El 30 de marzo de 2024, sin que nadie se hiciera eco, se realizó una gravísima denuncia penal anónima, con profusa documentación probatoria, ante la Justicia Federal Federal de Córdoba. Se la caratuló como “NN s/ asociación ilícita y malversación de caudales públicos (FCB 3505/2024 – Caso Fiscalía 69479/2024)”.
Los implicados en ella son Paulo Casinerio, actual secretario de Desarrollo Social del gobierno de Córdoba; su padre Oscar Orestes Cassinerio, histórico contador del Sindicato de Empleados Públicos; la esposa de este último, Silvia Ferrero, dueña del laboratorio BIOCOR SALUD SRL; Sergio Castro, actual secretario general del SEP; Walter Villarreal, dirigente del SEP y vocal del directorio del APROSS (Administración Provincial del Seguro de Salud); y Florencia Pautasso.
En la denuncia se expone lo que sería una nueva defraudación al APROSS. Entidad cuya vicepresidenta es nada más y nada menos que Pautasso, esposa de Paulo Cassinerio; y el vocal y dirigente del SEP Villarreal. Cuya sede, hace un año, luego de graves denuncias de estafas con unos 30 detenidos, se prendió oportunamente fuego sin que nadie explique hasta ahora qué pasó.
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La misma presuntamente se perpetraría mediante una sobrefacturación en los análisis bioquímicos que realiza el laboratorio BIOCOR SALUD SRL, propiedad de la familia Cassinerio, cuyo gerente fue hasta hace poco Paulo Cassinerio, que funciona dentro de las propias sedes del sindicato. Esos análisis en el 2025, alcanzaron las 120 mil partidas en 9.000 pacientes, con un costo total de 260 millones de pesos, cuyos importes luego fueron reintegrados por el APROSS, según los balances del SEP.
“Se usa a esa empresa (BIOCOR SALUD S.R.L) como pasamanos de dinero entre los nombrados (Castro, Paulo y Oscar Cassinerio y Ferrero) y además se usa la vía de contacto con APROSS por medio del vocal gremial Walter Villarreal que es el nexo entre la facturación del gremio y el reintegro de la obra social con las implicancias de sobrefacturación al Estado del laboratorio sumado a las demás prácticas médicas que presta el centro de salud del gremio” dice textualmente el escrito anónimo, acompañado de mucha documental que muestra el estrecho vínculo familiar y político entre el SEP, los Cassinerio y el laboratorio.
“La mencionada empresa, fue creada al solo fin de explotar un negocio familiar y como vía para lavar dinero (…) Se puede observar además el lazo político que mantiene ya que este mismo laboratorio presta servicio en las sucursales más grandes del gremio donde como si fuera poco utiliza mobiliario, instalaciones y servicios pagos por la entidad gremial. También mantiene relación de servicios con el sindicato de amas de casa aprovechando la aceitada comunión política entre el mencionado y la titular, presidido por la Sra. Alejandra Vigo” añade el denunciante dando detalles del accionar de los Cassinerios dentro del SEP, con el supuesto fin de perjudicar al APROSS.
El escrito, presentado el 30 de marzo del 2024, recayó en la Fiscalía Federal N° 1 a cargo del fiscal Enrique Senestrari. Un exmiembro de la agrupación K “Justicia Legítima” que no suele incomodar mucho al círculo rojo cordobés. Y está imputado por omisión de deberes de funcionario público en la causa por el secuestro extorsivo y asesinato de Santiago Aguilera.
La pronta derivación de la justicia federal a la provincial
En esta ocasión con celeridad pocas veces vista, en 15 días corridos, el fiscal caratuló la causa como “asociación ilícita y malversación de fondos”, dejando de lado el posible lavado de activos, que habría perpetrado el mencionado laboratorio ligado a la familia Cassinerio. Así se la sacó de encima pasándola a la justicia provincial. Fuero controlado totalmente por el cordobesismo que integra Cassinerio.
“El denunciante puso en conocimiento que sabe que Oscar Cassinerio, su esposa, su hijo Paulo y otros miembros del sindicato realizarían actos que perjudican al sindicato y sus afiliados. Entre esos actos, se menciona la falta de transparencia en los contratos y la reserva de los gastos y facturación que realizaría, lo que según su entender serían indicios de la malversación de fondos que denuncia de forma anónima el denunciante” sostuvo Senestrari.
“El denunciante agregó documental con copia del Boletín Oficial con la constitución y cambios en la sociedad BIOCOR SALUD S.R.L e impresiones de algunas hojas de la constitución de la misma y publicidades e información de sedes y entidades que tiene en la provincia de Córdoba del sindicato de empleados públicos” añadió el fiscal de instrucción.
“Por último -concluye- el denunciante refiere que BIOCOR SALUD S.R.L es la vía para “lavar dinero”, y lo justifica por el vínculo entre funcionarios públicos y la sociedad, además de dar el ejemplo que la empresa dio de baja su página web y que tiene sedes en sindicatos”.
Ante esta grave denuncia, que pondría en riesgo la golpeada obra social del estado provincial APROSS, el fiscal Senestrari, alegando que la maniobra descripta no era competencia penal federal -a pesar de que podría estar el delito de lavado de activos- se declaró incompetente y sugirió remitir el expediente a la justicia de Córdoba.
En menos de lo que canta un gallo, su decisión fue avalada el 15 de abril del 2024, es decir apenas 15 días después de presentada la denuncia, por el juez Alejandro Sánchez Freytes. Un magistrado denunciado por sus dudosos desempeños en causas de delitos de lesa humanidad, perpetrados durante la última dictadura militar.
De esta manera, la causa “NN s/ asociación ilícita y malversación de caudales públicos (FCB 3505/2024 – Caso Fiscalía 69479/2024)” fue a parar al fuero provincial. Ámbito donde los Cassinerio, desde hace años, mantienen estrechos lazos con lo más alto del poder político cordobés. Principalmente gracias al contador Oscar Cassinerio, con vínculos directos con el exgobernador Juan Schiaretti; y a su hijo Paulo, actual secretario de Desarrollo Social de Martín Llaryora, fundador de dicho laboratorio, y alfil político de la actual senadora nacional Alejandra Vigo, esposa de Schiaretti.
Causa dormida e incendio
Al pasar al fuero provincial, la causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción Subrogante de Córdoba, un invento cordobés parecido al de las fiscalías Anticorrupción, adonde van a caer causas que gambetean otros fiscales. La que está a cargo de Daniela Maluf, quien se encargó de archivar el explosivo expediente, conforme la muy retaceada información que pudo obtener al respecto StripteasedelPoder.com.
Invocando para ello artículo 334 inciso 2° del Código Procedimiento Penal cordobés, que se aplica cuando el hecho denunciado no se encuadra en una figura penal. La fiscal Maluf había sido designada en ese cargo en el año 2021 con la intervención del legislador Juan Manuel Cid, como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
De esa manera se desechó de plano investigar al secretario de Desarrollo Social, a su familia, a ese laboratorio, al SEP, y al APROSS. A pesar que la vicepresidenta del APROSS, era nada más y nada menos que la esposa de Paulo Cassinerio, integrante de su directorio junto al vocal Villarreal dirigente del SEP.
Por su parte la fiscal Maluf a cargo del caso, enfrentó seguidamente algunas vicisitudes, dado el fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier, allanó nada menos que su fiscalía y le incautó su teléfono celular. Por la denuncia existente contra ella, de haber amañado un concurso convocado para cubrir cargos de funcionarios judiciales. Abriéndosele de esa manera dos causas contra ella, una penal y otra administrativa, que podría derivar en un jury. En el marco de un embrollo judicial, que es una verdadera muestra de cómo funciona la justicia de la Docta Córdoba
Que alcanzó su culminación cuando la Cámara de Acusación apartó al polémico fiscal Gavier del caso, porque uno de los participantes en ese cuestionado concurso era hijo suyo. Diciendo no obstante que ese intento de hacer justicia por mano propia, no reportaba mancha alguna para ese polémico fiscal que arrastra fama de verdugo. De todas maneras, la fiscal Maluf quedó en la cuerda floja de la justicia y legislatura cordobesa, para lo que tendrá que hacer seguramente muy “buena letra”, para poder zafar de ellas.
Para peor, a principios 2025, hubo una nueva denuncia penal por otra millonaria estafa contra el APROSS, con una treintena de detenidos, por emitir recetas y consultas médicas truchas. Tal cual se había denunciado en los tribunales federales respecto el laboratorio BIOCOR SALUD SRL de los Cassinerio.
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¿Una cortina de humo? Lo cierto es que, todo se agravó después y las suspicacias aumentaron el 18 de abril, viernes santo, cuando la sede del APROSS, ubicada en la avenida Alvear 758, que estaba totalmente vacía por el feriado, ¡Ohh casualidad! se prendió fuego totalmente.
El incendio, del cual bomberos no informó de su origen, arrancó en el segundo piso del edificio, donde están justo las auditorías médicas -que controlaban los pagos a BIOCOR SALUD SRL– y llegó al cuarto, donde funcionaba el directorio integrado con Florencia Pautasso esposa de Cassinerio y su vocal del SEP Villareal. ¿Toda pura casualidad?
Las pruebas de un posible desfalco
Sin estudios ni formación, desde muy joven, Paulo Cassinerio está en la rosca de la casta política viviendo del empleo público. A partir del 2002, con apenas 22 años, fue Coordinador del Programa Volver al Trabajo, en el gobierno provincial. A partir del 2005, Coordinador General del Programa Joven en la Secretaría de Juventud. A partir del 2007, Jefe de Área de Evaluación y Seguimiento de Proyectos, Secretaría de Juventud. A partir de 2011, Jefe de Área de Promoción de Cooperativas y Mutuales en el Ministerio de Desarrollo Social. A partir de 2015, presidente Agencia Córdoba Joven . Desde el 2017 Diputado nacional. Desde 2021 legislador provincial. Desempeñándose actualmente como Secretario General de Desarrollo Social en el gobierno provincial.
El 30 de octubre del 2013, mientras su padre Oscar Cassinerio era contador del SEP, cargo que detenta desde los tiempos de la dictadura, junto a su madrastra Silvia Beatriz Ferraro, segunda esposa de Oscar, crearon BIOCOR SALUD SRL. Y al primer cliente que tomaron, como dice la denuncia de federales, fue al Sindicato de Empleados Públicos, donde estaba don Cassinerio padre como contador y ahora su otro hijo Nicolas.
Según su acta de constitución, el actual funcionario de Llaryora, asumió como socio gerente suplente de la empresa. Y de un capital de $ 40.000, poseía cuotas sociales por $ 2.000, mientras que su madrastra que detentaba cuotas sociales por $ 38.000, figuraba como gerente titular.
Fuente: Boletín Oficial de Córdoba
Como se puede ver en el objeto social de la empresa, desde un comienzo, el foco estaba puesto en el sindicato. Pues esta textualmente dice que el objeto de la empresa es la “explotación integral, desarrollo y promoción de servicios de análisis bioquímicos; clínicos especializados y complementarios, inherentes a todas las especialidades de las ciencias médicas”. Pudiendo “celebrar contratos con profesionales del arte de curar, prestadoras de servicios médicos, obras sociales, prepagas, mutuales, sindicatos y cualquier entidad civil, comercial, industrial, financiera, relacionados con el objeto social”.
Inmediatamente después de su constitución, en el 2015, el flamante laboratorio de los Cassinerio se instaló en las principales sedes del SEP, que condensan la mayor cantidad de afiliados. En la ciudad de Córdoba, en la calle Miguel Calixto del Corro 269 2 piso; en la de Oliva en Sarmiento 250; y en Río Cuarto, en la calle 25 de Mayo 772. Todas sedes del SEP. Lugares donde todavía, más de 10 años después, sigue funcionando.
De esta manera, tal como lo dice la denuncia anónima presentada en tribunales federales, de entrada y por más de una década, BIOCORD SALUD SRL evitó y evita pagar los principales costos fijos de cualquier negocio que recién comienza sus actividades: alquiler, luz, agua, impuestos, telefonía, seguridad, etc.
Esta parasitación la permiten Oscar y Nicolás Cassinerio, contadores del SEP. El primero esposo de la dueña del laboratorio. También los dos últimos secretarios generales del gremio: el emblemático José Phien, ex legislador peronista, ya jubilado, y el actual titular Sergio Castro. Y queda evidenciada en los mismos balances del sindicato, donde no figura ni un centavo de ingresos por parte de BIOCOR SALUD SRL por el usufructúo de esos bienes y gastos comunes con el gremio.
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“Las autoridades del gremio (SEP), en cada rotación de cargos, son todos conocedores de esta realidad que el resto desconoce, ya que estos temas no son tratados en reuniones de comisión directiva, ni por parte del congreso. Salvo meras menciones de que se está haciendo, pero sin que medie votación” decía textualmente la denuncia radicada en los tribunales federales que habría sido archivada sin más trámite en la justicia de Córdoba.
De hecho, esta metodología los Cassinerio también la habrían replicado en el Sindicato de Ama de Casas (SACRA) cuya titular desde siempre es Alejandra Vigo. Jefa política de Paulo Cassinerio. Donde también su laboratorio BIOCOR SALUD SRL brindaría sus servicios.
Laboratorio político
En el 2017, mientras estaba al frente del laboratorio, de la mano de Vigo, Cassinerio dio un gran salto político. Ese año se presentó como candidato a diputado nacional por el peronismo cordobés (Unión por Córdoba) en el tercer lugar de la lista, después de Llaryora, actual gobernador de Córdoba, y Vigo hoy senadora nacional. Su llegada al Congreso quedó firme el 22 de agosto del 2017, cuando se hicieron las elecciones legislativas, donde Unión por Córdoba obtuvo tres bancas, detrás de Cambiemos con cinco bancas.
Un mes antes de las legislativas, el 26 de septiembre del 2017, como para limpiar el curriculum de Paulo Cassinerio, el laboratorio BIOCOR SALUD SRL publicó demoradamente en el Boletín Oficial un acta, dando cuenta que dos años atrás, el 21 de diciembre del 2015 -mientras se desempeñaba como presidente de la Agencia Córdoba Joven, a la par que BIOCOR SALUD se había puesto efectivamente en funcionamiento en las instalaciones del SEP – le había cedido y transferido a una tal Ines Busto Zapata , las cuotas sociales del laboratorio que tenía en él. Venta a la cual, según consta también en el acta, le dio su consentimiento Lucila Fernanda Pautasso, actual vicepresidente del APROSS, esposa de Cassinerio.
Luego de esa venta, el 25 de mayo del 2020, en plena pandemia, donde nadie se podía mover a ningún lado, Eliana Inés Zapata Bustos, la compradora de las acciones del diputado Cassinerio, “cedió y transfirió” a Silvia Beatriz Ferrero, madrastra del funcionario, sus cinco cuotas sociales por un monto de 5 mil pesos. Y esta a su vez le “cedió y transfirió” cinco cuotas sociales por 10 mil pesos a favor de Karen Guadalupe Cano, pareja de Giuliano Cassinerio, hermano de Paulo, con quien comparten el mismo domicilio. Todo avalado, en el acta, por su esposo Oscar Cassinerio.
Así la familia del funcionario compartía un negocio integral desde la emisión del análisis bioquímico firmadas por Ferrero, la autorización de su pago por parte de Oscar o Nicolas Casssinerio; y el reintegro de este por parte de Pautasso y Villarreal desde APROSS.
Avales del poder
El aval político de todo este negocio lo da Paulo Cassinerio, el gerente suplente de la firma en cuestión. Quien, tras terminar su mandato de diputado en diciembre 2021, en plena pandemia, recaló como se dijo en el gobierno de Córdoba como ministro de Vinculación Comunitaria y Comunicación de Juan Schiaretti esposo de Vigo.
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Luego tras el triunfo de Llaryora, ex compañero suyo de banca en el Congreso, en diciembre del 2023, tras ocupar una banca en la Legislatura, pasó a desempeñarse como Secretario de Desarrollo Social de la Provincia. Una cartera que históricamente manejó su jefa Alejandra Vigo.
Al respecto, un conocido gremialista cordobés en off contó a este medio, que cuando arrancó la gestión de Llaryora, el titular del SEP Sergio Castro se hizo presente en El Panal, la casa de gobierno de Córdoba. Donde tuvo un entredicho con el Secretario de Gobierno David Consalvi, a cargo de la relación con los gremios: y como respuesta habría tenido un carpetazo con el negocio de BIOCOR SALUD SRL y el SEP. Por ello, Castro, tuvo que llamarse a silencio, allanarse a los pedidos del funcionario y ahora serían chanchos amigos.
¿Tapando los rastros?
Hasta comienzos del 2024 todo parecía marchar de mil maravillas para el laboratorio de la familia Cassinerio. Sin casi ningún costo fijo, con 13 empleados en relación de dependencia y 10 con monotributo. Según el balance del SEP del año 2024, en ese ejercicio BIOCOR SALUD SRL le facturó 188 millones de pesos al sindicato en análisis bioquímicos, que fueron reintegrados luego por el APROSS.
Pero el 31 de marzo de ese año, alguien que sabía detalles todas estas presuntas irregularidades, hizo la denuncia anónima en Tribunales Federales y se dispararon las alarmas.
Como respuesta, el 3 de junio del 2024, dos meses después de que el fiscal Senestrari y el juez Sánchez Freytes remitieran la denuncia al fuero provincial, Ferrero le vendió, en efectivo, 30 cuotas de su capital accionario a su otro hijo, Giuliano Cassinerio, por la suma de 100 mil pesos; otras 30 a la esposa de este Karen Guadalupe Cano que ya tenía otras cinco de ellas; y otras 30 a su hermana Agustina Belén Cano.
De esta manera, el capital accionario de BIOCOR SALUD SRL, que estaba en manos Ferrero, esposa del contador del SEP Oscar Cassineiro y madrastra del ascendente político Paulo Cassineiro, se diluyó enteramente. Como para disimular que el laboratorio no es solo de la familia Cassinerio, pasó a quedar en manos de cuatro miembros de la familia del funcionario de Llaryora: 5 cuotas sociales en manos de la socia gerente Ferrero, 30 cuotas sociales en manos de Guiliano Casinerio, y 65 cuotas sociales en manos de las hermanas Cano, una de ellas esposa de Giuliano.
Además, seguidamente, el 31 de julio del 2024, el laboratorio BIOCOR SALUD SRL labró una nueva acta publicada poco después en el Boletín Oficial en la que se decía: “… que el Sr. Paulo Leonardo Cassinerio DNI 27.361.710 con fecha 21 de Diciembre de 2015 cedió las cinco cuotas sociales que eran de su propiedad quedando inscripto el acto jurídico en la matrícula 17.124 – B1 del Registro Público Comercio.- Por error se omitió darlo de baja en el carácter de gerente suplente, haciendo presente que el Sr. Paulo Cassinerio no realizó ninguna actuación en representación de la sociedad con posterioridad al 21 de Diciembre de 2015, por lo que se resuelve la cesación del a cargo de gerente suplente.- En su reemplazo se designa como gerente suplente a KAREN GUADALUPE CANO (esposa de su hermano) D.N.I. N° 34.989.752 por tiempo indeterminado, quién acepta”.
Fuente: Boletín Oficial de Córdoba
Es decir, luego de ser denunciado en la justicia federal, los Cassineiro, generaron nueva documentación, especialmente relacionada con Paulo, para tratar de licuar la propiedad de este, y escindir cualquier vinculación entre los negocios del laboratorio BIOCOR SALUD con la política. Siendo quizás esta la razón por la cual la fiscal Maluf se animó a archivar la causa.
Dejando por un lado sospechas respecto la oportunidad de esas actas, pero sin poder disolver la cuestión esencial de los intereses encontrados entre BIOCOR SALUD, propiedad casi integra de la esposa de Cassineiro hasta el 2024, y la función de este como contador del SEP. A los que se suman los de estos ambos, respecto la actuación en el directorio del APROS, de la esposa de Paulo Cassinerio, Florencia Pautasso, junto a Walter Villarreal, el integrante del SEP.
Toda una inextricable maraña muy propia de la casta, a la que la sociedad actual aborrece, por haber florecido y prosperado raudamente, a la par que la mayoría de sus integrantes se hundía en la debacle, hasta llegar a la penosa situación actual. A lo que hay que agregar además la álgida cuestión de si existieron sobreprecios en las prestaciones de BIOCOR SALUD solventadas por el APROSS, que podrían haber derivado en un enriquecimiento ilícito por parte de la familia Cassineiro, o engrosado ilícitamente las arcas del SEP.
Cuanto se llevó el último año BIOCOR SALUD
Stripteasedelpoder.com accedió al último balance del Sindicato de Empleados Públicos y constató que, durante el 2025, el laboratorio de la familia Cassinerio le facturó 265 millones al APROSS a través del sindicato. Fue en pago de 120.484 análisis bioquímicos realizados a 9.268 pacientes. Casi el 60% del total de afiliados. Un llamativo promedio de ¡13 prácticas por paciente!
En detalles, los estados contables del ejercicio finalizado en agosto de 2025, desglosa en dos ítems principales: $169.865.081 por «Prestaciones Bioquímicas de Alta Complejidad» y $95.280.184 por «Prestaciones Bioquímicas C de Salud«. En total 265 millones.
Estos análisis, son realizados y firmados por la propia Silvia Beatriz Ferrero, esposa de Oscar Cassineiro contador del SEP, y madrastra de Paulo Cassinerio, funcionario de Llaryora. Cuyos pagos en definitiva son librados por Florencia Pautasso, la esposa de secretario Paulo Casineiro.
Los Cassinerio
Pero los Cassinerio son algo más que bioquímicos, políticos y contadores. Oscar Oreste Cassinerio, el padre del funcionario también es presidente de la Confederación Argentina de Judo desde el año 1990. Deporte que practica hoy, según la denuncia, Sergio Castro, secretario general del SEP. Y al que es también aficionado su hijo el sempiterno funcionario público Paulo Cassineiro.
Quien según su última declaración jurada de bienes, presentada en el 27 de enero del 2024 -habiendo omitido presentar la de ese año y la del 2025- tiene, junto a su esposa Pautasso, un jugoso patrimonio. El cual, con su mayoría de bienes subvaluados, se componía por entonces con:
- 699 dólares en efectivo.
- Una VW V6 4×4 y una Ford Territory valuadas las dos en 000 mil dólares.
- Una casa en Los Espinillos, en la localidad de Potrero de Garay, sin especificar detalles valuada en 60.000 mil dólares.
- Un lote en el barrio cerrado de Siete Soles, sin especificar detalles, valuado en 28.000 dólares.
- El 25% de una casa en Barrio General Bustos valuada en 3.500 dólares.
- Bienes de hogar por 15 mil dólares.
En total, por todos estos bienes, el actual secretario de Desarrollo Social de Llaryora, hijo de una familia de contadores, declara un ínfimo patrimonio de140 millones de pesos. 167 mil dólares de entonces. El valor de una módica casa. Cuando el valor real de mercado de esos bienes, cuyos inmuebles no tienen ninguna especificación en la declaración jurada, rondarían como mínimo en los 350-400 mil dólares. Una subvaluación de más del 50%.
Asimismo, el funcionario y ex gerente de BIOCOR SALUD S.R.L, es actualmente presidente de la Fundación del Banco de Córdoba. Entidad dedicada según su página web, a promover “el crecimiento sustentable de las regiones más desprotegidas y menos desarrolladas de la provincia de Córdoba, ofreciendo a emprendedores cordobeses la posibilidad de iniciar, ampliar sus microempresas”. Actividad que se solapa con su cargo como secretario de Desarrollo Social de la provincia.
Como se puede observar en su organigrama, la secretaría de esta fundación, es Mariana Victoria Vigo, Subsecretaría de Agricultura Familiar del Gobierno de Córdoba, sobrina de la senadora Alejandra Vigo, jefa política de Cassinerio.
¿La estafa al APROSS sería mayor?
Por último, en la denuncia de tribunales federales, se detalló que no solo el laboratorio de los Cassinerio en el SEP estaría incurriendo en la práctica de sobrefacturación con la connivencia del APROSS. Sino que también el mismo gremio, mediante el vocal de la obra social, Walter Villarreal, haría lo mismo con otras prestaciones médicas.
“Se usa la vía de contacto con APROSS por medio del vocal gremial Walter Villarreal que es el nexo entre la facturación del gremio y el reintegro de la obra social, -con las implicancias de sobrefacturación al estado de laboratorio-, sumado a las demás prácticas médicas que presta el centro de salud del gremio. Es conocido, que es la misma obra social es la que provee muchas veces de equipamiento para las sedes del sindicato. Por ello, cada uno de los actores, como el sec. de Acción Social maneja el centro de salud”, dice textualmente el expediente.
Al respecto, en los balances del sindicato, se observa que el principal ingreso ordinario que tiene el SEP, año a año después de los aportes de los afiliados, son los reintegros del APROSS por prestaciones médicas en salud. En el 2025 fueron $ 4.508 millones sobre un total de ingresos de $ 20.245 millones. O sea casi el 25 % total de los recursos.
Como el SEP tiene unos 16.000 afiliados con sus respectivos grupos familiares, en promedio en el año 2025 el APROSS gastó en cada uno de ellos, uno 281 mil pesos. Una cifra considerable. Dejando abierto el interrogante, si esta denunciada práctica de sobrefacturación, es verídica y se traslada a otras prestaciones médicas.
Y si el pago por ello al contador Carlos Orestes Cassinerio, padre del funcionario de Llaryora, es el usufructuó del negocio del laboratorio BIOCORD SALUD, sin poner un peso en el gremio. Lo cual parece también surgir del mismo balance, en el que se consignan en el 2025 recupero de gastos por Centros de Salud médicos y de odontología, por un monto de $ 422 millones, pero nada por los de bioquímica.
Solo el accionar de la desprestigiada Justicia de Córdoba podría haber aclarado todo esto, en la causa de la fiscal Maluf que ahora duerme su sueño eterno en el archivo, pero que bien para la salud de los cordobeses podría desarchivarse. Algo que sabemos que sería milagroso que pase. A pesar de que, nuevamente, es la deteriorada obra social del Estado, la que está en riesgo.-
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