El lunes 3 de agosto pasado, Oscar Félix González, vio a la cara a sus víctimas por primera vez, luego de la tragedia que provocó el 29 de octubre de 2022 a bordo de un potente BMW X1 color negro. Donde murió la docente Alejandra Bengoa (54), que conducía un Renault Sandero color rojo; y estaba acompañada por su hija Marina Szulewicz y su amiga Alexa Miranda, ambas adolescentes de 14 años de edad.
Habían pasado 1.374 días entre la tragedia de las Altas Cumbres provocadas por la imprudencia de González y el primer día del histórico juicio en los Tribunales de Villa Dolores, donde es juzgado por los delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas reiteradas; con una pena que va desde los 3 a los 6 años de cárcel.
Las propias adolescentes que sobrevivieron a la tragedia, Marina y Alexa, sus familiares, amigos y allegados sostienen que se trató de un crimen o asesinato vial, al ser una persona consciente que sus maniobras podían desencadenar la pérdida de vidas humanas.
El trágico suceso implicó el derrumbe del poder político de Oscar González, el hombre más fuerte de la Provincia en las últimas tres décadas, detrás de José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti.
Diputado nacional; presidente provisional de la Legislatura; jefe de Gabinete y ministro de Salud; González fue hasta el fatídico 29 de octubre de 2022, un barón del peronismo de Traslasierras; y su poder, menguado, pero poder al fin, llega hasta hoy, porque el juicio se está llevando adelante en los Tribunales de Villa Dolores, donde sigue siendo el principal actor político.
Negocios con el Estado
Sin embargo, la caída en desgracia y pérdida de la centralidad política provincial no le hizo perder a Oscar González la capacidad de hacer negocios con el Estado y a costa del Estado. Por caso, uno de sus hijos, Diego Raúl González es dueño de la empresa de salud Imágenes del Sur SA, prestataria de servicios de diagnóstico por imágenes de la Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS), la obra social de las empleadas y empleados de la administración pública, en particular en el Hospital Ferreyra del Parque Sarmiento.
En la empresa aparecen como síndico Daniel Esteban Badra, ex-funcionario de la Provincia, ex mano derecha de Oscar González y pariente de Belén Badra, la joven que retiró los misteriosos bolsos del vehículo BMW, la misma tarde de la tragedia por la que ahora está sentado en el banquillo de los acusados, imputado por homicidio culposo. También aparece, como directora suplente, Camila González Safar, que sería nieta del dirigente y hombre fuerte del peronismo de Traslasierras. Esta joven, de 28 años de edad, es monotributista habilitada para brindar servicios de salud, y vive en el Cañuelas Country Golf.
Lo insólito es que el domicilio legal de la empresa Imágenes del Sur SA registrado en el Boletín Oficial de la Provincia y ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es avenida Ricchieri al 2200, sede del Hospital Ferreyra. Además, Diego González creó en marzo de 2023, cinco meses después del siniestro vial que protagonizó su padre, otra empresa dedicada a desarrollar programas de software, que funciona como una auto-tercerizada para calibrar las imágenes que obtine la firma principal; también domiciliada legalmente en el predio del Hospital Ferreyra.
Cada vez que un paciente asiste al Hospital Ferreyra y solicita un estudio por imágenes, la factura se emite con el nombre de la empresa Imágenes del Sur SA; y luego APROSS le paga por este servicio a la empresa de la familia González.
En 2024, el intendente de San José de la Dormida, Alejandro Allende, firmó un decreto para ayudar a un vecino que sufrió un accidente durante un evento deportivo solidario, que le implicó una fractura en los huesos tibia y peroné. El Decreto 1304/24, incluyó las facturas del Sanatorio Allende, centro asistencial privado donde fue atendido el paciente. Sin embargo, los estudios de imágenes, como una tomografía, se realizaron en el Hospital Ferreyra y la factura la emitió Imágenes del Sur SA.
Otro caso, más reciente, que se facturó a principios del presente mes de agosto por una serie de radiografías de tórax y el hombro. La factura fue a nombre de la compañía de González, cuyo número de CUIT es 33-71314520-9.
El 30 de octubre de 2019, Imágenes del Sur SA había recibido una inspección de rutina de parte de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), que labró un acta en la “que se constató que, durante el desarrollo de la inspección, la técnica del servicio de medicina nuclear suministró material radiactivo a un paciente sin la presencia de un médico con permiso individual vigente”. Concluyendo que “al operar sin la dotación mínima de personal establecida en la Normativa de aplicación” la empresa habría incumplido los criterios básicos; o sea, mala praxis. Y en 2021, la empresa fue multada por $ 19.500, además de otra cifra de $ 12.750 para el titular responsable de la seguridad radiológica.
En abril de 2026, StripteasedelPoder.com expuso una causa penal que involucra a APROSS por una situación muy parecida, surgida a través de una denuncia anónima que aseveró que en la obra social existe una asociación ilícita que durante 2025 malversó $ 260 millones. Canalizados a través del laboratorio BIOCOR SALUD SRL, propiedad de la familia Cassinerio, que funciona en las sedes del Sindicato de Empleados Públicos (SEP).
Oscar Orestes Cassinerio, un reconocido masón cordobés quién durante años fue contador del SEP y hombre de confianza de su histórico secretario general, el dirigente cordobesista José “Pepe” Pihen, está casado con Silvia Ferrero, dueña de BIOCOR SALUD SRL. Pero además es padre de Paulo Cassinerio, secretario general de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba. Y la esposa del funcionario llaryorista es Florencia Pautasso, quién se desempeña como vicepresidenta de APROSS.
Un mes después de esas multas, APROSS e Imágenes del Sur lograron lavar su imagen al recibir una acreditación de un organismo sin fines de lucro llamado Instituto Técnico para la Acreditación de Establecimientos de Salud (ITAES). Donde asevera que se ha demostrado “el cumplimiento de exigentes estándares de calidad, seguridad del paciente y gestión institucional. Según el parte de prensa, el mismísimo Diego González, hijo de Oscar González, declaró que este “este logro implica una certificación por tres años, con auditorías periódicas que garantizan el sostenimiento y la mejora constante de nuestros estándares de calidad”.
En el banquillo de los acusados
El accidente vial de octubre de 2022 protagonizado por Oscar González derivó además de esta causa penal por el homicidio culposo agravado de la docente Bengoa y de las lesiones gravísimas a las dos adolescentes; en la apertura de otras causas contra el barón del pejotismo provincial, pero en la Justicia federal.
El fiscal Maximiliano Hairabedian inició cuatro causas paralelas: 1) uso del vehículo siniestrado, que se suponía que era para uso legislativo y no particular; 2) lavado de activos y enriquecimiento ilícito; 3) irregularidades de su declaración jurada, reveladas en exclusiva por StripteasedelPoder.com; y 4) el presunto pago de facturas de servicios para poder actualizar el padrón de votantes de la Cooperativa Eléctrica Mixta del Oeste y Otros Servicios Públicos Ltda. (CEMDO), que presta servicios en 13 localidades de la zona, y ese fin de semana iba a elecciones para renovar sus autoridades.
En la primera semana del juicio por el choque, que se lleva adelante en los Tribunales de Villa Dolores bajo la presidencia del camarista Santiaglo Camogli; declaró como testigo el bombero Lucas Barrios Niveiros. Quién aseguró bajo juramento que la ambulancia que llegó al lugar de la colisión debía atender en forma prioritaria al legislador cordobesista; pese a que presentaba un cuadro leve en comparación con Alejandra Bengoa. El mismo testigo confirmó que un hombre y una mujer se llevaron bolsos del vehículo de alta gama conducido por el acusado.
Luego de los intentos por asegurar la situación del Renault Sandero y que no hubiera peligro de incendio; los bomberos intentaron cortar el pase de energía de la batería del BMW de González, para eliminar también el riesgo eléctrico que provocara un incendio.
Los policías que llegaron al lugar advirtieron a los bomberos que se trataba de un vehículo blindado, y que no podrían trabajar sobre la batería, por lo que hicieron una guardia con matafuegos por si se desataba un incendio. Aademás, en la zona hay abundante vegetación que podría complicar la situación.
Fue en ese instancia cuando el bombero Barrios Niveiros vio a dos desconocidos sacando los bolsos del vehículo conducido por González: “Les dije que no podían estar ahí, que el vehículo no era seguro. Estaban sacando bolsos”, declaró en el juicio. Y agregó que advirtió de la situación a los policías que custodiaban el lugar y tampoco impidieron que el hombre y la mujer siguieran violando el perímetro de la escena del crimen: “No me prestaron atención. Hicieron caso omiso y no intervinieron para nada”, tal como lo puntualizó también en una entrevista para Cadena 3.
El testimonio del bombero hacía referencia a Belén Badra, sobrina del ex legislador González y a Claudio Collino. Como se dijo, Belén Badra es hermana de Daniel Esteban Badra, ex funcionario provincial durante el cuarto de siglo desde que el peronismo gobierna la Provincia. En tanto que Claudio Collino, se desempeñaba en esa época en la Cooperativa Eléctrica Mixta del Oeste y Otros Servicios Públicos Ltda. (CEMDO), que se fin de semana tenía los comicios para renovar autoridades y González operaba para una de las dos listas en disputa.
Barrios Niveiros expuso en el juicio que Oscar González tenía y tiene montado un andamiaje de poder que le permitió acceder a la asistencia sanitaria y policial por encima de las otras víctimas. Incluso, los allegados al poderoso dirigente del PJ pudieron violar las medidas de seguridad dispuestas por la Policía y los bomberos y no recibieron ningún tipo de reproche legal.
Oscar González cruzó de carril
El juicio también confirmó la hipótesis sostenida por la querella, acerca de que el vehículo de las víctimas circulaba por su carril cuando fue embestido por la camioneta BMW del legislador González.
En la audiencia del martes 11, el especialista Alvaro Zaragoza declaró que el choque se produjo en el carril perteneciente a la mano que une Traslasierra con Córdoba, por donde circulaba correctamente el Renault Sandero rojo de Alejandra Bengoa. Zaragoza basó sus dichos en la pericia oficial realizada por el ingeniero Ramiro Ojeda, en base a las pruebas incorporadas a la causa y de distintos testimonios de testigos. En la audiencia quedó claro que Alejandra Bengoa ya había terminado de pasar al camión Ford 14000 y circulaba por su carril, cuando González haciendo gala de su impunidad e impericia al volante, cruzó la doble línea amarilla que divide los carriles e impactó contra el vehículo menor.
El perito judicial Ojeda declaró sin dudas: “Claramente ubicado en el carril que corresponde a Alejandra Bengoa. De eso no ha quedado absolutamente ninguna duda”, afirmó al ser consultado acerca de dónde había sido el impacto.
Mientras que el ingeniero Fabián Gallardo, perito de la querella, complementó y amplió las conclusiones del perito Zaragoza y explicó que Oscar González “venía haciendo eso, ese jueguito, desde el peaje hasta acá venía haciendo ese jueguito, cortando curvas a gran velocidad. Por eso los daños”.
Hijos ricos, padre pobre
Al año siguiente de ocurrida la tragedia vial, y cuando la Justicia federal inició la investigación sobre su patrimonio, Oscar González le transfirió a sus hijos sus propiedades, perpetrando una maniobra que le permitiría eludir el reclamo civil de las víctimas mediante un resarcimiento monetario. Sin embargo, según declaraciones recientes del fiscal federal Maximiliano Hairabedian, esto agravó más su situación penal que lo llevó al procesamiento por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, al sumarle la insolvencia fraudulenta.
Ni bien se inició el juicio por el crimen vial protagonizado por Oscar González, el imputado hizo gala de su crueldad. Al ser requerido por su situación patrimonial, declaró que vive de su jubilación, que no posee bienes, y reside en una vivienda alquilada. Uno de sus abogados le sugirió no seguir con esa declaración autoincriminatoria.
Tal como había expuesto el periodista Andy Ferreyra, el 8 de febrero de 2023, tres meses después del choque en Altas Cumbres, el legislador se desapoderó de dos inmuebles. Uno ubicado en la avenida Poeta Lugones al 300 de barrio Nueva Córdoba de la Capital, y otro en calle Hormaeche de la ciudad de Villa Dolores. Se los cedió, a sus hijos Oscar Martín González, Diego Raúl González y Ana Carolina González, bajo la figura de “donación”.
Según cálculos de StripteasedelPoder.com, González los había tasado por ese entonces con una subdeclaración de casi US$ 59.000 y US$ 33.000 respectivamente, a partir de la diferencia entre lo que había declarado el ex-legislador todopoderoso en su última declaración jurada, y el valor de mercado verdadero.
Además hay otro inmueble, donde su hijo Diego González -el propietario de la compañía de salud Imágenes del Sur SA-, tiene registrado su domicilio legal en la avenida Chacabuco al 700, también de barrio Nueva Córdoba.
Este es otro de los domicilios que figuró de manera irregular en la Declaraciones Juradas del enjuiciado Oscar González, que ahora aparece en manos de uno de sus hijos. En este caso, el departamento tuvo una subdeclaración de alrededor US$ 82 mil, siendo el segundo inmueble que presentó mayor diferencia entre el valor real y el fiscal. Detrás de otro ubicado en la calle Carlos Thays, que es el que ilustra la portada de diario Perfil en una nota de agosto de 2023. La totalidad de la subdeclaración de González ronda los US$ 450 mil; una cifra similar a la orden de embargo dictada en mayo de 2025 a la familia González por una de las causas en su contra.
Las causas federales
Como se dijo, del accidente vial que se tramita en la Justicia provincial surgieron cuatro causas federales investigadas por el fiscal Maximiliano Hairabedian:
-Uso del vehículo siniestrado BMW X1 judicializado, presunto uso particular en lugar de uso legislativo: el fiscal Hairabedian imputó a Oscar González por el uso indebido y en provecho propio entre diciembre de 2021 y octubre de 2022. Pero la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, con los votos de Graciela Montesi, Liliana Navarro y Eduardo Avalos, dictó la falta de mérito en agosto de 2024 y ordenó profundizar la investigación.
A principios de 2019, la camioneta BMW X1 negra había sido robada en la provincia de Buenos Aires y su dueño Gabriel Kohan denunció el hecho en los Tribunales de Morón. Pero a la Justicia cordobesa no le importó. El vehículo llegó hasta la localidad riojana de Chamical y desde allí, un hombre de nacionalidad colombiana viajó hasta la ciudad cordobesa de Villa Dolores y lo dejó en una concesionaria para su venta por consignación. Un vecino de Villa Las Rosas -un pueblito pegado a Villa Dolores- lo compró.
Y al tratar de realizar la transferencia, descubrió que tenía la documentación adulterada. El comprador de buena fe, se contactó con un empresario de Buenos Aires, que le compró un vehículo BMW blanco al futbolista Gastón Sessa y comprobó que la BMW negra –asignada y manejada posteriormente por González- era melliza de esa BMW blanca. La compra se cayó y el dueño de la concesionaria de Villa Dolores denunció en los Tribunales locales lo sucedido.
Casi tres años después, en diciembre de 2021, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba decidió entregar la camioneta BMW X1 negra al presidente de la Legislatura González, en vez de buscar a Gabriel Kohan, su dueño legítimo, contraviniendo los procedimientos legales. El dueño original cobró el seguro por la sustracción, y la compañía aseguradora –su legítimo dueño tras el pago de la indemnización a Kohan- tampoco fue notificada por las autoridades judiciales de Córdoba, sobre el destino del vehículo que se había sido recuperado.
Y en ese 2021, el Juzgado de Control de Villa Dolores se declaró incompetente para investigar la adulteración de los documentos de la camioneta BMW X1 que hacía dos años manejaba el legislador cordobesista. Y giró la causa a la Justicia federal, la que recayó en la Fiscalía Federal N°2 de Carlos Casas Nóblega, quién nunca movió el expediente y dejó que las irregularidades continuaran.
Casas Nóblega es un joven fiscal que trabajó en la Defensoría Federal de Córdoba y rindió varias veces por un cargo, pero en todas fue aplazado. Hijo de un ex defensor oficial de la Justicia Federal ligado al delasotismo, Casas Nóblega hijo fue rescatado por el peronismo cordobesista y lo nombraron juez provincial en los Tribunales de Villa Dolores. Precisamente, de allí es oriundo Oscar González, hombre fuerte del PJ de toda la zona de Traslasierras. En octubre de 2017, Carlos Casas Nóblega regresó a la Justicia federal de Córdoba como fiscal general.
Debido a que la causa del automóvil mellizo nunca fue investigada por Casas Nóblega, su colega Maximiliano Hairabedian, abrió una investigación de oficio para determinar el origen y destino que tendrá la lujosa camioneta BMW que manejaba el legislador, con la que ahora es juzgado por haber matado a la docente Alejandra Bengoa, tras colisionar de frente al cruzarse de carril. En febrero de 2025, el juez federal Alejandro Sánchez Freytes dictó el sobreseimiento definitivo del ex legislador y plurifuncionario, cerrando la causa a favor de González.
En pleno juicio por el homicidio vial de la docente Alejandra Bengoa, la Red Ruido reveló un dato oculto referido a la BMW asignado a González: la Legislatura de Córdoba había pagado arreglos de chapa y pintura de dicho vehículo matrícula AB293MY, un año antes de la tragedia de las Altas Cumbres por alrededor de $ 5,7 millones a valores actuales.
-Lavado de activos y enriquecimiento ilícito: es la causa principal y más activa. El fiscal federal Hairabedian imputó a González por enriquecimiento ilícito -incrementos patrimoniales injustificados, principalmente en el período 2008-2012 y posteriores- y lavado de activos agravado; que incluye la cesión de propiedades a sus tres hijos, luego del accidente de 2022. Entre octubre y noviembre de 2025 el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja dictó el procesamiento y la prisión preventiva domiciliaria con tobillera.
En diciembre del año pasado la Cámara Federal de Apelaciones revocó el procesamiento por considerarlo prematuro -falta una pericia contable clave sobre valuaciones e ingresos- y ordenó incorporar esa prueba, pero mantuvo inicialmente la prisión domiciliaria por riesgos procesales. En febrero de 2026, el juez concedió la excarcelación bajo una fianza de $ 200 millones y condiciones procesales como presentaciones periódicas y no salir del país. La causa sigue abierta.
-Irregularidades y omisiones o falsedades en la presentación de su Declaración Jurada: en principio fue una investigación en la Justicia provincial, pero luego fue girada al ámbito federal. El fiscal Maximiliano Hairabedian imputó a González por omisiones maliciosas, inexactitudes y falsedades en las DDJJ patrimoniales con valuaciones muy inferiores a las de mercado, omisión de bienes, etcétera, tal lo publicado en exclusiva por Striptease del Poder. El juez federal Vaca Narvaja lo procesó en febrero pasado y ordenó un embargo. La investigación continúa activa y se suma a la principal de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
-La cuarta causa está relacionada directamente a la tragedia de las Altas Cumbres y los bolsos que transportaba González. Fue cerrada en 2023, luego de algunos allanamientos, donde Hairabedian aseguró no haber encontrado pruebas concretas. El caso se conoció cuando en las fotografías de testigos y la prensa se vio que dos personas, un hombre y una mujer, que posteriormente fueron identificados como Claudio Collino y Belén Badra, sobrina de Oscar González; violaron la escena del crimen y retiraron bolsos del vehículo del ex legislador de Hacemos por Córdoba.
La familia Badra tiene una peculiar sociedad con la empresa estadounidense H&H Outfitters, dedicada al turismo cinegético, o sea la popular caza de palomas. Los turistas estadounidenses, provenientes principalmente de Miami, llegan a Córdoba a través de la compañía Trek International Safaris que destaca en su página Web:
“La familia Badra es pionera en el tiro al pichón en la zona (del norte cordobés) y lleva más de 20 años en el negocio”. La tarifa para los cazadores incluye un alojamiento en un lodge con jacuzzi y masaje, ubicado cerca de Villa Dolores. El complejo contrasta con el resto de los lugares de alojamiento en San Javier, departamento que solo aporta cerca del 1% del Producto Bruto Geográfico de la provincia de Córdoba.
Claudio Collino al momento de la tragedia se desempeñaba en la cooperativa CEMDO, donde n ese fin de semana gano la Lista 3, liderada por José “Pepe” Fernández, que contaba con el apoyo político de González, Hacemos por Córdoba y la pareja del legislador, Cristina Vidal.
Luego de la tragedia, se conoció un audio de Vidal donde decía “yo me quiero dejar la BMX para mí”. Cristina Vidal, pareja de González, es hermana de la jueza de Familia, María Belén Vidal, quién a su vez está casada con el fiscal de Villa Dolores, Sergio Cuello.
Al día siguiente de la colisión donde falleció la docente Bengoa y las dos adolescentes resultaron con graves lesiones -Alexa está parapléjica-, Cristina Vidal a través de un audio de WhatsApp que se viralizó, le agradeció a Dios por haber salvado a su marido y festejó la victoria electoral: “Ayer fue un día maravilloso”, en referencia al triunfo en la CEMDO. En junio de 2023 Vidal con el apoyo del entonces gobernador Juan Schiaretti y del candidato a sucederlo Martín Llaryora, se presentó como candidata a la intendencia de Villa Dolores, pero no ganó seguramente como secuela de la debacle del hombre fuerte de la región, su pareja González.
La poderosa CEMDO fue fundada en 1941 por el intendente de Villa Dolores, el terrateniente y ex diputado nacional radical Juan Manubens Calvet, durante la agitada época del frondizismo. Cuya corrupción quedó plasmada en el tango «Bronca», compuesto por Edmundo Rivero y Mario Battistella. Luego Manubens Calvet se convirtió en uno de los mayores multimillonarios de la Argentina de mitad del siglo 20, fallecido en 1981, cuya herencia se disputa aún hoy.
El acta de defunción del millonario la firmó el médico Oscar González, el mismo que hoy está siendo juzgado. En una entrevista con el diario La Voz del Interior, González reconoció que fue el médico personal de Manubens, del resto de su familia, y de personas allegadas al manejo de esa fortuna.
Los principales espacios de poder en Villa Dolores son la Cooperativa CEMDO y la Municipalidad, en ese orden. La principal sospecha, ya descartada por el fiscal Hairabedian -allanó recién dos semanas después de recibir una denuncia por los polémicos bolsos- es que González habría operado no sólo políticamente, sino financieramente para lograr la victoria de su protegido Fernández.
Antagonista del sector liderado por otro ex delfín suyo, Roberto Cravero, imputado y detenido por abuso sexual reiterado de su propia hijastra, hechos cometidos 15 años atrás. Al momento del choque entre el BMW y el Sandero, la CEMDO estaba presidida por Guillermo Aufranc, autoridad interina tras la detención de Cravero.
La causa se cerró y González fue sobreseído porque Hairabedian no halló pruebas físicas ni pericias contables para elevar la causa a juicio. Los Badra y los González unificaron sus declaraciones: los bolsos solo contenían ropa, aunque es difícil de explicar la urgencia de retirarla prestamente del lugar del crimen, si ello fuese así. Pero lo inverosímil abunda en el Reino del Revés del cordobesismo, parecido al de Alicia en el País de las Maravillas.-
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