Corrupción en la Corte Suprema: cómo el Gobierno compró el voto de Highton de Nolasco para el 2×1 en lesa humanidad

Corrupción en la Corte Suprema: cómo el Gobierno compró el voto de Highton de Nolasco para el 2×1 en lesa humanidad

Fue a cambio de la permanencía de Elena Highton de Nolasco, que supera los 75 años de edad, como ministra de la Corte. Por eso la magistrada dio su voto a favor del 2×1 sin siquiera haber estudiado el fallo. En la maniobra participaron el flamante ministro de la Corte Carlos Rosenkrantz y Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el mismo que intentó nombrar por decreto a Horacio Rosatti y Rosenkrantz como jueces de la Corte. La intención fallida del Gobierno era fidelizar un millón de votos militares, mediante aliviar la situación de los represores presos, y mitigar la bronca por el recorte presupuestario que se intenta llevar adelante en el ministerio de Defensa, para bajar el déficit fiscal. 

Por Lea Ross | @LeandroRoss y Javier Llorens

La historia podría llamarse como la Semana que estremeció el país. El primer día fue cuando la Corte Suprema de Justicia emitió su sentencia al caso Bignone, Reynaldo Benito Antonio y otro s/a determinar”, que convalidó el beneficio del 2×1 al condenado por crímenes de lesa humanidad Luis Muiña. Y una semana después, como cierre de ella, el Boletín Oficial publicó la Ley 27.362, que inhabilitó ese beneficio para dichos crímenes. Aprobada con un casi unánime consenso parlamentario, el mismo día en que el máximo tribunal anunció que iba a realizar una revisión del 2×1.

Detrás de todo esto que sucedió entre el 3 de mayo y el 11 de mayo pasado, ocurrieron situaciones que son reiterativas en nuestra historia: impulso de leyes de impunidad, masivas resistencia sociales en las calles, preocupaciones electorales, intereses sectoriales, tribunales cooptados por el poder político, personajes que operan en la política y la justicia, etc. Pero quizás nunca en la historia Argentina reciente se habían expuesto todas estas situaciones de manera tan abierta y tan acelerada.

Como si esa semana fuese, en términos borgeanos, un aleph en el que confluye todo lo que vemos reiteradamente en la historia social del país, pero encapsulados esta vez en un tiempo más reducido. Como el cuento de Jorge Luis Borges, de título homónimo, que lo definía como el punto donde convergen todos los puntos, algo de eso ocurrió en Argentina hace un mes atrás.

Pero esta historia no se reduce a esa semana. Detrás existió toda una maniobra que decantó en la decisión de beneficiar a los represores de antaño, y sus consecuencias sociales, que fueron incontrolables para quienes detentan el poder. Y terminó generando una pésima imagen de la mayoría de los magistrados que conforman la Corte Suprema. En particular, de los tres integrantes que votaron a favor del polémico fallo: Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco.

Ver Prevaricato de la Corte: el 2×1 no correspondía para narcos, terroristas, lesa humanidad, ni para el cura Grassi

Rosatti y Rosenkrantz fueron los dos ministros de la Corte que el presidente Mauricio Macri intentó frustradamente, ante el repudio masivo, designarlos por decreto cinco días después de haber asumido su cargo. Amparándose en el Artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional, que establece que el Presidente: “Puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.

En respuesta a ello, el abogado constitucionalista y ex juez federal Miguel Ángel Villafañe opinó que “de ninguna manera esta interpretación de ‘empleado’, con lógica de subordinación, puede aplicarse a la designación, especialmente, de los miembros de la Corte Suprema, que integran la cabeza de uno de los tres poderes independientes del Estado Nacional y que es esencial para la vigencia del Federalismo en Argentina”.

Ver El decreto de Macri respecto la Corte Suprema, un inconstitucional atentado contra el Federalismo

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Mientras que Highton de Nolasco, estuvo en la agencia mediática en febrero de este año, cuando anunció su pretensión de continuar con su cargo en la Corte Suprema, después de haber cumplido 75 años en diciembre. Ese es el tope que impone la Constitución para los magistrados judiciales. La jueza presentó un amparo judicial en diciembre con ese objeto, y a principios de febrero recibió un fallo a su favor por parte del juez en lo Contencioso Administrativo Enrique Lavié Pico, que calza la fama de ser un “juez político”.

Su simple argumento fue que el Artículo 110 de la Constitución establece que los jueces “conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta”, sin considerar otras disposiciones de ella. Y no obstante que en el amparo el ministerio de Justicia se opuso terminantemente a que Highton de Nolasco continuara en su cargo, a continuación curiosamente, se olvidó de apelar. Dejó que los plazos para hacerlo se extinguieran, adquiriendo así el fallo de Lavié Pico carácter de cosa juzgada, permitiendo así el Gobierno por omisión la continuación de la única mujer en la Corte Suprema.

https://www.pagina12.com.ar/18836-la-doble-vara-del-pro-ataca-de-nuevo

Al haber designado previamente a los dos jueces que pretendía, y con Highton de Nolasco favorecida por la falta de voluntad del Gobierno en seguir obstaculizando su afán de perpetuarse en la Corte, el máximo tribunal quedó así conformado con una mayoría de tres magistrados, que recibieron beneficios “laborales” por parte del actual gobierno nacional: dos que consiguieron “empleos”, y una tercera que logró conservarlo.

La historia que se narra a continuación embarra aún más todavía la Corte. Ya que muestra cómo el juez Carlos Rosenkrantz “cajoneó” el expediente de Leopoldo Schiffrin, con el que posteriormente la Corte Suprema reimpuso el tope de edad para los jueces, con el objeto de que en el mismo la Corte fallará después del mencionado fallo de Lavié Picó a favor de Highton de Nolasco.

Convirtiéndose además en un intermediario decisivo, para que el Gobierno no apelara este fallo, que hubiese llevado en definitiva a que el caso de Highton de Nolasco se unificara con el de Schiffrin, o se viera afectado por este. Así Rosenkrantz habría ayudado de doble manera a la única mujer de la Corte a mantenerse en  su cargo, a cambio de obtener el tercer voto indispensable, para lograr la mayoría en el polémico fallo del 2×1.

Esta es una historia que mezcla las operaciones y las inoperancias, las especulaciones y las torpezas. Que atraviesa y toca a fondo el período más oscuro que vivió nuestro país, cuyas heridas abiertas todavía no logran cicatrizar. Y para colmo de males, esto suscitó toda una serie de reacciones políticas y judiciales, que se comportan como sales que se echan en esa herida que permanece abierta. Esta es la verdadera historia detrás del fallo del 2×1.

Rosenkrantz, el juez favorito de Macri, y la ruta del expediente del caso 2×1

Carlos Rosenkrantz con las manos arriba.

Carlos Rosenkrantz fue el quinto y último ministro de la Corte Suprema que tomó juramento para asumir su cargo. Lo hizo el 22 de agosto de 2016 al mediodía, en la sede de los Tribunales. Según los registros del circuito informático de la Corte Suprema de Justicia, el expediente del caso Bignone, Reynaldo Benito Antonio y otro s/a determinar”, donde el “otro” era el represor Muiña beneficiado con el 2×1, llegó a la vocalía Nº 4 del reciente juez el día 27 de septiembre de 2016. Había pasado solo un mes desde su asunción.

 

Previamente el mismo había estado en la vocalía Nº 1 del presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti con algunas interrupciones con sus pases a secretaría, entre octubre del 2015 y junio del 2016. Y seguidamente estuvo un breve tiempo, entre el 4 y 19 de agosto en la vocalía Nº 9 de la vicepresidenta de la Corte Highton de Nolasco.

Según informó el Centro de Información Judicial, el plantel de abogados que se designaron para cumplir funciones en la vocalía de Rosenkrantz son: José Sebastián Elias, Valentín Thury Cornejo, Rodrigo Sánchez Brígido, y Federico Morgenstern.

El cuarto mencionado, Morgenstern, fue prosecretario de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Según reveló el periodista Martín Granovsky, existe un documento que revela que Rosenkrantz le habría asignado a Morgenstern la tarea de la confección del proyecto de sentencia del 2×1. Dicha cámara con los votos de los jueces Horacio Cattani, Martin Irurzun y Eduardo Farah, ya había otorgado el beneficio del 2×1 a criminales de lesa humanidad, razón por la que se puede decir que Morgenstern venía con mala entraña.

 

https://www.pagina12.com.ar/37690-los-cruzados-de-rosenkrantz

Morgenstern tiene su reconocimiento dentro del ámbito académico por ser co-autor del libro titulado “Cosa juzgada fraudulenta. Dos ensayos sobre la llamada cosa juzgada írrita”. Cuyo prólogo fue escrito nada menos que por el propio Rosenkrantz y por Alejandro Carrió, primo de la diputada Elisa Carrió, quien viene sosteniendo una campaña de denuncia contra el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti.

Federico Morgenstern, relator de Rosenkrantz

El libro, publicado en el año 2014 es utilizado como fundamento teórico para validar las reaperturas de posibles causas de corrupción cerradas, tiempo atrás con sentencias firmes. Al verificarse anomalías cometidas por los jueces durante el proceso, bajo la sospecha de beneficiar a los procesados. Y por haber participado los procesados en esas anomalías en su beneficio, violentando así el principio del derecho penal, basado en que se debe averiguar la “verdad real” de los hechos.

Doctrina en la que encuadraría paradojalmente como se verá, el fallo del 2×1 redactado supuestamente por el autor de esa doctrina. Y también curiosamente el fallo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, con la que sobreseyó a la recientemente fallecida Herrera de Noble por los delitos de apropiación de menores durante la dictadura.

Ver Como zafó Herrera de Noble de su denuncias por apropiación de bebes durante la dictadura

En dicho libro prologado por Carlos Rosenkrantz, este resalta una idea de su futuro prosecretario letrado cuando afirma: “Además, en el ámbito de los delitos cometidos por funcionarios encumbrados, los hechos falsifican la visión del garantismo, pues ‘la experiencia de las últimas décadas…’, muestra que el verdadero peligro no es el Estado. En estos casos, dice Morgenstern, ‘es bastante mayor el peligro de la impunidad que (el peligro de) la sujeción a la tiranía estatal’. 

No obstante Rosenkrantz y Morgenstern, tan preocupados por remover la cosa juzgada para que no exista impunidad, parecen haber olvidado que el mayor peligro es la impunidad en el caso de los funcionarios involucrados en el terrorismo de Estado y los delitos de lesa humanidad. Que implicó una virtual cosa juzgada írrita, condonando la pena a favor de todos ellos, al no existir al menos en Argentina, otro tribunal que pueda revisarlo

El expediente permaneció en la vocalía de Rosenkrantz hasta el final del año. Y el 29 de diciembre de 2016, justo antes que cayera la feria judicial, Rosenkrantz lo transfirió a la Secretaría Judicial Nº 3, que es la encargada de tratar los casos de índole penal. Con la feria judicial ya concluida, el expediente retornó a la vocalía de Rosenkrantz donde permaneció encajonado durante tres meses. Y el 17 de abril de 2017 volvió a pasar a la Secretaría Nº 3. Una semana después, el 24 de abril, pasó nuevamente a la Vocalía Nº 1, de Lorenzetti, para finalmente llegar el 2 de mayo nuevamente a la Secretaría, y concretar la sentencia por parte del tribunal al día siguiente.

En ese recorrido no se tiene registro que el expediente haya pasado por la vocalía Nº 3 de Rosatti, a pesar de que el fallo del 2×1 incluyó el voto a favor por su cuenta, del penúltimo juez designado en la Corte. Aunque tampoco hay rastros de que haya pasado por la vocalía Nº 2 de Luis Maqueda, quien se encuentra en las mismas condiciones que Rosatti, aunque votó en sentido inverso.

Pero más extraño aún es que la causa tampoco haya vuelto a pasar por la vocalía Nº 9 de Highton de Nolasco, tras el paso de la causa por la vocalía Nº 4 de Rosenkratz, no obstante que Highton de Nolasco adhirió al voto de este. En paralelo, los pasillos y cajones de la Corte tuvieron que lidiar con otro caso, que tuvo un papel clave para lograr la mayoría necesaria para llegar a la polémica sentencia.

El caso Schiffrin que impedía la aspiración de Highton de Nolasco de perpetuarse en el cargo

El 28 de marzo de 2017, un mes antes de la polémica sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 2×1, este tribunal había dictado sentencia en la causa “Schiffrin Leopoldo Héctor c/ Poder Ejecutivo Nacional”. Quien se desempeñaba como juez de la Sala II de la Cámara Federal de La Plata, y al cumplir los 75 años de edad, pretendió perpetuarse en su puesto.

Al respecto la Constitución de 1994, establece que para que un juez continúe en su cargo luego de cumplir los 75 años, debe obtener un nuevo nombramiento por parte del presidente de la Nación, convalidado por el Senado. (Artículo 99 inciso 4 tercer párrafo). Un lustro después de la Reforma del ‘94, la Corte Suprema de ese entonces, dictó la sentencia en el “caso Fayt”, que declaró nula la aplicación de esa cláusula constitucional, por pedido del vocal de ese mismo tribunal, Carlos Fayt (1918 – 2016). Quién en ese entonces ya andaba en los 80 años de edad, y se encontraba en la “edad límite” cuando se reformó la Constitución.

Según especialistas en materia jurídica, fue la única norma constitucional declarada nula en toda la historia constitucional de la Argentina, por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero era solo aplicable a algunos casos en particular, ya que se basaba en que Fayt tenía derechos adquiridos previamente, al haber sido designado en la Corte antes de la reforma constitucional de 1994.

Con este antecedente, el juez Leopoldo Schiffrin trató desde el año 2012 de conseguir ese mismo beneficio. Cinco años después, la Corte Suprema por mayoría de cuatro votos, decidió rechazar el pedido de Schiffrin, ratificando la validez de lo estipulado en la Constitución. Quienes votaron a favor de esta sentencia fueron Lorenzetti, Maqueda y Rosatti. Ý quien voto en contra fue Rosenkrantz, el mismo que tenía el caso del 2×1 en sus manos.

Quien no participó de la sentencia fue Highton de Nolasco. Porque felizmente ya contaba con un fallo firme de primera instancia a su favor, con carácter de cosa juzgada, para permanecer en el cargo, tras haber cumplido 75 años en diciembre de 2017. Y lógicamente no le correspondía participar en el caso por incompatibilidad de intereses.

Si la sentencia de la Corte contra Schiffrin, salía antes de la sentencia del juez Lavié Picó a favor de Highton de Nolasco, este juez difícilmente se podría haber alzado contra lo fallado por el máximo tribunal. Y si así fuere, el fiscal por su parte debería haberse visto obligado a apelarla, al resultar incompatible con la jurisprudencia ya sentada. Sin embargo, la vicepresidenta de la Corte tuvo la “suerte” de que Lavié Picó la benefició a ella, antes de que la Corte tomara una decisión en el caso Schiffrin. Y esa suerte se la dio nada menos que el ministro Rosenkrantz.

El cruce de rutas del caso del 2×1 y del moroso caso Schiffrin que revela el pacto

Según el Sistema de Consulta de Expedientes, la Corte Suprema de Justicia recibió el expediente de la causa Schiffrin en junio de 2012. Con dictamen de la Procuración a favor de Schiffrin, citando al respecto el caso Fayt, y diciendo que la Constituyente se había excedido en su labor, al limitar la edad de los jueces.

La causa pasó a la vocalía Nº 1 de Lorenzetti, donde estuvo entre junio y septiembre de 2012. Seguidamente pasó a la vocalía Nº 9 de Highton de Nolasco, donde estuvo un solo día. Luego en junio de 2013 pasó por la vocalías de los ex ministros Eugenio Zaffaroni y Carmen Argibay, y en noviembre de ese año estuvo un solo día en la vocalia N º 2 de Maqueda, adonde volvió en febrero de 2014, y estuvo hasta mayo de 2014. A partir de allí el expediente permaneció morosamente en la secretaría Judicial Nº 5, donde se tramitan las denominadas Causas Especiales, es decir las que tienen resonancia notable.

El 26 de agosto de 2016, cuatro días después de la asunción de Carlos Rosenkrantz, el caso Schiffrin pasó nuevamente a la vocalía Nº 1 de Lorenzetti, para luego dos días después pasar a la Vocalía Nº 3 de Rosatti, y retornar luego a la secretaría Nº 5. Seguidamente el 7 de septiembre pasó a la Vocalía Nº 9, de Highton de Nolasco, para el 15 de septiembre retornar a la secretaría Nº 5, donde permaneció allí hasta febrero.

De esa manera Highton de Nolasco se enteró del voto en contra a la continuación en su puesto, por parte de los otros tres integrantes de la Corte. E ínterin con la morosa tramitación que tuvo la causa, logró cumplir los 75 años de edad, que le permitió a fines de diciembre interponer un recurso de amparo ante el juez contencioso administrativo Lavié Pico.

Una semana después de que la vocalía Nº 5 de Highton de Nolasco tuviera el caso Schiffrin que le venía en contra, el 27 de septiembre de 2016, la vocalía Nº 4 de Rosenkrantz se hizo del caso Muiña del 2×1. El que retuvo tres meses hasta el 29 de diciembre del año pasado, oportunidad en que retornó a la secretaría Nº 5. Y el 16 de enero de 2017, luego de la feria judicial, volvió de nuevo a esa vocalía.

Dos semanas después, el primero de febrero de este año, al terminarse la feria judicial, el caso Schiffrin también arribó a la vocalía Nº 5 de Rosenkrantz, a la par que tenía en sus manos el caso del 2×1. Y diez días después, el 10 de febrero de 2017, salió apuradamente el fallo del juez Lavié Picó que le otorgó el aval a Highton de Nolasco para seguir en el cargo.

O sea que la vocalía de Rosenkrantz fue la que retenía los dos expedientes en el momento en que quién dio su tercer voto positivo para el fallo del 2×1, adhiriéndose al voto de Rosenkrantz, recibiera su anhelado beneficio. Y Rosenkrantz recién soltó al expediente del caso Schiffrin el 7 de marzo, cuando ya había quedado definitivamente firme el fallo de Lavié Picó, ante la omisión de apelar por parte del ministerio de Justicia.

Además dicho juez, como para que no se le complicara la causa, había rechazado de plano la pretensión interpuesta por parte del senador Ernesto Martínez, de ser parte en la misma, al considerar que la continuidad sí o no de Highton de Nolasco debía pasar por el Senado.

Quedando así en evidencia el quid pro quo en latín, o el chanchullo o componenda en lenguaje popular, entre Rosenkrantz y el Gobierno por un lado, el primero cajoneando el expediente, y el segundo olvidándose de apelar, y por el otro lado Highton de Nolasco, y su apetencia de continuar en el cargo. Para cooptar la voluntad de esta con vistas al fallo del 2×1, y otros seguramente.

Concretado seguramente bajo la invocación pragmática de que su eventual salida de la Corte le permitiría al Gobierno instalar otro ministro afín, y así contar con una mayoría automática en ella. Lo cual demoraría algún tiempo y algunos forcejeos en el Senado, que bien podrían evitarse si sencillamente Highton de Nolasco se mostraba de allí en adelante más sensible a las necesidades del Gobierno, comenzando con el fallo del 2×1.

Por su parte el expediente del 2×1 permaneció en la vocalía nº 5 de Rosenkrantz en todo el mes de marzo, hasta la mitad de abril. Mientras que para el expediente de Schiffrin, marzo fue un mes muy movido. Estuvo en la secretaría Nº 5 para luego retornar a la vocalía Nº 4, para poner fin a la redacción disidente de Rosenkrantz, a favor de la continuidad de Schiffrin e Highton de Nolasco en sus cargos.

Luego volvió a dicha secretaría, para curiosamente pasar los días 21 y 22 a la Vocalía Nº 9 de Highton de Nolasco, pese que esta no participó de la sentencia, abriendo la sospecha que dicho pase habría sido a los efectos de verificar el voto disidente de Rosenkrantz. Finalmente, el día 28 de marzo salió la sentencia en contra del pedido del juez Schiffrin para permanecer en su cargo, anulando el fallo “Fayt”.

Pero gracias a Rosenkratz no fue por unanimidad, dejando así decorosamente sentada en su sillón de magistrada a Highton de Nolasco, con la apariencia de legalidad que brinda la supuesta existencia de dos bibliotecas, y que en definitiva todo es una cuestión opinable, más allá de que fue el resultado de una maquinación deshonesta.

Dos semanas después, ya garantizado el beneficio a favor de Highton de Nolasco, el 17 de abril, el caso del 2×1 pasó a la Secretaría Nº 3, para luego el 24 pasar a la Vocalía Nº 1 de Lorenzetti. Luego el 2 de mayo pasó para sus últimas revisiones, previo dictar la sentencia que salió al día siguiente, y dio comienzo a la semana que estremeció al país.

La cronología comparada de ambos casos

En la tabla de abajo, se puede observar el orden cronológico paralelo de los movimientos que registraron los expedientes del 2×1 y Schiffrin, por las respectivas secretarías y vocalías de los jueces de la Corte. Lo sombreado color amarillo señala el periodo en que ambos estuvieron cajoneados en la vocalía de Rosenkrantz, hasta decantar en la sentencia del caso Schiffrin. Acaeciendo ínterin el fallo de Enrique Picó a favor de Highton de Nolasco.

Ambos expedientes convivieron en la vocalía de Rosenkratz entre el 1 de febrero y el 7 de marzo de 2017. Insinuando la extensa franja amarilla sin movimientos en el caso del 2×1 o Muiña, precedida por la tenencia de este caso por parte de esta misma vocalía desde el mes de enero, la clara intencionalidad de esperar a que primero saliera la sentencia del caso Schiffrin. Como para otorgar un cierre definitivo a este caso, y exhibirle a Highton de Nolasco el voto disidente de Rosenkrantz a favor de su postura. Y así, inmediatamente después, darle curso al expediente del 2×1, con la garantía de que la jueza cumpla con su parte en el quid pro quo o chanchullo convenido.

Las insinuaciones en el Congreso respecto el chanchullo de Highton de Nolasco

En el tratamiento de la ley anti 2×1 sancionada en forma fulminante por el Congreso entre el 9 y 10 de mayo pasado, hubo diversas  manifestaciones en el Congreso referidas al chanchullo con el que se obtuvo el voto de la mayoría en el fallo de la Corte del 2×1.

El diputado Juan Cabandie con su característica imprecisión dijo: “¿Qué esconde este fallo? Puedo dar mi opinión, que probablemente sea subjetiva otros lo pueden interpretar de otra manera, pero no sea cosa que después de que Elena Highton de Nolasco cumpla 75 años –que va a ser en los próximos meses perdure en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que esto haya sido consecuencia de un arreglo.”

La diputada Araceli Ferreyra por su parte apunto a la existencia de prevaricato y cohecho: “La verdad que eso tendríamos que discutirlo cuando estemos analizando el juicio político. Lo real y cierto es que la doctora Highton de Nolasco ha declarado lo contrario en otros casos exactamente iguales, y permítanme leer una parte de la causa Simón, donde se analizó la constitucionalidad de la ley que declaró la nulidad de la obediencia debida y el punto final. 

“En dicha causa la doctora Highton de Nolasco decía que era imperativo impedir por tanto que pueda invocarse la ultraactividad de la ley penal más benigna. Hoy viene a sostener exactamente lo contrario, y es ahí donde yo digo que hay prevaricato y cohecho, porque fue beneficiada con una falta de apelación que la dejó sentada en la Corte Suprema, pese a haber cumplido y violado el límite que la propia Constitución establecía. El caso de Fayt no aplicaba en su situación, porque ella juró por esta Constitución con esa limitación”.

Por su parte el senador Alberto Rodríguez Saa expresó: “estamos ante un grave problema, porque estamos viviendo un retroceso histórico, ya que este fallo, tan trascendente, no es una ingenuidad. Fíjense ustedes que lo firma una persona que está contra la ley. Highton de Nolasco ha cumplido su mandato y se queda. Se queda sentada en su lugar como si estuviera bien, como si no cumplir con la Constitución estuviera bien. Y reclamo porque el poder político, el Poder Ejecutivo, no apeló el fallo y lo consintió, en lo que parece ser una negociación.”

Y el senador Miguel Angel Pichetto, se extendió aún más respecto las implicancias que podría deparar la existencia de una nueva mayoría automática en la Corte a favor del Gobierno, diciendo: “Quiero también compartir la visión crítica respecto de la continuidad de la jueza de la Corte Highton de Nolasco, porque si los jueces no cumplen con la Constitución, estamos irreversiblemente perdidos. Y en esto, quiero también cuestionar a un hombre que era importante en la Corte, como fue el doctor Fayt, y al propio doctor Petracchi, juristas de nota, de envergadura, importantes, pero que también buscaron el vericueto en la norma para continuar hasta el fin de sus días en el cargo.

Me parece que esto produce una lesión enorme en la confianza ciudadana. Porque si la Constitución habla de 75, son 75. Después, si quieren cinco años más, para eso está esta institución, que es el Senado, en donde el juez tiene que peticionar. O sea, el Poder Ejecutivo –en cabeza del presidente– tiene que remitir el pliego y el Senado evaluará si están dadas las condiciones psicofísicas e intelectuales para que ese hombre o esa mujer de 75 años se queden cinco años más en el cargo. Pero no cumplimos con la Constitución. Son los propios jueces los que le buscan la vuelta con fallos ridículos y con amparos en la justicia contencioso administrativa que colocan a ese juez, cuando prosigue en el cargo, en un estado de debilidad. Por lo tanto, me parece que esto hay que repensarlo en esta institución.”

Yo quiero rescatar que el senador por Córdoba de la Unión Cívica Radical hizo un planteo sobre esto ante la Justicia, pero esta se lo rechazó in limine porque consideró que no tenía legitimación activa. O sea, se presentó como senador y dijo: el Senado tiene derecho a evaluar el pliego de Highton de Nolasco. Pero el juez Lavié Pico –tendremos que analizar la conducta de estos jueces en algún lugar, en el Consejo de la Magistratura, pero también en el debate público ciudadano– rechazó in limine esa presentación que hizo el senador del Frente por Córdoba de Cambiemos, del partido de Luis Juez.”

“… Toda esta cantata (de fallos anteriores rechazando el 2×1) también fue votada permanentemente por la señora Highton de Nolasco, que no sabemos por qué ha modificado su posicionamiento en este tema. Por qué, en el abordaje de este tema, ha votado de otra manera. Pero, bueno, cada uno tendrá que rendir cuentas ante la historia.”

“… Si uno se pone a pensar mal, tal vez lo que se esté intentando acá es la construcción de una nueva mayoría en la Corte para otros temas. Y hay cuestiones que nos preocupan desde lo federal. Mensaje para la señora Highton de Nolasco: nos preocupan desde lo federal. Se está discutiendo el fondo del conurbano. Acá hay un compañero que es de la provincia, pero nosotros desde el interior queremos un trato equitativo y razonable; que la plata no vaya únicamente a esta ciudad maravillosa que es la Ciudad de Buenos Aires, la más cara del mundo, o que no vaya únicamente a la provincia de Buenos Aires de la señora Vidal.

Queremos un trato equitativo en materia de discusión de la coparticipación federal. Por lo tanto, no vaya a ser cosa que quieran construir una nueva mayoría, una mayoría automática. Yo respeto el principio de división de poderes, tengo respeto por los jueces. Los fallos hay que cumplirlos, pero quiero reflexionar sobre estas cosas.

Lanata reveló quienes fueron los operadores macristas del fallo

El 13 de mayo de 2017, un par de días después de la multitudinaria marcha contra el fallo de la Corte, después de que el Congreso de la Nación aprobara con un enorme consenso el proyecto para la no aplicación del beneficio del 2×1 para los condenados por crímenes de lesa humanidad, y después de que la Corte anunciara que revisaría nuevamente el caso, el columnista estrella del diario Clarín, Jorge Lanata, escribió una nota en el matutino refiriéndose a los entretelones del escándalo.

Es de público conocimiento las diferencias que tiene el conductor televisivo de Periodismo Para Todos (PPT) con el actual presidente. En particular sobre qué hacer para sofocar al kirchnerismo y evitar que nunca más vuelva a gobernar. Para Lanata, todo pasa por la vía judicial: Cristina Fernández de Kirchner debe ir presa. Lo cual además sería un gran triunfo personal para él, tras la campaña de demolición de su gobierno que realizó a través de PPT desde el año 2012, tras el giró político que Fernández de Kirchner realizó con su acuerdo con Irán.

Ver ¿Por qué Cristina y el kirchnerismo se abrazaron a Milani?

Mientras que para el macrismo, la estrategia debe ser política: se la debe derrotar en las elecciones, ya que una “Cristina presa” la convertiría en lo más cercano a una mártir y, por ende, otorgaría mayor fuerza al kirchnerismo.

A Lanata no lo convence ese argumento. Con lo cual, el hablar sobre la ausencia de la independencia de la justicia en el actual gobierno, es un golpe fuerte para Macri, ya que ha sido una de las tantas críticas que se le ha hecho al gobierno anterior. Pero da pábulo a la postura de Lanata de que la denostada ex presidenta no va presa por sus denuncias, no porque estas sean inconsistentes, sino porque la justicia no funciona.

Es así que el sábado posterior a la marcha, el debate en el Congreso, y el anuncio de la Corte de que iba a reveer el caso, Lanata publicó en Clarín la nota titulada “Dos por uno igual a tres”. En la que revela que quienes operaron desde el Gobierno nacional para impulsar el polémico fallo, fueron los dos principales asesores sobre cuestiones jurídicas del presidente Macri: Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, quien actualmente es director de YPF y legislador del Parlasur para el bloque Cambiemos; y José Torello, que es el jefe de Asesores de la Presidencia.

https://www.clarin.com/politica/historia-detras-crisis_0_Sk0fk2mlZ.html

 

Tratando no obstante de preservar al presidente, desde el primer párrafo de la nota Lanata sostiene que toda esta notable cuestión se desató por una “estupidez”, apuntando empero que el interés que hubo detrás del fallo, fue para “consolidar” el voto conservador. Esto decía Lanata:

“Como la mayoría de las crisis argentinas, también esta comenzó por una estupidez: dos operadores judiciales del gobierno creyeron que era el momento de ‘consolidar el voto’ en un sector conservador del electorado que el devenir de la política les había hecho abandonar, no sin culpa. Era momento –pensaron José Torello y Fabián “Pepín” Rodríguez Simón– de impulsar, en un silencio discreto, la aplicación del 2 x 1 en el caso de los militares detenidos.

De Lorenzetti puede decirse lo que sea, pero nunca que lo agarren distraído: presentó el tema del 2 x 1 por otra vocalía y puso al tanto al ministro Garavano. Maqueda hizo lo propio y luego el diablo metió la cola. Lorenzetti y Maqueda gambetearon a tiempo y el dúo de los ‘listos’ operadores conformó la mayoría de tres: Highton les firmó la factura de seguir aún en el puesto pasado su límite de edad (la factura, de todos modos, lleva un sello de ‘provisorio’ bastante borroso) y Rosatti y Rosenkrantz votaron según su conciencia”.

 

Fabián “Pepín” Rodríguez Simón (Izquierda) y José Torello (derecha) junto con Durán Barba. Ph: LPO (2015)

Tanto “Pepín” Rodríguez como Torello conocieron a Macri en los años ochenta, en el Colegio Cardenal Newman, al igual que Nicolás Caputo, uno de los empresarios predilectos del presidente, y de Gustavo Arribas, socio e implicado en el caso Odebrecht. “Pepín” Rodríguez es sindicado de ser el verdadero autor del frustrado Decreto 83/2015 para designar a Rosatti y Rosenkrantz. También -y esto no lo dice Lanata- ha sido uno de los abogados predilectos del Grupo Clarín, en sus artimañas judiciales en contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Ver Nicky Caputo, el “Lázaro Báez” de Mauricio Macri

Ver Gustavo Arribas y Mauricio Macri: del tráfico de jugadores a Odebrecht

Ver El trasfondo de los decretazos ilegales de Macri (I)

Por si fuera poco, durante la gestión de Macri como jefe de gobierno por la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Simón había desembarcado en el Ministerio de Espacio Público, donde pergeñó la creación de la Unidad de Control de Espacio Público (UCEP). Que en la práctica funcionaba como un grupo de choque contra las personas en situación de calle, sin un lugar donde vivir. Una actitud represiva que nos remonta a los períodos más oscuros de la historia reciente. Por eso no debería sorprender que sean los mentores de semejante fallo de la Corte

Que en el caso de “Pepin” Rodríguez ostenta también el apellido Simón. Que es emblemático en los casos de lesa humanidad, dado que un caso con ese apellido fue el que en el 2005 permitió reabrir las causas contra los represores de antaño. Y con otro caso con ese apellido, en el 2013 se le escapó a la Corte una convalidación del 2×1 a favor de los delitos de lesa humanidad, al rechazar por cuestiones de forma una apelación que se oponía a ello. Rechazando al mismo tiempo en forma ambivalente, la apelación de otro condenado que en la misma causa solicitaba ese beneficio, por lo que se puede decir que se trató de un error de la Corte, que dijo si y no al mismo tiempo.

Lo mismo le cabe a José Torello, quien proviene de una familia con numerosos integrantes militares. Y además de ser el jefe de asesores de Macri, es la vez el apoderado del PRO. De hecho apostó fuerte al triunfo de este partido, ya que dos días después de la primera vuelta electoral del 25 de octubre, compro dólar futuro por 800 mil dólares. En base a la información reservada que tenía, de que el plan del PRO Cambiemos era devaluar. Apuesta que le deparó una bonita ganancia de más de cuatro millones de pesos, equivalentes a 261 mil dólares.

 Ver DOLAR FUTURO: CEO´s y funcionarios que ganaron millones

El fallo de la Corte en cumplimiento de soterradas promesas preelectorales

¿Qué razones tendrían estos operadores de Mauricio Macri, con un poder de influencia lo suficiente para corromper a la mayoría de la Corte Suprema, e impulsar semejante fallo, sin calibrar adecuadamente las consecuencias que podría deparar?

El abogado Cosme Beccar Varela, referente de los que conforma el voto militar y fundador de la agrupación “Tradición, Familia y Propiedad”, tras la aprobación de la ley anti 2×1 después del fallo de la Corte, difundió un escrito denominado “La embestida del odio el 10 de mayo fue el rechazo definitivo de toda ‘concordia’ y de toda piedad”.

Disparando furiosamente en contra del presidente Macri, en el revelaba la existencia de promesas preelectorales hacia ese sector, para indultar a los detenidos y condenados por crímenes de lesa humanidad, apenas asumido el 10 de diciembre del 2015. Y se quejaba amargamente el no habérsele exigido inmediatamente el cumplimiento de esa promesa, en ese “momento de gloria”:

Macri prometió ‘acabar con el curro de los derechos humanos’ y todos entendieron que iba a restablecer la Justicia y dejar libres a los encarcelados. Sólo él y sus cómplices sabían que mentía y lo peor es que quienes lo votaron por esa promesa, se olvidaron de exigirle su cumplimiento que hubiera podido hacer mediante el dictado de un decreto de INDULTO de todas las víctimas del odio izquierdista, apenas asumió el 10 de Diciembre del 2015 sostenido por el envión de su victoria electoral. Si en vez de ‘concordia’  hubieran hecho valer su justa indignación ante cualquier demora, en ese ‘momento de gloria’, hubieran tal vez conseguido lo que el cobarde y traidor Presidente electo no tenía la intención real de cumplir, si podía evitarlo. Y ahora cada día que pasa es más difícil que lo haga si quisiera, pero está claro que no quiere”.

Esta promesa electoral explicaría la desesperación del presidente Macri por designar a dos ministros de la Corte Suprema mediante un decreto, dictado a tan solo cinco días de iniciar su gestión, inspirado como se dijo por “Pepin” Rodríguez Simón. Para aprovechar ese “momento de gloria” y tratar de encontrar así un respaldo en la Corte para lanzar el prometido indulto.

Similar al que veinticinco años atrás había lanzado el presidente Calos Menem. Quien también tomó la precaución de lograr una mayoría afín en la Corte, mediante la ampliación de sus miembros de cinco a nueve. Pero en esta ocasión Macri vio frustrado su intento en tal sentido, por la tormenta de críticas que recibió, y tuvo que encarrilar la designación de esos dos jueces por la vía institucional con la intervención del Congreso. Lo que hizo que los nombramientos recién se concretaran medio año después, ya pasado el “momento de gloria”.

De la existencia de esta promesa preelectoral también da pábulo la editorial que el diario LA NACION publicó el 23 de noviembre de 2015, al día siguiente de que Macri se impusiera en el balotaje frente a su competidor Daniel Scioli, siendo ya presidente electo de la Nación, con el título “No más venganza”.

Un día después de que la ciudadanía votara un nuevo gobierno, las ansias de venganza deben quedar sepultadas de una vez para siempre… Hay dos cuestiones urgentes por resolver. Una es el vergonzoso padecimiento de condenados, procesados e incluso de sospechosos de la comisión de delitos cometidos durante los años de la represión subversiva y que se hallan en cárceles a pesar de su ancianidad. Son a estas alturas más de trescientos los detenidos por algunas de aquellas razones que han muerto en prisión, y esto constituye una verdadera vergüenza nacional”.

No obstante ese editorial de La Nación resultó ser un tiro por la culata, que preanunciaba que el indulto y el falló del 2×1 iba a ser inaceptable para la sociedad. Ya que fue repudiado por amplios sectores de ella, y distintas personalidades, incluyendo a los propios periodistas del diario La Nación. Fue la primera vez, desde el triunfo de Mauricio Macri, que sorpresivamente se cerró “la grieta”: distintos grupos sociales enemistados entre sí a lo largo del gobierno anterior, aunaron acuerdos para repudiar la publicación del mencionado matutino.

El voto militar: el millón de razones para lanzar el fallo del 2×1

El analista Rosendo Fraga fue director en la secretaría de la Presidencia de la Nación durante la dictadura del General Jorge Rafael Videla, que falleció cumpliendo cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. Razón por la que tiene amplias relaciones y conocimiento de la situación militar, que suele expresar en su portal Nueva Mayoría.

Tras el fallo del 2×1 bajo el título “Macri, entre el Metrobus y el 2×1” aseguró que el gobierno acompañó el fallo de la Corte, percibiendo “la oportunidad de retener el voto del sector militar, que multiplicado por su contexto familiar, alcanza al millón de votos”. O sea entre 3 y 4 % del electorado. Agregando seguidamente: “Este retroceso puede hacer perder la adhesión electoral del voto militar, que en la segunda vuelta optó por Macri en aproximadamente un 85%”.

http://www.nuevamayoria.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5364&Itemid=39

Por su parte el airado escrito de Beccar Varela antes mencionado, da a entender algo más, que se podría describir que el actual Gobierno contó como militantes para poder llegar al poder, a la familia militar. Que incluso reúne especiales destrezas para ello, al estar capacitados para la guerra psicológica y de rumores, que ahora tienen un amplio despliegue a través de las redes sociales, y que erosionaron enormemente al gobierno anterior.

El Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría que dirige Fraga, emplea como fuente para el análisis del voto militar los votos de la Antártida. Aduciendo al respecto:algo más de dos tercios de quienes votan allá son militares en actividad de las tres Fuerzas. Además, se acercan a una muestra relativamente representativa de la estructura de personal militar en cuanto a oficiales, suboficiales y grados. A ello se agrega que están todos en actividad y que ninguno estaba en actividad durante el gobierno militar”.

Votos en la Antártida

La infografía adjunta muestra la importancia del voto militar para el PRO Cambiemos según el método de Nueva Mayoría. Ya que el voto a favor de Macri, tras llegar a los niveles parecidos a los de Carlos Menem y Eduardo Duhalde entre 1989 y 1999, superando el 60 % en las primarias y 1ra Vuelta del 2015; en el balotaje los superó rotundamente, trepando a un 84 % del total, y relegando al candidato Daniel Scioli del Frente para la Victoria, a un mínimo del 16 %.

El ajuste estatal pone en peligro el voto militar a favor de Macri

Como se vio, Fraga especuló respecto el riesgo de perder el voto militar por el retroceso del Gobierno frente al fallo de la Corte por el 2×1. Pero hay otra razón que puede concurrir a ello, porque el ajuste en el Estado también llega a ese sector. El 4 de junio de 2017, el portal de noticias La Política Online adelantó una primicia sobre el plan del Gobierno Nacional para achicar aún más el gasto del Estado.

Y así como lo había iniciado el ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay, con los despidos de empleados públicos descriptos como la “grasa militante”, con la asunción de Nicolás Dujovne como ministro de Hacienda, el ahorro pasaría esta vez más profundamente, eliminando ministerios.

http://www.lapoliticaonline.com/nota/105955/

Según señala el artículo, “en pos de achicar el número de ministros, podrían fusionarse carteras como Educación con Ciencia y Tecnología. El mismo caso podría sucederse con los ministerios de Trabajo y Producción. En tanto que ante la eventual salida del radical Julio Martínez para ser candidato a senador en La Rioja, se habla de que en Defensa no haya un reemplazo sino una fusión con el ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich”.

Doce días después, el columnista y operador del grupo Clarín, Marcelo Bonelli, había ratificado la información sobre la fusión Defensa-Seguridad, a partir de su columna semanal, que lo definió como parte del “Plan Macri” para achicar el ahogo fiscal, diciendo: “Por lo menos serían 5 los ministerios que se van a recortar y eliminar en la futura reestructuración del Gabinete nacional… Habrá varias fusiones y el excesivo y poco efectivo elenco actual se achicaría para tratar de dar una señal de austeridad presupuestaria frente al fuerte desborde fiscal…”

El recorte incluiría la eliminación o reestructuración de ministerios como Medio Ambiente, Defensa, Agroindustria, Interior, Producción y Turismo. Los primeros borradores indican que Medio Ambiente se va a fusionar con Ciencia y Tecnología. También, que Defensa pasaría a la órbita de Seguridad. Además se explora otra opción: unificar Seguridad e Interior. Y estaría muy avanzada la absorción del Ministerio de Agroindustria por parte de Producción. En otras palabras: Medio Ambiente, Defensa y Agroindustria dejarían de ser ministerios”.

https://www.clarin.com/opinion/plan-macri-cambios-despues-elecciones_0_ryn1zAeXW.html

La fusión del ministerio de Defensa con el de Seguridad, o directamente la desaparición de Defensa, implicaría una injuria histórica para las fuerzas armadas argentinas, llegando así estas al último peldaño de su debacle ininterrumpida, tras haber sido el principal factor de poder en Argentina a lo largo de medio siglo, entre 1930 y 1983. Máxime si dicho ministerio queda a cargo de la ex montonera Patricia “Pato” Bulrrich, hoy a cargo del ministerio de Seguridad, y se profundiza el desmantelamiento de ellas, que las han hecho ineptas para enfrentar cualquier conflicto, tal como lo da a entender diversos informes del mismo Fraga.

Al respecto, el 16 de abril pasado, semanas antes que se lanzara el polémico fallo de la Corte, un artículo del portal InfoBae adelantó la existencia de un documento reservado, donde se analizaba un recorte presupuestario al Ministerio de Defensa. Con una reducción del mismo de 4.616 millones de pesos, mediante la baja de personal en las tres Fuerzas Armadas, la venta de edificios, la interrupción de mantenimientos para aviones, repliegues en fronteras y reducciones para las campañas en la Antártida.

http://www.infobae.com/politica/2017/04/16/el-gobierno-recortara-4600-millones-del-ministerio-de-defensa/

Según consignó el autor de la nota Martín Dinatale, los ahorros que planearía realizar el Gobierno serían los siguientes:

  • $ 3.833 millones con la interrupción del proyecto de motorización de aviones Pucará.
  • $ 400 millones para la racionalización del plan anual de comisiones en el exterior, que incluye reducir agregadurías militares en embajadas y comisiones al exterior.
  • $ 381 millones para la modificación de coeficientes por cambio de destino; se trata de una compensación            que percibe el personal cuando cambian de destino a distancias superiores a 20 kilómetros.

Entre los detalles de recortes, aparece un cercenamiento de 1.800 puestos de personal militar destinado a tareas de vigilancia en la frontera donde se realiza el Operativo Escudo Norte; la venta de una docena de inmuebles, tanto de acá como en el extranjero; el ahorro en la fabricación de un sistema de radar; la suspensión de la reparación de un submarino, y del sistema de radares RASIT; y la desactivación de la compra de vehículos de combate M113. Estando además esta profundización en el desmantelamiento de las Fuerzas Armadas, en sintonia con el plan de crear confianza y cooperar con el Reino Unido en la explotación por parte de este país de los recursos de Malvinas, posponiendo sine die la cuestión de la soberanía.

Es lógico pensar que un cercenamiento tan profundo en el presupuesto y en la preponderancia de las antes poderosas en todo sentido Fuerzas Armadas Argentinas, políticamente solo podría ser acometido con una compensación proporcional. Como podría haber sido la liberación total o al menos condicional de todos sus ex integrantes presos, mediante la conmutación de la pena que representaba el fallo del 2×1. Que computa doble las extensas prisiones preventivas a las que han estado sometidos sus imputados desde el año 2005, a la espera del juicio y la sentencia firme que caiga sobre ellos.

El esfuerzo del Gobierno y otros para crear una opinión pública que aceptara el fallo

Tras el repudió social al conocerse el fallo del 2×1, el Gobierno desplegó una política de control de daños, asegurando que nada había tenido que ver con él, resguardándose en la supuesta independencia de los poderes. Y que en todo caso, como lo planteó Lanata y otros analistas PRO oficialistas, había sido la patrulla perdida de “Pepín” Rodríguez Simon y Torello, quienes por las suyas habían perpetrado el desbarre.

No obstante que claramente el Gobierno, aun antes de llegar a serlo, desplegó una coherente y constante actitud, con vistas a crear un estado de opinión pública que si no fuera receptiva, al menos fuera tolerante ante el mismo o cosa parecida. Que tuvo su culminación con el llamado de la Iglesia Católica a la “reconciliación”, al mismo tiempo que la Corte paría el fallo. Y que a la luz del rechazó que suscito este, resulta pueril querer explicar esta simultaneidad como una “infeliz coincidencia”.

Conmigo se acaba el curro de los Derechos Humanos”, es quizás una de las frases que más se lo apega al actual presidente, y posiblemente una de los que más lo ha incomodado desde antes que sea el máximo mandatario nacional. La frase apareció como titular del diario La Nación, publicado el 8 de diciembre de 2014. A partir de una entrevista que Macri concedió al periodista Jaime Rosemberg, en el marco de pre-calentamiento de lo que sería un decisivo año electoral.

Respecto las críticas de los organismos de Derechos Humanos, que habría una “marcha atrás” de los avances en esta materia si llegara a ser presidente, Macri respondió: “Mi gobierno ha sido defensor de los derechos humanos, de la libertad de prensa, acceso a la salud y la educación. Ahora los derechos humanos no son Sueños Compartidos y los “curros” que han inventado. Con nosotros, todos esos curros se acabaron.

Aludiendo así las anomalías que hubo con los fondos de la ONG Sueños Compartidos. Caso fue investigado, entre otros, por Luis Gasulla, a partir de su libro titulado “El Negocio de los Derechos Humanos”. A este autor se le suma el periodista Ceferino Reato con sus libros “Operación Traviata: ¿Quién mató a Rucci? La verdadera historia”, y “Operación Primicia: El ataque de Montoneros que provocó el golpe de 1976”, con la evidente pretensión de resucitar el teoría de los Dos Demonios, y de tratar de encuadrar los crímenes de la guerrilla como delitos de lesa humanidad. Y una vez arribado al poder, el Gobierno se encargó de ir produciendo  reiterados gestos en el mismo sentido.

Cronología de hechos preparatorios del fallo del 2×1

El 14 de enero de 2016, el flamante secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, recibió a familiares de “víctimas del terrorismo”, entre otros, a Mercedes Castrofini, viuda de un militante peronista asesinado en 1974 por el ERP, y a Sergio Renó, hijo de un policía asesinado por Montoneros en 1976.

El 25 de enero de 2016, el flamante ministro de Cultura porteño, Darío Lopérfido, sostuvo su polémica y recordada declaración, que le costó su puesto: “No hubo 30 mil desaparecidos, se arregló ese número en una mesa cerrada“. Lopérfido, casado con Esmeralda Mitre, integrante de la familia dueña del diario LA NACION, luego fue designado agregado cultural en Alemania. Donde muy improbablemente se le dé por cuestionar la cifra de seis millones de judíos muertos en el Holocausto, porque seguramente terminaría preso o expulsado.

El 26 de enero la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se quejó ante los medios de comunicación porque el presidente Macri se había negado a conceder una audiencia a los organismos de Derechos Humanos, por “falta de tiempo”. 

Ese mismo día el ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de Germán Garavano, ordenó el despido de medio millar de empleados públicos. Una parte importante de ellos trabajaban en la secretaría de Derechos Humanos. También hubo desvinculaciones en las áreas dedicadas al seguimiento de los juicios contra los represores.

El 28 de enero de 2016, fueron despedidos del Banco Central medio centenar de 47 personas de distintas áreas; entre otras de la Promoción de Derechos Humanos, que fue disuelta.

El 23 de febrero, ante la intención del presidente de EEUU Barack Obama de reunirse con organismos de Derechos Humanos en su próxima visita a Buenos Aires, recién el presidente Macri reconsideró su actitud y le concedió una audiencia a estos.

El 1 de marzo de 2016, en su primer discurso de apertura de Sesiones del Congreso, Macri hizo una breve alusión al terrorismo de Estado: “Este año se cumplen 40 años del golpe militar; un golpe que consolidó la época más oscura de nuestra historia. Aprovechemos este año para gritar todos juntos nunca más a la violencia institucional y política“. Distintas personalidades objetaron esa acotación, al entenderla como un apego a la teoría de los Dos Demonios.

El 23 de Marzo, el presidente Barack Obama, acompañado solamente del presidente Macri como una muestra de desgano por parte del Gobierno, visitó el Parque de la Memoria en homenaje a los desaparecidos.

El 25 de abril de 2016, el ministro Garavano se reunió con Cecilia Pando, una de las máximas referentes en la defensa de las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad.

El 28 de abril el ministro de Trabajo Jorge Triaca, participó de una misa en memoria del represor Miguel Ángel Egea.

El 31 de mayo de 2016, Macri modificó el Decreto N°436/84, dándole a las Fuerzas Armadas mayores potestades para decidir ascensos, traslados, designaciones y premios.

El 29 de junio de 2016, asumió Carlos Rosatti a la Corte Suprema de Justicia, luego de que el Senado aprobara su designación, tras el intento del Gobierno en el comienzo de su gestión, de nombrarlo “en comisión”.  Seguramente que para su selección fue sondeado respecto la cuestión de los Derechos Humanos y los condenados por la represión, conforme el falló con el que luego se despachó.

El 9 de julio de 2016, el ex-carapintada coronel Aldo Rico y el ex teniente coronel Emilio Nani, recurrente defensores de la represión, participaron ostensiblemente del desfile militar en los actos por el Bicentenario de la Independencia. Rico poco antes había sido sobreseído junto con Ernestina Herrera de Noble, en la causa por apropiación de bebes durante la dictadura seguida contra esta última.

El 10 de Junio la secretaria de Derechos Humanos presentó en la Feria del Libro una reedición del libro Nunca Mas, eliminando el prólogo adicionado por el kirchnerismo en el 2006. Volviendo así al prólogo original que sostenía la teoría de los Dos Demonios.

El 14 de junio de 2016, hubo una amenaza de bomba en el ex centro clandestino de detención ESMA.

El 30 de junio, Garavano se reunió con abogados defensores de los represores, entre otros, con Alberto Solanet.

El 24 de julio de 2016, el diario Clarín informó que alrededor de 50 represores obtuvieron prisión domiciliaria en los primeros meses del año. El ministro Garavano sostuvo que “es cuestión de los jueces, no es impunidad sino cumplir con la ley“.

El 10 de agosto de 2016, en una entrevista en vivo para BuzzFeed, el Presidente sostuvo: “No sé si fueron 30 mil o 9 mil, es una discusión en la que no voy a entrar“. Además, habló de “guerra sucia” y confundió al secretario de Derechos Humanos con el de “Recursos Humanos”.

El 19 de agosto de 2016, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata concedió el beneficio de arresto domiciliario al represor Miguel Etchecolatz, condenado gracias al testimonio de Jorge Julio López, quién inmediatamente después fue desaparecido, sin que se conozca rastro alguno del mismo. Por su parte dos días después, el jefe de gabinete Marcos Peña, cuyo padre Felix Peña desempeñó un alto cargo durante la dictadura militar, defendió ese fallo.

El 22 de agosto de 2016 asumió Carlos Rosenkratz a la Corte Suprema de Justicia, luego de que el Senado aprobara su designación, tras el intento del Gobierno en el comienzo de su gestión, de nombrarlo “en comisión”.  Y dada su estrecha sintonía con “Pepín” Rodríguez Simón, seguramente que ni fue necesario sondearlo respecto la cuestión de los Derechos Humanos y los condenados por la represión, conforme el falló con el que luego se despachó.

El 23 de enero de 2017, a través del Decreto Nº 52/17, el gobierno modificó el esquema de feriados nacionales, declarando móvil el 24 de marzo. A la semana siguiente ante los reclamos que ello originó, el Gobierno dió marcha atrás y declaró inamovible el feriado del 24 de marzo, y el del 2 de Abril con motivo de la Guerra de Malvinas, que también había hecho móvil, compensando una cosa con la otra.

El 30 de enero el titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, rechazó públicamente la existencia de un plan sistemático de desaparición de personas en la última dictadura militar.

El 10 de febrero de 2017, Mónica Dinucci, embajadora de Argentina en Islandia y Noruega, fue denunciada por defender el accionar del terrorismo de Estado. Ese mismo dia el juez Enrique Lavié Pico dicto su sentencia a favor de Highton de Nolsaco, en la causa en que no fue apelada por el ministro Garavano, y en la que Lavie Pico se encargó además de que no hubiera ningún tercero que la entorpeciera.

El 24 de marzo de 2017, la Presidencia de la Nación no organizó ningún acto oficial por el nuevo aniversario del golpe. Y por su parte el bloque de Diputados de Cambiemos difundió una serie de imágenes con las leyendas: “Nunca más a los negocios de los Derechos Humanos”, y “Nunca más a la interrupción del orden democrático”.

El 27 de marzo durante un acto en la escuela Carlos Della Penna, ubicado en el barrio porteño de La Boca, se expuso un video a los alumnos reivindicando el terrorismo de Estado. Luego tanto la directora como la maestra fueron expulsadas.

El 18 de abril de 2017, la Corte Suprema de Justicia revocó un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que había dejado sin efecto la prisión domiciliaria a un miembro del Ejército condenado por delitos de lesa humanidad. Al día siguiente el secretario de Derechos Humanos Avruj defendió el fallo diciendo: “Por ley le corresponde ese derecho, es una buena señal de madurez cívica y una muestra de que la Argentina está apegada a la ley más allá de a quién le corresponde el beneficio de la medida“.

El 28 de abril de 2017, la Cámara Federal de Casación Penal le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria a Etchecolatz, que aun no se ha hecho efectiva por otras causas judiciales pendientes.

El 2 de mayo de 2017, la Conferencia Episcopal Argentina hizo un llamado a la reconciliación de los argentinos, “para que las heridas del pasado se curen desde adentro”.

Un día después, en un fallo dividido, con el voto comprado de Highton de Nolasco mediante su permanencia en el cargo, y los votos de Rossati y Rosenkratz, la Corte Suprema concedió la aplicación del 2×1 al represor Luis Muiña, sentado así jurisprudencia en beneficio de todos los restantes.

Una semana después miles de personas en las calles, bloques parlamentarios, y hasta magistrados y fiscales rechazaron el fallo, que hasta el día de la fecha todo el país se pregunta por qué surgió. Y hasta hoy se espera la respuesta por parte de la Corte Suprema, que declaró que iba a hacer una revisación del fallo, tras las movilizaciones y la aprobación de la nueva ley que declaró la inaplicabilidad del beneficio del 2×1 para los crímenes de lesa humanidad, y aún no se ha producido.-

 

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