Mientras el fervor por la copa del mundo ocupaba la atención de la gente, y las calles se llenaban de banderas argentinas, la asociación ilícita que nos gobierna aprovechó a despachar las leyes más contrarias a la soberanía y el interés nacional. Estas leyes no sólo regalan literalmente nuestros recursos y desarrollos tecnológicos a cambio de nada, profundizando la crisis social y la dependencia, sino que disponen los instrumentos legales para que ello no pueda ser revertido. Es casi imposible encontrar un país que haya firmado cesiones de soberanía tan grandes si no es después de haber perdido una guerra.
El mecanismo se apoya en un trípode legal: La reforma de la Ley de Tierras, el Incentivo para Grandes Inversiones de Nuevas Industrias o Super RIGI, y una reforma integral de la Ley de Sociedades. Con la primera se entrega territorio, con la segunda se garantiza que los insumos sean extraídos completamente fuera del país sin siquiera pagar impuestos, y con la tercera se pretende habilitar la posibilidad de qué si en el futuro queremos modificar algo, nos encontremos con que el dueño de la empresa es un algoritmo con domicilio en el extranjero que litiga en cortes de Nueva York.
Junto a estas tres leyes se han presentado una avalancha de leyes menores y medidas que, vistas en conjunto, hacen inviable cualquier excusa del Ejecutivo pretendiendo que busca el bien del país. Sino el remate de nuestro desarrollo nuclear, empresas estratégicas, minerales y tierras.
¿Quién está detrás de una avanzada tan agresiva sobre nuestra patria? Es útil ver por partes quiénes son los actores beneficiados.
Por una parte, la reconfiguración de poder entre las potencias, vuelca a los EEUU de Trump a replegarse de este lado del Atlántico, y desquitarse de su pérdida de poder global asegurándose el control de todo el continente americano. Y acá se encuentra con Milei, que está dispuesto a darle incluso más de lo que pide, por necesidades emocionales irresueltas con su figura paterna. Como dijo una vez el ex-presidente Illia, son peores los de adentro que nos quieren vender, que los de afuera que nos quieren comprar.
En medio del mundial en EEUU, el embajador Alejandro Oxenford firmó la adhesión de nuestro país al acuerdo Pax Silica en Washington, sin informar al Congreso, como se debe, sobre los compromisos asumidos por Argentina. Un mes después, sigue siendo imposible para los diputados saber nada. EEUU, quien ya obtiene de nuestros suelos casi la mitad del litio que procesa, busca asegurarse con ese acuerdo la provisión de minerales críticos para el desarrollo futuro de IA, semiconductores y energía.
Dada la total falta de reciprocidad de los acuerdos firmados hasta ahora, como el acuerdo comercial firmado en febrero, que otorga el acceso exclusivo a emprendimientos mineros a las empresas estadounidenses, y hasta se compromete a informarles con prioridad del descubrimiento de cualquier nuevo yacimiento, es de esperar que la contrapartida para Argentina sea casi nula. En aquella ocasión, el Secretario de Estado Marco Rubio aseguró que Argentina “desempeñará un rol clave en el mundo” como proveedor de minerales críticos.
Pero el gobierno de EEUU es sólo uno de los actores involucrados. Por encima de ellos, la oligarquía tecnocrática y financiera que ejecuta la gobernanza global, se halla implicada en una transición más lenta, pero bastante acelerada, a un modelo tecnológico completamente nuevo, con IA omnipresente, dinero digital y empleo automatizado.
Según imaginan esa evolución en los informes que publica el Foro Económico de Davos luego de sus reuniones periódicas, o la Red de Consejos para un Futuro Global, y otros espacios similares, el último estadio de ese proceso debería desembocar en un mundo de estados nación débiles, atravesados por una estructura de control digital global, supervisada por un Gobierno Mundial de tecnócratas.
Este modelo fue lanzado de manera pública y explícita en 2016 por Klaus Schwab, presidente del Foro Económico de Davos, en su libro La Cuarta Revolución Industrial. Allí, expresándose como si fuera un clarividente (o más bien el vocero de una “tiranía blanda” tremendamente eficaz) nos anoticia de cómo viviremos y los cambios completamente disruptivos a los que deberemos acostumbrarnos, dando por sentado que eso será así, le guste o no a la humanidad. Dice entre varias cosas muy instructivas sobre el pensamiento de esta élite transnacional que:
“Los gobiernos, en su forma actual, se verán obligados a cambiar a medida que su papel central en la conducción de políticas disminuye cada vez más (…). En última instancia, es la capacidad de adaptación de los gobiernos lo que determinará su supervivencia. Si abrazan un mundo de cambios exponencialmente disruptivos (…) lo aguantarán. Al hacerlo, sin embargo, se transformarán completamente en células de poder mucho más delgadas y más eficientes, dentro de un entorno de nuevas y competitivas estructuras de poder” (p. 67).
Será la mutación de la gobernanza de las corporaciones (en alianza y competencia con los Estados) al Gobierno Global.
Reunión anual de los Consejos Mundiales del Futuro, en 2019, convocada por el Foro Económico Mundial, con la asistencia de 700 técnicos, megaempresarios y políticos de las principales potencias.
En medio de las inestabilidades actuales de todo tipo, la Argentina aparece como un refugio seguro para activos, en el extremo sur del mundo, alejada de los conflictos, con poca población, con bastos recursos geográficos e hídricos dispuestos para ser administrados de forma privada. Incluso, si el ambiente es propicio, puede ser un lugar donde realizar algunos “experimentos” no permitidos en otros lares.
Leído en ese contexto amplio, el actual “paquetazo” de leyes aparece como una verdadera reconfiguración jurídica “de shock”, en una sociedad con un tejido productivo y social golpeado, que no ofrece resistencia por el momento. La meta de esta reconfiguración es reducir a la Argentina a algo peor que una colonia, ya que las colonias reciben algunas migajas en el proceso de extracción de la riqueza por parte de las metrópolis.
Seríamos más bien un humillante enclave extractivo de materias primas, y un terreno apto para la instalación de infraestructura generadora de insumos digitales (cómputos) a ser procesados remotamente fuera de nuestro territorio. Un destino bastante triste para un país de nuestro tamaño y nuestros recursos.
El primer RIGI y los acuerdos firmados con EEUU les aseguraron a los norteamericanos el litio y las materias primas que necesitan para la competencia con China. La mayoría de los proyectos que entraron al RIGI ya estaban anunciados antes de que existiera, de modo no se están atrayendo proyectos nuevos, como dijo el gobierno, sino subvencionando a las corporaciones para que tengan una rentabilidad extraordinaria garantizada por años. Ahora es el turno de que entren en juego otros actores globales.
La mudanza de Peter Thiel a Argentina señala la entrada de esos otros actores. Si bien Thiel tiene lazos con el gobierno estadounidense, su involucramiento personal opera a otro nivel. Thiel compró una casa en Barrio Parque e inscribió a sus hijos en un colegio local, lo cual indica un interés por negocios a largo plazo ya cuidadosamente evaluados. Se reunió con funcionarios del Ejecutivo varias veces, unas pocas semanas antes de presentado el proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, que esconde la entrega de las tierras; la del Super RIGI; y la de Sociedades.
Es bastante evidente que esas leyes, dirigidas a facilitar la compra de tierras a extranjeros sin límite alguno; a atraer “industrias novedosas o experimentales” del extranjero (tales como Inteligencia Artificial o biotecnología); más la pretensión de habilitar Sociedades Autónomas, fueron redactados a medida de sus necesidades, o las de la red de poder que él representa. Si Trump es agresivo en sus políticas y un poco loco, Thiel es peor.
La entrega del territorio
La primera pata del trípode de leyes de sumisión es la reforma de Ley de Tierras, que se someterá a votación este 6 de agosto, con importante oposición popular.
Para disimular un poco el verdadero objetivo, Sturzenegger mezcló esta derogación con otras leyes sin relación alguna, como la que agiliza los procedimientos de desalojo de inmuebles (tanto inmuebles usurpados, como inmuebles alquilados que se demorasen en el pago del alquiler). Y le puso el título absurdo de “ley de inviolabilidad de la propiedad privada”. Decimos absurdo porque esta “inviolabilidad” de la propiedad privada ya existe, y está garantizada por el artículo 17 de la Constitución Nacional, de forma parecida a otros países.
El curioso énfasis que pone el artículo constitucional al utilizar la palabra “inviolabilidad”, lo mismo que al afirmar hiperbólicamente que las confiscaciones de bienes quedan eliminadas “para siempre”, reflejan la experiencia traumática de las guerras civiles con sus confiscaciones, y sobre todo el deseo de los grandes latifundistas del siglo XIX de que sus desmesuradas extensiones de tierras no sean cuestionadas. Pero en lo concreto, la Constitución acepta la expropiación por causas de utilidad pública.
Lo que busca el gobierno libertario no es ya proteger a los latifundistas nacionales, porque no gobierna ni para ellos, sino derogar los límites impuestos a la compra de tierras por parte de grandes compradores extranjeros, empresas transnacionales o pools de inversores.
Naturalmente surge la pregunta obvia. ¿A quién le molestaría la existencia de esa ley, sino a un extranjero poderoso que quiere comprar muchas tierras? Según Patricia Bullrich, es una cuestión de “filosofía”.
Esa derogación se complementa con modificaciones en la Ley de Manejo del Fuego, que aunque perfectible, impone asimismo límites para la comercialización de terrenos protegidos por la Ley de Bosques, que quedasen desprotegidos luego de un incendio, natural o intencional.
La ley de Tierras actual no es un problema para inversores. El porcentaje general permitido, 15%, es bastante generoso. Pero la ley tiene disposiciones más específicas, no permitiendo la titularización de más de mil hectáreas en zonas núcleo, y resguardando las áreas de frontera o adyacentes a grandes cuerpos de agua dulce, porque se había empezado a verificar esa tendencia a concentración fronteriza, sobre todo en zonas cercanas a San Martín de los Andes y Bariloche (el departamento de Lácar, en Neuquén, supera el 53%).
También en algunas zonas de San Juan, Catamarca y Salta, pero allí está vinculado a actividades mineras y de viñedos. La prueba de que esas prohibiciones tocaron algún interés sensible es que el gobierno de Milei quiere derogar la ley desde que asumió. En realidad ya la derogó por el megadecreto “Bases”, al principio de su gestión (donde también estaba el primer RIGI), pero una cautelar judicial suspendió su aplicación.
Nuestro país tiene aún grandes extensiones de tierra despobladas, especialmente la Patagonia, uno de los pocos lugares habitables del mundo que aún están relativamente “vacíos”. En los países serios que Milei suele poner como ejemplo, aún teniendo menores extensiones de tierra despoblada, la venta de grandes extensiones a extranjeros está restringida, o bien por ley, o por organismos reguladores. En los EEUU, se monitorea la tenencia de tierras mediante la Ley de Divulgación de la Inversión Extranjera Agrícola (AFIDA), y varios estados prohíben la compra de tierras agrícolas a extranjeros y protegen sus zonas núcleo.
En Francia, la compra de tierras rurales está estrictamente regulada por las SAFER (Sociedades de Ordenamiento Territorial y Establecimiento Rural). Un papel similar cumple en nuestro país el Registro Nacional de Tierras Rurales, al cual el proyecto de Ley quiere privar de sus funciones. Igualmente Alemania, donde la venta de terrenos rurales debe ser siempre aprobada previamente por las autoridades locales. En Rusia, también con grandes extensiones despobladas, los extranjeros no pueden poseer tierras agrícolas, y tienen restricciones en zonas fronterizas y estratégicas.
En Brasil, por la ley 5709/1971, el límite a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y empresas controladas desde el exterior es del 25%, partiendo desde los municipios -o sea que en ningún estamento de la estructura geográfico política se puede superar ese tope, como ya sucede en Argentina- pero con limitaciones de extensión. Y el topo baja al 10% si se trata de compradores de la misma nacionalidad. Además, deben presentar proyectos de explotación y cumplir ciertos requisitos. Hay restricciones especiales en zonas de frontera. En México los extranjeros tampoco pueden ser titulares de terrenos cerca de fronteras y costas.
Entre los demás contenidos del proyecto de ley redactado por Sturzenegger, también se establecen disposiciones para complicar la reestatización de empresas que operen sobre sectores estratégicos, por parte de futuros gobiernos. Mientras en el mundo hay una ola de estatizaciones sin precedentes en medio siglo, buscando el control de recursos estratégicos, sobre todo minerales raros, en medio de la inestabilidad geopolítica y las transiciones energéticas, Argentina va en sentido contrario.
El Reino Unido nacionaliza los ferrocarriles y la industria siderúrgica, y Francia la electricidad y astilleros. Ni hablar de China o Rusia. El gobierno de ocupación argentino en cambio se deshace de todos sus activos estratégicos, su energía y logística, aunque la mayoría de las empresas que desea vender dan superávit.
Están acelerando los trámites para vender cuanto antes a precio vil todo nuestro desarrollo nuclear (Nucleoeléctrica Argentina), el sistema ferroviario de trenes de carga (Belgrano Cargas), las centrales termoeléctricas General San Martín y Manuel Belgrano (hasta lograr la privatización total de Enarsa), y reprivatizar las centrales hidroeléctricas que se hallan en manos del Estado desde que vencieron sus concesiones. Como si los urgiese la desesperación de no poder hacerlo antes de terminar su mandato. En mayo se lanzó la licitación para vender Aysa, con un activo de aproximadamente 6.300 millones de dólares, por 500 millones de dólares, el 8% de su valor.
El proyecto para derogar la Ley de Tierras, redactado por Federico Sturzenegger e impulsado por Patricia Bullrich, estuvo a punto de ser tratado y podría haber obtenido media sanción el 16 de julio, pero no obtuvo quorum. El día anterior, los jugadores de la selección rescataban una sábana ingresada por un hincha a la cancha, en contra de las prohibiciones de nuestra propia cancillería, con el lema “Las Malvinas son argentinas”, y la exhibía frente a las cámaras del mundo. Gracias a ese gesto rebelde, el fútbol, en lugar de servir como “distracción”, reavivó la conciencia nacional. Al día siguiente los diputados no se animaron a dar quorum para votar la venta de la Patagonia al extranjero, y lo dejaron para más adelante.
Actualmente, debido a la gran reacción popular y la presión de los aliados de otros partidos en el Senado, el gobierno se ha visto obligado a regañadientes a retroceder en su pretensión de eliminar totalmente las restricciones a compra de tierras por parte de extranjeros. El proyecto ha ido y venido, con sucesivas modificaciones, y finalmente aceptó dejar el límite, pero elevarlo al 25% por provincia (no por departamentos ni municipios). Que es igualmente una barbaridad, ya que representa el equivalente a un cuarto del territorio nacional, o la superficie combinada de las provincias de Buenos Aires, Mendoza y Santa Cruz.
Además, sin vergüenza alguna, como pensando en el virrey Joe Lewis con su Lago Escondido, los artículos 26 al 28 aprobados en el dictamen de mayoría, contemplan específicamente el caso de este. El artículo 26, prohíbe la interposición de personas en la adquisición de las tierras, tal cual hizo tramposamente Lewis. El 27 autoriza la compra de tierras por parte de extranjeros en zonas de fronteras -salvo por parte de estados- tal como hizo el inglés Lewis, pese estar prohibido. Y el 28 por las dudas aclara que “la presente ley no afecta derechos adquiridos”.
Y ante la objeción publica a la derogación de esa prohibición, en lo que podía denominarse el proyecto de ley mutante impulsado por la mutante senadora Bulrrich -afiliada sucesivamente a casi todos los partidos políticos- apareció la exigencia de un “doble conforme” nacional y provincial al respecto. Atenuado con la posibilidad que el mismo sea tácito, si no se objeta en un plazo de seis meses.
Lo cual trajo cola: la exdiputada Elisa Carrió, quien durante años formó parte de la oposición activa al kirchnerismo, amenazó por ello con llevar a Milei y Bullrich a juicio por Traición a la Patria, por poner en peligro la integridad territorial del país, al facilitar la compra por parte de extranjeros de áreas sensibles o en zonas de frontera. Cree a su vez, como se expone en esta nota, que la ley ha sido hecha a medida de Peter Thiel, y alerta sobre el enorme poder de esos magnates. “Para los trillones que manejan estos tipos, un gran terrateniente argentino es una mosca”, dijo.
La columna vertebral de la entrega: El super RIGI.
Como si se quisiese que no llame mucho la atención, el proyecto de Super RIGI obtuvo dictamen en el Congreso un día después del partido contra Argelia, y recibió media sanción entre los encuentro con Austria y Jordania, con los votos de los diputados de casi toda LLA, el Pro y partidos provinciales. Naturalmente, no hay nada de malo en dictar leyes para atraer inversores extranjeros en áreas donde no nos hallamos desarrollados, como pretende el gobierno que está haciendo. El principal problema de esta ley son sus condiciones leoninas, peores que las del RIGI.
De aprobarse, las empresas transnacionales que adhieran al mismo exportarán su producción enteramente si lo desean, con cero retenciones por parte del Estado Nacional, y dejarán casi cero de regalías para las provincias (se establece un absurdo tope del 0,5%). Serán beneficiadas con arancel cero en importaciones para todos los bienes (no sólo maquinaria), y ninguna obligación de contratar proveedores locales. Es decir, podrán importar hasta los sacapuntas sin dar trabajo a nadie en Argentina.
Se les cobrará sólo un 15% de impuesto a las ganancias, menos aún que con el RIGI (en comparación, cualquier Pyme nacional, que generan el 80% de la riqueza, paga un 35%, más retenciones, impuesto al cheque y tasas municipales). Se les permitirá, además, acelerar amortizaciones para casi no pagar impuestos. Con estas condiciones, está claro que no se puede hablar de “inversores”, ya que no se desarrollará ningún punto de la cadena productiva, y prácticamente no se recibirán regalías. Dentro del modelo extractivista, apenas hay algún desarrollo puntual, vinculado a la construcción de las instalaciones y algunas actividades de transporte y fraccionamiento.
La pérdida para las arcas nacionales ocasionadas por estas disposiciones innecesariamente humillantes, estimada por la propia Secretaría de Hacienda, supera los 8.640 millones de dólares por año, a cambio de unos 1.000 millones de dólares estimados de “inversión” inicial. Las empresas que se instalen y compren terrenos en Argentina, lo cual se espera que puedan hacer casi sin límites si se deroga la Ley de Tierras, se convertirán en una suerte de “zonas especiales”, con un régimen impositivo exclusivo, e inmunidad legal asegurada por tres décadas. Algo que se aproxima bastante a los enclaves “tecnofeudales” con los que desea experimentar Peter Thiel, como la ciudad Próspera en Honduras (aunque esta iba más allá, ya que incluía también sus propias leyes y tribunales, para poder experimentar sin restricciones con biotecnología)
Si alguno de estos privilegios quisieran revisare en los próximos treinta años, se activará una cláusula de prórroga de jurisdicción contenida en la ley. Cualquier disputa legal será resuelta en tribunales internacionales contrarios a la Argentina. ¿Una ley semejante pudo ser redactada por argentinos?
Los oficialistas debieron echar mano a un argumento muy lastimero para explicar condiciones tan vergonzosas. Se alegó que se necesitan dólares de manera urgente. Pero eso es de un cinismo mayúsculo, ya que el súper RIGI justamente dispone las cosas de tal modo que los dólares se fugarán del país, al eliminar la obligación de liquidar divisas, permitiendo a las empresas que transfieran el 100% de sus dólares al exterior a partir del tercer año.
Los intereses de Peter Thiel.
Peter Thiel no ha declarado públicamente aún qué inversiones planea hacer en el país. Sin embargo, en octubre de este año, Sam Altman, quien pertenece a la misma red de influencia, anunció la construcción de un mega data center para alimentar IA en la Patagonia, con una inversión de unos 23 mil millones de dólares. Aunque no dio a conocer la locación exacta, todo apunta a que sería aledaña a Vaca Muerta.
Allí está desde 2003 Crusoe Energy Systems, una empresa de infraestructura para IA de la cual Peter Thiel es uno de los principales accionistas. La empresa aprovecha inteligentemente los pozos donde el gas se quema a cielo abierto para captar ese gas desperdiciado y alimentar pequeños data centers de minado de criptomonedas. Si estos se amplían para su uso con IA, podría aprovecharse el agua del Río Neuquén y el frío del clima patagónico como refrigerantes.
El clima frío y ventoso aminora mucho el uso de agua y ha hecho de Noruega o Finlandia lugares atrayentes para este tipo de centros. Los grandes espacios libres son otro punto a favor, con potencial además para energía eólica. La lejanía y falta de infraestructura del lugar son desventajosas, pero las otras condiciones podrían compensarlo.
La empresa polaca Green Capital también anunció un proyecto para instalar un mega data center en Chubut, dentro del marco del super RIGI. Sin embargo, la escala gigantesca de la propuesta (6 gigas, mayor que muchos proyectos mundiales actuales) junto a la pretensión anunciada de alimentar el centro con energía eólica y solar exclusivamente, y el escaso monto de inversión mencionado por la prensa (5 millones de dólares) dan a pensar que el proyecto apenas es un borrador o un farol para atraer inversionistas.
El problema de todo esto (más allá de lo que cada uno piense sobre el avance vertiginoso de la IA) es que, como vimos, cualquier beneficio para la Argentina se evapora dentro del marco del super RIGI. La instalación consumiría enormes recursos de agua y energía. Debido a la gran cantidad de energía que consumen los data center generadores de IA es que Vaca Muerta aparece continuamente en el radar.
La mayor parte de gigafactorías de IA se encuentran en EEUU y China, aunque la Unión Europea se presta a lanzar las propias, para no quedar rezagada. Europa depende aún de los componentes norteamericanos.
Si bien, por un lado, las principales potencias compiten hoy en día por desarrollar su propia IA hasta donde pueden, tratando de no quedarse atrás, muchos especialistas en el sector vienen advirtiendo del posible estallido de una burbuja financiera. El crecimiento desmedido de enormes inversiones en infraestructura de IA, alimentado por una constante propaganda optimista, que aún está muy lejos de rendir los frutos comerciales prometidos, ha creado una enorme burbuja financiera, que viene a confluir con la guerra en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz.
De allí que algunos expertos, como el profesor Victor Gao, Vicepresidente del Centro para China y la Globalización, advierten de una crisis financiera mundial de proporciones épicas para este año o el próximo. Naturalmente ello afectaría el desarrollo de estos proyectos.
Los “gemelos digitales”, humo con mal olor
El gobierno anunció, por otra parte, un nuevo programa que evidentemente también está relacionado con Peter Thiel y Palantir. El Ministerio de Capital Humano anunció con mucha fanfarria la creación de un programa de “gemelo digital social”. La intención declarada sería utilizar grandes masas de datos provenientes del sector público y privado, y procesarlas con IA, de manera de poder anticipar comportamientos y reacciones sociales a determinadas políticas públicas.
La presentación oficial no resultó nada clara y despertó más dudas que certezas. El video explicativo de lanzamiento señalaba que el programa “convierte la experiencia social en inteligencia pública”, “convocando a los principales actores del mundo, para construir el primer modelo global”. Más tarde, desde el gobierno debieron reconocer que era puro humo y el proyecto ni siquiera estaba en etapa de diseño.
La idea de vigilar el comportamiento de la población para “adelantarse” a las reacciones de sus diferentes grupos parece más una política de vigilancia e ingeniería social que una “política social” de bienestar. Nada indica que se impondrán límites al uso de esos datos privados, para evitar caer en violación a la intimidad.
El Decreto 941/2025 lanzado por el gobierno un 31 de diciembre (mientras todos estaban brindando por Año Nuevo), permite la unificación de bases de datos y su análisis para control, seguimiento y prevención, preparando el terreno para que empresas como Palantir puedan estudiar y vigilar masivamente a la población argentina. En julio, el presidente, mientras recorta fondos a todos los sectores del Estado hasta dejarlos casi sin financiación (incluido el de ciencia y tecnología), aumentó en casi 50.000 millones de pesos el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia, con 7.500 millones de pesos de gastos reservados.
Un “gemelo digital” íntegro de una persona (es decir una copia digital perfecta y pormenorizada) no es algo que exista actualmente, ya que esos modelos informáticos se utilizan para aplicaciones mucho más puntuales en medicina o ingeniería. Llevar ese concepto al marco de un “programa social” implicaría tener la información detallada de toda la actividad de un individuo: Su actividad biológica (que es lo que estudian los gemelos digitales de órganos en medicina), alguna actividad mental o emocional hasta cierto punto, y las interacciones pormenorizadas de cada individuo, incluidas naturalmente sus transacciones monetarias.
Semejante idea puede sonar a distopía de ciencia ficción, y podríamos pensar que simplemente se exageró el concepto o se lo utilizó mal, pero lo cierto es que la idea de una vigilancia de ese tipo puede encontrarse en varios de los papers, informes y artículos que reflejan los sueños húmedos de los transhumanistas de Davos:
Su “medicina personalizada” invasiva, con monitoreo remoto de las funciones biológicas, sus ciudades con entornos inteligentes omnipresentes, las conexiones cerebro-computadora (un tema recurrente de Klaus Schwab y Elon Musk), y hasta algunos sistemas de dinero digital con componentes biométricos. También es la máxima ambición de los sistemas de inteligencia militar automatizada estilo Palantir, aún no concretada: un sistema de vigilancia absoluto alimentado por múltiples cámaras en espacios públicos y sensores, cuya información sería procesada por una IA superpotente, que permita adelantarse a las reacciones de la población antes de que ocurran.
Palantir viene sufriendo varios reveses en el resto del mundo. Nadie parece confiar en que, con su filosofía de público desprecio a los Estados y los seres humanos corrientes, Thiel vaya a respetar la privacidad de los datos. A principios del año, el Ejército alemán anunció que no trabajaría más con Palantir, y a mediados de junio, los servicios secretos franceses también decidieron dejar de trabajar con ellos.
El Primer Ministro Lecornu subrayó que “no podemos depender de herramientas desarrolladas por potencias extranjeras”, a la vez que describió a los datos del Estado como “la riqueza de Francia”. Casi al mismo tiempo, parlamentarios británicos pidieron que su Servicio Nacional de Salud (NHS) pusiera fin a su propio contrato con la empresa estadounidense.
¿Busca el gobierno de Milei establecer alguna alianza con la empresa Palantir, a cambio de los favores dados a su dueño, y utilizarla para controlar el humor social, operar sobre la opinión pública y mantenerse en el poder?
No es nada descabellado pensarlo, dada la importancia que el partido gobernante le da actualmente a la vigilancia y manipulación de la opinión pública en redes. Tal vez sean sus deseos, y no haya nada concreto aún. Los recientes delirios del presidente, quien en una entrevista calificó de “terrorista” básicamente a cualquier persona que no piense como él, nos pueden dar la idea de lo amplio que podría ser el grupo de potenciales adversarios a vigilar.
Palantir tiene contratos con el Pentágono por cerca de 10.000 millones de dólares, que incluyen sistemas de vigilancia y el sistema TITAN de detección de blancos con IA. La simbiosis de la compañía con la estructura militar norteamericana se oficializó el 13 de junio de 2025, cuando cuatro directivos de las principales empresas de inteligencia artificial del país juramentaron con el rango de teniente coronel, como parte de una nueva unidad, Detachment 201, en la base Myer-Henderson Hall:
Eran Shyam Sankar, director de tecnología de Palantir; Andrew Bosworth, director de tecnología de Meta; Kevin Weil, director de producto de OpenAI; y Bob McGrew, exdirector de investigación de OpenAI. De suerte que cuando Peter Thiel dice odiar a los estados nacionales, no hay que creerle tanto. Trabaja para uno.
Ciudadanía para grandes inversores.
Nuestro Ejecutivo estaría además estudiando otorgar la ciudadanía argentina en forma express a grandes inversores, según una nota del Financial Times, que presenta a Peter Thiel como el “embajador” de la iniciativa. ¿Será por si hay problemas con la derogación de la Ley de Tierras? En su momento Peter Thiel obtuvo la ciudadanía de manera excepcional en tiempo express en Nueva Zelanda, en calidad de inversor importante, lo cual ocasionó cierto escándalo allí. Tal vez quiera evitar tanto revuelo allanando la ley.
Las aventuras de Thiel en Nueva Zelanda pueden ser instructivas para nosotros. Peter Thiel había llegado a la isla anunciando públicamente su intención de transformarla en un polo tecnológico global. Bajo esa promesa obtuvo de forma excepcional la ciudadanía neozelandesa habiendo estado sólo 12 días en el país, lo cual lo habilitó a comprar grandes extensiones de terrenos de alto valor, evadiendo las prohibiciones para hacerlo a ciudadanos extranjeros. Finalmente las promesas nunca se concretaron: no instaló data centers, ni se concretó el megaproyecto de construir un segundo cable submarino transpacífico de fibra óptica que conecte la isla con los EEUU. Apenas contribuyó al desarrollo de algunas startups.
Eso sí, por las dudas, el gobierno libertario, en su vocación de servidumbre total, se apresuró a introducir un artículo en la Ley de Reforma Laboral, el 194. El mismo establece que un ciudadano extranjero que saque la ciudadanía argentina, con todas sus ventajas, estará exceptuado de pagar impuesto a las ganancias en nuestro país como los demás argentinos. No sea cosa que si tienen que pagar algo se espanten. Más regalado, imposible.
La Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales como inspiración.
La tercera ley del trípode de sumisión es la Reforma de la Ley de Sociedades, la cual según los anuncios oficiales, pretende desregular los experimentos con Inteligencia Artificial, en un momento en que el debate en todo el mundo es cómo regularla. En concreto, buscaría otorgar personería jurídica a empresas que se desarrollen bajo nuevos encuadres legales, que utilizan el blockchain automatizado.
Como en todos los anuncios del gobierno en temas relacionados con tecnología de vanguardia, se trata más de una intención grandilocuente que de una realidad regulada por el texto, pero la intención a la que se apunta quedó bien clara en un artículo publicado por Milei y Sturzenegger en el Financial Times promocionando la medid. Donde el presidente se pronuncia como podría haberlo hecho Peter Thiel o cualquier otro cultor de la utopía del gobierno tecnocrático mundial de las corporaciones de Silicon Valley.
El Presidente y el Ministro afirman que las Sociedades de Responsabilidad Limitada fueron “uno de los inventos más trascendentales de la historia” y que fueron esas figuras jurídicas, luego de la Revolución Industrial, las que permitieron “desatar la potencia del capitalismo”. De manera que proponen una figura legal similar pero potenciada y adaptada a las circunstancias actuales. Si bien reconocen en otro párrafo que esas sociedades fueron muy polémicas en su época, porque permitían a los especuladores “retirarse con su fortuna intacta” si sus aventuras salían mal y “dejar que el cebo sea devorado por los pobre peces engañados”.
El símbolo de ese progreso trascendental para la humanidad es para Milei y Sturzenegger la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Es curioso que elijan como comparación una compañía que en su momento tuvo el poder propio de un Estado, con la capacidad de firmar tratados, acuñar moneda y construir fortalezas con ejército propio. Un poco lo que desea Peter Thiel que sean sus corporaciones tecnológicas.
Lo que Milei y Sturzenegger omiten decir en la comparación elogiosa es que la Compañía Neerlandesa tenía detrás a la monarquía y el Estado holandés, y por otra parte, que actuó sin ningún interés en el bienestar de la población: arrasó territorios, cometió genocidio contra poblaciones enteras en Indonesia y practicó el tráfico masivo de esclavos. Dicho de otro modo, dentro de la comparación histórica que establecen los autores, la Argentina estaría jugando más bien el rol de Indonesia, y quienes nos gobiernan serían paradójicamente agentes del estado holandés.
Más leyes de indefensión
Milei publicó en su cuenta de X, el 8 de julio, una foto junto a Sturzenegger, Caputo y Bausili (el grupo mafioso completo), afirmando que se estaban ultimando los detalles en reformas de la Carta Orgánica del BCRA, el shutdown del Estado, una nueva ley para el mercado de capitales, y la desregulación del mercado de seguros.
La reforma del BCRA
El anuncio lo concretó el presidente este 30 de julio por cadena nacional, en un discurso plagado de cifras absurdas y definiciones delirantes, como el cálculo de la inflación acumulada desde que se inauguró el Banco Central (como si hubiera una relación causal lineal entre ambos), expresada en trillones, ignorando las sucesivas devaluaciones y cambios de moneda.
La reforma del BCRA, en lo concreto, siguiendo la tradición liberal, busca eliminar de los objetivos de la entidad el promover el empleo y el desarrollo económico (mediante la financiación de sectores estratégicos, otorgando líneas de crédito para inversión productiva o bajando las tasas de interés para creación de Pymes). El presidente calificó esos objetivos como “una bestialidad”.
En general, busca independizarlo de cualquier política pública del Ejecutivo, siendo exclusivamente un apéndice de la banca internacional. Se planteó que el organismo debe limitarse a garantizar la estabilidad de la moneda, pero al mismo tiempo se quiere recortar severamente su capacidad de emitirla.
Milei llegó a hablar de crear una pena de prisión para quien emita moneda para financiar déficit, un delirio. Con lo cual la única función que se le asigna al nuevo Banco Central quedaría muy dificultada por la misma ley. A la vez, según anuncios oficiales, la ley buscaría ir preparando la banca para la posibilidad del reemplazo del papel moneda por monedas digitales (CBDC).
La cueva de Ali Baba y los socios de ANKER en el Banco Central
La emisión de moneda y la toma de deuda con acreedores internacionales son dos instrumentos que, utilizados juiciosamente, pueden ayudar a resolver alguna situación concreta. Ninguno de los dos puede utilizarse indefinidamente para hacer cerrar las cuentas públicas. Los gobiernos kirchneristas abusaron de la emisión de moneda, y los de Macri y Milei abusaron de la toma de deuda, aunque en realidad ninguno de los dos bandos se privó de financiarse utilizando ambos instrumentos. Pero a la larga, la ilusión se desmorona y hay que pagar los platos rotos.
Informe respecto el estado de quiebra irrecuperable del Banco Central de la RA
La única financiación genuina para las arcas del Estado es la reactivación económica. Desde que asumió Milei, el cierre de empresas ha sido continuo y sostenido, sumando ya entre 28.000 y 30.000 las que bajaron las persianas, más que durante la pandemia, con la diferencia de que terminada la pandemia, las empresas se recuperaron.
La población está endeudada y no llega a fin de mes, pero para el Ministro Caputo esto es un problema de los bancos que dieron crédito irresponsablemente a la gente, en los cuales él no tiene nada que ver. El presidente afirma que “nadie le puso un arma en la cabeza” a la gente para endeudarse, y también se desentienden del problema con cinismo y crueldad.
El “grillete fiscal”
La ley de “shutdown del Estado”, o como la denominó Milei, de “grillete fiscal”, busca cortar todos los gastos del Estado, salvo los mínimos esenciales, cada vez que haya déficit. Sigue la única receta que conoce el gobierno libertario, que es que cuando hay recesión, en lugar de intentar políticas que reactiven el sector productivo, hay que profundizar la recesión, aunque la gente reviente. Pero eso sí, sin tocar nunca el festín de ganancias del sector financiero y las grandes transnacionales.
Operando una transferencia descarada y obscena del trabajo del pueblo a los bolsillos de grandes grupos extranjeros. Lo cierto es que el recorte tiene un límite, y ya no se puede recortar más. La idea del “grillete fiscal” parece tomada de la frase repetida por el “halcón de la dolarización” Steve Hanke, consejero de Trump. Quien desde hace años hace campaña por la dolarización de nuestro país, junto con la implementación de una “camisa de fuerza fiscal” a los políticos argentinos.
Ley de Mercado de capitales y seguros
Por su parte, la Ley para el Mercado de Capitales, obra de Caputo y Sturzenegger, busca anular los controles previos de la Comisión Nacional de Valores para emitir instrumentos financieros. Aunque el presidente no dio muchos detalles, Sturzenegger previamente la había anunciado como “una reforma gigantesca”, que alcanzaría a fideicomisos financieros y fondos cerrados con operaciones de mucho volumen. Milei adelantó que se permitirá la emisión en moneda extranjera de bonos corporativos. Un festín para los especuladores y las grandes transnacionales, nada nuevo.
Finalmente, la reforma del Mercado de Seguros fue presentada por el presidente como de “libertad absoluta para que las compañías diseñen y ofrezcan productos sin autorización previa del regulador”. En pocas palabras, quiere eliminar las regulaciones que existen en cualquier país del mundo para evitar que las empresas de seguros ofrezcan seguros fraudulentos que no pueden pagar o estafen a sus asegurados.
Dijo además que “un mercado de seguros accesibles es esencial (…), y cuando no ofrece cobertura adecuada la gente termina demandándole protección al Estado”. La frase sugiere claramente la idea de reemplazar prestaciones estatales, como salud, por prestaciones de compañías privadas, siguiendo el modelo de los EEUU, muy cuestionado en los demás países desarrollados. Pero sin la economía de EEUU para sostenerlo, claro.
La ley Bases 2
El autor del Megacanje (una de las mayores estafas y robos de nuestra historia, por la cual debería estar preso), parece poseído por una fiebre legisladora. Ya anuncia gozoso una “Ley Bases 2”, con más “desregulaciones” en todos los aspectos de la legislación nacional:
Más flexibilización laboral, previsional y tributaria. Más reducción de la inversión estatal (vista exclusivamente como “gasto público”) hasta llegar al 25%, lo que implica aún más desfinanciación de investigación en ciencia, tecnología, salud y educación, que están ya por debajo de sus necesidades. Y también reformas educativas, “la explotación de los recursos naturales” (por extranjeros) y “más apertura del comercio internacional» (más apertura de importaciones, que en estas condiciones sólo va a terminar de reventar la poca industria que queda).
En resumen, lo que los admiradores confesos de la depredación corporativa, Sturzenegger y Milei, buscan abiertamente, es que el Estado argentino desaparezca, que la energía y la red de transporte queden en manos privadas, fragmentando el territorio y dejando el camino libre a la voracidad de las grandes corporaciones extranjeras, sin preocuparse en lo más mínimo por el hambre y la ruina de millones de argentinos, ni por el futuro del país.
El grillete de la deuda
Y para rematar el mecanismo de expoliación, el Ministro de Economía Caputo nos siguió endeudando hasta el cuello, cínicamente, durante cada partido de la selección. Horas después de concluido el partido contra Egipto se supo que el Ministro nos volvió a endeudar por 3.200 millones de dólares con tres bancos internacionales para pagar vencimientos de deuda.
Mientras se jugaba Argentina-Austria, el presidente emitió un decreto facultando a Finanzas a endeudarnos por hasta 5.000 millones de dólares bajo la legislación de los tribunales de Nueva York. Finalmente, horas antes de la semifinal contra Inglaterra, Caputo nos endeudó nuevamente, colocando un nuevo Bonar por 450 millones de dólares.
Todo esto se suma a los 20.000 millones de dólares solicitados al FMI a fines de marzo. Naturalmente luego se invocará la necesidad de vender activos del Estado a precio vil para afrontar los próximos vencimientos de deuda, y cuando ya no queden más, incluso los recursos naturales o hasta el territorio.
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La Administración Nacional debe 474.000 millones de dólares, el Banco Central suma otros 11.300 millones en bonos, y el monto crece todos los meses, por más ajuste y pagos que se hagan, ya que el 8% de interés anual que generan en promedio todos los préstamos tomados por la Argentina ya no llega a cubrirse por el superávit comercial, que apenas cubre la mitad.
Al mismo tiempo Caputo retiró un importante volumen de pesos de circulación. No se sabe con qué fin insiste en ello, porque la actividad económica es casi letárgica.
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La entrega del sistema nuclear y satelital argentino. El grupo Ansari.
Mientras estas leyes eran enviadas para su tratamiento, Demian Reidel completó la entrega de todo nuestro sistema nuclear a EEUU, desarrollado durante años con fondos estatales. El gobierno desfinanció proyectos, despidió personal o le inició sumarios por opiniones en redes sociales, y desalojaron con gendarmes a profesionales altamente calificados que soportaban sueldos de menos de un millón de pesos, para dar lo mejor de sí por el desarrollo de la tecnología nacional.
Según testimonio de empleados, funcionarios del gobierno de EEUU recorren las instalaciones nucleares libremente viendo lo que tenemos y tomando nota. Poseemos una de las mejores ingenierías nucleares del mundo, en un club exclusivo junto con algunas pocas potencias mundiales. Proteger ese desarrollo excepcional en una época de transición a energías no fósiles debería ser la prioridad de cualquier gobierno con visión estratégica.
La pieza central de la entrega la constituye el abandono y vaciamiento del CAREM, inaugurado en 2023. Un proyecto de vanguardia, ya que se trataba del primer reactor modular pequeño desarrollado íntegramente en Argentina.
Cuando el ex asesor de gabinete Demian Reidel asumió como presidente de Nucleoeléctrica Argentina, impulsó desde su puesto el desarrollo de este tipo de reactores. En una charla dada en el Rotary Club antes de asumir su puesto mencionó específicamente que ese tipo de reactores servirían para abastecer centros de datos de IA, los cuales esperaba que se instalen en la Argentina, y prometió que íbamos a “exportar reactores nucleares al mundo”. Aprovechó también para abogar por una “Inteligencia Artificial sin regulaciones”.
Inmediatamente después Reidel se dedicó a vaciar el sector y licitarlo a empresas extranjeras. Reidel fue uno de los nexos para traer a Peter Thiel a Argentina, y parece estar al tanto de los negocios que éste proyecta antes de que se conozcan públicamente; o posiblemente sea un “visionario” y ve las oportunidades de negocios antes que Peter Thiel. Es famoso por haber dicho, en una conferencia para atraer inversores tecnológicos, que la Patagonia era un excelente lugar para instalar centro de procesamiento de IA, agregando entre risas “el único problema es que está llena de argentinos, pero lo estamos solucionando”.
La excusa para regalar la industria nuclear argentina fue, por supuesto, que para desarrollar nuestro potencial tecnológico se necesitan inversores extranjeros. Por ello el gobierno anunció la construcción de un reactor modular a cargo de la empresa estadounidense Meitner Energy, que aportaría el capital en asociación con el INVAP. Pero la historia verdadera es muy diferente.
La empresa Meitner Energy fue constituida en 2024, en el paraíso fiscal de Delaware, EEUU, por lo cual no es posible saber quiénes son todos sus accionistas, ni si hay algún argentino. Según la información pública, el grupo Ansari sería dueño del 60% de las acciones, e INVAP (propiedad de la provincia de Río Negro) del 40%. No hemos podido encontrar ningún registro que indique algún tipo de actividad importante de la firma, ni en el rubro ni fuera de él. En su perfil de Linkedin afirma tener oficinas en Buenos Aires y Dallas, pero no da la dirección de las últimas, lo cual es inusual.
El CEO actual de la empresa es Teófilo Lacroze, ex presidente de la petrolera británica Shell en Argentina. La empresa se instaló físicamente en Argentina mediante la compra de una S.A.S. cordobesa, New Trust, que pertenecía a los hermanos Misuraca, del grupo Piero, a la cual le cambió la razón social.
El grupo Ansari no es un conglomerado industrial que aporte algún tipo de know how en el rubro, sino simplemente la offshore de una familia adinerada, el cual utilizan como vehículo para canalizar inversiones en diferentes áreas. Por lo tanto el INVAP aportará la tecnología ya desarrollada, y Meitner Energy se quedará con la patente y las licencias para exportar el reactor al resto del mundo, además de absorber al personal calificado, que no tendrá otra opción que trabajar con ellos.
Un robo de guante blanco, hecho y derecho
Con lo cual ya podemos saber a qué se refería Reidel con lo de “exportar reactores”, pero no era al estado argentino al que tenía en mente. Por eso también el super RIGI incluyó el desarrollo de estos reactores dentro de las actividades alcanzadas por el régimen. En Argentina primero se arman los negocios, y después se sacan las leyes para hacerlos posibles.
No es casual, seguramente, que pequeños reactores de este tipo son ideales para abastecer grandes centro de datos de IA en lugares apartados, así como cualquier tipo de instalación que se encuentre aislada (un bunker, por ejemplo). Se estima que la expansión de este tipo de centros hará crecer la demanda de este tipo de reactores.
Recientemente Google ha comenzado a realizar importantes inversiones para construir sus propios centros de energía y data centers, para poder cubrir las exigencias del desarrollo de la IA y no depender de compañías de electricidad locales. Se calcula que un centro de IA puede llegar a consumir hasta un gigavatio de energía por hora, o incluso 5 gigas en un futuro cercano.
Esto equivale al consumo energético de toda una ciudad pequeña. Sí, alimentar al monstruo cuesta muy caro. Para no desabastecer a localidades cercanas, un reactor modular propio sería una solución conveniente y discreta, que alejaría los cuestionamientos públicos. Así el círculo de negocios se cierra.
La familia Ansari, de iraníes exiliados en EEUU luego del derrocamiento del Sha en los años ’70, tiene lazos comerciales con Elon Musk, y financiaron tempranamente empresas espaciales privadas como Space X. Dirigen una organización sin fines de lucro, Xprize, dedicada a fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías en diferentes áreas, mediante concursos y premios, de la misma manera que lo hacen DARPA o la NASA, la Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento, o la Breackthrough Foundation, del oligarca ruso-israelí Yuri Miler.
El sitio de Xprize tiene la retórica globalista de preocupación por el medio ambiente, la huella de carbono y el liderazgo de mujeres empresarias, pero concretamente invierten y tienen patentes de desarrollo en Internet de las Cosas, medicina invasiva personalizada, infraestructura digital e Inteligencia Artificial. Al igual que los transhumanistas Peter Thiel y Jeff Bezos, están interesados en el desarrollo de tecnologías que prolonguen la vida. Pertenecen a ese ecosistema selecto de inversores tecnológicos mega millonarios que moldean el mundo futuro siguiendo la agenda que Davos.
Sin embargo, los plazos y el monto de inversión anunciados para la construcción del reactor modular anunciado parecen poco realistas, por lo cual asociaciones de profesionales del sector nuclear temen que todo termine en una burbuja financiera, anunciando de manera grandilocuente grandes inversiones para inflar el valor de la compañía, que luego no se concretarán, dejando al sector desarmado.
Otro reactor que está en peligro de ser entregado es el RA-10, un desarrollo de avanzada que se comenzó en 2010 y se construyó a partir de 2016, en la CNEA. Hay pocos de su tipo en el mundo. Podría llegar a producir 80 toneladas de silicio dopado por transmutación neutrónica (NTD), un semiconductor clave para la industria tecnológica. La cantidad es suficiente para abastecer el 35% de la demanda global. Significaría un ingreso potencial de 120 millones de dólares por año, y una influencia tecnológica y económica enorme que posicionaría a nuestro país en un lugar destacado.
A principios de julio, Clarín publicó que las autoridades de la CNEA “anunciaron la entrega de la operación del reactor RA-10 a un privado”. Desde la CNEA, consultados por Perfil, lo negaron, sin embargo en el sector dicen que la intención de privatizar el desarrollo nuclear es clara.
Pileta del reactor y pileta de servicios del RA-10 de la CNEA.
En cuanto a nuestra industria satelital, también está siendo igualmente desfinanciada y destruida por el gobierno. Justo en un momento en que Elon Musk en alianza con el Pentágono se prestan a saturar los cielos del mundo con satélites de baja altura que lleven señal inalámbrica hasta a los lugares más aislados (un componente esencial para el modelo de un mundo completamente interconectado de Davos) el lanzador de satélites Tronador II y la red de satélites SAOCOM 2 fueron completamente desmantelados. La Comisión Nacional de Actividades Espaciales ya perdió el 15% de su personal.
Los socios locales del modelo.
El empresariado nacional no ha sido completamente marginado de la repartija. Un socio local siempre permite cumplir mejor con requisitos legales y permisos, alejar cuestionamientos, y los abastecedores nacionales siempre son necesarios.
Si se forma parte del selecto club del “círculo rojo” se pueden obtener beneficios del nuevo modelo. Los Neus se quedaron con las centrales hidroeléctricas en el sur, y toda la cadena hasta el tendido eléctrico de alta tensión. Mindlin se quedó con el cemento, y Elsztain avanza acaparando el oro. Son los proveedores locales del modelo. Sus socios internacionales se aseguran el territorio y los recursos, por ahora, atentos a cómo evoluciona el escenario internacional.
Por el momento, Argentina no tiene infraestructura para avanzar en proyectos más grandes. Ahí es cuando el libertarismo se pega un tiro en el pie. Las empresas desean quedarse con todas las ganancias, pero prefieren no hacer grandes inversiones de infraestructura. Mucho menos en rutas o tendido eléctrico. Éstas deben ser costeadas por el Estado y el pueblo argentino al que están diezmando. Pero mientras tanto el anuncio de grandes proyectos les sirve como respaldo para obtener préstamos bancarios. Después se verá si se concretan o no.
Cuando los libertarios pretenden sacar regulaciones que mantienen a algunos sectores vivos, aún cuando en algunos casos sea con respiración artificial, omiten decir que antes de poder competir sin regulaciones esos sectores deben ser robustos. En realidad, no sacan regulaciones, emiten nuevas regulaciones y leyes, pero en vez de ponerlas al servicio de los intereses soberanos de los argentinos, redactan una estructura jurídica de saqueo. Para lograrlo usan la misma fuerza del Estado autoritariamente, como gendarme de los intereses extranjeros, y contra los intereses de la población.
Si no detenemos la avanzada sobre la Argentina propiciada por su mismo “gobierno”, por una dinastía de funcionarios que, como figuritas repetidas, aparecen una y otra vez para completar la tarea de vender la Patria, la Argentina será arrasada. En el actual contexto de agresivos reordenamientos geopolíticos, vertiginosos cambios tecnológicos, crisis energéticas y concentración de la riqueza en unos pocos fondos de inversión, el escenario es demasiado volátil. La gente está demasiado desencantada de los sucesivos gobiernos, se repliega, y eso contribuye al discurso anti-Estado. Si no hay reacción por parte de diversos sectores, que tengan la altura suficiente de enfrentar el desafío, el futuro será oscuro.-
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