Septiembre de 2012. El conductor televisivo Pablo Rossi ordena los papelitos a mano. En cada papelito, hay una pregunta para el invitado estrella, escrita por los asistentes de la sala. No está conduciendo en un estudio de televisión. Está conduciendo un evento público de emprendedores juveniles, donde se ha invitado a renombradas figuras del establishment.
Agarra un papelito y lee la siguiente pregunta: “¿Cómo se define usted como líder empresarial?”. Aldo Roggio, también cordobés, permanece sentado y también con un micrófono en mano, tan contento como el animador. Pero la pregunta lo deja dubitativo. Demasiada autocomplacencia como para pensar y pensarse. Se toma unos escasísimos segundos y responde: “He tratado, como líder, seguir los cuatro pilares de la compañía, que son el trabajo, el esfuerzo, la calidad y la austeridad. Y estar cerca de la gente y dar libertad para decidir”.
Diez años después de aquel evento destinado a jóvenes que buscaron conocer a sus referentes, Aldo sigue permaneciendo sentado. Ya sea en su casa de Villa Allende, en sus oficinas que están en Capital Federal, o incluso en el extranjero, pero sigue sentado. Pero mucho más incómodo que aquella vez. No descarta que para hoy o mañana, en cualquier momento, sus abogados le notificarán la fecha del próximo asiento a ocupar. La más incómoda de su vida. La del banquillo de acusados. La libertad no siempre es un patrimonio de unos pocos.
El desembarco hacia la libertad
Aldo Benito Roggio es de la cuarta generación de la familia Roggio que provino desde la localidad italiana de Meduna di Livenza, al noroeste de Viena, hasta arribar a la Argentina en 1889. Desde el puerto se bajó Benjamín, su bisabuelo, junto a su esposa Luisa Priva y el hijo de ambos: Benito, de nueve años de edad. Se instalaron en la localidad cordobesa de Colonia Caroya. Ya mayor de edad, Benito se mudó a la ciudad de Córdoba y en el año 1908 puso en marcha la constructora “Benito Roggio”, que con el crecimiento de su familia, pasó a llamarse “Benito Roggio e Hijos” en 1934, “Benito Roggio e Hijos S.R.L.” en 1939, y finalmente “Benito Roggio e Hijos SA” en 1954, la nave insignia de lo que hoy es el Grupo Roggio.
La constructora le permitió a Benito pasar de ser un albañil a contratista del Estado, levantando casas en el barrio Alta Córdoba de la ciudad capital y realizando retoques a la Histórica Catedral. Su primera licitación ganada fue para construir viviendas de veraneo para los empleados municipales de Salsipuedes.
En la actualidad, para tener una idea de la magnitud del holding, basta con ver sus balances enviados a la Comisión Nacional de Valores. Allí, el Grupo Roggio tiene una mínima de U$S 240 millones de patrimonio en plantas y equipos, conformada por: U$S 38 millones en máquinas y equipos pesados; U$S 37 millones en edificios; U$S 17 millones en equipos menores; U$S 9 millones de muebles y equipos informáticos; U$S 8,8 millones en rodados; U$S 7 millones en rodados pesados, etc, etc.
Comienzos
Aldo Benito Roggio Verzini nació el 17 de octubre de 1944. En ese entonces, la compañía Benito Roggio e Hijos SRL, bajo el comando de su tío Héctor Roggio, construyó el Jockey Club Córdoba, como así también parte de las escuelas y hospitales impulsados por la Fundación Evita, y la fábrica de automóviles Kaiser, cuya inversión impulsaría el surgimiento de la Córdoba industrial. Mientras tanto, el pequeño Aldo recibía la rigidez de su padre, Vito Remo Roggio, con el que constantemente se trataban mutuamente de “usted”. Por eso no sorprende que sacara el mejor puntaje en el ingreso del Liceo Militar Paz.
En 1961, Vito asumió como presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Pero al año siguiente, pasó a asumir de facto la intendencia de la ciudad de Córdoba, por orden del interventor Rogelio Nores Martínez, designado por el presidente de facto José María Guido. En ese mismo año, se creó la Corporación Argentina de Vivienda (CAP), para el manejo de fondos inmobiliarios, en la cual el intendente Roggio asumió como presidente de manera simultánea.
La CAP también estuvo administrada por la firma Vicente Manzi e Hijos SA, ligados a la concesión de automóviles de Kaiser, la inmobiliaria Alvear SA (también de Vicente Manzi), Tyta SA, y la Corporación Cementera Argentina SA (Corcemar), entre cuyos accionistas estaba Elsa Verzini, la esposa de Remo. Los Roggio utilizaron los fondos de la CAP para financiar sus inversiones en la construcción.
Ante ésta irregularidad, en el libro “Los dueños de la Argentina II”, escrita por Luis Majul en los años noventa, los Roggio sostuvieron que nunca se presentaron a licitación durante la ocupación de los dos lados del mostrador, y que eso les implicó endeudadarse. Pero el intendente capitalino posterior a Remo fue Víctor Martínez, futuro vicepresidente de Raúl Alfonsín, que según el autor del libro “le empezó a pagar en cascada todas las deudas por obras y a ceder negocios bajo el eufemismo de la licitación”.
En su corto período como intendente, entre mayo de 1962 y octubre de 1963, el padre de Aldo privatizó el transporte público, cuyo heredero aprendería que sería una clave en sus futuros negocios por fuera de los ladrillos, y pondría en práctica a partir de los años noventa. Pero mientras tanto, lejos de optar por una carrera militar por su formación en el Liceo, el joven Aldo estudió ingeniería civil y se recibió en 1968. Con el cambio de década, Aldo trabajaba como jefe de obras. Y en 1971, ascendió a supervisor de obras importantes en distintas provincias.
El secuestro
El 21 de septiembre de 1972, a las ocho de la mañana, cuando tenía 28 años de edad, un joven Aldo Roggio fue secuestrado en el portón de su vivienda. En lugar de recurrir a la Policía, Remo pidió auxilio al Tercer Cuerpo del Ejército de ese entonces. También recibió ayuda de Vicente Manzi, su socio de la Corporación Argentina de Vivienda, y de Manuel Tagle, socio de Manzi y actual presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Tanto Tagle como Manzi habían operado la llegada de Kaiser a Córdoba, para que luego los Roggio se encargaban de construir su fábrica, y aquella dupla pasara a vender los automóviles en su propia concesionaria.
Las crónicas periodísticas de ese entonces señalaban que el supuesto monto a pagar por el rescate era de dos millones de pesos, cuya sexta parte debía estar en billetes de dólares. Aldo pasó sus 37 horas de cautiverio en un dormitorio, donde solo le dieron de comer una sopa y un chocolate. Fue liberado luego de la entrega del botín. Finalmente, esos mismos archivos advierten que, sin que se conozcan la identidad de los captores, la carta que se le envío a Remo detallaba que la razón de por qué eligieron a su hijo fue por el maltrato que realizaba su compañía hacia sus propios obreros.
Dictadura, entre el apoyo y el negocio
En la última dictadura cívico-militar, con el plan económico del ministro José Martínez de Hoz, la CAP se convirtió directamente en el Banco Suquía, la banca más poderosa del interior del país de ese entonces, hasta que finalmente fue vendida en el año 2000 al Grupo Credit Agricole de Francia, y éste a su vez tras la crisis del 2001 fue absorbido por el Banco Macro.
Gracias a los créditos que se autoadjudicaban los Roggio desde el Suquía, les permitió seguir en pié y presentar suculentas ofertas de licitación, de las cuales obtuvo las siguientes adjudicaciones, en particular de la provincia de Córdoba: el Estadio de Futbol Chateau (actual Mario Kempes), el edificio de Tribunales, la Central de Policía y el Aeropuerto internacional. Por fuera de la provincia, hizo el Hospital Argerich y en Tucumán su aeropuerto y su Central Térmica Independencia.
En una extensa entrevista para el libro Los dueños de la Argentina II, Aldo Roggio hizo una polémica defensa del proceso que se inició con el golpe de Estado de 1976: “Estuve totalmente de acuerdo con la lucha contra la guerrilla. (…) Yo parto de la base de que aquí hubo una guerra y en la guerra pasan cosas. En ese momento yo estuve de acuerdo en la guerra contra la subversión. Ha sido un paso doloroso, pero necesario para el país”. Sobre el juzgamiento a los militares, respondió: “No estoy ni estuve de acuerdo. Creo que, en general, algunos de ellos hicieron lo mejor posible en ese momento”.
El secreto de los “mayores costos”
El 20 de agosto del año 1981, un habitante catamarqueño llamado Juan José Velazco, vinculado a sectores de inteligencia, presentó una denuncia ante la flamante Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de ese entonces. Reprochando que una gran cantidad de licitaciones habían sido previamente arregladas por sus participantes, con enormes aumentos respecto el presupuesto oficial, tanto en Córdoba como en el ámbito nacional.
Para eso, se basaba en el análisis estadístico de la dispersión de las ofertas de los concurrentes, y su aumento respecto al presupuesto oficial. Demostrando de esa manera que no había existido una concurrencia libre y aleatoria por parte de los licitantes, sino que era producto de un proceso semi-determinista, donde los concurrentes fijaban un nivel de aumento sobre el precio oficial, en el cual coincidían con muy pocas diferencias en todos los oferentes.
Así, el que era designado ganador fijaba ese umbral de precios y se lo comunicaba a los restantes participantes, simulando una competencia inexistente. Obteniendo sus acompañantes una suculenta propina por parte del ganador, mediante compensaciones dinerarias, subcontrataciones, etc.
Velazco describía un sórdido submundo, con la existencia de una “familia líder” que organizaba las licitaciones, integrada por la constructora SADE (actual Skanska), Techint de los Rocca, Cartellone propiedad de esta familia, IECSA e Impresit Sideco de los Macri y, por supuesto, el Grupo Roggio.
Posteriormente Velasco amplió su denuncia, diciendo que las empresas encartadas en su denuncia, para sortear las pruebas que había aportado este, habían comenzado a simular la dispersión de las ofertas mediante algoritmos. Los que una vez descubiertos, ponían en plena evidencia el arreglo de las licitaciones.
En la única licitación en la que figura Roggio, es en la Licitación N° 38/81, para el “aprovechamiento integral del río Perico y Grande” en la provincia de Jujuy. Allí, la oferta más económica y ganadora fue para Cartellone, seguido por Roggio. Apreciándose allí según la denuncia de Velasco, la utilización de un algoritmo por parte de todos sus participantes, basado en un incremental de un 6,18% y un 5,22 % a partir de la oferta de Cartellone. Subyaciendo así en la dispersión de las ofertas una compleja fórmula, cuya probabilidad de existencia sería nula en caso de tratarse de un supuesto libre albedrío por parte de los concurrentes.
Estas denuncias fueron concretadas en el medio del conflicto bélico en Malvinas, cuya derrota implicó la disolución de la Junta Militar. Ante ese contexto, las empresas implicadas lograron que las presentaciones judiciales se hundieran en el olvido tras el advenimiento de la democracia.
Uno de los misterios de la familia fue la salida de Rubén Roggio, primo de Aldo y primer hijo de Héctor, de la compañía en 1991, tres años antes de la muerte de su padre. Un empleado de la empresa señaló a Luis Majul, según este se explaya en el mencionado libro, que una vez escuchó a Rubén decir que “a mi abuelo Benito se le hubiera caído la cara de vergüenza al escuchar la fórmula ‘mayores costos’”. En la jerga de la construcción, “mayores costos” se refiere a las imaginativas manganetas que usan los contratistas de obras públicas, para inflar sustancialmente el monto del contrato original, teniendo como socio bobo al Estado.
El estadio Olímpico
El Ente Autárquico Mundial 1978 fue creado por la dictadura, con el afán de organizar el Mundial de Fútbol de Argentina, donde su selección salió campeón por primera vez. El ente se encargaba de administrar las finanzas, contratar las obras de infraestructura, y diagramar los eventos vinculados al torneo. Fue designado como presidente el general Omar Actis, mientras que de vice el capitán de navío Carlos Alberto Lacoste.
Los gastos que realizó ésta entidad, para el evento deportivo, rondaron los 700 millones de dólares. Varios han sospechado que esa cifra fue siete y diez veces más de lo que se planificó inicialmente, lo que desencadenó las sospechas de malversación de fondos.
De aquellos fondos, 400 se habrían destinado para construcción de estadios y unos 100 para instalar el Centro de Producción Buenos Aires, que era la sede de la televisación del campeonato. De esos cuantiosos fondos, el Grupo Roggio se benefició con dos tajadas. Por un lado con la remodelación del edificio de Argentina Televisora Color (ATC), en la porteña esquina de Figueroa Alcorta y Tagle, donde se instaló el centro de producción mencionado.
Y por el otro lado, con la construcción del Estadio Olímpico de la ciudad de Córdoba, en la zona del Chateaux Carreras, a la vera del Río Suquía. Su construcción, en realidad, comenzó en el año 1975, a cargo del estudio porteño Sánchez Elía Peralta Ramos, ubicado en Buenos Aires, en sociedad con los arquitectos cordobeses Hugo Oviedo y Alberto Ponce. Para los preparativos del Mundial, colaboraron los arquitectos Pedro Facchin y Luis Marchesini. A unos 15 kilómetros, mientras se congregaba la multitud para ver los partidos, se encontraba La Perla, el mayor centro clandestino de detención y tortura cordobés de esos tiempos.
En agosto de 1976, Actis fue asesinado y reemplazado por el general de brigada Antonio Merlo. Durante mucho tiempo, se sospechó de Lacoste como el autor intelectual del homicidio. También, fue señalado como el responsable de haber “dilapidado” los fondos del Mundial, del cual una buena tajada pasaron a mano de los Roggio. Incluso ese negociado fue cuestionado enérgicamente por el secretario de Hacienda de entonces, Juan Alemann.
A partir de los años 80, Lacoste ingresó a la FIFA. Mientras tanto, con el retorno de la democracia, el Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Ricardo Molinas, encabezó distintas investigaciones sobre la corrupción al respecto. En particular denunció a Lacoste por enriquecimiento ilícito, en una causa que no pudo prosperar.
Según estimaciones de Molinas, los gastos reales de esos estadios eran en total 100 millones de dólares, y no entre los 300 millones y 400 millones estimados. En el libro de Majul, Roggio se defendió asegurando que el estadio cordobés debió costar alrededor de 150 millones “más o menos”. Lacoste murió en el año 2004, llevándose a la tumba los balances reales de los gastos que demandó ese mundial.
El primer negocio con Odebrecht
Con el retorno de la democracia, y luego de que los Roggio y otros grandes empresarios de la construcción zafaran de las denuncias de Velazco, los Roggio sellaron un acuerdo con la más renombrada familia del gran país vecino, Brasil, en el rubro de la construcción: los Odebrecht. Los mismos que décadas después protagonizaron un escándalo por el pago sistematizado de coimas a funcionarios de distintos países.
Fue en el año 1987, cuando ambas firmas armaron un consorcio que se adjudicó las obras de la Central Hidroeléctrica Pichi Picún Leufú, en Neuquén, sobre el Río Limay, pegada a la provincia de Río Negro. Con el objeto de levantar una represa de 50 metros de altura para generar 1.080 gigavatios por hora.
La ingeniería de esa obra estuvo a cargo de Impsa y SADE, hoy Skanska, y diez años después fue privatizada a favor de Pérez Companc, todas empresas sindicadas de ser parte de ese cartel que denunciaba Velazco. Como se puede contemplar, todavía seguían los mismos nombres, pero ahora con un nuevo jugador extranjero: Odebrecht.
El negocio de las privatizaciones
Con la asunción de Carlos Menem a la presidencia, se inició el proceso de privatizaciones de empresas, que permitió la conformación del holding Roggio como lo conocemos hoy en día. Todo bajo el comando de Aldo Roggio. La fecha oficial de su nacimiento como tal fue el año 1995, dando inicio a un periodo donde se convertiría en uno de los mayores conglomerados de la Argentina.
Además de la construcción -con sus empresas Benito Roggio e Hijos, Sehos y Haug- y del transporte (Metrovías, Benito Roggio Transporte y Benito Roggio Ferroindustrial), también están las inversiones en los servicios ambientales (Benito Roggio Ambiental, Cliba, Tecsan, y Envairo) y en tecnología de la información (Prominente). Pero por otra parte, quien figura a la cabeza del esquema jerárquico del holding es CLISA SA (Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios).
Los negocios del transporte
El plan para la concesión del transporte, tanto subterráneo como ferroviario, fue anunciado por el presidente Carlos Menem en diciembre de 1991. Y el 31 de enero de 1992 era la fecha límite para que se anotaran los interesados. En esa escasez de tiempo para la adjudicación de líneas de ferrocarril y subterráneo, solo tres consorcios ganaron: Metrovías de Roggio, Trainet y Ferrovías. Los tres tenían en común tener como socios a empresas de colectivos. En el caso de Metrovías Roggio se asoció con Cometrans, empresa de colectivos bonaerenses, y se quedaron con el ferrocarril Urquiza y los subtes porteños.
Metrobaires había impugnado el triunfo de Metrovías – Roggio, porque aseguraban que su oferta era más cara al no haber computado el IVA. Efectivamente, en las distintas fojas, se señalaba que los números no incluían ese impuesto que, en ese entonces, estaba a 18%. Como el Estado rechazó esa denuncia, Metrobaires apeló a la justicia contenciosa-administrativa, donde un juez le dio la razón y exigió dar respuestas a esa exigencia sin mucho resultado.
Otro dato curioso es que entre que los Roggio descorcharon el champagne por su debut en el negocio sobre rieles y la puesta en práctica de la concesión, transcurrieron 17 meses, mientras que el resto de esas privatizaciones tardaron en promedio tres meses. La principal teoría que explicaría esta tardía asunción del servicio, es que los Roggio necesitaban recalibrar su fórmula financiera, porque veían que el negocio de los trenes y subtes no iba a generarles la rentabilidad que esperaban.
Para balancear la ecuación a su favor, se necesitaba acrecentar la variable de los subsidios. Y para eso, el deterioro de los materiales en desuso sería una buena razón para requerir mayores subsidios estatales. Por si fuera poco, el gremio de la UTA detectó que 12 funcionarios municipales pasaron a trabajar a Metrovías, y tres de ellos habían sido los que evaluaron las ofertas presentadas.
En afán de reducir costos, Metrovías inició una serie de despidos laborales a todo aquel que no aceptara un aumento de su jornada laboral con el mismo salario. Y a esto le sumó la reducción salarial, la disminución de bonificaciones, y la suspensión de vacaciones. Todo esto lleva a que cada año, los metrodelegados realicen paros casi todos los años, en algunos casos sorpresivos, por distintas cuestiones laborales y de seguridad.
Otra estrategia depredadora del Grupo Roggio se basó en “auto-contratos”, a partir de la tercerización de los servicios, que le permite incrementar costos y disimular sus ganancias, con contratos laborales basura, mediante acuerdos comerciales con empresas controladas o vinculadas. Así durante tres décadas, todos los subterráneos operados por Metrovías pactaron contrataciones con la firma Metronec, también del Grupo Roggio, para la explotación de los espacios de publicidad.
También recurrió a Benito Roggio Transporte, para el asesoramiento en la administración del servicio. En limpieza, acudió a Taym, también del Grupo Roggio. Y lo mismo hizo con Metropolitana, para servicios de seguridad, y CPS para el cableado de fibra óptica, que se lo “auto-vende” a Metrovías, etc.
Situación que emula en los ferrocarriles, cuya calamitosa situación llevó a que en el 2005, el presidente Néstor Kirchner creara una sociedad anónima llamada Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE), que le otorgó mayor participación al Estado nacional para manejar la concesión de los trenes Roca, Belgrano Sur y San Martín, junto con tres empresas: Roggio, Ferrovías y TBA.
Sin embargo, la situación siguió en la misma, a tal punto que el 20 de octubre de 2010, en plena protesta por la reincorporación de trabajadores tercerizados despedidos de la línea Roca, fue asesinado el militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra, de 23 años de edad, por una patota sindical que operaba junto con barrabravas a mano armada. Durante el juicio, se condenó al líder sindical de ferroviarios, José Pedraza, como autor material, debido a que tenía un acuerdo con los privados para operar mediante una tercerizada.
A comienzos del año 2012, el Estado argentino transfirió el manejo de los subtes porteños a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y el 18 de mayo del año 2012, tres meses después de la denominada Tragedia de Once, en la que descarriló el tren Sarmiento y llevó a la muerte de 51 pasajeros, el titular de la ANSES, Diego Bossio, presentó una denuncia ante la Comisión Nacional de Valores contra el Grupo Roggio, por irregularidades en la concesión, que le habrían permitido no declarar ganancias por más de 100 millones de pesos.
Sin embargo, cinco días más tarde, el gobierno nacional le quitó la concesión de las vías a TBA, la empresa responsable del siniestro ferroviario de Once, y se lo entregó temporalmente a los Roggio. Finalmente, UGOFE se desintegró en 2014, luego de las condenas por la Tragedia de Once, bajo la administración del entonces ministro del Interior Florencio Randazzo.
Ver Los millonarios negocios de Jaime con los empresarios Roggio, Urquia y Cirigliano
Esta situación del transporte, remite a otro negocio que recibieron los Roggio a partir del menemismo, que fue la concesión de los caminos viales, donde se quedaron con 2 mil kilómetros de rutas pavimentadas, a cambio de cobrar peaje a los transeúntes. Y durante años esas concesiones acumularon quejas y multas, por el mal estado del asfalto, repleto de baches y falto de mantenimiento.
Yacyretá
Considerada como “el monumento a la corrupción”, los Roggio también participaron de las obras de la represa Yacyretá. Lo hizo como accionista minoritario de la firma Empresas Reunidas Impregillo Dümez para Yaciretá (Eriday). La mitad del paquete accionario de ese consorcio estaba en manos de las empresas multinacionales Dümez e Impregilo, mientras que la empresa comandada por Aldo Roggio tenía el 3,03% de participación. También participaron otros socios como Sideco y Supercemento, de la familia Macri, Techint, Sade, Cartellone, entre otros socios del club de la obra pública.
En 1990, el asesor de la Inspección General de la Justicia, Antonio Roque Casabona, presentó una denuncia contra Eryday, al asegurar que la empresa recibía reembolsos de importación por el empleo de materiales que no debían tenerlos, por unos 2.000 millones de dólares.
En el caso que involucraba a los cordobeses bajo las órdenes de Aldo, en el nomenclador arancelario se especificaba un reintegro impositivo del 15% si se utiliza cemento sintético elaborado por industrias químicas. Pero los Roggio solo compraron hormigón fresco, hecho de piedra, arena, y cemento portland tradicional.
Yacyretá, en su totalidad, costó U$S 11.500 millones al Estado. Pero el presupuesto original era de solo U$S 1.500 millones.
https://es.wikipedia.org/wiki/Represa_de_Yacyret%C3%A1
Sobres para el periodismo
Un antecedente menos recordado pero más polémico, fue que en los años noventa se hizo público que Aldo Roggio entregaba dinero en efectivo a renombrados periodistas, sin que hubiera retribución alguna, como por ejemplo, una pauta publicitaria para alguna propaganda tradicional en algún medio.
El propio empresario confirmó dos casos: Daniel Hadad, creador y actual director del portal InfoBae, y Marcelo Longobardi, conductor radiofónico. Ambos eran los conductores de un programa televisivo llamado Hadad & Longobardi, que se transmitía por América TV. El contenido del sobre: unos tres mil dólares.
En el libro de Majul, Aldo Roggio señala que en realidad ese sobre figuraba en los balances de pagos de Benito Roggio e Hijos, con lo que en realidad era financiado por la propia firma. “Creo que hay que apoyar al periodismo globalmente, igual que se apoya a los partidos políticos”, fue la defensa de Aldo.
En ese entonces, la dupla de periodistas fue parodiada por el programa Peor es nada, de Jorge Guinzburg y Horacio “el Negro” Fontova, en el sketch titulado Tharad & Mongobardi, donde los señalaban como comunicadores oficialistas defensores de la gestión de Menem.
Aquella imagen de Guinzburg y Fontova juntando la lluvia de sobres se transmitió por televisión en 1994, el mismo año que Majul publicó su libro, donde incluía la confesión de Aldo Roggio sobre las coimas a periodistas. A pesar de eso, en los años siguientes se lo siguió presentando a Aldo como un referente a seguir, como sucedió en el evento coordinado por Pablo Rossi en el 2012.
Por esa razón el “dueño de Argentina” Aldo Roggio, que colonizó a mansalva las contrataciones públicas, demandó un largo tiempo para que todo ese poderío acumulado fuera puesto en jaque, gracias a la impunidad otorgada por la prensa “independiente” durante décadas.
Próximamente: Biografía no autorizada de Aldo Benito Roggio II: De colonizar la obra pública al holding de la corrupción
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