CBI Cordubensis era una financiera ilegal, destapada en el año 2014 que desencadenó el último escándalo financiero cordobés. Tal es así que en el 2019, trece personas fueron condenadas en el fuero federal por maniobras fraudulentas millonarias que se manejaban en una mesa de dinero clandestina. Fue la primera vez en el país que se aplicó una condena con la carátula “intermediación financiera no autorizada”. Debido a la magnitud de los hechos, se espera que se realice un segundo proceso judicial.
Una de las figuras claves fue el financista Jorge Suau, uno de sus fundadores y último vicepresidente, quien apareció muerto el 13 de febrero de 2014 en el interior de su auto, en un camino rural. Según las pericias, se había quitado la vida, al contemplar que su financiera clandestina estaba padeciendo una salida de fondos, por parte de sus clientes, que implicó la explosión de la burbuja.
Además, su pareja entregó ante funcionarios judiciales una carta póstuma de confesión, redactada por su marido, donde expuso que CBI, lejos de ser un negocio de cuidados de ahorros, utilizaban los bienes monetarios de sus clientes, y de ciertos sectores influyentes, para manejar movimientos cercanos a los 300 millones de dólares anuales, sin control de ningún tipo.
De hecho, nunca se pude establecer el destino de los millonarios dólares que manejaba CBI. Lo que se revelará a continuación es que Suau tenía una empresa offshore, a la cual nunca se nombró. Esto aparece en el contexto de la llamada “Tragedia de Altas Cumbres”, donde el legislador oficialista Oscar González, la tercera figura más importante del poder político cordobés desde hace casi un cuarto de siglo, chocó y mató a una docente en plena ruta. Las conexiones políticas que tuvo esta importante figura político con el financista “cordubensis”, ambos caídos en desgracia, son elocuentes.
Parada a Florida
El 3 de octubre de 2013, el Registro Público del estado norteamericano de Florida, conocida por ser una de las guaridas fiscales elegidas por compañías para trasegar ciertos patrimonios, mediante abrir cuentas a nombre de esa compañía en cualquier banco del mundo, tiene registrada la creación de una empresa llamada SUASE LLC. Allí aparece un único accionista: Jorge E. Suau, que se entendería como Jorge Enrique Suau, el co-fundador de CBI.
Tiene como domicilio particular la calle Collins Ave al 17070, una de las vías automovilísticas más importantes de Miami Beach. En realidad, según Google Maps, se trata de una galería de negocios, con enorme espacio de estacionamiento y una vista con frondosos edificios.
Según los registros de Florida, Suase LLC nunca presentó los reportes anuales, y se considera como última actividad su disolución administrativa con fecha del 26 de septiembre de 2014. Para ese entonces, Jorge Suau había muerto siete meses atrás.
Oscar González y Suau
Tal como lo recuerda el colega Juan Manuel González para La Voz del Interior, Oscar González fue un ferviente menemista en los años noventa, y podríamos decir que lo sigue siendo, apegado a un estilo glamoroso con ostentación de bienes lujosos, que empalaga a cualquier transerrano vecino donde ha vivido de joven. Fue subsecretario de Comunicaciones y presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones entre 1993 y 1996, tras la privatización de Entel. En ese entonces, el futuro ministro y legislador de José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti, tenía a dos jóvenes escuderos: Jorge Suau y Fernando Boldú.
En la década siguiente, cuando De la Sota fue elegido gobernador por primera vez en Córdoba, González se convirtió en su ministro de Gobierno y puso a Suau a cargo de la secretaría de Culto. En ese entonces, Suau militaba en la Democracia Cristiana, que formaba parte del bloque electoral de Unión Por Córdoba, junto con el PJ y la UceDé. Por su parte Boldú, pasó a ser intendente de Laguna Larga durante más de una década.
Luego de eso, en octubre de 2011, pasó a ser secretario provincial de Asuntos Institucionales. Paralelamente, alquiló una caja fuerte en CBI Cordubensis, bajo el mando de su amigo Suau. Actualmente, Boldú está procesado por lavado, debido a una investigación judicial, que sospecha que el dinero depositado en esa cuenta provendría de los sobreprecios en las contrataciones públicas.
En febrero de 2014, Jorge Suau apareció muerto en su Toyota Hilux. En el interior del mismo, se encontró un recibo con la firma de su amigo Boldú; prácticamente, fue el primer funcionario público que se mencionó apenas saltó el escándalo de CBI. Oscar González asistió al velorio de Jorge Suau. Ante el requerimiento de la prensa, en particular de La Voz, contestó algunas preguntas:
–Desde que murió hay muchos que insisten en vincularlo a usted con Suau.
–Me enteré después de su muerte a través del diario que él era socio de una financiera, no tenía idea de la existencia de la financiera ni que él formara parte, lo último que le conocí fue un call center hace unos años.
–Se dice que usted tenía dinero en esa financiera.
–No tengo la más remota idea de que esta existiera, no conozco ninguna financiera en todo el mundo.
–¿Por qué piensa, entonces, que lo nombran tanto?
–Es algo ruin y canallesco.
–¿Pero por qué cree que lo hacen?
–Alguien quiere desviar algún otro tema que desconozco cuál es, es la estrategia del tero (NdeR: hacer sonar en una parte para desviar la atención de lo que ocurre en otra). Insisto, yo a Jorge le perdí el rastro hace más de 10 años, y me enteré de que estaba en una financiera después de que lo mataron o se suicidó.
(…)
–¿Fue al velorio de Suau?
–Sí fui porque la familia Suau es de mi ciudad (Villa Dolores); es una familia tradicional. Fui a saludar a su padre, Atilio, al que conozco de toda la vida y a su tío, Clemente, que es toda una institución allá.
En la actualidad, el único ex funcionario público que podría ser sometido a una causa penal es Fernando Boldú, principalmente por los misteriosos 290 mil dólares guardados en dos cajas de CBI a su nombre. Tuvo que reconocer ante tribunales que él era dueño de un costoso departamento ubicado en la avenida Hipólito Yrigoyen al 500, valuado en 400 mil dólares. Cuya ubicación está muy cerca de los inmuebles que figuran en la declaración de Oscar González, que conforman una media docena ubicados en el barrio Nueva Córdoba.
Tal como lo expuso Striptease del Poder, existe una subdeclaración de González en cuanto a su patrimonio inmobiliario de como mínimo 450 mil dólares, si se cotejan los “valores de mercado” irrisorios que expuso en su última declaración jurada, respecto la valuación fiscal oficial. Cifra que además se acrecienta cuatro veces si se toman los valores venales reales del mercado.
En particular a título de ejemplo, declaró tener una casita frente nada menos que al Parque de las Tejas, en el ingreso a la Universidad de Córdoba, en intersección de las calles Carlos Thays, Bulevar Chacabuco, y Chile. La que en realidad es una moderna torre de 15 pisos que ya tiene más de quince años de antigüedad, en la cual González luce la propiedad del piso más alto. Y también luce un castillejo es San Javier, en Traslasierra, con 60 hectáreas de tierra, el que ni siquiera está registrado en el catastro provincial, y mucho menos en la DGR (Dirección General de Rentas).
La presencia de González en CBI Cordubensis
Durante las indagatorias en la causa de CBI Cordubensis, distintos testigos, en particular empleadas y clientes, aseguraron haber visto al poli alto funcionario González en las oficinas de la financiera clandestina. Pero la fiscalía federal determinó que su presencia no era determinante como para por si sola tipificar con algún delito.
Aún así, durante el proceso judicial, varios testigos ratificaron su presencia, tal como lo exponen algunos fragmentos de los extensos fundamentos de la sentencia que dictó en el año 2019 el Tribunal Oral Federal de Córdoba Nº 2 (Causa “RODRIGO, Eduardo Daniel y otros s/asociación ilícita, inf. art. 310 -incorporado por ley 26.733, defraudación por retención indebida y defraudación por desbaratamiento”, Expte. FCB 5650/2014/TO1).
Una de ellas fue una cliente que vendió su departamento y depositó su importe en la cueva financiera de CBI, a la cual emparentaba como un banco, adonde también asistían su hija y su yerno, de apellido Guerrero:
“Una vez vio al Ministro González dentro del local de CBI, pero no entraba donde iba su esposo sino que iba por una puerta con barrotes, entonces la dicente preguntó pues ella siempre esperaba afuera y le preguntó al muchacho si era quien pensaba y le dijo que si, por lo que se quedó tranquila. Ya le habían dicho que operaban gente de poder, deportistas y empresarios, lo que le generó mucha confianza”.
Otro testigo, también cliente de CBI, tenía de cuñado al tesorero de CBI. Éste fue quien lo convenció de que pusiera sus ahorros allí. Las partes presentes le hicieron recordar un testimonio donde había aseverado lo siguiente respecto la pareja de su hermana, en relación con los clientes con que contaba CBI Cordubensis: “me mencionó Euclides Bugliotti, Tarquino padre e hijo, Fabián Maidana –ex presidente del Banco de Córdoba- ,y el ministro González”. Ratificó sus dichos e, incluso, agregó que le generó “mayor confianza a la que ya le había dado su cuñado”.
Una tercera testigo, también llegó a CBI porque la convenció alguien encargado de la tesorería. Asegura que perdieron más de 50 mil pesos de ese entonces, unos 16 mil dólares. Ella comentó que su esposo era muy “preguntón” con los dueños de la financiera, respecto quiénes les daban “respaldo”, es decir, el apoyo necesario para existir. Recordó que un empresario mencionado fue el desarrollista Euclides Bugliotti, y el dueño de la concesionaria Toyota. Las partes le hicieron escuchar lo que había redactado en el contenido de su denuncia, una de las tantas con que se abrió la causa, donde figuran más nombres, y ella lo ratificó. Allí aparece mencionado nuevamente el poli alto funcionario cordobesista Oscar González. Aunque, luego, ella aclara que no sabe quién es Oscar González.
La cuarta testigo fue empleada de CBI, encargada de operar las cajas de seguridad y dijo que conocía a los principales dueños. Sobre quiénes “operaban” en CBI, lanzó una seguidilla de nombres conocidos en el ámbito político y del espectáculo local como Marcelo Falo, el ex vice gobernador Héctor “Pichi” Campana, y “Cacho” Buenaventura: “Indica que él le preguntó a la Sra. Crivello, si lo vio a Oscar González, ministro del Gobierno, y aquella le contestó que esto le generó mucha confianza. Había poderosos que operaban allí”.
En un ingenuo párrafo posterior, se menciona a otro testigo, que “indica la presencia del ministro González, sobre esto aclara que no ha intervenido en las operaciones sino que personas públicas tampoco sospecharon de la ilegalidad sino no estarían en ese lugar”.
CBI, una historia de pájaros volando
El caso CBI Cordubensis implicado en negociados con compañías offshore, fue una investigación periodística llevada a cabo por el presente portal. CBI nació en el año 2008 integrada por los siguientes socios: Fabián Maidana, otro personaje del delasotismo, cuyo cargo más importante fue haber dirigido el Banco de Córdoba; Juan Carlos Barrera, dueño de la recolectora de caudales Bacar – Blinbox, luego también condenado por intermediación financiera ilegal; y los directores de una consultora hoy extinguida llamada Dritom Solutions, integrado por Suau, Julio Ahumada, y Aldo Ramírez. Los dos últimos, también fueron condenados en 2019 en el juicio de CBI.
En abril de 2012, Dritom selló un acuerdo con empresarios panameños para expandir su negocio a otros países, donde instaló oficinas en el World Trade Center Panameña, en la oficina 708, calle 53, en Marbella, a cargo de Ernesto Raúl Doering, ex secretario de minería de Catamarca, y ex director de la empresa Somica Dem, salpicada por el escándalo de acuerdos leoninos con una empresa inglesa.
En 2016, Stripteasedelpoder.com reveló que Aldo Ramírez y Ernesto Doering tenían una sociedad anónima en Panamá llamada Business Solutions Panama Group S.A. Su fecha de creación fue el 7 de septiembre de 2012. Es decir, cinco meses después de que Ditrom acordara con Doering para expandirse en Panamá.
Ver CBI Cordubensis: la corrupción financiera de Córdoba, conectada a empresas de Panamá
La sede de CBI se encontraba en la calle Rivadavia, en pleno centro de la City cordobesa, a dos cuadras de la sede del Banco Nación. Según un informe de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) CBI extrajo 716 millones de pesos de la banca nacional. Y que parte de ese dinero, alrededor de 52 millones, se extrajeron incluso después de cuatro meses de haberse desatado el escándalo (febrero de 2014).
Entre otras cosas lo que hacía CBI, que prestaba dinero canjeando cheques a fecha, fue crear dos cuentas en el Banco Nación, con nombres prestados, lo que le permitía evadir el impuesto al débito y crédito bancario. Estas maniobras habrían comenzado en abril de 2012, un mes antes de que Doering comenzara a operar en Panamá, y se extendió hasta el 31 de mayo de 2014, casi cuatro meses después de la muerte de Suau y de haberse destapado el escándalo, mientras la empresa de Suau en Florida aún continuaba activa.
El único cliente que mantenía Dritom Solutions Panamá, a través de Doering, era Telecarrier, perteneciente al holding de Stanley Carrier, principal accionista de Copa Airleans (Compañía Panameña de Aviación) la mayor empresa de aviones de pasajeros panameña, que tiene entre otras muchas rutas, vuelos directos de Córdoba a Panamá. Como para facilitar el cómodo acceso los empresarios políticos empeñados en la fuga de capitales que tanto daño hace al país.-
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