Hay un extraño problema de percepción que aqueja a políticos y periodistas por igual, oficialistas y opositores, en medio de la degradación total de la política en nuestro país, que les impide notar cuando están haciendo el ridículo, porque se han ido deslizando en él lentamente.
Los políticos y los medios comenzaron fingiendo sutilmente frente a su electorado/público, maquillando situaciones indignantes y fingiendo indignaciones convenientes. Pero en un punto del camino acelerado de debacle en el que estamos, su pose ya se desgastó tanto, que terminan engañándose sólo a ellos mismos, mientras el público les cree cada vez menos.
De esta manera terminan dando un triste espectáculo, similar al cuento “El traje nuevo del emperador”, de Christian Andersen, donde todo el mundo puede ver que el rey está desnudo y en pañales. Pero fingen que no, haciendo una pantomima muy seria en la que todos participan, hasta que un niño es capaz de señalar lo evidente, y deben huir a esconderse avergonzados, entre las carcajadas y la indignación.
El flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, realizó un recorrido por los sets televisivos apenas asumida su función. En el programa del periodista (?) Luis Majul, se explayó sobre la causa $LIBRA, uno de los temas judiciales más candentes que involucra directamente al presidente.
Sus acrobacias argumentativas, destinadas a proteger al primer mandatario fueron hábiles y calculadas, aunque de todas formas no han podido evitar ser bastante penosas. Es que la tarea de hacer “zafar” al presidente de un ilícito donde sus “huellas digitales” aparecen por todos lados es verdaderamente hercúlea.
El funcionario del Ejecutivo se negó repetidas veces a realizar cualquier comentario sobre la causa con la excusa, aparentemente correcta desde el punto de vista formal, de que “no habla de causas en trámite” (mucho menos, por supuesto, de esta, donde es tan difícil sostener argumentalmente la inocencia del imputado).
Sin embargo, a renglón seguido, Mahiques dedicó toda la entrevista dada a Majul a hablar de una derivación de la misma causa, instalando la idea de que se podían invalidar como prueba los registros del celular de Mauricio Novelli, difundidos recientemente por la prensa, por el hecho de que había habido una filtración de información de la investigación en curso.
El peritaje del teléfono de Novelli había sumado otra prueba sobre la existencia de un contrato entre Hayden Davis y la presidencia, concordante con los indicios ya asentados en la causa, que involucra al Ejecutivo directamente en la criptoestafa internacional. La existencia de dicho contrato es negada insistentemente por la Casa Rosada, a pesar de haberse dado a conocer en la prensa ya hace meses la existencia de un borrador del mismo, que consta en el expediente, y haber sido testimoniado el acuerdo por algunos de los implicados.
Una copia de un contrato con las mismas características exactas había sido vista por el diputado Oscar Agost Carreño, integrante de la Comisión Investigadora del Congreso sobre el caso $LIBRA, en EEUU, aunque no lo integraron entonces a su denuncia, porque no podían verificar su autenticidad.
Los registros de llamadas del celular de Novelli también muestran inequívocamente que el dudoso “trader” y Milei estaban en contacto fluido en el mismo momento del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, contradiciendo las declaraciones del presidente, quien afirmó haber promocionado el proyecto cripto porque lo había encontrado en la web, asegurando no tener “vinculación alguna” con el mismo. Unos pocos días después de estallado el escándalo internacional, en su primer aparición pública, declaró al periodista (¿) Jonathan Viale que sólo había difundido la memecoin “por su fanatismo por la tecnología”, como difundía “otros cientos de proyectos privados”.
El celular de Novelli contenía además un video de una charla presencial que dio Javier Milei en la academia virtual de Novelli y Walsh, en plena pandemia de 2020, con Mauricio Novelli junto a él, la cual termina con los dos dándose un abrazo. El vínculo entre ambos ya era conocido, pero hasta el momento sólo constaba material audiovisual de charlas dadas por el presidente vía zoom.
Según el ministro Mahiques, la filtración del contenido del peritaje del celular de Novelli a la prensa “pone en duda” la cadena de custodia, y evidencia una “manipulación” de los datos. Aunque parezcan frases dichas al pasar en una conversación, cada palabra fue cuidadosamente elegida por el Ministro.
Si por “manipulación” se refería a la extracción de los datos en sí misma, que fue realizada por dos personas que tenían credenciales para hacerlo, pero no autorización para difundirlos, ello no parece ser algo que afecte la validez de las pruebas en sí mismas. Ahora, si lo que pretendía es insinuar que además los datos fueron alterados, lo cierto es que, como señala el periodista Paz Rodriguez Niell en La Nación, no hay evidencia de ninguna alteración del contenido del celular en el expediente.
El ministro parece contar con la ignorancia del público sobre las cuestiones técnicas de ese tipo de peritajes. En este tipo de análisis siempre se resguarda el registro original, que no es tocado por los peritos, quienes trabajan sobre una copia, de manera que cualquier alteración es fácilmente verificable.
La filtración de información, además, se produjo el 3 de marzo. El peritaje ya había sido entregado al fiscal Taiano dos meses antes, y había sido firmado por él, y subido al sistema de gestión judicial LEX 100 un mes antes de la filtración. Filtraciones de causas judiciales a la prensa ocurren corrientemente, y suelen provocar quejas recurrentes, pero nunca se ha planteado que anulasen las pruebas acumuladas, ni tampoco los indicios que permiten orientar y profundizar una hipótesis de investigación.
Las tres causas candentes de los hermanos Milei y su alfil más leal
Pero Mahiques no se limitó a tirarle un “salvavidas” al gobierno en lo relacionado a la causa $LIBRA. Aseveró también que otras dos causas por corrupción donde el núcleo duro del Ejecutivo está hundido hasta la cintura tenían un similar origen “ilegal”:
La causa por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, que involucran directamente a la hermana del presidente, y otra más reciente y aún incipiente, pero con impacto mediático, que en realidad son dos: los expedientes abiertos contra el Jefe de Gabinete Manuel Adorni por llevar a su esposa en el avión presidencial en un viaje con fines personales. Y la denuncia por supuestas dádivas, en relación a otro viaje de Adorni y su familia en un avión privado a Punta del Este.
Algo que tienen en común estos tres casos, es la forma grosera y abierta en que fueron cometidos los ilícitos, dejando, podríamos decir, un tendal de pruebas a disposición de los investigadores: Audios, registros de llamadas, fotografías, videos, documentos contables, declaraciones de testigos, etc.
Hay cierta exageración calculada en el uso de la palabra “ilegal” por el ministro, quien ha utilizado la misma estrategia de los abogados de la familia Kovalivker, dueña de la droguería La Suizo-Argentina, en la causa por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, los cuales piden la nulidad de la causa (sin éxito, hasta ahora), en base a que los audios que la originaron fueron obtenidos “violando el derecho a la intimidad”.
Naturalmente, hay una diferencia notable en el rol de cada uno, ya que Juan Bautista Mahiques es el ministro de Justicia, no el abogado de un acusado acorralado por las pruebas. Pero de todos modos en el caso de $LIBRA la situación es muy diferente a ANDIS, y podríamos decir que se trata más bien de un malabarismo conceptual, propio de los abogados cuando intentan forzar cuestiones formales, ya que el origen de la causa $LIBRA no es de ninguna manera el peritaje al celular de Novelli.
En cuanto a la denuncia vinculada a Adorni, no quedó claro a qué se refería exactamente el ministro Mahiques con su “origen ilegal”, ya que nadie lo ha planteado, pero parecería basarse en un argumento que intentó esgrimir públicamente el Jefe de Gabinete, quien se quejó de la difusión pública, mediante un video grabado con un celular, del viaje realizado junto a su familia, la cual según él afectó su intimidad. Pero al igual que en el caso de $LIBRA, ese incidente no invalida la causa en sí, pues hay otros registros de la existencia de ese viaje en avión. La misma, además, ya había sido hecha pública por el periodista Carlos Pagni en La Nación, antes de que se conociese el video mencionado.
Imágenes del video difundido donde se ve a Manuel Adorni y su familia en el aeropuerto de San Fernando utilizando un avión privado para viajar a Punta del Este, viaje que según la documentación recabada fue pagado por su amigo Marcelo Grandio, cuya empresa tiene contratos con la TV Pública.
Pronto quedó claro cuál era la intención de Mahiques al deslizar esa frase calculada sobre la “ilegalidad” del video. Lo cierto es que hubo un terremoto interno, y una búsqueda desesperada y furiosa dentro del gobierno para saber quién había filtrado el video de Adorni y su familia embarcando en el aeropuerto de San Fernando.
La cual estuvo a punto de echarlos a todos unos contra otros, sospechando de una traición interna o un “puñal por la espalda” de Santiago Caputo o Patricia Bullrich, típica de gobiernos en descomposición. Adorni llegó a afirmar públicamente que la filmación y difusión del video había sido un trabajo interno. Finalmente se supo que la autora era una simple empleada del aeropuerto, a la que diligentemente se investigó, encontrándole “militancia de izquierda”.
El gobierno, naturalmente, para alejar la atención del crecimiento patrimonial inexplicable del ex-twitero devenido en vocero presidencial y Jefe de Gabinete, de los conflictos de intereses de la consultora de su esposa, y del uso personal del avión presidencial, ha salido a cazar a quien dio a conocer el posible acto de corrupción.
Cuanto más evidentes son los delitos, sean delitos menores o mayores, y más tontos lucen quienes los cometieron tan torpemente, más sobreactuada es la reacción, intentando criminalizar a quienes denunciaron, y acusándolos de lo mismo en que se está cayendo. En este caso acusándolos de vulneración de la privacidad y persecución, que es justamente en lo que incurrió el Estado al investigar e intimidar públicamente a quien filmó el video.
No hay que minimizar estas declaraciones televisivas del ministro de Justicia, en programas amigos donde las preguntas seguramente fueron previamente consensuadas. El ministro no fue allí a darse a conocer, ni a someterse improvisadamente a la curiosidad del entrevistador, sino a esbozar con sus comentarios una estrategia legal, la cual instaló de alguna manera en la opinión pública: Se trata de la doctrina del “fruto del árbol envenenado”, utilizada de manera bastante amplia y generosa.
Mahiques también aprovechó para calificar a la Comisión Investigadora del Congreso sobre el caso $LIBRA, la cual logró reunir evidencia de peso para procesar al Primer Mandatario, como una “comisión política”, en otra entrevista concedida al poco tiempo a Eduardo Feinmann. Los términos utilizados por el funcionario fueron elegidos cuidadosamente y no son inocentes, pero para notarlo hay que adentrarse un poco en la jurisprudencia argentina.
La doctrina del “fruto del árbol envenenado”
La doctrina jurídica del “fruto del árbol envenenado” es de origen norteamericano, y busca proteger a los investigados de algún tipo de extralimitación por parte de los investigadores, asegurándose de que la justicia no utilice medios inapropiados, y no haya ningún tipo de abuso estatal. La misma establece que una prueba obtenida de manera ilegal, o no del todo “limpia” según las normas, no es válida, así como tampoco ninguna prueba derivada de ella, y pueden invalidar toda la causa. La irregularidad original “mancha” todo lo que toca insanablemente.
Este principio es relativamente conocido por el público gracias a las series policiales yankis, ya que suele frustrar más de una vez la labor del honrado detective, particularmente cuando éste está luchando solo contra un malhechor poderoso, blindado por el poder en sus actividades ilícitas. Cuando finalmente consigue la prueba fehaciente que lo incrimina, en un giro argumental habitual de la trama, la prueba es invalidada por los abogados del acusado, porque no fue obtenida con todas las garantías o procedimientos legales.
Esta doctrina es muy fuerte en EEUU, pero en los demás países del mundo tiene una aplicación mucho más limitada y relativa, si la tiene. En la mayoría de los países que aceptan este principio o algunos parecidos, la prueba se puede volver aceptable si se consiguen otros indicios que la apoyen de manera lícita. Algunos países como Francia o Japón prácticamente no tienen un equivalente, privilegiando el desempeño global del proceso. En nuestro país la aplicación es pragmática, según el caso.
Este principio se aplicó la Argentina por primera vez en el caso del allanamiento al estudio de abogados Klein & Mairal, en septiembre de 1984, durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Héctor Mairal, fundador del estudio, se formó en los Estados Unidos, y se inició en la política junto al ministro de Economía de Onganía, Adalbert Krieger Vasena, desempeñándose en el Servicio de Promoción de Inversiones Extranjeras, durante uno de los períodos de mayor entrega de la industria nacional a los monopolios norteamericanos.
Luego fundó junto a Walter Klein, que cuenta con un doble doctorado en la Universidad de Harvard, un estudio de abogados, dedicado exclusivamente a representar a empresas extranjeras. Quién durante la dictadura del Proceso de Reorganización Nacional, se transformó en la mano derecha del ministro de Economía Alfredo Martínez de Hoz.
Y fue el artífice de la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros, dispuesta con una modificación al Código Civil y Comercial Nacional, sancionada con un decreto ley de la dictadura con la firma de Videla y Martínez de Hoz, que legalizó la toma de la ingente deuda externa que aun agobia a nuestro país. Y continuó su labor en democracia como un abogado exitoso al servicio de las empresas extranjeras.
El allanamiento al estudio Klein & Mairal en 1984 fue ordenado por una comisión de la Cámara de Diputados de la Nación, recién resucitado el Poder Legislativo en democracia, que investigaba la estatización de la Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad por Martínez de Hoz. La misma había estado rodeada de escandalosas irregularidades, ya que se había pagado una suma mucho mayor a la que valían los bienes obsoletos de la empresa.
En el medio de ese trámite, incluso había “desaparecido” a Juan Carlos Casariego, un alto funcionario del Ministerio de Economía que se oponía a esa estatización, por considerarla un fraude. Por cuyo secuestro y muerte fue condenado en el 2012 el excapitán Héctor Vergez, y naturalmente también se sospechó del entonces ministro de Economía. Martínez de Hoz y su secretario Guillermo Walter Klein fueron quienes en contra de sus propios discursos, habían impulsado esa estatización, habiendo sido Martínez de Hoz el director de la compañía.
Negociado que junto con el del EAM 1978, originó la rebelión en 1979 del Gral Benjamín Menendez en Córdoba, bajo la imprecación “en el futuro no nos van a escupir nuestros enemigos sino nuestros amigos”, al que luego se sumó la estatización de Austral Líneas Aéreas. Y fueron tapados con una sorpresiva resurrección de Montoneros, que supuestamente concretó dos cruentos atentados contra el mismo Klein, y el secretario de Hacienda Roberto Alemann. De los que inusitadamente salieron ambos enteramente ilesos, igual que sus familiares.
Evidenciando estos extremos la verdadera índole de los personajes involucrados en esos grandes negociados, que incluso tiene otros ribetes que van más allá de esta nota. Como fue el presunto homicidio del presidente de la ITALO, Francisco Soldatti, supuestamente también concretado por Montoneros a fines de 1979, en plena avenida 9 de julio, frente a oficinas que ocupaba el almirante Eduardo Massera.
Durante el operativo de allanamiento al estudio Klein & Mairal, se incautaron chequeras y más de 300 carpetas, relacionadas con alrededor de 200 grandes empresas extranjeras y 46 bancos, la mayoría de las cuales habían pasado a ser clientes del bufete durante la dictadura. Se reportó que los hijos de Martínez de Hoz y Mariano Grondona, vinculados al estudio, lograron escapar con valijas cargadas de documentación, antes de que las autoridades pudieran incautarlas.
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La tortuosa convalidación por la Corte del “fruto del árbol envenenado”
Klein presentó un amparo contra el allanamiento, acusándolo de ilegal, por no estar en las atribuciones del Congreso su realización, exigiendo la devolución de todo lo incautado. De paso esto lograría hacer caer diversas causas que se habían abierto en base a la documentación obtenida, algunas referidas al endeudamiento externo fraudulento iniciado por el gobierno de facto. Para ello Klein invocó el principio norteamericano del “fruto del árbol envenenado”.
Las atribuciones de las comisiones investigadoras del Congreso no estaban entonces claramente establecidas, pero la Corte Suprema, muy oportunamente, la terminó de definir poco después en 1993, con el caso del juez Nicosia Alberto, considerado emblemático respecto a corrupción y abuso de poder en Argentina. Allí estableció que las comisiones del Congreso pueden realizar labores de investigación, pero carecen de fuerza coercitiva para tomar medidas tales como allanamientos o detenciones, que corresponden al Poder Judicial.
En cuanto a la doctrina del “fruto del árbol envenenado” invocada por Klein, la Corte Suprema de Justicia de la democracia, fue aún más zaina. Primero en mayo de 1986, tortuosamente, la convalidó sin nombrarla, en el “caso Reyford”, con las firmas de Fayt, Petracchi, e Imolde, y la disidencia por aspectos formales de Caballero y Belluscio, lo que evidencia lo forzado del fallo.
El caso estaba referido al ciudadano norteamericano Reginal Reyford, que compró marihuana para uso personal, que le fue encontrada mediante un allanamiento a su morada sin orden judicial. Al que la Corte consideró ilegal, al no haber existido consentimiento expreso por parte del imputado Reyford, por desconocer el idioma español. Seguidamente, en agosto de ese mismo año 1986, tras vacacionar en julio, cínicamente, tras haber cumplido la faena requerida por Klein, la Corte Suprema basándose en aspectos formales, declaró inoficioso pronunciarse en el caso “Klein, Guillermo, amparo”, con las firmas de Belluscio, Petracchi, y Bacque.
Al respecto prestigiosos criminalistas sostienen que las reformas y jurisprudencias “garantistas” en el Código Penal, siempre se dan cuando un pez gordo queda atrapado en sus redes. Aunque luego beneficie a los peces chicos, para escándalo de los “bienpensantes”. Y aunque en este caso haya impedido la investigación de los orígenes de la deuda externa, que hundió a Argentina en su debacle.
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De manera que no es casual que Mahiques, de alguna manera, traiga a colación en su discurso el principio jurídico del “fruto del árbol envenenado”, al mismo tiempo que relativiza el alcance de la labor de la Comisión Investigadora del Congreso, dos cosas que en la memoria de la historia jurídica del país aparecen más o menos relacionadas.
Podríamos decir que, irónicamente, este principio jurídico del “fruto del árbol envenenado”, aunque pueda ser relativamente correcto en sí mismo (lo cual, en nuestro país, depende mucho de la interpretación de los magistrados), ha arrastrado algunos vicios de origen, por las circunstancias en que fue utilizado inicialmente, que parecen haberlo dejado un poco “envenenado”.
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Este principio adoptado por la legislación nacional en los ’80s es muy bien conocido por Juan Bautista Mahiques, ya que lo tocó en persona, pero no como juez sino como imputado. Fue en ocasión del recordado viaje a Lago Escondido, a la propiedad del magnate Joe Lewis, realizado por varios jueces y empresarios, entre ellos el mismo Mahiques y su padre.
En el viaje, realizado en un avión privado, habían participado Juan Bautista Mahiques (por entonces fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires), su padre Carlos Alberto Mahiques (juez de la Cámara General de Casación Penal, cargo que aún ocupa), y los jueces federales Julián Ercolini, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials. También estaban presentes Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, y el espía y ex director de asuntos legales de la SIDE, Leonardo Bergroth. Se unieron a ellos en la propiedad del “virrey” Lewis: Pablo Casey, director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín y sobrino de Héctor Magnetto; el CEO de Clarín, Jorge Rendo; y algunos empresarios más, que hicieron de nexo con Lewis.
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Carlos Mahiques fue el juez que sobreseyó a Lewis en la causa que se le había abierto por adquirir tierras en violación a la ley argentina, en la “zona de seguridad de fronteras” (aunque curiosamente en un principio había dictaminado que no correspondía el sobreseimiento). Ercolini fue el juez federal a cargo de la causa Vialidad, además de los casos Hotesur y Los Sauces, que involucran a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner.
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Fue además el primer juez en instalar la idea de que al fiscal fiestero Nisman lo habían asesinado, aunque los primeros peritajes demostraron que eso era altamente improbable. Pablo Yadarola, por su parte, tuvo en sus manos el caso de la valija de Antonini. También fue el juez encargado del caso Correo Argentino y las escuchas de espionaje ilegal a familiares de las víctimas del ARA San Juan, que involucraban al expresidente Mauricio Macri.
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La causa abierta contra los jueces fue por “dádivas”, ya que se sospechaba que el grupo había viajado con todo pago por el Grupo Clarín. Posteriormente se filtraron a la prensa chats de whatsapp, donde los participantes del viaje se mostraban preocupados por la difusión del mismo, y debatían como justificar los gastos e instalar otra versión pública de lo ocurrido. La jueza a cargo del caso en primera instancia en Bariloche constató, de hecho, que las facturas presentadas por los gastos del viaje tenían fecha posterior al mismo.
Los denunciantes afirmaron que la reunión en Lago Escondido se había realizado para “arreglar” causas relacionadas con los dos ex-mandatarios, impulsando las relacionadas con Cristina Kirchner y desestimando las relacionadas con Mauricio Macri. Po su parte los jueces acusados lograron que la causa abierta en su contra pase a su “casa”, Comodoro Py, a lo cual se negaba la justicia provincial.
Y cuando llegó allí, fue anulada por el juez Sebastián Ramos, quien sobreseyó a todos los imputados, en base a la doctrina del “fruto del árbol envenenado”. El fallo, que salió a punto de comenzar la feria judicial, y doce días después de la asunción de Javier Milei, no fue apelado por el fiscal.
En su testimonio ante un tribunal, el juez Ramos negó tener cualquier tipo de amistad con el ministro de Seguridad porteño imputado, pero posteriormente otra filtración pública de chats pondría en duda la veracidad de su testimonio.
La estrategia de anulación, utilizando el principio del “fruto del árbol envenenado”, fue delineada por el antecesor del actual ministro de Justicia de Milei, Mariano Cuneo Libarona, quien entonces oficiaba de abogado defensor de Yadarola. El juez Ramos dio lugar al argumento planteado por el abogado defensor, planteando que la causa se había iniciado con una filtración irregular del manifiesto de vuelo (el documento que contiene la información sobre número de vuelo, pasajeros, itinerario, etc.).
Asimismo, los chats usados como indicio de la comisión de un ilícito, también supuestamente fueron obtenidos ilegalmente, por lo cual los acusados se refugiaron en afirmar que habían sido adulterados. Como no se presentó otra prueba independiente (ni se la buscó) la causa se anuló. No obstante la jerarquía de los imputados, lo que logró que la imagen que tiene la justicia en la sociedad argentina, se degradara aun más.
Este caso sería de todas formas diferente al de $LIBRA, ya que en esta hay abundantes pruebas independientes de lo ocurrido, sobre las cuales descansan las acusaciones.
El detalle que todos decidieron ignorar en el caso del escándalo por el viaje a Lago Escondido, el cual tuvo su momento en los medios, y que sin embargo es el más importante, es por qué esos jueces de la Nación y empresarios de un monopolio mediático, se habían reunido en la estancia de Lewis y no en cualquier otro lugar.
Joseph “Joe” Lewis es un ciudadano extranjero, con contactos de muy alto nivel fuera de nuestras fronteras, por lo cual corresponde preguntarse a quién responde este magnate británico sionista, socio de George Soros, y la séptima persona más rica del Reino Unido. El mismo país que mantiene la usurpación ilegal de parte de nuestro territorio, a no muchos kilómetros de la mansión donde ocurrió todo. Más sí, como parece, se reunieron allí para decidir asuntos relacionados con los mismos destinos del país.
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La sumisión de la política argentina a este mandamás extranjero fue patente el día en que el entonces presidente Macri, recién asumido su cargo, inmediatamente después de recibir la visita de su par estadounidense Barack Obama (o sea, del mandatario más poderoso del mundo), fue recogido por un helicóptero privado, y pasó el fin de semana en la misma estancia de Lago Escondido junto a Lewis.
Que nadie se pregunte por la injerencia impúdica de un magnate extranjero en la política argentina, más allá de lo que se opine de la gestión de ambos ex-presidentes, e incluso de sus hechos de corrupción, y todos se queden en el chismerío menor, es lo que demuestra en demasía la clase de colonia en la que nos hemos convertido.
Es sabido que los criterios judiciales son amplios y siempre se pueden adaptar. No pareció haber tanta preocupación por la violación de la intimidad, por ejemplo, cuando se divulgaron conversaciones anodinas entre la entonces presidente Cristina Kirchner con su Jefe de Inteligencia. Y otras conversaciones de ciudadanos comunes que fueron incluso injustamente encarcelados, conversaciones que los principales medios del país repitieron durante semanas enteras (la prensa en aquel momento lo llamó “el pacto con Irán”, aunque no había existido pacto alguno de ningún tipo).
En aquel momento, además, nadie siquiera se preguntó quién había filtrado esas conversaciones, que formaban parte de otra causa sin relación con la presidenta ni el Jefe de Inteligencia, ni si la investigación ameritaba realmente intervenir el teléfono de una presidente en funciones y su Jefe de Inteligencia. Allí no hubo sólo violación a la intimidad personal, sino un problema de seguridad del Estado Nacional, pero lo que más parecía escandalizar a los creadores profesionales de estupidización colectiva, era que la presidente había utilizado la palabra “boludo”.
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Los Mahiques al rescate de Javier, Karina y Adorni.
El clan Mahiques, compuesto por Carlos Alberto Mahiques y sus dos hijos, Juan Bautista e Ignacio, es una de las familias más influyentes del poder judicial. Los tres son expertos en el arte de mover o demorar expedientes judiciales, la esencia del sistema judicial argentino.
La designación de Mahiques había sido interpretada en un principio por algunos, como tendiente a salvar a su padre, enredado en el caso AFA, por la cercanía que el pater Carlos Mahiques tiene con el acorralado “Chiqui” Tapia. Cuando en 2025 éste presentó la creación de la Universidad del Futbol Argentino, anunció que Mehiques sería su vicerrector.
Pero Javier Milei ha solicitado al Senado que Mahiques padre continúe otros cinco años a cargo de la Cámara Federal de Casación Penal (ya debería jubilarse), y no parece que sea para beneficiar al “Chiqui” Tapia ni a Pablo Toviggino. El gobierno ambiciona cambiar el modelo del futbol argentino de asociaciones civiles, por uno de clubes privados y sociedades anónimas, algo por lo que ya venía luchando la gestión del PRO anteriormente. Y según el abogado de la AFA, algunos funcionarios como Santiago Caputo esperan hacer negocios con esos cambios.
Pero todo indica que en realidad la designación de Mahiques busca tenderles una mano desesperada a los mismos Javier y Karina Milei. Tras un año en que cual el fiscal Taiano y todo el Ejecutivo hicieron lo posible para que la causa $LIBRA no avance.
El material completo extraído del celular de Novelli, ya estaba en posesión de la Justicia en mayo de 2025. Pero recién el 9 de septiembre (dos días después de que LLA perdiese las elecciones legislativas), el fiscal Taiano ordenó el peritaje. El 17 de noviembre recibió un informe preliminar del contenido, el cual era tan comprometedor, que ocultó su existencia a las partes.
El memo encontrado en el celular de Novelli, creado tres días antes de que Milei publicara el link al contrato de $LIBRA en X, detalla un esquema de pagos por un total de cinco millones de dólares. En un primer tramo, alguien identificado como H (el norteamericano Hayden Davis, según el expediente) pagaría un millón y medio de dólares en concepto de adelanto, en tokens líquidos o efectivo, a Novelli. Luego, otro millón y medio, condicionado a que Milei anunciara en X que Davis y su empresa Kelsier Ventures eran sus asesores en materia cripto. Y finalmente dos millones adicionales contra la firma de un contrato de asesoría en persona, con revisión explícita de «Javier y Karina».
Según muestra el peritaje de las llamadas, en el momento del lanzamiento de $LIBRA y el twit presidencial de promoción, imprescindible para concretar la estafa de “rug pull”, hubo varios llamados entre Novelli y Milei.
A las 18:58 (hora argentina) Novelli realizó una llamada desde Dallas, donde Hayden Davis y su equipo lanzaban el token $LIBRA, al número de Javier Milei, el cual tenía agendado como “Javi”. Hablaron poco más de un minuto. Inmediatamente, a las 19:01, el presidente publicó en su cuenta de X el contrato del token. Dos minutos después, a las 19:03, Novelli volvió a llamar al presidente. Luego de colgar, llamó a Karina Milei, quien no atendió, pero a las 19:17 le devolvió el llamado, y hablaron durante casi tres minutos.
Entre otros mensajes que aparecieron durante el peritaje, había uno de Novelli a su secretaria donde le pedía “separar 4.000 para Karina”.
Otro negocio que Novelli conversó con Milei, fue el de lanzar una moneda de oro con su efigie. El negocio estaba avanzado, y se habían mandado a acuñar dos modelos a una casa alemana, B.H. Mayer’s Kunstprägeanstalt. Para evitar dificultades legales se optó finalmente por una medalla.
Esa fue sólo una de las tantas ideas de Novelli y su equipo, para comercializar la imagen presidencial, todas charladas y aprobadas por el mismo presidente, con evidentes conflictos con la ley de Ética Pública. Estos proyectos de dinero fácil con los que soñaba el joven trader naufragarían luego del escándalo cripto.
Por otra parte, en la causa Lago Escondido, la filtración de la información del viaje en avión fue realizada por empleados y gremialistas del aeropuerto. No sería extraño entonces que ahora la defensa de Adorni intente utilizar el precedente en su estrategia de defensa, y tal vez viniese por ahí el “guiño” de Mahiques hijo al Jefe de Gabinete, otro hombre de la Casa Rosada en aprietos judiciales.
Para el ministro Mahiques, el fiscal Taiano, todo el Ejecutivo, LLA, el PRO y los radicales que los secundan (siempre tan preocupados por las instituciones de la república y la corrupción) al parecer, no es suficiente para activar los mecanismos de mayor celeridad de la justicia, el que un presidente se haya involucrado de manera pública y notoria en una estafa, promocionando un memecoin como inversión productiva. Algo que fue considerado por todo el mundo, nacional e internacionalmente, como una descarada estafa en el mismo momento que ocurrió.
Tampoco son significativas las visitas registradas de Hayden Davis y Mauricio Novelli a la Casa Rosada, ni sus fotos junto al primer mandatario subidas a las redes. Tampoco pesan la declaración de los imputados, como la de Hayden Davis, afirmando que trabajaba para el gobierno argentino. Prácticamente no hay nada que “demostrar” al respecto, porque todo está a la vista, es en todo caso el presidente quien debe dar muchas explicaciones.
No es suficiente el borrador del contrato conocido ya hace tiempo, ni los testigos que vieron a Hayden Davis, Novelli y su equipo festejando la firma de ese mismo contrato, la noche del mismo día en que habían visitado la Casa Rosada. No sirven como indicio los chats de Davis donde afirma que tenía acceso irrestricto a Milei, ni importan los vínculos estrechos y públicos de Mauricio Novelli con Karina Milei y Javier Milei, ni que éste último le cobró por promover otra criptoestafa suya anteriormente.
No son relevantes los movimientos millonarios en las billeteras virtuales de los implicados, coincidentes con sus visitas a la Casa Rosada. Y tampoco ahora es suficiente el peritaje del celular de Novelli, donde se encontró un memo del contrato firmado entre Hayden Davis y el gobierno, y se registraron siete llamadas a Milei en el mismo día en que se desarrollaba la estafa, otras siete a Karina Milei y nueve con Santiago Caputo.
Para seguir distrayendo a la gente de la corrupción rampante de Javier y Karina Milei, de la manifiesta incapacidad del primer mandatario para gobernar, del desfalco económico del empleado de JP Morgan, Luis Caputo, y su banda de forajidos, que están dejando al país en un estado de postración cercano a la disolución nacional, se recurre a una combinación de caza de brujas, distracciones y medidas legales formales, que funcionan siempre en una sola dirección.
La misma semana en que el ministro relativizaba las pruebas acumuladas en la causa $LIBRA, demorada desde hace meses por el fiscal, y se ponían tantos reparos legales a la violación al “derecho a la intimidad”, se detenía con celeridad a un profesor cordobés por publicar un meme en redes sociales criticando al presidente, y por tener otro meme guardado en su celular, que fueron denunciados por la DAIA como “antisemita”.
Un gobierno tan débil como este no podría tener éxito en medidas tan autoritarias, de no contar con la complicidad de factores de poder muy grandes, tal vez incluso extranjeros, y la inacción de los demás poderes que tienen responsabilidades respecto a los destinos de la Nación.-
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