Ana Tapia es una trabajadora y madre cordobesa que semana a semana vende sus productos en diversas ferias de la ciudad de Córdoba. El día 14 de febrero del año 2025, perdió a su hija Martina Mamonde Tapia, de 20 años de edad, quien se encontraba internada en el centro de salud mental llamado “Hogar La Arbolada”, ubicado en la ciudad de Pilar, a 45 kilómetros de la capital cordobesa, propiedad de José Alonso, médico psiquiatra vinculado al Sanatorio Morra, que detenta otros centros similares en otras localidades cordobesas.
Si bien el deceso se produjo en el Hospital Ferreyra, la madre de Martina señala a los encargados de “La Arbolada” como responsables de dicha muerte, que ocurrió como producto de lo que ella considera ‘una serie de negligencias y acciones que llevaron a la jovencita a ese desenlace fatal’. Por este motivo, Tapia realizó una denuncia penal argumentando: “Considero que maltrataron a mi hija durante su internación, lo que la llevó a su muerte”.
Pero cabe destacar que esta madre explica algo central para comprender este entramado: al igual que muchos pacientes que se encuentran en los centros propiedad de José Alonso, Martina fue derivada desde el Sanatorio Morra hacia la localidad de Pilar, para que “pudiera relacionarse con chicos de su edad y mantuviera una vida relativamente normal”.
En la denuncia, además de aclarar que fue derivada desde el Sanatorio Morra, lugar donde José Alonso tendría influencia como profesional y también sería muy allegado a los dueños, Ana Tapia explica que Martina ingresó con buen estado de salud y físicamente se encontraba en buenas condiciones. Situación que cambiaría con el pasar de los meses, donde Tapia detalla en la denuncia que empezó a observar que su hija presentaba lesiones en su cuerpo, mayormente en piernas, brazos y tobillos.
También, en conversación con StripteasedelPoder.com, Tapia comentó que su hija comenzó a tener cada vez menos ganas de levantarse de la cama y su estado de ánimo disminuyó considerablemente. “No me dejaban hablar con mi hija porque cada vez que llamaba me decían que estaba durmiendo”, explicó la madre a este medio. A este cuadro se le agregaba una fuerte salivación, probablemente como producto del exceso de medicamentos, y también hematomas y escaras por falta de movimiento o arrastres por parte de las enfermeras y enfermeros.
Tapia también expresa que nunca le explicaron cuáles eran los medicamentos que su hija tomaba, que cada vez eran más, y que no mejoraba la calidad de vida de Martina. Por motivos poco claros pero que incluían la presencia recurrente de vómitos, y un descenso de peso de más de 30 kilos, Martina empezó a ser trasladada a la Clínica Gatti, situada en la localidad de Oncativo.
En esta internación, la jovencita le pudo contar a su madre sobre hechos vinculados a una multiplicidad de abusos físicos, en medio de un deterioro impactante y sin justificación. Por parte de los médicos, los argumentos que brindaban a Ana Tapia siempre culpaban a la paciente: “Ella se auto induce los vómitos”, excusa que resultaba poco convincente para la familia.
Otra de las denuncias que Ana Tapia realiza tiene que ver con el faltante de las pertenencias de su hija, quien tras su fallecimiento había dejado en La Arbolada ropa, artículos de higiene, y todo lo que hace a la vida cotidiana de una paciente en situación de internación. Según Tapia, desde el lugar dejaron de atenderle el teléfono y en todo caso, empezaron a culparla a ella y a su familia de ser “personas nocivas” en la vida de Martina, como quien intenta vincular a la muerte y el padecimiento psíquico de la paciente a su propia familia.
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El negocio de la salud mental
El Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos viene acompañando el caso Martina y a su familia en la búsqueda de esclarecimiento y justicia. En ese sentido, profesionales del Observatorio, expresaron a este medio que “desde el Observatorio hemos denunciado la existencia de salas de contención en los hospitales psiquiátricos: hace muchos años vino el órgano de revisión nacional y declaró la necesidad de eliminar esas salas de contención; luego en Oliva también elaboramos un informe. Y cuando murió Ezequiel Castro en el Centro Psico Asistencial (CPA), acompañamos a la familia Castro para solicitar el cierre del CPA porque denunciamos toda la vulneración de derechos que allí existían.”
En relación a la muerte de Martina, y la responsabilidad de los centros privados de salud mental, sostuvieron que “como Observatorio estamos estudiando, pero todavía no tenemos una confirmación, no tenemos números -y eso es parte del problema, porque hay un problema de producción y de acceso a la opinión pública- vemos que hay un desplazamiento hacia el sector privado de las prácticas manicomiales. Los hospitales públicos van trasladando hacia las clínicas privadas a las personas inimputables y también van generando situaciones de cronificación en las clínicas privadas”.
Para agregar seguidamente: “Que si bien la ley dice que tanto el sistema público como el sector privado tiene que adaptarse a esta ley nacional, hay muchos menos controles en el sector privado. Entonces, nos parece que existe este desplazamiento de instituciones cerradas, monovalentes, con predominio del paradigma psiquiátrico por sobre el sector público. Lo que nos parece que sucedió con Martina es que hubo una derivación del Sanatorio Morra directamente a La Arbolada, le proponen una hogarización, y si bien hay un consentimiento firmado, no se le explicó a la mamá y no pudo tomar una decisión con toda la información disponible.”
Y apuntan como consecuencia de ello: “Luego lo que fue pasando es que a los muy pocos meses, Martina comenzó a presentar síntomas físicos como el tema de los vómitos, el tema de la parálisis de los miembros inferiores, una baja muy fuerte de peso y todos esos síntomas fueron leídos desde el diagnóstico psiquiátrico. Ella tenía dos diagnósticos: un diagnóstico psiquiátrico y una discapacidad leve. Lo que nosotros hemos indagado y realizado, hay mucha bibliografía sobre el tema, es que a estas situaciones se le conoce con el nombre de “diagnóstico enmascarado”, lo que quiere decir es que el diagnóstico psiquiátrico opaca todos los otros síntomas, entonces se debería haber hecho estudios neurológicos, endocrinológicos, metabólicos, que no se hicieron.”
José Alonso es un médico psiquiatra que en la actualidad es dueño del centro “La Arbolada” (edificio donde se alojan principalmente pacientes con diagnóstico de autismo), “La Colmena” (edificio colindante a La Arbolada que reúne principalmente a pacientes con trastornos psiquiátricos diversos) y el “Hogar San Expedito” o “Casa Serena” (donde se encuentran pacientes gerontes, muchos de ellos con enfermedades crónicas).
Según el boletín oficial de la provincia, estos centros privados de salud mental son propiedad de la razón social LIDERARTE SRL, que en un principio tenía como gerente titular a Sergio Fabián Aguirre, que en la actualidad se desempeñaría como contador de la empresa, y como domicilio la calle Nazaret 3206, sorprendentemente a metros del Sanatorio Morra, entidad a la que se vincula fuertemente a Alonso.
En la actualidad, Alonso paso a desempeñarse como gerente titular de LIDERARTE SRL, a la par que se realizó un cambio de domicilio de la firma, llevándola a la calle Santa Fe 1254 de la ciudad de Pilar.
El digesto de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba también corrobora que tanto La Colmena como San Expedito están bajo la férula de Alonso, ya que figura como responsable Inés Bálsamo, psicóloga y esposa de José Alonso.
Además de estos centros de salud mental ubicados en la ciudad de Pilar, Alonso es junto con su hermano, el dueño de la Clínica Privada de Psiquiatría de San Francisco, en donde al igual que en las clínicas de la ciudad de Pilar, las principales obras sociales a las que les facturan son nada más ni nada menos que PAMI y APROSS.
La metodología consistiría en generar un Certificado Único de Discapacidad (C.U.D.) mediante el cual los pacientes luego pasan a tener las prestaciones de la obra social de la provincia de Córdoba, APROSS. Y esa misma metodología se repite en esta cadena de derivaciones desde Sanatorio Morra a La Arbolada o La Colmena.
Hay rumores que vinculan al Dr. Alonso con el desarrollo de una nueva clínica privada de salud mental en la región de Punilla, donde existía el Hospital Neuropsiquiátrico de Santa María de Punilla, lo cual confirmaría que estamos ante un gran empresario de la salud mental, que no para de coleccionar denuncias.
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Abuso sexual y maltrato
Nancy es una madre y preceptora jubilada cordobesa que tuvo a su hijo internado en La Colmena. Miguel Ángel, que hoy en día tiene 35 años, fue recomendado en el año 2023 por su médica psiquiatra a internarse en este lugar por ser diagnosticado de Trastorno Límite de Personalidad. El joven ya había pasado por el Sanatorio Morra y por la Clínica Saint Michel de la ciudad de Córdoba.
Cuando ingresó a La Colmena, sus padres iban a visitarlo una vez por semana y cada 15 días lo llevaban a su casa familiar para pasar los fines de semana juntos. En una de esas ocasiones en que Miguel pudo salir del establecimiento, sin poder parar de llorar contó a sus padres que había sido violado por un enfermero que “lo fijó” en la habitación para poder someterlo.
Por ese motivo, Miguel y sus padres realizaron la denuncia el día 12 de mayo del año 2024 en el Centro Integral de Varones (conocido como Polo del Hombre) y también le informaron a José Alonso lo sucedido. Alonso, en primer lugar, habría culpado al paciente diciendo que “lo decía para poder irse del lugar”, pero se habría comprometido a hablar con el enfermero acusado. No obstante, StripteasedelPoder.com pudo corroborar que el enfermero señalado por Miguel de ser su abusador sigue haciendo guardias en La Colmena justamente en el turno noche.
Pero el infierno no finalizó en ese episodio: cuenta Nancy, su madre, que por todo lo sucedido a Miguel le empeoró su cuadro de epilepsia refractaria, que al salir de La Colmena “estuvo tres días sin poder despertarse por la intoxicación hepática y hepatitis medicamentosa producto de la cantidad de pastillas que le daban”. Y que otros trabajadores del establecimiento le confirmaron que cuando a Miguel le daban las convulsiones, este enfermero lo trataba muy mal.
Nancy contó a este medio, además, que los pacientes tenían un solo baño y tenían que bañarse por la mañana sin agua caliente, en pocos minutos. Y qué si bien tenían la obra social APROSS, les pedían en aquel momento un extra de $20 mil pesos más medicamentos. “Muchas veces no coincidían las formas y los colores de las pastillas que yo le compraba a Miguel”, argumenta su madre. Que a su vez sospecha que los encargados del lugar podrían haber cambiado la medicación con otros pacientes o con otras marcas más baratas.
Hoy en día, Miguel intenta rehacer su vida, pero no logra superar del todo el daño causado en La Colmena, potenciado por la ausencia absoluta de accionar por parte del Poder Judicial, que dejó en libertad al enfermero denunciado.
Pero el caso de Miguel no sería el único: enfermeras que trabajan en estos establecimientos se comunicaron con este medio y comentaron que “el principal requisito que el doctor Alonso tiene para contratar enfermeros es que sean boxeadores y boxeadoras profesionales”, explicando que esta disciplina sería utilizada dentro de los establecimientos para reducir a los pacientes a golpes.
Pero también es importante destacar que los enfermeros y enfermeras, se encontrarían en su mayoría en una situación de trabajo informal, no cuentan con presencia policial para casos peligrosos: “Nosotros trabajamos con pacientes que fueron declarados inimputables por la Justicia pero que han cometido asesinatos, hay dos hermanos que asesinaron a sus propios familiares y que hace poco fueron vistos por las cámaras preparando palos de escoba como lanzas para apuñalar enfermeros. Por suerte fueron detectados a tiempo”.
Este escenario que parece salido de una película de terror sería la cotidianidad de un centro privado de “salud mental” a pocos kilómetros de la capital cordobesa, en donde tanto pacientes como algunos enfermeros y enfermeras serían víctimas de la negligencia y la codicia de los dueños.
Otra problemática que envuelve a los emprendimientos en salud mental del doctor Alonso tiene que ver con las aguas servidas, el barro, los charcos, y las paredes de baja altura que los establecimientos presentan. Los vecinos están cansados de presentar notas al intendente de Pilar, Leopoldo Grumstrup, para que regule el accionar de estas clínicas privadas que no respetan el barrio.
“Los pacientes se meten por nuestros techos, caminan por la tapia de nuestro patio y tengo que vivir encerrada porque tengo un bebé chiquito que no puede ni salir a jugar afuera”, comenta a este medio una vecina que vive triste y atemorizada por la situación. “Con mi pareja estamos evaluando vender nuestra casa e irnos a vivir a otra parte porque nadie nos da una solución, desde el municipio nos dijeron que el dueño de la clínica prefiere pagar la multa a levantar las tapias más altas o dejar de tirar las aguas servidas a las calles de tierra”.
Los vecinos también acercaron a StripteasedelPoder.com videos en donde se puede observar a una sola enfermera pedir ayuda en una de las salidas o paseos con pacientes que desbordan la capacidad de la mujer. “A veces nos toca salir con 15 pacientes y somos una, una sola para 15 pacientes”, confirma una enfermera del lugar.
El doctor Alonso, una vez más, pareciera gozar de la impunidad que tanto el poder político, a cargo del radical cordobesista Leopoldo Grumstrup le otorga, como así también la fiscal a cargo de la denuncia por la muerte de Martina, la doctora Patricia Baulíes, que no se ha expedido en tiempo y forma frente a tan dramática acusación. Si bien existieron allanamientos a los establecimientos, las respuestas al abogado de la familia de Martina, el reconocido abogado y miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Córdoba, Gerardo Battiston nunca llegan a tiempo y no es notificado como debería.
Video en blanco y negro: Muestra como en los paseos los pacientes no están suficientemente protegidos y se los nota afectados
Video del paciente caminante por la tapia de la casa del vecino del establecimiento
La deuda de la salud mental y el vínculo de Alonso con la familia Morra
Dentro de las múltiples Sociedades por Acciones Simplificadas que posee José Alonso, curiosamente, hay una denominada “PAID SAS”, con domicilio en un “edificio de usos múltiples” en medio de un barrio alejado en la ciudad de Río Cuarto.
Si uno busca el significado de esta sigla, puede estar vinculada a lo que configuraba el “Programa de Asistencia Integral a la Drogadependencia” (PAID) de FUNDADIC, fundación y clínica que ahora recibe el nombre Clínica Privada Philippe Pinel. Esta clínica, está rodeada de objeciones que la vinculan a un tratamiento un obsoleto, basado en la absoluta medicación. Según un documento presentado por la Universidad Siglo XXI, esta clínica es una de las tantas que trabajan a nivel provincial junto al Sanatorio Morra.
Fuentes cercanas a StripteasedelPoder.com confirmaron que Alonso “es amigo de los Morra”. Y que uno de los psiquiatras de ese apellido, descendiente de la gran familia Morra, atiende a pacientes en las clínicas ubicadas en la localidad de Pilar y también a pacientes particulares.
Consignando al respecto Clara Martocci en su Trabajo Final de Grado, “Gestión de la Comunicación Externa en el Sanatorio “León S. Morra” para para mejorar su imagen en la sociedad”, que Carlos Morra, uno de los psiquiatras medicamentosos de ese tradicional manicomio privado: “cuenta que actualmente, el área de influencia abarca a toda la Provincia de Córdoba, a través de una red de prestadores que responde al Sanatorio Morra”. Como si se tratara de una sociedad holding de la manicomialización privada
En el siguiente video se puede ver al doctor León Morra haciendo lobby en el Senado de la Nación, con motivo de la propuesta de reforma a la ley de Salud Mental, haciendo una defensa de la manicomialización y de la psicofarmacología, acorde las premisas de sus vastos negocios al respecto.
Adultos mayores en peligro
El Hogar San Expedito, ahora llamado “Casa Serena”, es un centro que aloja principalmente a adultos mayores, también propiedad del doctor José Alonso. En este lugar, en donde los enfermeros y enfermeras muchas veces son los mismos que en La Arbolada y La Colmena, los adultos mayores duermen en habitaciones que tienen paredes recién pintadas, algo para nada recomendable para las vías respiratorias, mucho menos en casos de pacientes de riesgo por enfermedades crónicas.
Esta edificación de muchos años de antigüedad, que funcionaba como geriátrico mucho antes de su adquisición por parte de José Alonso, está siendo remodelada sin tener en cuenta los riesgos para los pacientes que allí se encuentran. “Por la mañana pintan las paredes y a la siesta los pacientes tienen que dormir ahí adentro, con la pintura recién puesta, muchos de ellos estando enfermos”.
¿Alguien protege al doctor Alonso? ¿Quién protege al doctor Alonso? podría haber sido el título de esta nota, que busca ayudar en la búsqueda de justicia para los pacientes invisibles y desprotegidos que tienen familias presentes, que si bien pudieron acceder al Poder Judicial, aunque eso no siempre signifique acceder a la justicia.
¿Qué pasará con todos aquellos pacientes, algunos menores de edad o muy jovencitos, que no tienen familias que los acompañen y están internados en La Arboleda o La Colmena? ¿Qué pasará con los adultos mayores que están en San Expedito y no tienen nadie que pregunte por ellos? Son interrogantes con respuestas posibles y pesadillescas, en un contexto donde la mayoría de la sociedad civil mira para otro lado porque nadie sabe qué hacer con los pacientes psiquiátricos.-
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