Como zafó Herrera de Noble de su denuncias por apropiación de bebes durante la dictadura

La jueza Sandra Arroyo Salgado, ex esposa de Nisman, actual habitué de los medios del grupo Clarín, fue quién absolvió a Ernestina Herrera de Noble, dueña del grupo CLARIN, en la causa penal que tenía abierta desde años atrás por apropiación de bebes durante la dictadura. Lo hizo a fines del 2015, apenas Macri asumió la presidencia, a pesar que los papeles y los testimonios de la adopción eran falsos. El papel de la genetista Ana María Lombardo, ex directora del BNGD, que terminó siendo socia de los abogados de Clarín y de Jaime Stiusso.

Por Lázaro Llorens, @lazarollorens 

En julio del 2011, luego de una larga batalla judicial de más de 13 años, la jueza  Sandra Arroyo Salgado, ex esposa del fiscal Alberto Nisman, nombrada en ese cargo gracias al espía Jaime Stiuso, determinó que los hijos de Ernestina Herrera de Noble, dueña del Grupo Clarín, Marcela y Felipe, no eran hijos apropiados por la dictadura.

A esta conclusión llegó luego de comparar los ADN de los hijos de Herrera Noble, con el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) que contiene los datos genéticos de víctimas de la dictadura. Este imprevisto desenlace descolocó al gobierno, que en su enfrentamiento con el Grupo Clarín había hecho propia esta causa. A punto que se arengaba en todos los actos políticos K el lema, “Clarín devolvé los nietos”.

Sin duda alguna, fue muy singular el desenlace de esta causa en manos de Arroyo Salgado. Además de tener papeles de adopción falsos, dados por una jueza de la dictadura, con testigos apócrifos, durante 13 años, sistemáticamente, los hijos de la dueña de Clarín se habían negado rotundamente a hacerse los estudios de ADN.

Para impedir esto, llegaron a destituir al juez Roberto Marquevich, cooptar a su suplente, el Dr. Conrado Bergesio, y llevaron adelante siete incidentes judiciales, que gracias a sus caros y empeñosos abogados, llegaron a la Corte Suprema. Y hasta contaminaron las muestras de ADN que la jueza Arroyo Salgado había ordenado extraer compulsivamente en el 2010, ante la negativa de Marcela y Felipe a hacerlo con su consentimiento.

Sin embargo, el 17 de junio del 2011, en un inesperado golpe de timón, Marcela y Felipe Herrera de Noble, presentaron un escrito ante la jueza Arroyo Salgado, para que se realicen “cuanto antes” los análisis y los compare con las muestras almacenadas en BNDG (Banco Nacional de Datos Genéticos). Alegaron que querían “llevarle paz y tranquilidad a su madre” Ernestina, que acaba de fallecer.

Estos análisis, comparados con todos los almacenados en el Banco Genético, dieron negativo. Excepto, en el caso de Marcela, donde en tres casos la información genética disponible era insuficiente para excluir o confirmar algún vínculo. Y en el de Felipe, con datos de una de las familias que no estaban.

A este absoluto e incomprensible cambio de actitud, respecto lo que se habían opuesto fieramente durante años, como si en ello se les fuera la vida, se añadió el cambio de bando de la genetista Ana María Lombardo, que hasta el 2006 se había desempeñado como directora BNDG.

Para quienes no lo recuerdan, la genetista Lombardo, luego de dejar el BNDG, pasó a ejercer la presidencia de “Fundación de Investigaciones Genómicas” (FUDEIG) cuyo vicepresidente era Pablo Jacoby, también ya fallecido, socio de Gabriel Cavallo, abogado de Ernestina Herrera de Noble. Es decir, la genetista pasó de presidenta del BNDG a socia del socio del abogado de Clarín, que luego incluso pasó a ser su propio abogado.

Por esta razón, cuando se conocieron los primeros resultados de los perfiles genéticos de Marcela y Felipe, la organización Abuelas de Plaza de Mayo lanzó sospechas sobre Lombardo y una computadora que ella, según un acta administrativa, se había llevado del BNDG.

“Consultamos con especialistas y es posible tener en una computadora de ese tipo la información de los perfiles genéticos. Si esto hubiera ocurrido sería muy grave que se robara la información del Banco Nacional de Datos Genéticos”, señaló Alan Lud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo.

Sus sospechas eran que la genetista, devenida a cuasi socia de Clarín, con la base de datos de Abuelas de Plaza de Mayo que estaban en la computadora sustraída, había brindado sus servicios a los hijos de Ernestina para que se libraran de las sospechas que recaían sobre ellos.

Incluso, para algunos, en la maniobra habría estado la siniestra mano del súper espía e ingeniero en sistemas “Jaime” Stiusso, amigo de Arroyo Salgado, quien por ese entonces comenzaba a alejarse del gobierno de Cristina Kirchner, por su cambio geopolítico respecto a Irán. En ella el oscuro espía, conociendo lo buscaba, habría podido manipular la base de datos del BNDG, detectar el ADN que vinculaban a Marcela y Felipe y alterarlos. Casualmente hay dos muestras de cada uno de los hermanos que no arrojaron resultados concluyentes, en grado de la necesaria certeza.

Al respecto, cabe apuntar que por ese entonces, el BNDG había pasado bajo la órbita del ministerio de Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, donde se encuentra actualmente. Un organismo fácilmente vulnerable para un súper espía con los artes de Stiusso.

Además en el expediente quedó acreditado, que si bien las muestras de ADN de Felipe y Marcela no mostraron coincidencias con los datos del BNDG, la documentación y los testigos de la adopción de los hijos de Ernestina eran falsos. Y que la jueza que había participado en ello, nombrada durante la dictadura, había dado en guarda otros hijos de desaparecidos.

Por ello, a pesar de los resultados negativos, la dueña de Clarín continuó procesada durante 5 años. Hasta el 30 de diciembre del 2015. Pocos días después que asumiera Mauricio Macri la presidencia. Ese día de pleno verano y feria judicial, la jueza Arroyo Salgado, dejando explícitamente constancia pese los delitos acreditados, “que la formación del presente no afecta el buen nombre y honor” de  la señora Herrera de Noble, decidió sobreseerla por considerar que “no existe motivo bastante de sospecha” (sic). Y como se puede ver, en ese acto también fue sobreseído el coronel carapintada Aldo Rico, de quién se sospechaba que fue el que le entregó los bebes.

Curiosamente el fiscal Fernando Dominguez no apeló dicha sentencia, no obstante que había rechazado el pedido de sobreseimiento efectuado por Herrera de Noble, y pedido por contrario su declaración indagatoria. Tampoco lo hizo la querellante Estela Barnes de Carlotto, en representación de las Abuelas de Plaza de Mayo. Esperanzada quizás en lo que expresa el punto IV de esa anómala sentencia, que dispone: “Reservar la presente causa hasta tanto nuevos elementos permitan avanzar sobre los hechos investigados”. Razón por la que Carlotto efectuó contradictorias declaraciones, diciendo primero que la causa se había cerrado, y luego que permanecía abierta.

A la par que el grupo Clarín le brindaba un trato muy considerado  y respetuoso, que no acostumbra hacer con sus adversarios, mostrando así la capacidad de cooptación de voluntades que le brinda su poder mediático. Y lo mismo se evidencia con la jueza Arroyo Salgado, que por entonces salía por los medios del grupo Clarín denunciando que la muerte de su ex marido, el fiscal Nisman, había sido un “magnicidio”. Cuando las autopsias oficiales del Poder Judicial para el que ella trabaja indicaban claramente la existencia de un suicidio.

O sea que había muchas más evidencias legales de la apropiación indebida de bebes por parte de Herrera de Noble, que del supuesto magnicidio de su ex esposo. Configurándose así lo que ahora se conoce como una “sentencia irrita”, susceptible de revisarse pese ser cosa juzgada, que ahora lo impide su fallecimiento, pero no el de quienes resultaron imputados  como cómplices.

De esta manera, con esta investigación truncada, gracias al descollante papel de la ex esposa de Nisman,  Ernestina Herrera de Noble, dueña en los papeles del grupo Clarín, pudo zafar de la justicia y de la más grave acusación que tuvo en su contra durante casi 15 años hasta su muerte, vinculándola con uno de los aspectos más horribles de la última dictadura militar.

En la que el grupo Clarín se benefició con la siniestra adquisición de Papel Prensa al grupo Graiver; cuyos integrantes inmediatamente después de percibir el pago prometido, tras perfeccionarse la venta en la justicia por la existencia de una menor de edad, fueron secuestrados, torturados, y algunos de ellos muertos. Ernestina Herrera de Noble, la principal editora argentina, con un enorme poder para moldear los estados de opinión pública, pasó así a la eternidad acompañada de un halo siniestro y macabro, del que nadie la podrá despojar.-