Los fallos fallados de la Justicia diciendo chau al que se va, hola al que viene, y corona a Magnetto

Los fallos fallados de la corrupta justicia argentina, reabriendo causas de quienes se van, cerrando y favoreciendo a quienes vuelven, y en permanente servicio de los poderosos de siempre. Los magistrados de la casta burocrática con sus enormes retribuciones, son esbirros encerrados en jaulas de oro, de la que no pueden ni quieren salir, y por ello susceptibles a las presiones del poder político, económico, y mediatico.
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Fallo es una palabra con doble sentido. Puede entenderse como la sentencia del juez, y como una pifia o error. Lo cual no parece ser casual en la corrupta justicia argentina, cuyos fallos lamentablemente, están llenos de fallos y altamente politizados. Tras el triunfo del candidato outsider en el balotaje, y en vísperas de su asunción, apresuradamente la justicia se despachó con media docenas de fallos, como quien convida un desayuno con media docena de medialunas.

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En el primero la Cámara de Apelaciones de Comodoro Py, con una disidencia, tras aceptar meter a un querellante por la ventana, reabrió la causa en la que se pretendía pegar a la ex presidente y virtual ex vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, con el lavado de dinero por el que fue condenado Lázaro Báez. Cuando para cualquier conocedor de la realidad, se trata claramente de intereses contrapuestos.

Porque Báez lo que hizo fue mexicanear, junto con los secretarios de Néstor Kirchner, tras la muerte de este, los dineros negros conque este financiaba clandestinamente la política, igual que sucede en todos los gobiernos provinciales y nacionales. A los que la viuda podría haberlos reclamados si se quiere, pero se empeñaba en mirar para otro lado los manejos turbios de la realpolitik de su marido, con dineros obtenidos de la tradicional corrupción en las obras públicas, que viene desde siempre. A cuya asociación gremial el elegido presidente Javier Milei denomina Cámara de la Corrupción. Y por eso como herencia no deseada y no rechazada con la verdad, ahora está condenada en la causa Vialidad y procesada en la causa Cuadernos.

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Un segundo fallo fallado, lo dictó también a las apuradas la Cámara de Apelaciones de Comodoro Py, revocando el procesamiento del bróker Santiago Bausili, por haberse desempeñado a ambos lados del mostrador, como subsecretario de Financiamiento del gobierno de Macri y empleado del Deustche Bank. Lo hizo a los efectos de que pudiera asumir en el nuevo gobierno como presidente del ruinoso Banco Central. Supuestamente independiente, no obstante ser socio del futuro ministro de Economía Luis “Toto” Caputo en la trader Anker, que superando al Deustche Bank, ha copado los principales puestos relacionados con la economía y las finanzas.

En un tercer fallo fallado, la Cámara de Casación absolvió al ex presidente Mauricio Macri, por el espionaje a los familiares de la tragedia del ARA San Juan. Dijo que era legal al tratarse de la seguridad presidencial. Sin tener en cuenta la turbia contratación de un barco de exploración petrolera equipado con robots submarinos, que antes de encontrar los restos del SA Juan en el último día de su contratación, se dedicó a explorar las áreas por las qué, pocas semanas después, se abrió la licitación para la concesión de su explotación, en las que se han detentado grandes riquezas. Por esa aviesa superposición de tragedia y negocios, seguramente el entonces presidente Macri con su conciencia sucia, no se sentía muy seguro.

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A ese falló fallado, se sumó un cuarto, de una jueza de la CABA, que suspendió las elecciones en Boca Juniors, que daban por ganador al ex jugador Román Riquelme. Club al que el ex presidente evidencia a toda costa querer volver a dirigirlo, seguramente como trampolín para jugar un segundo tiempo como presidente de la nación. Y por eso reclamó que se expurgue el padrón de posibles votantes a Riquelme. A la par que la justicia juega a la gallina ciega, para ver quién se queda con la causa, y seguramente corte el bacalao a favor de Macri.

El quinto fallo fallado lo concreto la Corte Suprema, con el trio soberano Rosatti, Maqueda, y Rosenkrantz, diciendo que el senador Luis Juez es el que debe ocupar la poltrona del Consejo de la Magistratura. Sin observar que la manganeta que le reprocha al Frente de Todos, de partir el bloque, ya en forma parecida la había hecho Juntos por el Cambio anteriormente. Y por eso, pese a ser la segunda minoría, se quedó con cuatro poltronas en dicho Consejo, igual que el Frente de Todos que es la primera minoría.

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Y peor aún, esto ahora se mantiene, tras los carpetazos esgrimidos contra el candidato bailarín de Juntos por el Cambio, Maximiliano Guerra, por parte según trascendió del mismísimo Macri. Amenazándolo con cuestiones relacionadas con cuotas alimentarias, una quiebra, e indemnizaciones a empleados. Así su suplente Alvaro González, que ocupa una cómoda poltrona en dicho Consejo, puede continuar su mandato. En un sentido amplio, cumpliendo las ordenes de quién lo manda. ¿La Corte Suprema del trio intervendrá ahora en esta manganeta, que poco difiere de las anteriores?

El sexto y último fallo fallado, fue el de la jueza contencioso administrativa, que tras paralizar por años con la anuencia de la Corte Suprema del trio soberano, un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) que restableció las estipulaciones de la ley de “Argentina Digital” referido a los costos de internet, dispuso anular dicho DNU. Aduciendo que para ello se necesita el dictado de una ley, cuando en realidad dicho DNU había restablecido la vigencia de dicha ley. Que había sido mutilada con un DNU del presidente Macri al asumir su gestión, como pago de botín de guerra por el apoyo brindado a su candidatura por las huestes de Magnetto.

Seguidamente con la publicación del artículo de Miguel Rodríguez Villafañe, abogado constitucionalista cordobés, y periodista de opinión “Costo equitativo de un servicio público esencial”, se amplía esta cuestión. Pero bien cabe preguntarse a esta altura el porqué de tanta corrupción en la justicia argentina, y ella tiene una sencilla explicación.

Es el poder que cuenta por lejos, con los ingresos mas altos de la casta burocrática, y desde hace una década ha superado siempre en forma acumulativa a la inflación, encontrándose el año pasado un 60 % por arriba de ella. A lo que se suma que no pagan impuestos a las ganancias, o se las ingenian para pagar lo mínimo.

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Por eso los magistrados argentinos son como esbirros encerrados en una jaula dorada, de la que no pueden salir, porque se encontrarían con la dura calle. Y de esa manera son dóciles a las presiones y carpetazos que reciben desde el poder político, económico, y mediático. Y como si eso fuera insuficiente, el presidente electo anticasta Milei, les promete autarquía presupuestaria, para que se fijen las remuneraciones prebendarias que se les antoje, en medio de una sociedad hundida en la penuria.

COSTO EQUITATIVO DE UN SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL

Por Miguel Rodríguez Villafañe

En diciembre del año 2014 se dictó la Ley 27.078 conocida como “Argentina Digital”. La norma de orden público establecía, entre otros aspectos, que el régimen de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) y de las Telecomunicaciones es un “Servicio público esencial y estratégico en competencia”. Además, se agregó, que “este servicio debe ser brindado con características de generalidad, uniformidad, regularidad y continuidad”, (art. 6 inc. f).

Luego, Mauricio Macri, por el decreto de necesidad y urgencia Nº 267, de diciembre de 2015, reformó dicha definición y le cambió el carácter al servicio.

Posteriormente en el año 2020, en plena pandemia del COVID 19, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690 por el que, se reincorporó el concepto antes derogado en la Ley 27.078, (art. 15). Así, dicho decreto estableció nuevamente como servicio público esencial y estratégico en competencia, a la telefonía móvil y fija, Internet y la TV por cable, además, determinó la Prestación Básica Universal y Obligatoria (PBU) para las y los ciudadanos en situación de vulnerabilidad.

En el fundamento del DNU 690 se dijo, que “el derecho de acceso a internet es, en la actualidad, uno de los derechos digitales que posee toda persona con el propósito de ejercer y gozar del derecho a la libertad de expresión”.

Lo resuelto era básico, tal como ya se había determinado en el año 2014 por la ley 27078, lo que se volvía imprescindible en pandemia. Repárese, por ejemplo, que un acceso adecuado y al alcance de todos era esencial en el contacto humano distante, en el teletrabajo, en la educación, la política, la industria, el comercio, la salud, la recreación, el entretenimiento, el ocio, etc.

Resulta imprescindible asegurar ese servicio, en las prestaciones básicas, a todos/as, sin discriminaciones. Tan es así que, en Europa, en plena infección del coronavirus, se obligó a Netflix, Amazon y YouTube a disminuir la calidad de la emisión de sus vídeos y cambiar de alta definición a la antigua definición, porque la banda ancha de los usuarios estaba sobrecargada por el mayor uso, propio de las cuarentenas decretadas y era prioritario asegurar que la mayor cantidad de personas pudieran utilizar Internet.

Sin embargo, las TICs en Argentina plantearon medidas cautelares que, fueron recibidas y concedidas por la justicia, lo que paralizó la aplicación de la norma respecto de ellas. Todo lo que trajo que se diera que las empresas, que no perdieron y tuvieron ganancias importantes, pero que siempre quieren optimizar su lucro, fueron aumentando los importes de los servicios, por sobre los porcentajes de la inflación, en plena pandemia.

Las decisiones de las medidas cautelares fueron apeladas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Tribunal este que, en noviembre de 2021, mantuvo las medidas cautelares.

Asimismo, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual solicitó a la Relatoría de Libertad de Expresión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que intervenga ante la suspensión judicial del Decreto 690/2020 obtenida por la empresa Telecom (Grupo Clarín) a partir de una medida cautelar de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

El Consejo había dictado el 13 de julio de 2021 una resolución sobre “Promoción, Protección y Disfrute de los DDHH en Internet”, en la que había ratificado que el acceso al servicio de wifi es un derecho humano fundamental”, que deben ser garantizado por los Estados y las empresas “tienen la responsabilidad de respetar” esos principios rectores, que las medidas cautelares obtenidas impedía cumplir.

Mientras tanto las empresas siguieron con medidas cautelares a su favor, sin sentirse obligadas a acatar el DNU 690.

Ahora, la jueza en lo contencioso administrativo federal Cecilia De Negre hizo lugar a la demanda presentada por el tema central por la empresa Telecom y sostuvo, que ese tipo de regulaciones como lo dispuesto por el DNU 690 deben pasar por el Congreso Nacional, no por DNU. Sin embargo, no tuvo en cuenta que el Presidente Mauricio Macri derogó la calidad de “Servicio público esencial y estratégico en competencia” por un DNU, reformando de esa manera una ley del congreso existente, como la Ley 27.078.

Asimismo, la jueza afirmó que el DNU 690 era nulo, “al disponer que la actividad prestada sea sustraída del sector privado, se limitan derechos fundamentales, que solo puede ser dispuesta mediante la sanción de una ley; ya que tiene una naturaleza expropiatoria de derechos adquiridos protegidos por la garantía del art. 17 de la Constitución Nacional”. Y agregó la magistrada en su resolución, que “la declaración de una actividad económica como servicio público, implica someterla a un régimen especial de sujeción jurídica, que exige el dictado de una ley formal emitida por el Congreso”.

En su momento el Estado Nacional al contestar la demanda argumentó que la empresa demandante Telecom no demostró “daño patrimonial”, ni “afectación a la obtención de créditos, a pesar de los efectos de la pandemia”. Y, a su vez, por el contrario, quedó en claro que “la empresa tuvo un crecimiento considerable”. También se sostuvo, que “la regulación de los TICS, no constituye un régimen inmutable y muchos países han variado el régimen jurídico de las concesiones, para garantizar el acceso universal y la razonabilidad de los precios”.

Lo resuelto es una sentencia de primera instancia que puede ser apelada ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

Más importante significar que, la garantía de la propiedad de ninguna manera puede asegurar la máxima ganancia o lucro, en contexto de emergencias graves y/o ante las graves necesidades económicas como las existentes y que no sean los más débiles siempre los más afectados, para poder acceder a servicios públicos esenciales.

El poder judicial deberá entender que existen realidades que necesitan de jueces con sentido de equidad y justicia, que garanticen derechos integralmente, pero no dando cobertura sólo a quienes pueden condicionar el acceso a derechos humanos básicos y asegurarles a ellos el máximo lucro, en perjuicio de sectores indefensos o más débiles, necesitados de consumir sus servicios esenciales que también tienen derechos fundamentales a garantizar.

En consecuencia, resulta de gran importancia la existencia de procedimientos para el aumento de los costos de los servicios de las TICs, de manera similar a como se realizan en materia de electricidad, agua, gas y telefonía fija, con participación de la sociedad y no dejarlos sólo en manos de las empresas prestatarias.-

Ver Córdoba: asediados por el grupo Clarín, Cablevisión y Telecom

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