Biografía no autorizada de Aldo Roggio II: De colonizar la obra pública al holding de la corrupción

En la primera entrega titulada Bio no autorizada de Aldo Roggio I: De Colonia Caroya a colonizar la obra pública y la prensa, hicimos un repaso de cómo el magnate cordobés Aldo Benito Roggio “colonizó” la obra pública argentina, de la mano de Benito Roggio e Hijos SA, desde sus inicios hasta las privatizaciones de los años noventa, como parte de una prosapia que venía construyendo sus negocios con el Estado, con la impunidad otorgada por la prensa.

Pero seguidamente con la constitución del holding Grupo Roggio, esa codicioso conducta empresaria practicada desde siempre, bajo la bonanza de las privatizaciones, se incrementó y expandió aún más. Hasta llevarlo finalmente a la calamitosa situación personal en que se encuentra en estos momentos, a la espera en el banquillo de los acusados.

Negocios en Córdoba

Desde el año 1997, dos años después de la conformación del holding, el Grupo Roggio detenta la concesión del servicio de agua potable de la ciudad de Córdoba, mediante la firma Aguas Cordobesas SA, que en ese entonces estaba principalmente en manos de la compañía sueca Suez.

Luego de la salida de la convertibilidad y durante la presidencia de Néstor Kirchner, la Casa Rosada rescindió los contratos de Suez para administrar el agua potable de la Capital Federal y parte del Conurbano, hoy a manos de la empresa estatal Aysa. En el caso de Córdoba, se recurrió a otra estrategia.

El 28 de diciembre del 2005, a instancias del gobernador José Manuel de la Sota, la legislatura provincial aprobó la polémica Ley 9.279, que habilitó la renegociación del contrato de agua potable, que consistieron en la instalación masiva de medidores, a la par que se fijó un consumo base de agua de 10 metros cúbicos mensuales por usuario, no obstante que el consumo promedio según la propia empresa rondaba los 32 metros cúbicos.

En un alarde de codicia, el negocio venía acompañado de una psicosis de escases de agua en el lago San Roque, instalada luego de que se rebajara su cota de embalse máxima, con  el motivo de supuestamente establecer una “cota de espera” ante crecidas repentinas. El que tenía como colateral posibilitar la instalación en su rivera antes inundable, el negocio inmobiliario Corporación San Roque, propiedad del mismo Grupo Roggio.

Con la pretensión de instalar allí a través de su compañía CET, los casinos resultantes de la privatización del juego con que también De la Sota había beneficiado a dicho grupo en asociación con el grupo Caruso. No obstante de estar sospechado de ser uno de los móviles del asesinato del ex senador y alto funcionario de EPEC Regino Maders.

Ver Córdoba: el trasfondo del asesinato del ex-senador Regino Maders

Con la renegociación se estableció que por cada metro cúbico de agua de más que se consumiera, los usuarios iban a tener que pagar un recargo que oscilaban entre 0,65 centavos y 2 pesos. De ésta manera, las facturas de agua se dispararon a las nubes, con aumentos de hasta un 500%. A ello se le sumó una denuncia penal efectuada por el Sindicato del Personal de Obras Sanitarias (SIPOS) donde se demostraba que en tan solo tres años, la empresa Aguas Cordobesas SA iba a lograr que sus ingresos pasaran de $ 79 millones anuales a más de 240 millones.

Esto hizo que a solo dos meses de ser aprobada la renegociación, fuese suspendida por el propio De la Sota. A esto se le sumó que a comienzos del 2006, se retiraran Suez y Agbar como accionistas de la compañía.

Así, con la intervención personal del vicegobernador de entonces, el actual gobernador Juan Schiaretti, se negoció una “addenda” al contrato original. En la que intervinieron dos asesores porteños, que trabajaban para la consultora de Roberto Dromi. El ex ministro de Obras y Servicios Públicos del presidente Menem, recordado por su frase “nada de lo que deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado”. Oración retorcida y contradictoria, pero que le significó un moño de regalo para los Roggio, en particular para el negocio de trenes y subtes.

La “addenda”, lejos de ser menos leonina para los usuarios del agua, le garantizaba a la empresa otro método de elevación de ganancias. Por un lado a través de una renegociación permanente de las tarifas, y la supuesta obligación de renovar las conexiones domiciliarias, fijando para ello subrepticiamente un altísimo precio.

Y por otro lado disponiendo la exención de concretar por Aguas Cordobeses cualquier tipo de inversión o mejora, que no fuera para el mantenimiento “preventivo” y “correctivo”. Las que en caso de no ser tales, solo podían solventarse por nuevos incrementos en las tarifas de agua o por subsidios. Asimismo, se incorporó una cláusula punitoria que establecía que si la Provincia no proveía los recursos para esas inversiones, Aguas Cordobesas debía ser indemnizada por supuestas ineficiencias en las que caería el servicio.

Finalmente, la “addenda” disponía crear una “Mesa de Estudios de Valores Tarifarios y Precios”, para aprobar los continuos pedidos de aumentos tarifarios y los millonarios planes de inversión. Conformada por dos miembros del gobierno provincial, uno del ente regulador, y dos de la mismísima empresa. Con el colmo de que el quórum se pudiera alcanzar con solo dos de sus integrantes. La “addenda” fue aprobada en noviembre del 2006, mediante la ley 9.339, en medio de una Legislatura vallada, al compás de las balas de goma y las bombas de estruendo.

Mientras tanto, los asesores que propusieron esa addenda, pasaron a ser funcionarios del gobierno provincial. Ismael Mata pasó a ser asesor del ERSEP, el ente regulador de servicios públicos. Y Roberto Chama pasó a desempeñarse en la secretaria de Obras Públicas, e integró la “Comisión Conjunta de Renegociación del Contrato de la RAC”, en referencia a la Red de Accesos viales a la Ciudad de Córdoba.

En la cual varias grandes obras viales también cayeron en manos del Grupo Roggio. Como es el caso del cierre de la Avenida Circunvalación de la ciudad de Córdoba, que concreto con una UTE con Electroingeniería y Boetto y Buttigliengo, con un contrato de más de mil millones de pesos en el año 2017.

Al que se suma la construcción de uno de los tramos de la Ruta Nacional 36, que conecta a Córdoba capital con Río Cuarto, junto con Boetto y Buttigliengo, en uno de cuyos tramos murió el ex gobernador José Manuel de la Sota conduciendo un vehículo de alta gama a altísima velocidad. Tanto Electroingeniería como Boetto y Buttigliengo son empresas sindicadas en el escándalo de los Cuadernos, al igual que Roggio; con la diferencia que éste último tendría una voluntad más confesional.

Volviendo al agua, el Grupo Roggio también recibió en Córdoba enormes fondos públicos por la rehabilitación del canal Los Molinos – Córdoba, para el suministro de agua a esta ciudad, con un contrato de más de $ 2,1 mil millones. No obstante haber sido el constructor defectuoso de ese mismo canal a cielo abierto, que pasó a tener serias pérdidas de agua al atravesar zona mallinosas.

Como se dijo, el emporio también está metido a través de CET SA en el negocio de los casinos desde el año 2002, con 19 salas de slots, 3.700 tragamonedas, repartidas en 17 ciudades de Córdoba. Y así colateralmente gerencia cuatro hoteles – casinos de la cadena Howard-Johnson. CET se integró con una participación minoritaria del empresario Miguel Ángel Carusso, sindicado de haber lucrado con juegos clandestinos en Tucumán, teniendo como socios a lo que luego se denominó el clan Alé, involucrados en la causa por la desaparición de Marita Verón. Y a su vez en Córdoba fue sindicado como supuesto impulsor del crimen del ex senador Maders, que se oponía a la privatización del juego.

El segundo negocio con Odebrecht en Argentina

Lejos del olvido, los Roggio y Odebrecht volverían a juntarse veinte años después que construyeron la Central Hidroeléctrica Pichi Picún Leufú, en Neuquén. Ahora, ambos participaron en las obras del “Sistema de Potabilización Planta Paraná de las Palmas”, junto con Supercemento SAIC y José Cartellone Construcciones Civiles SA. Que tiene por objeto abastecer de agua potable a una población de 2 millones de habitantes, con capacidad de producción de 900 millones de litros diarios destinados a los partidos de San Isidro, San Martín, Tigre, y Vicente López.

En agosto de 2008, se concretó la adjudicación a la UTE por casi $ 2,3 mil millones más IVA. El plazo de ejecución de las obras iba a ser de 36 meses, pero hasta el día de hoy no se concluyó completamente. Según constató la Auditoría General de la Nación (AGN), hasta diciembre de 2012, cuando debía estar concluida la obra, el valor del contrato se incrementó en un 78% respecto del monto contractual original.

El justificativo que se han dado fue por los atrasos del crédito de Brasil más otros percances menores, como por ejemplo, diferencias con el municipio del Tigre por el movimiento de vehículos para las obras. El resto del financiamiento provino de los fondos de la ANSES. En noviembre del año pasado, la Cámara de Casación confirmó la elevación a juicio contra Aldo Roggio, Wagner y otros empresarios, junto a conocidos ex funcionarios por el pago de coimas, cartelización y desvíos de fondos.

Inversiones panameñas

En una nota anterior del año 2016 Stripteasedelpoder.com reveló la existencia de cuatro empresas panameñas -tres disueltas y una en actividad-, que estaban a nombre de Aldo Roggio. Lo curioso es que las fechas se solapan con los dos grandes negocios que tuvo la sociedad con Odebrecht.

VER El empresario Aldo Roggio tiene cuatro empresas offshore en Panamá

Las tres que actualmente están inactivas son MEDINE CORP (inscripta el 21 de julio de 1983 con cese el 21 de julio de 1989), LARIDA INTERNATIONAL CORP. (inscripta el 15 de abril de 1985 con cese el 17 de noviembre del 1989), y BRINSID CORP (inscripta el 6 de abril de 1988 con cese el 12 de julio del 2004).

Como podemos observar, las dos primeras nacieron al comienzo de la democracia y se extinguieron en el momento en que pusieron manos a la obra para la construcción de la represa neuquina antes mencionada junto con sus socios coimeros en Brasil. Mientras que paralelamente la tercera se armó en el mismo contexto, en una suerte de reorganización de firmas en el extranjero, con la participación de gestores que tenían mayor ingenio en éstos armados.

Luego en el 2010, en el ínterin de su sociedad con Odebrecht para la construcción de la enorme planta de agua potable con enormes sobreprecios, mientras se concretaban las correspondientes coimas, Aldo Roggio creó en Panamá una suerte de filial de su compañía llamada BENITO ROGGIO PANAMA SA, declarada ante la Comisión Nacional de Valores. La fundó el 8 de enero y en ella aparecen también Alberto Esteban Verra como tesorero, que es uno de los CEO del Grupo Roggio, y Graciela Roggio, hermana de Aldo, como secretaria.

El tris de un desastre ambiental

En marzo de 2017, un aluvión tormentoso arrasó con la planta de tratamientos de residuos peligrosos e industriales de la empresa TAYM, perteneciente al grupo Roggio, ubicado en Alto El Durazno, al sur de la sur de la ciudad de Córdoba. Los tóxicos fueron arrastrados por el agua y decantaron en el canal Los Molinos -construido y reconstruido por el Grupo Roggio- que abastece la planta potabilizadora Bajo Grande, y luego se distribuye en un sector importante de la ciudad. Tanto dicha planta, como la distribución del agua, y el depósito de Taym, pertenecen al Grupo Roggio. “Estuvimos a un tris de un desastre ambiental”, sentenció el gobernador Juan Schiaretti en ese entonces.

Taym se encuentra en esa zona desde el año 2000, tras aprobarse su Estudio de Impacto Ambiental. En ese entonces, el Director de la DIPAS, encargado de toda la regulación sobre recursos hídricos, fue el actual ministro provincial de servicios públicos Fabián López, que fue subsecretario de Recursos Hídricos del Ministerio de Planificación Federal que conducía Julio De Vido, cuando le entregaron el mencionado “negoción” de Roggio y Odebrecht. Sobre el aval a Taym, en un informe señaló que “a pesar de que es una zona susceptible de erosión hídrica, es posible la instalación de la planta”.

En noviembre de 2016 y marzo de 2017, poco antes de la inundación de Taym, dos inspecciones de entidades de control ambiental informaron sobre mal funcionamiento de la planta. Se detectaron residuos depositados en el piso de un galpón abierto, en vez de los racks de guarda, y residuos en un playón con piso hormigonado, que estaban tapados en un lugar no declarado por la empresa para ese fin. También tenía  lagunas para lixiviados con un alto nivel de tóxicos. “La situación es seria”, advirtieron.

Como una muestra de cómo funciona la justicia cuando el Grupo Roggio está de por medio, en junio pasado el fiscal de Instrucción de Alta Gracia, Alejandro Peralta Ottonello, efectúo el requerimiento de elevación a juicio por contaminación ambiental, contra los responsables de la planta de Taym. Su presidente  Alberto Esteban Verra, el mismo de la cuenta offshore; César Ernesto Ripsky, gerente operativo de la planta;  y la ingeniera María Áraoz, responsable técnica.

Pero lo hizo con la calificación de culposa, que prescribe a los dos años, no obstante el pedido de la querella, la Asamblea Santa María Sin Basura, que reclamaba la calificación de dolo eventual, que prescribe a los diez años. Lo cual permitió que el juez de Control de Alta Gracia, Claudio Lasso, prestamente en agosto pasado sobreseyera por prescripción a los tres directivos de la firma Taym, acusados de contaminación con residuos peligrosos. Decisión a la que la mencionada asamblea apeló.

https://hoydia.com.ar/sociedad/85667-causa-taym-apelaran-el-sobreseimiento-de-directivos.html/

Pandora Papers

Aldo Benito Roggio y sus tres hijos constituyeron tres sociedades offshore en las Islas Vírgenes Británicas, entre julio y noviembre de 2016, a los efectos de poder abrir cuentas bancarias en Suiza y Estados Unidos. Con el objetivo de “planificación familiar” y “de carácter personal y familiar”, respondió la adinerada familia, ante un pedido de información por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), autores de los Pandora Papers.

Como se dijo, desde el año 2004 existía un fideicomiso offshore, administrado por el estudio Trident Trust Company, cuyos activos de 5,5 millones de dólares fueron transferidos por dos tíos de Aldo y Graciela Roggio: Iride Rosa Verzini De Conti y Américo Humberto Conti, correspondiéndole el 5 % a cada uno de los primeros nombrados. Al morir los segundos en 2009, Aldo solicitó a Trident “la distribución de los activos existentes entre los beneficiarios designados” y que sus importes sean “transferidas por parte del fideicomiso o Trust a las cuentas bancarias estipuladas por cada uno de los beneficiarios”.

Para eso, el magnate cordobés acudió al estudio panameño Alcogal (Alemán, Cordero, Galindo & Lee) para que les armara una telaraña offshore. Primero, se creó una compañía llamada Gotland International Limited, inscripta el 5 de julio de 2016 en las Islas Vírgenes Británicas, cuyos beneficiarios finales fueron Aldo Roggio y sus tres hijos: Lucía Inés, Martín Benito y Rodolfo Roggio Picot.

Estando a su vez estos cuatro, autorizados por los directores de la sociedad (que responden al estudio Alcogal), a operar y disponer de los fondos de esas cuentas como apoderados de las mismas. Así luego, el 7 de marzo de 2017, los nombrados abrieron una cuenta bancaria a nombre de la offshore en el EFG Bank, de Suiza, y en EFG Capital, de Miami.

Ocho días después del nacimiento de Gotland, nace la segunda compañía, Graymark International Limited, el 13 de julio de 2016. En los documentos no aparecen datos extra de esta sociedad, pero la familia Roggio explicó que se utiliza para administrar un fideicomiso ciego para los hijos de Aldo. La tercera compañía se inscribió unos tres meses más tarde: Linhill International Limited, inscripta el 25 de octubre de 2016. Los directores son empleados de Alcogal, y Roggio y sus tres hijos figuran como accionistas.

Entre septiembre y diciembre de 2016, los Roggio solicitaron la apertura de una cuenta bancaria en el JP Morgan de Nueva York, a nombre de la primera offshore, Gotland International Limited. Y el 14 de diciembre de 2016, presentaron formularios ante el banco para la apertura de cuenta de ahorros e inversiones a nombre de Linhill International Limited. Allí los tres hijos de Aldo Roggio declararon ante el JP Morgan que cada uno de ellos tenía el 33,33% de las acciones de Gotland por lo que se entiende que Aldo Roggio habría dejador de ser accionista de la offshore para septiembre de 2016.

En las oficinas de Alcogal, Aldo Roggio figura como uno de los beneficiarios finales de “alto riesgo” (“nivel 6”), debido a su cargo en ese entonces como vicepresidente de la Cámara Argentina de la Construcción de ese entonces. Oportunidad en que se desató la causa “Cuadernos”, y se sindicaba que la sede de esa gremial empresarial era el ámbito donde los empresarios consensuaban cómo era la repartija de las obras a licitar.

Por otro lado, los colegas del ICIJ señalan que Graciela, la hermana de Algo, quien lo reemplazó en la presidencia del Grupo Roggio luego de su confesión coimera, también tuvo una sociedad offshore. Junto a sus hijos Fernando, Florencia y María Lejarza, ella figura en los documentos de Pandora Papers como accionista, apoderada y directora de la compañía Signature Summer Adventures Ltd., inscripta también en las Islas Vírgenes Británicas, el 7 de febrero de 2014. “La sociedad creada por Graciela Roggio y sus hijos nunca operó, ya que fue constituida para una actividad en el exterior que nunca se desarrolló”, respondió la familia.

La confesión

“Quiero resaltar que en todos los casos se trató de dineros propios, a título personal”. Las palabras de Aldo Roggio fueron una de las tantas, en las tres indagatorias a que se vio sometido en el año 2018, en pleno inicio del escándalo judicial conocido como los “Cuadernos”, basada en los manuscritos de Omar Centeno, chofer de Roberto Baratta, subsecretario de Planificación, donde anotaba los viajes que realizaba con su patrón y otros, para recibir las coimas de empresarios de la construcción.

A mediados de agosto de aquel año, cuando Aldo Roggio se percató que ya no había vuelta atrás, presentó su renuncia a la presidencia de CLISA y Benitto Roggio e Hijos S.A, las que quedaron desde entonces a cargo de su hermana Graciela Amalia. Su confesión abrió la puerta para que la causa, que solo se enfocaba en el rubro de la construcción, englobara también al ámbito del transporte, donde señaló como beneficiario de los fondos espurios al también cordobés Ricardo Jaime, secretario nacional en esa actividad.

Aseguró que “Jaimito” lo obligó a entregar el 5% de los fondos recibidos por su empresa vía subsidio, para continuar con la concesión de Metrovías: “Se pagaba en dinero en efectivo, periódicamente, en general mensualmente y en la persona del Secretario de Transporte. Debimos resignar parte de nuestra rentabilidad, ya que los subsidios no implicaban una mejora contractual. No tuvimos oportunidad de negarnos a esta exigencia, habiendo soportado la presión hasta el límite de nuestras posibilidades, máxime teniendo cuenta que se trata de un servicio esencial y la gran incidencia del rubro personal (70% de los costos por operación del servicio)”.

En cuanto los pagos en el ámbito de la construcción, Roggio declaró sobre las coimas: “Reconozco que ellas respondieron a las contribuciones exigidas que finalmente y previo regateo (sic) accedí a efectuar, precisando que lo fueron por sumas sensiblemente inferiores a las denunciadas. Las sumas fueron, según recuerdo, el equivalente a 50 mil dólares y otra vez 100 mil dólares, no recuerdo si lo fue en pesos o en dólares (…)

“Tengo referencia también que en materia de obras viales existió un sistema, del que no participé. Fui informado que el gobierno nacional impulsaría un importante plan de obras públicas, privilegiando su ejecución por sobre el precio de las misma, debiendo las empresas contribuir con las necesidades políticas de orden económico. Recuerdo incluso que (Julio) de Vido (el ministro de producción de ese entonces), en alguna oportunidad, me dijo: ‘no se puede hacer política sin plata’. No participé de esta propuesta y, de hecho, me ralearon”.

Según Roggio, en las licitaciones, “sentimos el rigor de no haber aceptado las condiciones señaladas, habiéndosenos demorado por plazos extensos el pago de certificados, redeterminación de precios, nunca nos pagaron los intereses que manda la ley, etc., obligándonos a tener reconocimientos monetarios para la política para sortear estas dificultades”.

A diferencia del transporte, aseguró que en el pago a los funcionarios de Planificación “no representaban un porcentaje determinado de la obra en cuestión, sino que nos eran exigidos puntualmente. La persona que recibía estos pagos era Clarens, habiendo dispuestos estos pagos cuando la situación financiera de las obras se volvía insostenible”.

Ernesto Clarens, otra figura clave imputada en el caso de los Cuadernos, es un financista que aseguró haberse encargado del lavado de activos en los fondos de obra pública. “Sin poder precisarlo, aproximadamente, las entregas de dinero fueron del orden de u$s 100.000 por vez, o su equivalente en pesos, estimando que todos ellos no habrían superado la suma de u$s 3.000.000”, aseguró Roggio.

Las coimas

Un mes después, Clarens presentó una especie de grilla, donde especificó cuáles eran las empresas constructoras que pagaron coimas y los montos de los contratos involucrados. En la denominada “lista de Clarens” figura “Benito Roggio” en un segundo lugar, por debajo de Helport, la constructora de Corporación América, de Eduardo Eurnekian. El monto del Grupo Roggio, era de 2.300 millones de pesos de obras, sin especificar en ninguno de los casos las coimas percibidas.

Cuando le tocó declarar, Clarens mencionó a Roggio como uno de los que se ponía de acuerdo con las demás compañías dentro del sistema de cartelización, y quienes definían los precios para ganar la obra. Es más, se expidió con relación a una obra en Tucumán, en la que la UTE conformada por Roggio y Perales Aguiar habría ganado en 2005, y afirmó que durante los años 2012 y 2013, José López, el secretario de Planificación que luego fue descubierto arrojando bolsos con dólares dentro de un convento, le dijo que empresas como Roggio le iban a llevar el efectivo.

A continuación se expone lo que dicen las anotaciones de Centeno, más de lo que se sospecha desde los tribunales de Comodoro Py. La única mención de los cuadernos a Roggio aparece en el cuaderno número 4, con fecha del 28 de mayo de 2008, siendo esta la más antigua de ciertas reuniones que involucra al empresario Aldo. Allí, se señala lo siguiente:

“21:10hs. Ministerio. Lo fui a buscar de Tucumán 410, se había ido con Fabián y Llorens se reunieron con Roggio”. Se referiría a Fabián Gutiérrez, ex secretario de la mandataria Cristina Fernández de Kirchner, y Enrique Llorens, ex secretario de Legales del ministerio de De Vido. Sin embargo, no se hace alusión alguna sobre el pago de una coima.

Lo que sigue es un fragmento del Cuaderno número 5, anotado el 3 de febrero de 2010, donde se señala la entrega de un bolso de 800 mil dólares en la calle de Suipacha, donde el “bulto” es entregado al “Lic. Baratta”, por parte de “un señor con su hijo”. Aldo señaló en sus indagatorias que ninguno de sus hijos estuvo involucrado en la coima.

La segunda aparición de la calle Suipacha es en un cuaderno cuya anotación es del 9 de junio de 2010. Allí, en una esquina, Baratta llamó por teléfono a alguien, mientras un patrullero permanecía cerca. Finalmente, arriba un “joven” que, según Centeno, le entregó al “Licenciado” un bolso con 450.000 dólares.

Tres años después, el 26 de junio de 2013, Centeno anotó a las 13hs. lo siguiente: “Los llevé a Baratta y Nelson L. al obrador de Bouchard y Tucumán, y subió un señor y les entregó un bolso con dinero, seguimos al Ministerio”. Nelson Lazarte es el secretario de Baratta. Aseguran que el entregador se trató de alguien del Grupo Roggio. Aldo confesó que las entregas se realizaban en esa esquina, pero no le constó la existencia de un obrador, como así tampoco la descripción y al fecha de ese pago.

Cinco semanas después, según el cuaderno número 7, con fecha del 5 de agosto, a las 17:15hs., Centeno escribió lo siguiente: “Lo llevo a Nelson a retirar una caja (Alem 1050). La caja contiene dinero (media la caja 21 cms. x 32 cms x 36 cms), decía que eran dólares, y pesa aproximadamente 12 a 15 kgs, y volvemos al Misterio. Me quedo cuidando la caja y Nelson sube a recibir instrucciones del Licenciado Baratta, y baja a los ‘15, lo llevo a Diagonal Norte, entre San Martín y Florida, 18:30hs, esperamos que venga el auto de presidencia, el Ford Focus MNI 589, le pasa la caja a este persona (joven, morocho, delgado) y se dirigen a la casa de gobierno”.

El domicilio mencionado, Leandro N. Alem al 1050, es un edificio, cuyo piso número 9, se encuentra la sede de Benito Roggio e Hijos SA. La calle nuevamente es mencionada en otra crónica del mismo cuaderno, en un par de hojas más adelante, cuando pasó solo un mes: el 4 de septiembre de 2013. A las 17:05hs., Centeno anotó que lo “llevo a Nelson a Alem y recibió un paquete con dinero en la calle de un señor mayor”. Y una hora después, a las 18hs., “Lo llevé a Nelson a entregar parte del dinero (reducido) a Martin, se lo entregó en México y Alem, auto Focus MNI 589”.

Aldo Roggio confesó la existencia de esos dos últimos hechos, ocurridos en la calle Alem de agosto y septiembre de 2013. Pero en la causa, se le sumó como tercer cohecho al del 26 de junio de 2010. Y en el último cuaderno, con fecha de 23 de junio de 2015, se señala que en la esquina Santa Fe y Suipacha subieron dos sujetos con un bolso y una bolsa de un millón de dólares y 500 mil dólares, respectivamente.

Finalmente, el 21 de julio del mismo año, en la misma calle Suipacha, Lazarte recibió 750 mil dólares desde el auto y luego se dirigieron al Ministerio, para entregárselo a Baratta.

De esa manera en el expediente a manos del juez federal Julián Ercolini, está comprobado por lo menos tres cohechos.

Las otras coimas

Además de la causa Cuadernos, Aldo Roggio espera un juicio penal en su contra, en éste caso sin haber alcanzado la figura de arrepentido, por las coimas pagadas por Odebrecht para la construcción del “Sistema de Potabilización Planta Paraná de las Palmas”. Su procesamiento fue resuelta por el juez federal Sebastián Casanello, donde involucró a ex funcionarios nacionales, pertenecientes al ministerio de Planificación, y una nutrida cantidad de empresarios asociados con la empresa brasilera, y los que comandaban la CAC (Cámara de la Construcción Argentina) donde también figuraba Roggio.

Durante las indagatorias, se le formuló lo expuesto por el ex gerente de Odebrecht, Luis Mameri: “Es importante indicar que para que una empresa extranjera de ingeniería lograse participar de los proyectos de obra pública en Argentina, era imprescindible que se asociara con empresas locales. Esas empresas de ingeniería eran previamente informadas de quién ganaría la licitación y qué pagos indebidos debían realizarse a los funcionarios públicos.”

“Las empresas extranjeras no tenían contacto con esos funcionarios públicos, al menos en la fase inicial de la licitación. La relación con esos funcionarios públicos la mantenían exclusivamente los socios locales o los empresarios argentinos (…) En este caso, teníamos que asociarnos con tres empresas locales, que fueron Benito Roggio e Hijos SA, José Cartellone Construcciones y Supercemento”.

Según las constancias en el expediente, en esta licitación, Odebrecht adquirió el pliego el 12 de febrero de 2008. Dos días después lo hizo Cartellone, y el 29 de febrero lo adquirió la empresa oferente “que jugó a perder”, Camargo Correa. Benito Roggio e Hijos y Supercemento no figuran como adquirentes del mismo. Seguidamente se exponen los fragmentos de la resolución del juez Cassanello que puso en jaque mate a Roggio:

Lo fundamental

El caso Cuadernos y el caso Odebrecht no alcanzan para comprender, de manera aislada, cómo funcionaban y funcionan los negocios de Roggio en nuestro país. Pero sí se logra dimensionar cuando se los contemplan como complementarios entre sí. En el primer caso, Aldo se presenta como una víctima que se sometió a las presiones de un gobierno que definió como “autoritario”. Por el otro, se hace el desentendido y niega haberse involucrado en el pago de coimas, concretadas por sus socios brasileros.

Cuando se contemplan ambas causas, vemos en realidad a un Roggio claroscuro, víctima de la presión gubernamental, pero a la vez un distraído socio de Odebrecht, quienes se conocían desde tres décadas atras, al que le pasaban las coimas por sus narices. Si no hay esquizofrenia, es porque contemplamos un mismo rostro, una misma persona. Un mismo sujeto con capacidad de pago. Así lo demuestra la historia de su empresa, o la “historia de su familia”, porque para él son lo mismo. En una actividad donde lamentablemente las coimas son un clásico desde siempre

Ver Viejo Dique San Roque: el monumento a la corrupción de Roca y Juárez Celman

Estamos nuevamente en septiembre de 2012. Pablo Rossi toma otro papelito con otra pregunta para Roggio: “¿Cómo gestiona las presiones por parte de los gobiernos?”. Aldo se queda más callado. “Bueno… un poco… teniendo en alguna medida… la capacidad que hemos tenido en estos años y en la historia…”.

Lo interrumpe Rossi y le replica: “Eso es algo que a mí también me sirve”. Roggio emite una sonrisa cínica. El público lo entiende y lo aplaude. Y continúa con su respuesta: “Fundamentalmente, tratando de amortiguar las cosas, Presentando las cosas que hacemos. Fundamentalmente, diciendo las cosas que hacemos y las cosas que vamos hacer. Me parece que eso es fundamental”.