En Córdoba en tres años han caído en desgracia el sindicalista municipal Rubén Daniele del SUOEM; la seccional local de la UTA que encabezaba el metrodelegado Marcelo Marín; Mauricio Saillén, de los recolectores de basura de SURRBAC; y la conducción de Luz y Fuerza liderada por Gabriel Suárez. Enfrentados todos ellos con el intendente Ramón Mestre o el gobernador Juan Schiaretti. Del Ministerio de Trabajo hasta el Poder Judicial, pasando la UIF (Unidad de Información Financiera) las herramientas variaron poco para reducir y disciplinar a los gremios cordobeses con mejores niveles salariales. Haciendo que en Córdoba, que luce los más altos índices de desempleo, malestar en el empleo, y pobreza del país, tenga una insignificante conflictividad social. Imitando así Schiaretti y aún superándolo en su duración, al Unicato de los hermanos Miguel y Marcos Juárez (1877 – 1890) que detenta mediante el control de la Legislatura, la Justicia, y los medios de prensa que sobreviven gracias a la pauta oficial.
Por Redacción – 8-10-19
Se atribuye al hacendado y político conservador Robustiano Patrón Costas, gobernador de Salta y candidato a presidencia de la Nación, haber dicho: “Lo que yo nunca le voy a perdonar a Perón es que durante su gobierno y luego también, el negrito que venía a pelear por su salario se atrevía a mirarnos a los ojos. ¡Y ya no pedía. Discutía!”
En la Córdoba del gobernador Juan Schiaretti y el intendente Ramón Mestre parece suceder algo parecido. Empezó en Buenos Aires para terminar desplazándose a Córdoba, explicó el histórico abogado laboralista Pedro Mendizabal. Una a una, diversas causas penales taparon de lodo a algunos de los más importantes dirigentes locales, a partir de denuncias de particulares u organismo públicos.
Más allá de los costos personales que podrían pagar los detenidos Mauricio Saillén y Pascual Catrambone, del SURRBAC, y en menor medida Gabriel Suarez y la cúpula de Luz y Fuerza –solo imputados hasta el momento-, se trata de gremios que enfrentan con distinta intensidad al gobierno de Juan Schiaretti.
Ver Mauricio Saillen, CGT Rodríguez Peña: “La mafia de la Fetap hace y deshace como quiere”
Ya sea en el terreno político electoral, integrando la lista del Frente de Todos que compite con La Lista Corta que impulsa el gobierno provincial, o por la gestión de Epec y la vigencia del convenio colectivo. Al mismo tiempo, ambas organizaciones sostienen de los mejores niveles salariales y condiciones de trabajo del concierto local. ¿Un proceso se relaciona con el otro?
El cordobesismo vio históricamente en esas organizaciones gremiales como el último escollo a domesticar de lo que fuera el orgulloso movimiento obrero provincial.
Así, en una semana donde el secretario General de la CGT Regional Córdoba, y titular del Sindicato de Empleados Públicos, y a la vez sempiterno diputado oficialista, José Pihen, aceptaba con estudiada parsimonia el bono de escasísimos 3 mil pesos para los trabajadores del Estado provincial, patrulleros de diversas fuerzas de seguridad se desplegaban con espectacularidad en la sede del gremio de Agustín Tosco para un allanamiento ordenado por la justicia federal. Y la dirigencia del SURRBAC confirmaba que su estadía en la cárcel Bower, por orden del juez federal Bustos Fierro, será a plazo extendido.
En la misma línea, aunque con métodos instrumentados por el Ministerio de Trabajo de la Nación, el SUOEM vio descabezada su conducción histórica, cuando la cartera laboral impidió que el dirigente municipal Ruben Daniele se presentara para un nuevo mandato, accediendo así al pedido del intendente de la capital provincial, Ramón Mestre.
El jefe comunal ya había conseguido en 2017 que el ex ministro Jorge Triaca realizara un movimiento de pinzas con la conducción nacional de la UTA, para intervenir la seccional local y dar de baja el convenio colectivo de Atilio López. El dirigente de UTA que llegó a ser vicegobernador y fue asesinado por la Triple A. De esta forma, el cuarteto más mentado del gremialismo cordobés quedó a la defensiva o simplemente desactivado.
Allanamientos en Luz y Fuerza
Desde el gremio con sede en calle Deán Funes dicen que la causa se disparó a partir de una operación mediática, después que trascendiera nacionalmente la detención del hijo de Tosco, Héctor, durante una marcha del sindicato donde hubo represión con balas de goma y pedradas surtidas. En esa oportunidad, los policías dispararon a la cabeza y no a las piernas como indica el protocolo. El mismo Suárez mostró un raspón en la cabeza durante una conferencia de prensa posterior a las detenciones, producto de la puntería policial.
El lunes siguiente a los hechos el diario La Nación, a través de su corresponsalía local, publicó una nota sobre una investigación de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que tenían en la mira al gremio por “supuesta asociación ilícita, lavado de activos y defraudación”.
A los 10 días se realizaron los allanamientos a toda orquesta, explica el vocero de Luz y Fuerza Dante Maldonado. Suarez y otros dirigentes están imputados.
Más allá, la actividad gremial y judicial del sindicato de Epec viene en alza desde que se iniciara la andanada del gobierno provincial contra el convenio colectivo, que modificó por ley sin tener la potestad, y previamente había intentado denunciar en el Ministerio de Trabajo que comandaba Jorge Triaca, con todo el apoyo del entonces ministro.
Al mismo tiempo, Héctor Tosco denunció en stripteasedelpoder.com persecución política y personal en la empresa, y la irrupción de gerentes de la ex Kolektor para tercerizar a mediano plazo el cobro de la facturación, tal como ejerce con la recaudación de impuestos en Rentasde la Provincia.
Ver Héctor Tosco habla de persecución política en EPEC: “Schiaretti de hoy es el Lacabanne de ayer”
En Luz y Fuerza dicen que pesa también en el historial la resistencia a la privatización de Epec que intentó el fallecido José Manuel De la Sota en 2001. Y que el periodo macrista renovó la atención sobre la empresa eléctrica integrada, dado que los intereses del Presidente y sus compadres empresarios Marcelo Midlin (Pampa Energía y apuntado como socio de Macri) y Nicolás Caputo (socio en varios emprendimientos y ‘hermano del alma’) se enfocan en la energía como ámbito de negocios.
Afirman que la amistad de Schiaretti con Macri selló la suerte de la relación del gremio con la Provincia porque interfiere con el desarrollo de esos negocios. “De los tres convenios de Luz y Fuerza en vigencia el de Córdoba es el único que no se tocó porque no lo permitimos. El nacional y el de Capital Federal fue modificados a la baja y hoy favorecen a los amigos de Macri. A nosotros nos quieren imponer lo mismo”, resumió Maldonado.
Pero el trasfondo hay que buscarlo tanto en las acusaciones al directorio de la compañía y a varias consultoras por “ofrecimiento fraudulento de valores negociables y balances falsos” donde salta a la vista el proceso de descapitalización de Epec que significó el convenio entre Epec y la firma Electroingeniería por la Central Pilar.
Con esa movida el sindicato, quizás sin advertirlo, metió los dedos en un enchufe con miles de voltios. Dado que la construcción de dicha central por parte de la constructora de fuerte crecimiento durante el kirchnerismo había sido motivo de denuncias penales por parte de oposición juecista por los enormes sobreprecios de la realización de la obra, y del contrato de mantenimiento de ella, con valores aún más absurdos.
Se trata de la obra emblemática del primer gobierno de Schiaretti (2007-2011) que representa un enorme negociado, ensuciando enormemente los balances de Epec, imposibilitada de amortizar esa usina generadora de energía por sus enormes costos financieros. Además de no brindar la usina la potencia comprometida, ello derivó en el dibujo de los balances de la YPF cordobesa.
El negociado con el patrimonio público, cuya causa no avanza al ritmo de la que investiga los cheques del sindicato, tuvo su origen en un pequeñísimo llamado a licitación pública publicado exclusivamente en el diario cordobés La Voz del Interior, como para garantizar que solo fuera Electroingeniería el único oferente. Así sucedió.
La caída de Rocky Saillén
Respecto Mauricio Saillén, el recolector con pasado de boxeador amateur, tiene ámbito de actuación gremial dentro de la órbita de municipal del radical Ramón Mestre. Pero su camino lo cruzará inexorablemente con el justicialismo, cuando en diciembre asuma Martín Llaryora.
Esa situación lo hermana con Suarez, de punta abiertamente con Schiaretti. Las causas por las que está detenido comenzaron en la justicia provincial, que incluso designó tres síndicos para que auditaran la mutual, que presuntamente hacía préstamos usurarios a los afiliados entre otros delitos.
Las denuncias que finalmente derivaron en la detención de Saillen, su adjunto Catrambone, y otros dirigentes y profesionales que asesoran al gremio, recayeron en la fiscalía a cargo de Raúl Garzón. De buena relación con el Fiscal General Adjunto de la provincia Héctor “Chirola” David, quién monitorea toda causa judicial de interés para el gobierno provincial. David tiene relación de mando con todos los fiscales, incluso los del Fuero Anticorrupción, y recibió su matrícula de abogado un año antes de asumir en 2014.
Por su parte, Garzón está haciendo carrera con las investigaciones a sindicalistas. Y recientemente recibió la instrucción de parte de David para que sea el único fiscal en la capital provincial que intervenga en todas las protestas y cortes de calles en Córdoba. La decisión se tomó después de la represión a la marcha de Luz y Fuerza donde detuvieron a Tosco hijo.
Saillen no saldrá por varios meses piensan en tribunales federales. Más que problemas con los balances del gremio y la mutual, el dirigente debe poder explicar el origen de su buen nivel de vida. Y el entramado de firmas contratistas del servicio de basura de la capital, donde interviene él, o sus parientes y allegados, las chapas patentes de taxi de Catrambone, etc. Para peor Alberto Fernández pidió que Franco, el hijo, renuncie a la candidatura en la lista de diputados, al igual que Sergio Massa. Pero no lo hizo ni lo va a hacer, dicen en el sindicato.
Sin embargo se destaca que el Surrbac logró este año una actualización salarial del 46%. Desde la CGT Rodríguez Peña aducen que ahí está el problema de Saillén, y no en su lujoso nivel de vida que exhibe hace años.
Situación que se agrega al momentum de las finanzas municipales, por la necesaria redeterminación de precios de los contratos de recolección de residuos por la devaluación permanente de la gestión Cambiemos. El último número que se difundió públicamente estimó en 457 millones el gasto mensual por el servicio. Su multiplicación inflacionaria pone en crisis la ecuación donde el acuerdo salarial del SURRBAC tiene un papel fundamental.
Gringo viejo
Suerte similar corrieron los municipales a manos de Ramón Mestre. Los afiliados del SUOEM vieron proscripto a Rubén Daniele por intervención directa del Ministerio de Trabajo en una asamblea para designar candidatos a dirigir el gremio, que hasta La Voz del Interior consideró “atípica”. Dos días antes Triaca había visitado al Intendente en su despacho municipal.
Mestre intentó con varios decretos jubilar anticipadamente al gringo porque así dejaría de ser secretario General ya que el estatuto obliga a que sea un trabajador activo. Pero siempre fracasó en la justicia.
Incluso un juez habilitó un amparo para que Daniele pudiera presentarse. Solo cuando se movió Triaca y amenazó con intervenir el gremio, se descomprimió la situación. El dirigente optó por dar un paso al costado y resultó finalmente electa como conducción máxima la docente Beatriz Biolatto. La salida del cargo de Daniele fue comentada con sorna en la mayoría de los medios locales, inyectados de la bilis que facilitaron a la población durante años.
La contrapartida para que la transición de conducción del sindicato no se alborote fue un acuerdo salarial que actualiza mes a mes la inflación. En ese sentido, se supo que septiembre contra el mismo mes de 2018, los municipales acumularon un 55% de recomposición. Fue el precio que aceptó pagar gustoso Mestre para descabezar el gremio.
Se podría avizorar otra fuente de conflicto en la Municipalidad para el 2020, cuando el electo intendente Llaryora oriundo de San Francisco, esté instalado en el Palacio. Y haga efectiva su residencia permanente en la ciudad, que lo eligió como primer intendente peronista después de 40 años. Cada año se acuerda la renovación de los ítems de prolongaciones de jornada, bonificaciones salariales y horas extras que -en promedio- suponen el 50% de los salarios de bolsillo.
Hubo un amague piloteado por el diario Alfil, que el SUOEM no compró, cuando la semana pasada publicó que un decreto de Mestre, dejaba al siguiente gobierno municipal definir ese detalle a partir del 9 de diciembre. Pero desde el gremio dijeron que esos ítems se definen en enero “como todos los años”. El decreto de marras se refería a quienes no habían conformado el trámite burocrático este año, explicó el vocero gremial, Damián Bizzi.
Lo cierto es que Daniele quedó en un limbo donde la Municipalidad niega que continúe siendo trabajador activo, después que Mestre emitiera una decreto ad hoc, y el dirigente niega estar jubilado porque “ni siquiera empecé el trámite y no es potestad del Ejecutivo jubilar a nadie sino la Caja de Jubilaciones de la provincia”.
Choferes
A este panorama se suma la UTA, que resultó intervenida por la conducción nacional y vivió una de las huelgas más duras que se recuerde, por su extensión y acatamiento. El saldo después de 9 días de medidas de fuerza fue de 183 despidos, incluido el cuerpo de delegados. Con una dada de baja del capítulo cordobés del convenio colectivo que había logrado la seccional en 1975, un año después de la muerte de Atilio López acribillado por la Triple A.
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Aquella conducción logró ostensibles mejoras de condiciones de trabajo, la jornada laboral con una hora menos que a nivel nacional, e ítems remunerados que marcaron un plus diferencial respecto al convenio general del sector.
Mientras las empresas concesionarias siguen con sus atávicos problemas financieros, que teóricamente antes eran consecuencia de la aplicación del convenio Atilio López, UTA nacional impuso una comisión local que no tuviera ningún cruce de palabra con el intendente. Allí el Ministerio de Trabajo provincial tuvo un papel clave.
Los cambios y la designación de dirigentes del agrado de la cúpula nacional del gremio, no trajo la paz esperada al punto que este año, muchos de los despedidos de 2017 tomaron la sede del gremio reclamando sus puestos de trabajo. Así y todo, el golpe que sufrió el espíritu combativo de la UTA Córdoba difícilmente vuelva de resurgir, para tranquilidad de Mestre y el intendente que lo sucederá.
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Por qué la baja conflictividad
La falta de respuestas de una dirigencia sindical tradicionalmente combativa es uno de los puntos más llamativos de la coyuntura que atraviesa el movimiento obrero cordobés. Ya en 2017 cuando el conflicto de los choferes urbanos copó la agenda sindical, solo algunos gremios, las distintas CTA y la CGT Rodríguez Peña salieron a respaldar a los huelguistas.
Si bien hubo declaraciones generales y comunicados de prensa de rigor, todo el proceso ha mantenido estruendosamente callado a una CGT dirigida por el diputado oficialista Pihen, que mantiene su adhesión al gobierno de Schiaretti. Como máximo signo de rebeldía Pihen solo atina a ausentarse de las votaciones, cuando se tratan los proyectos más ‘gorilas’ que manda el gobernador. Tal fue el caso de la ley para regular los servicios mínimos en caso de paro, que hizo votar Schiaretti con apoyo de la coalición Cambiemos (de nuevo).
Más aún es difícil de entender la baja conflictividad habida cuenta de los últimos datos del INDEC, que ubican a Córdoba como el segundo conglomerado urbano con mayor desocupación con el 13,1%, y de malestar en el empleo, al tener los mayores índices de ocupación y subocupación demandante.
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Desde comienzos de año que los números condenan a la provincia en términos laborales, con la caída del empleo privado, que Stripteasedelpoder detalló en su oportunidad. A lo que se suma índices de pobreza e indigencia similares al conurbano de Buenos Aires, siendo el Gran Córdoba el segundo conglomerado del país en cuanto a la cantidad de ellos.
Ver 20 años cordobesismo: el desplome del empleo en Córdoba explica el crecimiento de la pobreza
Ver INDEC: malestar en el empleo llegó al máximo con Macri y al tope esta Córdoba de Schiaretti
El abogado Mendizabal, histórico asesor de Pihen pero también del SURRBAC en materia laboral, del gremio de la alimentación, telefónicos y tantos otros, sostuvo para este reportaje que “pese a que la situación está cada vez más complicada para los trabajadores, con una crisis casi terminal, la conflictividad está agazapada. No aparece todavía”. Y se preguntó si obedece a que el gobierno provincial cuenta con política social para contener la demanda. Otra alternativa es que los gremios con mayor tradición combativa estén supeditados a atender el frente judicial.
El revival del Unicato cordobés
De esta manera el cordobesismo con Schiaretti a la cabeza, ha logrado consolidar definitivamente un unicato similar al de los hermanos Miguel y Marcos Juarez. Que gobernó Córdoba y el país entre 1877 y 1890, al que incluso superó largamente en su duración. Que igual que el actual, tenía su centro de acción en El Panal, denominación que también se ha dado a la nueva Casa de Gobierno.
A cuya vera como un símbolo de su dependencia, el rereelecto gobernador Schiaretti va inaugurar el día de su asunción, el nuevo edificio de la Legislatura unicameral. Acorde con la impronta propia de los gobernantes conservadores, de que gobernar es hacer obras faraónicas, en este caso con las mismas empresas que en el país y la región están siendo investigadas por delitos gravísimos. A la par que al malestar social y la pobreza se la controla y se la explota con el clientelismo político como fuente de votos.
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Siendo sus soportes esenciales el control de esa Legislatura, en violación al sistema de representación proporcional. De la Justicia, controlada por un Consejo de la Magistratura, que depende de la Legislatura. Y de los grandes medios de comunicación, que como los del grupo Clarín, sobreviven gracias a la generosa pauta oficial.
La que se ve automáticamente recortada si aparece alguna información que disgusta al secretario de Comunicación y Conectividad Manuel Calvo, futuro vicegobernador de Córdoba, que se ha convertido en el gran disciplinador de la prensa local.
Y el ejemplo de Schiaretti como amo y señor de Córdoba, parece cundir en el país. Recientemente el flamante gobernador electo de Mendoza, el radical Rodolfo Suarez, dijo que “admira al gobierno del cordobés Juan Schiaretti: “Me gustó cómo consolidaron un proyecto con De la Sota. Ojalá podamos transitar del mismo modo en Mendoza””.
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