Que el lago San Roque esté contaminado e inunde con olores nauseabundos a Villa Carlos Paz y los pueblos serranos durante la temporada de verano, es gracias a Fabián López. Que la Provincia haya trazado diez gasoductos troncales, y que cuatro de ellos fueran construidos por la polémica constructora brasileña Odebrecht -evitando un conflicto con Paolo Rocca y el poderoso Grupo Techint- es gracias a Fabián López. Que Córdoba logre avanzar en obras viales, pese a que el presidente ultraderechista Javier Milei cerró el grifo de la obra pública, es gracias a Fabián López. Que el Grupo Roggio haya instalado un depósito de residuos peligrosos en una zona inundable, generando uno de los mayores desastres ambientales del Gran Córdoba, también es gracias a Fabián López.
Militante del Movimiento de Liberación 29 de Mayo (ML 29) de Carlos Vicente durante la primavera alfonsinista, ya recibido como ingeniero civil, especializado en hidráulica en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Fabián López fue uno de los armadores del izquierdista Frente Estudiantil Santiago Pampillón en la Escuela de Lenguas de la UNC.
En 1986, luego de la firma de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, Vicente desde Córdoba, con la adhesión de algunos bonaerenses como Néstor Rompani de la Organización de Trabajadores Radicales (OTR) forman la línea interna Radicalismo de Liberación y un año después conforman el Movimiento Radicalismo de Liberación 29 de Mayo.
Al que posteriormente inscriben en la Justicia Electoral con el nombre de Movimiento de Liberación 29 de Mayo, adoptan el ideario de Agustín Tosco y se desafilian en masa del radicalismo que lideraban el gobernador Angeloz en Córdoba y el presidente Raúl Alfonsín a nivel nacional. Fabián López estuvo en todo ese proceso hasta qué sin explicaciones, a mediados de 1989 abandonó la militancia izquierdista y se fue a su casa:
“Nosotros como ML tuvimos una diáspora muy importante con la caída del Muro de Berlín y derrota de los sandinistas en Nicaragua; como decía (Francis) Fukuyama, estábamos ante ‘el fin de la historia’ o la victoria del neoliberalismo sobre la utopía socialista o un mundo más equitativo. Incluso en Argentina, con el triunfo del menemismo con las banderas peronistas de Salariazo y Revolución Productiva; que abandonó rápidamente y abrazó al neoliberalismo, como ocurre ahora con el gobierno de Javier Milei, en el mayor proceso de desindustrialización y de trasnacionalización de los recursos nacionales al capital extranjero.”
“El proceso electoral de 1989, en el que gana (Carlos) Menem y nosotros como Izquierda Unida tuvimos un papel testimonial desde lo electoral, pero muy activo de resistencia en las calles y en la acción política; también impactó en nuestra militancia. Pero Fabián López no se fue con el grueso de los compañeros que se fueron ahí; él se fue antes, inexplicablemente”; confió a Stripteasedelpoder.com un ex compañero de militancia del ahora ministro de Infraestructura y Servicios Públicos del Gobierno de Martín Llaryora.
Entre 1999 y 2001, Carlos Vicente fue diputado provincial del Frepaso y se opuso a la Ley del Estado Nuevo impulsada por el gobernador José Manuel de la Sota, quien había asumido el 12 de julio de 1999. Mientras que entre 2007 y 2011 fue viceintendente de la Ciudad de Córdoba por el Frente Cívico de Luis Juez, durante la intendencia de Daniel Giacomino.
Tras abandonar su militancia, López desarrolló su actividad como ingeniero civil y realizó una maestría en Ingeniería Civil de la Universidad de Illinois, en EE.UU. –egresó como Master of Science- y un doctorado en Filosofía, de la misma casa de altos estudios.
Con el bagaje de la militancia izquierdista y los pergaminos académicos, López logró acceder a una beca como Investigador Científico del CONICET, pero además, se desempeñó en el Centro de Investigación de la Región Semiárida (CIRSA) con sede en Villa Carlos Paz, donde desarrollaban investigaciones cerca de un centenar de científicos. Esa sólida formación técnica hizo que el ingeniero hidráulico Hugo Testa, un cuadro político y técnico del delasotismo, se fijara en él. Testa y López se conocían porque ambos son especialistas en Hidráulica.
Sempiterno funcionario
El 12 de julio de 1999, cuando terminaba el siglo XX y el ciclo de 16 años de gobiernos radicales, José Manuel de la Sota llegó al poder en la provincia mediterránea. Siete meses antes, el 20 de diciembre de 1998, el candidato peronista de Unión por Córdoba triunfó frente al alicaído Ramón Bautista Mestre, un radical que intentó ir por la reelección con todos los pronósticos en contra: la Iglesia, los docentes y el personal de la Salud militaban con justa razón para la oposición, sumado a la seductora propuesta delasotista de una rebaja impositiva del 30%.
Con De la Sota en la gobernación, llegó Carlos Caserio al poderoso Ministerio de Obras Públicas, la caja de la política. Dirigente del peronismo del Valle de Punilla, el ministro movía los hilos políticos, pero quién verdaderamente conocía el territorio de la obra pública, los presupuestos y las empresas era el ingeniero Testa, un dirigente del peronismo de Alta Gracia, quien asumió como secretario de Obras Públicas.
Bajo el paraguas de su colega Hugo Testa, Fabián López ha estado presente en las decisiones más trascendentales de la obra pública cordobesa y el mantenimiento de los servicios públicos del presente siglo. Fue coordinador de la Comisión Asesora de Ingeniería y Arquitectura del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICOR) entre 1998 y 2000. Hasta 2002, López integró el directorio de la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento (DiPAS), para luego pasar a ser su único director hasta 2006.
El ascenso del ingeniero López coincidió con que Caserio dejara el Ministerio en 2003 y se fuera al Congreso como diputado nacional hasta 2007; siendo reemplazado como ministro de Obras Públicas de la Provincia, por Hugo Testa.
Con la llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia, el 25 de mayo de 2003, la relación con el gobernador De la Sota se canalizó principalmente a través de Julio de Vido, ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de Argentina hasta 2015; gracias a que en gran medida la obra pública provincial contó con financiamiento de la Nación.
Por esta buena relación entre De la Sota y De Vido, Fabián López es designado en 2006 como subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, en los tramos finales del gobierno de Néstor y durante todo el primer mandato de su esposa, Cristina Fernández. Durante el cual su jefe fue el secretario de Obras Públicas, José López, que se hizo conocido como ícono de la corrupción kirchnerista al ser filmado en junio de 2016 ingresando bolsos conteniendo cerca de nueve millones de euros y dólares hacia el interior de un convento.
En 2019 López fue sentenciado a seis años de cárcel. En el juicio se demostró que parte de la coima recibida por López llegó del Banco Finansur, propiedad de un ex tesorero de Boca y aportante a la campaña presidencial de Mauricio Macri en 2015.
El cordobés López trabajó hasta 2012 con el bolsero López; regresando a Córdoba en 2013 ya como ministro de Agua, Ambiente y Servicios, durante el tercer mandato de De la Sota como gobernador.
Desde su llegada a la función pública como funcionario de segunda línea, ya sea en la Provincia como en la Nación, Fabián López siempre supo qué esclusa activar o qué válvula cerrar para mantener el flujo de poder.
San Roque, el pozo negro del cordobesismo
Rodeado por localidades del sur del Valle de Punilla, la principal es Villa Carlos Paz, el embalse del San Roque padece desde hace décadas un proceso bioquímico llamado eutrofización o hipereutrofización: la proliferación de algas y cianobacterias que se alimentan de los restos orgánicos volcados sobre el lago; los que provienen en gran parte de desechos cloacales, sin el tratamiento sanitario adecuado.
El famoso lago San Roque, que fue el primer gran monumento a la corrupción en la obra pública, se ha convertido en el “Riachuelo” de la provincia de Córdoba. A diferencia del extenso curso de agua que atraviesa distintas zonas del Conurbano bonaerense, hasta desembocar sobre el Río de la Plata, el principal espejo de agua provincial desde lo turístico y social; es noticia todos los veranos –cuando se duplica la cantidad de habitantes- por la notable presencia de contaminantes; pese a ser la principal fuente de agua que consume las dos terceras partes de la ciudad de Córdoba, el principal centro urbano de la provincia.
Viejo Dique San Roque: el monumento a la corrupción de Roca y Juárez Celman
Si hay una figura a la que siempre se le endilga la responsabilidad de la situación del lago San Roque es el “anfibio” Fabián López. Ya en abril de 2003, cuando estuvo al frente de la DiPAS, Fabián López aseveró que el lago iba a quedar transparente, tal como le acredita la publicación obtenida del archivo de la ONG vecinal ADARSA, perteneciente a El Diario de Carlos Paz.
Pasaron tres años y el lago San Roque no se transparentó. Por el contrario, la cuestión se enturbió cuando el cordobés López ascendió al cargo nacional, dependiendo del bolsero José López. Desde sus respectivos cargos, Fabián y José anunciaron una prometedora planta de efluentes cloacales, solventada con fondos nacionales, que se concretó en Villa Carlos Paz y que con eso iban a solucionar el problema.
Quien se hizo cargo de la obra es el eterno Grupo Roggio, en unión con la también cuestionada empresa local Electroingeniería. La inauguración de la planta la efectuó en enero de 2008, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner acompañada del gobernador Juan Schiaretti. También estuvieron los financistas de la obra, el ministro de Planificación e Infraestructura Federal, Julio De Vido, quien también recibió carpetazos judiciales por su administración y los dos López.
Paralelamente a los anuncios de CFK y Schiaretti desde Villa Carlos Paz; en ese mismo verano comenzó la instalación de aireadores en las cercanías del paredón del dique, mediante tuberías que inyectaban aire a presión en la olla del lago; asegurándose que con ese complejo de obras adjudicadas a las megaconstructoras amigas, se lograría la ansiada transparencia; pero las aguas y los negocios siguieron bajando turbios.
Lago San Roque el pozo negro del cordobesismo
Ya regresado a Córdoba, tras seis años en la Nación con José López y Julio de Vido como jefes técnicos y políticos; Fabián López tuvo que buscar la vuelta de meter la bombilla en el mate para solucionar el problema del San Roque. Muy lejos de sus pronósticos de “transparencia”, una de sus curiosas declaraciones públicas en el año 2016, flanqueado por el entonces ministro de Ambiente nacional el rabino Sergio Bergman, fue la limitada esperanza de que el San Roque no se convierta en el nuevo Riachuelo.
Sin importar la contaminación en el San Roque, el ministro Fabián López dio el OK para que el gobernador Schiaretti levantara sobre la superficie del lago, el magnífico puente “José Manuel de la Sota”, un reconocimiento al gobernador fallecido en septiembre de 2018. La obra civil quedó a cargo de la empresa Astori, cuya presidenta fue patrona y ahora gran amiga del gobernador Juan Schiaretti.
Como socio del clan Astori jugó la constructora Chediack, cuyo titular del mismo apellido es de los confesos pagadores de coimas en el escándalo de las fotocopias de los Cuadernos, donde también está procesado José López, y es el caballito de batalla de Comodoro Py, o Comodoro PRO, como se conoce en el ambiente político a esta terminal judicial manejada por Mauricio Macri.
El “Negoción” del puente más grande de Córdoba, a cargo de empresas amigas y coimeras
En pleno auge del macrismo, en 2017, Juan Chediack, se presentó como arrepentido en el escándalo de la causa del Cuadernogate en Comodoro Py. Lo hizo después que el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Carlos Wagner, confesara que Chediack era uno de los empresarios que pagaban sobornos, como integrante del “Club de la obra pública”.
Dichas investigaciones señalan que la entidad gremial de las constructoras era el lugar donde se armaban las licitaciones a medida, con qué ofertas, y qué retribución recibían los que no ganaban; el proceso de cartelización de la obra pública que se repetía a nivel nacional y provincial. Al igual que Wagner, Chediack también fue titular de la CAC 2014 y 2016. Chediack falleció en un siniestro aéreo en septiembre de 2023.
El mafioso cartel de constructoras fue denunciado en 1981 y estaban los Macri, Rocca, Pérez Companc, y otros
Córdoba: ¿Cómo se “construyeron” las campañas de De la Sota y Schiaretti?
En 2019, la Provincia y la Municipalidad de Villa Carlos Paz firmaron un Plan de Saneamiento, que consistió en el avance de la obra de cloacas, controles permanentes para evitar todo tipo de volcamientos; además de la puesta en marcha de un laboratorio de biorremediación, y la limpieza de las costaneras, tanto del lago como del río San Antonio.
Dos años después, en 2021 se dio a conocer la etapa final de la Red Colectora Cloacal Máxima de la Cuenca Media y Cuenca Baja para el saneamiento del lago San Roque. En el caso de la Cuenca Media, que abarca a las localidades de Bialet Massé, Santa María de Punilla y Cosquín, la obra fue construida por Supercemento SAIC y Bassa SA, la flamante empresa de Horacio Miró, señalado de haber sido testaferro de José Manuel de la Sota.
Mientras que Supercemento fue socia del grupo Roggio y Odebrecht en una planta potabilizadora del Tigre, que ha abierto una causa penal por malversación de fondos, en donde nuevamente los dos López fueron funcionarios públicos encargados de la supervisión de los trabajos.
El negocio con Odebrecht en Argentina
La familia “encuadernada” de los Roggio y los Odebrecht habían trabajado juntos en ’90 menemistas para construir la Central Hidroeléctrica Pichi Picún Leufú, en Neuquén. Veinte años después, volvieron a ser socios en la construcción del “Sistema de Potabilización Planta Paraná de las Palmas”, ubicado en la región del Nordelta, junto con Supercemento SAIC y José Cartellone Construcciones Civiles SA.
En agosto de 2008, se concretó la adjudicación a la UTE, cuyo plazo de ejecución sería de 36 meses, pero tardaron prácticamente diez años. Según constató la Auditoría General de la Nación (AGN), hasta diciembre de 2012, cuando debía estar concluida la obra, el valor del contrato se incrementó en un 78% respecto del monto contractual original.
Como justificativo por las demoras y las actualizaciones de costos, los empresarios esgrimieron excusas como demoras en la llegada de los créditos desde Brasil; o diferencias con el municipio del Tigre por el movimiento de vehículos para las obras. El resto del financiamiento provino de fondos de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSéS).
En noviembre de 2024, la Cámara de Casación confirmó la elevación a juicio contra Aldo Roggio, Marcelo Odebrecht, Carlos Wagner y otros empresarios, junto a conocidos ex funcionarios por el pago de coimas, cartelización y desvío de fondos. A mediados de 2025, fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El Grupo Roggio implicado en las coimas de Odebrecht
La causa judicial por las posibles irregularidades en el “Sistema de Potabilización Planta Paraná de las Palmas” del Nordelta involucra a funcionarios públicos y empresarios, procesados por el direccionamiento de la licitación, la existencia de enormes sobreprecios en esas obras y desvío de fondos a cuentas offshore; mismo modus operandi que en la causa de las fotocopias de los cuadernos de Oscar Centeno, el ex agente de inteligencia y chofer de Roberto Baratta, ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal.
En esta causa de Tigre, los acusados son el ex ministro Julio De Vido, el secretario José López, los empresarios Aldo Roggio, Carlos Wagner, entre otros. El cordobés Fabián López ni siquiera está nombrado en la investigación.
Del agua al gas
El salto de Nación a Provincia en 2013, le implicó a Fabián López ampliar su área de acción desde las obras de agua y saneamiento –su metier- a los trazados de gasoductos. Al haber manejado los recursos hídricos durante el Gobierno kirchnerista, entre 2006 y 2012, López no tuvo una participación directa en el primer lanzamiento licitatorio de los gasoductos troncales cordobeses, impulsado desde su primera gestión por Juan Schiaretti (2007-2011).
Esa contratación quedó trunca al no llegar los fondos desde Brasil, sumado a las tensiones políticas que comenzaron a vivirse entre Córdoba y la Nación, tras la Guerra Gaucha de las patronales del campo contra el gobierno de CFK, desde marzo de 2008. A esa tensión interna, hay que sumarle la crisis en Brasil, donde estalló el Lava Jato que salpicó a las empresas constructoras Odebrecht y Andrade Gutiérrez, ligadas a la obra pública cordobesa.
Fabián López, sí se encargó de ponerle un punto final al caso, mediante el polémico Decreto N° 443/2015, lanzado en el tramo final del último mandato de José Manuel de la Sota, donde se estableció pagar a las empresas que habían ganado la licitación, liderada por Andrade Gutiérrez, para recibir millonarios desembolsos por “tareas preliminares” que en realidad nunca realizaron. Con lo cual, funcionó como una suerte de borrón y cuenta nueva para proceder con una nueva licitación.
En la causa del Lava Jato, Andrade Gutiérrez fue investigada y firmó acuerdos de colaboración o delación premiada corporativa con autoridades brasileñas; reconoció su participación en esquemas de corrupción, sobornos y cartel en contratos y se comprometió a pagar multas y devoluciones significativas: por ejemplo, en 2018 firmó un acuerdo para devolver alrededor de 1.490 millones de reales (unos US$ 382 millones en ese momento) por daños y perjuicios, además de colaborar proporcionando información sobre más de 250 personas y 100 empresas involucradas.
El nuevo lanzamiento de los gasoductos, realizado por De la Sota y su ministro López, propuso innovaciones, que consistían en la proyección de diez ramas troncales. De las diez, cuatro se las quedó Odebrecht, la misma empresa extranjera que el propio López, cuando era funcionario de la administración kirchnerista, se encargó de ayudar para la concreción de la planta potabilizadora del Tigre. Pero en el caso de los ductos cordobeses, es una de las pocas obras de la mega-empresa brasilera en todo el territorio argentino que no desencadenó una causa penal. Gracias a la Justicia provincial, Córdoba es quizás la única región del planeta donde operó Odebrecht y no se detectó el pago de coimas.
La condición inicial exigida en los pliegos era que las empresas debían aportar el financiamiento. Así se pautó el 17 de febrero del 2016, en el Centro Cívico, donde el ministro López se lo explicó a los representantes de las empresas IECSA (propiedad del Clan Macri), Electroingeniería (de los cordobeses Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta, ligados al delasotismo y al kirchnerismo) y la brasileña Odebrecht.
EXCLUSIVO: los siniestros mega gasoductos de Macri y Schiaretti
La Legislatura cordobesa avaló el inicio de las obras y en 2017 ya estaban listas para arrancar. Pero se presentó un último, imprevisto, y poderoso escollo: Paolo Rocca, CEO del grupo Techint, quien había participado de la última licitación de los gasoductos, mediante una UTE integrada por las cordobesas Grupo Roggio SA y Boetto Butigliengo SA, habían quedado afuera por presentar un presupuesto 60% más elevado que las ganadoras.
Lo mismo ocurre en la actualidad, casi una década después con la licitación del gasoducto que conecta el yacimiento de Vaca Muerta con el puerto de San Antonio, en las costas rionegrinas; donde el gobierno del ultraderecista Javier Milei acusó a Techint de presentar una oferta con costos de caños con un sobreprecio de 40% y acusar a Rocca de ser “Don Chatarrín”. Un recurso poco gracioso que habla más de la personalidad infantil del gobernante, que del empresario acusado de querer obtener pingües ganancias con la obra pública.
Frente a aquella derrota a la cordobesa, y al igual que el escándalo desatado con Javier Milei, Rocca contempló que no podía competir en precio con el acero chino, ya que las firmas ganadoras habían recurrido a empresas socias de la República Popular de China. Por eso, armó un escándalo político–mediático para que no lo dejen fuera de competencia.
Breve semblanza de los mega lobistas prebendarios Rocca, Bulgheroni, Eurnekian
En 2016, frente a ese escenario, el ministro López tuvo que agarrar su calculadora y anotador para intervenir en los medios de comunicación ante ese raid fuera de cálculo contra el rey del acero: “El año pasado [NdR: se refiere a 2015], la tonelada de caños costaba US$ 2.500, pero hoy [mediados de 2016] cuesta US$ 1.500 en el mercado internacional. Estamos hablando de 52.000 toneladas, hay US$ 52 millones en juego. Hagan el lobby que quieran, no vamos a pagar un centavo más” replicó López, por entonces ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de Córdoba, máximo responsable de las obras. “Córdoba no va a defender el monopolio” completó el gobernador Juan Schiaretti en lo que parecía iba a ser un duro enfrenamiento.
Sin embargo, sabiendo que parte de esas obras estaba IECSA, la constructora de la familia Macri, donde uno de sus miembros, Mauricio, era el presidente de la Nación en ese entonces, decidieron acercar las partes. Y así, se modificó el contrato adjudicado, algo sumamente irregular, donde se acordó que Techint sería proveedor de los caños para la ansiada obra de los gasoductos.
(poner tarjeta de la nota Disputa de acero entre Techint y Schiaretti)
Resuelto el affaire con Techint, Schiaretti y López tuvieron que resolver el próximo paso: el financiamiento externo para solventar estas obras. El 13 de septiembre del 2016, el gobernador de Córdoba firmó el decreto 1250/16, autorizando la emisión de un título público por US$ 260 millones -lo mismo que salía la obra de 2008- a pagar en 10 años, con una tasa del 7,5%, para financiar solamente las obras que estaban a cargo de Odebrecht.
El decreto firmado por el gobernador y el ministro, en sus considerandos establecía que por contrato era Odebrecht quien debía proveerse del financiamiento. Sin explicar motivo alguno, la “adjudicataria”, es decir la propia Odebrecht, debió presentar la “Carta de Financiamiento proponiendo la emisión de un título de deuda pública de US$ 260 millones para costear la obra”.
Pedido al que Schiaretti y López, sin objetar nada, accedieron velozmente. El crédito se consiguió a sólo veinte días de haber sido solicitado, gracias a las buenas gestiones del presidente Mauricio Macri, ex patrón del mandatario provincial en SOCMA durante la dictadura cívico militar y su socio político ya en democracia.
Concretamente, el 3 de octubre del 2016, el Comité Ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSéS, mediante el Acta N° 137, le otorgó un préstamo de US$ 260 millones a Córdoba para financiar los gasoductos de Odebrecht. Dinero que, según el contrato, debía poner la empresa brasileña, pero que lo terminaron pagando con dineros asignados a jubilaciones y pensiones nacionales. El acta fue firmada, entre otros, por Luis “Toto” Caputo, por entonces ministro de Finanzas de Macri y hoy ministro de Economía del presidente Javier Milei. El mismo Caputo, la misma ideología neoliberal y expoliadora.
Macri, Schiaretti y Caputo traspasaron 260 millones de dólares del ANSES a Odebrecht
Los sospechosos de siempre se llevaron puesta la deuda externa de Córdoba
Además, en el decreto 1250/16, en su artículo N°2, Schiaretti y su ministro Fabián López contrataron de manera directa –sin licitación- al Banco de la Provincia de Córdoba y a la financiera porteña Puente Hnos. SA, de estrecha relación con el macrismo, para que lleve adelante la emisión y colocación de los títulos, cuya gran mayoría fueron absorbidos por la ANSeS.
Y por esta colocación, ambas entidades financieras cobraron US$ 3,3 millones en conceptos de “gastos variables”; cifra que representa una elevadísima comisión del 1,2% sobre el total de deuda a emitir: más del doble del 0,55% que pagó por el Megacanje el ex ministro de la Alianza, Domingo Cavallo, operación por la cuál fue procesado.
Durante la gestión de Mauricio Macri en el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Puente Hnos. fue la encargada de colocar, a tasas altísimas en dólares, toda la deuda pública que emitió el PRO, en medio denuncias de irregularidades.
Así, el 12 de enero de 2017, el presidente Macri y el gobernador Schiaretti inauguraron en Córdoba un primer tramo de los tan anhelados gasoductos troncales del cordobesismo en la ciudad de La Calera, que eran los que correspondían a los tramos de Odebrecht. Todo el proceso licitatorio estuvo a cargo del actual ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, el cordobés Fabián López. “Todo se hizo en un marco legal y de total transparencia; ninguno de los que no ganó hizo una objeción, y las únicas objeciones son de algunos legisladores por cuestiones políticas”, se había atajado en ese entonces el funcionario provincial.
El tris de un desastre ambiental
Dos meses después que Schiaretti y Macri festejaran el inicio de obras, junto a los obreros de Odebrecht en La Calera, al otro lado de la ciudad de Córdoba, en marzo de 2017, un aluvión arrasó con la planta de tratamientos de residuos peligrosos e industriales de la empresa Taym, perteneciente al grupo Roggio, ubicado en Alto El Durazno, al sur de la capital.
Los tóxicos fueron arrastrados por el agua y decantaron en el canal Los Molinos -construido costosamente dos veces por el mismo Grupo Roggio- que abastece la planta potabilizadora Bajo Grande, y luego se distribuye en un sector importante de la ciudad: “Estuvimos a un tris de un desastre ambiental”, sentenció entonces el gobernador Juan Schiaretti.
Taym se encuentra en esa zona desde el año 2000, luego de que la DiPAS a cargo de Fabián López aprobara el Estudio de Impacto Ambiental: “Es una zona susceptible de erosión hídrica, es posible la instalación de la planta”, evidentemente al director de DiPAS le importó poco la erosión hídrica.
En noviembre de 2016 y marzo de 2017, poco antes de la inundación de Taym, dos inspecciones de entidades de control ambiental informaron sobre el mal funcionamiento de la planta. Se detectaron residuos depositados en el piso de un galpón abierto, en vez de los racks de guarda, y residuos en un playón con piso hormigonado, que estaban tapados en un lugar no declarado por la empresa para ese fin. También tenía lagunas para lixiviados con un alto nivel de tóxicos. “La situación es seria”, advirtieron.
En 2021, se efectuó el requerimiento de elevación a juicio por contaminación ambiental, contra los responsables de la planta de Taym: su presidente Alberto Esteban Verra y César Ernesto Ripsky, gerente operativo de la planta; además de la ingeniera María Aráoz, responsable técnica. La Justicia cordobesista imputó a los directivos por un delito culposo, con lapso de prescripción de dos años. Pese a que la Asamblea Santa María Sin Basura, querellante particular había reclamado que la imputación fuera por dolo eventual, con un lapso de prescripción de 10 años.
Con la Agencia Córdoba Justicia funcionando aceitadamente, al juez de Control de Alta Gracia, Claudio Lasso, no le quedó otra salida que sobreseer por prescripción a los tres directivos de Taym, acusados de contaminación con residuos peligrosos.
Había quedado en el olvido la amenaza judicial del gobernador, quién había prometido que a los responsables de la contaminación les iba a caer “todo el peso de la ley”.
López esquivando la motosierra
El 10 de diciembre de 2023, cuando el ultraderechista Javier Milei llegó a la Casa Rosada, comenzó el proceso de aniquilación de la obra pública a través de la mentada motosierra. Una de las pruebas más palpables de ese ajuste se ve en el nulo mantenimiento de las rutas nacionales, que implicar el riesgo de mayores accidentes viales con víctimas fatales. Sin embargo, la expertise del cordobesismo en materia de infraestructura, comandada por Fabián López, expuso una vez más su capacidad anfibia.
El 11 de junio de 2024, el Senado de la Nación estaba debatiendo la Ley Bases propuesta por el gobierno nacional, la cual se aprobaría esa misma trasnoche. En ese entonces, hubo una fuerte represión policial en las calles porteñas contra quienes se manifestaban contra la ley ómnibus. Mientras eso ocurría, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, había anunciado una serie de acuerdos con Guillermo Francos, el jefe de Gabinete de ministros de la Casa Rosada de ese entonces.
Consistentes en que La Nación transfería a Córdoba la responsabilidad y fondos para la obra de la autovía de la Ruta 19 que une Córdoba con San Francisco en un tramo de 29,4 kilómetros entre Tránsito y Arroyito; y de 35,5 kilómetros entre Cañada Jeanmarie y San Francisco. Esos trabajos quedaron a cargo de Caminos de las Sierras SA, compañía vial cuya mayoría accionaria pertenece al Estado provincial.
Además, la Nación se comprometió a concluir otras dos obras viales: la Circunvalación de la ciudad de Villa María, que permite el cruce de la autopista Córdoba-Rosario y conectar con la Ruta Nacional 158; y la autovía Holmberg – Río Cuarto, de sólo ocho kilómetros, pero de vital importancia, ya que por allí transitan vehículos de gran porte y transporte de cargas que forman parte de la Ruta del Mercosur, uniendo a Porto Alegre en Brasil, con Santiago en Chile.
Precisamente en la etapa cordobesa de la Ruta del Mercosur, los camiones ingresan por San Francisco, y toman la Ruta nacional 158 con escala en Villa María y destino final en Río Cuarto; desde allí conectan con la Ruta 8, la 35, la 36 y la A005.
Junto al ex cavallista Guillermo Francos, en la firma del acuerdo con Llaryora estuvo por parte de la Nación el cordobés Luis Giovine, ex presidente de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) y secretario de Infraestructura de la Nación; mientras que por parte de la Provincia, además del gobernador estuvo Fabián López, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos.
Desde la Provincia, aseguraron que esas obras viales son “claves para el desarrollo productivo de la provincia y el país”. La razón, lo muestra el siguiente mapa: el paso habilitado sobre la zona núcleo sojera, como así también las extensiones transfronterizas.
Lo que nadie reveló es que los acuerdos de obra pública logrados entre la Provincia y la Nación en los 27 meses que van de gobierno de ultraderecha de Javier Milei se deben, más allá de la mano de yeso de los representantes cordobesistas en el Congreso para avalar la Ley Bases o la regresiva Ley de Reforma Laboral; a que el verdadero ministro de Infraestructura del régimen de Milei es el ingeniero Hugo Testa. El ex ministro de los gobiernos de De la Sota y de Schiaretti, jefe político y técnico de Fabián López en sus inicios en la gestión pública en 1999.
Fue Testa el cerebro de la faraónica obra anunciada por Schiaretti y su par Julio Perotti por un monto de US$ 400 millones para poner en marcha el acueducto interprovincial entre Santa Fe y Córdoba para llevar agua del río Paraná a la Capital cordobesa. La megaobra que comienza en la ciudad santafesina de Coronda y trepa un desnivel de 300 metros a través de una red de 490 kilómetros de extensión entre troncales principales y ramales secundarios, cuenta con financiamiento en divisas de un fondo de inversión árabe donde participan los Emiratos Arabes Unidos, Arabia Saudí y Kuwait.
Testa como ministro en las sombras, se encargó de aportarle al gobierno de Milei cuadros técnicos como el ex presidente de EPEC, Giovine. Y Edgar Pérez y Raúl Rébora, el primero ex secretario de Transportes de Córdoba y actual titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte; mientras que el segundo fue presidente de Vialidad Provincia y ahora ocupa el mismo cargo a nivel nacional, donde no se realizan obras viales.
Distinto es el caso de Franco Mogetta, secretario de Transportes de la Nación a quién se nombró fuerte como candidato o armador en las elecciones legislativas de octubre y quedó en la nada. Mogetta no viene del palo de Testa, sino de otro lobista del delasotismo, el empresario Horacio Miró.
El ministro Fabián López sabe que la presencia de su colega Testa en las bambalinas del mileísmo, le asegura un flujo no publicado en la prensa, pero sostenido, de partidas de la Nación, para seguir haciendo obra pública, por eso en las publicidades que inundan los medios el llaryorismo hace gala de que “Córdoba no para”.
En estos cuarenta años de trayectoria política de Fabián López, ya sea como responsable del izquierdista Frente Estudiantil Santiago Pampillón durante la primavera alfonsinista; o el sinuoso andar por los gobiernos cordobesistas y kirchneristas, exponen la notoria capacidad anfibia del ex alumno del Colegio Alemán, saltando de una obra tras otra, que sin importar si el balance es éxito o desastre, siempre logra mantener indemne su capacidad saltarina.-
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