En el 2007, luego de estar 8 años bajo la tutela de José Manuel De la Sota, como “el Gallego” no podía ser reelecto, el actual candidato a diputado por Provincias Unidas Juan Schiaretti, por entonces vicegobernador, se presentó como candidato a gobernador del cordobesismo. El más alto cargo en Córdoba, al que el ex militante filo montonero y ex funcionario Domingo Cavallo y Carlos Menem, pudo acceder luego de una elección bochornosa, con denuncias de fraude y marcha con antorchas en el centro de la Docta, reclamando apertura de urnas.
Su candidato a vicegobernador fue el ex basquetbolista de Atenas Héctor “Pichi” Campana. Un outsider que había ingresado a la política en el 2003, de la mano del actual senador Luis Juez, otro ex liceísta, cavallista y peronista y amigo de Schiaretti. Y que, en esas elecciones, con él partido Frente Cívico y Social, que aglutinaba izquierda, UCR, kirchnerista y parte del peronismo, era su principal rival.
Las elecciones se llevaron adelante el 2 de septiembre de ese año y terminaron con un escándalo nacional. Comenzó cuando, cerradas las votaciones, ese fatídico domingo se realizaba el escrutinio provisorio. Y donde, para sorpresa de muchos, Juez aventajaba al “Gringo” y “Pichi”, por más de un punto. De pronto, cerca de las 22 hs. se cortó la luz en el centro de cómputos, que funcionaba en la sede del Correo Argentino cuyo presidente era el kirchnerista de Río Cuarto y ex delasotista Eduardo Di Cola.
Tras su retorno, cerca de las 2 hs. de la madrugada del lunes 3, el resultado se había invertido mágicamente a favor de Schiaretti y Campana, por un punto. O por un simple, en términos basquetbolísticos. Por eso, esa madrugada hubo una vigilia de miles de personas reclamando frente al Correo, en la esquina de Colón y General Paz, para que se respete la voluntad popular.
“Me preparé para gobernar Córdoba, y también me preparé para perder, pero no para que me roben, y nos han robado«, disparó el actual senador Luis Juez, aliado del presidente Javier Milei en una marcha ante miles de seguidores donde denunció fraude electoral. «Cuando los ladrones manejan el poder y son los dueños del poder no hay con qué darles, porque son dueños de la Justicia«, añadió reclamando que se abrieran las urnas, que se cuente sobre por sobre, y no los telegramas ni las actas como finalmente hizo Schiaretti.
Luis Juez el senador antiKorrupción y su casita del millón de dólares
En esos polémicos comicios, la entonces candidata presidencial Cristina Fernández había hecho campaña por Schiaretti. Incluso participó de la inauguración de un coqueto centro comercial en el edificio restaurado de la cárcel de mujeres de El Buen Pastor, en barrio Nueva Córdoba. Prisión que se hizo famosa por la fuga de 26 presas políticas, en mayo de 1975, cuando Córdoba estaba gobernada por bandas de la derecha peronista que habían derrocado al gobernador Ricardo Obregón Cano en febrero del año anterior, en el cual Schiaretti había sido funcionario.
A su vez, en paralelo, Néstor Kirchner, con su concepto de la transversalidad, estrechaba lazos con Luis Juez. “Soy fanático de Talleres, La Mona y Kirchner!!! A los tres los tengo en el corazón, y como tengo un corazón amplio los tengo a los tres cómodos” decía por esos lustros el actual senador. Sin embargo, luego de aquella madrugada del 2 de septiembre, la relación entre ambos se rompió para siempre, luego que el senador nacional le pidiese ayuda a su amigo Néstor para salvar la elección. Y este como era del partido peronista y había negocios comunes impulsados por el entonces ministro de Infraestructura Julio De Vido, hoy condenado penalmente, miró para otro lado.
Una usina de corrupción
De esta manera, Schiaretti, que en sus años mozos luchaba por el voto democrático, en unas elecciones anómalas y escabrosas denunciadas de fraudulentas, por apenas 17 mil votos, llegó al máximo del poder público en Córdoba.
Y apenas puso un pie en la Casa de las Tejas, con su capitalismo compinche, lo primero que hizo fue concretar millonarios contratos de obra pública. Contratos que luego, como los de su antecesor De la Sota, terminaron envueltos con denuncias de corrupción e incluso siniestras muertes.
Comenzó con la usina Bicentenario de Pilar, que se había licitado en ese mismo mes electoral de setiembre 2007. Obra que arrancó con un presupuesto de 240 millones de dólares y luego de una serie de clásicos enjuagues terminó costando más de 1100 millones. Friolera que destrozó las cuentas de la empresa de energía de Córdoba EPEC que la pagó.
Su construcción quedó en manos una Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por la alemana Siemens, que en ese entonces venía de reconocer, ante la comisión Nacional de Valores de Estados Unidos (SEC en inglés) de haber pagado más de 1.000 millones de dólares en coimas en todo el mundo siendo multada por ello, asociada con la infaltable Electroingeniería. Una joven constructora cordobesa, que nunca había construido una sola usina, y que, en apenas 10 años, en medios de denuncias de irregularidades de todo tipo, se hizo grande gracias a los contratos de obra pública en Córdoba y a nivel nacional.
Los dueños de Electroingeniería eran el ex ERP Gerardo Ferreyra, y el delasotista amigo de la noche de De la Sota, Osvaldo Acosta. Dos empresarios que luego estuvieron presos y están procesados en la causa Cuadernos. Y qué, en el caso de Acosta, al igual que Siemens, actuando como arrepentido, reconoció haber pagado coimas a funcionarios del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner para adjudicarse contratos públicos.
Ofreciendo pagar una multa o reparación, como Siemens, de 300 mil dólares para ser liberados en el expediente junto a otros cuarenta empresarios, para comprar su impunidad. Lo que fue recientemente denegado por la fiscal del Tribunal Oral Fabiana León del Tribunal Oral Federal N° 7. (La misma que por contrario, facilitó el sobreseimiento del ex ministro Domingo Cavallo en la lunga causa del Megacanje). Tesitura que fue convalidada por los integrantes de este tribunal, Enrique Méndez Signori, Fernando Canero, y Germán Castelli.
Con un llamado a licitación diminuto, del tamaño de un modesto aviso fúnebre, la usina Bicentenario de 466 MW arrancó con un presupuesto de 240 millones de dólares. El contrato se firmó 21 de febrero de 2008 en localidad Pilar, ubicada a 50 kilómetros de la Ciudad de Córdoba. Y en la rúbrica estuvieron el recién asumido gobernador Schiaretti, Matías Kleinhempel, CEO de Siemens, Gerardo Ferreira, vicepresidente de Electroingeniería, y el entonces ministro Julio de Vido, actualmente preso por corrupción.
La obra la financió el gobierno nacional -quien según dijo Schiaretti durante todos estos años discriminaba a Córdoba- mediante un crédito caro de 300 millones de dólares del ANSeS al 12% anual. Luego se le sumaron otros 300 millones dólares más por mayores costos. Un clásico de la obra pública argentina. Y, por último, se le añadió un contrato de otros 500 millones por el mantenimiento que también quedó en manos de la controvertida Electroingeniería.
Cuando las máquinas deberían tener una garantía de uso. De esta manera, la construcción de la Usina Bicentenario de 240 millones pasó a 1.100 millones. Cuatro veces más. Y una de las razones de esto, es que los turbogás provistos por Siemens tenían vicios constructivos, que le impedían dar la potencia prometida, lo que fue disimulado con el contrato de mantenimiento ad-hoc. Un caso parecido al que deparó el asesinato del ex senador Regino Maders, por parecidos problemas que acarreaba la hoy obsoleta Central Bazan, equipada con turbogás FIAT defectuosos, comprados durante la última dictadura militar.
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“La realidad es que para construir la central Bicentenario en Pilar se violaron normas de procedimiento administrativo. Se presupuesto 240 millones de dólares, se terminó haciendo por 565 y el costo final, con el pago del crédito, será de más de 1100 millones. Pilar costó lo que costó porque fue un gran negociado entre (José Manuel) De la Sota y (el ministro de Obras Públicas), Julio De Vido” aseguró en ese entonces Juan Pablo Quinteros, actual ministro de Seguridad del gobierno de Martín Llaryora.
El Panal dulce de Electroingeniería
Mientras construía la millonaria usina Pilar, en 2008, también Electroingeniería le presentó a Schiaretti una faraónica iniciativa privada, al estilo Kuwait, para hacer lo que es la actual sede de gobierno de Córdoba “Nuevo Centro Cívico Bicentenario” conocida hoy como “El Panal”.
La propuesta original de esta nueva megalómana obra tenia de un presupuesto inicial de 427 millones de pesos de entonces. Unos 93 millones de dólares. Se iba a financiar, en un principio, con el loteo de las 7 hectáreas, donde estaba la vieja sede del gobierno conocida como “Casa de las Tejas”. Ubicada en pleno corazón de Nueva Córdoba, la zona más cara y codiciada de toda la provincia, pegada a la Ciudad Universitaria.
“Esto es un curro que va atado a la venta de la Casa de Gobierno, las últimas 23 hectáreas disponibles que quedan en el corazón de Córdoba”, acusó el senador Luis Juez, en ese entonces, a este periodista para una nota para el diario Crítica de la Argentina. “En una provincia que está quebrada, con una deuda de 13 mil millones de pesos, al gobernador se le ocurre construir un centro cívico de 427 millones de pesos” agregó.
Como esta nueva obra faraónica levantó una gran polémica, mientras el gobierno analizaba la iniciativa privada, sobre el final Electroingeniería cambió el modo de financiamiento. En vez del loteo, propuso financiar íntegramente las obras, ofreciendo a Schiaretti un préstamo del Banco Macro a seis años de plazo de pago, con dos de gracia, y con una tasa de referencia del 12 %,. Sin saber cuáles eran la garantía de ese préstamo.
Con esta alternativa, en marzo del 2010, Schiaretti le adjudicó a la empresa de Acosta y Ferreyra la iniciativa. Y pocos meses después, en enero del 2011, sin haber levantado un metro cuadrado de pared, y sin explicación racional alguna, ordenó demoler íntegramente y salvajemente “La casa de la Tejas”.
Con parte de su mobiliario adentro, pasando a alquilar costosas oficinas adonde mudó sus ministerios, hasta que el nuevo Centro Cívico Bicentenario estuvo terminado. La misma, colindante a la Ciudad Universitaria de la UNC, había sido construida por Eva Perón, para destinarla a asilo de ancianos. Pero pasó por décadas a ser la Casa de Gobierno cordobés, y su subsistencia edilicia podría haber aportado muchos metros cuadrados a la universidad nacional estatal vecina.
Esta inexplicable y aberrante demolición, levantó la polémica nuevamente. Y una denuncia penal presentada por Javier Llorens, responsable de este portal. La misma sostenía que como no se había podido lotear el predio de 7 hectáreas donde estaba “La Casa de las Tejas”, un brutal Schiaretti, decidió demoler íntegramente todo, para quitarle su valor institucional. Y poder hipotecar esos terrenos, como garantía del pago del préstamo del Banco Macro a favor de Electroingeniería para el repago de las obras.
“La destrucción irracional de la Casa de las Tejas, se habría llevado a cabo para revalorizar e hipotecar a sus terrenos, a los efectos de ponerlos subrepticiamente y con engaño a la opinión pública, como garantía del nuevo Centro Cívico del Bicentenario. Tal cual como estaba previsto en el contrato formalizado al respecto con la firma Electroingeniería” manifestó ante la justicia de Córdoba Javier Llorens.
Presentación judicial demolición “Casa de las Tejas”
Denuncia que, como todas las que involucran al cordobesismo, fue archivada por el Fiscal Anticorrupción. Que es embudo judicial inventado por el mismo cordobesismo, para hacer que las causas de corrupción política cayeran siempre en manos altamente confiables, para el régimen feudal del cordobesismo fundado por De la Sota y Schiaretti.
Radiografía del régimen feudal del Unicato cordobesista De la Sota & Schiaretti
Gasoductos siniestros
A la par que, con Electroingeniería llevaba adelante las obras de la Usina Bicentenario y el nuevo Centro Cívico Bicentenario (todo llevaba estos nombres) también a fines del 2007, el cordobesismo craneó otra mega obra pública electoralista más grande, colosal y costosa: los Gasoductos Troncales. La obra “más importante de la historia de Córdoba” según las palabras textuales de Schiaretti. El que terminó en un escándalo con dos muertes, y denuncias de pago de coimas por 36 millones de dólares.
Al igual que la Usina Bicentenario y el Centro Cívico Bicentenario comenzó en el 2008, durante el primer año de gestión de Schiaretti, con el llamado a Licitación Internacional 6/2008, para el tendido de 1.670 kilómetros de gasoductos troncales, con financiamiento incluido por 252 millones de dólares, que irían hacia todos los puntos cardinales de la provincia.
El organismo a cargo de su ejecución, no era un ministerio, sino la controvertida Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento –ACIF– cuya titular durante años hasta fines del 2007 había sido Carmen Poplawski.
Pero ese entonces, a pesar de haberse puesto a favor de Schiaretti respecto la denuncia de fraude electoral, la alianza entre el kirchnerismo nacional y el PJ cordobés ya era historia. El conflicto con las patronales del campo por la célebre Resolución 125, que como las retenciones fugaces de Milei beneficiaron a un puñado de Cerealeras, comenzado en marzo de 2008, provocó un cortocircuito entre ambos.
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Esto era un problema. Porque para financiar los ductos, el gobierno de Córdoba tenía que esperar los avales del gobierno nacional, bajo el mando de CFK. Cosa que después de la 125 se tornaba difícil.
A un así, el 29 de mayo del 2009, con un presupuesto global de 252 millones de dólares, mediante los decretos 739/09 y 740/09, Schiaretti le adjudicó la millonaria obra del gas a una UTE conformada por: la brasilera Andrade Gutiérrez, involucrada en el pago de coimas por la causa del Lava Jato; la constructora IECSA de la famiglia Macri, que ya había hecho las obras de las Cien Escuelas con sobreprecios; y la empresa Britos Hermanos SRL, manejada por el operador Horacio Miró y su socio Walter Poplawski. Dos ex funcionarios del gobierno de De la Sota. Este último (Walter Poplawski) hermano de Carmen, la ex titular de la ACIF. Un escándalo total que ningún medio objetó pero que luego fue denunciado en la justicia.
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Tras cartón, al mes siguiente, en junio del 2009 como en un régimen feudal, a libro cerrado, Schiaretti hizo que la legislatura presidida por el “Pichi” Campana, aprobara un proyecto de ley de su autoría, que autorizaba al Poder Ejecutivo a poner la Coparticipación Federal de Impuestos, como garantía de pago del préstamo por 252 millones de dólares del banco BNADES de Brasil para los ductos,
El proyecto, de un artículo principal, con varios anexos, había ingresado apenas 48 hs antes de su tratamiento. Aun así, los legisladores peronistas mano de yeso, lo aprobaron sin leerlo. Recibiendo criticas sólo de algunos legisladores de la oposición como Adela Coria.
Sin avales
Luego de este primer impulso, la publicitada obra de los Gasoductos Troncales de Schiaretti quedó en la nada. Dado que Cristina Fernández de Kirchner se negaba a firmar los avales para autorizar su endeudamiento. Esto era casi obvio, porque como beneficiado directo de la misma estaba Mauricio Macri.
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De esta manera, “el Gringo” concluyó su primer mandato sin poder enterrar un metro de caño. En ese marco, el 7 de agosto del 2011, se llevó a cabo una nueva elección provincial por la gobernación de Córdoba, teniendo como principales candidatos al “Gallego” De la Sota por el peronismo, y a su histórico archirrival Luis Juez.
En ellas, con el 42% de los votos, aliado con el radicalismo de Ramón Mestre hijo, surgió triunfador De la Sota, quien asumió por tercera y última vez en este cargo. Y fue esa fría noche de agosto cuando, envalentonado por los resultados, en su primer discurso público ante todo el país, anunció el nacimiento del “cordobesismo”. Corriente política conservadora, con centro exclusivo del universo en Córdoba, que hasta el día de hoy perdura con el liderazgo de Schiaretti, y al que el gobernador Martín Llaryora “customizó” como Partido Cordobés.
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Luego de este triunfo, el 4 de septiembre del 2011, albergando las esperanzas de que Cristina le firmara de una vez por todas los avales para la obra de los gasoductos, De la Sota le tiró un guiño al kirchnerismo, bajando la lista de diputado para las elecciones presidenciales de octubre de ese año. De esa manera, le allanó el camino a la lista de la entonces presidenta de la Nación y candidata a la reelección Cristina Kirchner, hoy presa. Que en esas elecciones salió primera en Córdoba con el 37% de los votos. Un resultado histórico para el kirchnerismo.
Albergando la idea que el negociado podía destrabarse, dos días antes, el 2 de septiembre del 2011, la empresa Gestión y Desarrollos Inmobiliarios S.A. (GDISA S.A), propiedad de Horacio Miró y Walter Poplawski, dueños de la constructora Britos, compró el 40% de las acciones de Madero Urbana SA. Compra que los legisladores de la oposición encabezados por Quinteros, Liliana Monteros, y García Elorrio, luego denunciaron en la justicia y ésta, una vez más la archivó.
Madero Urbana SA, por ese entones, construía el lujoso complejo edilicio “Torres Art María”, en el selecto barrio de Puerto Madero, en la Ciudad de Buenos Aires. Su propietario era IECSA de los Macri, socios de Miro y Poplawski en la millonaria y frenada obra de los gasoductos. El proyecto estipulaba una facturación de 180 millones de dólares, sin embargo, los amigos y ex funcionarios de De la Sota, flamante gobernador electo, la adquirieron en sólo 11 millones y a pagar en cuotas.
Ese mismo día, Walter Poplawski, socio de Miró y hermano de Carmen, la ex funcionaria de De la Sota en la ACIF, se incorporó como “director suplente” de Madero Urbana SA, en representación de GDISA SA. Lo acompañó Ramiro Sosa Navarro, quien luego sería director del Banco de Córdoba en la segunda gestión de Schiaretti, hijo del exministro de Obras Públicas y legislador Ricardo “Chauchi” Sosa. Un escándalo total que nunca ningún fiscal de Córdoba se atrevió a investigar.
Dos meses después de esta compra de Madero Urbana SA, en noviembre de 2011, a días que Schiaretti terminara su primer mandato como gobernador, la legislatura cordobesa convertida en una escribanía del cordobesismo, aprobó la Ley ómnibus Nº 10.012. Entre otras varías leyes, mediante ella se prorrogó hasta el día 10 de diciembre de 2015, cuando terminaba el tercer mandato de De la Sota, la autorización para tomar el crédito con el BNDES para los gasoductos. Además, se dispuso que a partir del 2012, esta obra se podría financiar con el Fondo Rural para Infraestructura y Gasoductos (artículo 20).
Esta ley permitió que, sin el crédito del BANDES, el Gobierno de Córdoba, pudiese arrancar con las obras, contratando consultoras que diseñaron las redes de distribución y las estaciones reductoras, que luego se empalmarían con las redes troncales.
Los gasoductos de la muerte
Luego de garantizado este financiamiento interno, el 11 marzo del 2012, el periodista Sergio Carreras publicó en el diario cordobés La Voz del Interior –propiedad del Grupo Clarín- el informe “La Consultora Millonaria” donde ponía de manifiesto una serie de irregularidades en la construcción de esas obras: “Aunque el gasoducto está paralizado y las empresas constructoras hace mucho tiempo que no reciben un peso, hay una consultora que sigue muy activa y cobrando todos los meses. Se trata de Newen SA, que desde 2006 viene siendo contratada por el ente intercomunal que integran los 10 intendentes involucrados en el gasoducto de las Sierras Chicas”.
El dueño de esa intermediadora era Roberto Daniel Martín, ex secretario de Planeamiento y Desarrollo Energético e Infraestructura durante el primer mandato como gobernador de Schiaretti, a cargo también de las obras de los Gasoductos Troncales y regionales. O sea, Martín estaba sentado a ambos lados del mostrador.
En su detallada nota, Carreras describía: “La presidenta de la consultora al momento de asumir Martín en la función pública, era la esposa de éste, Liliana Beatriz Ferro. Ella se retiró y en la actualidad figura como presidenta la ingeniera mendocina Jacqueline Schkop, que no respondió los llamados de este diario, y como responsables técnicos, los ingenieros Marcelo Arias y Gustavo Herrera”.
En las tramitaciones ante el Ministerio de Obras Públicas o con la compañía proveedora del gas Ecogas el ingeniero Marcelo Arias, sindicado como un valijero, aparecía como dueño o socio propietario de la consultora Newen SA, encubriendo que el verdadero dueño era el ex funcionario schiarettista Roberto Martín.
Para evitar un escándalo político, dos semanas después de esta nota de La Voz-Clarín, De la Sota, firmó los decretos 192/12 y 193/12, autorizando a Britos, propiedad de su operador Miró y Poplawski, a vender su participación que tenían en la UTE de los Gasoductos Troncales a sus otros dos socios. De esta manera, el contrato quedó en manos de los Macri y Andrade Gutiérrez.
Pero, tras esa venta vino lo peor. Un año y pico después de esa publicación, el 19 de julio del 2013, al mediodía, a plena luz del día, apareció flotando en el río Suquía, nada menos que frente al Centro Cívico o El Panal, el cuerpo del ingeniero Arias.
Según su primera autopsia, tenía las manos y las muñecas quebradas, el brazo izquierdo lesionado, un hombro dislocado, daños múltiples en el rostro, golpe en el cuello producido por un “caño”, lesiones compatibles con un ataque por la espalda, quebradura de cráneo, heridas en el tabique, pérdidas de piezas dentales, y anillo del dedo aplastado en forma de óvalo efectuado “por un fuerte golpe”. Daños que generaron la hipótesis de que habría fallecido triturado en un camión compactador de basura. Arias, además, llevaba un portafolio que nunca apareció.
Y esta siniestra muerte, vinculada a la obra de los Gasoductos Troncales, no fue la única de ese día. Casi a la misma hora que apareció muerto el sindicado como valijero Arias en Córdoba, en la localidad de Temperley, provincia de Buenos Aires, apareció muerta Susana Leiva, la empleada doméstica de Carmen Poplawski. Ex alta funcionaria de De la Sota, a cargo en su comienzo del contrato de los Gasoductos Troncales, y por entonces funcionaria de Macri en el Concejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Hermana a su vez de Walter Poplawski, el socio del operador delasotista Horacio Miró en Britos SA y del propio Macri en la UTE para los gasoductos, y en Madero Urbana SA.
Como se puede ver aquí, Leiva murió estrangulada manualmente, con tres puntazos en el abdomen, golpes en el rostro y quemaduras de cigarrillo en la espalda. Por el hecho, fue imputado y condenado a cadena perpetua su pareja, Alberto Ponce. Quien nunca reconoció el crimen aduciendo no recordar nada de lo que pasó tras consumir cocaína. Si, en cambio reconoció haber ocultado el cadáver en el pozo ciego de la casa. Fue el primer caso de femicidio jurídicamente hablando de la historia Argentina. Nadie habló del rol como funcionaria del cordobesismo y macrismo de su patrona.
En cuanto a Arias, la causa recayó en la fiscalía de Guillermo González. Un amigo del cordobesismo. Quien determinó que el señalado de valijero del poder, no había sido asesinado cruelmente, sino que se había suicidado, a plena luz del día, sin ningún testigo que lo viera, tirándose del puente Sarmiento que tiene una altura de 10 metros, porque estaba deprimido. Y que todas las brutales lesiones que tenían eran fruto de esa caída. Sin poder explicar nunca porque tenía el anillo ovalado. Y que pasó con su maletín. Es decir, a la inversa del caso Nisman que todo indicó que fue un suicidio, pero los medios y la gendarmería establecieron que lo mató no se sabe quién, como ni cuándo.
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Luego de las muertes, las coimas
Estas muertes ligadas a los millonarios Gasoductos Troncales fueron el preludio de lo que vendrían. En el 2014, en Brasil se desató el Lava Jato. La investigación más importante contra la corrupción que involucró funcionarios públicos de distintos países, donde operaban las grandes constructoras brasileñas.
El mecanismo era parecido al desplegado en Córdoba: se anunciaba una obra; consultoras que hacían estudios de factibilidad actuaban como intermediadoras entre los Estados nacionales o provinciales; se presupuestaba y se contrataba empresas amigas; finalmente sobre la marcha se actualizaban los montos.
Alberto Youssef fue un operador que actuó como intermediario en las obras ligadas a las compañías brasileñas Odebrecht y Andrade Gutiérrez. En marzo de 2014 había sido detenido en Brasil. Y ocho meses después, en noviembre declaró como arrepentido, presentando una serie de documentos conocida como “la lista de Youseff” , detallando las ciudades, las obras, los nombres de las empresas, los teléfonos, los contactos, y los importes de las coimas que pagaron en cada país. Un escándalo total.
En esta “lista de Youssef”, las obras de los Gasoductos Troncales de Córdoba aparecen mencionados cuatro veces entre los años 2008 cuando los lanzó Schiaretti y 2010. Y lo más escandaloso, el pago de una serie de coimas a funcionarios locales, por un total de … ¡36 millones de dólares! Coimas que fueron intermediadas con nombres falsos de contacto, “Jos Edilson Cruz”, “Luis Leandro” y “Fernando Gómes”. También detalla que la constructora brasilera OAS, que había participado de la licitación de los gasoductos en 2008 y perdió con Andrade Gutiérrez, habría sido el encargado de erogarlas.
“Fui legislador y vi vaciar esta provincia. Los vi robar esta provincia. Vi cómo se pagó en Córdoba la coima más grande en la historia Argentina que fue la de los gasoductos troncales” denunció hace unos días el ex legislador y actual candidato a diputado nacional Eduardo García Elorrio, sin vueltas, ante el periodista Sergio Suppo en la radio Cadena 3, sin que nadie se ruborizara.
Las muertes de Arias y Leiva, más las denuncias de pago de una coima de 36 millones de dólares en Brasil desataron el escándalo en Córdoba. La oposición encabezada por los entonces diputados Aurelio García Elorrio, Juan Pablo Quinteros y Liliana Montero, estos dos últimos actuales funcionarios del cordobesismo de Llaryora, presentaron una denuncia penal en la justicia cordobesa, incluyendo la compra Madero Urbana por parte de Miro, Poplawski e hijos de funcionarios de Schiaretti. Sin embargo, como corresponde a todas las denuncias que involucran al cordobesismo, terminó archivada.
Caso Kolektor
Mientras todo esto pasaba, como frutilla de postre, en noviembre del 2014, el abogado penalista Marcelo Touriño comenzó a publicar en su cuenta de Youtube una zaga de cámaras ocultas realizadas por el periodista-político Tomas Méndez, por entonces el comunicador estrella de del canal Universitarios SRT-UNC.
En ellas, grabadas por el propio Méndez, donde hay una hasta con el propio gobernador De la Sota, se ve al comunicador que ahora trabaja en los medios de Buenos Aires, negociando coimas, con el empresario Hermann Karsten de Kolektor, contratista del gobierno en el cobro de impuestos, a cambio de proteger en su programa de TV ADN, a De la Sota y su testaferro Horacio Miró, socio de Karsten.
La filtración de los videos, desataron un nuevo escándalo y más denuncias ante la justicia controlada por Schiaretti y De la Sota, conocido como “Caso Kolektor”, que obviamente otra vez quedó en la nada. Pero dos años después, en el 2016, Karsten sufrió un llamativo robo en una vivienda del barrio Cofico. Fue el 24 de diciembre, Noche Buena, a la madrugada, en una casa de Faustino Allende esquina Sucre, de una exfuncionaria radical, donde estaba reunido con magistrados, políticos, funcionarios judiciales y empresarios. Robo que el empresario dueño de Kolektor y socio de Miró, demoró en denunciar en la justicia.
Gasoductos II: sale Andrade Gutiérrez entra Odebrecht
La explicación de todo este thriller policial era muy simple: los brasileros resultaron favorecidos con una millonaria obra de 250 millones de dólares con financiamiento incluido. Funcionarios cordobeses cobraron una millonaria coima, de 36 millones de dólares por ella. Sin embargo, como en el medio estaban metido la empresa de Macri y De la Sota, enfrentados al gobierno de Cristina Kirchner, estos no pudieron obtener los avales financieros para llevarlas a cabo.
En paralelo Schiaretti y De la Sota, si llevaban adelante otras obras de energía con el gobierno nacional, como la millonaria Usina Bicentenario o Pilar. U obtenían dinero por otro lado con los fondos rurales y las consultoras para la obra de los gasoductos regionales, que se la quedaban ellos. Obras donde trabajaba el ingeniero Arias prestanombre de un funcionario de Schiaretti (Martín). Incluso hacían negocios inmobiliarios entre los socios de la UTE con Madero Urbana SA.
Por ello, los brasileros que habían pagado la coima y nunca pudieron enterrar un metro de caño, ni obtener el crédito del BANDES, habrían decido irse de Córdoba dejando un claro mensaje mafioso para Schiaretti, De la Sota y Macri, con las muertes de Arias y Leiva, aquel oscuro martes del 19 de julio del 2013. Que incluyó también como hecho menor ad hoc, un feroz asalto a la familia Britos, ex dueña de Britos SRL, que había pasado a ser un socio menor en Britos SA, en su residencia en Mina Clavero.
Pero el cordobesismo si por algo se caracteriza es por ser perseverante y resiliente. Luego de esas denuncias en los tribunales de Brasil y Córdoba, en marzo del 2015, siete años después de licitada, en el último año de su mandato, sin los avales del BANDES, el gobernador De la Sota finalmente decidió anular la polémica adjudicación de los Gasoductos Troncales a favor de Andrade Gutiérrez y IECSA.
Pocos días después, mediante la Licitación Pública Internacional N° 61/2015, la Provincia convocó a una nueva licitación. Aunque estos tenían una extensión y precio mucho mayor: 2.292 kilómetros y un presupuesto de 874 millones de dólares, a razón de 385 mil dólares por kilómetro. Un 250% más caro que en el 2008.
Por ese entonces, Schiaretti nuevamente era candidato a gobernador de Córdoba en remplazo de De la Sota. Iba por su segundo mandato, y lo logró cuando el 5 de julio se impuso, esta vez sin fraude, 38% a 34% sobre su ex compañero del liceo, el radical Oscar Aguad. Yerno del actual radical con peluca Rodrigo De Loredo. Esa era la alternancia del cordobesismo, que a lo largo de 24 años, fue gobernada durante tres mandatos por De la Sota (1999/2003, 2003/2007 y 2011/2015) y su socio en la aventura Schiaretti (2007/2011, 2015/2019, y 2019/2023).
Cinco meses después de este triunfo de Schiaretti, su amigo y ex patrón Macri, socio en la obra de los gasoductos con IECSA, ganó la presidencia derrotando a Daniel Scioli en el ballotage 51% a 48%. En esa victoria de Cambiemos, Córdoba de la mano de De la Sota y Schiaretti, gobernador saliente y entrante respectivamente, fue decisiva aportando 71% de los votos a favor del ex presidente amarillo, frente al 28% que obtuvo Scioli en representación del kirchnerismo.
Con este triunfo para presidente de Macri, y para gobernador de su vejo subordinado y amigo Schiaretti, ahora si la postergada obra de los Gasoductos Troncales estaba totalmente encaminada. Por eso, apenas puso un pie en la Casa Rosada, lo primero que anunció Macri, es que el gobierno nacional iba a pagar el 33% de esas obras. Unos 288 millones de dólares. Exactamente lo que salía esta misma obra en el 2008.
Por su parte Schiaretti, el 16 de enero del 2016, apenas puesto un pie en el fastuoso El Panal construido por Electroingeniería, lo primero que hizo fue preadjudicar el megaproyecto de los gasoductos de 874 millones de dólares a tres grupos de empresas. Cada una en zonas distintas. Estas fueron:
IECSA, de los Macri, junto con la socia extranjera CCCC (China Communications Construction Company); Electroingeniería, ¡una vez más! en asociación con China Petroleum Pipeline Bureau; y de manera solitaria a la cuestionada Odebrecht de Brasil. La hermana de Andrade Gutiérrez, que por ese entonces estaban en todos los diarios del mundo por el famoso caso de corrupción del Lava Jato. Los únicos que quedaron afuera fueron Horacio Miró y Poplawski, pertenecientes al delasotismo.
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“Querido amigo Presidente, este es un día histórico. Luego de once años, un presidente de la Nación está nuevamente en la Casa de Gobierno de la provincia de Córdoba. ¡Usted vino a Córdoba a romper con el cepo institucional que pesaba sobre nuestra provincia! ¡Muchas gracias querido Presidente!”, le regaló “El Gringo” a Macri en su primera visita como presidente. Un mes después, el 17 de febrero de 2016, firmó el Decreto Nº 80/2016, adjudicando el contrato de los gasoductos a las mencionadas empresas.
El 3 de octubre del 2016, ocho meses después d adjudicadas las obras, el Comité Ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES (Administración Nacional de Seguridad Social), controlado por el macrismo, le otorgó otro préstamo de US$ 260 millones a Córdoba, para financiar los gasoductos de Odebrecht.
El mismo monto que tenía la licitación del 2008, cuyo financiamiento debían aportar las constructoras brasileñas. Pero ahora, de la mano de Macri y Schiaretti, lo terminaron poniendo los miles de jubilados y pensionados argentinos a través del ANSES. ¿Fue por la coima que le debían a los brasileros?
Macri, Schiaretti y Caputo traspasaron 260 millones de dólares del ANSES a Odebrecht
Era tanta la algarabía que tenían ambos mandatarios con empresas propias o amigas en la millonaria obra de casi 1000 millones de dólares, que en noviembre de 2016, en un acto en la localidad de Hernando, en el centro/sur provincial, Macri y Schiaretti participaron en la celebración de la Fiesta del Maní y bailaron juntos, al ritmo de Gilda, ante decenas de alumnos de escuelas primarias, una cumbia, cola con cola, que evidencia del enorme entendimiento que existe entre ambos.
Pocos días después, en enero de 2017, el presidente y el gobernador inauguraron en Córdoba el primer tramo de los anhelados Gasoductos Troncales del tramo adjudicado a Odebrecht. Paradójicamente, mientras en Córdoba Schiaretti y Macri festejaban, en Brasil los directivos de la constructora estaban siendo detenidos, juzgados y condenados por la Justicia de ese país, por pagos de sobornos y cartelización de obra pública en América latina y algunos países de África. Un disparate total.
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Pese a los vaivenes judiciales en Brasil, la sobrefacturación obscena, el sospechoso suicidio del ingeniero Arias, la muerte de Leiva, y la nula investigación en los tribunales de Córdoba, la millonaria obra de los Gasoductos Troncales, esta vez fue finalizada. Aunque la brasilera Odebretch, pese haber recibido los 260 millones de dólares de la ANSES, se marchó dejando un tendal de deudas impagas, demostrativa de los graves problemas de toda índole que enfrentaba.
Según la comunicación institucional de la Provincia, esta obra hoy beneficia a más del 90% de la población cordobesa, con una conexión posible de más de un millón de clientes. Sin embargo, la red domiciliaria corre por cuenta de los municipios y comunas, por lo cual todavía miles de cordobesas a pesar de los millonarios gastos, siguen alimentando sus viviendas con tubos o garrafas de gas licuado, u otros medios de calefacción más rudimentarios.
Caída y resurgimiento de Horacio Miró
Luego de toda esta corrupta y sórdida travesía de la obra de los Gasoductos Troncales y tras el escándalo Kolektor, tras el súbito fallecimiento de De la Sota en el 2018, Horacio Miró desarmó Britos SA, tomó sus valijas -en el sentido más amplio de la palabra- y se llevó sus activos a una oficina en la CABA. Una vez allí, le cambió el nombre a su empresa y la rebautizó BASAA SA.
Con este nuevo nombre, en el 2021, plena pandemia, reapareció en Córdoba, durante tercer y último mandato de Schiaretti. Lo hizo con la adjudicación para la construcción de plantas de residuos cloacales, en tres ciudades del departamento Punilla, cuyos efluentes deterioran la calidad del agua del lago San Roque -para cuya remediación también se había contratado a Electroingeniería– con un presupuesto de más de 22 millones de dólares.
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El proyecto original constaba de una red de 19 kilómetros de conductos de cloaca máxima; seis estaciones de bombeo, 161 bocas de registro, 26 bocas de acceso, ocho cámaras de desagües, 10 válvulas de aire, y tres estaciones depuradoras de aguas residuales. Como en el caso de los gasoductos troncales, las conexiones residenciales corren por cuenta de cada municipio, que abarca a una población total de cerca de 121.600 habitantes. El presupuesto fue de 2.360 millones pesos. 22,4 millones de dólares de ese entonces. Un 14% más del presupuesto oficial.
Esta licitación BASAA S.A. la ganó nuevamente mediante una UTE con Supercemento SAIC. Empresa perteneciente a la famiglia Macri. Su director es Raúl Ibarra, primo del ex ministro de Modernización de Macri, Andrés Ibarra. Es decir, otra vez la entente Schiaretti, Macri, Miró, y la gran obra pública cordobesa.-
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