El 27 de junio pasado, el periódico electrónico Infobae, medio usualmente de fuerte inclinación pro-israelí en toda su cobertura de noticias internacionales, nos informaba (en una nota que parece, por su tosca redacción, más bien el anuncio comercial de un producto) que ya se encuentra plenamente operativo el Centro Nacional de Antiterrorismo. Este centro ha sido organizado directamente por la Embajada de Estados Unidos. Ricardo Fernández, agregado de la Embajada y representante del FBI en nuestro país, se ha encargado de diseñar su operatoria y entrenar a sus agentes.
El organismo había sido creado formalmente por decreto presidencial 717/2025 y anunciado el año pasado, el 7 de octubre de 2025, en un acto encabezado por Patricia Bullrich. La elección de la fecha no fue casual, como se encargó de señalar la misma funcionaria, quien durante años presidió la asociación “Amigos de Israel”: Fue en conmemoración del ataque del grupo Hamas el 7 de octubre de 2023 en territorios ocupados por Israel.
Resulta extraño que para un centro de esas características, centrado en la seguridad de los ciudadanos argentinos al más alto nivel, se elija una fecha simbólica de un hecho ocurrido en otro país. Tanto los hechos concretos como los gestos simbólicos nos hablan de un organismo al servicio de los intereses de EEUU e Israel, antes que un organismo producto de las agencias de inteligencia locales, al servicio de los argentinos, que detecte amenazas reales para nuestra nación.
El CNA se encargará de recolectar y centralizar la información recabada por todas las agencias de inteligencia argentinas y otros organismos del Estado, que estarán a su servicio, con al menos un agente representante de: La SIDE, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad Regional, El Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, la Dirección Nacional de Migraciones (la cual, de estar bajo la órbita del Ministerio del Interior, ha pasado a estar por ignotas razones dentro del Ministerio de Seguridad), la UIF y ARCA.
Será por lo tanto una suerte de super-SIDE, ya que siempre ha habido rivalidad y cierta independencia entre agencias, que intentaban cada uno guardarse una parte de su información. También siempre ha habido, desgraciadamente, agentes de inteligencia nacionales trabajando al mismo tiempo para agencias de inteligencia extranjeras y pasándoles información. Pero ahora se anuncia que esas rivalidades se han terminado, al pasar directamente todos, incluida la Inteligencia Estratégica Militar de nuestro país, a estar bajo el paraguas del FBI norteamericano.
El inmueble donde funciona el nuevo centro fue cedido por la SIDE. El corazón del nuevo organismo es un Watch Center (así, en inglés nomás, ni siquiera se ocuparon de traducirlo) encargado de recabar todo tipo de datos de vigilancia sobre los ciudadanos argentinos y extranjeros que considere un objetivo de interés, a través de los múltiples afluentes que lo alimentan desde todos los organismos del Estado. Más el monitoreo de redes y el trabajo de seguimiento que pueda realizarse por parte de agentes de diversas fuerzas, durante las 24 horas del día.
En este contexto, hechos anecdóticos como el reciente video viralizado en redes, donde durante un allanamiento el oficial a cargo arengó a sus compañeros gritando “Go go go” en inglés, no resultan tan graciosos, sino más bien una ilustración involuntaria del grado de dependencia política e ideológica al que hemos llegado. La arenga, que usuarios de las redes relacionaron con el popular videojuego Counter Strike, pertenece originalmente a los organismos de inteligencia y militares norteamericanos.
Si queremos darnos una idea de para qué servirá este centro en el contexto actual de “relaciones carnales” potenciadas con los brutales gobiernos de Trump y Netanyahu, no tenemos más que echar un vistazo a lo que ha ocurrido hasta ahora, ya que sin duda no nos espera más que una potenciación de lo mismo.
La arbitrariedad de los jueces y la sobreactuación de las fuerzas policiales, que reciben el “script” de otras latitudes, ha generado algunos hechos vergonzosos, unos más bien dignos de un sainete criollo o una comedia de enredos, y otros mucho más graves y trágicos.
Entre los primeros podemos mencionar, en 2019, a la pareja chilena que fue detenida en la ciudad de Córdoba por dejarse una mochila olvidada en el hotel, la cual fue detonada por la policía provincial bajo la suposición arbitraria y sin fundamentos de que contenía una bomba. En realidad, contenía parte de una intervención artística: dos parlantes conectados a una grabación de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en lenguaje inclusivo.
Las arbitrariedades están a la orden del día, procediendo sin ninguna preocupación por los papelones diplomáticos que ello pueda acarrear con otros países, como cuando se deportó al equipo de Futsal de Pakistán entero, que venía a jugar el Mundial de esa disciplina en nuestro país, alegando cuestiones de “seguridad nacional”, que nunca se supo cuáles fueron. Se terminó reconociendo un simple error administrativo en detalles del visado por parte de la Embajada argentina en Pakistán.
Persecución religiosa-política en Floresta.
Pero también ocurrieron hechos de persecución a ciudadanos argentinos, mucho más graves. Hace poco, el pasado jueves 30 de abril, ocurrieron graves hechos en el barrio de Floresta, que tuvieron nula repercusión en los grandes medios.
En plena madrugada, a las 6 de la mañana, la Policía Aeroportuaria irrumpió en tres domicilios de familias comunes, vecinos del barrio de larga data, trabajadores sencillos, dueños de negocios en la zona. En uno de los allanamientos, el más violento, rompieron la puerta de un disparo. Entraron como si se tratase de un operativo de SWAT en una película. A los gritos, con visores de luces infrarrojas y apuntando con los fusiles a los ocupantes de la casa, que no salían de su asombro intentando comprender qué pasaba.
Algunas mujeres aún estaban durmiendo, y los niños se preparaban para ir a la escuela. Arrojaron a hombres y mujeres al piso, poniéndoles precintos o esposas e inmovilizándolos. A una madre que sostenía un bebé en brazos, la amenazaron apuntando al bebé con el cañón del fusil. Como uno de los miembros de la familia, un hombre mayor que estaba haciendo sus necesidades en el baño, tardase en salir, rompieron la puerta, produciéndole algunas contusiones.
Se mantuvo a los miembros de la familia, mujeres y niños incluidos, detenidos durante ocho horas seguidas, mientras se revisaba la casa de arriba a abajo, sin permitirles salir o comunicarse, ni permitir a nadie entrar. Sin dejarlos siquiera ir al baño a orinar, aunque ya era evidente desde un principio que no eran personas peligrosas, era una familia con mujeres, niños y ancianos, nadie estaba armado ni podía fugarse.
Simultáneamente se allanaron algunos locales pertenecientes a los moradores de los domicilios. La información que manejaban era tan trucha, que se allanó un terreno baldío y un galpón cuyo contrato de locación estaba vencido, y con el cual la familia ya no tenía nada que ver hace mucho tiempo.
En total, se allanaron ocho inmuebles. Se llevaron, tanto de los locales comerciales como de los domicilios particulares, papeles, una computadora, los celulares de todos los presentes (que les eran indispensables en algunos casos para seguir trabajando), y dinero en efectivo (esperemos que este último no se lo hayan repartido como es la “costumbre” en muchos allanamientos).
Un grupo importante de familiares y amigos comenzó a reunirse afuera de las viviendas, sobre todo en aquellas donde se habían producido las intervenciones más violentas, que habían alertado a los vecinos. Demandaron explicaciones a la policía, quejándose de que estaban sufriendo persecuciones, como otras tantas veces.
Es que se trata de una familia de descendientes de libaneses en cuarta o quinta generación, residentes desde siempre en ese barrio, algunos de ellos de fe musulmana shiíta, que vienen experimentando persecuciones en base a denuncias sin ningún fundamento desde la época del atentado a la AMIA.
Para quienes no conozcan el barrio de Floresta en CABA, se trata de un barrio en cierta manera curioso por su perfil multicultural, poco habitual en nuestra ciudad. En sus manzanas conviven cinco sinagogas (una muy antigua de la comunidad histórica del barrio, de origen sefaradí sirio-libanesa, y otras más recientes vinculadas a Jabad Lubavitch), una mezquita shiíta, una catedral católica ucraniana del rito ortodoxo, varias parroquias católicas y algunas iglesias evangélicas, una de ellas de la comunidad rusa.
Pueden verse negocios de comida kosher y halal, junto a restaurantes de la comunidad coreana local, con letreros en alfabeto hangul, alternados con otros de comida peruana o boliviana típica, relativos a esas comunidades. En sus calles se pueden cruzar judíos jasídicos con sobretodos y grandes sombreros shtreimel, mujeres musulmanas con su pañuelo hiyab en la cabeza, y gitanos de descendencia rom con su vestimenta característica, que se dedican a la compra y venta de autos en la zona desde hace muchos años. Pero a pesar de esos detalles pintorescos, todos sus residentes son argentinos completamente integrados.
En el caso de las familias de origen sirio-libanés, tanto las de fe judía como las de fe islámica o católica maronita, son descendientes de inmigrantes llegados a la Argentina en las grandes olas migratorias de principios del siglo XX. La inmigración de origen árabe fue la tercera en importancia en nuestro país. Algunos de esos descendientes perdieron la fe y las costumbres de sus antepasados, y otros retornaron a la fe de manera reciente. Todos son gente de vida sencilla, perfectamente conocidos por sus vecinos.
Ante los requerimientos de Ismael Jalil, el abogado que actuó en representación de las familias, la policía informó el motivo de los allanamientos. En el domicilio donde habían actuado con más brutalidad, el oficial informó que la carátula del allanamiento era “terrorismo”. En el segundo, en cambio era “narcotráfico”.
Finalmente, en el tercero, como ya se debían haber quedado sin opciones para justificar un allanamiento de esas características, la carátula simplemente era “a determinar”. (Esto normalmente significa que iban a buscar y revolver entre las pertenencias de sus ocupantes a ver qué encontraban, para poner la carátula después).
Los brutales allanamientos fueron ordenados por el juez Federico Villena, del Juzgado n° 1 de Lomas de Zamora, en base a una simple denuncia anónima por mail, sin ningún otro elemento de prueba que se conozca. El operativo ocurrió un jueves, siendo que el viernes era feriado. Por lo tanto el abogado de las familias debió esperar hasta el lunes para reclamar explicaciones en el juzgado.
Por la misma razón, a las autoridades de la comunidad y la mezquita local, a cargo del sheij Abdul Karim Paz (converso y vinculado a una familia con raíces patricias), les fue dificultoso convocar una conferencia de prensa para informar inmediatamente del atropello. Evidentemente la elección del día previo a un fin de semana largo no fue casual, y da a suponer que el juez no actuaba con la celeridad de quien necesita prevenir un delito importante, sino que sabía que la acción podía generar polémica y crítica negativa.
No se hizo el trabajo mínimo de inteligencia para determinar si la denuncia anónima tenía algún asidero, algo que era muy sencillo de realizar, antes de desplegar un operativo de esa envergadura sobre ciudadanos inocentes.
La Asociación Acción Islámica Argentina señaló en un comunicado que los allanamientos se producen “en el marco de investigaciones que pretenden vincular sin fundamento alguno a personas de nuestra comunidad islámica con hechos de terrorismo”, señalando una larga “estigmatización” contra la comunidad.
Recién después de 20 días (el plazo máximo por ley) el juez levantó el secreto de sumario. Entonces los abogados pudieron saber la bizarra justificación del operativo.
Los allanamientos se relacionaban con una denuncia que se había hecho en el 2019. En ese año había habido un problema con unas tarjetas que se entregan en el aeropuerto de Ezeiza para acceder a servicios VIP. Un mail anónimo indicó que en esa cuestión estaba inmiscuida una supuesta “banda de los turcos”, dando las direcciones de los domicilios allanados.
Esa fue la única razón por la que se hizo un allanamiento digno de haber encontrado una célula terrorista de Al Qaeda.
No se dio ninguna explicación de por qué una de las carátulas de los allanamientos era “narcotráfico” y otra “terrorismo”, cuando la denuncia anónima no guardaba relación con ninguno de los dos delitos. ¿Será que esas figuras se utilizaron porque permitían un operativo brutal, que de otra manera no hubiese sido legal, y la intención fue simplemente amedrentar y hostigar a las familias de la comunidad?
Eso es lo que creen en Floresta. Lo único que se les ocurre es suponer que tal vez todo se deba a que un hermano de los allanados, quien vivió en Argentina y actualmente vive en el Líbano, se ha hecho popular dentro del mundo de habla hispana como influencer, transmitiendo desde Irán novedades sobre el actual conflicto bélico, y desmintiendo noticias falsas que circulan en la web. Creen que la intención de quien realizó la denuncia falsa, y tal vez también presionó a las autoridades por alguna vía, fue castigarlos por ello. Si no es por ello, realmente no comprenden por qué ocurrió.
El juez dijo que estaba investigando a otras personas de la comunidad. Debe ser la comunidad más investigada de la historia judicial argentina, ya que desde hace 30 años se la viene investigando, buscando alguna conexión siquiera remota con actividades de grupos armados de Medio Oriente, terrorismo, financiación de terrorismo o cualquier tipo de ilícito. Sin haberles encontrado jamás absolutamente nada, por lo que debemos concluir que debe ser una de las comunidades más limpias de toda la Argentina.
El juez Villena parece tener, por otra parte, una curiosa fijación. Fue el juez encargado de detener en Ezeiza a la tripulación del Boeing 747 de Emtrasur proveniente de Venezuela, en 2022.
La causa judicial se originó aquella vez de la misma manera, por una denuncia sin pruebas de la DAIA, basada en rumores, que no tenía ningún elemento concreto, a la cual se sumó en esa ocasión el diputado Gerardo Milman del Pro. El avión de pasajeros había sido adquirido por la línea de bandera venezolana a su par iraní, y en el mismo viajaban cinco personas de nacionalidad iraní, que estaban capacitando a los tripulantes, quienes no sabían pilotear ese modelo. El avión quedó detenido por dificultades para abastecerse de combustible, debido a las sanciones norteamericanas, y ello fue aprovechado para armar una causa inmediatamente.
Al parecer, para la justicia argentina, la nacionalidad de origen o la fe que se profese son suficientes motivos para ordenar una detención.
Después de retenerles los pasaportes a toda la tripulación y obligarlos a permanecer en un hotel en la zona de Ezeiza durante más de cuatro meses, el juez debió dictar la falta de mérito, ya que no existía una sola prueba en su contra. Pero el avión fue igualmente retenido, y luego decomisado y enviado a los EEUU, por un reclamo de éstos por supuesta violación a las sanciones que han impuestas unilateralmente sobre el país persa. Esto originó fuertes reclamos del gobierno venezolano.
Villena también estuvo a cargo de la causa por espionaje ilegal durante el gobierno de Macri en 2020, de la cual fue apartado por no contar con suficiente imparcialidad y estar involucrado en los mismos hechos investigados.
El calvario de los hermanos Salomón.
Pero no es la primera vez que se producen persecuciones arbitrarias a los argentinos de esta comunidad, residente mayormente en Floresta.
Todas ellas han sido motorizadas por el sionismo israelí a través de la DAIA, qué en vez de centrarse en los problemas comunitarios de los judíos argentinos, desgraciadamente es desde los años ´90 y de forma creciente una sucursal oficiosa del gobierno israelí. Pero lo peor no son ellos, sino los jueces y funcionarios nacionales que han violado procedimientos legales y derechos humanos de ciudadanos argentinos (como la igualdad ante la ley), por sumisión a nefastas razones políticas de potencias extranjeras.
Insólito: la DAIA persigue a un juez y busca destituirlo por criticar el genocidio de Israel en Gaza
En enero de 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, dos jóvenes del mismo barrio de Floresta fueron encarcelados sin ninguna prueba, siguiendo un procedimiento muy similar al que acabamos de ver. La DAIA denunció a los hermanos Kevin y Axel Salomón, dos jóvenes de veintipico de años, antes la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal, en base a un mail anónimo recibido, el cual decía simplemente que “en un gimnasio” había “una persona que se llama Gamal Salomón”, que era “musulmán y partidario del Hezbolá” y “viajaba al Líbano a entrenar”.
Kevin Gamal realmente viajaba al Líbano, porque tiene parientes allí, como muchos en Floresta, pero huelga decir que no tenía relación alguna con ningún grupo armado. El juez federal Rodolfo Canicoba Corral desestimó la denuncia luego de una breve investigación, ya que no encontró la menor conexión entre los hermanos y supuestas células terroristas islámicas dormidas. De las que siempre se habla en la prensa a lo pavote, pero que jamás han existido en nuestro territorio, ni siquiera en nuestro continente.
Sin embargo, en septiembre del mismo año, ante la cercanía de la cumbre del G20 a realizarse en Buenos Aires, Patricia Bullrich (casada con Guillermo Yanko, vicepresidente del Museo del Holocausto), aparentemente decidió que se necesitaba algo para sobreactuar frente a las cámaras y quedar bien con alguno de sus “jefes políticos”.
La denuncia “resucitó” misteriosamente, y la DAIA la ratificó ante el Juzgado Nacional nº 36, aportando además la dirección del gimnasio al que concurrían ambos hermanos, el cual también era frecuentado por jóvenes judíos del barrio, con quienes tenían buena relación.
Después de que la Policía Federal buscase en las redes sociales de los investigados publicaciones de apoyo a Palestina, como para tener algo que mínimamente justificase su accionar, se devolvió la investigación al fuero federal, y el 13 de noviembre se ordenó una brutal detención, según los protocolos calcados de EEUU e Israel.
El grupo GEOF esperó a Axel en su negocio de productos de limpieza, y lo detuvo en la vereda apuntándole con rifles, inmovilizándolo contra el piso con una rodilla en la nuca y el fusil en la cabeza, frente a su hija de dos años. Entraron después a su domicilio, donde rompieron todas las puertas y destrozaron todo a su paso, buscando una AK-47 mencionada en el mail anónimo, pero sólo encontraron una vieja escopeta Mauser del abuelo con balas humedecidas, que no se usaba hace años, la cual se llevaron como trofeo.
En los medios, los hermanos fueron expuestos como terroristas. Cuando usualmente se tapan las caras de narcotraficantes y asesinos por respeto, las suyas fueron expuestas en todos los canales de televisión y periódicos.
Patricia Bullrich declaró ese mismo día, con su poco coherente verborragia habitual, que el Ministerio de Seguridad y la AFI habían detenido a los muchachos por “mucha información internacional de agencias de Estados Unidos, Inglaterra, Canadá”. Esa información no se sabe hasta el día de hoy cuál es. Evidentemente mintió, ya que en la causa no figura nada. Por todas las presiones políticas y mediáticas recibidas, la excarcelación que iba a firmarse en un primer momento no ocurrió.
Inicialmente, los hermanos estuvieron cinco días incomunicados en la Unidad Antiterrorista, en una celda de dos por dos, con una puerta ciega con buzón, y una luz Led apuntándoles a la cara. Después pasaron 22 días presos en Ezeiza, donde afortunadamente el resto de los reclusos los trató bien, a pesar de quedar alojados en un pabellón violento. La comida estaba en mal estado (como es habitual) y el inodoro de la celda tapado.
El juez le impuso al padre de ambos un embargo de 300.000 pesos, y a Axel le cerraron la cuenta bancaria que poseía. Finalmente, el juez dictó la falta de mérito ante la ausencia total de pruebas, los liberó y se les pidió disculpas, pero el daño ya estaba hecho. Kevin perdió su trabajo en el Instituto Cultural Argentino Norteamericano y ambos quedaron ensuciados en su reputación.
El accionar arbitrario de la rastrera Justicia argentina, no sólo viola los derechos humanos de los argentinos descendientes de árabes o musulmanes. La persecución y violación de garantías legales se extiende a cualquiera que realice cualquier tipo de crítica al accionar del Estado de Israel, como la diputada del FIT Vanina Biasi, procesada y llevada juicio oral por “discriminación”, solamente por manifestar sus opiniones contrarias al genocidio israelí en Gaza. También han ocurrido detenciones arbitrarias y maltratos de manifestantes en las marchas a favor de los derechos de los palestinos, muy poco difundidas por la prensa.
Las interferencias políticas del lobby israelí, y el norteamericano que lo secunda en sus andanzas, son tan fuertes que repercuten en toda la sociedad, interfiriendo en la política argentina a través de causas amañadas, que muchas veces hasta pueden decidir la suerte de un gobierno según se posicione frente a conflictos que nos son completamente ajenos. Lo cual demuestra, sin exagerar, el grado de sumisión y falta de independencia de toda nuestra clase política.
El Memorándum que selló la suerte del gobierno de Cristina Kirchner.
Si se cree que exageramos, basta considerar lo que ocurrió con el Memorándum de Entendimiento con Irán y el suicidio del fiscal Alberto Nisman, que en cierta manera marcaron el punto de quiebre del gobierno de Cristina Kirchner. Quien sufriría a partir de ese momento crecientes acusaciones y ataques, algunos tal vez merecidos y otros no, que la terminarían desprestigiando completamente.
El suicidio de Nisman predispuesto por Stiuso y sus móviles locales e internacionales
La prueba concluyente de que Nisman se suicidó con ambas manos, y la explicación de la ausencia de pólvora en ellas
En el año 2015, en el marco de los acuerdos que entonces intentaba establecer el presidente Barack Obama de los EEUU con la República Islámica de Irán, la presidente Cristina Fernández de Kirchner anunció el proyecto de un Memorándum de Entendimiento con el país persa, con el fin de avanzar en la causa AMIA.
La iniciativa probablemente le haya sido sugerida por Obama, ya que era muy similar a una propuesta realizada en 2009 por el jefe de Interpol Ronald Noble, quien propuso realizar las indagatorias a los iraníes acusados por el fiscal Nisman en el caso AMIA en un país neutral. Las conversaciones para ese fin intentaron llevarse a cabo en Lyon, pero fracasaron por la actitud intempestiva de Nisman, quien las saboteó completamente.
El objetivo del memorándum propuesto era muy sencillo de entender, aunque la prensa y algunos políticos se han encargado desde entonces de oscurecer tanto la cuestión, que la mayoría de la población ya no tiene idea de qué se trataba exactamente.
Lo cierto es que la causa AMIA se hallaba empantanada hacía más de 20 años, a pesar de tener a su servicio una Unidad especial con un presupuesto millonario. La excusa del fiscal Nisman a cargo de la investigación para explicar su falta absoluta de resultados, era que no podía avanzar porque Irán no colaboraba entregando a los altos funcionarios que él había acusado.
Lo que suelen omitir quienes presentan a Nisman como un héroe es que su acusación era ridícula, ya que estaba acusando al gobierno entero de la época, incluyendo al ayatollah Jamenei (que es como decir el Papa), el presidente y todos sus ministros, de haber ordenado personalmente la voladura de la AMIA, en base a supuesta información del Mossad, la cual jamás reveló en qué consistía.
En realidad, los persas habían actuado correctamente. Irán siempre había negado terminantemente cualquier tipo de participación en el atentado, pero había respondido a los requerimientos de la justicia argentina, solicitando que les enviasen las pruebas en las cuales sustentaban el pedido de extradición, lo cual la justicia argentina jamás hizo. Además, no había tratado de extradición entre ambos países, lo cual requería establecer cierto diálogo para poder llegar a algún resultado.
Para darse una idea de lo “serio” de las acusaciones de Nisman: Ya en 2003 habían detenido en Londres al agregado cultural iraní Hadi Soleimanpour, debido a que su nombre figuraba entre las notificaciones rojas expedidas a Interpol por Galeano. La justicia británica solicitó a sus pares argentinos que enviasen las pruebas con las cuales sustentaban el pedido de extradición, y después de realizar la farragosa tarea de leer cientos de miles de fojas inconexas que les fueron enviadas con información anecdótica, el juez británico liberó a Soleimanpour, se le pidieron disculpas y debimos además pagarle una indemnización por las molestias ocasionadas.
Evidentemente es comprensible que los iraníes no entregasen sin pruebas a ciudadanos suyos, contrariando todo el Derecho Internacional, y menos a funcionarios importantes, para que en Argentina los metiesen presos sin pruebas y armasen un circo como se hizo durante diez años con Carlos Telleldín (encarcelado, sobreseído y vuelto a enjuiciar), y durante cuatro o más con varios policías bonaerenses.
En ese contexto, el Memorándum de Entendimiento buscaba destrabar la situación, ofreciendo la posibilidad de realizar las declaraciones indagatorias en un tercer país neutral, como ya se había hecho en el caso del atentado de Lockerbie.
La herramienta propuesta fue bien recibida por las asociaciones de familiares de víctimas del atentado a la AMIA, pero por alguna incomprensible razón la DAIA armó un revuelo de proporciones bíblicas ante la idea de que los iraníes finalmente declarasen. La prensa se hizo eco del griterío y cambió la palabra “Entendimiento” por “Pacto”.
Se instaló la idea de que el gobierno kirchnerista había hecho un “pacto” con el régimen iraní, aunque nunca nadie pudo explicar en qué consistía exactamente ese “pacto” ni de qué manera beneficiaba a los iraníes o al gobierno kirchnerista. De hecho el memorándum propuesto por Cristina le interesó tan poco al gobierno iraní, sumido en sus propias internas, que lo rechazó.
El fiscal Nisman acusó entonces a la presidente de “encubrimiento”. El absurdo de la acusación fue resaltado por el juez Rafecas (quien dicho sea de paso, es de origen judío) en su fallo al desestimar la denuncia presentada por Nisman, señalando que el Acuerdo propuesto, un instrumento jurídico acorde al derecho internacional, ni siquiera se había concretado, y que por lo tanto de ninguna manera podía tener consecuencias jurídicas, y mucho menos penales. El magistrado agregó además que no existía elemento alguno, dentro de las copiosas escuchas telefónicas presentadas por el fiscal, que constituyera siquiera un indicio, no ya de la comisión de un delito, sino siquiera de su preparación (no punible).
Memorandum con Irán: la prueba de la falsedad de la denuncia de Nisman y que todo es obra de Stiusso
Fue en ese marco que otro miembro de la comunidad de Floresta, Jorge “Yusuf” Jalil, sufrió persecución y encarcelamiento. Jorge era el encargado de las relaciones de la mezquita de la comunidad con organizaciones sociales y políticas, con las que mantenía contacto, sobre todo a la hora de realizar algún acto o marcha relacionado con situaciones en Medio Oriente, protestas contra las guerras de EEUU en la región, o por la situación en Palestina.
Los servicios secretos habían pinchado su teléfono y tenían 8 años de grabaciones. De los mismos, se le dieron 10 horas consideradas relevantes al juez. El resto se filtró y fueron repartidas a la prensa, e incluso llegaron a manos de estudiantes de periodismo para que las clasificaran. Fueron reproducidas durante semanas por los medios, con esforzados comentarios de los panelistas, que buscaban en vano pescar alguna palabra comprometedora en conversaciones completamente anodinas y rutinarias, que como máximo contenían opiniones sobre acontecimientos políticos.
El infaltable juez Bonadío le dictó la prisión preventiva, al igual que a otros dos acusados a quienes también se les habían pinchado los teléfonos (D´Elia y Esteche), ninguno funcionario del gobierno. Pasó cuatro meses detenido en Ezeiza. Finalmente fue liberado por no haber ninguna prueba de nada en su contra, y en 2021 fue sobreseído, pero su buen nombre nunca fue limpiado ni restituido. De hecho el circo de la causa por el “pacto con Irán” (tal vez uno de los más bochornosos de la historia penal argentina), fue vuelto a reabrir periódicamente por presiones políticas, y actualmente se haya aún pendiente un juicio oral.
Si tenemos que ir hasta el origen de toda esta pesadilla, en la que está envuelta toda la sociedad argentina, envuelta en un mar de mentiras y operaciones sin comerla ni beberla, este origen se encuentra más atrás, y podemos ponerle fecha exacta y nombre: 1994, AMIA.
AMIA: Un antes y un después.
Antes del atentado a la AMIA, la relación entre los vecinos de ascendencia árabe y judía en el barrio de Floresta era de total armonía e incluso de amistad. No era para menos ya que compartían ancestros, recuerdos y parientes en la misma región de Siria y el Líbano. La confianza y convivencia era tal que no era infrecuente que un descendiente de árabes musulmán dejase la llave de su casa durante las vacaciones en manos de su vecino judío, y viceversa.
La comunidad judía argentina y sus instituciones comunitarias se mantenían en general al margen de lo que ocurría en Medio Oriente. Antes del atentado, solían apoyar los procesos de paz y diálogo con Palestina, como el iniciado por Clinton, Rabin y Arafat a principios de los ’90.
Todo cambió el lunes 18 de julio de 1994. Ese día, a las 10 de la mañana, una explosión voló la sede de la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas, la principal institución de la comunidad judía argentina, dejando 85 muertos, la mayoría empleados que se encontraban en el lugar, ya que los directivos se encontraban en radio JAI en ese momento.
Numerosos testigos, entre ellos el portero del edificio de enfrente, quien miraba hacia la entrada de la mutual en ese momento, afirmaron que el edificio estalló de pronto. Nadie vio ninguna camioneta Trafic ni coche bomba, cuya existencia siempre fue negada por los testigos presenciales. Tanto las pericias iniciales de los bomberos como las que se expusieron públicamente luego, en la primera etapa del juicio, en el Tribunal Oral y Federal N° 3, concluyeron que la explosión había sido interior, cerca de la puerta.
Coincidió de hecho con la llegada de algunos albañiles, quienes venían a retirar unas bolsas de escombros que se hallaban en el hall de entrada, cerca de la puerta, producto de una limpieza de planta baja realizada ese sábado, y que murieron en el acto. Esto daría a suponer, como una hipótesis muy plausible, que los explosivos fueron introducidos con algún dispositivo sensible en esas bolsas de escombros durante el fin de semana, cuando el edificio se encontraba vacío.
AMIA: Defensora oficial (1) demolió la tesis del coche bomba y terrorismo islámico
Israel envió inmediatamente un equipo de “rescatistas”, que eran en realidad miembros del ejército al mando del general Zeev Livne, quienes habilitados por Menem, tuvieron acceso exclusivo al terreno del siniestro. Fueron ellos quienes “encontraron” un trozo de motor, que casualmente – ¡qué suertudos! – tenía el número de serie. Ese motor y unos trozos desmenuzados (que luego, en las pericias, se supo que pertenecían a otro vehículo) fue todo lo que se encontró de la supuesta Trafic-bomba, que nadie vio, y cuyo chasis y demás restos aparentemente se evaporaron. Los “rescatistas” le hicieron firmar un acta trucha al Jefe de Bomberos Lopérfido como si lo hubiese encontrado él, pero luego durante el juicio se supo que quienes habían proporcionado el trozo de motor habían sido ellos.
En base a ese trozo de motor se instaló para siempre en la causa la existencia de una Trafic con un conductor suicida (cuyos restos aparentemente también se evaporaron, porque nadie los encontró nunca). Como única hipótesis a investigar, descartando la de la explosión interior que había sido determinada en las primeras pericias, en base a los daños en las fachadas circundantes y las mismas ruinas del edificio.
Se culpó a Mohsen Rabbani, un clérigo iraní que se encontraba en Argentina, cumpliendo tareas en la mezquita de Floresta, por el sólo hecho de que unos meses atrás había estado averiguando por una Trafic para algunos trabajos que necesitaba realizar. Realmente resulta extraño que alguien ande averiguando personalmente, vestido con su túnica y turbante, los precios de un vehículo que piensa utilizar para un atentado. Posteriormente se supo que Rabbani, quien siempre clamó su inocencia, venía siendo seguido por los servicios de inteligencia meses antes del ataque.
Los misterios de las voladuras de la AMIA y Embajada de Israel
A partir del luctuoso atentado, nada sería igual para los judíos y los musulmanes argentinos, especialmente los shiítas de Floresta, ya que el shiísmo es la religión oficial de Irán.
Las escuelas y asociaciones judías de todo el país se llenaron de feas barreras anti-bomba en sus entradas, que en vano se intentarán disimular como maceteros, por miedo a que se repita un atentado con un coche-bomba que jamás existió. Los judíos argentinos, acostumbrados a vivir sin miedo, importarían un temor neurótico hasta entonces inexistente, recordado cada día por los parapetos de cemento.
En cuanto a los musulmanes de Floresta, afortunadamente jamás fueron acusados de haber tenido ninguna participación en el atentado, ni por Galeano, ni por Nisman y sus continuadores. La acusación quedó circunscrita a Rabbani, quien fue impedido de retornar al país. Se ensayaron hipótesis de “conexiones locales” variopintas, desde carapintadas a policías bonaerenses, narcotraficantes mexicanos o traficantes de armas sirios, pero ninguna prosperó.
Pero ello no quiere decir que la comunidad musulmana de Floresta no haya resultado afectada. Quedó inevitablemente manchada por la acusación.
Al poco tiempo del atentado a la AMIA, una bomba casera explotó en la mezquita de Floresta (que por entonces apenas contaba con medidas de seguridad y frecuentemente dejaba las puertas abiertas). Afortunadamente no hirió a nadie. Las familias de la comunidad comenzaron a escuchar el típico ruido de “fritura” de las pinchaduras de inteligencia en sus teléfonos, y encontraron que su basura era revuelta.
Se los citó a declarar en el marco de investigaciones sin fin, que nunca llegaban a ningún lado, y sólo se ocupaban de indagar cuestiones como cuántas veces por día iban a la mezquita. Hasta que, durante el gobierno de Macri, con Patricia Bullrich como Ministra de Seguridad, comenzaron a recrudecer las persecuciones y ocurrieron las encarcelaciones.
El único atentado terrorista del que se ha acusado al gobierno de Irán en el mundo es el de Argentina. Lo cual sería realmente incomprensible, ya que teniendo Irán muchos enemigos (EEUU, Israel, o todos los países europeos que le vendieron equipamiento militar a Saddam Hussein durante la guerra con Irak), sin duda no lo éramos nosotros entonces, sino que al contrario éramos unos de sus pocos amigos. Manteníamos excelentes relaciones comerciales, e incluso les vendíamos uranio y estábamos capacitando a algunos de sus técnicos nucleares. Todo lo cual naturalmente se terminó abruptamente luego del atentado.
Tan buenas eran las relaciones, que una plaza en Teherán llevó durante años el nombre República Argentina. Hasta que recientemente, debido a la posición adoptada por Milei respecto al actual conflicto, su nombre fue cambiado a Plaza España (en agradecimiento a la posición tomada por el gobierno de Pedro Sánchez).
Los grupos terroristas como ISIS son enemigos de Irán. Sus primeras víctimas en Líbano e Irak han sido las poblaciones shiítas, y se han infiltrado numerosas veces dentro de Irán con la intención de realizar atentados, generalmente desbaratados por sus fuerzas de seguridad.
En ausencia de una investigación judicial seria, varios periodistas han investigado lo ocurrido en la AMIA, entre ellos algunos de origen judío, como Gabriel Levinas y Juan Salinas, llegando a la conclusión de que las acusaciones contra Irán fueron impuestas por Israel y no tenían ningún asidero. Pero por culpa de esa acusación, hemos quedado desde entonces involucrados en guerras y conflictos ajenos, presiones diplomáticas y de todo tipo, cada vez que a Israel o EEUU les place. El atentado a la AMIA además ha quedado impune, en una pista muerta.
En este momento, con el presidente “más sionista del mundo” (según sus propias palabras), y organismos de inteligencia y seguridad cada vez más penetrados, la situación es todavía peor que en los ’90s.
En la Conferencia de Latinoamérica de la Fundación Aliados de Israel, el 29 de junio, en Puerto Madero, el presidente Milei, como orador principal, dijo que Latinoamérica tenía que estar “del lado correcto de la historia” en la lucha contra Amalek, haciendo suyo el concepto sionista de que cualquier enemigo del Estado de Israel es una forma del mal absoluto.
Sin importar en lo más mínimo el comportamiento de Israel, ni si ellos han generado ese enemigo al atacarlo (ciertamente algo muy alejado del viejo concepto ortodoxo de “Pueblo Preciado” – Am Segulah -, el pueblo que se distingue entre los demás por su piedad ante Yahveh y su buen comportamiento) concepto que parece haber quedado casi olvidado en la amalgama nacionalista-religiosa fanática de la actual dirigencia política israelí. El presidente Milei parece creer que todo el país está obligado a alinearse con sus decisiones y obsesiones personales.
El «riesgo país» es el presidente Milei y la guerra demencial en Medio Oriente
Si unimos a esto el desembarco de Palantir y Peter Thiel en Argentina, con la intención poco clara de usar nuestro país para experimentos de vigilancia electrónica que no le son permitidos en naciones más serias, el cuadro es preocupante.
No se puede esperar nada bueno de un gobierno que parece sentir felicidad de regalar abiertamente el patrimonio nacional a Trump, para obtener una foto para subir a la redes sociales. Si con lo anteriores gobiernos ya estuvimos sometidos a los caprichos de potencias extranjeras, ¿cómo será con este?
Las inconstitucionales Relaciones Exteriores e interiores del presidente Milei
Recientemente, los trolls mileístas han querido instalar la idea de una inexistente “invasión islámica” en nuestro país. Como carecen de ideas propias, se limitan a copiar lo que escuchan en las redes, proveniente de agrupaciones derechistas de Europa y sus problemas.
Mientras carezcamos de una agenda política propia, una lectura de nuestros desafíos y problemas centrada en la realidad de nuestro territorio, historia y cultura, seguiremos enganchándonos en discusiones fantasmagóricas y grietas ideológicas absurdas, que no son más que una actuación y entretenimiento para ocultar el desfalco del país que se está realizando por detrás.
En Argentina, gracias a nuestra posición geográfica e historial inmigratorio, podemos posicionarnos fácilmente como un país que rescate lo mejor de la tradición occidental en su variante latinoamericana, dando lugar a una relación amistosa con todos los países amigos y todas las culturas. En lugar de eso, nos encaminamos a ser un felpudo de los más oscuros poderes globales, mientras nos entretienen para poder “partirnos y repartirnos”.-
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