatal Caminos de las Sierras SA. Concesionaria de la Avenida de Circunvalación Agustín Tosco, encargada de licitar las grandes obras que se hicieron para completarla, y construir los enlaces viales que conectan la capital cordobesa con las localidades cercanas.
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BBC también realiza trabajos en las minas metalíferas, y junto con Audes SA armaron un consorcio para la construcción de un acueducto en Antofagasta de las Sierras, también en tierras catamarqueñas. En la época de Unión por Córdoba, cuando se candidateaba De la Sota como gobernador, era común que los dueños de BBC donaran fondos para apoyar sus campañas electorales.
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Franco Mogetta no solo fue uno de los primeros “cordobesistas” en participar del gabinete de Milei, sino que incluso fue el más entusiasta en apoyarlo. En mayo de 2025, dejó su cargo como secretario nacional de Transporte, circulando la sospecha que lo convenció de ello el operador Santiago Caputo, para disputarle el espacio en la campaña al sector de Karina Milei, encabezado por Gabriel Bornoroni, proclive candidato a la gobernación en 2027. Frustrado ese intento, Franco se dedicó al deporte del running, mientras que a la vez lanza algún guiño de beneplácito tanto al gobernador Jalil como al presidente Milei.
Catamarca siendo próspera 💪🏽🇦🇷
https://t.co/V7LWzShc4A— Franco Mogetta (@FrancoMogetta)
June 23, 2026
Lloran, gritan con histeria e ignorancia. No soportan que Milei sea el Presidente con mas claridad en el reclamo. Dicen: si defiende las Malvinas, pero no como nosotros queremos (con cantitos y trapos). Que lumpenaje insoportable, traidores a la patria. Las Malvinas son y serán…
— Franco Mogetta (@FrancoMogetta)
September 4, 2026
Horacio Miró, ¿el retorno del Lázaro Báez cordobesista?
Si bien es origen porteño, Horacio Omar Miró hizo sus grandes negociados en Córdoba, apenas asumió por primera vez como gobernador José Manuel de la Sota, en pleno cierre del siglo 20. Ambos intentaron privatizar empresas públicas provinciales y manejar los préstamos externos. De ahí, Miró saltó al ámbito privado al comprar la constructora familiar Britos SA, con la cual pasó a ser, en poco tiempo, una contratista privilegiada del estado cordobesista durante más de una década.
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La primera gran obra que ganó Britos SA, gestionada por Horacio Miró, fue la construcción del segundo tramo del Camino del Cuadrado, un paso vial de montaña que une las Sierras Chicas con el Valle de Punilla, mediante una UTE con Helport SA. La constructora del magnate Eduardo Eurnekian, el ex patrón del presidente Milei, que le compró a De la Sota en cómodas cuotas a precio vil el terreno del ex-Batallón 141.
El último gran espacio vacío que quedaba en el centro de la capital cordobesista. Y parte de esa contraprestación habría sido la adjudicación de esa obra con el súbito salto de Miró de alto funcionario a alto empresario. En cuanto las aventuras de Eurnekian un notable empresario de la casta, hay mucho para hablar pero escapa al contenido de esta nota.
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Desde entonces, el Cuadrado está sin terminar y su trayecto sufre reiteradas interrupciones por los recurrentes desmoronamientos de la montaña, cuyos sucesivos arreglos siguen engrosando el gasto público. Obra que además registro un sugestivo cambio de traza, como para beneficiar tenedores de terrenos vinculados con la política.
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El otro gran negociado para Britos SA y Horacio Miró fue la primera licitación para los gasoductos troncales lanzada en el primer gobierno de Juan Schiaretti (2007-2011), de la que resultaron ganadoras, junto con la brasilera Andrade Gutiérrez y Electroingeniería. Sin embargo, el proyecto fue anulado por el propio De la Sota en medio de misteriosas muertes, disputa políticas con el gobierno nacional de ese entonces, y vehementes sospechas de corrupción.
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En diciembre de 2014 se desató un fuerte escándalo en Córdoba, a partir de la filtración de cámaras ocultas hechas por el conductor televisivo Tomás Méndez, antes de su arribo por a los canales de televisión porteña, adonde huyó como consecuencia del mismo. En ellas se registraban conversaciones con el empresario Hermann Karsten, entonces director de Kolektor, encargada de la recolección de los tributos provinciales, y socio de Miró en otros negocios.
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En ese material audiovisual, Karsten acordaba pagar mediante pauta oficial, o encubriéndola mediante empresas privadas contratistas del Estado, para evitar que se omita hacer referencia a Horacio Miró como el “Lázaro Báez” de De la Sota.
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Ante ese escándalo Horacio Miró inició una demanda judicial contra el columnista Lázaro Llorens, del presente portal, por daños y perjuicios, e incluso contra la mismísima empresa Google, para exigir que las notas del presente portal sean canceladas.
A pesar de esos vanos intentos de limpiar su imagen, Britos SA dejó de existir como tal. Y se transformó en una empresa porteña de nombre Basaa SA, como modo de encubrir su oscuro pasado, borrando toda referencia a su pasado cordobés. Pero eso no evitó que en su propia página web incluyera, entre sus fotos en galería, al más que notable Camino del Cuadrado, cuestionada por la sociedad cordobesa por su demanda de gastos e impactos ambientales. Pero por las dudas, la web no aclara el nombre de la obra.
Dos años después, en 2021 se licitó la etapa final de la Red Colectora Cloacal Máxima de la Cuenca Media para el saneamiento del lago San Roque. Las obras, que abarcan a las localidades de Bialet Massé, Santa María de Punilla y Cosquín, fueron adjudicadas a Supercemento SAIC y Bassa SA, la remozada empresa de Horacio Miró, señalado de haber sido testaferro de José Manuel de la Sota.
Quien falleció súbitamente en el 2018 en un accidente de tránsito, a partir del cual, como suele suceder en el caso de testaferros, Miró súbitamente desapareció de los lugares que solía frecuentar en Córdoba. Para regresar disimuladamente recién tres años después, pero con otro nombre.-
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