Los “estacioneros” Pinasco: del Lava Jato a armadores de Bornoroni y Karina en Córdoba se estacionaron en PAMI Rio Cuarto

Los “estacioneros”, así conocen en Córdoba a los responsables del armado político-electoral de La Libertad Avanza. El líder de los estacioneros, de allí, su mote, es Gabriel Bornoroni, titular de la Federación de Expendedores de Combustibles del Centro de Argentina (FECAC) y presidente del bloque de Diputados de ultraderecha.

Responde directamente a Karina Milei, y en segundo orden a Martín Menem, titular de la Cámara baja. Bornoroni es un menemista del siglo 21 en el sentido estricto: por sus prácticas y sus socios en su estudio: Marcos Patiño Brizuela y Andrés Bauzá, designados al frente de las delegaciones de PAMI y ANSeS en Córdoba. Este último, hijo de Eduardo Bauzá, ministro del Interior, de Salud, secretario General de la Presidencia y jefe de Gabinete del gobierno de Carlos Menem.

Además, por responder directamente al “Jefe”, como el presidente Javier Milei llama a su hermana, Bornoroni es la figura del armado cordobesista. Tanto por sus aceitadas relaciones con el schiarettismo –fundamental para que la ultraderecha aplastara con 74% de los votos en el balotaje al centroderechista Sergio Massa-, como con el mileísmo gobernante.

También, como neomenemista, el jefe de la bancada mileísta en Diputados hace honor al libro de Horacio Verbitsky, Robo para la Corona, porque desde la llegada de Milei al gobierno; el estacionero cordobés replicó con pelos y señales el cultivo de los frutos prohibidos del árbol de la corrupción.

Por caso, en la Unidad de Gestión Local (UGL) del Instituto Nacional de Servicio Social para Jubilados y Pensionados, PAMI-INSSJP, en Río Cuarto, la repartición más importante fuera de la capital cordobesa, Bornoroni puso a dedo a Santiago Luis Pinasco. Quién se hizo conocido al difundirse una foto suya durmiendo en su oficina, cuando estaba a cargo de la Agencia Territorial de Empleo del Sur de Córdoba que funcionaba en el edificio de la ANSES y fue amputada por la motosierra mileísta y ya no opera más.

Pero no obstante el dormilón Santiago Pinasco fue ascendido a jefe del PAMI en Rio Cuarto. A la par que se suceden escándalos en distintas provincias y sedes de este organismo, que reportan que este sería la caja, o una de las cajas, para el financiamiento clandestino de la política de los hermanos gobernantes Javier y Karina Milei.

El clan Pinasco forma parte de los “estacioneros”, conformando una serie de PYMEs que, incluso, excede la carga de combustible para los automóviles. Casualidades de la vida, una de las primeras estaciones de servicios de los Pinasco es “GNC Alberdi SA”, que invoca a Juan Bautista Alberdi, el pensador liberal que tanto pregona el presidente Milei.

Aunque la razón es más simple, está ubicada en “El Alberdi”, uno de los barrios más populosos del Imperio del Sur. Al convertirse en funcionario del gobierno de ultraderecha –también fue cercano al kirchnerismo- Santiago tuvo que renunciar a la presidencia de la empresa, dejando su puesto a su hermano Pablo Fernando.

Otro de sus hermanos, Horacio Germán Pinasco, también maneja otra empresa dedicada al suministro de gas natural licuado “Ranqueles GNC SA”, donde también ha trabajado el dormilón Santiago. Además tiene inversiones en otros rubros como es el inmobiliario en “Emprendimientos Pilares SA”. Junto a su esposa, impulsaron también la empresa “Establecimiento La Emilia SA”, hace unos diez años atrás.

En paralelo, armaron una consultora llamada “Tecnored Consultores SA”, y a partir de 2011 trasladaron su sede de La Rioja a Córdoba. Al mismo tiempo, dentro de sus actividades, sumaron el rubro de la construcción. Sin embargo, a partir de 2019, cambió su nombre a “Tecnored Energía SA” y en su página web la firma se presenta como “desarrollo de proyectos energéticos sustentables, con fuerte foco en la tecnología de biodigestión anaeróbica (biogás), siendo líderes en el país en el desarrollo de proyectos con esta tecnología”.

Así también, apuntan al desarrollo de “otros tipos de proyectos energéticos sustentables a partir de tecnologías como combustión de biomasa, solar fotovoltaico, solar térmico, gas natural licuado (gasoductos virtuales), entre otros”. Y entre sus objetivos apuntan a convertirse en “la empresa latinoamericana líder en el desarrollo de proyectos energéticos sustentables que contribuyan a una matriz energética renovable y carbono neutral”.

Toda una misión contraría al mesiánico proyecto de Javier Milei, quien en su discurso en el Foro Económico Mundial en Davos, calificó como “siniestros” a todos aquellos que advierten la existencia del cambio climático.

El affaire de los gasoductos troncales

¿Pero qué ocurrió en Córdoba entre 2011 y 2019 como para que los hermanos Pinasco decidieran cambiar el nombre y rubro de la compañía? Algo que también tiene que ver con el suministro de combustible: la polémica obra de los gasoductos troncales.

Cuando asumió su primera gestión gubernamental, a finales de 2007, Juan Schiaretti ya estaba planificando lo que él mismo llamaría la obra “más importante de la historia de Córdoba”. En octubre del 2008, se realizó el llamado a licitación internacional Nº 6/2008 para construir unos 1.670 km de tubería para transportar gas natural hacia todos los puntos cardinales de la provincia mediterránea.

En mayo del año siguiente, la ganadora fue una Unión Transitoria de Empresas (UTE), conformada por la brasilera Andrade Gutiérrez, la firma local Britos SA, manejada por el ex funcionario provincial Horacio Miró, sindicado de haber sido el testaferro del anterior gobernador José Manuel de la Sota; y la constructora IECSA, de la familia Macri. En Britos SA, además operaba Walter Poplawsky; mientras que en IECSA las negociaciones estaban a cargo de Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri.

Para financiarlo, el Gobierno de Córdoba tenía que esperar los avales del Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES) y del Gobierno argentino, bajo el mando de Cristina Fernández de Kirchner, en ese entonces ya enemistados por la Guerra Gaucha con las patronales del campo. Nunca llegaron a concretarse.

Ante ello, en marzo del 2012, tres meses después de haber iniciado su tercer y último mandato, y ante la difusión de quien su señalado como testaferro Miró, era el propietario de Britos SA, De la Sota autorizó formalmente a Britos SA a vender su participación en la UTE, quedando en manos de los brasileros y los Macri.

Ver Una trama de negociados explica el concubinato entre Macri y Schiaretti (I): La offshore de De la Sota y otras
Ver Concubinato Schiretti & Macri (II): los negocios comunes del cordobesismo con el grupo Macri
Ver EXCLUSIVO: los siniestros mega gasoductos de Macri y Schiaretti

En abril de ese año, semanas después de la autorización del entonces gobernador a Horacio Miró; Juan Pablo Quinteros, vocal del juecista Frente Cívico en el Ente Regulador de Servicios Públicos, ERSEP, republicó una gacetilla en portugués, que tuvo una amplia repercusión mediática. La misma se reproduce al final de la nota y se traduce a continuación:

“Ante los nuevos anuncios sobre obras públicas del gobernador José Manuel de la Sota, el miembro del Consejo Directivo del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP), en representación del Frente Cívico, Dr. João Paulo Quinteros, afirma que el gobernador tiene buenas noticias, pues informamos hace diez días que se reunió con la gigante brasileña Odebrecht para construir la Ruta Nacional 36.

Esta semana, junto con la batería de buenas noticias, nos anuncia que el gasoducto propuesto hace tres años por su sucesor, João Schiaretti, comenzará a construirse y acortará el plazo a 21 meses en lugar de los 24 originales, por lo que estará listo para el primer trimestre de 2014.

El costo de estos gasoductos es de aproximadamente 366 millones de dólares estadounidenses, aproximadamente 1.600 millones de pesos. Casualmente, la empresa mixta que ganó la licitación está liderada por el brasileño Andrade Gutiérrez y la empresa de integración local y Britos IECSA. Durante el… Menemato, Schiaretti, quien como gobernador, fue homenajeado… Con este cargo, fue secretario de Industria, la mayor desindustrialización del país, similar a la dictadura de Martínez de Hoz. En la misma década infame, José Manuel de la Sota fue embajador argentino en Brasil.

¿Por qué llevamos diez años de retraso? Porque debemos saber que el tándem De la Sota y el gobernador Schiaretti no eran defensores de los intereses de Córdoba, sino cabilderos empresariales brasileños.

Por ejemplo, De la Sota admitió que, incluso meses antes de las elecciones de agosto de 2001, tenía un ingreso mensual promedio de R$ 35.000 como consultor y asesor de empresas en São Paulo, Brasil, donde trabajaba en la Cámara de Comercio Argentino-Brasileña.

Por lo tanto, no es razonable pensar que los futuros contratistas del estado de Córdoba sean precisamente las empresas vecinas.

El primer anuncio, minimizado ayer por el mismo De la Sota, tras las acusaciones de este vocal ERSeP, fue en este sentido: otorgar la autopista Ruta 36 a Odebrecht Brasileña.

Ahora, el inicio de… La construcción de los oleoductos estará a cargo de otro brasileño, Andrade Gutiérrez, quien tiene una larga lista de acusaciones de corrupción en Perú, Ecuador y Venezuela, como Odebrecht.

¿Acaso el gobernador De la Sota ha olvidado y ahora prefiere el cordobesismo a la brasilería? ¿O sigue trabajando como asesor de la burguesía paulista en lugar de actuar como gobernador de Córdoba?”

La muerte del ingeniero

En julio de 2013, el escándalo volvió a sobrevolar la obra de los gasoductos, cuando apareció flotando en el río Suquía, frente a la Casa de Gobierno provincial, el cadáver del ingeniero mendocino Marcelo Arias. Quién figuraba como presidente de la consultora Newen SA, y accionista de la constructora Amulén SA, contratistas del Gobierno cordobés en las obras de los ramales de gasoductos de Sierras Chicas, Traslasierras, y los de las Rutas 2, 7 y 8. 

Arias era un testaferro del ex funcionario schiarettista, el también mendocino Roberto Daniel Martín, quién en el primer gobierno del “Gringo” en febrero de 2009 había sido designado representante del ministerio de Obras y Servicios Públicos –lo dirigía Hugo Testa-, para la licitación, apertura de ofertas y evaluación de los gasoductos a cargo de la UTE Andrade Gutiérrez – IECSA – Britos SA. Luego fue ascendido a secretario de Planeamiento y Desarrollo Energético e Infraestructura.

Como Roberto Martín no podía figurar al frente de Newen y Amulén, Arias figuraba como prestanombres. La Justicia determinó que el ingeniero Arias se había suicidado por depresión.

Dos años después, en marzo del 2015, el gobernador De la Sota, mientras preparaba su campaña presidencial aliado a Sergio Massa, rescindió finalmente los contratos con la UTE Andrade Gutiérrez – IECSA. Pero ya la firma brasilera, tras la muerte del ingeniero Arias, y un sugestivo asalto a la familia Britos, fundadora y ya por entonces socia menor de Britos SA, se había ido de la provincia dando un portazo.

Y el 20 de mayo de ese año, se realizó una nueva licitación pública internacional, N° 61/2015 para la concreción de los gasoductos troncales. Y a principios de 2016, ya con Schiaretti nuevamente como gobernador y Mauricio Macri como presidente, se le adjudicó la obra a IECSA y Electroingeniería, con socios de capitales chinos; y de manera solitaria la brasileña Odebrecht, cuestionada internacionalmente.

Pese a los pasamanos entre contratos y empresas, la obra de los gasoductos troncales se terminó. La polémica Odebrecht, involucrada en el Lava Jato, concretó cuatro de los diez gasoductos troncales. A tal punto que en una de sus inauguraciones, en la ciudad de La Calera, estuvieron presentes los viejos amigos Schiaretti y Macri, en un acto para la inauguración de una planta reguladora de presión en una de esas redes.

Ver Cómo Odebrecht tiene al presidente Macri agarrado de las…
Ver GASODUCTOS PARA TODOS Y TODAS, Y EN ESPECIAL PARA PARIENTES Y AMIGOS

A pesar de no haber avanzado ninguna causa judicial en Córdoba, las obras de los gasoductos troncales no fueron ajenas a la polémica sobre el rol que tuvieron las mencionadas empresas constructoras, donde los asesores técnicos detrás de las licitaciones sospechadas, están ligados a “los estacioneros” de La Libertad Avanza.

Las coimas del Lava Jato

A principios de 2014, se había desatado el escándalo Lava Jato en Brasil. Consistió en una investigación realizada por la Policía Federal del país vecino, que al tirar del piolín los polémicos contratos de la petrolera Petrobras a sus subcontratistas, en particular del rubro de la construcción, se descubrió la existencia de un cartel de obra pública, comandada por las más famosas constructoras del país, con Odebrecht a la cabeza, secundada por Andrade Gutiérrez y OAS. Todas ellas habían creado una compleja ingeniería para ganar contratos con el Estado mediante el pago de coimas.

Como si todo se enriqueciera de ironía, el nombre Lava Jato alude al servicio de lavado de autos que brindaba una estación de servicio, que funcionó como “pantalla” para ocultar dinero en negro. Con el correr de los años, Petrobras dejó de estar en foco y la atención fue hacia las constructoras, ya que se había descubierto que éstas realizaban los mismos acuerdos espurios en licitaciones, no solo por fuera de los servicios ligados a la extracción de hidrocarburos, sino también al otro lado de las fronteras, donde desencadenó escándalos internacionales.

Una de sus máximas consecuencias fue el suicidio del ex presidente de Perú, Alan García, ocurrida en 2019, al enterarse que iba a ser juzgado por la entrega de fondos nacionales durante su gestión a Odebrecht.

Según las investigaciones iniciales del Lava Jato, los llamados “asesores” de empresas actuaron como intermediarios en el ejercicio del cohecho; como lo exponen las infografías publicadas por el Ministerio Público Federal de Brasil, cuando creó la página web especial en 2015 por la que se difundió la información a la opinión pública.

En esa época todavía se mencionaba más a Petrobras que a Odebrecht. En la primera imagen, bastante simple, expone que las empresas, para “aumentar el margen de lucro y obtener favores”, pagaban coimas o “propina” con el fin de “limitar el número de empresas competidoras para las licitaciones”.

Ese dinero se entregaba a figuras de orden público, incluido directivos de la estatal Petrobras. Pero en el medio, se encontraban operadores financieros, que en realidad eran “profesionales en el lavado de dinero”, que se ocupaban de intermediar la entrega de la coima, que los comienzos de la investigación federal lo habían calculado en un equivalente de entre 1% y 5% del valor de esos contratos.

“Los contratistas formaron un cártel, como si se tratara de un ‘club’, para reemplazar la competencia real por una aparente. Los precios ofrecidos a Petrobras se calculaban y ajustaban en reuniones secretas en las que se decidía quién ganaría el contrato y cuánto sería el precio, inflados para beneficio privado y en detrimento de las arcas de la empresa estatal. El cártel incluso contaba con un reglamento, que simulaba las reglas de un campeonato de fútbol, para definir cómo se distribuirían las obras”, explican desde el MPF brasileño, acompañado de esta segunda infografía.

Los “operadores financieros o intermediarios” eran los responsables no sólo de mediar en el pago de sobornos, sino de lograr que esos fondos se disfracen de dinero limpio: “Inicialmente, el dinero pasaba de las constructoras al operador financiero. Esto ocurría en efectivo, mediante movimientos al exterior y contratos simulados con empresas fantasmas. Posteriormente, el dinero pasaba del operador al beneficiario.”

Esto se hacía en efectivo, mediante transferencias al exterior o incluso mediante el pago de bienes. El principal método de lavado de dinero consiste en la contratación ficticia, por parte de los contratistas, de empresas fachada para los operadores, con el fin de justificar el envío de dinero de los contratistas a los operadores. En otras palabras, los contratistas y operadores disfrazaban el pago del soborno como pago por servicios”, habían señalado desde la Justicia brasileña.

Los falsos objetivos de estas empresas de servicios eran: “prestación de servicios de consultoría para la reestructuración financiera de contratos; prestación de consultoría técnica empresarial, fiscal, laboral y de auditoría; consultoría informática para el desarrollo y creación de programas; proyectos de estructuración financiera; auditoría fiscal y laboral; estudios cuantitativos y propuestas técnicas y comerciales para la construcción de un centro comercial; y consultoría en el sector petrolero”.

Uno de esos operadores fue Alberto Youssef, quien había sido arrestado en marzo de 2014. En noviembre de ese año, se habían liberado unos documentos extraídos de su servidor y expuestos ante la prensa, con el nombre de “la lista de Youssef”. Allí había una serie de datos sobre la partida y destino de los fondos espurios en distintos países, con nombres de empresas, obras públicas, fechas, cantidad de dinero para “propinas” o coimas, nombres apócrifos de los contactos, y sus números de teléfonos, entre otros: la obra de los gasoductos troncales en Córdoba aparece cuatro veces en la lista de Youssef.

En una aparece con el nombre de “Gasoduto em Cordoba”, con fecha de la “propuesta enviada” del 8 de octubre de 2008, cuyo contacto era un tal “Jos Edilson Cruz”. En otros casilleros, ese nombre también sirvió de contacto para la empresa OAS en proyectos instalados en Uruguay. Otro casillero lleva de nombre “Conc. Internac. Gasoduto Cordoba – (Sistema Norte Leste)”, con fecha del 15 de diciembre de 2008 y con el contacto de “Luis Leandro”. Este último se repite en la lista, con el agregado de la cifra de la coima: 60.096.154,39 reales; unos US$ 36 millones.

Seis años después de la firma de los contratos, en noviembre de 2014 fue detenido en el marco del Lava Jato el ex presidente de OAS, José Aldemario Pinheiro Filho, conocido como Léo Pinheiro, quién negoció mejoras en su situación procesal al convertirse en delator y declarar contra el entonces ex presidente brasileño, Lula da Silva.

El llamado a licitación de los gasoductos fue el 5 de septiembre de 2008. O sea, un mes antes de que se enviaran esas “propuestas”. En estos tres casos, quien aparecía como cliente era la “CONSTRUCTORA OAS LTDA”. Y el denominado “Cliente Final” figura el nombre de nuestro país: “Argentina”. Precisamente, OAS había participado de la licitación, donde terminó ganando Andrade Gutiérrez.

Pero como ya lo explicaron las autoridades brasileras, las constructoras se ponían de acuerdo entre sí para su propio club, estaban cartelizadas. Este pago de OAS, supuestamente competidora en la licitación, da la pauta de que se trataba de una licitación arreglada previamente entre los participantes, en cuanto al ganador y sus precios. Lo que obliga a la debida compensación a las empresas acompañantes, que de esta manera simulan una competencia inexistente, y cohonestan los precios cotizados.

La cuarta y última mención en la lista de Youssef aparece bajo el nombre de “Proposta Cordoba – Argentina”. En este caso, el cliente no es la constructora OAS, sino “F.G. / Unicontrol”, cuyo contacto es un tal “Fernando Gomes” y aparece agendado con un teléfono porteño terminado en 0441.

Gomes se encargó también como contacto para una coima de otra obra, que a diferencia de las anteriores figura un número de identificación del proyecto: “SKFG Córdoba 250510”, y probablemente se trate de una fecha. Y precisamente, la fecha de la propuesta enviada fue tres días después, el 28 de mayo de 2010. Y el cliente final, no figura el nombre de nuestro país, sino de la constructora brasilera que se quedó con el negocio: Andrade Gutierrez.

El eslabón Pinasco

Para participar de la importante iniciativa internacional propuesta desde Córdoba, OAS recurrió en la provincia mediterránea a la asesoría de Tecnored, de los hermanos Pinasco. No solo eso: el mismísimo Santiago Luis Pinasco, hoy en las tropas de La Libertad Avanza y quien toma las decisiones prácticas en el PAMI Río Cuarto, trabajó en el área legal, en base a documentos que accedió Stripteasedelpoder.com. Mientras que su hermano Horacio Pinasco, estaba a cargo de la obra civil.

Según ese acuerdo, los servicios que brindaron los Pinasco a los brasileños del Lava Jato fue representarlos bajo la figura de “Director Técnico de la empresa ante el registro de constructores”, con el propósito de “lograr la mejor calificación técnica económica posible para la empresa”.

Para eso, se encargaron de analizar técnica y económicamente la obra, haciendo los cómputos y presupuestos de la misma. También se hicieron cargo de “analizar alternativas de obras que pudieran disminuir los costos y que fueran factibles de ser aprobados por la Provincia, gestionar cotizaciones de subcontratistas a fin de tener precios comparativos con los cómputos propios, relevar trazas, hacer sondeos de terrenos definiendo tipo de excavaciones necesarias, determinar cada uno de los posibles cruces de ruta, ferrocarril, ríos, etc, definiendo su costo unitario en la obra, tener una definición preliminar a partir de interactuar con los intendentes locales, de los posibles terrenos donde se instalaran las plantas reguladoras e instalaciones de superficie, determinar el costo efectivo de la obra objeto de la licitación”, entre otras cuestiones.

Pinasco y la corrupción K

En agosto de 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, fue detenido Roberto Baratta, un ex taxista y vendedor de quiniela que terminó siendo el número 2 de Julio de Vido en el poderoso Ministerio de Planificación Federal durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. La operación judicial la comandó el juez pistolero Claudio Bonadio.

Ver El juez y verdugo pistolero Claudio Bonadio
Ver Los trucos judiciales del difunto juez de la Embajada Bonadio

La detención de Baratta salpicó a Horacio Pinasco, quién a través de Tecnored Consultores SA, participó de la realización de obras de agua, cloacas y cordón cuneta que eran financiadas por el Ministerio de Planificación que comandaba De Vido y cuya distribución de fondos entre los intendentes estaba a cargo de Roberto Baratta.

Tras la caída de Baratta, los entonces legisladores provinciales de Cambiemos, el ya mencionado Juan Pablo Quinteros, Aurelio García Elorrio y Liliana Montero –actual ministra de Desarrollo Humano del gobierno de Llaryora- le solicitaron al fiscal Anticorrupción, Matías Bornancini, que cite a declarar a Horacio Germán Pinasco en el marco de la primera licitación de los gasoductos troncales realizada en el 2008, diez años antes. Los legisladores opositores sospechaban que Pinasco era un operador de OAS en la trama del lavado de activos.

“No he sido citado por nadie y no tengo nada que aclarar”, dijo esa vez Pinasco al ser consultado por el diario Puntal.

Oscar Centeno, un ex sargento del Ejército que revistó en el Batallón de Arsenales 601 en plena dictadura cívico-militar que se hizo famoso como chofer arrepentido del Ministerio de Planificación y escriba de los cuadernos de la llamada “Causa Cuadernos” o “Causa Fotocopias”, fue quién señaló a Pinasco como participante de una reunión con Baratta en 2010 en La Embalsina. Un exclusivo barrio de Villa del Dique, ubicado en la costa norte del Embalse de Río Tercero.

En la actualidad, Horacio Pinasco es un reconocido dirigente del Movimiento CREA (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), una de las principales asociaciones de empresarios agropecuarios, y quien hasta el día de hoy mantiene fuertes lazos con uno de los principales referentes del poder político provincial, como es el eterno ministro de Servicios Públicos Fabián López. Quien ha estado a cargo en distintos tramos de los procesos licitatorios de los gasoductos, y está encartado en la causa penal de AYSA – Odebrecht, en la que resultó procesado el entonces titular de ROGGIO SA, Aldo Roggio.

El tándem Pinasco-López se mantiene incluso con la “remasterización” de la consultora, al pasar a llamarse como “Tecnored Energías”, al apuntar el agregado de valor a productos agrarios para producir energía, inversión que le permite suministrar de capital político al cordobesismo en su afán de presentarse como una provincia que apoya la utilización de energías presentadas como limpias, como es el caso de los biocombustibles.

Una offshore en el medio

Otro documento al que accedió Stripteasedelpoder.com es el recibo de una transferencia bancaria en favor de Horacio Germán Pinasco; sin embargo, el destinatario es una empresa de Panamá llamada Paten International SA. Este medio confirmó en el Registro Público de Panamá que la compañía permanece inactiva desde el año 2019 por la falta de renovación de los trámites.

Quienes figuraban en su directorio, fueron empleados de la consultora Mossack Fonseca, el buffet que se encargaba de crear empresas fantasmas para el lavado de dinero, y cuyos documentos fueron filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), mediante el llamado “Panama Papers” en 2016.

Sobre el mencionado envío de fondos, a beneficio de Pinasco, destaca una transferencia realizada el 23 de febrero de 2011, de unos US$ 101.800 desde una filial del Citibank en Nueva York. La ficha de aceptación cuenta con la firma en mano del propio Horacio German Pinasco, el asesor de una de las empresas brasileras involucradas en el Lava Jato y hermano del referente de La Libertad Avanza en Río Cuarto.

Según la base de datos del ICIJ, la firma Paten International SA tenía como titular a un portador desconocido desde el año 1998. Sin embargo, el 9 de noviembre de 2009 entregó los papeles a otros portadores de nombre incógnito quienes lo mantuvieron hasta el 27 de abril de 2015. ¿Serán estos últimos integrantes de la familia Pinasco?

De cualquier modo, para esa fecha, los papeles pasaron a manos de otra familia renombrada, en este caso en el rubro financiero: los Bertinetti, gente muy conocida en la city cordobesa en el manejo de activos financieros. Hugo Bertinetti, actualmente en el Banco Supervielle tuvo un paso como vicepresidente del Club Atlético Talleres entre 1998 y 2004, año en que se fue a la quiebra bajo la polémica presidencia de Carlos Dossetti.

Esto permite abrir aún más la sospecha que el rol que tuvieron los Pinasco en el manejo de una offshore excede su mero rol en la confección de números de contabilidad, y pone en alerta sobre con quiénes está construyendo Javier Milei su capital político en la provincia que mayor porcentaje de votos le ha otorgado.-

Ver La casta es inmortal: por la muerte de una nena imputan a funcionaria de Milei en Carlos Paz

Gacetilla Juan Pablo Quinteros abril 2012

“Confrontado com os novos anúncios nas obras públicas feitas pelo governador José Manuel de la Sota , o Membro do Conselho da Entidade Reguladora de Serviços Públicos (ERSeP) em nome da Frente Cívica, Dr. Joao Paulo Quinteros, diz que o governador a boa notícia, nós relatamos há dez dias ele se encontrou com o brasileiro gigante Odebrecht para construir a Estrada Nacional 36.

Esta semana, junto com a bateria de uma boa notícia, diz-nos que a proposta gasoduto, há três anos por seu sucessor Joao Schiaretti começar a ser construído e vai encurtar o tempo de 21 meses em vez de 24 originais, então eles estão prontos para o primeiro trimestre de 2014.

O custo desses gasodutos cerca de 366 milhões dólares EUA, cerca de 1.600 milhões de pesos. Coincidentemente, a joint venture que venceu a licitação é liderado pela brasileira Andrade Gutierrez e local de integração e Britos IECSA. Durante a. Menemato, Schiaretti, que como governador agraciado com este trabalho, foi secretário da indústria, o maior desindustrialização do país, semelhante à ditadura Martinez de Hoz Na mesma década infame, José Manuel de la Sota era o embaixador argentino para o Brasil.

Por que ficamos dez anos atrás? Pois devemos saber que o tandem De la Sota e governadores Schiaretti não foram defensores dos interesses de Córdoba, mas os lobistas empresariais brasileiros.
Como exemplo, De la Sota admitiu que até mesmo meses antes das eleições de Agosto de 2001 viu “uma renda média mensal variando 35.000 real” como consultor e assessor de empresas em São Paulo, Brasil, onde serviu na Casa-Argentina-Brasileiro do Comércio.

Portanto, não é razoável pensar que os empreiteiros estado futuro Córdoba são precisamente as empresas vizinhas.
O primeiro anúncio, que foi minimizada ontem pelo mesmo De la Sota , após as alegações deste ERSeP vocal, foi nesse sentido: para conceder a estrada de Route 36 para a Odebrecht brasileira.

Agora, o início da construção dos dutos estará a cargo de outro brasileiro, Andrade Gutierrez, que coleciona denúncias de corrupção no Peru, Equador e Venezuela como Odebrecht.
Será que o governador De la Sota e esqueceu e agora prefere cordobesismo brasilidade? Ou ainda funciona como um consultor de São Paulo burguesia ao invés de colocar a ação como governador de Córdoba?

Descargar artículo en PDF