La famosa resolución 125 que en el 2008 creo las retenciones móviles y originó la insurrección del campo, tuvo un resultado paradojal. No obstante la conmoción que suscitó, no le reportó un solo dólar al fisco. Quienes se las llevaron puestas por casi dos mil millones de dólares, fueron las aceiteras y grandes exportadoras nucleadas en CIARA (Cámara Industria Aceitera Republica Argentina) y CEC (Centro Exportador de Cereales). Una década después de la 125, sucederá algo parecido, con las insinceras medidas que tomó el flamante gobierno. El que antes y después de su campaña electoral, recibió enormes aportes económicos por parte del grupo Urquía, integrantes de CIARA CEC. Razón por la que debería sincerar su discurso, y decir que en Argentina los únicos privilegiados son los pobres, y los Urquía y CIARA y CER, pese ser los más ricos.
Por Javier Llorens – 21/12/2018
Esta investigación se inició al observar el notable aporte económico por 39 millones de pesos que realizó el grupo Urquia, una de las familias más ricas de Argentina, conspicua integrante de CIARA (Cámara Industria Aceitera RA) y CEC (Centro Exportador de Cereales) para la campaña electoral del Frente de Todos.
En oportunidades inusitadas, dado que un primer aporte de 12 millones de pesos lo hizo en plena veda electoral, en vísperas de las elecciones presidenciales de octubre. Y luego, una semana después de consagrarse Alberto Fernández presidente de los argentinos, hizo otro aporte por 27 millones de pesos.
Tanto el monto como la oportunidad, señalaban lamentablemente la existencia de una transacción, o quid pro quo. Sinónimo elegante en latín del tome y daca, te doy esto si me das aquello. Lo cual demandaba una explicación, que finalmente se encontró en los arcanos numéricos de lo que se conoce como el NCM (Nomenclador Común del Mercorsur) y las DJVE (Declaraciones Juradas de Venta al Exterior.
Pero para entender esta explicación, previamente es conveniente remitirse a la historia secreta de la resolución 125. Y su saga posterior que llevó finalmente al grupo Urquía y a CIARA CEC, a un enfrentamiento con el gobierno saliente encabezado por Mauricio Macri.
Al que evidencia haberlo solucionado con creces el actual gobierno entrante, encabezado por Alberto Fernández. Al mismo tiempo que el aumento de las retenciones abre una pingue oportunidad de negocios, similar a la de la 125. Siendo esta otra muestra de la incapacidad que tenemos los argentinos de aprender de la experiencia y fracasos del pasado.
La historia secreta de la 125
La historia secreta de la legendaria resolución 125, que originó la insurrección fiscal del campo, y estuvo a punto de convertirse en una insurrección civil, consiste en que fueron los integrantes de CIARA (Cámara Industria Aceitera RA) y CEC (Centro Exportador de Cereales) los que se llevaron puestas el aumento de las retenciones dispuesto por ella, bajo el título de “retenciones móviles”, por un monto de 1.800 millones de dólares.
Ver LOS MALOS CALCULOS DE LOUSTEAU CON SU 125 PARA BENEFICIAR A LAS CEREALERAS
Esto lo acreditamos el autor de esta nota y el ingeniero y diputado MC Mario Cafiero, cuando se debatía en el Congreso su aprobación, mediante sendos informes basados en los despachos de exportación de la Aduana.
Ver La falacia de las retenciones móviles
Mostrando como los exportadores de granos y sus derivados, nucleados principalmente en CIARA CEC, le liquidaban al fisco retenciones de hasta 25 puntos menos respecto las retenciones móviles que le descontaban a los productores de granos, que llegaban hasta el 47,5 %.
Como consecuencia de que, precavidamente, con las presentaciones previas de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) habían congelado las alícuotas de las retenciones a la fecha de estas. No alcanzándole así el pago de las retenciones móviles, y haciendo así una enorme diferencia a costa del productor, acorde con la antigua ley del comercio de “comprar barato y vender caro”.
Con el detalle adicional, según lo reconoció a regañadientes posteriormente el mismo gobierno, que el aumento de las retenciones había sido propiciado por los mismos integrantes de CIARA CEC.
Ver Las verdaderas razones del dictado de la conflictiva resolución 125
Que se habían visto imposibilitados de cumplir con esas DJVE, por el aumento sustancial de precios que hubo ínterin en los commodities agrícolas, especialmente la soja. Y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se prendió a la idea, ante la perspectiva de que las posteriores cosechas le allegarán recursos al fisco, para atender los pagos de una externa mal arreglada.
Ver Nielsen el creador de los buitres, candidato a múltiples cargos
El principal lobista de CIARA CEC entonces, era el senador cordobés Roberto Urquía. Un cortesano del poder, propietario de AGD, una de las principales aceiteras de Argentina. Quien había llegado al gobierno de la mano del gobernador José Manuel de la Sota, y luego pasó al kirchnerismo.
Y en el revival actual de la 125, con detalles picantes a favor de los aceiteros como se verá seguidamente, Urquía también evidencia haber sido un artífice esencial del mismo. Junto con su cuñado Miguel Acevedo, presidente de la UIA (Unión Industrial Argentina).
Ver Miguel Acevedo, el nuevo presidente de la UIA y sus empresas offshore
El no aprendizaje de la historia que vuelve a repetirse
La circulación de esa información en el Congreso en el 2008, fue determinante para la no aprobación de la resolución 125. Precipitada con el famoso voto “no positivo” del entonces vicepresidente de la Nación, Julio Cleto Cobos.
Y para la posterior creación al mes siguiente, de una comisión bicameral investigadora “de presuntas irregularidades en las declaraciones juradas de venta al exterior (DJVE) de productos agropecuarios”. (ley 26.397)
Que debía expedirse al respecto, a los 90 días de su constitución. La cual, gracias a la capacidad de lobby de CIARA CEC, nunca se reunió ni se constituyó, y tres años después por su inactividad fue dada de baja.
Sin que la Mesa de Enlace, integrada por la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina, y Coninagro, hayan manifestado ningún interés de impulsarla.
Por su parte la AFIP en base a informes de la ONCCA, inició multiples demandas contra las empresas del complejo aceitero y exportadoras de productos agrícolas nucleadas en CIARA CEC, que se habían llevado puestas las retenciones móviles de la 125.
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/9249101/20080630
Entre ellas figuraban AGD, Bunge, socia de AGD, Cargill, Molinos Río de la Plata, LDC, Nidera, Vicentin, ACA, Oleaginosa Moreno, Compañía Argentina de Granos, Noble Argentina, etc. Las que por su parte respondieron con contrademandas judiciales, de las que nadie sabe a ciencia cierta su resultado definitivo.
Argentina nada aprendió así de esos tremendos sucesos, que tuvieron rasgos conmocionántes entre marzo y julio del 2008. Con un país semiparalizado por los bloqueos de las rutas por parte de quiénes la entonces presidenta Fernández, denostó como “piqueteros de cuatro por cuatro”.
Conflicto con el cual el kirchnerismo se enemistó con la clase media que recientemente la había votado. Lo cual lo obligó a cambiar su base electoral, implementando para ello la “opción por los pobres”.
Apelando el direccionamiento de recursos asistenciales y monetarios hacia ellos, tales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) que había propuesto una década atrás su principal detractora, Elisa Carrió.
Lo cual paradojalmente, le fidelizó una base electoral que le permitió diez años después retornar al poder, tras el rotundo fracaso socioeconómico del gobierno del presidente Macri. No obstante la durísima persecución judicial y campaña denigratoria dirigida contra ella, con la finalidad de clausurar esa posibilidad.
Ver CLARIN prepara la violencia, embellece a Bonadio, exalta a Pichetto, y oculta a Pato Bullrich
Los impulsores de la 125, CIARA CEC, y el gobierno de Fernández de Kirchner que la implementó, evidentemente desconocían las tremendas derivaciones que ha tenido en la historia, la pretensión de fijar altas gabelas fiscales (retenciones) a la exportación de productos agrícolas.
Eso originó en Inglaterra la revolución campesina puritana de Olivier Cromwell, ante la pretensión del rey Carlos I de aumentar los impuestos a las exportaciones de lana. Lo cual no solo derivó en la abolición momentánea de la monarquía, sino que también le costó la cabeza a Carlos I.
Posteriormente, tras la reposición de la monarquía, y la consecuente cruel persecución a los puritanos, estos migraron hacia América. Dando origen así a los EEUU, el que con una impronta puritano militar, de la misma manera brutal con la Cromwell perseguía a los disidentes religiosos, tres siglos después se convirtió en el hegemon del mundo.
La tensión Agro-industria
Se habla mucho de la dicotomía entre el agro y la industria, pero pocos mencionan la tensión existente en la Agro-industria. O sea la industria que tiene como principal insumo a los productos agrícolas. Que se da especialmente en Argentina, que es un gran productor y exportador de granos y de sus derivados.
En términos de mercado, la agroindustria es un oligosopnio, o sea que hay muy pocos demandantes frente una oferta atomizada. Lo cual le permite concertar entre ellos los precios de compra; salir a comprar por turnos; alentar la siembra con altos precios, que luego se derrumban en la cosecha, etc.
Además de castigar al productor con los descuentos por la calidad y humedad del grano, y el costo del flete, etc. Detentando incluso en el caso del grupo Urquía, la concesión del ferrocarril Central Argentino, que le otorga un hándicap adicional respecto los fletes por camión.
Este grupo se ha convertido así en un émulo de Bunge y Born, al que se apodaba “el Pulpo”. El cual mediante el control que tenía sobre las bolsas de arpillera, con la que se acopiaban los granos; y las rebajas que obtenía en las tarifas de los ferrocarriles ingleses, hacía lo que quería en el mercado. De quien el grupo Urquía es socio en diversos emprendimientos, tras que el mismo se transformó en Bunge Limited, y se radicó en EEUU.
Como se vio, una de las picardías de la agroindustria y exportadoras de granos y sus derivados, desde los tiempos de Bunge y Born, es que haya altas retenciones sobre los granos. Lo cual de por si facilita su adquisición, al adquirir el mismo producto con un menor capital en giro.
Y a su vez la cuestión de las retenciones o derechos de exportación, también tiene sus trapisondas. Como el congelarlas a niveles previos a los de un aumento de ellas, como sucedió con la 125, y vuelve a suceder ahora, quedándose así con la diferencia. Haciendo así un lindo diferencial de precios, gracias al accionar negligente del gobierno amigo, que parece no percatarse de ello.
O el pago diferido de las retenciones hasta el momento del embarque, que rigió hasta después la 125. Y que ahora rige para las nuevas retenciones que dispuso el presidente Macri el año pasado. Cuyo impago en cualquier caso, no le quita validez a las DJVE.
Pero hay otra picardía adicional, que es fundamental para la agro industria, y explica el raudo crecimiento del complejo aceitero instalado en las inmediaciones de Rosario, considerado uno de los más importantes del mundo.
Consistente en el diferencial de retenciones entre el grano sin elaborar, y los derivados de este. Que le ha aportado a la industria un margen sustancial de ganancias a lo largo de los años, quitandosel al productor del mismo. Y supletoriamente cuando ese margen decae, están también los reintegros a las exportaciones por parte del Estado, cuestiones ambas que para la agroindustria son estratégicas.
La jungla del NCM – Nomenclador Común del Mercosur
El sórdido campo de batalla en las sombras de esas dos cuestiones, se libra en el hermético NCM – Nomenclador Común del Mercosur. Que es incluso la forma en que se titulan los decretos y resoluciones referidas a las retenciones y los reintegros.
El mismo se compone de 97 capítulos, que pueden tener potencialmente cada uno de ellos seis dígitos. O sea 97 millones de posiciones, siendo actualmente unas quince mil. El cual como una guía telefónica, tiene un número que define cada mercadería que se transa internacionalmente.
Los decretos y resoluciones del ministro de Economía que digitan los beneficios y castigos que reciben esas mercaderías, enunciando para ello en la gran mayoría de los casos justificaciones genéricas, solo consignan sus números. Por lo que son un jeroglífico cuya lectura requiere tener en la mano la Piedra Roseta del NCM.
Pero como se trata de miles de números, al final son los directamente interesados en ellos por la actividad económica que despliegan, los únicos que interpretan velozmente que quiere en realidad decir esa absolutamente intrasparente normativa.
Donde el pase mágico de un número a tal o cual posición arancelaria, o nivel de reintegros a la exportación, puede determinar transferencias de riquezas de millones y miles de millones de dólares.
Por lo que es imposible dimensionar las picardías que se han hecho y se harán con esa encriptada normativa, en la penumbra de los despachos de una administración publica tradicionalmente corrompida. Muy lejos de la luz del día, y de la que podría aportar un debate público en el parlamento.
En síntesis simplificadamente, el encriptado NCM es como una maciza guía telefónica, respecto la cual la autoridad decide que números están exentos de pagar; que otros números pagarán la tarifa normal; que otro conjunto de números lo hará con recargos, mientras que otros recibirán un dinero en premio. Sin saberse en forma pública y transparente, a quienes corresponden esos números que determinan esas obligaciones o beneficios.
La tensión Agroindustria en el complejo del girasol
En el siguiente gráfico referido al complejo del girasol, donde impera el grupo Urquía a través AGD y sus empresas vinculadas, y es la razón de ser de CIARA, se puede apreciar la evolución del diferencial a favor de la industria respecto los productores de granos.
Como consecuencia de la diferencia de retenciones que tienen a su favor los derivados del girasol, respecto las retenciones sobre el grano, y la existencia adicional de reintegros impositivos a favor de la industria, determinados a través del encriptado NCM. Sucediendo algo muy parecido con el complejo de la soja.
El gráfico muestra con el trazo recto rojo, el diferencial existente proveniente de retenciones y/o reintegros, a favor del aceite de girasol refinado y envasado, que es el producto del core del grupo Urquía. Acompañado de los otros subproductos del girasol, como aceite crudo, aceite refinado a granel, y tortas, harinas, pellest, y expellers, proveniente del crushing del grano.
Se observa en él los altísimos niveles con que partió esa agroindustria a fines de los ’80, con un diferencial de hasta 15 % respecto el grano de girasol. Luego en la primera parte de los ’90 con el ministro Domingo Cavallo, el mismo cayó a un 6 %.
Pero tras la salida de este se recuperó, y con un escalón de por medio, llega hasta un nivel de 13,5 %, que se mantuvo hasta fines de la convertibilidad, para caer seguidamente a un nivel del 8,5 %.
El que se mantuvo con el kirchnerismo, hasta fines del 2005, mientras que el senador Roberto Urquía detentaba su banca en el Senado. Para caer a continuación a un 3,5 %, que se mantuvo hasta fines del 2007.
Produciéndose allí un raro evento, porque por una resolución del ministro de Economía Miguel Peirano (Nº 368/07) como si hubiera una mano traviesa, el diferencial a favor del aceite en general, subió a un 12%. Pero la siguiente resolución fechada en el mismo día (Nº 369/07) como si Peirano se hubiese arrepentido, la rebajó a un 2 %.
Este diferencial se mantuvo hasta fines del 2015, en el marco de altas retenciones al grano de girasol de un 35 %, muy favorable para el giro de la industria. Con el agregado del gran golpe que dieron por entonces CIARA CEC con la resolución 125, llevándose puestas las retenciones móviles.
El conflicto de Urquía y CIARA CEC con el gobierno macrista
Seguidamente con el ascenso de Macri, el diferencial por primera vez en la historia cayó a cero, por efecto de la quita total de las retenciones al girasol y otros granos, excepto la soja. Lo cual duró un año, dado que gracias al lobby de CIARA CEC, el diferencial del aceite envasado subió a un 3 %, por efecto de los reintegros que dispuso el gobierno de Macri a fines del 2017 (Decreto 1.341/16).
A continuación el presidente Macri en persona asistió a la inauguración de la planta de acopio de AGD en Pampa del Infierno, en la provincia de Chaco. Donde ya existía la de Charata, estando ambas conectadas con el puerto de Rosario con el ferrocarril Belgrano Cargas. Donde AGD en sociedad con Bunge cuentan con la planta y puerto T6 Industrial,.
Este diferencial duró hasta agosto del 2018, hasta que por efecto de la crisis financiera y exigencias del FMI, el reintegro al aceite envasado bajó a 0,75 % (decreto 767/18). Pero seguidamente en septiembre, con la implantación de las nuevas retenciones de 3 y 4 pesos por dólar con un tope del 12 %, el diferencial subió a 3,5 % (decreto 793/19).
Al estar los subproductos del girasol en el listado de las retenciones de 3 pesos por dólar, mientras que el grano estaba en la de 4 pesos por dólar.
Oportunidad en la cual, con el objeto de tratar de contrarrestar la posición dominante de CIARA CEC en el complejo de la soja, la secretaria (ex ministerio) de Agroindustria, encabezada no obstante su dualidad de actividades por el productor agropecuario Luis Miguel Etchevehere, dispuso igualar las retenciones al grano de la soja con la de sus derivados tradicionales, en el nivel del 18 % (anexo 3 decreto 793/18).
Poniendo en jaque así la industria del crushing de CIARA CEC, consistente en moler el grano y obtener por un lado el aceite, y comercializar el sólido restante como harina, pellest, expeller, o desechos de soja.
Pero abriendo a la par la oportunidad de obtener mayores diferencias, si esos residuos sólidos de soja, mediante una mayor complejidad industrial y comercial, se transformaban en “pienso”. O sea en “preparaciones” destinadas a alimentos integrales para animales.
Con lo cual la retención podía bajar a un 16 % si fueran a granel, y hasta un 11 % si fueran envasadas. Con el adicional de una nota al pie, como para no malquistarse con CIARA CEC, de que en caso de esas “preparaciones” tuvieran menos de un 30 % de soja, la retención bajaría a cero porciento.
Esta nueva limitación a los negocios de CIARA CEC, fue compensada con la omisión ¿intencional? de no prohibir en el listado de las mercaderías con una retención de 3 pesos por dólar (anexo 1) las exportaciones de derivados de granos genéricos, en el caso que fueran de soja. Abriendo así la posibilidad de exportar por esa vía subproductos de soja, con una retención por entonces del 8 %, diez puntos por debajo de la del grano.
La guerra del girasol en la agro-industria
Seguidamente en el año electoral del 2019, se produjo un profundo altercado entre el complejo aceitero del girasol liderado por el grupo Urquía, con el gobierno del presidente Macri. Como consecuencia de la queja de los productores de girasol de Chaco y del norte de Santa Fe, que alentados por las plantas de acopio que AGD había instalado allí, se dedicaron a ese cultivo. Y se encontraron con que al cosechar los precios se derrumbaron un 25 %. Lo que sumado a la sequía, dejó a muchos productores con grandes pérdidas.
El periodista especializado Matías Longoni, que generalmente cuenta con información precisa respecto la actividad rural, llamó a dicho conflicto entre agro e industria, la “guerra del girasol… declarada, pero sin árbitro a la vista. El Estado Nacional no se hace cargo de casi nada, a pesar de que tiene parte de la responsabilidad en esta situación, en la que los productores girasoleros, en especial los del Chaco y el norte de Santa Fe, están viendo impávidos como se esfumaron casi 80 millones de dólares de la cadena, mientras ellos apenas llegan a cubrir los costos. O no llegan ni siquiera.”
Ante estas inconductas del grupo Urquía y CIARA CEC, a los que había apoyado, el gobierno de Macri finalmente reaccionó. En mayo de 2019 emitió un decreto, fijando para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) las retenciones al grano de girasol, al mismo nivel que el de sus subproductos (decreto 335/19).
A los efectos de tratar de contrarrestar la posición dominante del grupo Urquía y CIARA CEC en el mercado. Lo cual despertó la ira del grupo Urquía y CIARA CEC, y elevó el voltaje del conflicto con el ministro de Agroindustria rebajado a secretaría.
Lo cual hizo que finalmente en julio, el gobierno de Macri igualara definitivamente las retenciones al grano de girasol, con la de sus subproductos, incluyéndolo en el listado de las retenciones de 3 pesos por dólar (Anexo I decreto 793/18).
Cayendo así a un mínimo de 0,75 % el diferencial a favor del aceite refinado envasado, como se puede apreciar en el gráfico. Y lo mismo hizo con los maníes crudos y sin descascarar, igualándolo con el de confitería, que es otro fuerte del grupo Urquía.
A la par obturó la ventana que, intencionalmente o no, había quedado abierta para las exportaciones de los subproductos de la soja, incluyéndolas en otras categorías genéricas con una retención de 3 pesos por dólar (decreto 464/19).
Lo cual elevó el conflicto entre el gobierno y el grupo Urquía y CIARA CER al máximo. Saliendo este a fines de julio a reclamar airadamente respecto esa rebaja de la retención a la “semilla”, cuando en realidad era del grano. Evitando así decirlo con precisión para no confrontar con los productores girasoleros. Y afirmando amenazadoramente que “hoy conviene llevarse la semilla a Europa y procesarla allá”.
Paralelamente, para no insistir en esa postura de aumentar las retenciones al grano, que iba en curso de colisión con los productores girasoleros, el presidente de CIARA CEC Gustavo Idígoras, que a la vez preside ASAGIR (Asociación Argentina del Girasol) salió a reclamar al gobierno que antes de terminar su mandato, aumentara los reintegros a los derivados del girasol.
https://www.clarin.com/rural/aceiteros-piden-vuelvan-reintegros-girasol-renazca_0_qcfp4BZ6g.html
En ese marco de agudo conflicto entre el grupo Urquía y CIARA CER con el gobierno, se produjo el resonante triunfo electoral del Frente de Todos en las PASO de agosto, que cambió enteramente el panorama político. Y así el flamante presidente pasó a ser otro personaje que intervino decisivamente en el mismo.
La irrupción de Alberto Fernández en el conflicto Macri Urquía
Es lamentable decirlo, tratándose de un gobierno recién instalado, que ha despertado grandes esperanzas en muchos argentinos, pero el flamante presidente de la Nación Alberto Fernández no fue sincero, al justificar el dictado del decreto que modificó el esquema de las retenciones a las exportaciones (37/2019).
Dijo al respecto: “Lo único que estamos haciendo es dejar en pie las retenciones que existen, quitando un límite que Macri puso cuando el dólar estaba a la mitad. No estamos aumentando nada”.
Si esa manifestación fuera sincera, ello bastaba con un decreto de un solo artículo, además del de forma, que quitara ese límite. Como lo hace el artículo primero del mismo, dejando sin efecto el tope de 4 pesos por dólar, respecto la alícuota máxima del 12 %. Válida hasta el 31 de diciembre del 2020, que había dispuesta Macri en el 2018 (decreto 793/2018 artículo 1)
Pero la enrevesada norma en cuestión, dictada por el flamante titular del Poder Ejecutivo, imposible de ser interpretada por el hombre de la calle con el encriptamiento del NCM, tiene dos artículos más, donde aparece el gato encerrado, que no es precisamente Macri.
El segundo artículo, siguiendo la dúplice estrategia de implicitar cuestiones para que sus verdaderas intenciones no queden manifiestas, que es una típica actitud desde siempre en la administración argentina, con un nuevo Anexo I sustituye el Anexo I aprobado por Macri (decreto 793, articulo 1).
Y acá comienza a aparecer el engaño, porque dicho Anexo I no está referido a las mercaderías con tope de 4 pesos, que quita el artículo primero del decreto del presidente Fernández. Sino que está referida a las mercaderías con tope de 3 pesos que dispuso Macri. O sea que acá ya no se trata solo de indexar supuestamente los topes en pesos dispuestos por Macri, sino que se han modificado las mercaderías que siguen beneficiadas con un tope de 3 pesos por dólar.
Las modificaciones de las retenciones a favor de Urquía CIARA CEC
En concreto, con ese nuevo anexo, se eliminan del mismo 602 tipos de mercadería, lo cual va mucho más allá de la simple indexación a la que se refería insinceramente el presidente Fernández.
Siendo en consecuencia no una indexación de valores, sino toda una política arancelaria, que prima facie no se entiende la razón por la que el flamante gobierno intentó ocultarla. Que obraría como una cortina de humo, para tratar de disimular los beneficios otorgados selectivamente al grupo Urquía y CIARA CEC.
En concreto, con el nuevo anexo se eliminó del nivel más bajo de las retenciones de 3 pesos por dólar, a las carnes, a determinados tipos de peces de mayor abundancia, determinados productos lácteos, otros productos de origen animal, harinas de origen vegetal, maltas, algunas grasas vegetales y animales, alimentos para animales, vino envasado, etc. Y también las pinturas y dibujos.
Y además se eliminó de la lista los granos de girasol, y los manies crudos y sin descascarar, insumos básicos del grupo Urquía, que habían sido incluidos por Macri unos meses antes (decreto 464/19). Manteniendo no obstante en el listado al aceite de girasol refinado envasado, no así el aceite a granel y en bruto, pero sí si fueran tratados químicamente, pero no así los subproductos sólidos del girasol.
De esta manera el flamante presidente Fernández, dio vuelta la medida tomada por el presidente saliente Macri, de igualar la retención del girasol con la de los subproductos de este. Para tratar de contrarrestar la posición dominante del grupo Urquía y CIARA CEC en el mercado, que había originado la denominada “guerra del girasol”.
Así el diferencial a favor de las aceiteras de CIARA CEC, pego un respingo hacia arriba, tal como se puede apreciar en el gráfico previo. Saltando el aceite refinado envasado a un nivel de casi un 8 %, acorde con los cánones históricos de la época de Menem y Alfonsín. Y un poco más abajo se situaron los restantes productos del girasol, por efecto de las modificaciones que se detallan seguidamente.
Por su parte en el nuevo listado de productos con retenciones de 3 pesos por dólar, cuyo tope no se quitó, que equivale actualmente a un 5 % del precio, aparecen mercaderías que antes no estaban.
Como el canabis, plantas de bulbo, frutas, follajes, semillas para siembra, y de amapola a granel, etc. Y aparecen también las harinas de girasol y maní, etc, como otra ventana para la salida a los productos del grupo Urquía con las mínimas retenciones.
También aparecen especies y productos vegetales destinados a perfumería y condimentos, desechos farmacéuticos, armas de guerra y otras, asientos de toda índole, sommiers, aparatos de alumbrado, construcciones prefabricadas, juguetes, artículos para fiesta y deportivos, marfil y conchas manufacturadas, materiales para tallar, etc.
O sea que se agregaron 339 nuevos productos, quedando de esa manera la lista de los productos con las retenciones bonificadas a 3 pesos por dólar del flamante presidente Fernández, con 263 productos menos que la original de Macri.
Las retenciones intermedias del 9 % y mas beneficios para el grupo Urquía
Otra evidencia que no se trataba de la indexación del decreto de Macri, sino de un cambio de política arancelaria, que inexplicablemente el flamante gobierno con ánimo culpable trato de ocultar, al haber beneficiado con ella al grupo Urquia, lo da la creación por parte del presidente Fernández, de la categoría con retenciones del 9 %.
La que contiene un listado de 595 productos, de los cuales 70 de ellos no estaban en el listado de las retenciones de 3 pesos por dólar. Correspondientes a la exportación de animales vivos, y algunas especies de peces y otros animales acuáticos, etc.
En el listado también aparece el maní confitería, y el aceite refinado mezcla o tratado químicamente a granel, acorde con los intereses del grupo Urquía y CIARA CEC. Que de esa manera, al no figurar el grano de girasol, ni el mani crudo o si desenvainar, estos pasan automáticamente a una retención del 12 %.
Reacordándole así el presidente Fernández el margen mínimo tradicional del 3 %, que ostentaban los aceiteros encabezados por Urquía e integrados en CIARA en todos sus productos, que pocos meses antes les había quitado Macri.
En el listado también figura la molinería, la que de esa manera mantiene un margen del 3 % sobre los granos que son sus insumos, como el trigo y maíz, etc. Disposiciones que el flamante gobierno justifica políticamente, diciendo que va a defender el agregado de valor. No obstante que evidencian ser impulsadas por el agregado de valor que hizo el grupo Urquía, a los fondos del Frente de Todos.
Sin reparar que esa tradicional política de subsidios indirectos y directos a determinados nichos empresarios, que viene desde medio siglo atrás, ha permitido el notable enriquecimiento de muy pocos, que ocupan una posición dominante en el mercado.
En perjuicio no solo de los productores primarios, sino también de los consumidores, como resulta patente en el caso de la molinería del trigo. Y sin que esas políticas hayan permitido hacer desaparecer la pobreza y el hambre, sino todo lo contrario.
El quid pro quo del grupo Urquía con el presidente Fernández
Tras el triunfo en las PASO, el presidente Fernández en una de sus visitas a Cordoba, llegó hasta la localidad de General Deheza, donde impera el clan Urquía. Y se entrevistó allí con el ex senador Roberto Urquía y cabeza del grupo, tal como se puede apreciar en la siguiente foto.
Con motivo de ella la prensa salió a decir que Urquía fue el primer empresario en apoyar al candidato Fernández, y lo mismo hizo poco después su cuñado Miguel Acevedo, presidente de la UIA. Quien de repente empezó a criticar al gobierno de Macri, cosa que se había cuidado de hacerlo previamente.
No obstante según la Cámara Electoral Nacional, eso no se tradujo en aportes económicos inmediatos. Estos recién aparecieron, en plena veda electoral, en vísperas de las elecciones presidenciales del 27 de octubre, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro
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En él se puede apreciar que las cuatro empresas que encabezan los aportes privados para el Frente de Todos, están vinculadas con el grupo Urquía. Grancor es una comercializadora de granos santafecina, cuyos directivos están radicados en General Deheza, donde está la sede de AGD. Quienes además son directivos del ferrocarril Central Argentino del grupo Urquía.
Por su parte Niza SA dedicada a salsas y aderezos, pertenece al grupo Urquía, lo mismo que ACha, Aceitera Chabas, y AGD. Pudiéndose observar que sincronizadamente el 25 de octubre, Grancor y Acha hicieron un primera aporte para la campaña electoral, de tres y nueve millones de pesos, respectivamente,.
Y luego diez días después, ya consagrado Alberto Fernández como presidente de la Nación, el 4 de noviembre sincronizadamente, Grancor, Niza, y AGD, hicieron cada una un aporte de nueve millones de pesos, totalizando de esa manera 39 millones de esa moneda, destinados a una campaña electoral que ya había finalizado.
O sea que no fue una apuesta a un candidato, que en todo caso por resultar acertada merecería algún premio. Sino de un pago a posteriori, ya definido enteramente el panorama futuro. Que por esa razón resulta más que sospechoso, teniendo en cuenta además la importancia de esos aportes, que se puede apreciar en el siguiente gráfico.
En el que se destacan notablemente, los dos picos de recaudación que originaron esos aportes del grupo Urquía, el 25 de octubre y 4 de noviembre. Que representan el 26 % del total recaudado por el Frente de Todos, cuyo monto trepó de esa manera a 151 millones de pesos.
Superando los 139 millones de pesos recaudados por Juntos por el Cambio, el frente supuestamente pro empresario. A lo que se suma el hecho de que ninguna de esas firmas del grupo Urquia, aportó para Juntos por el Cambio. Como sí lo hizo Aluar, que aporto 4,5 millones a ese frente, y 3,65 millones al Frente de Todos.
El déjà vu de las DJVE
Esta complicidad con el grupo Urquía y CIARA CEC por parte del flamante gobierno, se observa también en relación con el congelamiento de las retenciones con la interposición de las DJVE (Declaraciones Juradas de Venta al Exterior).
Lo que produce, igual que con la 125, que el aumento de las retenciones no vaya a parar al fisco, sino a manos de quienes las interpusieron. Como sucedió el año pasado, cuando el gobierno de Macri por exigencia del FMI, volvió a implantar las retenciones generalizadamente, que antes solo existían para la soja y el cuero.
En los dos días previos a la imposición de esas nuevas retenciones, se interpusieron DJVE por 8,52 millones de toneladas de granos o sus derivados. Luciendo en el primer lugar del ranking en cuanto las retenciones eludidas de esa manera, el grupo Urquía con AGD, por un monto de 1.827 millones de pesos.
La cuestión ahora es muchísimo más grave, porque tras las PASO que abrió paso a la llegada del Frente de Todos al gobierno, ante la presunción de que aumentaría las retenciones, las DJVE presentadas y aprobadas, con fecha de embarque posterior al 10 de diciembre, trepan hasta el 18 de diciembre pasado a 49 millones de toneladas. O sea la mitad de la cosecha exportable.
Distinguiéndose entre ellas las DJVE del grupo Urquía, que con AGD y su asociada Bunge, trepan entre ambas a 8,5 millones de toneladas. Conforme se puede apreciar en el siguiente cuadro, confeccionado con las firmas que superaron el medio millón de toneladas.
En el siguiente gráfico se puede apreciar cómo evolucionaron esas interposiciones de DJVE tras las PASO. Registrándose picos diarios que superaron 1,5 millones de toneladas diarias. Para pasar a un in crescendo tras las elecciones de octubre hasta la asunción del presidente Fernández, con picos diarios de hasta casi 3 millones de toneladas.
Y posteriormente aunque a menor ritmo, siguieron anotándose DJVE, ante la concreta posibilidad de otro aumento de las retenciones, tal como autoriza la flamante ley de emergencia sancionada en forma fulminante por el Congreso. Igual que sucedió con las leyes de superpoderes y déficit cero sancionadas en el 2001, en los tiempos del presidente Fernando De la Rua y su súper ministro Domingo Cavallo, que terminó en el desastre de la crisis de ese año.
En el siguiente cuadro se pueden apreciar los productos comprometidos a exportar con las DJVE a partir del 10 de diciembre. Donde la soja, que es la mayor contribuyente en las retenciones, llega a 16 millones de toneladas, o sea la tercera parte del total. Habiéndose teóricamente ya abonado su retención del 18 %, y quedando congelada la retención adicional de 4 pesos por dólar a pagar con el embarque.
Los otros productos por su parte ya tienen congelada su retención de 3 pesos por dólar a pagar en el embarque. Excepto la 19,6 millones de toneladas del maíz, que la tienen congelada en 4 pesos por dólar, a pagar en el embarque.
Entre ellos se distingue los productos del grupo Urquía correspondientes al girasol y mani confitería, con 750 mil toneladas, que también tienen su retención congelada en 3 pesos por dólar, cualquiera sea el valor de este en el futuro, a pagar también en el embarque.
La 125 bis
Se estima que el aumento de las retenciones por parte del flamante gobierno, podría depararle al fisco una suma del orden de los 1.800 millones de dólares. Pero con la mitad de la cosecha con las retenciones congeladas a los niveles previos y en pesos, y las retenciones ya abonadas por las exportaciones de la soja y sus derivados, se puede estimar groso modo que esa cifra no llegará al 50 %.
El otro 50 %, se quedará en el camino, en mano de los integrantes de CIARA CER. Quienes les descontarán a los productores las nuevas retenciones, y harán sus liquidaciones al fisco con las viejas retenciones fijadas con las DJVE, tal como sucedió con la 125.
Con la ley de “Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la emergencia pública”, dictada en forma fulminante por el Congreso, se afectan los derechos adquiridos por parte de jubilados y empresas de energía. E incluso se encarecen notablemente las vacaciones que habían planificado hacer en el exterior numerosos argentinos, etc.
Pero en cuanto a las retenciones, se autoriza al Gobierno a aumentarlas aún más dentro de ciertos márgenes. Pero nada se dice en nombre de la solidaridad, de afectar los derechos supuestamente adquiridos con la presentación de unas simples DJVE. Que provocarán una enorme transferencia de riquezas desde los productores agrícolas, no hacia el fisco, sino hacía el grupo Urquía y demás integrantes de CIARA CEC.
Para justificar ese nuevo aumento de las retenciones, además del dispuesto con el decreto 37, el presidente Fernández afirmó: “La primera regla es recuperar la solidaridad social y después ver de dónde sacamos los recursos para ayudar a esa gente”.
“No estamos aumentando las retenciones, estamos proponiendo la posibilidad de aumentar 3 puntos más las retenciones de soja, maíz y trigo. Pero con condiciones: discutirlo en la mesa del acuerdo social y que el 70% que se recaude de ese excedente vaya a la ANSES para reforzar la caja de los jubilados”.
Pero lamentablemente ese 70 % excedente, al menos durante el año 2020 igual que en el 2008, por efecto de las DJVE, irá a parar a manos de los conocidos de siempre, los integrantes de CIARA CEC.-
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