Bullrich carece de legitimidad y legalidad para cobrar gastos de seguridad

A su ilegal protocolo para reprimir las protestas sociales, la ex montonera y actual ministra de Seguridad Patricia Bullrich, le sumó la pretensión ilegítima, viniendo de su persona, e ilegal, de pretender cobrar el costo del absurdo despliegue de fuerzas que efectúa, para impedir que los manifestantes se bajen de la vereda..
Bullrrich carece de legitimidad y legalidad para cobrar gastos de seguridad

La nuevamente ministra de Seguridad Patricia Bullrich parece ser un caso extremo de esquizofrenia. Palabra que proviene del griego clásico, cuyas primeras sílabas se refieren a dividir, escindir, romper y las ultimas se refieren al entendimiento o mente. Y esto resulta notable en el caso de la ministra en cuestión, cuyas contradicciones resultan alarmantes.

Como la de brindar un notable apoyo a los cortes de ruta, que paralizaron el país en el 2008 con motivo de la famosa resolución 125, y ser la gran propulsora de los banderazos durante la pandemia, bloqueando la circulación por las principales arterias. Para despacharse ahora con un protocolo por el corte de calles, con el que impone penas de prisión a quien se baje de la vereda.

Ver Ex montonera y piquetera Bullrich: “ahora el que la hace la pagará aunque sea inconstitucional”

Con el qué además, pretende cobrarle a los manifestantes, el costo de los absurdos despliegues de fuerzas de seguridad que concretó a esos efectos. Cuya inutilidad quedó patente en el acto realizado el 24 pasado con motivo del paro decretado por la CGT, que no obstante sus empeños, se realizó en forma tradicional con el corte total de una avenida troncal, como es la Rivadavia porteña.

Otra manifestación esquizoide de la señora ministra, es su defensa a ultranza de las fuerzas de seguridad. No obstante su pasado montonero, enfrentado con esas mismas fuerzas de seguridad, como acólita de su cuñado Rodolfo Galimberti. Con quien junto con su hermana huyeron del país, y tuvieron algunas aventuras non sanctas en Francia. Además de haber sido una reclutadora para la suicida y trágica contraofensiva de Montoneros de 1980, que eran aprendidos por la fuerza del ex almirante Emilio Massera, apenas cruzaban la frontera.

Ver BULLRICH & RODRÍGUEZ  LARRETA: Genealogía y andanzas de los candidatos “pituquitos de Recoleta”

Pasando a conducir actualmente, por ejemplo, el operativo que se concretó en vísperas de las elecciones legislativas de 2017, para reponer el cuerpo de Santiago Maldonado en el Pu Lof de Cushamen. Cuyo cadáver en contra de las leyes de la naturaleza, se habría desplazado rio arriba hasta el lugar donde se lo encontró, lo que evidencia el engaño. Y a ello se sumó poco después, entre otros casos, la adhesión total que le brindó el incapacitado policía municipal Luis Chocobar, enfrentando incluso a la Justicia en su defensa, sin respeto alguno por la división de los poderes.

Ver VIDEO EXCLUSIVO: Desaparición de Maldonado, no fue un gendarme fue la Gendarmería
Ver EXCLUSIVO: Santiago Maldonado murió de hipotermia, recibió una RCP, y tras desaparecerlo lo plantaron en el Pu Lof

Otro ejemplo de su accionar esquizoide, son los recordatorios que hacía en la década del ’80 de la Operación Condor, encabezada por Dardo Cabo con la simbólica recuperación de Malvinas. Llegando al punto de querer abordar en enero de 1989 un barco inglés llegado desde allí, en el puerto de Montevideo. Y por contrario su afirmación durante la pandemia, que a las Malvinas se las podría entregar a Pfizer a cambio de vacunas.

Bullrich carece de legitimidad y legalidad para cobrar gastos de seguridad
Patricia BULLRICH – Revista Noticias 12-09-2017

Otra manifestación de su esquizofrenia, es el sambenito de “terrorista” que le carga a cualquiera que provenga del Medio Oriente, excepto de Israel. Como lo hizo recientemente contra tres infelices turistas con gran despliegue de bombos y platillos, y como lo hace con los mapuches, olvidando que en el pasado ella era señalada como tal. Al mismo tiempo que lejos de calificarlo de terrorista, insinuó de que el intento de atentado contra la ex presidente y vicepresidente Fernández de Kirchner era solo una simulación.

Ver Atentado CFK: las amenazas a Uliarte y Copitos evidencian una trama superior vinculada con Lawfare
Ver El Presto, el nexo entre el golpista Aldo Rico y Uliarte, la instigadora del atentado a CFK

Es obvio que toda persona tiene derecho a cambiar de opinión a lo largo de su existencia. Pero si no pagó nada por sus “errores” del pasado, carece enteramente ahora de fiabilidad y legitimidad, para afirmar rotundamente que el que “las hace las paga”. Y máxime si pretende convertir lo que sería una mera falta en un delito.

Y menos aún, en esta república que va tomando rasgos cada vez más esperpénticos de sainete, pretender cobrar gastos de seguridad a los manifestantes, careciendo incluso de títulos legales para ello. Tal como lo señala seguidamente el ex juez federal, abogado constitucionalista, y periodista de opinión, Miguel Rodríguez Villafañe.

Bullrich no tiene título legal para reclamar gastos a Gremios y a Organismos Sociales

Por Miguel Rodríguez Villafañe

Desde el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, mediante distintas cartas documento, firmadas por Martín Siracusa, secretario de Coordinación Administrativa del Ministerio, el 10 de enero de 2024, se intimó a diversos gremios y organizaciones sociales al “pago solidario” de $ 40.419.227,56, por los supuestos gastos en seguridad generados, en la protesta realizada el 27 de diciembre de 2023, que se dirigió a los Tribunales, frente a la Plaza Lavalle, para presentar el pedido de una medida cautelar en contra del DNU 70/23. Se les recrimina que “participaron de la interrupción total o parcial del tránsito vehicular”. La intimación se fundó en la Resolución Ministerial 943/23 “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”.

Las organizaciones a las que se las intimó al pago son: la Unión de los Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP); el Sindicato de Prensa de Bs. As. (SIPREBA); el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA); la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA); el sindicato de Camioneros; Central de Trabajadores Argentinos (CTA); la Agrupación Izquierda Socialista; la Unión Obrera Metalúrgica (UOM); la CTA Autónoma; la Federación Marítima y Portuaria de la Industria Naval (FEMPINRA); la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS); la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN); la Asociación Civil Polo Obrero; el Movimiento Socialista de Trabajadores (MST); el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) y la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (Conadu Histórica).

El pago se reclama, en el plazo perentorio de diez días hábiles desde la recepción de la carta documento. Se establece que el cobro pretendido es “en concepto de costos operativos que se emplearon para hacer cesar los actos ilegítimos en miras del mantenimiento del orden público”. Todo ello, “bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales pertinentes”.

Lo actuado se pretende justificar conforme a lo establecido por la disposición ministerial 943/23 que fija que, se podrá demandar judicialmente a las organizaciones y a las personas individuales que resultaren responsables, por el costo de los operativos que se hubieren desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos”, (art. 11).

Accionar inconstitucional

La ministra Bullrrich, al dictar el “Protocolo”, violó gravemente los artículos 14 y 28 de la Const. Nac., porque el derecho a la libertad de expresión sólo lo puede regular el Poder Legislativo, o sea mediante una ley. De igual manera lo establece el art. 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), que tiene jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22).

Aún más, asumió facultades legislativas que no tiene ella, ni el propio Presidente, en ejercicio del dictado de decretos de necesidad y urgencia, de acuerdo al artículo 99 inc. 3 de la Constitución Nacional. Tan es así, que incluso, el Protocolo dispone aspectos de naturaleza penal, prohibido por la constitución, al sostener que una marcha en uso de la libertad de expresión, debe entendérsela como un delito “in fraganti” que habilita a actuar a la policía directamente y recién luego comunicarle al juez o fiscal competente la situación, (art. 2).

También establece la Resolución 953, entre otras irregularidades, graves sanciones, como en el caso que se analiza, de pretender cobrarles los costos vinculados con el operativo de seguridad. Asimismo, se amenaza con el control extorsivo de los organismos de defensa de menores, por el solo hecho de que sus padres hayan ido con bebés o niños a una manifestación pacífica, (art. 10). En este último aspecto, se da la violación discriminatoria al derecho de la libertad de expresión, de padres que no tuvieran con quién dejar sus hijos para reclamar por sus derechos.

Lo referido, dado lo dispuesto por el artículo 99 inc. 3 de la Constitución Nacional, que determina la sanción para este tipo de supuestos, deja en claro que el Protocolo, constituyó un acto nulo, de nulidad absoluta e insanable.

Por lo tanto, algo que es nulo e insanable, que no nació, no puede generar efectos y menos justificar como si se tuviera un título legítimo, el cobro de gastos.

Libertad de expresión

Asimismo, cabe recordar que el derecho de petición a las autoridades propio del derecho a la libertad de expresión, implica el derecho de reunión, a la movilización y a la protesta social y como tal, no deben ser criminalizadas o censuradas como tales. En Argentina, son derechos básicos y que nacen, además, de la soberanía del pueblo, (arts. 14, 32 y 33 Const. Nac.).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que interpreta el Pacto de San José, antes referido, ha sostenido, que “el ejercicio efectivo de la democracia requiere como presupuesto, el ejercicio pleno de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Así, la criminalización de la legítima movilización y protesta social, sea a través de represión directa a los manifestantes, o a través de la iniciación de procesos judiciales, es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión”.

Las manifestaciones públicas implican una desesperada necesidad de ganar visibilidad en la problemática que se expresa y en una sociedad democrática, el espacio urbano es un espacio de participación y no debe tomárselo como que es sólo un ámbito de circulación.

Se puede agregar, como lo dice el Informe del año 2005, de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que, “al momento de hacer un balance entre el derecho de tránsito, por ejemplo, y el derecho de reunión, corresponde tener en cuenta que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho más sino, en todo caso, uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática: el socavamiento de la libertad de expresión afecta directamente el nervio principal del sistema democrático” (párrafo 93).

No hay títulos legítimos para cobrar

A su vez, el Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994) determina, bajo el título de “Orden público. Fraude a la ley”, que “el acto respecto del cual se invoque el amparo de un texto legal, que persiga un resultado sustancialmente análogo al prohibido por una norma imperativa, se considera otorgado en fraude a la ley. En ese caso, el acto debe someterse a la norma imperativa que se trata de eludir” (art. 12).

Razón por la cual, dado que el Protocolo ha eludido lo dispuesto por la Constitución Nacional, la determinación de una deuda que se funda en un Protocolo inconstitucional, nulo absoluto e insanable, es ineficaz y no puede considerarse que genera un título hábil para requerir cobro alguno.-

Como lo pudiste constatar, nuestras investigaciones, son fundadas, independientes, con datos públicos y verificables y siempre sobre el poder real. Su producción lleva días, semanas, hasta meses de trabajo. Y son abordadas con la mayor honestidad, profesionalidad y rigurosidad periodística. Si está a tu alcance, podes colaborar con este periodismo libre, de calidad, sin injerencia de empresas o gobiernos.

Colaborar

x

Comentar con Facebook

Con tu aporte vos nos haces libres

Suscripción Mensual

Aporte Opcional

donacion libre

Alias: aportesstripdelpoder