Con la ley de gestión de la deuda externa, el gobierno hizo un tercer gesto cariñoso hacia los acreedores externos. Olvidando el ingenuo lamento del diputado y ministro de Economía Juan Carlos Pugliese, “les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. La cual esconde sus bemoles, como la autorización para efectuar “administración de pasivos”, como las que hacía “el messi de las finanzas” Luis “Toto”, generando deuda externa clandestina. Dejando además lagunas en cuanto la inmunidad soberana para la ejecución de sentencias, como sucedió con la fragata Libertad, y puede suceder con los bienes marítimos situados en la Zona Económica Exclusiva. Habiendo negado además la continuidad de la deuda externa pública sucia heredada de la dictadura, no obstante  que con la inflación de EEUU de por medio, su nivel actual de 171 mil millones de dólares, es equivalente a los 46 mil millones de deuda externa que había en 1983. Que obligó a la democracia que vino después, ha hacer sucesivas reformas impuestas desde el exterior, que llevaron al país a sucesivos desastres. 

Por Javier Llorens – 9/2/2020

En diciembre pasado el Congreso de la Nación declaró por enésima vez desde 1983, la emergencia pública. En esta ocasión en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria, y social, hasta el 31 de diciembre de 2020.

Mediante una ley titulada al estilo del presidente Carlos Menem y su superministro Domingo Cavallo: “Ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública” (27.541), que fue promulgada urgentemente en vísperas de la Navidad, el 23 de diciembre pasado.

Con la que dispuso sustanciales aumentos impositivos, y congelamiento o achatamiento de las jubilaciones, que recaen directamente sobre la clase media. Razón por la que distintos analistas afirmaron que intrínsecamente se trata de un brutal plan de ajuste, que constituía un gesto hacia los acreedores externos, para mostrar la voluntad de pago de la deuda.

La ley de solidaridad con los acreedores y reactivación del pago de la deuda

Pero al respecto no hace falta hacer interpretaciones antojadizas, dado que el mismo texto de la ley se encarga de señalar esto desde su artículo 2. En el que se establece como base de la delegación de poderes del Congreso al Poder Ejecutivo:  “a) Crear condiciones para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, la que deberá ser compatible con la recuperación de la economía productiva y con la mejora de los indicadores sociales básicos”.

Seguidamente en el Título II, Sostenibilidad de la Deuda Pública, el artículo 3 faculta al Ejecutivo a llevar adelante las gestiones y los actos necesarios para recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública de la República Argentina”.

Previendo al respecto en el artículo 4, que el Ejecutivo “remitirá un informe con los resultados alcanzados como producto de las gestiones y actos mencionados en el artículo 3° de esta ley, a la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación del Honorable Congreso de la Nación”.

La cual más allá de su pomposo nombre, no emitió nunca un informe. No obstante que con distintas variantes viene funcionando desde el año 2014. Y hasta ahora solo registra  seis reuniones a lo largo de su vida, según su última modificación del año 2016. Desconociéndose actualmente quienes la integran, siendo evidente por lo tanto su negligencia y molicie en el “seguimiento” de tan trascendental asunto.

Esta previsión pone en evidencia la degradación institucional argentina, dado que en los tiempos de la Generación del 80 y sus enormes endeudamientos en libras esterlinas,  cada empréstito debía ser aprobado previamente por el Congreso.

Dando esto lugar a sesiones y situaciones resonantes. Como el rompimiento que aconteció en 1901 de la dupla del presidente Julio Roca con el senador Carlos Pellegrini Bevans, que había dinamizado la política argentina hasta entonces. En oportunidad que este último intentó sacar adelante una conversión de deuda, que a cambio de una leve rebaja en la tasa de interés, ponía como garantía los ingresos de aduana.

Cuya peligrosidad se puso de manifiesto al año siguiente, con el bloqueo naval impuesto a Venezuela por el Imperio Británico, el Imperio Alemán, y el Reino de Italia, exigiendo el pago de su deuda externa.

Lo cual dio lugar a que Argentina se pronunciara con la doctrina Drago, que estableció que ningún estado extranjero puede utilizar la fuerza contra una nación americana con la finalidad de cobrar una deuda financiera. La cual con reparos iniciales, fue finalmente adoptada por EEUU en el marco de la doctrina Monroe.

La tensión entre haberes jubilatorios y deuda pública

Bastante más adelante, el artículo 57 de la antedicha ley, aporta una explicación de porqué en ella, dos artículos atrás, se dispuso la suspensión de la ley de reajuste de los haberes jubilatorios, sancionada por el Congreso a finales el 2017, en medio de una enorme convulsión social.

Arrogándose por su parte el Poder Ejecutivo la potestad de hacerlo a su manera, “atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”. O sea a costa de los ingresos que superen el mínimo.

En dicho artículo 57 se modifica el tope de 50 % en títulos públicos, que podía tener en su cartera el Fondo de Garantía de Seguridad del ANSES. Elevándolo nada menos que hasta el 100%, en caso de que “el excedente cuente con recursos afectados específicamente a su cumplimiento, o con garantías reales u otorgadas por organismos o entidades internacionales”.

Y como si eso no fuera suficiente, excluye del computo las tenencias de títulos públicos que fueran recibidas por las AFJPs en el canje de deuda del 2005 y anteriores. Disponiendo además que hasta el 31 de diciembre de 2023, “podrá mantenerse hasta el setenta por ciento (70%) cuenten o no con garantías”.

De esta manera, para disminuir la deuda con los acreedores privados, el actual gobierno se dispone a colocar más deuda intraestado. O sea colocada en organismos públicos, conforme la modalidad que adoptó sistemáticamente el gobierno kirchnerista, y que motivó la estatización de las AFJP.

La cual representa actualmente un 38 % del total de la deuda pública. Revelando así crudamente este artículo, la tensión o dilema existente entre haberes jubilatorios y pago de la deuda pública. En el cual para evitar el default con los acreedores financieros, se ha dispuesto un parcial default con los jubilados y pensionados. Usando a estos como variable de ajuste, lo cual ya es tradicional en nuestro país.

Pero hay más aun a favor de los acreedores, aunque parezca exagerado. Con los artículos 61 al 63, se dispone que el Banco Central debe aceptar una letra a diez años de plazo, por un monto de hasta U$S 4.571.000.000, y el pago e un interés simbólico, cuyo monto se destinará al pago de la deuda externa.

Disponiendo que esta letra y las restantes que tiene en su poder el Banco Central, que en total suman ahora más de tres billones de pesos, equivalentes a 51 mil millones de dólares, se evalúen a su valor técnico. No a su valor real o de mercado, como hizo en el 2018 el anterior gobierno por orden del FMI.

Lo que hizo que su patrimonio en septiembre pasado fuera negativo en la diabólica cifra de U$S 6.666 millones de dólares. Y ahora en cambio con la promulgación de esta ley de “solidaridad y reactivación”, luce un robusto patrimonio positivo de 3.250 millones de dólares.

Ver Colapsó el Banco Central, tras las PASO su Patrimonio se hizo negativo en u$s 6.562 millones

Mostrando esto la magia que se puede hacer con las deudas intraestado. Similares a las que hizo en el año 2001 el mago de las finanzas “Mingo” Cavallo, al disponer que los títulos públicos que tenían en su poder los bancos, con los que habían birlado las reservas de los ahorristas, también se valorizaran a su valor técnico y no de mercado.

El compromiso por el Desarrollo, la solidaridad y pago de la deuda

Seguidamente el 27 de diciembre el presidente de la Nación Alberto Fernández firmó el “Compromiso Argentino por el Desarrollo y la Solidaridad” con organizaciones sindicales, sociales y empresariales.

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El que en su octavo párrafo y subsiguientes, revela que también es un compromiso para el pago de la deuda dirigido a los acreedores externos, donde se dice:

“En segundo lugar, esa urgencia se manifiesta en un endeudamiento público que, por su magnitud y la inmediatez de los compromisos de pago, exige a nuestro Gobierno un claro desafío. La voluntad de pago requiere condiciones compatibles con la atención de la deuda social y el crecimiento de la economía, en el marco de una ética pública de las prioridades que ponga a la dignidad humana por encima de cualquier otro interés. Sin ello, sería imposible cumplir con las obligaciones que asuma el país.”

“Reconocemos también la prioridad de la resolución sustentable de esa deuda pública. Expresamos nuestra confianza y respaldo a la gestión que ante los acreedores privados y organismos internacionales realizará el nuevo gobierno argentino. No será la mera negociación de una administración. Lograr una solución sustentable será la tarea colectiva de todo un país que reclama poner a la producción y al trabajo por encima de la especulación financiera y la fuga de capitales”.

Para que no quedaran dudas de ese compromiso, el “Compromiso” acaba diciendo: “Estamos convencidos y convencidas de que la Argentina debe asumir unida sus desafíos. Superar las divisiones del pasado, para construir el futuro. Juntos podemos atender mejor los desafíos más urgentes de la deuda social y la deuda pública. Así, contribuiremos a construir el país desarrollado y justo que todos y todas nos merecemos.”

El mismo cuenta con un total de 57 firmantes. De los cuales 18 son sindicalistas, 17 de movimientos sociales, 8 de la agroindustria, 6 de la industria, 6 de cámaras empresarias, 1 del sector agropecuario, 1 de la Bolsa de Comercio, y uno a título personal.

Brillando así por su ausencia el sector financiero, que es el que está directamente involucrado en la cuestión de la deuda, y ha obtenido siderales ganancias en los últimos años. Y del resto del sector empresario, se distinguían por su presencia Miguel Acevedo de AGD, y Gustavo Idigoras de CIARA.

Quienes en lugar de poner solidariamente, se apresuraron a sacar antes que todos. Con las modificaciones arancelarias que realizó el flamante gobierno apenas asumió. Habiendo este sector de la agroindustria, efectuado notables aportes a la campaña electoral a favor el Frente de Todos, cuando ella estaba ya terminada.

Ver Aumento retenciones beneficia a los que se la llevaron puestas con la 125

Tampoco estaba ninguno de los grandes popes del empresariado argentino, que en el último medio siglo, a la par que Argentina se venía para abajo, lograron plasmar enormes fortunas. Como los Rocca, Bulgheroni, Perez Companc, Eurnekian, Macri, Whertein, Roemmers, SIgman, etc. Así que el compromiso del pago de la deuda parece haber sido asumido por quienes tendrán que hacerlo con sangre, sudor y lágrimas: los trabajadores y los desocupados de los movimientos sociales.

La ley de sostenibilidad de la deuda insoportable

Ahora como un nuevo gesto hacia los acreedores, el gobierno hizo aprobar en el Congreso la “Ley de Gestión de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa”. Cuyo contenido aparece a primera vista redundante, al encontrarse las autorizaciones que en ella se pide, ya otorgadas en la ley previa de “Solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública”

El artículo primero de este proyecto de ley dispone: Declárase prioritaria para el interés de la República Argentina la restauración de  la sostenibilidad de la deuda pública externa, en los términos del artículo 65 de la Ley de Administración Financiera 24.156…”.

Por su parte esta ley del tiempo del mago de las finanzas “Mingo” Cavallo,  dispone genéricamente que esa autorización es:en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales”. Redacción que ha dado lugar a discusiones inacabables incluso en el ámbito de la justicia penal, de cuantas de esas condiciones deben cumplirse.

O peor aún permitió el planteo, tal como sucedió en el caso del famoso Megacanje, de que una mejora en los plazos, justificaba un enorme aumento en la tasa de interés. Además en el 2007 se modificó este artículo, agregando que esas operaciones se podían hacer para rescatar títulos ajustados por CER, siempre “que resulte una mejora que se refiera indistintamente al monto o al plazo de la operación”. Agregando así aún más confusión al tema.

En consecuencia seguidamente autoriza “al Poder Ejecutivo Nacional a efectuar las operaciones de administración de pasivos y/o canjes y/o reestructuraciones de los servicios de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital de los Títulos Públicos de la República Argentina emitidos bajo ley extranjera”.

La “administración de pasivos” de deuda clandestina

Los financistas dicen que el diablo se esconde en los detalles, y las palabras “administración de pasivo”, parece estar en esa categoría. Dado que ella ni figura en la mencionada ley de Administración Financiera del mago “Mingo” Cavallo. Abriendo el interrogante si el verdadero y subrepticio objeto de la ley es el introducir esas palabras en el marco de la autorización dada al Poder Ejecutivo para el arreglo de la deuda.

Bajo esa definición general, se puede hacer cualquier cosa. Como las operaciones de endeudamiento clandestino con REPOs o compraventa de títulos, que hacia el “messi de las finanzas” Luis “Toto” Caputo.

Dando como garantía en títulos un valor el doble del monto recibido, o sea una sobre garantía del 100 %. Cuyos importes tanto en cuanto el monto adeudado como sus garantías, no figuraban en los informes trimestrales de deuda.

Ver La costosa deuda pública clandestina por u$s 8.000 millones del ministro “Toto” Caputo es una bola de nieve

Y por eso lo primero que hizo el anterior gobierno fue cancelar anticipadamente esas REPO, antes de hablar de reperfilar la deuda. No sea que el “messi de las finanzas” Toto Caputo y Mauricio Macri tuvieran que marchar presos.

Ver Magia negra financiera de Caputo y Macri: recompran deuda pero la deuda no baja

Y en el caso actual cabe preguntar si, por ejemplo, se piensan dejar los títulos viejos como garantía de cumplimiento de los nuevos compromisos. Para ante el caso de un mínimo incumplimiento, repontenciar nuevamente el monto de ella ¿Será este en realidad el verdadero objeto de esta ley redundante?

El antecedente del 2001

Esto ya sucedió en el pasado, con los títulos públicos canjeados por “Préstamos Garantizados” con impuestos, que se mantenían subyacentes como garantías de la operación. Ideados en el 2001 por el mago “Mingo” Cavallo y su fiel secretario de Finanzas, el eterno hombre de la deuda Daniel Marx.

Que también asesora ahora al actual gobierno, no obstante su escabroso curriculum. Que comenzó como ejecutivo del Banco Torquinst y Banco Rio, y negociador de la copiosa deuda de Arbol Solo del grupo Capózzolo, que creció inusitadamente durante la dictadura militar.

Y esos antecedentes  parecen haber sido suficientes para que entre 1987 y 1993 se desempeñara como director del Banco Central y negociador de la deuda externa. Que culminó con el Plan Brady de capitalización de la deuda, mediante la privatización y extranjerización de las empresas estatales.

Cuyos efectos desastrosos se vieron luego en el 2001. Pero ínterin Marx, saltando al otro lado del  mostrador, terminó como socio del autor de dicho plan, el secretario del Tesoro de EEUU Nicholas Brady, en Derby Overseas, dedicado a hacer inversiones en los mismos países que habían aceptado su plan.

Luego en el 2001 volvió a saltar al otro lado del mostrador, y como secretario de Finanzas fue el autor el famoso Megacanje. De cuya causa judicial logró zafar tempranamente, pese a ser el principal responsable, con la clásica treta de urdir una cosa juzgada en un juzgado amigo. Igual a la empleada por Franco y Mauricio Macri, para zafar en la causa de contrabando de Sevel.

Ese seudo canje de títulos públicos por “prestamos garantizados”, fue autorizado por el DNU 1387/01. El que además de la firma del presidente Fernando De la Rua y Cavallo, llevaba las de Chrystian Colombo,José H. Jaunarena, Ramón Mestre, Hernán Lombardi, Patricia Bullrich, etc.

Con él se modificó el artículo 57 de la ley  24.156 de Administración Financiera, referido al endeudamiento público, haciéndole el agregado del siguiente párrafo, que parece venir a cuento para la actual situación:

A estos fines podrá afectar recursos específicos, crear fideicomisos, otorgar garantías sobre activos o recursos públicos actuales o futuros, incluyendo todo tipo de tributos, tasas o contribuciones, cederlos o darlos en pago, gestionar garantías de terceras partes, contratar avales, fianzas, garantías reales o de cualquier otro modo mejorar las condiciones de cumplimiento de las obligaciones contraídas o a contraerse.”

Esta operación fue el remate del Blindaje y el vaciamiento del sistema financiero que se perpetró ese año. En el cual los bancos mediante el Megacanje sustituyeron las reservas de los ahorristas que estaban depositadas en bancos extranjeros en el exterior, por títulos públicos que estos detentaban y urgían desprenderse ante la inminencia de un default.

Ver EL Gobierno engaña como en el 2001: no hay dólares para todos y todas

Vaciamiento y empapelamiento de los bancos locales, que fue legalizado por el mago “Mingo” Cavallo. Quien en base a los superpoderes que había requerido para asumir, modificó la Carta Orgánica del Banco Central a esos efectos. Y el remate de esa mega maniobra fueron los “préstamos garantizados”, que evitaron que los títulos públicos que figuraban como reservas de los bancos fueran al default.

Ver Prat Gay, el gran encubridor del vaciamiento del sistema financiero en el 2001

El antecedente del 2005 y 2010

Algo parecido sucedió con los canjes de deuda del 2005 y del 2010,  en los que la supuesta quita del 66,3 % fue compensada con la deuda contingente de las Unidades Ligadas al PBI (ULPBI) recomendadas por el FMI.

Las que tampoco figuraban en los informes de deuda. Pero cuyo defectuoso diseño, al partir de una base el PBI muy baja en el marco de un rebote de la actividad económica, y con un efecto acumulativo en su formulación, llevaron a un pago acelerado de ellos. Sumados a los compromisos de recompra de deuda asumidos con los acreedores.

Ver Nielsen el creador de los buitres, candidato a múltiples cargos

Obligando esto al gobierno de entonces, a emprender distintas aventuras con la finalidad de allegar fondos para su pago. Como la de la fracasada resolución 125, la estatización de las AFJP, la generación de la deuda intra estado, y el pago de la deuda con las reservas del Banco Central.

La “desadministración de pasivos”

La primera vez que apareció en el léxico oficial las palabras “administración de pasivos” fue en la ley de Presupuesto 1998, incorporada a la ley Complementaria Permanente de Presupuesto (Nº 11.672 artículo 46).

En momentos en que la cuestión de la deuda comenzaba nuevamente a agudizarse, y a partir de allí posibilitó la concreción de operaciones cada vez más embrolladas y pícaras realizadas hasta el 2001, que la justicia de Comodoro Py evitó revisar. Dándoles prácticamente piedra libre para hacer cualquier cosa, en ella se dispuso:

Facúltase a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos a realizar operaciones de administración de pasivos, cualquiera sea el instrumento que las exprese. Estas operaciones podrán incluir la reestructuración de la deuda pública en el marco del artículo 65 de la Ley 24.156; la compra, venta y/o canje de instrumentos financieros, tales como bonos o acciones, pases de monedas, tasas de interés o títulos; la compra y venta de opciones sobre instrumentos financieros y cualquier otra transacción financiera habitual en los mercados de productos derivados. Estas transacciones podrán realizarse a través de entidades creadas ad hoc.”

Tras disponer que esas operaciones se podían hacer sin licitación ni concurso alguno, el articulo proseguía diciendo: “Para la fijación de los precios de las operaciones se deberán tomar en cuenta los valores existentes en los mercados y/o utilizar los mecanismos usuales específicos para cada transacción. Los instrumentos que se adquieran mediante estas operaciones o por ventas de activos podrán mantenerse en cartera a fin de poder utilizarlos en operaciones de pase, opciones, conversiones y cualquier otro tipo de operación habitual en los mercados. En este caso deberá mencionarse, específicamente, esta situación al disponerse cada transacción”.

Luego estas palabrejas de la “administración de pasivos”, reapareció con el embrollo del canje de deuda del 2010, en el cual quienes tenían bonos recibidos en el canje de deuda del 2005, podían volver a canjearlos. Y seguidamente reapareció en el 2014, como parte del menú para tratar de hallarle una solución inhallable al problema de los buitres, tras el fallo que hizo a favor de estos el inefable juez Thomas Griesa.

Finalmente en el 2017 volvió a reaparecer, durante el gobierno del presidente Macri, en momentos en que el furioso reendeudamiento que llevaba adelante estaba encontrando un límite. Quién autorizo a Caputo hacer operaciones de “administración de pasivos”,  por nada menos que 20 mil millones de dólares, con cláusulas en sus contratos de prórroga de jurisdicción y renuncia a la inmunidad soberana a favor de tribunales extranjeros (Decreto 334/17)

Ver Endeudamiento externo del Gobierno por bajo la mesa, empeñando títulos por U$S 20.000 millones como un deudor insolvente

El texto ordenado e interpretado en 1994 de dicha ley “Complementaria y Permanente el Presupuesto”, confeccionado por el entonces secretario de Hacienda del mago “Mingo” Cavallo, Ricardo Guitiérrez, es el que faculta al Poder Ejecutivo a “someter eventuales controversias con personas extranjeras a jueces de otras jurisdicciones, tribunales arbitrales con dirimente imparcialmente designado o a la Corte Internacional de Justicia de la Haya”.

Sin embargo el mismo, nunca fue votado por ningún legislador ni representante del pueblo, ya que proviene de un popurrí o mescolanza hecha por el subordinado del mago “Mingo” Cavallo, en base a mutilar e interpretar antojadizamente tres leyes distintas (Nº 16.432, Artículos 48 y 83; 20.548, Artículo 7°, y 24.156, Título III).

No obstante, en base a ese fraude de la ley,. a continuación se llevó adelante el feroz endeudamiento de la década del ’90. Con una renuncia a la inmunidad soberana casi absoluta, que tras el default del 2001 derivó en pedidos de embargos de embajadas, el museo sanmartiniano de Boulogne Sur Mer, bienes militares, etc. Y a su vez los dictámenes de la Procuración del  Tesoro posibilitaron la ejecución e las sentencias en cualquier lugar el mundo, dando así lugar al incidente de la fragata Liberta en el puerto africano de Ghana.

El quid de la cuestión, una deuda impagable

El artículo 2 de la flamante ley designa “al Ministerio de Economía como Autoridad de Aplicación de la presente ley, pudiendo dictar las normas aclaratorias y/o complementarias que fueran necesarias” para su cumplimiento. Poniendo así al hasta hace muy poco ignoto Martín Guzmán, como el licenciado con licencia absoluta para “arreglar la deuda”.

Gestión que es atributo directo del Congreso (Artículo 75, inciso 7). Ante lo cual lo mínimo que debería haber dispuesto el Congreso, incluso para fortalecer la gestión del negociador Guzmán, es que su gestión para que se torne válida, debe  ser previamente convalidada por los representantes del pueblo.

Continuando con una redacción entre declamativa y dispositiva, el artículo 3 de la flamante ley dice: “Declárase que las políticas de endeudamiento inconsistentes con la capacidad de repago en divisas y que priorizaron los instrumentos bajo legislación extranjera tornan indispensable la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa para recuperar en su integridad el ejercicio de la autodeterminación financiera y económica de la República Argentina”.

Este artículo tiene una densidad inusitada de errores, e implicancias muy profundas. Comenzando  con la mención a la “capacidad de repago en divisas”, que no existe para los países periféricos endeudados, que han llegado al límite de su endeudamiento.  Y por eso analistas de distinto signo, dicen que la deuda, que son “tributos anticipados”, no se repaga, sino se sirve.

O sea que se pagan los intereses, pero no el capital. Y acá entonces aparece la sujeción interminable del deudor al acreedor, porque al vencimiento del capital, para poder cancelarlo, tiene que tomar un nuevo crédito, concedido por parte de intereses financieros mundiales altamente concentrados.

Operación que en la jerga financiera se denomina “roll over”  que es como enrollar una alfombra, que con cada vuelta que da, se vuelve más pesada para el deudor. Ya sea por los servicios de intereses que pagó, o las sugerencias y “condicionalidades” provenientes de los prestamistas, ya sea oficiales como el FMI, o privados.

Siendo un claro ejemplo las absurdas exigencias del último y enorme préstamo concedido por el FMI al gobierno de Macri en el 2018, que llevó al país al desastre. Y el préstamo que le concedió el JP Morgan CHASE apenas asumió la presidencia, para cancelar la deuda con los buitres. Que le exigió a cambio el megatarifazo del gas natural, porque a la par dicho mega banco tiene vinculaciones directas con mega petroleras con intereses en Vaca Muerta.

Ver El megatarifazo del gas natural es una consecuencia del arreglo con los buitres  

Y un más reciente ejemplo con el flamante gobierno, lo brinda el hecho de que para no malquistarse con el presidente de EEUU y su voto en el FMI, se conduce ambiguamente y con pies de plomo, respecto la situación en Bolivia y Venezuela, y el asilo de su ex presidente Evo Morales en nuestro país. E incluso según insinúan periodistas voceros de la embajada de EEUU, lo mismo debe hacer respecto las causas judiciales  de la AMIA, y la investigación de la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Ver Altas autoridades de EEUU reconocen que la deuda es un instrumento de dominio

En consecuencia el objetivo de “la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa para recuperar en su integridad el ejercicio de la autodeterminación financiera y económica de la República Argentina” es solo una declamación.

Siendo además ostensible que en el actual ciclo de endeudamiento, que comenzó en 1979, en ningún momento Argentina pudo recuperar el “ejercicio de autodeterminación financiera y económica”. Siendo el último intento fallido de esto los canjes de deuda del 2005 y 2010 concretados durante el kirchnerismo.

Durante el cual el país permaneció en default técnico, y bajo la dependencia del anciano juez neoyorquino Thomas Griesa, por efecto del accionar de los fondos buitres. Situación que llevó a dicho gobierno a hacer múltiples concesiones a otros sectores poderosos de dicho país, como el petrolero, para tratar de contrarrestar los buitres. Que se convirtieron así en los buitres de los buitres.

Igual que la pobreza interna, la deuda externa es entonces una cuestión multidimensional. Que partiendo desde la geopolítica, por sus efectos predatorios y condicionantes, es también la responsable directa de la pobreza, que ha aumentado en nuestro país al compás del incremento de la deuda.

La prórroga de jurisdicción y renuncia inmunidad hasta donde

Después de esa declaración de motivos, el articulo 3 va a los bifes, autorizando al ministro Guzmán, como en los tiempos del superministro Domingo Cavallo, “a contemplar en la normativa e incluir en los documentos pertinentes las aprobaciones y cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros, y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente, respecto a reclamos en la jurisdicción que se prorrogue y con relación a los contratos que se suscriban y a las operaciones de crédito público que se realicen.”

Sin enumerar a favor de cuales tribunales extranjeros, la redacción deja un peligroso vacío o zona gris, respecto la ejecución de una posible sentencia. Que por los acuerdos existentes entre distintos países en relación a la justicia universal, puede ser ante cualquier corte o tribunal del mundo, como sucedió con la fragata Libertad, embargada en el puerto de nigeriano de Ghana.

Cuya liberación no se produjo porque el procedimiento judicial fuera incorrecto. Sino por la intervención del Tribunal Internacional del Derecho del Mar en Hamburgo, que dijo que siendo un bien militar, podría haber deflagrado una guerra.

Reducido de esa manera el país a la estatura de un mero comerciante, seguidamente el artículo enumera que bienes quedan fuera del alcance de la renuncia a la inmunidad soberana. Que no tienen novedad alguna, dado que son los mismos detallados en los decretos del anterior presidente Mauricio Macri.

Existiendo también una zona gris el que incluye en las excepciones “b) Cualquier bien perteneciente al dominio público localizado en el territorio de la República Argentina, incluyendo los comprendidos por los artículos 234 y 235 del Código Civil y Comercial de la Nación”.

Al respecto los mencionados artículos del Código Civil, se refieren a los bienes de la superficie, aguas, suelo, y subsuelo del mar territorial, que abarca hasta los 22 km de la costa. Pero alude confusamente a los de la Zona Económica Exclusiva, que abarca otros 350 kilómetros.

Habiendo el gobierno anterior licitado numerosas áreas de exploración de hidrocarburos en ella, con derecho a su explotación ulterior, cabe el interrogante si esos bienes no son susceptibles de embargos y ejecuciones, llevados adelante incluso manu militari. Como está sucediendo actualmente con respecto ese insumo vital para la vida moderna, pese sus efectos perniciosos, en el Mar Mediterráneo Oriental y en el Mar de la China.

La deuda de Baring en 1824, mediante la ley de enfiteusis de Bernardino Rivadavia, puso como garantía la extraordinaria pampa argentina, que por entonces era propiedad del fisco. Esto permitió un acaparamiento de esa valiosísima tierra por parte de los amigos del poder, deformidad que aun repercute en nuestra economía. Habiendo sido este otro efecto de la deuda, cabe el interrogante si no podrá pasar algo parecido con la Zona Económicamente Exclusiva de nuestro mar continental.

Seguidamente el artículo 4 de la ley, le da pleno poderes al novel ministro Guzman, para hacer lo que le plazca. Solo le limita el pago de comisiones del 0,1 % del valor de la deuda rescatada, llevando a la mitad el valor del 0,2 %, autorizado en la ley de pago a los fondos buitres, dinamizada por el anterior gobierno. Lo cual está muy lejos del 0,55 % que se dispuso para el Megacanje de Cavallo y Marx en el 2001.

Pero de todas formas esto es un detalle accesorio, porque ese no era la esencia maligna de esa operación cuestionada judicialmente, que la justicia de Comodoro Py se encargó primero de dilatar, y luego de cerrar sin pena ni gloria. Ya que las comisiones se pueden disimular, con la picardía de colocar los bonos bajo la par, como hacía el “messi de las finanzas” Toto Caputo.

Ver Deuda: Caputo pagó comisiones fraudulentas a los bancos por $ 12.000 millones y sus ganancias no acaban allí

La enorme dimensión del desafío

Según las estadísticas del INDEC, la deuda externa aumentó durante el gobierno del presidente Macri en 105 mil millones de dólares, pasando de 172 mil a 277 mil millones, con un incremento del 61 %.

De ellos 82 mil millones corresponden a la deuda externa pública del gobierno nacional, que pasó de los 90 mil millones, a 171 mil millones, con un incremento del 90 %. Mientras que la deuda del Banco Central se incrementó en 9 mil millones, pasando de 14 mil millones a 23 mil millones, con un aumento del 67 %.

Ese demencial y peligroso endeudamiento externo, fue aprobado, consentido, o al menos no objetado, por los mismos diputados y senadores que recientemente aprobaron casi plebiscitariamente, el otorgar un cheque en blanco al ministro Guzman para que arregle la cuestión de la deuda.

Ver ¡Deuda a máxima velocidad! y ningún político sabe como frenar

Siendo los mismos que antes calificaban a Toto Caputo, como el “messi de las finanzas”, porque  concretaba operaciones estrambóticas, calzando la deuda a cien años con operaciones REPO de corto plazo con los mismos bancos. Cuando para cualquier observador atento, la mera existencia de las REPO, denotaban que el país estaba enfrentando claramente una restricción crediticia.

Dichos legisladores son dignos representantes del “País de No me acuerdo” de María Elena Walsh. Un notable ejemplo de ello lo dio la diputada Elisa Carrió, quien pese su vehemencia crítica dirigida hacia todo, nunca objeto las desmesura financieras del gobierno de Cambiemos.

No obstante que su mismo líder, el presidente botarate Macri, alertaba que se podía “ir todo a la mierda” como finalmente sucedió y como era predecible. Como consecuencia de la implementación un plan económico demencial, que generó un enorme desbalance en la balanza comercial y de pagos. Sostenido con la obtención de hot money o dinero caliente en divisas a cualquier costo, y con cualquier bicicleta financiera.

Ver Porqué no arranca ni arrancará la economía, e incluso retrocederá peligrosamente

Y ahora que estamos en esa situación, todo lo que se le ocurrió a Carrió fue apurar a sus colegas para que la aprobación de la ley por parte de la Cámara de Diputados, saliera antes de las 16 horas. Para que la noticia llegara a Washington  en el día, y fortaleciera al negociador de turno Guzman, munido con superpoderes a lo “Mingo” Cavallo, a quien confundió con el ministro de Producción Matías Kulfas.

Las cifras actuales del servicio de la deuda son pavorosas

Según informo la Oficina del Presupuesto del Congreso, en el año 2019 las cifras correspondientes al servicio de la deuda ascendieron hasta el punto de ser pavorosas, como se puede ver en el siguiente cuadro emitido por dicha oficina.

El pago de intereses de la deuda pasó de 0,54 billón de pesos a 0,92 billones, con un aumento del 70 %. Representando nada menos que el 44 % de la recaudación tributaria, que trepó a 2,07 billones de pesos.

Equivalente al 87 % de los aportes y contribuciones a la seguridad social, que trepó a 1,05 billones de pesos. Lo que explica la tensión existente entre el régimen de jubilaciones y la deuda. Cuyo servicio en intereses represento un 62 % más que los 0,56 billones de pesos destinado la funcionamiento del estado nacional.

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Se trata en consecuencia de una situación terminal. Y al respecto hay algo demencial en la dirigencia argentina en relación con la deuda, propio de una vieja dama histérica. Que primero le dio al “messi de las finanzas” Toto Caputo una tarjeta de crédito, para que hiciera lo que quisiera.

Y cuando eso estalló como era de esperar, buscó a un ignoto desconocido que había hecho una análisis estrictamente económico, respecto el fracaso de las reestructuraciones de deuda, para tirarle el fardo encima. Diciéndole “toma este cheque en blanco, y arregla la cuestión como sea, no quiero saber nada de esto”.

Por esa razón el enfoque ahistórico y estrictamente economicista adoptado por el actual gobierno, resumido en la frase, “ni amistosos ni agresivos, sino sustentable”,  deja la duda si es una actitud propia de un pánfilo, o de un botarate como la del ex presidente Macri, o propia de un genio que se hace pasar por tonto.

Haciendo como que no sabe nada de la enorme profundidad y trascendencia histórica que tiene la cuestión de la deuda externa. Que viene desde el reconocimiento de nuestra independencia en 1824 por parte del Reino Unido. Con la que nos ató al carro del imperio inglés y el área de la libra esterlina durante un siglo.

Y luego el segundo ciclo de endeudamiento externo en el área el dólar, que sobrevino con la sangrienta dictadura militar y “Joe” Martínez de Hoz en la década de los ’70, se puede decir que fue la fuerza elemental que llevó a nuestro país a la debacle actual. He hizo que en el mismo estallara la pobreza, la indigencia, y el desempleo estructural, al atar nuestros designios primero al Comité de Acreedores o Steering Committee de los banqueros privados.

Y luego al FMI y el Banco Mundial, y al Consenso de Washington, para pagar parte de la deuda con la privatización y extranjerización de nuestros bienes colectivos, y el acervo de las jubilaciones. Aunado con el establecimiento de la convertibilidad de un peso por un dólar, que les permitía llevarse enormes utilidades, a cambio de lo que antes era el servicio de la deuda.

Cuya baja paridad cambiaria, completó la desindustrialización de Argentina que había iniciado Martínez de Hoz, transformándola en una fábrica de pobres, desempleados, y cuentapropistas. Llevándola a la crisis terminal del 2001, en la que hoy estamos nuevamente, como si ni la dirigencia ni la ciudadanía nada aprendiera de las experiencias pasadas.

La pobre intelección el problema por el actual gobierno

Ante ello la intelección del problema por parte del novel presidente Alberto Fernández, no parece estar a la altura de las circunstancias. Como candidato dijo a través de Twiter: “Necesitamos ganar tiempo y no hacer quitas. Diferir las obligaciones en el tiempo y que suban de un modo más amesetado, no exponencialmente”. No obstante que los expertos de distinta laya decían que sin quita no ha hay solución.

Luego en Córdoba, en la Fundación Mediterránea fundada por el mago “Mingo” Cavallo, propuso avanzar con un “reperfilamiento” similar al realizado por Uruguay en el 2003. Afirmando que “por las condiciones internacionales, no va a ser difícil hacer algo parecido a lo que hizo Uruguay, lo he hablado con inversores internacionales. No va a haber dificultades para lograr eso. Es ganar tiempo y no hacer quitas”.

No obstante de nuevo en Twitter afirmó que “el endeudamiento es el mayor problema que hoy encuentra la Argentina. Es un condicionante enorme y cuesta entender cómo fue que nos pasó… hoy la deuda representa el 100 por ciento del PBI mientras que en 2015 representaba el 38 por ciento y la deuda en dólares el 18 por ciento. Es realmente impresionante que en tan poco tiempo se haya generado semejante endeudamiento”.

https://www.pagina12.com.ar/221257-senales-de-alberto-fernandez-sobre-que-hacer-con-la-deuda

Sin vislumbrar que además de un notable y cuasi criminal endeudamiento, la depreciación del peso que el mismo propugna, hace subir los servicios de la deuda en divisas, y reduce el PBI aparente en dólares. Lo que explica la magnitud de esa cifra.

Apareciendo así el conflicto insoluble entre la depreciación del peso, indispensable para que reanimar la actividad económica interna e impedir la invasión de los bienes importados. Y su apreciación, que facilita el pago de la deuda, y disminuye su ratio respecto el PBI, pero atenta contra la actividad interna y la generación de empleo.

El gran error del presidente Fernández

Pero el mayor error del candidato y actual presidente lo cometió al decir: “debemos asumir las responsabilidades que el Estado tomó. La deuda que nosotros discutíamos, que entró en default en 2001 y sacamos adelante con una negociación, se había acumulado desde la dictadura”.

“Ahora, “no podemos decirles a los acreedores: “Esta deuda la tomó la dictadura”. La tomó un Gobierno democrático. Nosotros nunca dijimos que no íbamos a pagar o que iba a haber una quita. Sí les dijimos que para poder pagar, tienen que dejarnos crecer”.

Sin advertir que ese fue el precisamente el gran error, gran falla, o pecado original del reciente ciclo  democrático. Al ponerse al hombro como un Atlas de la mitología moderno, una deuda sucia, que no había dejado ningún activo en contrapartida para los argentinos. Y que fue demoliendo a todos los gobiernos democráticos que se fueron sucediendo luego.

Con los finales anticipados de los presidentes Ricardo Alfonsín y Fernando de la Rua, que no pudieron “sostener” la deuda, como reintenta hacer ahora el presidente Fernández. Y el estancamiento y cerco financiero del último mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Al que se sumó el desastre terminal del presidente botarate Mauricio Macri, que casi duplicó  la deuda externa, y multiplicó por seis el precio del dólar.

Como una paradoja histórica, demostrativa de la continuidad inapelable de la deuda externa, más allá de quienes la hayan generado, sea democracia o dictadura, lo que hizo en concreto el presidente Macri, es llevar la deuda externa pública al mismo nivel real que tenía al final de la dictadura.

Dado que los 45 mil millones de deuda externa pública de entonces, actualizados con el índice de precios al consumidor de EEUU, que arroja un incremento en los cuarenta años que van desde 1979 al 2019 del 278 %, equivalen a los 171 mil millones de dólares que dejó ahora como herencia el presidente Macri.

Teniendo así esto la virtud, más allá del estrago que representa, de mostrar la perfecta continuidad de la calamidad de la deuda externa, que su sucesor el presidente Fernández no quiere aceptar. Y por contrario con la misma torpeza de quienes le precedieron y los llevó a dificultades inmensas, pretende hacerse cargo de ella procurando su insostenible “sostenibilidad”. Que como dijo el presidente Nicolás Avellaneda hace un siglo y medio, solo puede ser sostenible con “sangre, sudor, y lágrimas”, por parte de un pueblo que está harto de eso.-

https://www.bls.gov/data/inflation_calculator.htm

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