Villa Allende situada en el oeste de la capital de Córdoba, es una ciudad donde los extremos se juntan. En torno su famosa cancha de golf, cuenta con un sector residencial VIP, al que aspira vivir la “gente de bien” en ascenso de Córdoba, que a su vez convive con extensos bolsones de pobreza, típicos de una ciudad dormitorio. Y además, en sus inmediaciones en el área de Mendiolaza, se desarrollan numerosos countrys de alta gama, que han desvirtuado el concepto de la urbe o lo urbano, como espacio común para convivir las distintas clases o estratos sociales.
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Como el fastuoso El Terrón con su cancha de golf de 18 hoyos, a costa hacer tabla rasa mil hectareas de bosque nativo, donde el ex presidente Mauricio Macri está construyendo su mansión para pasar algunas de sus muchas horas de ocio. El mismo es propiedad del grupo Tagle, que se inició como concesionario de IKA Renault y Sevel, y hoy su líder, el ultramacrista Manuel Tagle, preside del Bolsa de Comercio de Córdoba, y supo declarar recientemente: “Milei no me enamora, pero aplica las ideas que la Bolsa y yo defendemos”.
Ante esa problemática, que muestra palpablemente que la inseguridad ciudadana proviene esencialmente de la desigualdad de ingresos, que en escala mucho mayor sucede en el AMBA (Area Metropolitana Buenos Aires) el intendente de Villa Allende, sobrino de Tagle y también macrista Pablo Cornet, cuyos ascendientes estuvieron involucrados en los negociados financieros de la era de Martínez de Hoz, no se le ocurrió mejor idea de que acorde con la fisonomía de la región, transformar todo en barrios cerrados.
No obstante la ilegalidad manifiesta de esa medida, tanto en relación con la Constitución Nacional y la de Córdoba, como respecto la misma Carta Orgánica de Villa Allende. Tal como da cuenta el artículo que el ex juez federal, y abogado constitucionalista Miguel Rodríguez Villafañe, publicó en relación a esa inusitada medida, con una vuelta a los tiempos del Medioevo, que al final de esta nota Stripteasedelpoder.com reproduce.
Para ello, convertido en uno de los armadores de la vicepresidenta Victoria Villarruel en Córdoba, aprovechó que ella vacacionaba en su ciudad, para lanzar un polémico proyecto para amurallar la Villa con 35 portones en calles secundarias, convirtiéndola en el Berlín Occidental de la Guerra Fría.

Sin embargo, lo que parecía una pelea doméstica, tuvo un impacto nacional cuando inesperadamente en una asamblea realizada el sábado 11 de enero a la tarde frente al municipio, apareció la diputada ultraderechista Liliana Lemoine y la emprendió contra el proyecto de Cornet y contra la vicepresidenta Villarruel:
“Estoy frente a la Municipalidad de Villa Allende con algunos de los vecinos que se oponen fuertemente a que les cierren las calles y les pongan toque de queda. Por ahí está la diputada María Celeste Ponce. Este martes (14) se van a juntar para protestar frente a la Municipalidad; la última manifestación tuvo 300 personas, porque el intendente está diciendo qué por un lado, esto tiene el apoyo del Gobierno nacional, es totalmente falso, es mentira. Nadie que defienda la vida, la libertad y la propiedad estaría a favor de cerrar calles y poner toque de queda; ¡no, es una locura!”, disparó en un video que subió a X la diputada que responde al presidente Javier Milei.
Lemoine siguió: “Este video, para toda la gente de Villa Allende y de alrededores y de otras localidades donde quieran imponer una cosa como ésta, que es un negocio…; dicen que es por inseguridad; no se combate la inseguridad encerrando a los buenos y dejando a los malos afuera. Necesitan recursos, que los recursos provinciales y municipales se pongan a trabajar, hay formas; no encerrando a los vecinos, es el negocio de alguien, es muy raro”.
Y en un texto de X, la cosplayer preferida del Presidente anunció: “Este Martes van a votar un proyecto CASTROCHAVISTA en Villa Allende, Córdoba. Pretenden cerrar calles con portones y decretar toque de queda de 22 a 06. ¿Quién sos, Maduro? Encima para pagar todo eso van a endeudar al municipio. Ayudemos a los vecinos de Villa Allende”.

En el mismo posteo, Lemoine subió videos de vecinos de la Villa: “Hola Vicky, mucho gusto ¿cómo estás? Siempre enterándome de que venís a Villa Allende y no bajás, no pasás a visitarnos. Por lo menos a apoyarnos, hoy estamos en una cruzada muy grande y no te hemos visto apoyándonos. No sé, te hemos visto con las autoridades que realmente nos quieren encerrar, cuando toda la vida hemos sido un pueblo libre. No sé cuáles son sus ideas ni me interesan; lo que a mí me interesa es que no quiero estar encerrado, por lo tanto si “la libertad viva” y “viva, carajo”, como dice nuestro Presidente, quiero que acá también lo sea y no que vayamos a contramano del momento. Me gustaría saber tu opinión. Gracias Victoria”; dijo un vecino.
A su vez una vecina le dedicó a la vicepresidenta en el mismo posteo de la diputada cosplayer: “Hola Victoria, ¿cómo estás?, yo soy de Villa Allende hace 50 años, aunque el intendente no me conozca. Quiero preguntarte ¿qué hacés paseando por aquí, que no te he visto apoyándonos en esta idea de que no queremos el encierro, ¡menos que nos cobren por encerrarnos! Espero una contestación, gracias”.
Lemoine, mileista desde las épocas en que el Presidente era panelista en programas de la medianoche, tiene un abierto enfrentamiento con la vicepresidenta Villarruel: “Hoy el intendente metió un proyecto para meter toque de queda y cerrar las calles del pueblo de Villa Allende. Y a Villarruel que vino a revolear el poncho y domar bombillas, que se conecte a la realidad 1 minuto… se paseó con el tipo por todos lados”, posteó en X.
Córdoba, carapintadas y Villarruel
Victoria Villarruel es hija del militar carapintada Eduardo Marcelo Villarruel, quien se hizo conocido en mayo de 1987, cuando siendo el segundo jefe del Regimiento de Infantería 37 con asiento en Río Mayo, Chubut; se negó a jurar lealtad a la Constitución Nacional.
Dos semanas antes, en abril de ese año, Aldo Rico había encabezado el alzamiento militar carapintada de Semana Santa, un coletazo de la rebelión iniciada en Córdoba por Ernesto “Nabo” Barreiro, quien se amotinó en predios del Regimiento de Infantería 14 del Ejército, de camino a La Calera, el jueves santo 16 de abril.
Barreiro se amotinó ese jueves para evitar declarar el lunes 20 en los Tribunales Federales de Córdoba, ante el juez federal Miguel Rodríguez Villafañe. En una causa que llevaba adelante el abogado del Partido Comunista Rubén Arroyo, de larga militancia en organismos de Derechos Humanos y en la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP). Quien luego apareció también lamentablemente vinculado con el 3er. Cuerpo del Ejercito a cargo del ex Gral Luciano Benjamín Menéndez, condenado reiteradas veces a cadena perpetua por crímenes de lesa humnidad.
El levantamiento cordobés fue apoyado por oficiales y suboficiales liderados por Aldo Rico y ese conato, a su vez fue repudiado por masivas movilizaciones en todo el país defendiendo la naciente democracia, que terminó con el famoso discurso del presidente Raúl Alfonsín: “la casa está en orden y no hay derramamiento de sangre. Felices Pascuas”.
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Sin embargo, tres semanas después, desde Chubut el teniente primero de Infantería Eduardo Villarruel, hermano de Victoria, objetó la orden de jurar lealtad a la Constitución y motorizó a otros militares para que se opusieran. Condenado a 40 días de arresto por insubordinación, Villarruel padre realizó un descargo administrativo ente las autoridades del Ejército, reivindicando su participación en el aparato represivo del terrorismo de Estado:
“He intervenido en la lucha contra la subversión, tanto en el ambiente urbano como rural, habiendo participado activamente en la ‘Operación Independencia’, oportunidad en la cual se me otorgara el correspondiente Diploma de Honor”.
En esta provincia, la más antikirchnerista del país, pese a que el peronismo gobierna hace un cuarto de siglo; Villarruel hija se mueve segura: de la mano del abogado Emilio Viramonte –se conocen desde 2010- la vicepresidenta teje con paciencia su armado por fuera del ecosistema de lúmpenes de La Libertad Avanza. Cada vez que llega a Córdoba, Victoria Villarruel se aloja en la casona que Viramonte tiene en Villa Allende, y fue este abogado quién la presentó con el intendente local Pablo Cornet.

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El intendente macrista de Villa Allende, no tiene empacho de mostrarse políticamente cerca de la vice. Su colega de Jesús María, el radical Federico Zárate, también tiene estrecha relación con la vice, por eso Villarruel es figura invitada en cada edición del Festival de Doma y Folclore de esta rica ciudad agrícola-ganadera.
Con la pata macrista y radical, Villarruel también teje hacia sectores del peronismo cordobés que ven a Llaryora cercano a Milei, a través del Congreso donde manda a votar todas las leyes: “Todo suma. Victoria no es de la Libertad Avanza; no comulga con Karina Milei, ni tiene más paciencia como para soportar las operaciones de Santiago Caputo. Es una tiempista, pero a veces el tiempo se acaba. Lo de la chica ésta Lemoine es una operación del mileísmo, a ella no le da la cabeza”, confió a Stripteasedelpoder.com una fuente del villarruelismo.
Heredera ideológica de la agrupación de extrema derechaFamiliares y Amigos de Muertos por la Subversión (FAMUS) que en la primavera democrática acusaba a Alfonsín de marxista; la joven Villarruel imitando al enemigo liderado por Horacio Verbistky creó el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv); desde el cuál montó la lucha por “la memoria completa”, legitimando el terrorismo de Estado como respuesta a “la subversión”, como bien lo detalla un perfil suyo publicado por Revista Crisis.
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Una dama en el Senado
En la actualidad la vicepresidenta es el cuadro mejor formado de la derecha procesista y construye poder territorial en todo el país, por caso, con alianzas como la de Cornet en Villa Allende y Zárate en Jesús María.
Javier Milei, panelista del prime time de la tevé abierta y de cable; y empleado de las corporaciones financieras y empresariales como la Corporación América de Eduardo Eurnekian; eligió a Villarruel para garantizarse el voto de una derecha que aún hoy, luego de 13 meses en la Casa Rosada, lo mira con desconfianza y desprecio.
Globalista, aliado al sionismo, Milei tiene una sórdida pelea subterránea con su vicepresidenta y armadora de mayorías en el Senado, una nacionalista que no tiene reparos en abrazar al primer peronismo del 45 o al tercer peronismo del 75; como dio muestras de ello al visitar en el mismo viaje a Europa al Papa Francisco -declaradamente peronista y predicador de la Doctrina Social de la Iglesia- y a la ex presidenta Isabel Perón.
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En el Senado presidido por Villarruel, La Libertad Avanza sólo tiene seis escaños; de allí la necesidad imperiosa que tiene Milei para armar mayorías coyunturales; y es donde la vice juega sus fichas con destreza. Es todo mérito mérito de la vicepresidenta Victoria Villarruel:
Los guiños con el ¿cristinista? José Mayans, un formoseño que reporta a Gildo Insfrán. El haber cooptado a los seis tránsfugas del bloque Provincias Unidas: el contrabandista Edgardo Kueider detenido en Paraguay con US$ 200 mil en efectivo; el correntino K, Carlos “Camau” Espínola; Alejandra Vigo, esposa del cordobesista macrista Juan Schiaretti; el salteño republicano Juan Carlos Romero; la neuquina Lucila Crexell; y la chubutense cambiemita Edith Terenzi. Además de aupar a los siete aliados macristas del Frente, PRO comandados hasta hace horas por Luis Juez
La vicepresidenta tiene un senador propio, el formoseño Francisco Paoltroni, y cuando necesita asegurar mayorías, consigue los votos de la rionegrina Mónica Silva, que responde al gobernador Alberto Weretilnek. O de los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, ambos ausentes durante la votación por la expulsión de Kueider, que responden a las directivas del gobernador Claudio Vidal, el todopoderoso secretario general del sindicato de petroleros privados, que tuvo/tiene relaciones ambiguas con el kirchnerismo en su pago chico.
La vice también tiene contacto fluido con los 13 senadores radicales, aunque no actúen como bloque homogéneo, y la UCR muestre en el Congreso lo que es, un partido loteado, donde convergen mileístas, liberales y centristas. Villarruel tampoco le esquiva el diálogo con el cristinismo, que tiene la primera minoría con 33 senadores de los bloques Unidad Ciudadana de Juliana Di Tullio, y Frente Nacional y Popular, de José Mayans.
El Muro de Cornet
Totalmente ajena al debate municipal por el “Muro de Cornet”, Villarruel siguió por los medios y las redes la embestida de Karina Milei/Santiago Caputo motorizada a través de la cosplayer devenida diputada Lilia Lemoine: “Victoria sabe qué batallas dar y qué batallas evitar”, confió a Stripteasedelpoder.com una de las personas que visitó a la vicepresidenta en su descanso serrano en la casona de Emilio Viramonte.
La iniciativa de amurallamiento de Villa Allende a través de la construcción de 35 portones en distintas calles por un costo de $ 600 millones como si fuera la Berlín Occidental en 1961 pero en pleno 2025, estuvo a cargo del secretario de Gobierno, Felipe Crespo, a quién conocen en la Villa como “Rambo frustrado”. Tomando paradojalmente soluciones «comunistas» para lograr ideales libertarios.

El fracasado proyecto de ordenanza “Programa Modelo de Prevención y Seguridad Vecinal” contemplaba dividir a Villa Allende en tres “Zonas de Seguridad Vecinal”, que remite a la “Zonificación Militar” dispuesta en la pasada dictadura cívico militar. En la que el aparato represivo articuló la división del territorio nacional en cinco grandes zonas, quedando cada una bajo las directivas de los Cinco Cuerpos de Ejército en coordinación con las otras Fuerzas Armadas, ya sea la Armada o la Fuerza Aérea.
Además de que el “Muro de Cornet” no soluciona el flagelo de la inseguridad, porque los delitos comunes como los arrebatos a manos de motochorros se cometen en horas del día entre las 6 y las 22; la construcción de esos portones, al mejor estilo de los puestos de control como el mítico “Check Point Charlie” atentan contra el urbanismo e implican focos de corrupción.
En el Concejo Deliberante, los concejales Marta Banegas y Julio Loza del bloque opositor Elegí Villa Allende fueron quiénes plantaron bandera contra la medida, a la que caracterizaron de “oportunista, recaudatoria y violatoria de las garantías constitucionales”. Repartidos en cada asamblea o juntada de vecinos para debatir la iniciativa, Loza y Banegas virtualmente no dejaron barrio sin caminar, explicando la desfachatez de la medida:
“La propuesta del intendente Cornet a través del proyecto de ordenanza “Programa Modelo de Prevención y Seguridad Vecinal” de cerrar calles secundarias para combatir la inseguridad, es una medida que atenta contra la propia Constitución Nacional, pero además está cargada de oportunismo mediático y político.
Desde nuestro bloque Elegí Villa Allende salimos a explicarles a los vecinos que el intendente impulsa la construcción de este muro en abierta contradicción con una correcta planificación urbanística, pero que además no respeta la mínima norma en materia de seguridad ciudadana algo que advertimos especialmente es que va contra las garantías constitucionales consagradas en los artículos 14, 31 y 33 de nuestra Constitución Nacional; en los artículos 18, 19 incisos 11 y 20 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, y hasta es violatoria de los artículos 1, 25 y 29 de la Carta Orgánica Municipal”, aseguró el concejal Loza.

El edil opositor agregó: “En los medios y en las redes sociales vemos numerosos y graves hechos de robos y asaltos cometidos en barrios cerrados y countrys de la provincia y en Villa Allende, y frente a esa realidad, nos preguntamos: ¿De verdad el intendente Pablo Cornet cree que este vallado desde las 22 hasta las 6 de la mañana, con un costo estimado de $ 600 millones frenará la inseguridad o sólo persigue un fin recaudatorio?”.
Y apuntó: “Los vecinos son quienes deberán afrontar ese costo de $ 600 millones, en lo que configura claramente una doble imposición tributaria, por cuanto ese concepto de “seguridad” está incluido en el pago del impuesto que todos pagamos al Gobierno de la Provincia de Córdoba, por lo cual esta nueva carga impositiva es absolutamente ilegal”.
En un comunicado que tuvo alto impacto, los concejales de Elegí Villa Allende, interpelaron a las autoridades municipales: “¿En caso de emergencias, cómo será la circulación de ambulancias, patrulleros policiales o camiones de bomberos a través de esos 35 puntos vallados?”
Por su parte, Marta Banegas destacó que: “el intendente Cornet desconoció el reclamo del ‘No al cerramiento que hacen los vecinos’, que comenzó el mismo día en que se trató la Ordenanza Impositiva Municipal 2025, la OIM 2025 que le permite al Departamento Ejecutivo incrementar hasta un 100% la tasa por servicios adicionales en seguridad. Ese reclamo de la gente, de los vecinos de a pie, llegó a las asambleas en la puerta de la Municipalidad, pero también por diferentes medios de las Sierras Chicas y por las redes sociales.
El reclamo fue creciendo, el intendente Cornet a instancias de su Rambo frustrado que es el secretario de Gobierno y encargado de la seguridad Felipe Crespo; siguió tozudamente hasta que él mismo quedó en una encerrona, por lo que le pidió a sus concejales oficialistas que dieran de baja la sesión que debía realizarse el pasado martes 14, pero en realidad no se les cayó la sesión, sino el proyecto”.
Donde hay una necesidad, hay un negocio
La concejal Banegas le dijo a Stripteasedelpoder.com: “Quedó demostrado que cuando la sociedad civil se une, y da batalla ante las injusticias, tiene su fruto. Paracaidistas y arribistas va a haber siempre, para la foto. Con Julio (Loza) recorrimos los barrios donde querían instalar estos portones, bah, la versión de los portones es extraoficial, al igual que el monto de los $ 600 millones, nada de eso está explicitado en la Ordenanza que el oficialismo quería debatir en extraordinarias.
Lo importante es que se le cayó el proyecto al intendente Cornet; pretendía encerrarnos y no se animó a decirnos que lo bajó por la movilización de los vecinos, que usamos todos los instrumentos y herramientas para que el intendente nos vea; porque al principio negaba que éramos vecinos de Villa Allende los que protestábamos.
Nosotros con el concejal Loza recorrimos casi todas las asambleas, no fue una sola, fueron muchas, en plazas, en la calle, en casas, mateadas; gente preocupada por algo básico como el derecho a circular, pero también por el negociado, $ 600 millones es lo que decía el secretario Crespo, que iba a costar amurallar la Villa ¿Usted sabe que con $ 600 millones se pueden construir 18 dispensarios?; hicieron todo a las apuradas, con oportunismo para sobreactuar por la visita de la vicepresidenta Villarruel, que vino a descansar acá y ni opinó del tema”.
La concejal aclaró que “el proyecto que Cornet les ordenó a los concejales del oficialismo que redactaran pidiendo que se difiera el tratamiento para marzo no corresponde, porque nos llamó a una extraordinaria, la extraordinaria se cayó; en marzo si él quiere que este proyecto se vuelva a tratar tendrá que volver a ingresarlo de nuevo, porque no se puede diferir de una extraordinaria a una ordinaria, ese procedimiento no corresponde. Por ende, el proyecto que redactó un Rambo frustrado que tenemos acá en Villa Allende que está a cargo de la seguridad, y el tipo no sé qué se cree; ese proyecto se cayó, no sólo el llamado a extraordinaria.”
“El Gato” echó al PRO que ahora gobierna la Villa
En noviembre de 2018, durante la intendencia del popular Eduardo “Gato” Romero, donde Banegas fue una activa concejal, el ahora intendente Cornet fue eyectado de su cargo como secretario de Finanzas. Incluso en la campaña municipal de 2023, la viuda de Romero lanzó un audio por Whatsapp que rápidamente se viralizó: “Buenas tardes a toda la gente del PRO, soy Adriana Romero, y por favor les pido que el nombre del “Gato” Romero ustedes lo tienen prohibido. Así que el señor Pablo Cornet no se puede dignar a tener el nombre del “Gato” Romero en su boca, porque él sabe muy bien por qué se fue, y yo sé muy bien por qué se fue. Si ustedes no quieren que yo vaya a los medios a decir el por qué, quiero que por favor no lo nombren al “Gato” Romero, se lo digo a todos los del PRO, a todos”.
El ex golfista de humildes orígenes como caddie, lo cual pone en evidencia la desigualdad social que impera en la zona, llegó a la intendencia de Villa Allende en 2015, como un favor personal a Mauricio Macri, dado que nunca perteneció a la estructura formal del PRO. El 14 de febrero de 2022, mientras transitaba el segundo mandato, falleció a los 67 años, víctima de cáncer. En el audio, su viuda es tajante: “Mi esposo dio la vida en la Municipalidad por algo serio y honestidad sobre todo; cosa que el señor Pablo Cornet no la tiene, y se los digo yo que soy la mujer, eh. Él sabe muy bien por qué se fue, y si ustedes no lo quieren saber es porque no quieren creer, no quieren creer. Hay muchos de ustedes que saben por qué se fue el señor Pablo Cornet”.

El 30 de julio de 2023, Cornet ganó las elecciones municipales con sólo 27,5% de los votos; el segundo lugar quedó para el pejotismo provincial de Hacemos Unidos por Villa Allende que la última semana desembarcó con millones para la campaña y logró 21,5%. Y ahí nomás quedó tercero con 21,45% Elegí Villa Allende de los concejales Loza y Banegas. Sólo votó el 59,26% del padrón. O sea que Cornet tiene la representación del 16 % de los votantes de la Villa
En el banquillo
El abogado Manuel de Palacios es el secretario de Planificación de la Municipalidad de Villa Allende, a cargo del área de Obras Públicas. Pero quién maneja realmente la Secretaría es el ingeniero Alejandro Giussano, ex director de Obras Privadas de la Municipalidad, despedido a fines de 2019, y denunciado en mayo de 2020 por el mismo intendente Romero, por acciones impropias durante su gestión.
En la actual administración Cornet, el ingeniero Giussano aparece como proveedor externo con monotributo. Meses después de haber expulsado a Giussano, “El Gato” también echó de la Municipalidad al subsecretario de Obras Públicas, el arquitecto Santiago Copertari.
En abril de 2020, en una nota paga en La Voz del Interior, la desarrollista Diseño y Construcción SA (DyCSA) anunció la puesta en marcha de Petra, un megaproyecto inmobiliario con una inversión de US$ 20 millones, que comprendía construir dos torres con 155 departamentos y cocheras para 200 vehículos. El proyecto, autorizado por los funcionarios municipales Alejandro Giussano y Santiago Copertari, no cumplía con la normativa vigente.
A fines de 2019, el ingeniero Giussano renunció a la Municipalidad, fuertemente enemistado con Romero, por una obra de cloacas que el intendente reclamaba como “indispensable” y que el secretario minimizó. Incluso, en una entrevista con el medio regional La Unión, el renunciado Giussano se sinceró: “Villa Allende debía crecer de manera vertical y no horizontal”, en clara alusión al millonario complejo Petra para un target ABC1, en detrimento de las cloacas que beneficiaría a miles de vecinos de a pie.
En mayo de 2020, el intendente Romero le exigió la renuncia como secretario de Obras Públicas al arquitecto Copertari y lo denunció penalmente junto a Giussano. Frente al escándalo desatado, “El Gato” Romero ordenó dar de baja en el Concejo Deliberante la aprobación del mega proyecto inmobiliario, por considerar que el proceso fue “irregular” por atentar contra la Ordenanza Municipal de construcción y de Patrimonio Cultural, y en segundo lugar porque no contó con la aprobación definitiva del Poder Ejecutivo, como establece el reglamento.
Romero convocó a los medios, se despegó de los funcionarios despedidos y dejó expresamente en claro que no tenía conocimiento de este proyecto, ni de la aprobación de los planos por parte de la Secretaría de Obras Públicas. DyCSA ya había comenzado a pagar las cuotas que solicitó por las tasas municipales de derecho de edificación.
El emprendimiento había sido visado y aprobado en agosto de 2019 por el entonces subsecretario de Obras Públicas, Copertari. Además de anular el proyecto, Romero ordenó que se le devuelva a DyCSA el monto total de las cuotas abonadas por derecho de edificación. La causa contra Giussano y Copertari por dos hechos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, está siendo analizada en la Cámara Décima del Crimen y presta a ser juzgada.
Ataques a la libertad de circulación y el municipio de Villa Allende
Por Miguel Rodríguez Villafañe*
El derecho humano a la libre circulación ha sido y es esencial en la historia de la humanidad. Nuestra constitución nacional establece que, todos los habitantes de la Nación gozan del derecho “de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino»; (art. 14 de la CN). Lo que se ratificó, en su valiosa importancia, con la incorporación en 1994, de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 de la CN).
Así, la “Convención Americana sobre Derechos Humanos”, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, dispone que toda persona tiene derecho a circular y residir en un país, así como a salir de él libremente, (art. 22). Aún más, el ejercicio de estos derechos no puede ser restringido en todo el ámbito público del país, excepto en casos de fuerza mayor. La “Declaración Universal de Derechos Humanos” lo determina de igual modo, (art. 13).
Neoliberalismo
Sin embargo, el neoliberalismo económico pretende imponer sus reglas en el mundo, por las que busca la libre circulación de las cosas y del flujo de capitales, pero cada vez más, busca restringir la circulación libre de las personas. Ahora se demoniza a los inmigrantes y se los tratan como delincuentes, por el solo hecho de desplazarse en busca de mejores oportunidades.
En agosto de 2024, el Papa Francisco instó al mundo a ampliar las rutas de acceso para los migrantes y una «gobernanza global de la migración basada en la justicia, la fraternidad y la solidaridad». Agregó, los desplazamientos de personas no podrán resolverse mediante la «militarización de las fronteras» y tampoco con la “globalización de la indiferencia”.
El anarcocapitalismo privatiza las calles
Por su parte, en otra perspectiva del tema, Javier Milei, entrevistado por Matías del Río, en Vía Pública TVN del canal 24 Horas de Chile, el 18/12/2019, en lo que respecta a la circulación libre por las calles de una ciudad, sostuvo que: “Hoy tranquilamente las calles podrían ser privadas, acaso cuando pasas por una autopista ¿no tienes un lector? y bueno entonces, podrías instrumentar un sistema de lectura donde las calles pueden ser privadas, donde cada uno se encarga de su calle y eso le genera ingresos y el GPS hasta te podría decir `usted va a tomar este camino le va a costar tanto´”.
Desde el contexto limitativo planteado por Milei, mientras grita ¡Viva la Libertad!, sin embargo, en su planteo anárquico, a la libertad de circulación no encuentra inconveniente restringirla en un espacio público, permitiendo privatizarlo y cobrar un peaje.
Encerramientos
La restricción de desplazamiento ya la sufrimos con motivo de la pandemia de Covid19, más era un tema de fuerza mayor.
También, está en el centro de la discusión la libertad de desplazamiento en la vía pública, cuando por diversos reclamos legítimos, se da una manifestación por la que se cortan calles. Sin embargo, a esas conductas, se la criminaliza sosteniendo que afecta la libre circulación.
Pero se cambia de perspectiva política cuando, con motivo de supuestos objetivos de seguridad urbana, especialmente, en favor de algunos sectores, se adoptan medidas que afectan la libre circulación en espacios públicos.
El tema de la seguridad es complejo, más es importante encararlo integralmente, tratando de no atacar otros derechos como el de desplazarse en espacios públicos. Además, en ello, no se puede ignorar a su vez, la pobreza, el desempleo y tantas situaciones a contemplar en la temática.
La seguridad no se logra discriminando, encerrándose, desconfiando de todo -particularmente de las personas- y menos rompiendo la lógica de un tejido social integral que debe tener una ciudad.
Villa Allende, una ciudad cercada
Sin contemplar lo antes referido, el 09/01/25 el intendente de la Ciudad de Villa Allende, de la Provincia de Córdoba, envió al concejo Deliberante de la Ciudad un plan de seguridad ciudadana. En el mismo se determina la instalación de 50 portones de cerramiento total por seguridad en arterias públicas secundarias, entre las 22hs. de un día y las 06hs. del siguiente. Sólo quedan libres de circulación las avenidas principales.
Ello ha generado importantes protestas de sectores ciudadanos de la ciudad.
Además, surgen preguntas, entre otras ¿Qué pasa si se diera una inundación, como ya se ha dado, no se podría salir urgente evitando el agua, porque la calle pública se encuentra cerrada?
El intendente Pablo Cornet, en el tema agregó, que “Vamos a cerrar los pasos que conectan con otras ciudades, con cámaras y lectores de patentes”, en una clara sospecha infundada, que los delincuentes vienen sólo de otras ciudades.
El proyecto implicará una inversión de $ 600.000.000, que se pagará del presupuesto municipal, que no se destina a cosas más urgentes de solucionar y, además, tendrá un costo de mantenimiento mensual a abonar, aún por los que más los perjudica o no lo desean, que va de $ 5.000 a $ 8.000.
Área metropolitana de Córdoba
Todos esos cerramientos de ninguna manera resuelven el tema de fondo. Las ciudades no se alambran, como un country y la dinámica humana no termina en el ejido municipal, sino parece la época feudal, en la que había que esperar que el puente levadizo permita ingresar a la ciudad amurallada, para poder circular dentro de ella.
A su vez, ahora el Gran Córdoba es una conurbación que rodea a la ciudad de Córdoba y se tiene que pensar, las acciones por las que se debe fortalecer las relaciones intermunicipales, en un esquema integrador del área. Tampoco ayuda a ese objetivo, decir que se protege una ciudad afirmando, injustamente, que el delito viene de las otras ciudades circundantes, en lo que se funda el proyecto de cerramiento en Villa Allende.
Guetos en Córdoba
A lo dicho, cabe agregar, que el arquitecto Sebastián Cortez Oviedo, experto en espacios públicos, en una nota publicada en el diario Perfil-Córdoba, del 08/01/25, titulada “Lo público bajo sospecha: Villa Allende y una oportunidad para (re)pensar la ciudad”, plantea que cerrar las calles públicas implica “un antecedente negativo que atenta no sólo con los principios básicos y los acuerdos tácitos y legales de cómo habitarla, en tanto circulación, identidad y espacio público, sino que además institucionaliza el avance de la `countrización´ en Córdoba: guetización que anula la mixtura y continuidad del espacio público y urbano”.
La Constitución de la Provincia de Córdoba, protege el derecho a la libre circulación, (art. 19, inc. 11).
Viola la Carta Orgánica municipal de Villa Allende
La propuesta del Intendente también viola la Carta Orgánica de la Ciudad de Villa Allende que determina: “Todo vecino goza en el ámbito municipal de los derechos que enunciativamente se indican: …, al aprovechamiento y disfrute de los bienes de dominio público”, (art. 21). Derecho éste, que la propuesta no respeta debidamente.
También, la Carta Orgánica establece que: “La Municipalidad de Villa Allende organiza sus instituciones como Estado Social de Derecho…”, (art. 1) y éste es un sistema político que se caracteriza por garantizar los derechos humanos, especialmente los sociales, a través de una estructura jurídica, económica y política que busca el bienestar colectivo y el pleno respeto de todos los derechos humanos, como el de la libre circulación, entre otros.
La propuesta municipal encarada es inconstitucional, habrá que pensar otras soluciones al problema de seguridad.
*Dr. Miguel Julio Rodríguez Villafañe, es ex juez federal, abogado constitucionalista cordobés, y periodista de opinión.