El audio de 17’24” de Darío Cáceres, el ex jefe de la barra brava de Talleres de Córdoba, conocida como La Fiel, insultando y lanzando bravatas desde su celda contra su lugarteniente, el ex policía y empresario del transporte David Jover, sirvió para que a lo Bukele la ministra de Seguridad Patricia Bullrich montara un show mediático. Con su traslado desde el complejo carcelario de Bouwer en las afueras de la ciudad de Córdoba, hasta la cárcel de Ezeiza dependiente del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Donde fue alojado en un pabellón de máxima seguridad con un régimen de alojamiento que raya con la ilegalidad.
Sin embargo, la operación montada por la ministra mileísta con la anuencia de la jueza federal y ex espía María Noel Costa –integró el Tribunal que condenó a Cáceres a ocho años y medio de prisión- no tiene hasta hoy una apoyatura legal. Pero aprovechó a fondo la guerra intestina existente entre el Cordobesismo liderado por Juan Schiaretti, y el Partido Cordobés liderado por Martín Llaryora, y el escándalo de la detención de la cúpula del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) por los delitos perpetrados en su función.
El fiscal de instrucción cordobés José Alberto Mana a cargo de investigar las presuntas amenazas proferidas por Cáceres en el audio de más de un cuarto de hora, aún no imputó a nadie. Y en las requisas realizadas en el penal de Bouwer no encontraron pruebas que incriminen al barra con esas amenazas. Técnicamente Cáceres es inocente de un supuesto delito que motivó su circense traslado desde Córdoba a Ezeiza.
A finales de noviembre de 2023, el Tribunal Oral Federal 2, conformado por los jueces José Fabián Asís, Julián Falcucci y María Noel Costa, sentenció a Cáceres a cumplir ocho años y medio de prisión por liderar una banda de narcotráfico que transportó desde Corrientes a Córdoba 1.289 kilos de marihuana.
En ese mismo juicio, Gustavo Daniel Medina Ramírez, recibió una pena de siete años de prisión en calidad de coautor de los delitos de comercio y transporte de estupefacientes, en ambos casos agravado por el número de personas intervinientes. Los jueces federales cordobeses hicieron caso del pedido del fiscal Carlos Gonella, y absolvieron a una imputada porque no se pudo probar su intervención en los hechos por los que fue llevada a juicio.
Otras trece personas que fueron detenidas en un espectacular operativo realizado en febrero de 2022 en barrio Ituzaingó de la ciudad de Córdoba firmaron con la fiscalía acuerdos de juicio abreviado. A ellos, Cáceres les dedica parte de su polémico audio filtrado hace una semana: “La tercera vez que estoy en la cárcel; y yo no tengo nada que ver. Y no lo dice mi boca, lo dicen los papeles ¡Los papeles dicen! ¡Los papeles dicen si batiste a la cana, si no batiste a la cana, si tenés algo que ver!”.
Hasta el pasado jueves 24 de abril, el jefe de La Fiel estuvo alojado en el complejo carcelario de Bouwer, luego trasladado por unas horas al penal provincial de máxima seguridad de Cruz del Eje y finalmente en medio de un show mediático fue enviado a Ezeiza. En nuestra provincia, el Servicio Penitenciario de Córdoba aloja a procesados y condenados por causas federales en acuerdo con la Nación, por lo cuál percibe un pago por cada interno.
“Más caro que Chevallier”
“No voy a leer nada, no voy a…, a mi el discurso no me…, no va. No van conmigo, David. Ya nos peleamos una vez, boludo. No te hagas el vivo conmigo, yo estoy preso, boludo. No te hagas el vivo conmigo; no te hagas, no se abusen, boludo. No te hagas, no le pongan el precio a ustedes las cosas. El colectivo vale cinco millones, te saco las cuentas; hablé con 10 antes, pelotudo. Sé hasta cuánto valen las aduanas, ¿me entendés? No te hagas el vivo, boludo ¿Ah, vos cobrás más que Chevallier?; robábamos juntos, culiado. Y te voy a volver a repetir, caíste con una carreta y tenés siete colectivos gracias a Dios”.
Así comienza el audio donde el barra se queja de las tarifas cobradas por Nippur, la empresa de Jover, que difundió la radio oficialista Cadena 3 el pasado miércoles 23 de abril, y que sirvió para el montaje mediático de la ministra Bullrich.
.Todos los medios del ecosistema ultra se hicieron eco del show poniendo énfasis en la peligrosidad de Cáceres, quién en el audio repite 27 veces la palabra “boludo”, 35 “otario” y promete hacerle la guerra fría al “Ciego” Hugo Cardozo, número 2 de La Fiel y al “Paisa” Fernando Larrahona, actual jefe de la barra de Talleres:
“¿Y que el Ciego me llame a mí? ¿Me va a romper la estructura? ¡Se hace el vivo con mis amigos! ¡Se hace el vivo con los delincuentes! ¡Con los viejos! ¡Le cerró la puerta, el vidrio del auto en la cara a mi hija! ¡El hermano que se hace el choro, le faltó el respeto a mi hija, lo voy a matar, boludo! ¡Y lo voy a reventar a él! ¡Lo hice millonario a él; en su vida me contó tanta plata! ¡Lo hice millonario, otario!”, grita Cáceres contra Cardozo.
Y más adelante avanza: “¡Me dan asco, boludo! ¡La soberbia! ¡Gil hijo de puta! ¡Los enciegó la plata! ¡Culiao no son nadie! ¡Manga de giles! ¡Yo camino por la calle solo! ¡A mí me reconoce todo el mundo! ¡Yo respeto! ¡A mí me quieren, al Ciego no lo quiere nadie! ¡Lo quiere atacar todo el mundo! ¡Y en vez de ayudar, y uno lo habla! ¡Paisa, escucha. Él no escucha, se hace el soberbio!”.
El audio plagado de insultos y amenazas generalizadas como “¡Gil, hijo de puta, que lo voy a cruzar en la calle! ¡Cobarde cuando te llamó, mi señora, haciéndose el vivo! ¡Haciendo por dos entradas! ¡Lo voy a cruzar, boludo! ¡Y yo no dejaría nunca que le falten el respeto! ¡Ni a tu mujer ni a la otra! ¡Le voy a volar la cabeza, boludo!” o “cuando lo toquen a Jacinto, cuando lo toquen a un amigo mío, los voy a romper todos ¡Los voy a romper todos!”, circulaba hace varias semanas en los grupos de Whatsapp de la barra e hinchas de Talleres.
La operación de Bullrich y los medios ultra
Las preguntas que impactan puertas del Gobierno de Córdoba y en menor medida en las filas de La Fiel son: ¿Por qué si el audio circulaba desde marzo pasado recién Cadena 3 lo hizo salir a la luz ahora? ¿Por qué el traslado del líder de La Fiel no se realizó desde la pista de la Dirección Provincial de Aeronáutica (DPA)?
El viernes 25 cuando Cáceres fue trasladado desde Córdoba a Buenos Aires en el vuelo del SPF ¿por qué Cadena 3 fue el único medio autorizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para estar en la pista norte del aeropuerto internacional ‘Ambrosio Taravella’ donde opera la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)? Allí sólo pudo ingresar el ministro de Justicia de Córdoba, Julián López, quien supervisó el traslado desde Cruz del Eje hasta la estación aérea, pero su equipo de Comunicación y algunos colaboradores no pudieron acceder al lugar desde donde Cáceres fue trasbordado de los vehículos terrestres hasta la aeronave federal.
Video exclusivo de Cadena 3 desde la pista norte sobre el traslado de Darío Cáceres. Prensa del Ministerio de Justicia tuvo prohibido el acceso al lugar.
La supuesta peligrosidad de Cáceres, quién se entregó personalmente en los Tribunales federales de Córdoba el miércoles 23 de marzo de 2022 cuando era buscado por integrar una banda que había traficado desde Corrientes un cargamento de 1.431 kilos de marihuana distribuida en 1.761 panes, radicaba en la catarata de insultos y en una cita de Los Monos, el clan narco rosarino liderado por la familia Cantero:
“Y ni saben cómo la estoy pasando yo, calladito la boca”, asume. Y ahí nomás, muestra patente de corso: “¿Sabés por qué yo era un mono peligroso para la Justicia? ¡No entienden, no saben nada ustedes! ¡Se bajaron de un avión para saludarme, otarios! Los Monos, Los Monos, que son pistoleros, ustedes acuérdense, a mí me esperaban, me esperaban con una quinta, pileta! ¡Hey, uno de ustedes estaba, un freezer lleno de botellas de champán, el Barcelona, Los Monos!”.
El mismo miércoles a la tarde en que Cadena 3 publicó parte del audio de Cáceres insultando a Jover y Cardozo, la ministra Bullrich tuvo en su despacho el informe de inteligencia de las fuerzas federales que operan en Córdoba -bajo el paraguas de la oficina regional de Investigación Criminal (Cicre)– que analizaron los dichos del jefe de La Fiel:
“Relativo a una posible relación con la banda criminal rosarina “Los Monos”, el audio solo describe una reunión en una quinta, no determinando fecha, lugar, la finalidad de la misma ni de otras reuniones con algún fin delictivo”, detalló a Striptease del Poder una alta fuente del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Mirando las urnas
En un año electoral donde los números de la economía real no cierran y el desencanto comenzó a aparecer entre los propios votantes del Gobierno de ultraderecha, la ministra Bullrich jugó a dos bandas como si se tratara de un juego de billar: esmerilar al gobierno de Martín Llaryora atacando el funcionamiento del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) y por elevación la figura del ministro Julián López; y a la vez forzar la aprobación de la Ley de Barras e instalar al empresario Andrés Fassi, presidente del Club Atlético Talleres (CAT) como figura de la constelación de la derecha conservadora o la extrema derecha y posible candidato a diputado nacional en los comicios de medio término de octubre.
Las elecciones legislativas porteñas del 18 de mayo podrían dejar mal parada a la Casa Rosada, como lo fueron las elecciones de constituyentes de Santa Fe del 13 de abril, donde la ultraderechista La Libertad Avanza del presidente Javier Milei, quedó tercera con apenas 14,1%. En CABA, el mileísta Manuel Adorni podría quedar cuarto.
En Córdoba la disputa por 2027 entre los ex macristas y actuales mileístas Luis Juez y Rodrigo de Loredo complica el armado para 2025, por eso Bullrich intenta convencer a Fassi para que se meta al barro partidario.
El espacio derechista y ultra en las elecciones de medio término cosecha en Córdoba más del 50% de los votos; mientras que una lista cordobesista encabezada por Schiaretti tendría un techo de 35%. Bullrich, vieja militante a diferencia de los hermanos Milei que desprecian la política, sabe que hay que ganar Córdoba a como dé lugar para compensar las derrotas que se avecinan en octubre en la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe.
De allí la necesidad de inflar a Fassi y mostrarlo como candidato puro del mileísmo, ya sea con el sello La Libertad Avanza o de alguna alianza de extrema derecha con sectores del PRO y de la UCR que responden al tándem Rodrigo de Loredo / Marcos Ferrer. La desvinculación del ¿schiarettista? Franco Mogetta en Transporte reforzaría la hipótesis de que el mileísmo quiere jugar fuerte en la provincia mediterránea y para ello apelaría a enfrentar al cordobesismo de Hacemos Unidos por Córdoba con artillería pesada.
Para entender el affaire La Fiel hay que seguir la cronología de los hechos:
El pasado jueves 27 de marzo, la ministra de Seguridad de la Nación desembarcó en Córdoba para presentar nacionalmente la Ley Antibarras. En el acto realizado en el Centro de Convenciones del Complejo Feriar, Bullrich estuvo acompañada de su par cordobés Juan Pablo Quinteros y como figura destacada, Andrés Fassi, presidente de Talleres, quien viene sonando desde hace un par de años como candidato del espacio derechista.
La cordobesa Alejandra Monteoliva, N° 2 de Bullrich y ex ministra de Seguridad provincial cuando fue el motín policial de diciembre de 2013, también fue de la partida. La ley de Barras o ley Antibarras impulsada por Bullrich, busca sanciones más severas para los barrabravas y dirigentes de los clubes que los apoyen. Entre los directivos de los clubes cordobeses que dijeron presente en el acto, además de Fassi, se destacó el ex fiscal General provincial y vicepresidente del Club Atlético Belgrano, Alejandro Moyano, además de dirigentes de Instituto Atlético Central Córdoba y Racing de barrio Nueva Italia.
“El Estado vuelve a tomar el control: se terminó el poder de las barras sobre el fútbol argentino. Ya no vamos a perseguir a uno por uno, sino a toda la organización. Vamos a erradicar esta red de negocios criminales que usan el fútbol como pantalla para extorsionar, amenazar y enriquecerse ilegalmente”, apuntó la ministra mileísta imitadora del presidente de El Salvador Nayib Bukele.
Y agregó: “Nosotros hasta ahora teníamos una ley que abordaba los momentos violentos, y gracias a eso tenemos muchas menos muertes que hace 20 años. Hoy vemos los estadios llenos de jóvenes, chicos que van con sus papás, amigos que disfrutan del fútbol juntos. La seguridad tiene que aumentar porque los clubes están jugando a estadio lleno, y nosotros queremos distinguir entre los hinchas pacíficos y los delincuentes organizados”.
A modo de ejemplo de los logros bajo su gestión, ya sea en el gobierno de Mauricio Macri como de Javier Milei, Bullrich dijo: “Hoy tenemos 16.000 personas fuera de los estadios por actos violentos. El Estado tomó el control. Y con esta ley, vamos por más: vamos por las mafias”.
En el Congreso está estancado el proyecto girado por el PEN sobre la Ley de Barras, que incluye nada menos que la figura de “asociación ilícita deportiva” que apunta “a sacarles absolutamente todo. No solo vamos por las personas, vamos por el dinero, los bienes y todo lo que han acumulado con el delito”, dijo la ministra Bullrich.
El proyecto establece la figura penal de “asociación ilícita para las barrabravas” que permitirá a fiscales y jueces juzgar y condenar a toda la estructura delictiva como un solo cuerpo; además de decomisar bienes y activos. Por su parte, el ministro Quinteros –alineado ideológicamente y con la gestión de Bullrich- aseguró:
“Esta ley será una herramienta muy importante para combatir la violencia en el fútbol, y para desmantelar los mecanismos a partir de los cuales los barrabravas ejercen presión y se financian. Como lo venimos demostrando, en Córdoba desde el evento más pequeño hasta los clásicos más convocantes del fútbol argentino se desarrollan de manera segura, para el disfrute de los hinchas y de las familias. No hay lugar para las bandas ni para aquellos que quieran lucrar usando la violencia y la ilegalidad”.
Siguiendo con la cronología de cómo se desenvolvieron los acontecimientos, a quiénes siguen de cerca la política y el fútbol no les pasó desapercibido que la llegada de Bullrich a Córdoba el 27 de marzo para lanzar la Ley de Barras o Ley Antibarras, con Fassi como figura deportiva y extrapartidaria, ocurriera sólo 15 días después del miércoles 12 de marzo, cuando hinchas de distintos clubes acompañaron las marchas de los jubilados en todo el país, principalmente en el Congreso, donde enfrentaron a las fuerzas represivas federales como la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura.
Pocos días después, a principios de abril, las fuerzas federales que operan en Córdoba en el marco del acuerdo Nación-Provincia Cicre montaron un trabajo de inteligencia en torno a las barras de los clubes cordobeses Talleres, Belgrano, Instituto y Racing, pero además sobre dos de la Liga Cordobesa: Club Atlético AMSURRBAC ligado al sindicato de recolectores de residuos que lidera Mauricio Saillén; y Club Argentino Peñarol ligado al polémico ex secretario general del gremio de la Limpieza SOELSAC, Sergio Fittipaldi.
Cáceres, un vuelto de Pato para Martín
El lunes 14 de abril pasado, la vicegobernadora Myrian Prunotto firmó la Ley 11.045 por la cual la Provincia de Córdoba adhiere a “la declaración de “Emergencia en Materia Penitenciaria” vigente en el ámbito nacional, dispuesta por el Ministerio de Seguridad de la Nación mediante la Resolución Nº 254 de fecha 17 de abril de 2024, la cual prorroga las resoluciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Nº 184 del 25 de marzo de 2019 y Nº 436 del 28 de abril de 2022, con fundamento en la normativa en ellas referidas, en lo que no se oponga a este texto, la que se extenderá por el término de tres años a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Ley”
El proyecto original enviado por el bloque oficialista de Hacemos Unidos por Córdoba, adhiriendo a la resolución nacional de abril del año pasado, firmado por su presidente Miguel Siciliano, destacaba:
“Artículo 2: SOLICÍTESE a los Legisladores Nacionales de la Provincia de Córdoba, para que insten de manera perentoria en el Congreso y / o ante el Poder Ejecutivo Nacional, las normas legales que dispongan de inmediato las siguientes acciones en favor de la Provincia:
- a) La ejecución urgente de las obras necesarias para la construcción en la Provincia de Córdoba de un establecimiento carcelario Federal.
- b) La cancelación y ajuste de las deudas que el Gobierno Nacional adeuda a la Provincia por el alojamiento de Presos Federales en los Establecimientos Provinciales.
Y en sus fundamentos el Gobierno de Córdoba resalta: “Que debe destacarse que una de las causas definitorias y fundamentales en las declaraciones de emergencia provinciales y a nivel nacional, es la saturación de los sistemas carcelarios, la sobrepoblación, la desproporción entre cantidad de internos alojados y aprehendidos y el personal penitenciario, la sobrecarga laboral y funcional de los agentes, el desgaste propio que ocasionan las tareas de seguridad, los recambios por retiros voluntarios u ordinarios y la diferencia generacional y de experiencia de los nuevos ingresantes, el deterioro y quiebre que aparejó la pandemia a nivel local y mundial”.
Y pone la lupa en la situación carcelaria, seguida de cerca por el ministro de Justicia, Julián López, de quien depende el Servicio Penitenciario provincial: “En relación a la sobrepoblación, y atendiendo la problemática local se observa que, la infraestructura edilicia penitenciaria provincial del año 2015 (considerando los últimos diez años) soportaba el alojamiento de seis mil ochocientos cuarenta y cuatro (6.844) internos e internas alojados en establecimientos en toda la provincia mientras el último parte correspondiente al 31 de marzo del corriente año informa la cantidad de quince mil novecientos ochenta y cuatro (15.984) y sumando los federales, ascienden a 16.206 en total”.
El proyecto firmado por Siciliano pero elaborado en conjunto por el ministro López y el gobernador Llaryora critica la situación social de Córdoba y el país tras la llegada al Gobierno de la extrema derecha y sus políticas de ajuste neoliberal:
“Si bien se han efectuado ampliaciones y modificaciones estructurales en las cárceles provinciales, lo cierto es que en los últimos meses el crecimiento de la población ha sido exponencial, debido a las políticas públicas de seguridad y el crecimiento de la delincuencia como fruto del flagelo de la droga instalada en el tejido social y la ruptura de éste con motivo de la situación socio económica que afecta al país”.
Y detalla el crecimiento poblacional penitenciario como consecuencia directa de la situación socioeconómica: “Obsérvese que conforme las estadísticas del Servicio Penitenciario de Córdoba, en el transcurso del año 2025, vale decir sólo en los primeros tres meses se registran un mil veintidós (1.022) nuevos alojados, destacando que los incrementos de años anteriores sufrieron los siguientes aumentos: año 2021: +7%; año 2022: +6%; año 2023: +14%; año 2024: +13%; y en los tres meses de 2025 (enero, febrero y marzo): +7%, lo que permite proyectar que contabilizando el resto del año podría ascender a un +28%”.
También, los fundamentos exponen la falta de compromiso de la Casa Rosada para con la asistencia de presos bajo la órbita federal: “Que también debe considerarse que el Estado nacional mantiene con esta Provincia una deuda histórica proveniente de los gastos de alojamiento y custodia respecto de los internos federales, que se encuentran alojados en los distintos establecimientos penitenciarias y Complejos Carcelarios de la provincia y bajo la custodia del Servicio Penitenciario de Córdoba, sufragando desde el erario local la diferencia de sus gastos. Efectivamente los gastos reales que demanda el alojamiento de estos reclusos supera ampliamente lo erogado -de manera asistemática- el Estado nacional, aproximadamente en un mil por ciento”.
Y que “de igual modo debe discurrirse sobre la demora inmotivada respecto del compromiso de la Nación sobre la construcción de una cárcel para presos federales en la Provincia, teniendo presente que las provincias que limitan con Córdoba cuentan en su territorio con establecimientos, construidos y operativos, bajo el resguardo del Servicio Penitenciario Federal, tales como Santiago del Estero, Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, entre otras, y la recientemente inaugurada en Santa Fe”.
Frente a los reclamos de la Provincia, la ministra Bullrich se negó a disponer partidas de la Nación para levantar un módulo penitenciario federal o a pagar lo adeudado y redobló la apuesta: el miércoles 23 de abril, sólo nueve días después del reclamo financiero de Llaryora por el tema carcelario, en una operación de inteligencia a la que nos tiene acostumbrados por su berretismo y que posteriormente se derrumba judicialmente por insustancial, la ministra multiplicó exponencialmente la peligrosidad de Cáceres, difundiendo un viejo audio que ya circulaba desde el mes de marzo.
El mismo miércoles, el ministro López ordenó a la directora del SPC Carolina Funes que realice requisas profundas en las celdas de Darío Cáceres y sus posibles lugartenientes y preventivamente también ordena su traslado al penal de Cruz del Eje. Donde se encuentran alojados los internos de máxima peligrosidad, como el múltiple asesino Roberto Carmona, o el secuestrador Martín Luzzi.
Entre el martes 22 y el jueves 24, el gobernador Llaryora y el ministro López estuvieron en la ciudad de Buenos Aires en reuniones políticas y participando de una audiencia de conciliación en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por una deuda de $1 billón que la Provincia le reclama a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) por fondos no transferidos a la Caja de Jubilaciones provincial:
“Vine a defender el interés de los cordobeses. No solo de los jubilados cordobeses, porque seguimos pagando los haberes con el esfuerzo de todos, con los recursos de todos. No se puede permitir un avasallamiento de la institucionalidad”, dijo el gobernador a la salida de la reunión; y agregó: “No puede permitirse que se incumplan las leyes. La República tiene que tener institucionalidad. Si la Nación no cumple, las provincias podríamos hacer lo mismo y no lo hacemos”.
Ese jueves 24, mientras Llaryora y López –jefe político del SPC- se encontraban en CABA con la atención puesta en la Corte; la ministra Bullrich y la jueza federal y ex espía María Noel Costa, acordaron trasladar al jefe de La Fiel desde la cárcel de Cruz del Eje a Ezeiza. Fuentes de la Nación y de la Provincia confirmaron a Stripteasedelpoder.com que mientras la ministra de Seguridad cerraba las maletas para sus minivacacones a la Fontana de Trevi en coincidencia con las exequias del papa Francisco, su operador Rodrigo Conti fue el encargado de afinar las cuestiones logísticas. Y así, Darío Cáceres fue empaquetado en esta maniobra de inteligencia.
El viernes 25, Bullrich posteó en X: “¡De una cárcel común a una de máxima seguridad! El peligrosísimo narco cordobés, líder de la barra de Talleres y condenado por traficar 1500 kilos de droga, se quedó sin privilegios. El SPF y la PFA lo trasladaron en un importante operativo. Con nosotros, ley y orden”.
La espía que me amó
Ian Fleming, un ex agente de la Inteligencia británica se hizo conocido mundialmente por ser el padre de James Bond, el arquetipo del espía que muchos quieren imitar. El 16 de abril de 1962 publicó su décima novela ‘La espía que me amó’; que fue llevada al cine bajo el mismo nombre en 1977.
El personaje inventado por Fleming para esta novela parece calzar con la humanidad de la actual jueza federal María Noel Costa; una abogada cordobesa que trabajó bajo las órdenes del radical macrista Oscar Aguad.
A principios de 2017 Costa concursó y obtuvo el tercer lugar en el orden de mérito para acceder al cargo de juez de cámara en el Tribunal Oral Federal Nº 3 de Córdoba. Cargo que ocuparía recién seis años y medio después en forma subrogante y por el plazo de un año, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024.
En diciembre de 2017, el ministro de Defensa Aguad la designó al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica del Ministerio de Defensa (DNIEM). Allí, además de encargarse de la inteligencia militar externa, Costa se dedicó a espiar a los familiares de los 44 marinos muertos en el hundimiento del submarino ARA San Juan, hecho ocurrido el 15 de noviembre de ese año. Y según denunció en octubre de 2020 ante la Comisión Bicameral de Inteligencia, el ex subsecretario de Inteligencia del macrismo y actual secretario de Estrategia Nacional, José Luis Vila, la DNIEM al mando de la cordobesa Costa se dedicó a espiar a funcionarios públicos.
Ver ARA SAN JUAN: las macabras mentiras y negocios petrolíferos del Gobierno con la compañía inglesa Ocean Infinity
Ver La cartelización en el concurso petrolífero Costa Afuera (II) y la sombra del ARA San Juan
Ver Malvinas y petróleo: el barco petrolero que halló el ARA San Juan sigue husmeando allí
Ver ARA San Juan: La saga de naufragios, desaparecidos, agresiones contra el país, y vínculos con Gran Bretaña de la Armada Argentina
En julio de 2019, Costa fue citada a prestar testimonio ante la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, para informar sobre tareas de inteligencia que habría realizado el submarino hundido y se limitó a responder por escrito sólo algunas de las preguntas, aduciendo que debía mantener en secreto algunas cuestiones, de acuerdo lo que establece la Ley de Inteligencia.
Entonces, la jueza Yáñez giró una solicitud a Aguad para que la relevara del secreto, pero el ministro de Defensa nunca dio respuesta. Cuando le reiteraron el pedido, Aguad ya había dejado el cargo. Dos meses después, en septiembre de 2019, Aguad tampoco respondió acerca de las denuncias de su subordinado, coterráneo y correligionario Vila.
La cordobesa Costa estuvo en la Inteligencia militar desde diciembre de 2017 hasta abril de 2019; desde mayo de ese año es jueza del Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba. En su paso por Defensa hizo una estrecha relación con Bullrich, ministra de Seguridad.
En el caso del espionaje a los familiares del ARA San Juan, la investigación sobre el accionar de la jefa de la DNIEM no avanzó, nunca se exploró el accionar de la Inteligencia naval y sólo quedó circunscripto a los agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por dos razones: Costa es jueza federal y está en pareja con Diego Barroetavaña, integrante de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, junto a Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.
Berrotaveña fue juez de Garantías de San Isidro y tuvo a su cargo la causa por el asesinato de María Marta García Belsunce. También participó del juicio por el asesinato del militante del Partido Obrero (PO), Mariano Ferreyra y fue uno de los jueces que condenó al burócrata ferroviario José Pedraza a 15 años de prisión.
En julio de 2023, los jueces Barroetavaña y Guillermo Yacobutti se opusieron a las querellas y permitieron que el juez Mariano Borinsky integre el tribunal que debe revisar el sobreseimiento del ex presidente Mauricio Macri en el caso del espionaje a los familiares de los marinos del ARA San Juan. Allí se vio involucrada Costa, pareja de Barrotaveña.
Y en junio de 2024, en un polémico fallo de alto impacto político, Barroetavaña y sus colegas Carlos Mahiques y Daniel Petrone –integrantes de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal- beneficiaron a Angelo Calcaterra, primo del ex presidente Macri en la causa Cuadernos, con las fotocopias del chofer y servicio Oscar Centeno.
Para los camaristas Barroetavaña, Mahiques y Petrone, los pagos realizados por Calcaterra y su subordinado Javier Sánchez Caballero a los exfuncionarios del Ministerio de Planificación, serán investigados como aportes electorales que no fueron declarados en la Justicia electoral; y no como actos de cohecho activo, criterio que había sido corroborado en todas las instancias anteriores.
Barroetavaña por su condición de juez de la Cámara Federal de Casación Penal tiene estrecha relación con Luis Savino, presidente del Centro de Estudios Americanos (CEA) y es un asiduo concurrente a las cenas anuales del organismo que opera para la embajada de EE.UU. Por caso, en septiembre del año pasado, el juez federal Barroetavaña y su pareja la jueza federal Costa; participaron de la cena anual en la que se distinguió a Abigail Dressel, vicejefa de Misión de la embajada de EE.UU. con el Premio Puentes de América.
Inconstitucional
Desde el miércoles 23 de marzo de 2022, que se entregó al juez federal Alejandro Sánchez Freytes, hasta el miércoles 23 de abril pasado, Darío Cáceres pasó 37 meses alojado en el complejo carcelario ‘Padre Luchesse’ de la vecina localidad de Bouwer, al sur de esta Capital. Ese mismo miércoles, tras la difusión del audio con los insultos para sus lugartenientes David Jover, Hugo “Ciego” Cardozo y Fernando “Paisa” Larrahona; la directora del SPC Carolina Funes dispuso el traslado del jefe de La Fiel al penal de Cruz del Eje, distante 128 kilómetros al norte.
Al día siguiente, Bullrich y Costa, sin haber una imputación de un fiscal de instrucción cordobés, ni riesgo procesal, decidieron en medio de un show mediático, enviar a Cáceres al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza; distante a 747 kilómetros, violando los artículos 14 y 29 en el Anexo II del Decreto Reglamentario 344/08, que adhiere a la Ley Nacional Nº 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad y establecen:
“Artículo 14: No podrá aplicarse sanción disciplinaria alguna sin la previa comprobación de la infracción imputada, mediante el debido procedimiento establecido en este reglamento, asegurando el ejercicio del derecho de defensa”. El fiscal José Alberto Mana no imputó a Cáceres por el audio.
“Artículo 29: a) Cuando la persona con derecho a visita ordinaria se domicilie a más de cien (100) kilómetros y hasta trescientos (300) kilómetros del establecimiento que aloje al interno”. Darío Cáceres está alojado a más de 700 kilómetros de sus familiares.
Una vez más, la ministra Patricia Bullrich, imitadora de Bukele y de las dictaduras militares que también derivaban a sus presos a remotas cárceles del país, en su afán mediático, violó todas las normas jurídicas. Y en Córdoba la Docta no lo ignoran.-
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