El Acueducto Interprovincial Santa Fe – Córdoba es la obra faraónica de la Región Centro del país, integrada por Córdoba, Santa Fe, y Entre Ríos. Viene siendo impulsado por el gobierno cordobesista, primero por Juan Schiaretti y ahora por Martín Llaryora, ambos interesados en candidatearse para presidente. Quienes confiaron es gestión en el secretario de Integración Regional de Córdoba, y actual Presidente de la Mesa Ejecutiva de la Región Centro Argentina, el caballero de la siniestra figura Jorge Montoya, vinculado con los negocios ad hoc de la “guerra sucia”.
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La mega obra consiste en tomar agua del río Paraná, potabilizarla, y traerla entubada hacia Córdoba, para ofrecer ese vital recurso a decenas de pueblos santafesinos y cordobeses que encuentre en el camino, con sus ramificaciones. Con la notable particularidad que se trata de traer las mismas aguas que Córdoba con sus ríos vuelca en el Paraná. En estos momentos se están realizando obras para la toma de agua, la tubería de aspiración, y la instalación de la planta potabilizadora.
Mientras qué en Córdoba, distintos sectores académicos advierten de las implicancias financieras y ambientales que podría desencadenar esta faraónica iniciativa. Empezando por la cuestión de la calidad del agua del Paraná, que no solo el año pasado recibió un bajísimo caudal por la sequía, sino también que por su extensión recibe una impensada cantidad de residuos. También se advierte sobre los distintos niveles de altura, que implica bombear el agua para llegar al Gran Córdoba, implicando un notable consumo de energía con su huella de carbono. Finalmente, se advierte sobre los enormes costos, que implican agravar el endeudamiento externo de las provincias, en un panorama de escasez no solo de agua, sino también de dólares.
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De hecho, mientras en Santa Fe se iniciaron con las primeras excavaciones, la gigantesca obra ya ha recibido su primer chirlo institucional, por parte de la Defensoría del Pueblo de la Nación. La que advirtió que los papeles para la evaluación de los impactos ambientales están mojados e inservibles, y que no ha habido consulta a la ciudadanía con respecto a ellos.
Acerca de la obra
El Acueducto consta de una primera etapa, que empieza a la altura de la ciudad de Coronda, donde se recoge el agua del sexto río más grande del mundo, que es el Paraná, para llevarla hasta San Francisco, Córdoba, en la frontera con Santa Fe. La segunda se haría en suelo cordobés, para llegar al Gran Córdoba.
Fue impulsada por los anteriores gobiernos pejotistas de Juan Schiaretti de Córdoba y Omar Perotti de Santa Fe, sucedidos por el pejotista Martín Llaryora y el radical Maximiliano Pullaro respectivamente. A fines del 2021, ambos lograron el financiamiento del proyecto con el aporte del Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe. Por el momento, las obras arrancaron gracias a ese crédito, para ejecutar el Bloque A de la Fase 1 de la Etapa 1. Su costo total sería de U$S 60 millones, de los cuales U$S 50 millones lo otorgaron los jeques. La totalidad de la Etapa I santafecina, tiene un presupuesto de U$S 441,5 millones. Para la Etapa II, es decir el tramo cordobés, podría alcanzar U$S 200 millones adicionales.
El 21 de mayo pasado, las partes de prensa ya anunciaron el inicio de los trabajos de la Etapa I en Coronda, en particular en el acopio, la limpieza, y el acondicionamiento de trazas. También, se empezaron a instalar tuberías. Dos días después aparecería la firma de la Defensoría del Pueblo.
Papeles húmedos
La Defensoría del Público de la Nación es una institución nacional, que brega por los Derechos Humanos, prevista en la Constitución y es reconocida por las Naciones Unidas. Con fecha del 23 de mayo pasado, y con la firma de su subsecretario General Juan José Böckel, la entidad exhortó a las autoridades provinciales y nacionales, a que se revise el procedimiento de evaluación ambiental de la obra, al considerar que se violaron leyes nacionales.
Resaltó que el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe, quien otorgó el aval para proceder con la Etapa I en suelo santafecino, no efectuó “un análisis de todas las obras que comprenden el proyecto. Considera que el análisis debió ser “integral, en el sentido de que debe abordar el proyecto en su totalidad, es decir, debe comprender todos los impactos ambientales”.
La abogada ambiental Inés Rivera que integra el área de Medio Ambiente de la Defensoría, declaró en un podcast que produce la misma institución: “este es un proyecto que es muy grande. Tiene varias etapas, fases y bloques. Va a llevar mucho tiempo. Lo que hicieron en Santa Fe fue evaluar la primera etapa, pero no se evaluó el proyecto en su totalidad, que abarca también a Córdoba, y sus impactos. Ese es donde ponemos el eje: que el proyecto es uno solo, por más que sea dividida en etapas, y por lo tanto debe ser evaluado en su totalidad”.
Para la Defensoría, se “distorsiona el sentido y función de instrumento de gestión ambiental preventiva del proceso administrativo”, ya que “debe abarcar todos los impactos ambientales relevantes”. Ante eso, al ser uno de los tantos proyectos que “involucran más de una jurisdicción y presentan una potencial incidencia interjurisdiccional es necesaria la participación de la máxima autoridad nacional... Tampoco tienen conocimiento y no fueron invitados a participar las jurisdicciones aguas abajo (Buenos Aires y Entre Ríos)”, advirtieron.
“Otras de las irregularidades detectadas es la falta de mecanismo de participación ciudadana”, sigue sosteniendo el documento, el cual es obligatorio por la Ley General del Ambiente. Así, “la legislación provincial referida a lo ambiental debe adecuarse a lo establecido en la Ley General del Ambiente por lo que la participación ciudadana debe garantizarse en todo procedimiento”. Por ende, “no puede estar librada al criterio del Poder Ejecutivo provincial”.
“Ya tuvimos casos que involucra a Santa Fe y que les dijimos que esto no es verdad. Santa Fe no tiene esa discrecionalidad para invocar audiencias o consultas públicas para procedimientos de evaluación de impacto ambiental. Porque la Ley General del Ambiente, cuyos contenidos son obligatorios en cualquier punto del país, establece que cada vez que hay un procedimiento evaluación de impacto ambiental, alguna instancia de participación ciudadana se tiene que implementar”, sostuvo Rivera en el podcast Derechos y acción.
Ante todo ello, la Subsecretaría General de la Defensoría del Pueblo de la Nación le exhortó a la Unidad Ejecutora Biprovincial, encargada de esa obra, a que realice una nueva evaluación de impacto ambiental, respetando los derechos humanos y se convoque a una audiencia pública o consulta popular. Y también que la Subsecretaría de Ambiente del gobierno nacional, empiece a intervenir en evaluaciones ambientales que sean interjurisdiccionales. Por último, pone en conocimiento a las autoridades del manejo del agua público de las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos sobre ésta situación.
La respuesta con baja presión
La Unidad Ejecutora del acueducto, compuesta por funcionarios y técnicos de ambas provincias, dio una respuesta a la resolución de la Defensoría el pasado viernes 12 de julio. Aseveran que el procedimiento “se llevó adelante cumplimentándose los pasos necesarios”, al ser aprobado por el ministro de Ambiente de Santa Fe, y con la expectativa que lo haga Córdoba al llegar al otro tramo, “abarcando así la totalidad del proyecto”.
Con respecto a la ausencia de la participación ciudadana, consideran que se vuelve “extemporáneo”, al estar el proyecto ya en ejecución. Con lo cual, proponen realizar “otros instrumentos” como un “plan gestión ambiental” o “agendas participativas”. Prácticamente, que a la ciudadanía se le informe de los avances de obras.
Desde la Defensoría, comunicaron al presente portal, que administrativamente se cumplieron con los pasos burocráticos requeridos y se tomará como saldado este trámite. Sin embargo, quienes trabajan allí con especialidad en el derecho ambiental, sostuvieron que las respuestas recibidas fueron “nada satisfactorias”.
Las aguas suben turbias
Pablo Sigismondi es geógrafo de profesión, ha recorrido gran parte del planeta, y viene analizando en detalle esta obra. En febrero de este año, en un artículo publicado para Striptease del Poder, advertía que está obra arrancaba a una altura de 18 msnm (metros sobre el nivel del mar), para luego concluir en la planta potabilizadora de Bouwer en Córdoba, que se encuentra a 380 msnm: “Por lo tanto, el agua deberá fluir en sentido contrario a la ley de la gravedad, para ascender un desnivel de 362 metros a lo largo de 350 kilómetros de recorrido. Debido a este gradiente negativo, será necesario construir numerosas plantas de bombeo”.
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El río, que sería el sexto más grande del mundo, está rodeado de cultivos agrícolas de altos rindes, con la soja a la cabeza, que cubren casi el 29% de la cuenca. “La aplicación anual de glifosato, dos y hasta tres veces, terminan en el Paraná, donde se advierten altos niveles de glifosato y su degradación, el metabolito AMPA”, sostiene Sigismondi, basado en un trabajo de investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata.
Esa investigación había tomado muestras en los principales afluentes del Paraná, entre los años 2011 y 2012. Sólo el 15% contenían glifosato a una concentración promedio de 0,6 microgramos por litro (μg/L), mientras que no se detectaron AMPA, que es un residuo de ese herbicida. Ambos estuvieron presentes en los sedimentos de los afluentes del tramo medio y bajo, en un promedio respectivo de 37 y 17% en las muestras. Las concentraciones medias fueron 742 y 521μg/kg con proporciones media, máxima y mínima de glifosato/AMPA de 2,76, 7,80 y 0,06, respectivamente.
“El río Paraná es una vía navegable internacional y su caudal está regulado principalmente por Brasil y Paraguay. Surcado anualmente por miles de embarcaciones de todo el mundo, éstas agregan aguas residuales y sustancias peligrosas. Habrá, por lo tanto, no sólo que desbarrar sino además descontaminar de plásticos, agrotóxicos, afluentes industriales urbanos e hidrocarburos para transportar agua en condiciones”, sostiene Sigismondi, basándose en un trabajo académico denominado “Metals, pesticides, and emerging contaminants on water from agricultural areas and the effects”, publicado el año pasado 2023.
Para el geógrafo trotamundos, la crisis hídrica de la provincia tiene sus raíces en que la geomorfología de las cuencas hídricas vienen siendo “alteradas para trazar autovías en las sierras”. A la que se suma la deforestación sobre la cobertura vegetal nativa, la implantación de pastizales de altura, y los distintos tipos de “pisos” de vegetación, “como corolario de los incendios y desmontes (que, año a año, reducen cada vez más el escaso bosque serrano en buen estado de conservación) y las canteras, agravados más aún por la expansión urbana descontrolada”.
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“Todo lo anterior ha alterado el natural ciclo hidrológico de almacenamiento de agua, que debiera acumularse en los mantos del suelo antiguamente repletos de materia orgánica y que hoy han sido reemplazados por cemento. Al desmantelar y aniquilar esas auténticas esponjas bióticas, no sólo se ha roto la fertilidad del suelo, imprescindible para el consiguiente crecimiento de las plantas y refugio de la escasa fauna. Las actuales condiciones impiden la infiltración que luego deviene en agua subterránea que, a su vez alimenta los cursos de agua en épocas secas. Por eso actualmente las precipitaciones escurren de manera directa y casi instantánea a través de las superficies cementadas. Las consiguientes cada vez mayores inundaciones y sequías en épocas de escasez baten récord. La demolición de nuestras montañas impide almacenar agua”, advierte.
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Frente a la incertidumbre sobre cómo resolver la escasez hídrica, Sigismondi propone generar una extracción al río Ctalamochita o utilizar parte del agua del río Anizacate, como lo expone en los siguientes videos.
“Reutilizar, reciclar las aguas residuales y pluviales; aumentar la eficiencia de los sistemas de distribución para que se eviten las pérdidas; más importante todavía, impedir la mezcla de agua pura con la cada vez mayor cantidad de aguas residuales. Tal vez, cuando todos éstos pasos se pudieran haber completado, podríamos recapacitar si conviene acarrear agua desde tan lejos y a un costo ecológico tan inmenso”, cierra.
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