Las gravísimas fallas del fallo del Tribunal que condenó a CFK, en búsqueda de su enmienda posterior

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El resumen del falló o “sentencia abreviada” que emitió el Tribunal Oral Federal Nº 2 en la causa Vialidad que condenó a CFK a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, tiene gravísimas fallas lógicas. Que se asemejan al intento de su asesinato por parte de Fernando Sabag Montiel, quien olvidó remontar la pistola antes de efectuar el disparo, y por ello insistió con un segundo e inútil gatillamiento.

En el fallo de dicho tribunal, sucede lo mismo. Porque una de esas gravísimas fallas lógicas, pretende ser solucionada con un segundo disparo, en el caso Hotesur – Los Sauces, que la enmiende. Buscando así un efecto sinérgico entre ambas, como si este fallo del Tribunal Oral 2 fuera una “sentencia preventiva ad referéndum” del resultado de esa otra causa, si se logra su reapertura y condena. La que está hoy apelada ante la Cámara de Casación, tras el sobreseimiento que se dictó a favor de CFK y sus hijos.

Esto explicaría el enorme plazo de tiempo que se ha tomado malévolamente el tribunal para publicar su sentencia, lo que hará recién más de tres meses después de su veredicto, el 9 de marzo próximo. Extendiéndolo al máximo permitido por el código, a la espera de la maduración de la revisión en la causa Hotesur Los Sauces.

Al respecto el ex juez federal y abogado constitucionalista Miguel Rodríguez Villafañe, opina que dada la gravedad institucional de la causa, referida a una vicepresidente en ejercicio, resulta inadmisible que el tribunal no solo haya tomado el máximo plazo en días hábiles. Sino que además no haya habilitado las ferias a los efectos de cumplirlo, con lo que podría estar emitiendo la sentencia a principios de febrero.

Apuntando que esto representa una condena accesoria contra CFK, al escracharla con la calificación de “chorra”, tal como seguidamente hicieron algunos de sus adversarios. Sin aportar los debidos fundamentos de ello, que le permitan públicamente y legalmente rebatir esos cargos, vulnerando así su derecho a la defensa. Con el agregado que ese diferimiento es evidentemente malintencionado, a la espera de lo que se decida en la causa Hotesur – Los Sauces.

De esta manera, no obstante esas gravísimas fallas, el fallo está cumpliendo el efecto de declarar la muerte civil y política de CFK para las elecciones presidenciales del año que viene, tal como ella misma lo señaló en la alocución que profirió tras conocer el fallo. A costa de haber incurrido los tres camaristas integrantes del tribunal, en un flagrante prevaricato, al fallar en contra de los hechos probados en el juicio, como se verá seguidamente al final de esta nota, tras detallar previamente las cuestiones de hecho que se anteponen al derecho. Por ello, si bien no se puede apelar la sentencia hasta que no se emita, bien podrían ser denunciados penalmente por el contenido de lo que anómalamente publicaron en sustitución de ella.

Todo esto tiene la bondad, sí se lo analiza en profundidad, de confirmar la existencia del famoso Lawfare, y la enorme corrupción existente en la justicia, como la punta de iceberg de la existente en el país. La que simultáneamente quedó patéticamente demostrada ante la opinión pública, tal como sucedió con los famosos bolsos de López, con los chats que se hicieron públicos en relación con la visita al recoleto y fastuoso Lago Escondido, por parte de magistrados, espías, y ejecutivos del grupo Clarín, enemigo acérrimo de CFK desde hace una decena y media de años.

Ver La instigación del atentado a CFK y el «periodismo de guerra» de Clarín y La Nación que destruye al país

Los hechos antes que el derecho

En su “sentencia abreviada”, el Tribunal Oral Federal 2 afirmó: “Tenemos la certeza de que, mediante la tramitación de cincuenta y un procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional en los términos y condiciones establecidos por la ley penal… producto de la concurrencia cartelizada al proceso licitatorio”.

Ante ello se podría decir al tribunal “chocolate por la noticia”, frase irónica que antes se completaba con “mermelada por la pavada”. Dado que la cartelización de la obra y contrataciones públicas, es una viejísima modalidad del saqueo predatorio del estado. Que cuenta con formales denuncias desde el año 1980 en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, repetidas ante esta en el año 2005 por el Banco Mundial y el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, y confesada por algunos empresarios arrepentidos en la causa Cuadernos. E incluso ha sido definida por el ex presidente Mauricio Macri, como la “asociación de la burocracia con algunas empresas”, aceptando públicamente haber integrado esa “patria contratista”.

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Ante ello el fiscal Diego Luciani, que tiene una visión simplista de la compleja figura penal de la asociación ilícita, afirmando que “cuando existen acuerdos espurios entre empresarios y funcionarios a lo largo del tiempo, con el consecuente saqueo a las arcas del Estado, es posible encuadrar las maniobras investigadas bajo la figura de la asociación ilícita”, podría pedir el procesamiento del ex presidente Macri. Considerando que al desempeñarse como funcionario público, vio interrumpida  su prescripción desde el año 2007 al 2019, además de haber considerado algunos jueces que esos delitos son imprescriptibles. Cabiendo apuntar además los pingues negocios que hizo en dicho periodo su «hermano del alma» Nicolas «Nicky» Caputo, en áreas bajo su dependencia.

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Esa oscura mancha en la ficha de Macri, fue la razón por la que se forzó la incorporación de Elisa Carrió a Cambiemos en el año 2015, quien antes se había negado diciendo que su límite era Macri. Para tratar de difumarla con el aporte por parte de ella de un aurea de honestidad, tras romper la alianza que tenía con Proyecto Sur de Fernando “Pino” Solanas. La que había sido anticipada por Jorge Lanata en sus sketchs en el programa Periodismo Para Todos del grupo Clarín, abriendo así el inquietante interrogante de quienes son realmente los que escriben los guiones políticos en Argentina

La máxima expresión reciente de esa “patria contratista”, son las causas del Lava Jato y Odebrecht en Brasil, que se extendieron por todo el subcontinente. Y se vio reflejada en los procesamientos y/o condenas de los peruanos Alberto Fujimori, Alan García, Ollanta Humala, Martín Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo; los ecuatorianos Jamil Mahuad y Rafael Correa; los paraguayos Luis González Macchi y Juan Carlos Wasmosy; los brasileños Fernando Collor de Mello, y Luis Inácio Lula Da Silva, etc. Y también en la causa Cuadernos, donde hay 174 imputados, la mayoría contratistas del Estado, donde 31 de ellos se han reconocido culpables, diciendo que hicieron aportes para las campañas electorales.

Las dos dimensiones de la cuestión

O sea que la cuestión tiene dos dimensiones. Una es el “financiamiento clandestino de la política” que es atinente a los políticos. Que viene desde el fondo de la historia, y sucede en relación con todos los partidos, y en todos los gobiernos, y tiene distintas envergaduras. Que van desde enormes aportes en efectivo en negro, o en medios y servicios, hasta los dineros que se le encontraron a la ex vicepresidenta Gabriela Michetti al comenzar su mandato, que la justicia de Comodoro Py se encargó de limpiar velozmente. O los sumas en dólares encontradas recientemente en allanamientos en domicilios de líderes de organizaciones piqueteras.

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Entre esos extremos, también está la Fundación Hannah Arendt de Elisa Carrió, encaramada como la fiscal del República, la que sin embargo no transparenta quienes son la que la financian. Además de haber subfacturado y comprado con una parte en negro, el inmueble que adquirió en Capilla del Señor para hacer su casa, cosa que la justicia de Comodoro  Py también limpió rápidamente. Y lo mismo sucede con otras innumerables ONG, e incluso directamente políticos, de quienes no se saben quienes solventan sus actividades o carreras políticas.

En el mismo sentido, el actual Jefe de Gobierno de la CABA y candidato a presidente de la Nación, queda paralizado cuando se le pregunta por el fallecido y reconocido médico René Favaloro. Al haber quedado sindicado como quien le requirió coimas para el pago de deudas atrasadas, que motivaron finalmente su suicidio.

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La otra dimensión tiene mucho mayor envergadura, y proviene de los enormes sobreprecios en las contrataciones públicas, que vienen también desde el fondo de la historia. Y se acentuaron notablemente en forma cartelizada después de la Segunda Guerra Mundial, siendo este el origen de las enormes fortunas de los que “mueven las palancas” hoy en Argentina. Que no es más la “oligarquía con olor a bosta” como la llamaba Sarmiento. Sino advenedizos, algunos de ellos emigrantes sin grandes recursos, como los Rocca, los Macri, los Bulgheroni, los Pérez Companc, los Roggio, que con los sobreprecios en la obra pública pasaron a ser los “dueños de Argentina”.

Tal como los denominó Luis Majul décadas atrás, cuando trataba de hacer periodismo, quienes además para darse prosapia también se transformaron en terratenientes con olor a bosta, igual que Lázaro Báez. Siendo la figura epónima de todos ellos, el pionero de Techint Agostino Rocca, un ingeniero fabricante de cañones para Mussolini, que tras la guerra vino a Argentina y construyó durante el primer gobierno de Perón el gasoducto Comodoro Rivadavia – Buenos Aires. Y a partir de allí, con las sucesivas prebendas de toda índole que le acordó el estado “compinche”, se transformó en la más importante multinacional argentina que liquida sus impuestos en Luxemburgo.

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Esta es la combinación que ha funcionado hasta ahora. La “financiación clandestina de la política”, con sus “aforos” como lo denominan los empresarios, o a secas coimas, es la que a su vez la que permite los enormes sobreprecios en las contrataciones públicas. Dado que funcionarios y políticos no son tontos, y saben cuando hay sobreprecios y por eso piden su parte, del orden del 20 / 30  %, mientras que la parte del león se la lleva el empresario. O la unión de empresarios conocidas como UTE (Unión Transitoria de Empresas) que se forman cuando el botín es muy grande y resulta difícil ponerse de acuerdo para ver quien se lo queda.

Ver CASO CIAR: Durante el segundo mandato del intendente de Cambiemos Ramón Mestre, habrían circulado coimas por 340 millones de pesos

Es notable a este respecto las UTE que establecieron Austral Construcciones de Lázaro Baéz, con IECSA de los Macri, en los años 2013 y 2014, para tratar de ejecutar las obras de las represas de Santa Cruz, y el gasoducto del Noroeste. Buscando un efecto sinérgico de las relaciones políticas del primero, y la capacidad de contratación autorizada del segundo.

Ante esos enormes márgenes de ganancia, aparecieron las variantes “mixtas”, que existen en casi todas las provincias, consistente en tener un empresario compinche con el cual el reparto del botín sea más “equitativo”, si cabe la expresión. Siendo un ejemplo notable de esto la construcción del viejo Dique San Roque en Córdoba, la obra por entonces más grande y costosa en Latinoamérica, con un costo de seis millones de pesos oro.

La cual por sus graves defectos constructivos tuvo que operar acotadamente, y en pocas décadas quedó en desuso. Y en la cual los socios ocultos eran los ex presidentes y cuñados entre sí, Julio Roca y Miguel Angel Juárez Celman, en una sociedad encabezada por su concuñado común, el diputado Felix Funes, en sociedad con Juan Bialet Massé. Un tremendo robo que la historia oficial se encargó de tapar, presentando a estos empresarios como víctimas de la política.

Ver Viejo Dique San Roque: el monumento a la corrupción de Roca y Juárez Celman

Austral Construcciones de Lázaro Báez y Néstor Kirchner

En la realidad de los hechos, este es el caso de la sociedad entablada entre el presidente Néstor Kirchner con Lázaro Báez. Consistente simplemente en meterse en el negocio de la obra pública destinada a la provincia de Santa Cruz, para aprovechar su “alta rentabilidad” y financiar clandestinamente a la política. Según el lema de Kirchner, que “para hacer política hay que tener platita”.

El botín que produjo de esa asociación, no está evidentemente en la declaración de bienes de los Kirchner, que no tiene proporción alguna con los 82 mil millones de pesos de perjuicio determinado por el Tribunal Oral 2, calculado en forma bastante arbitraria y defectuosa. Ya que ellos no llegan ni al uno porciento de esta cifra, muy por debajo para ser una coima como se estila en esa actividad, y esto sin tener en cuenta el patrimonio previo que detentaban los Kirchner antes de esa asociación.

Ni tampoco está en Hotesur y Los Sauces, sino en la decenas de millones de dólares que lavó Baez, sacándolo en negro del país para ingresarlo como blanco, tras la muerte de Néstor Kirchner en el 2010, acorde con su aventurada y obsesionada forma de hacer política. O en el enorme patrimonio clandestino de decena de millones de dólares con que apareció tras esa muerte su secretario privado de confianza, Daniel Muñoz.

En lo que evidencia ser una “mexicaneada”, que dejó de lado a su conyugue CFK. Siendo esta la situación en la que se encuentra atrapada actualmente, por su actitud de no querer saber lo que hacía su prominente marido, y mirar para otro lado. Y verse así obligada a basar su defensa en semi verdades, las que también son mentiras.

Mientras que la oposición y la seudo justicia argentina, al no poder juzgar penalmente a un muerto, se han empeñado en perseguir a su conyugue, y ahora también a sus hijos. Como si las culpas también fueran heredables, sin haberse probado en manera alguna una complicidad directa, como se verá más adelante.

El Lawfare antes que el derecho

Charles Darwin, el célebre naturalista mentor de la evolución biológica y la “selección natural” -cuyas ideas, hoy cuestionadas por la microbiología y el descubrimiento del ADN, desbordaron también al campo de la economía liberal- en su libro conocido popularmente como el “Viaje del Beagle”, además de referirse cincuenta veces en forma elogiosa respecto al gaucho, su nobleza, conocimiento del medio, destreza, y capacidad de sobrevivencia, se refiere a los funcionarios y magistrados judiciales argentinos de la siguiente manera:

“Casi todos los funcionarios públicos son venales. El director de Correos vendía francos falsificados. El residente mismo y su primer ministro se confabulaban para estafar al Estado. La justicia cuando entra en juego el dinero, no puede esperarse de nadie. He conocido a un inglés que acudió a la primera autoridad judicial (según me contó, no conociendo entonces las costumbres del país, tembló al entrar en la sala) y le dijo:

“«Señor, he venido a ofrecer a usted 200 pesos (papel) -valor equivalente a 125 pesetas- si manda usted arrestar antes de tal tiempo a un hombre que me ha engañado. Fulano de Tal me ha recomendado dar este paso.» El juez sonrió asintiendo, le dio las gracias, y antes de anochecer, el hombre estaba en la Cárcel. Con tan absoluta carencia de moralidad en los hombres directores, y con una infinidad de empleados turbulentos mal pagados, ¡todavía espera el pueblo en los buenos resultados de una forma democrática de gobierno!”

Ya Darwin casi dos siglos atrás había señalado el talón de Aquiles de la política local, y también latinoamericana. Cuyos orígenes fueron posiblemente la confrontación entre el contrabando inglés, y el monopolio de comercio que pretendía sostener España en sus colonias. Y es esa vulnerabilidad la que a partir del 2008 aprovechó EEUU, para provocar la debacle del chavismo antiestadounidense que se había expandido notablemente en la región. Además de precipitar quizás su temprana muerte en el 2013, atacado por un feroz e inusitado sarcoma pélvico, que bien podría haber producido un elemento radioactivo inserto en el sillón donde acostumbraba sentarse.

El artífice en explotar ese talón de Aquiles, para hacer caer en hilera por corrupción a los gobiernos pro chavistas latinoamericanos, fue el diplomático de carrera de EEUU Thomas Shannon, quien llegó incluso a desempeñar brevemente el cargo de Secretario de Estado, mientras se desempeñaba como subsecretario de Estado para Asuntos Políticos.

Shannon visitó Buenos Aires a comienzo del 2008, a la par que se desataba el conflicto por el campo por la resolución 125. Y además de entrevistarse con la presidenta CFK, lo hizo también reservadamente con políticos, intelectuales, y personajes de la vida pública. Y se encontró con la mesa servida para llevar delante esa estrategia.

Por un lado estaba Elisa Carrio como rampa para el lanzamiento de denuncias, erigida en fiscal de la República. Aunque no vacila en hacerlas falsas, por “razones estratégicas” según dice ella, como hicieron junto con Jorge Lanata al acusar estruendosamente en el 2015, que el candidato a gobernador de la estratégica provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández, era la “Morsa” que controlaba el tráfico de estupefacientes y había propiciado el Triple Crimen de Gral Rodríguez. Acusación que luego de las elecciones quedó en la nada en la justicia, pero que permitió que Cambiemos ganara por primera vez en dicha estratégica provincia, llevando a María Eugenia Vidal a la gobernación, y a Macri a la presidencia de la Nación.

La deliberada corrupción de la justicia

Por otro lado la reforma de la justicia federal por parte del gobierno de Carlos Menem, que amplió los integrantes de la Corte Suprema, creó las Cámaras de Casación y los Tribunales Orales, y aumentó la cantidad de jueces federales, generó un gran desplazamiento de magistrados, y la designación de otros. Lo que le permitió al gobierno de entonces la creación de los “jueces de la servilleta”, con la designación de funcionarios del mismo Poder Ejecutivo, entre los que descollaban Claudio Bonadio y Germán Moldes.

Lo cual profundizó notablemente la corrupción de la Justicia Federal, con fines eminentemente defensivos por parte del Ejecutivo. Marco en el que hizo su aparición Antonio “Jaime” Stiuso, como principal valedor de la “docilidad” de los jueces y fiscales federales. Quien en lugar de atenuarse o desaparecer con la aparición del kirchnerismo, adquirió aún más preponderancia, también con fines defensivos. Pasando a ser Stiuso subrepticiamente, el último eslabón de decisión en el Consejo de la Magistratura, para asegurar la docilidad de los magistrados judiciales.

Esta fue una medida que tomó personalmente el presidente Kirchner, no obstante la postura en contrario de su ministro de Justicia Gustavo Beliz quien le advirtió: “Vos podes sentir que si pinchas teléfonos para tener información sos más poderoso, pero vas a ser esclavo de quien los pincha”, tal como luego sucedió. Beliz pretendía llevar adelante una genuina reforma judicial y expulsar de Comodoro Py a la banda de Stiuso, razón por la que ante esa decisión, tuvo que renunciar a su cargo y exiliarse con su familia a EEUU.

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Así aparecieron en Comodoro Py fiscales como Eduardo Taiano y jueces como Julián Ercolini, entre otros. Quienes lo primero que hicieron, de una forma tácita el primero y expresa el segundo, fue sobreseer a los Kirchner en la causa por enriquecimiento ilícito. A la par que el destituido ex juez Galeano, argüía que su remoción exprés con motivo de la causa AMIA, se debió a la existencia de esa causa de enriquecimiento de los Kirchner en su juzgado. Ercolini además se encargó de enviar la denuncia original de la causa Vialidad, a la justicia provincial de Santa Cruz.

Shannon un par de años después, en el 2010, pasó a desempeñarse como embajador en Brasil, pero lo concreto es que a partir de su visita a Buenos Aires, en sustitución de los intercambios de personajes militares de antaño, apareció el de los jueces. Y los sambenitos injerencistas anteriores por parte de EEUU, de la lucha contra el comunismo, y luego contra el narcotráfico, fueron sustituidos por la lucha contra la corrupción.

El caso más notable a este respecto es el del ex juez texano y ex embajador de EEUU en Argentina, Edward Prado. Quien en el 2009 participó como jurista de una charla en la catedra en Administración de Justicia en la UBA, flanqueado por el titular de ella, el juez Ercolini. Luego en el 2018 Prado apareció como embajador en Argentina, y tras la asunción del presidente Joseph Biden fue reemplazado por el abogado texano Marc Stanley. Quien no le anda a la zaga, dado que es dueño de un mega estudio jurídico, y ha sido honrado como el «Mejor abogado en Dallas» y como el «Súper abogado» en el estado de Texas.

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Año 2009, UBA, Julián Ercolini en una punta y Edward Prado en la otra

En Brasil sucedió algo parecido en relación con el juez de Curitiba Sergio Moro, quien a partir del año 2007 también cultivó un estrecho vínculo con EEUU. Y se encargó de meter preso durante casi dos años al ex presidente Lula da Silva, e inhabilitarlo para presentarse a las elecciones presidenciales del 2018, facilitando así la llegada a la presidencia del outsider Jair Bolsonaro.

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Además, convertido por los medios en una figura epónima contra la corrupción, Moro visitaba a Argentina, y se sacaba fotografías flanqueado por el entonces presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti, y el finado juez Bonadio, con su saco mal abrochado igual que sus causas contra el kirchnerismo.

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Bonadio además era un habitué de la embajada de EEUU, junto en el fiscal Carlos Stornelli, para las fiestas del 4 de julio. Y junto con el juez Ercolini, acompañados por algunos fiscales ad hoc, fueron la punta de lanza bífida que embistió contra el kirchnerismo. Y encontró su convalidación en instancias superiores, con la movida designación de magistrados que concretó el macrismo, con la intervención del entonces ministro de Justicia Germán Garavano. Quien desde el 2009, igual que Ercolini, mantuvo un estrecho vinculo con el ex juez y luego embajador Prado.

Ver Los trucos judiciales del difunto juez de la Embajada Bonadio
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Posteriormente el Tribunal Supremo de Brasil declaró la nulidad de esa causa contra Lula, porque no era competencia de Moro. Además de haberse publicado centenares de mails intercambiados entre Moro y los fiscales de la causa, que evidenciaban la ilegal complicidad existente entre ellos, con el fin de lograr una condena para Da Silva. Situación que tiene parecido en el juicio de Vialidad, con la confraternidad de jueces y fiscales en el equipo de futbol Liverpool, que jugaba campeonatos en la quinta Los Abrojos de Macri, y competía con el equipo de este.

Complicidad que se ve reflejada ante el desistimiento de efectuar réplicas por parte de los fiscales Luciani y Sergio Mola, tras los alegatos de los defensores de los acusados. Como si consideraran que ese esfuerzo era enteramente innecesario en su tarea de convencer a los jueces, con quienes compartían fraternalmente sus ratos libres. Y tomaban mate adornado con el logo de Liverpool, el mismo que lucia desaprensivamente el camarista Giménez Uriburu en las audiencias.

Destacándose además Luciani por tener vínculos directos con el operador de la Mesa Judicial macrista, el hoy prófugo abogado Fabián “Pepín” Rodríguez Simón – el mismo que aconsejó al presidente Macri para designar por decreto a los ministros de la Corte a Horacio Rozatti y Carlos Rosenkrantz- a través de su hoy fallecido cuñado Eduardo Manuel De Abelleyra, quien también se desempeñaba como ejecutivo del grupo Clarín.

A este respecto cabe agregar que otro gran contribuyente en toda esta enorme operación de reconquista de su patio trasero por parte de EEUU, fue la profunda enemistad existente entre el kirchnerismo y los grandes multimedios La Nación y Clarín. Con el primero por cuestiones relacionadas con la ideología y la geopolítica filo estadounidense. Y con el segundo además de la geopolítica filo estadounidense, la anulación de la ley de Medios que afectaba sus proficuos negocios, y la concreción de nuevos grandes negocios. Objetivos qué como botín electoral, logró con el arribo de Macri a la presidencia.

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Para finalizar este aspecto del Lawfare, en donde la corrupción inveterada existente en Latinoamerica en relación con la política, le permitió a EEUU a través de una justicia corrupta desplazar al chavismo bolivariano, y recuperar y disciplinar nuevamente su patio trasero, basta apuntar que situaciones similares se dieron en Bolivia. Cuyo ex presidente Evo Morales se tuvo que exilar del país, acosado por múltiples causas judiciales, tras haber sido derrocado al ser acusado infundadamente por la OEA  de fraude electoral. Y también en Ecuador, país al que su ex presidente  Rafael Correa no puede regresar, por cargar con condenas de prisión efectiva por supuestos actos de corrupción.

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La lógica antes que el derecho

Como se dijo, la principal falla en el fallo del Tribunal Oral 2 integrado por Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu, y Jorge Gorini, es que a falta de pruebas para vincular dolosamente a Lázaro Baez con CFK, por la vía jerárquica como administradora de bienes que no administraba, emitieron una especie de ilegal “sentencia preventiva ad referéndum” de lo que suceda con la causa Hotesur – Los Sauces. En la cual hasta CFK y sus hijos han resultado hasta ahora sobreseídos y está en revisión en la Cámara de Casación.

La gran prensa opositora, en su tarea de escrache facilitada por el diferimiento en dar a conocer los fundamentos de su sentencia por el Tribunal Oral 2, se empeña en decir que el fallo de este reforzará la causa Hotesur – Los Sauces. Como delito “precedente” de la supuesta maniobra de lavado de dinero y admisión de dádivas que en esta causa se ventila.

Pero en realidad esto es una falacia, construida mediante un loop o rulo ilógico, consistente en afirmar, como se puede ver en el siguiente extracto de la sentencia abreviada, que CFK tuvo participación en el “plan criminal” por haberse beneficiado con los “múltiples vínculos contractuales y comerciales con Lázaro Antonio Baéz”.

gravisimas fallas sentencia Tribunal Oral condeno a CFK, con una sentencia preventiva ad referendum

Pero estos vínculos, y su presunción que eran espurios y solo una fachada para concretar “retornos” de dineros mal habidos por parte de Baéz hacía CFK, no fueron en manera alguna investigados en la causa Vialidad, sino en la causa Hotesur – Los Sauces, donde hasta ahora CFK y sus hijos han resultado sobreseídos. Y por ello en manera alguna pueden emplearse como una prueba para mostrar la supuesta complicidad entre Báez y CFK.

Con la misma argumentación podrían acusar a cualquier proveedor o contratista de Austral, de ser cómplice de Báez, por haber ido a parar a manos de él fondos provenientes de los sobreprecios en la obra pública. Rompiendo la autonomía del proceso judicial, se trata de la falacia carente de lógica de decir que si CFK es condenada en la causa Hotesur – Los Sauces, esto confirmará finalmente la sentencia previa en la causa Vialidad, que se convertirá así en el delito precedente en la causa de lavado y admisión de dádivas de Hotesur – Los Sauces.

Que dicho sea de paso, solo tiene una pena de prisión condicional de un mes a dos años, y una inhabilitación para ocupar cargos públicos de uno a seis años. Muy lejos de los seis años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua que preve la pena de administración fraudulenta que le imputó el Tribunal Oral 2.

Y esta es la mala intención del fallo del Tribunal Oral 2, consistente en procurar, a falta de pruebas, que se arme un embrollo judicial, si la Cámara de Casación anula el sobreseimiento de los Kirchner, y dispone que se lleve cabo el juicio oral y público en la causa Hotesur – Los Sauces, haciendo así de hecho una confusión entre ambas causas. Y es de imaginar las enormes presiones que recaerán de ahora en mas en los tres camaristas de la Sala I de Casación, Diego Barroetaveña, Daniel Petrone, y Ana María Figueroa, para que se pronuncien en tal sentido.

La lógica antes que el derecho bis

No obstante la enorme inconsistencia de esa argumentación, el Tribunal Oral Federal 2 seguidamente se despachó nada menos que relativizando “la estructura dogmática jurídica del tipo penal de fraude en perjuicio de la administración pública”. Cuya tipicidad requiere la figura de administrador de la que carecía CFK, y si la tenía el ministro Julio De Vido, a quien no obstante sobreseyó por falta de pruebas. Eludiendo que al menos, por haber faltado a sus deberes de supervisión, lo podría haber condenado por faltar al cumplimiento a sus deberes como funcionario público.

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Y seguidamente, como quien saca un desesperado conejo de la galera, el Tribunal Oral 2 afirma que se verificaron por parte de CFK, “llamativos y groseros aportes personales en la estrategia criminal, particularmente en su etapa conclusiva (año 2015)”. Atribuyéndole así a ella el “dominio del hecho”, que en realidad correspondía al secretario de Obras Públicas José López, y al ministro de Infraestructura Pública De Vido.

De esta manera el Tribunal Oral 2 se remitió a los chats intercambiados a fines del 2015, entre el presidente de Austral Julio Mendoza, Baez, y López, para coordinar un encuentro con la entonces presidente CFK, y su posterior saga. (Que tambien revelaron la existencia de una notoria cantidad de mensajes intercambiados por López con otros empresarios, entre ellos el “hermano del alma” del ex presidente Macri, “Nicky” Caputo). Los cuales llevó al fiscal Luciani a afirmar:

“Esos mensajes permiten dilucidar de cómo fueron los últimos días del gobierno de Cristina Fernández y de cómo desde la residencia de Olivos y la provincia de Santa Cruz coordinaron los últimos pagos de certificados que se le debían a Lázaro Báez y los despidos de los empleados de Lázaro Báez. Lázaro Báez era Néstor Kirchner, era Cristina Kirchner. Nos sorprendió que esta nunca hubiera salido a la luz. Analizamos 26 mil mensajes. El estudio de las comunicaciones confirma que la paralización y el abandono de las obras fue una idea gestada, decidida y avalada por la propia Cristina Fernández”.

Los jueces supuestamente dictan sus fallos, basados en la “sana critica racional”, con el agregado de que en caso de existir dudas, deben interpretarse a favor del imputado. Y en tal sentido, irracionalmente, los fiscales y el camarista Basso sostuvieron que existió una asociación ilícita de la cual CFK era la jefa, pero que ni siquiera mantenía contactos directos con Baéz.

Y por eso el secretario de Obras Públicas López, que matenía con CFK una vieja relación como funcionarios en Santa Cruz, tuvo que hacer de intermediario. Mostrando esto de por sí que “Lázaro Baéz no era Cristina Kirchner”, como afirmó el fiscal Luciani, siendo además pública y notoria la hostilidad de CFK hacia Baez, reportada de diversas maneras por el periodismo.

Tergiversando el sentido de los hechos, el mismo Luciani dio cuenta del origen de ese pedido de entrevista a principios de diciembre de 2015. Motivado por el agotamiento de las partidas presupuestarias para las obras que ejecutaba Austral Construcciones, lo que imposibilitaba el abono de los certificados pendientes de pago. Según la notificación emitida por el Ing. Carlos Alonso de la Dirección Nacional de Vialidad a Austral Construcciones, exhibida por el mismo Luciani.

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En ese marco, tratándose de obras en Santa Cruz, donde se domicilia desde hace décadas CFK, resulta perfectamente natural que Baez haya pedido su intervención, para lograr una ampliación de las partidas presupuestarias. Alegando seguramente que la falta de pago por parte de la Nación, imposibilitaria el pago de los salarios a los dependientes de Austral Construcciones y sus contratistas, con la consecuente conmoción en dicha provincia, a la par de que CFK abandonaba la presidencia de la Nación.

Y esta situación tambien se ve reflejada en los chats esgrimidos por el fiscal Luciani, donde López le pide a Mendoza:  “Lunes necesitaria ver nomina del personal con valores de la quinc, liquid final, y Fondo Desempleo”. Lo que arrojó la respuesta irónica del presidente de Austral, Mendoza, diciendo: “Que sos el auditor”. A lo que López respondió secamente: “Lunes a primera hora Para la sra Nva y tome decisiones”. Afirmando el mismo Luciani que la “Sra” no es otra que CFK.

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La prueba colectada esgrimida por el fiscal Luciani y los camaristas del Tribunal Oral 2, analizada con una sana y honesta crítica racional, muestra claramente que la preocupación de la “Sra” era el pago de salarios. Y no de cancelar las deudas con Austral Construcciones, para supuestamente llevar adelante el “Plan limpiar todo”, como le atribuye antojadizamente el fiscal Luciani en base a chats posteriores intercambidos entre López, Baez, y Mendoza. El que si existió, en él no hay prueba alguna que haya intervenido CFK.

Razones por la cual, los integrantes del Tribunal Oral Federal 2, Basso, Gimenez Uriburu, y Gorini habrían incurrido en un notable prevaricato, al fallar en contra de las pruebas existentes en la causa, según dan cuenta en su “sentencia abreviada”. Brindando así otra muestra de la notable degradación y corrupción existente en la justicia argentina, puesta al servicio de intereses espureos que nada tienen que ver con el bienestar de los habitantes del país.-

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Javier Llorens
Javier Llorens

Investigador en temas económicos y jurídicos |
Asesor de la Comisión de Investigaciones del Senado de la Nación |
Asesor Legislativo |
Co-autor del libro: «La Argentina Robada»

Artículos: 241

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