La imputación y detención del ex ministro y ex legislador pejotista Oscar Félix González por parte del juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, a pedido del fiscal federal Maximiliano Hairabedian por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, sonó como una detonación muy fuerte en el sistema político cordobés. Y principalmente puertas adentro del peronismo de Hacemos Unidos por Córdoba, donde hay una guerra subterránea entre el gobernador Marín Llaryora y su antecesor Juan Schiaretti.
En los últimos días de enero, antes de finalizada la feria judicial de verano, Hairabedian había anunciado la imputación y pedido de detención de González, en una derivación de las tres causas federales que se abrieron a raíz de la tragedia de las Altas Cumbres del sábado 29 de octubre de 2022.
Cuando el entonces presidente provisorio de la Legislatura, la tercera autoridad de la Provincia, tuvo un accidente de tránsito en la Ruta E-34, conocida como Camino de las Alta Cumbres. Mientras viajaba en un vehículo BMWX1 que chocó frontalmente en una zona sin sobrepaso con un Renault Sandero conducido por una mujer de 56 años. En el que viajaban, además, una hija de la conductora, de 14 años de edad, y una amiga de la adolescente de su misma edad.
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Como consecuencia del violento impacto, falleció la mujer, una docente identificada como Alejandra Bengoa; mientras que la hija de la víctima fatal, Marina y su amiga Alexa Alvarez fueron internadas en grave estado en el Hospital de Niños de esta Capital. González, en tanto, fue derivado al hospital de Mina Clavero.
En el pasado viernes 7 de febrero, al juez federal Vaca Narvaja se lo vio muy distendido en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio de Tribunales I. Hablando con integrantes del Tribunal Superior de Justicia, y con funcionarios del gobierno de Martín Llaryora, como los ministros Manuel Calvo (Gobierno) y Juan Pablo Quinteros (Seguridad), durante la asunción de la nueva vocal Jessica Valentini, la primera jueza que el gobernador Martín Llaryora designó en ese alto cuerpo.
En ese acto de asunción de nuevos funcionarios, también tomaron posesión de sus cargos: Alejandro Pérez Moreno, fiscal General Adjunto; y los integrantes del flamante Ministerio Público de la Defensa, Pablo Bustos Fierro; y sus adjuntos Pablo Pupich, Néstor Gómez, y Guadalupe García Petrini.
Allí Vaca Narvaja había deslizado ante sus pares provinciales y abogados, que con el correr de las horas ordenaría la detención de González. Pero con el régimen domiciliario y tobillera en alguno de sus domicilios: la mansión de Villa Dolores declarada como baldío; los cuatro departamentos que detenta en esta Capital; una casa también en esta, que es en realidad una torre de 11 pisos en propiedad horizontal; o el castillo fantasma extraterritorial El Alto, que tiene en San Javier.
El cual como imagen de poder supremo en las sombras, con sus 62 mil metros cuadrados de terreno y 600 metros cuadrados edificados, ni siquiera figuraba en el catastro provincial, para evitar el pago de impuestos. Donde finalmente, el barón de Traslasierras pasará sus días en el oeste provincial, disfrutando de su amplísimo parque.
¿Una off shore y una propiedad en Florida?
En las últimas horas, la legisladora Luciana Echevarría del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) – Frente de Izquierda Unidad (FITU), quién promovió junto a Gustavo Alvarez –papá de Alexa, una de las adolescentes que sobrevivieron- la denuncia por evasión fiscal agravada y lavado de activos por la que fue detenido González, realizó una ampliación de denuncia ante el juez Vaca Narvaja:
“Le hemos aportado a la Justicia federal información sobre una propiedad de González en Florida, EE.UU., valuada en US$ 1.400.000 dólares”; señaló la legisladora, que la detentaría desde el año 2005. Además, en Florida, González habría abierto en el año 2017 una compañía off shore denominada Platinum Triple G, LLC, según la denuncia de Echevarría.
Ahora, a través de la Unidad de Información Financiera (UIF), el juez Vaca Narvaja deberá determinar la existencia de la propiedad y la off shore en territorio estadounidense y sí efectivamente su propietario es González, ex hombre fuerte del pejotismo en épocas de De la Sota y Schiaretti.
Tras esa denuncia su poderoso defensor oficial, el ex Fiscal General Miguel Ortiz Pellegrini, apellido que algunos cambian por Peligroso, salió a afirmar que se trataba de una homonimia, y que demandaría a la diputada Echeverría por difamación. Que es razonable que suceda con un apellido tan común como González. Pero lo curioso es la coincidencia de iniciales, dado que la mansión y la offshore están a nombre de González Oscar F., coincidiendo con las iniciales del barón de Traslasierra, y de González Ana C., que coincide con el de la hermana de este.
González, fuego amigo
El filósofo y fundador del Partido Comunista Italiano (PCI) Antonio Gramsci había profetizado sobre la llegada del fascismo en la Italia de la post Primera Guerra Mundial que “el viejo mundo se muere y el nuevo está por llegar, y en ese claroscuro surgen los monstruos”. La frase calza perfectamente con lo que ocurre con el recambio generacional en el pejotismo o cordobesismo, donde Llaryora intenta hacer pie, y Schiaretti se niega a abandonar el poder.
En este cuarto de siglo que pasó desde que José de la Sota llegó al gobierno y al poder provincial, Oscar Félix González –“La Chela”, para los que no lo quieren- fue un armador: con De la Sota y con Schiaretti. Pero mucho antes, con Carlos Saúl Menem; con quién fue diputado nacional en 1989 y secretario de Comunicaciones en 1993. El menemismo provincial jugó la interna con el sello Frente Justicialista Cordobés /FreJuCo) que comandaba precisamente González.
Ya con el cordobesismo gobernando Córdoba desde el 12 de julio de 1999 -tras una alianza bendecida por Menem, de De la Sota con Schiaretti, el entonces representante de Domingo Cavallo en Córdoba, quienes se habían enfrentado a matar o morir- González, convertido en el barón de Traslasierras, asumió el cargo más importante de la Provincia, ministro de Gobierno, hasta diciembre de 2001.
En febrero de 2000, hace 25 años, durante la gestión de González como ministro de Gobierno, la Policía de Córdoba –dependiente de Gobierno a través de la Secretaría de Seguridad a cargo de Aldo Abril- detuvo y golpeó a Vanesa Ledesma, la hermana travesti de Gregorio “Chichí” Ledesma, dirigente peronista y ex presidente del Club Atlético Belgrano (CAB). Cinco días después de la detención, Ledesma apareció muerta en el calabozo policial de la Comisaría 18ª de barrio General Bustos. El crimen fue tomado por Amnistía Internacional como el caso testigo de violencia institucional en Argentina contra el colectivo LGTB.
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En los gobiernos de De la Sota y Schiaretti, González fue pieza fundamental, incluso hasta la fatídica tarde del sábado 29 de octubre de 2022, cuando circulaba a más de 130 km/h y protagonizó el crimen vial de las Altas Cumbres. El dirigente pejotista era presidente provisorio de la Legislatura, tercera autoridad provincial después del gobernador Schiaretti y del vicegobernador Manuel Calvo.
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En la madrugada del lunes 26 de junio de 2023, tras largas horas de espera para confirmar su victoria sobre Luis Juez, como una remake de 2007, el entonces intendente de Córdoba se convirtió en el nuevo gobernador y jubiló al schiarettismo en su primer discurso: “Hay otra etapa nueva; claramente esta fue la elección donde hay una generación que se retira y una generación que ingresa. Por eso ya no están más los 24 años, sino que ahora empezamos de cero”; dijo sin reparos el gobernador electo Martín Llaryora.
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Esa madrugada, Llaryora rompió con el eje que construyeron durante casi un cuarto de siglo sus antecesores De la Sota y Schiaretti, y su consecuente y evidente desgaste en el ejercicio del poder, con un Unicato similar al de más de un siglo atrás de los hermanos Juárez Celman:
“Nosotros somos una coalición distinta, es el Partido Cordobés, va a ser la primera vicegobernadora radical de la historia, piensen que es una coalición totalmente distinta y una coalición abierta al diálogo. Por eso pedí inclusive felicitar a todos los intendentes que han ganado hoy de distintos partidos políticos y me van a tener a mí, un gobernador que va a respetar la institucionalidad, que se va abrir al diálogo y que va a ayudar a todos”.
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En esa jubilación también entraron los viejos barones del pejotismo provincial como Carlos Presas en el departamento Colón, reemplazado por sangre joven como Gustavo Brandán, un llaryorista puro, flamante ministro de Cooperativas y Mutuales en reemplazo de Martín Gil, el kirchnerista denunciado por violencia de género.
En el caso de Oscar Félix González, quiénes pugnan por ocupar espacios de poder en Traslasierras son dos llaryoristas puros, Julio Bañuelos, y Alfredo Altamirano. Quiénes en noviembre de 2022, siendo legisladores, se desmarcaron del patrón local del cordobesismo pejotista:
“Julio Bañuelos y Alfredo Altamirano expresamos nuestro firme desacuerdo con la aprobación de la licencia solicitada por el Dr. Oscar Félix González al cargo de legislador de este honorable recinto. Como autoridades del Poder Legislativo, como ciudadanos y como vecinos de Traslasierra, manifestamos nuestra postura, de no compartir dicha solicitud, creyendo que, la decisión más oportuna en pos de facilitar el normal desarrollo del proceso judicial y atendiendo a la demanda de la sociedad, es que el legislador se desvincule totalmente de este cuerpo”. A rey muerto, rey puesto.
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En octubre de 2022, cuando González cometió el crimen vial y Llaryora era intendente de Córdoba, el mismo sábado 29, tras conocerse la fatal noticia, desde las usinas municipales capitalinas se difundió la sospecha que sobrevuela hasta hoy: “González llevaba plata para las elecciones en la Cooperativa”. La versión fue confirmada desde Villa Dolores por dirigentes opositores al veterano dirigente.
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Primera denuncia: por los bolsos
Fue así que cuatro días después de la tragedia, el fiscal federal Maximiliano Hairabedian recibió la primera denuncia contra el entonces presidente provisional de la Legislatura: “Por la presente me dirijo a Usted para aportarle una información que me llegó hoy, miércoles 2 de noviembre de parte de una fuente, respecto del accidente sufrido el pasado sábado 29 de octubre por el legislador Oscar Félix González en la Ruta E-34, conocida como Camino de las Alta Cumbres -a la altura del paraje Niña Paula-, en la que resultara fallecida una mujer y dos adolescentes resultaran con heridas de diversa consideración, que hacen peligrar sus vidas.
La causa del accidente vial corre por cuenta de la Justicia ordinaria; pero lo que me motiva a comunicarme con Usted, es que esta fuente me reveló que el legislador González, al momento de la tragedia estaría cometiendo un delito de índole federal como es el lavado de activos, descripto en el Artículo 303 del Código Penal:
“Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí”.
Esta fuente me indicó que el legislador González, al momento de la tragedia se dirigía hacia Villa Dolores desde esta Capital, de donde es oriundo, a financiar con dinero en efectivo la elección de las autoridades de la Cooperativa Eléctrica Mixta del Oeste (CEMDO), que presta servicios en 13 localidades de Traslasierras”.
La denuncia agrega: “Según este informante, la Lista 3 liderada por José Fernández, y apoyada por el legislador González, necesitaba de los votos de sus asociados, pero para poder sufragar, era necesario que tuvieran las facturas pagas y no presentaran deudas con la cooperativa. De allí la necesidad que estos votantes saldaran sus deudas y para ello se hacía necesario que las abonaran ese mismo sábado 29”.
Y describe: “Según esta fuente, el legislador se dirigía a Villa Dolores en una pick up BMW X1 llevando dinero en efectivo en bolsos. En la foto que adjunto, se ven dos personas, un hombre y una mujer, retirando bolsos del vehículo conducido por el legislador oficialista. Esta foto está en la edición del Domingo 30 de octubre de 2022 del diario La Voz del Interior en la nota titulada “Córdoba: el legislador Oscar González chocó en las Altas Cumbres y murió una mujer” y que se puede consultar en el presente enlace.
El denunciante, aporta otro testimonio: “Otra fuente consultada, me informa que esas dos personas que se ven sacando los bolsos de la escena del crimen ante la permisiva mirada de efectivos de la Policía de Córdoba, son familiares del legislador González y que el hombre que se ve de espaldas, cumple funciones en la CEMDO”.
Y agrega: “Además, circuló un audio de la señora Cristina Vidal, funcionaria provincial a cargo de la dependencia del Centro Cívico del Oeste y pareja del legislador González, donde se refiere al triunfo de la Lista 3 apoyada por el oficialismo de Hacemos por Córdoba, en la elección de la CEMDO. Ese audio de la funcionaria provincial se puede escuchar en la nota adjunta de La Voz del Interior de hoy 2 de noviembre titulada “Indignación en Traslasierra por el audio de la pareja de Oscar González”.
En el escrito, luego ratificado en la sede de la fiscalía de Maximiliano Hairabedian, en los Tribunales Federales, el denunciante sostiene que “las afirmaciones de las dos fuentes consultadas que hablan de la existencia de bolsos, y una de ellas, que refiere que se transportaba dinero para la elección en la CEMDO, hace sospechar que el legislador González estaría, presuntamente, cometiendo el delito tipificado en el Artículo 303 citado anteriormente”.
Al día siguiente, hubo una ampliación de denuncia, donde se aportaron las identidades de las personas que sacaron los bolsos del vehículo de González: “En relación al accidente sufrido por el legislador provincial Oscar Félix González y en referencia a la información aportada a través de correo electrónico y ratificada en una declaración realizada en la sede de los Tribunales Federales de Córdoba, sobre el presunto traslado de dinero en bolsos para aportar a la campaña electoral del oficialismo en la Cooperativa Eléctrica Mixta del Oeste (CEMDO); quiero agregar que en el día de la fecha, jueves 3 de noviembre de 2022, una fuente de extrema confiabilidad me informó que las personas que se ven sacando los bolsos del vehículo BMW siniestrado en la Ruta E-34, serían Belén Badra -sobrina del legislador Oscar González- y Claudio Collino o Colino. La señora Badra se desempaña en la Lotería de Córdoba y es hermana de Daniel Badra”.
El denunciante agregó: “Este señor Daniel Badra, según esta fuente, tendría alguna participación en la Policía de Córdoba en el área de compras y licitaciones, designado por el propio González cuando se desempeñó en el Poder Ejecutivo provincial” y que “la nueva pareja de Daniel Badra, Silvana Uez Quinzaños se desempeña en el Ministerio de Salud provincial en un cargo jerárquico y es sobrina de Juan Uez, director del hospital regional de Villa Dolores. Esta fuente refiere que el médico Juan Uez fue uno de los primeros en llegar al lugar donde ocurrió la tragedia que involucró a González con otro vehículo Renault Sandero, donde falleció una docente de la zona.
También, la fuente señala que el médico Juan Uez fue el encargado de coordinar el traslado del legislador accidentado al hospital de la vecina localidad de Mina Clavero. Y da a entender, que Collino o Colino, Belén Badra y Juan Uez llegaron antes prontamente al lugar del siniestro”. En la denuncia también se aportan “dos fotos, un recorte de la foto ya aportada del accidente, donde sólo se ven las personas sacando los bolsos del vehículo de González y una foto de la señora Badra”.
A la carta
Recién 15 días después de presentada la denuncia, Hairabedian ordenó allanamientos en busca de pruebas, incluso uno de los operativos resultó fallido porque en el domicilio señalado por el fiscal federal no operaban desde hacía bastante tiempo las oficinas de Lotería de Córdoba y hubo que enviar una nueva orden de allanamiento para otro domicilio.
Tres meses después de presentada la denuncia, en febrero de 2023, el fiscal Hairabedian ordenó cerrar la causa por los bolsos: “En la denuncia se señalaba que esos bolsos supuestamente contenían dinero destinado al pago de deuda de socios de una cooperativa de servicios públicos. Ese día la cooperativa realiza elecciones. Según la denuncia la plata de los bolsos iba destinada al pago de deudas de algunos socios. Se hizo una investigación y se determinó que esto no esto existió. Ese día el padrón de la cooperativa ya estaba cerrado. No había posibilidad de incorporar socios morosos. Además la cooperativa estaba cerrada”, explicó esa vez el fiscal a Radio Mitre Córdoba.
Pareciera que el propio González dictó la labor investigativa que terminó con el cierre de esta causa: “En los bolsos traía ropa personal y un obsequio que me hizo un amigo. Estas son las cosas que generan una impotencia terrible. Y una desesperación al ver el ataque, la mentira y el agravio. Actitudes que están cercanas al linchamiento”.
Y agregó: “Mi sobrina viajaba a Córdoba con su esposo. Ellos iban a Córdoba y la Policía los detuvo al cortar la ruta por el accidente. Ellos escucharon por radio que yo estaba involucrado en el accidente y ella (la sobrina) corrió desesperada al lugar donde estaba yo”.
El propio fiscal explicó hace dos años que en la investigación se logró determinar además que las personas que retiraron los bolsos del BMW que manejaba González “no fueron a Villa Dolores sino que vinieron haca la ciudad de Córdoba” según el impacto de las señales de los celulares en las antenas de telefonía. Y reveló que los peritajes realizados con perros entrenados para hallar dinero dieron negativos en los bolsos secuestrados durante allanamientos.
Por la demora en la realización de los allanamientos, la duda que aún pervive es si efectivamente se peritaron los bolsos que eran trasladados por González la tarde en que la docente Alejandra Bengoa murió a causa de la inconducta vial del barón de Traslasierras.
El huevo de la segunda denuncia: enriquecimiento, lavado y pedido de detención
El sábado 5 de noviembre de 2022, sólo una semana después del crimen vial y tres días después de la primera denuncia contra Oscar González; Stripteasedelpoder.com reveló en el informe El cordobesista González mató en las Altas Cumbres pero tiene una fortuna clandestina con que responder, del periodista Leandro Rosso, que el presidente provisorio de la Legislatura había presentado “una declaración jurada de bienes muy oscura”:
“La última declaración jurada que presentó el médico cirujano Oscar Félix González como funcionario público, tiene fecha 26 de febrero de 2020. El total de bienes declarados componen un total a valor de mercado, según el criterio expresado por el autor del documento, de unos cuatro millones de pesos. Un monto inferior al que declararon las legisladoras del Frente de Izquierda ese año”.
Con base a ese detallado informe de Stripteasedelpoder.com, en octubre de 2023, un año después del homicidio de la profesora Bengoa, la mencionada legisladora Echevarría del MST-FITU junto a Gustavo Alvarez, denunciaron penalmente ante la Justicia Federal a Oscar Félix González por los presuntos delitos de evasión agravada y lavado de activos:
“Oscar González es la máxima expresión de los privilegios, la corrupción y la impunidad política. Es llamativo que, aunque él hace 30 años sólo se dedica a la función pública, su patrimonio crece de manera inexplicable. Ya lo hemos denunciado por falsear documentos públicos, porque declaró numerosas propiedades a precios irrisorios”, declaró ante los medios la legisladora, tras denunciar al entonces legislador pejotista.
Y avanzó: “Pero sabemos que también hay muchas que directamente no declaró y otras que pasó a nombre de sus hijos y ex cónyuge hace pocos meses, para no responder patrimonialmente ante una eventual condena económica en el juicio que se lleva en su contra por el crimen vial”.
Echevarría advirtió: “la denuncia que realizamos en la Justicia provincial contra González obviamente no se movió, porque es evidente la complicidad que existe. Por eso traemos esta denuncia a la Justicia Federal y pedimos expresamente que se aparte al fiscal Casas Nóblega, por ser el que tenía a su cargo y paralizada la investigación del BMW judicializado con el que González chocó a Alejandra, Alexa y Marina. Esperamos que esta causa avance y se investigue a fondo a este personaje que haciendo uso de sus privilegios políticos se hizo millonario a costa del pueblo y hoy quiere usarlos para salir impune”.
Quince meses después de presentada la denuncia en los Tribunales federales de Córdoba, en plena feria de verano, el fiscal Maximiliano Hairabedian, el mismo que archivó la denuncia por los bolsos, decidió imputar y solicitar la detención de González al juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, un kirchnerista de aceitadas relaciones con el schiarettismo y el llaryorismo.
“Desde el minuto uno, González ha interferido en la Justicia. Es un hombre fuerte del cordobesismo y ha utilizado su influencia para obstaculizar el proceso. Las pruebas están. Falta la voluntad de proceder con la imputación por homicidio simple con dolo eventual en la causa provincial”, declaró Gustavo Alvarez tras enterarse del pedido de detención de parte del fiscal Hairabedian en el programa Punto y aparte, que se emite por la emisora de FM Punto a Punto Radio 90.7.
Mientras que en declaraciones a Telediario Digital de Río Cuarto, Laura Bengoa, hermana de la víctima fatal Alejandra Bengoa, se mostró preocupada por cómo seguirá la causa: “Tememos que, por su edad, solo le otorguen prisión domiciliaria”; y criticó la falta de respuestas por parte de la Justicia provincial en el proceso por el accidente en sí, por la que se lo investiga al hombre fuerte del cordobesismo en Traslasierras: “Hemos pedido desde el principio el escaneo del módulo del airbag del BMW que conducía González para verificar la velocidad a la que iba, pero hasta ahora nos lo han negado”.
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La tercera causa judicial, el BMW mellizo
Hasta el sábado 5 de noviembre de 2022, Oscar González era la tercera autoridad de la Provincia, después del gobernador Schiaretti y el vicegobernador Manuel Calvo. Una semana pasó desde el accidente fatal en las Altas Cumbres que lo involucró, hasta que presentó su renuncia como presidente provisorio de la Legislatura. Pero siguió en su banca, con licencia médica por las lesiones leves recibidas en el accidente, hasta el 31 de diciembre. Dos días antes de la renuncia como presidente provisorio, la oposición de Juntos por el Cambio le había solicitado la renuncia a su banca; mientras que la legisladora Echevarría solicitó su destitución.
En esos siete días se supo que González, hombre fuerte del peronismo cordobesista en el Oeste provincial, acumulaba multas y se conducía en un vehículo clonado. Desde la Legislatura y el Tribunal Superior de Justicia justificaron lo injustificable: afirmaron que la BMW X1 clonada había sido secuestrada en un operativo, y había sido dada en guarda a González.
Además de la BMW X1, el Tribunal Superior de Justicia le dio al presidente provisorio de la Legislatura otros tres vehículos: una camioneta Volkswagen Amarok (dominio AA 260 UF), entregada el 17 de abril de 2017; una Land Rover Freelander (dominio FAQ 262) otorgada el 12 de septiembre de 2018; y un Audi A5 (dominio JJG 529), cedido el 31 de mayo de 2022.
Dos legisladores del frente oficialista Hacemos por Córdoba, también fueron beneficiados con vehículos de alta gama secuestrados por la Justicia y cedidos en guarda: a Dardo Iturria le asignaron el 26 de diciembre de 2016 un Toyota SW4 SRV (patente NNG 378); mientras que Miguel Majul recibió el 23 de julio de 2021 un Jeep Renegade (patente AE 010 YW).
En la oposición también hubo beneficiarios de la guarda del Tribunal Superior de Justicia: al legislador Orlando Arduh, un radical que junto al bloque del PRO introdujeron legalmente el juego on line en la provincia y ahora es funcionario del gobierno de Martín Llaryora asesorando a la vicegobernadora Myriam Prunotto, le asignaron el 3 de octubre de 2019 un Citroën C4 (chapa NTJ 299).
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Y el macrista Darío Capitani –actual presidente de la Agencia Córdoba Turismo y socio de Arduh en la Ley de Juego on line- recibió en abril de 2022 un Audi A4 (dominio LTN 619). Mientras que al radical Juan Jure le asignaron, también en la misma fecha un Nissan Sentra (chapa NHO 639). Tras el escándalo, Jure y Capitani devolvieron los vehículos a la Legislatura.
La asignación arbitraria de estos vehículos de alta gama, con una modalidad típica de la casta monárquica, está amparada en la Ley Provincial 8.550, sancionada en 1996, durante el gobierno del radical Ramón Bautista Mestre. Que establece que pasados los 30 días de secuestro de los móviles, sin identificar ni posibilidad de devolverlos a sus dueños, quedan en disponibilidad para ser destinados a instituciones públicas, u organizaciones que prestan servicios a la comunidad. Luego del escándalo por el caso González, legisladores oficialistas y opositores acordaron debatir sobre la modificación de la ley, y pasados largos dos años aun o lo ha hecho.
Hacete amigo del juez
Luego de que estallara el escándalo de los vehículos de alta gama asignados a González, el DiarioAR reveló que “a principios de 2019, la camioneta BMW X1 negra había sido robada en la provincia de Buenos Aires y su dueño Gabriel Kohan denunció el hecho en los Tribunales de Morón. Pero a la Justicia cordobesa no le importó. El vehículo llegó hasta la localidad riojana de Chamical y desde allí, un hombre de nacionalidad colombiana viajó hasta la ciudad cordobesa de Villa Dolores y lo dejó en una concesionaria para su venta por consignación.
Un vecino de Villa Las Rosas –un pueblito pegado a Villa Dolores- lo compró. Y al tratar de realizar la transferencia, descubrió que tenía la documentación adulterada. El comprador de buena fe, se contactó con un empresario de Buenos Aires, que le compró el BMW blanco a Gastón Sessa y comprobó que la BMW negra era melliza de una BMW blanca. La compra se cayó y el dueño de la concesionaria de Villa Dolores denunció en los Tribunales locales lo sucedido”.
El medio porteño detalló el recorrido legal informal del vehículo: “En diciembre de 2019, el TSJ decidió entregar la camioneta BMW X1 negra a González, en vez de buscar a Gabriel Kohan, su dueño legítimo, contraviniendo los procedimientos legales. El dueño original cobró el seguro por la sustracción, y la compañía aseguradora –su legítimo dueño tras el pago de la indemnización a Kohan- tampoco fue notificada por las autoridades judiciales de Córdoba sobre el destino del vehículo que ya había sido recuperado”.
El sitio porteño también reveló la relación entre el fiscal investigador Casas Nóblegas y el investigado González: “Dos años después, en 2021, el Juzgado de Control de Villa Dolores se declaró incompetente para investigar la adulteración de los documentos de la camioneta BMW X1 que hacía dos años manejaba el legislador schiarettista. Y giró la causa a la Justicia federal y recayó en la Fiscalía federal N°2 de Carlos Casas Nóblega, quién nunca movió el expediente y dejó que las irregularidades continuaran” y detalla:
“Casas Nóblega es un joven fiscal que trabajó en la Defensoría federal de Córdoba y rindió varias veces por un cargo, pero en todas fue aplazado. Hijo de un ex defensor oficial de la Justicia federal ligado al delasotismo, Casas Nóblega hijo fue rescatado por el peronismo cordobesista y lo nombraron juez provincial en los Tribunales de Villa Dolores. Precisamente, de allí es oriundo el legislador Oscar González, hombre fuerte del PJ de toda la zona de Traslasierras. En octubre de 2017, Carlos Casas Nóblega regresó a la Justicia federal de Córdoba como fiscal general”.
Debido a que la causa del automóvil mellizo nunca fue investigado por Casas Nóblega, su colega Maximiliano Hairabedian, abrió una investigación de oficio para determinar el origen y destino que tendrá la pick up BMW que manejaba el legislador schiarettista.
Causa frenada
La causa original del crimen vial en el que perdió la vida la docente Alejandra Bengoa, y su hija Marina y su amiga Alexa quedaron con graves secuelas físicas y psicológicas, está paralizada. La fiscal Analía Gallarato, que será la misma que lleve la acusación en el juicio, fue denunciada penalmente por el abogado querellante Lucas Cocha –representante de las víctimas- en septiembre de 2024, “para que se investigue a la fiscal de Instrucción por la posible comisión de dos delitos, el incumplimiento de deberes y funcionario público y prevaricato”, informó Canal Doce. Cocha detalló que la fiscal Gallarato “habría omitido investigar posibles irregularidades en la pericia, concretamente una adulteración”.
Mientras que el defensor de González, Miguel Ortiz Pellegrini o Peligroso, ex fiscal General de la Provincia y presidente en Córdoba del partido GEN de Margarita Stolbizer, aliado de Juan Schiaretti y de Martín Llaryora, defendió el accionar de la fiscal que trabaja en la causa a paso de tortuga: “No hay causal para apartar a Gallarato” y que en caso de su apartamiento, “sería algo artificial”.
Gallarato, como todos los funcionarios políticos y judiciales de la zona, fue nombrada con la bendición de Oscar Félix González, el ahora detenido con tobillera y domiciliaria, ex hombre fuerte del cordobesismo pegotista durante un cuarto de siglo. Caído en desgracia durante el “claroscuro” del traspaso del poder de Juan Schiaretti a Martín Llaryora.-
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