La treta de la decana de la FCC-UNC Parisi, su boga Orosz, y el fiscal Senestrari para zafarla de la causa penal persiguiendo un periodista

Hace casi nueve meses que este portal publicó, en base documentos oficiales de la propia Universidad Nacional de Córdoba (UNC), lo que serían graves irregularidades en gastos personales y viajes, contrataciones y compras de la gestión de la actual decana de facultad de Comunicación Mariela Lucrecia Parisi.

Las mismas, replicada en otros medios, derivaron en una denuncia penal, realizada el 3 de febrero pasado, por la agrupación opositora en la facultad, ante la justicia federal, en base a las notas publicadas en Stripteasedelpoder.com. Denuncia que, desde ese día, duerme en manos del fiscal Enrique Senestrari. Y en una inédita auditoria, solicitada el 27 de febrero, por la propia decana y el rector de la UNC Jhon Boretto que hasta el cierre de esta nota tampoco se conoce su resultado.

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Aun así, a pesar de la polémica mediática, la denuncia y la auditoria, la decana Parisi, que estaría de viaje por Europa con su familia, no dio explicaciones públicas sobre su gestión absolutamente a nadie. Por el contrario, como en el reino del revés, el único que hasta ahora deambuló por los pasillos de tribunales, habló con fiscales, tuvo que contratar abogados y peritos por miles de dólares, fue Lázaro Llorens, el autor de las notas sobre las irregularidades de la gestión Parisi. Quién es egresado de esa misma facultad con el titulo de Licenciado en Comunicación, en la especialidad Periodismo de investigación.

Esto es porque fue denunciado penalmente, ante la justicia cordobesa, que lleva décadas sin meter algún funcionario preso, con el patrocinio del ex funcionario y abogado de Derechos Humanos Claudio Orosz, por la decana Parisi, su marido, el periodista de la universidad SRT Cesar Barraco, y sus tres hijos, dos menores, por supuesto daños a la salud de todos ellos, pidiendo una supuesta reparación por 25 mil dólares

Pero lo más surrealista y orweliano es que esta denuncia no es por los hechos expuestos en las notas que hasta ahora ni Parisi, la justicia o la auditoría refutó. Si no por 17 comentarios que Lázaro Llorens hizo en sus redes sociales. Un delirio.

El expediente recayó en manos del fiscal provincial Raúl Garzón. Un fiscal amigo del cordobesismo que instruyó, entre otras causas, la del Neonatal, teniendo como principal imputada a la enfermera Brenda Agüero para quien, según Garzón, es una “asesina serial” de bebés.

En esta causa participa como abogado defensor de Alejandro Escudero Salama, ex interventor del Neonatal y eterno funcionario del cordobesismo, el mismismo Orosz. A su vez, abogado de la decana Parisi y familia en la causa que instruye Garzón.

El propósito de la denuncia de Orosz

Como el derecho a la libertad de expresión y la doctrina de “real malicia” protegen la labor periodística. Y la documentación mostrada por Stripteasedelpoder.com en los artículos sobre Parisi es consistente, dado que son públicas y están firmada por la propia decana, las posibilidades de hacerle a Lázaro Llorens una denuncia civil, por calumnias e injurias, son nulas.

Por eso, ante ésta imposibilidad, Parisi, su esposo Barraco y su creativo abogado Orosz, al igual que Milei, avanzaron con una disparatada denuncia penal por comentarios en las redes sociales.

Este burdo apriete no busca otra cosa que “extorsionar al mensajero”. Concretamente, qué ante el monto de la demanda y sus riesgos, Llorens opte por disculparse y desdecirse, y así concurrir con ello ante el fiscal Senestrari y decirle sobreséame y archive.

Para ello hubo hasta ahora una coordinación entre Parisi, Orosz y el fiscal K de “Justicia Legitima”, Enrique Senestrari,  quien actualmente tiene como abogado personal al mismo Orosz.

Ella comenzó el 27 de diciembre del año pasado. Justo el mismo día que la agrupación 12 de Diciembre, presentó un escrito ante el Consejo Superior de la Universidad, encabezado por Jhon Boretto, mediante el expediente N° 2024-0097725, solicitando que se expidan sobre las irregularidades publicadas por este portal en septiembre y octubre del 2024.

Ese mismo día, con Orosz detrás de las bambalinas, Parisi y su esposo Barraco, presentaron una demanda civil y penal por 25 mil dólares contra Llorens por “daños y perjuicios por calumnias e injurias y retractación pública” para reparar el “daño psicológico y tratamiento” y “daño moral” de ella, su esposo y tres hijas. Entre ellas Martina Rolotti, contratada por la misma decana Parisi para hacer pasantías en los SRT.

Este escrito tenía la firma de Javier Antonio Elías. Un abogado de causa sociales, que después se borró.

No conforme con ello, dos semanas después de esa temeraria demanda, el 10 de diciembre, Parisi hizo que el Concejo Directivo de su facultad emitiera la falaz y victimizante resolución 23/2024 que entre otros divagues decía: “Rechazamos enérgicamente la campaña en redes sociales promovida por el sitio web “Striptease del poder.com” que, basada en agresiones, injurias y calumnias, daña y perjudica maliciosamente a nuestras autoridades, docentes, no docentes, estudiantes y egresados de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y por ende a la Universidad Nacional de Córdoba”. Sobre explicar los hechos publicados por este portal, ni una palabra.

Fiscal amigo

Tras esta resolución victimista, el 3 de febrero del 2025, sin respuesta de Parisi y el rectorado, la oposición presentó una denuncia penal contra la decana, ante la justicia federal, para que se la investigue en base a las publicaciones de Llorens en Stripteasedelpoder.com.

Esta recayó en manos del fiscal Senestrari, quien, desde el comienzo, al igual que la UNC, no mostró interés alguno en esclarecer los hechos. No llamó a declarar a Parisi, ni a Llorens, ni otros docentes involucrados. Se limitó a pedir información a la facultad de Ciencias de la Información capitaneada por Parisi, con quien comparte su mismo abogado, Claudio Orosz.

Pero nada es casualidad. Senestrari era vocal de la agrupación kirchnerista “Justicia Legitima”. De ahí su liga con Orosz. Investigó muchos expedientes calientes que involucraron a poderosos empresarios y políticos de Córdoba como CBI, Cotreco, Alós, Máscolo. Expedientes que muchas veces quedaron en la nada.

En el 2017 estuvo en el centro de la picota cuando manifestó públicamente que el entonces presidente Mauricio Macri tenía que caer. Comentario que le valió una multa del 10% de su sueldo. “Yo me hago cargo y con orgullo de ser Justicia Legítima y simpatizante de las ideas que defendió el gobierno K. Nunca lo negué” dijo públicamente.

Este fiscal K tuvo en su despacho la causa de Luz y Fuerza, donde la justicia investiga a 18 miembros de este sindicato por “asociación ilícita”, “defraudación por administración fraudulenta” y “lavado de activo”. Sin embargo, fue apartado de la misma, porque Orosz, abogado de los imputados, era a la par abogado de Senestrari. Algo parecido a lo que ahora pasa con Parisi.

El apriete

Diez días después de esta denuncia penal contra Parisi, el 14 de febrero, el día de los enamorados, en el fuero civil, se hizo la audiencia de conciliación, por la demanda civil que Parisi y su marido Barraco le hicieron a Llorens. En la misma, no estuvo presente el abogado Elías. Lo suplantó otra abogada que no tenía poder.  Por lo cual, para que esta no quedara nula, se tuvo que llamar a último minuto a Elías.

En esta audiencia no hubo acuerdo. Se aclaró que, la demanda civil planteada por Parisi y Barraco quedaba en un impase, por la prejudicialidad de la causa penal presentada ante la justicia federal ante Senestrari.

Sin embargo, ante esa negativa, la abogada que no tenía representación legal formal, dijo que todo podía ser rediscutido junto a la denuncia penal que se iba a presentar ese mismo día, en el fuero provincial, contra Llorens.

Y efectivamente, esa misma tarde, ingresó a la justicia penal de Córdoba, que hace 26 años que no investiga a un funcionario público de relevancia, una denuncia penal firmada por quién se jacta de ser un abogado de Derechos Humanos, Orosz, contra este periodista, por orwelianos “daños a la salud” concretados a la decana y toda su familia. Causa SAC N°13600097.

De esta manera, paradójicamente, el abogado de Derechos Humanos, ex funcionario de Cristina, Macri, Alberto y Milei, como no pudo silenciar al mensajero optó por criminalizarlo, como una forma de extorsión para obtener su desdichos, respecto las notas que había publicado.

Todo este cruce de denuncias, lejos de aplacar el tema, levantó revuelo. Llegando a la TV, con una serie de notas, tocando todas las campanas, en el programa del Aldo Guizzardi (Lagarto Show) emitido por Canal 12 del Grupo Clarín. Nota que habría tenido, como secuela inesperada, un apriete verbal, desde las autoridades de la Facultad de Comunicación, al cronista que las realizó y que es  alumno regular de esa carrera.

En paralelo a esto, para paralizar la denuncia penal en la justicia federal, en evidente connivencia entre el fiscal Senestrari y el abogado Orosz, el 28 de febrero el rector de la UNC Boretto a pedido de Parisi, mediante resolución 257/25, ordenó realizar una auditoria sobre los gastos y contrataciones de la decana publicados en la nota de Stripteasedelpoder.com.  Medida que se realizó mientras avanzaba la extorsiva causa penal incoada en la justicia provincial contra este Llorens, y que también favoreció a Parisi ante las elecciones decanales que se concretaron en mayo pasado.

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Auditoria y fiscales congelados

Luego de esta resolución de Boretto no pasó más nada. El expediente de Parisi en manos del fiscal Senestrari, el cliente de Orosz, se congeló. Y como contrapartida, en la fiscalía de Garzón, sólo fue avanzando la causa penal contra Llorens.

Sobre la auditoria, consultados, desde el rectorado sólo se limitaron a decir “la están revisando”. Mientras que Llorens quince días atrás presentó un pedido de información (EX-2025-00359402- -UNC-DGME#SG) solicitando saber su resultado. Pedido que hasta el día de hoy no fue respondido.

Aun así, como se puede ver en el digesto de la UNC, luego de ella, la rendición y los gastos personales de la decana Parisi, que según ella eran “funcionales”, es decir para hacer funcionar la facultad, cambiaron notablemente.

Entre otras cuestiones se acabaron los largos viajes al exterior e interior, el sushi, las compras de supermercado, librería, los helados los domingos, compras directas, etc.

De hecho, a lo largo del 2025 solo hubo dos resoluciones convalidando nueve gastos en total. Cuando antes había una o más por mes, convalidando, en algunos casos, hasta casi una decena. Más los viajes y otras compras.

Además, como se puede ver abajo, las rendiciones del 2025 tienen detallado el “concepto” (para que se gastó) e “importe”. Dos datos básicos que, como lo señalaban las notas de Llorens, muchas rendiciones no las tenía. Una falta de transparencia total.

Ciencias de la Incomunicación

Ante esta embestida penal de Parisi – Barraco – Orosz – Senestrari, y una auditoría sin resultados, Llorens presentó ante el rectorado un pedido de información pública sobre la Facultad de Comunicación. Entre estos: cantidad de contratados, docentes que ingresaron por y sin concurso, becarios en los SRT, sueldo de la decana, etc.

Sin embargo, como se avecinaban elecciones decanales, durante meses, Parisi se negó a suministrarla. Todo lo manejó con total oscurantismo. A la par que, mientras ante el fiscal Garzón dice estar dañada gravemente en su salud, se puso al frente de la campaña decanal, haciendo alianzas con todos los sectores y abrazándose hasta con funcionarios del gobernador Martín Llaryora.

Estas elecciones se realizaron el 14 y 15 de mayo. Y días antes el fiscal Garzón, impulsado por Orosz y por WhatsApp, citó a Llorens a comparecer a su fiscalía. Un disparate total que muestra cómo funciona la justicia cordobesa, que persigue penalmente al mensajero, mientras que no avanza ni un paso, contra aquellos funcionarios públicos, amigos del poder, mencionados por el mensajero en posibles hechos de corrupción.

Para acudir a esa citación, Llorens tuvo que contratar un abogado. También psicólogos y psiquiátricas con honorarios por 5 mil dólares, para que controlen las pericias oficiales, por daños a la salud, solicitadas por Orosz sobre los cinco integrantes de la familia Parisi-Barraco. Familia que, desde el 19 de mayo pasado, y durante unos 20 días, habrían estado viajando por Europa. ¡Así de disparatadamente orweliano todo!

Con esta persecución, el 15 de mayo la lista “Convergencia” de Parisi finalmente logró en la Facultad de Comunicación un contundente triunfo.  Para lo cual, según la lista opositora “se evidenció un alineamiento inédito de sectores políticos, gremiales e institucionales que respaldaron abiertamente a la agrupación oficialista Convergencia. Desde ADIUC, sectores del gobierno municipal y provincial, autoridades del rectorado, el directorio de los SRT —donde incluso hubo situaciones de fuerte presión hacia trabajadores y trabajadoras—, hasta espacios gremiales como el CISPREN y referentes políticos como el diputado Pablo Carro, todos confluyeron en sostener a una gestión señalada por denuncias públicas de presuntas irregularidades”.

Pasadas las elecciones, cinco meses después de solicitadas, finalmente el rectorado de la UNC se dignó a suministrar parte de la información solicitada a la decana Parisi. La cual, a pesar de tardar meses en ser recopilada, es sumamente incompleta y no condice con algunas cosas con lo publicado en el digesto de la UNC.

Sobre los docentes nombrados a dedo por Parisi de manera interina “ad referéndum”, confusamente ella reconoce 177 docentes. Cuando en el digesto hay más de 300. La cantidad de docentes en esta condición era relevante por los votos en las elecciones. Dado que los docentes son los que mayor representatividad tienen. Cosa que se reflejó claramente en la última elección. Donde todos los docentes, su mayoría precarizados, votaron por su lista Convergencia.

En cuanto a su salario total que percibe Parisi, solo se suministro una planilla general donde figuran las remuneraciones básicas de los altos funcionarios de la UNC. Sin sus horas docentes. En base a ella, su monto sería de unos 8 millones de pesos brutos. A los cuales hay que sumarle sus gastos sushi, nafta, supermercados, helados, viajes, etc. Y sus cátedras como docente.

Por último, el pedido de informe confirmó también, que como lo publicó este portal, la decana Parisi nombró entre abril del 2023 y octubre del 2024, con su firma, a su hija Martina Rolotti y su intima  amiga Ornella Sapdafora, becarias rentadas en el canal universitario de los SRT. Aunque no se detalló cuanto cobraron por esa pasantía. Se limitaron a informar que “los pasantes reciben una suma de dinero no remunerativo, una asignación estímulo que se calcula sobre el salario básico del convenio colectivo de la empresa”.

Estas pasantías rentadas, la hija de la decana y su amiga, la hicieron en medio de un feroz desguace del canal universitario. Desguace que Parisi convalidó con un voto de abstención al momento de su aprobación. Y que se consumó con decenas despidos, retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, no solo de periodistas sino de técnicos y operadores.

En el caso de Rolotti, ella tuvo la suerte de ingresar a trabajar como productora del programa “Mirá quien habla” conducido por su padrastro Cesar Barraco. O sea, durante un año y medio, con fondos públicos, la decana contrató a su hija como pasante, para que sea la productora del programa de su marido en un medio público. Todo pagado con fondos de una universidad pública.

Incluso, la hija de la decana, con buena parte del material producido en los SRT, también por ese entones escribía y escribe junto a su padre del corazón Barraco en su blog “No te peines que es radio”. Sitio web que está lleno de pauta oficial del gobierno de Córdoba, Bancor, Municipalidad, etc. Y por la cual, en estos años, según el portal de Transparencia de Córdoba, Barraco, hoy de viaje por Europa, cobró unos cuantos millones de pesos en pauta oficial.

Tras todo este periplo, el próximo 23 y 25 de junio la fiscalía de Garzón realizará las pericias a toda la familia Parisi-Barraco para comprobar si están dañados en su salud por 17 publicaciones en las redes sociales de Llorens. De constatarse, aunque la justicia federal no se haya expedido y la auditoria de la UNC tampoco, el primer imputado penal que tendrá lo que algunos llamaron el “sushigate” de la decana Parisi, quien no pudo desmentir ninguna de las irregularidades publicadas sobre su gestión, será el periodista que lo develó.

Así funciona la libertad de prensa en Córdoba, “la Docta”, que tiene como imaginativo verdugo al abogado Claudio Orosz.

¿Quién es Orosz?

Con 66 años, Claudio Alejandro Orosz Romero, actual abogado de la agrupación HIJOS, eterno funcionario público, es un conocido abogado de Derechos Humanos de Córdoba.

Hijo de inmigrante judío, víctima del holocausto, hermano del periodista de La Voz – Clarín Demian Orosz, en su juventud integró el Centro de Estudiantes la escuela Superior Manuel Belgrano de Córdoba, donde una veintena de alumnos menores padecieron horrorosos vejámenes de la última dictadura militar. Dentro de los cuales hay 10 desaparecidos.

En contraposición a ellos, en 1975, antes del golpe, Orosz, gracias a su padre un influyente miembro de la colectividad judía, con lazos con el gobierno peronista, emigró a Israel, la tierra prometida. Desde allí, según relató luego en un juicio de Lesa Humanidad, donde el mismo era abogado querellante, “activó un comité de resistencia a la dictadura hasta el regreso al país muy pronto, en 1977“.

Este relato, para quienes vivimos esos años de plomo, sonó a película de Netflix. Dado que, por esos lustros, ninguna de las fuentes consultadas recuerda haberlo visto. Y sobre todo porque en 1977, el poder militar estaba plenamente consolidado y no había ni resistencia ni retorno posible. Menos de un estudiante de secundaria solitario. Salvo que la junta militar lo permitiera.

“La Chela”

Según pudo averiguar Stripteasedelpoder.com quien habría criado durante su niñez a Orosz fue una prima del legislador y caudillo peronista de Traslasierra Oscar González. Hasta hace poco el tercer dirigente peronista con más poder de Córdoba. Actualmente procesado y preso con arresto domiciliario, por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, gracias a una investigación de este portal.

“La Chela” González cayó desgracia por ser autor del temerario siniestro vial de las Altas Cumbres donde, con carnet trucho y auto BMW con pedido de captura, se cruzó de carril y embistió a alta velocidad, en la montaña, a un auto Renault Sendero que conducía una docente, que falleció en el acto, junto a dos menores que resultaron gravemente heridas.

Por eso cuando Gustavo Álvarez, miembro fundador del Taller Cortazar e HIJOS, padre del corazón de una de esas niñas (Alexa), le fue a pedir ayuda a su compañero de militancia Orosz, que por entonces además era abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, para accionar legalmente contra el legislador, este se la habría negado. Adujo que si lo hacía iba a tener problemas con su familia del corazón los González.

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Durante los 90, cuando las causas de lesa humanidad estaban canceladas por las leyes de impunidad, a Orosz no se lo vio mover un dedo por ellas. La única que lo hizo, en solitario, fue la valiente Dra. María Elba Martínez, fallecida años atrás.

Por esos años, con Ciudad Victoria S.A., Orosz parecía más interesado en los negocios. Por eso integró el directorio de esta compañía junto al conocido licenciado en Educación Gregorio German. Dueño y fundador de la escuela privada Juan Mantovani. Institución donde concurren los hijos de la decana Parisi.

Orosz recién metió las narices en las causas de Lesa Humanidad a partir del 2004. Con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia y la anulación de las leyes de Obediencia debida y Punto Final. Tras ello, y de la mano de su socio Martín Fresneda, miembro de HIJOS, luego funcionario de Cristina Kirchner, Orosz, que no tenía el patrocinio de causa relevantes, logró ponerse primero en la fila con dos expedientes nuevos: Brandalisi (Menéndez I) y Albareda (Menéndez II).

Estas dos causas, las primeras de Lesa Humanidad en toda Argentina, motivaron críticas de la abogada María Elba Martínez quien, por su trabajo de años, tenía las de mayor envergadura. Todas instruidas y elevadas a juicio. Según ella, porque las pocas víctimas de Brandalisi y Albareda, no le permitían a la sociedad dimensionar lo que fue el terrorismo de Estado en toda su magnitud.

Aun así, estando al frente de estos juicios, Orosz denunció haber recibido varias amenazas. Una de ellas, mediante una carta enviada por correo, con un sobre de papel madera con una foto de Adolf Hitler junto a una narrativa casi pueril que decía: “judíos bastardos y mal nacidos; tío Adi les hará justicia. Nunca se preguntaron de cómo era el olor del horno o de la carne podrida???”.

Albareda

Dentro de las causas Menéndez I y II, ambas llenas de horror macabro, se destacó la segunda: Albareda. Una causa totalmente nueva, instruida entre el 2006 y 2008, donde la víctima era el subcomisario de la División Comunicaciones de la Policía de Córdoba, Ricardo Fermín Albareda. Miembro de toda una familia de policías, incluido su esposa.

Sin embargo, Orosz y Fresneda, expusieron que Albareda no era policía sino un topo del ERP. Y que por ello fue asesinado salvajemente, colgado de los pies, cortándoles los testículos y poniéndoselos en la boca, en el Centro de Detenciones “Casa Hidráulica” en el año 1979.

Esta narrativa, nuevamente resultó sorprendente. Primero porque hasta entonces en las agrupaciones de Derechos Humanos nadie había escuchado de Albareda. Segundo porque en ese tiempo, cualquiera que viviese en Córdoba, sabe que del ERP no quedaba ni una bandera. Todos sus militantes estaban muertos, desaparecidos, presos o exiliados. Con lo cual, ¿a quién respondía ese topo?

El denunciante en esa causa, patrocinado por Orosz y Fresneda era su hijo Fernando Albareda. También ex-policía. Quien por ese juicio logró cobrar una reparación económica de unos 250 mil dólares. Y luego entrar a trabajar, gracias a Fresneda, en dos oportunidades, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación transformándose, junto a Orosz, en tres en grandes compinches.

Lo doloroso de esta historia es que, el año pasado, según la justicia cordobesa, Fernando Albareda, funcionario de Derechos Humanos e íntimo de Orosz, habría asesinado a su madre, por una disputa de otra millonaria indemnización, ahora de la Provincia de Córdoba, de 76 millones de pesos.

Esta causa acaba de ser elevada a juicio la semana pasada. Curiosamente no tiene el patrocinio ni el apoyo de su ex amigo Orosz, que está defendiendo a funcionarios de Juan Schiaretti. Y en ella, además de comprobarse que Fernando habría asesinado con alevosía y premeditación a su madre, se comprobó también que había sido el autor de falsos carteles de amenazas que eran atribuidos a la policía. Mensaje que en su momento conmocionaron a todo el país.

Este proficuo vínculo entre Albareda y Oroz, abogado verdugo de periodistas, tienen además oscuros entresijos que darían pie para otra larga nota.

Eterno funcionario

En el 2012, el socio y coequiper de Orosz en los juicios e HIJOS, Martín Fresneda, fue nombrado por la entonces presidenta Cristina Kirchner secretario de Derechos Humanos de la Nación. Este, a su vez, nombró a todo su estudio de abogados, incluso su hermano, como funcionarios de esa secretaria: Orosz, Eugenio Biafore y Ramiro Fresneda. Luego también al presunto matricida y cliente Albareda.

Este cargo Orosz lo asumió sin renunciar al patrocinio de otros juicios de Lesa Humanidad que estaba llevando adelante. Ni a sus causas como abogado particular en el fuero de Córdoba. No sabiendo nadie como hizo para trabajar en dos provincias a la misma vez. Y, sobre todo, en el caso de los juicios de Lesa Humanidad, como se regularon sus honorarios.

Claro que eran tiempos de oro para todo el bufete Orosz & Fresneda. Dado que, dos años después, en el 2014, mediante el decreto 866/2014 del poder Ejecutivo Nacional que integraba Fresneda, sus dos socios, Orosz y Biafore fueron nombrados conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. ¡Otro trabajo con el Estado más!

Lo curioso es que cuando en el 2015 Macri derrotó al peronismo, Fresneda concluyó su gestión. Pero todo su bufete, encabezado por Orosz continuaron trabajando en la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, bajo la gestión de su tocayo y paisano Claudio Avruj. El único despedido fue Albareda.

Se fue Macri y vino Alberto Fernández. Y los tres socios, Orosz, Biafore y Ramiro Fresneda, continuaron con su estudio de abogados en Córdoba y  siendo funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos en Buenos Aires. Y se reincorporó a la misma su amigo Albareda.

De hecho, durante la pandemia, el dirigente radical Marcelo Cossar, denunció públicamente a Orosz de ser uno de los “vacunados vip” de Córdoba. Acusación que el abogado de la decana Parisi primero negó, luego reconoció a medias, pero amenazando con llevar a Cossar a la justicia por divulgarlo.

Por último, a fines del 2023, llegó Javier Milei a la presidencia. Y los tres mosqueteros, encabezados por Orosz, seguían atornillados en sus cargos. Hasta septiembre del año pasado cuando, en el mismo momento que este portal publicó la primera investigación sobre Parisi, los tres fueron despedidos por la motosierra de Milei. Tras lo cual, Orosz se fue con un discurso victimizante y según dicen, una liquida indemnización bajo el brazo.-

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