A mediados del pasado mes de abril, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 (TOCF 5), integrado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg, decretó la intervención judicial de las firmas Martiel SA y Forestando Delta SA. Decisión que apunta a destrabar años de parálisis en el recupero de activos vinculados a crímenes de lesa humanidad durante la pasada dictadura cívico militar.
El fallo, firmado el 17 de abril, responde a una solicitud del fiscal general Félix Crous, quien denunció una demora de más de cuatro años para hacer efectivos los embargos dispuestos sobre los paquetes accionarios de estas sociedades, debido a la resistencia interpuesta por las autoridades societarias.
Quienes impidieron que la Justicia tomara control de activos que, según la investigación, fueron creados para “aplicar el provecho de los delitos cometidos por el grupo de tareas, permitiendo, a través de las estructuras societarias, la aparente justificación y exteriorización de bienes y riquezas originadas a manos del grupo militar incriminado”.
Según lo publicado, entre otros medios por la periodista de Página/12, Luciana Bertoia; la presidenta de las compañías Forestando Delta SA y Martiel SA, utilizadas para lavar los activos incautados por los grupos de tareas, es la contadora Norma Berta Radice, hermana del represor Jorge Carlos Radice.
Conocido en el centro clandestino de detención de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) bajo el apodo de “Ruger”. Quién además de participar de las patotas que secuestraban, torturaban, asesinaban y desaparecían a opositores, fue el encargado de la ingeniería financiera del saqueo de bienes de los detenidos-desaparecidos.
Norma Berta Radice fue la pata civil encargada de administrar ese botín de guerra a través de sociedades que según el TOCF 5, permitieron la “aparente justificación y exteriorización de bienes y riquezas” obtenidas a través del terrorismo de Estado. Página/12 destaca que ambos hermanos participaron de la operación financiera:
“Para la Justicia, está claro que Jorge Radice intervino en el plan de apropiación de bienes de quienes estaban secuestrados en el campo de concentración de la Marina al menos desde el 22 de noviembre de 1976 y que siguió hasta hace poco haciendo negocios con ese capital. Para ello, contaba con la ayuda de su hermana Norma Berta, contadora y licenciada en Administración de Empresas”.
La conexión cordobesista del lavado en la ESMA
Entre las compañías creadas para desviar y legalizar fondos apropiados ilegalmente bajo la desaparición de personas, figura Aviar Navarro SRL, que en 2009 pasa a ser una SA; dedicada a la actividad agropecuaria, ganadera y avícola. El directorio estaba integrado por Norma Radice y Miguel Angel Egea, “El Colorado”.
Un personaje este último ligado a la derecha peronista que a principios de los ’70 pasó por Córdoba durante el Navarrazo -el golpe de Estado policial contra el gobierno popular del gobernador Ricardo Obregón Cano y su vice Atilio López– y ya en dictadura se incorporó a la ESMA como operador financiero de los represores Jorge “Tigre” Acosta, Ricardo Cavallo y Jorge Radice.
En Aviar Navarro SA aparece como directora suplente una cordobesa desconocida para el gran público, pero con aceitadas relaciones en el peronismo cordobesista: Nora Beatriz Cingolani, integrante del directorio de la Lotería de Córdoba durante la actual gestión del gobernador Martín Llaryora. Quién además previamente pasó por la Agencia Córdoba Cultura y luego por la de Córdoba Turismo. Ambos organismos provinciales, que pese a manejar presupuestos millonarios, no son auditados por el Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Esta abogada, casada con el operador delasotista y ex dirigente del PJ, Jorge “Zurdo” Montoya, llegó a vicepresidenta de Aviar Navarro SA cuando otro lavador de activos de la patota de la ESMA fue su presidente, Omar Reynaldo Aquino. En diciembre de 2010, Cingolani y Aquino renunciaron a sus cargos, y fueron reemplazados por Miguel Angel “El Colorado” Egea como presidente, y su esposa, la ciudadana estadounidense Bárbara Franz, quedó como directora. La Justicia argentina pudo determinar que Franz es hija de un ex agente de la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU., la temible CIA.

La sospecha que sobrevuela en Córdoba es que Cingolani sería una pantalla de su esposo, Jorge Montoya, quién habría tenido una vieja relación con Egea. Fallecido en Miami exactamente al cumplirse el 40 aniversario del sangriento golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. De quien en el 2001 el ex secretario de Derechos Humanos Eduardo Duhalde escribió un mini biografía de sus andanzas rapaces, con el título Miguel Angel Egea: de la Triple A a “La Estrella de la Fortuna”
Una amistad cultivada desde la época en que ambos militaban en la derecha peronista cordobesa. Que operó con la anuencia del presidente Juan Perón y de los sectores de la ortodoxia para derrocar a punta de pistola a Obregón Cano el 27 de febrero de 1974 liderado por el Jefe de Policia golpista coronel Antonio Domingo Navarro.
El que posibilitó la intervención de la provincia con el brigadier Raúl Lacabanne, quien instauró un régimen de terror a manos del Comando Libertadores de América. Luego muchos de los militantes de la extrema derecha peronista, del Comando Libertadores de América, y de la Triple A, se reciclaron después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, en los “grupos de tareas” de la dictadura cívico militar.
Nacido en Buenos Aires en 1945, en la década del ’60 “El Colorado” Miguel Egea se vinculó a grupos de ultraderecha, como la Concentración Nacionalista Universitaria (CNU); en los primeros años de la década del ’70 se relacionó con la Alianza Anticomunista Argentina, más conocida como Triple A; y estuvo en Córdoba ligado a la banda parapolicial del Comando Libertadores de América. En su paso por esta provincia durante 1974 y 1976; Egea fue secretario del interventor Lacabanne, etapa en la que habría tejido una relación con Montoya. Quién militaba en la derecha peronista, junto al joven José Manuel de la Sota, funcionario de la Municipalidad capitalina. Egea le llevaba sólo cinco años de edad al esposo de Nora Cingolani.

En el mismo 2010, Cingolani y Aquino, además de renunciar a la dirección de Aviar Navarro SA, también dejaron la dirección de Long Regent SA en manos de “El Colorado” Egea. Con el procesamiento de los hermanos Radice, en 2021, la compañía presentó su quiebra.

Entre 2003 y fines de 2006, Jorge Montoya fue diputado nacional por el peronismo cordobés, banca que dejó para ser ministro de Gobierno en el último año de mandato de José Manuel de la Sota, hasta diciembre de 2007. Allí, Cingolani trabajó bajo sus órdenes como asesora; funciones que también cumplió el actual ministro de Gobierno, Manuel Calvo. La mujer lo acompañó como directora de Asuntos Legales; mientras que el joven dirigente de Las Varillas se desempeñó como director General de Asuntos Municipales y Regionales, y luego como subsecretario de Control de Gestión.
Durante el primer gobierno de Juan Schiaretti, Nora Cingolani regresó al Congreso como asesora parlamentaria del empresario cerealero Roberto Urquía -dueño de la poderosa AGD – Aceitera General Deheza-, quién había sido electo senador por el delasotismo en 2003 y se incorporó al bloque kirchnerista del Frente para la Victoria hasta fin de mandato en 2009.
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Paralelamente a su función parlamentaria, Nora Cingolani siguió en la actividad privada ligada al aparato financiero de la ESMA. Estas compañías creadas por “Ruger” Radice y “El Colorado” Egea fueron cambiando de nombre, vendidas y recicladas. Por caso, una de estas empresas es Bludgers SA, radicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), dedicada al rubro inmobiliario; donde Nora Cingolani y una familiar suya figuran como presidenta y directora.
Las actividades comerciales y financieras de la funcionaria cordobesista comenzaron posteriormente a iniciar su relación con Jorge “El Zurdo” Montoya; como es el caso de Bludgers SA. Lo que confirma la sospecha de que el verdadero socio de la patota de la ESMA sería el dirigente pejotista de pasado derechista durante la primera mitad de la década del ’70.
En la que habría trabado amistad y militancia con Miguel Egea; quién tras su paso en Córdoba en las filas del Comando Libertadores de América, pasó a revistar bajo las órdenes del integrante de la Junta Militar el espeluznante exalmirante Eduardo Emilio Massera.
Quien en su demencial ejercicio del poder mezclaba política, sexo, secuestros desaparecidos, y mano de obra esclava, como si fuera una sola cosa. Y finalmente logró evitar nuevas cadenas perpetuas dictadas en su contra, por sus vastos crímenes de lesa humanidad, con una declaración de demencia.
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En marzo de 2011, Egea y Cingolani también dejaron el directorio de Tex Mon SACIF; una práctica llevada adelante metódicamente en el armado de esta arquitectura delictiva, para lavar los bienes apropiados de los desaparecidos de la ESMA.
Mientras que en el verano de 2013, Cingolani ratificó su puesto como vicepresidenta en el directorio de London Club SA, cuya presidenta era Bárbara Franz, esposa de Egea, uno de los expertos financistas de la ESMA. En Londons Club SA también se coló Omar Reynaldo Aquino. Estas compañías de papel asentaron sus domicilios legales, en edificios de calle Esmeralda al 1.300 de CABA.
Botín de guerra
En diciembre de 2021, en un escrito de 248 páginas el juez Ariel Lijo, ordenó el procesamiento de los hermanos Jorge Carlos y Norma Berta Radice, por lavado de activos adquiridos como derivación del terrorismo de Estado. Bienes que en democracia fueron blanqueados e ingresados al mercado, donde la funcionaria cordobesista Nora Cingolani apareció como representante de algunas de esas compañías, como por ejemplo, Long Regent LLC y Londons Clubs Investments LLC.
Sellos financieros homónimos a las empresas que operan en Argentina; pero armados en guaridas fiscales registradas en el estado de Florida, en EEUU; para ser depositarias de dineros sin dejar rastros. Estas dos firmas siguen activas a nombre de Bárbara Franz, la hija del ex agente de la CIA y viuda de “El Colorado” Egea, fallecido como se dijo el 24 de marzo de 2016.
En el auto de procesamiento firmado por Lijo, en base a los expedientes de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y a los 700 pruebas y testimonios colectados, se concluyó que el “accionar de Radice y de su socio Egea -casado con Bárbara Franz y actualmente fallecido-, a fin de procurar el ocultamiento de los activos ilícitos apropiados en la ESMA, tuvo como eje inicial la constitución de dos sociedades: ‘Martiel SA’ y ‘London Clubs S.A.’. en las que los imputados se dedicaron a inyectar el producido del delito, para luego sumar otras sociedades íntimamente vinculadas”.
Que además “estableció que existía un grupo de personas cuya participación en el conglomerado societario resultaba recurrente, tal el caso de Jorge Carlos Radice, Norma Berta Radice, Miguel Angel Egea, Ricardo Miguel Cavallo, Alberto Luis Egea, Bárbara Franz, Jesús Orozco Acuña, Norma Beatriz Cingolani, Raúl Ángel Delprato, Omar Reynado Aquino, Silvia Margarita Vocefray y María de los Ángeles Schmidt”.
Ni Cingolani, ni Montoya, declararon acerca de su relación con los encargados de la ingeniería financiera que operó para blanquear los bienes robados a las víctimas que pasaron por el centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada.
En 2018 StripteasedelPoder.com había publicado un informe sobre los bienes de Cingolani, vocal por entonces de la Agencia Córdoba Cultura, estimado en $ 39 millones de aquella época, un equivalente aproximado al millón de dólares. La funcionaria schiarettista y esposa del dirigente delasotista contaba con un patrimonio constituido por campos, departamentos, casas, terrenos y depósitos en dólares, además de acciones en distintas sociedades.
El millonario patrimonio y offshores del “Zurdo” Montoya, operador de De la Sota y Schiaretti
En 2020, en el inicio del tercer gobierno de Juan Schiaretti, Montoya ocupó un importante cargo como secretario de Integración Regional e Internacional, y allí concretó, por primera y única vez, su declaración jurada de bienes patrimoniales. Tanto el suyo, como el de su esposa, conformaron un total de más de $ 75 millones.
“Zurdo” Montoya, el monje negro de Cba salió de la sombra y reconoció ser multimillonario
En esa declaración, “El Zurdo” Montoya reconoció haber constituido junto a Diego Vitali una sociedad en Brasil dedicada a la construcción: Vimon Servicios e Construcoes LTDA., registrada el 5 de abril del 2013 en San Pablo. Vimon es un acrónimo de los apellidos de sus socios: Vitali y Montoya. Diego Vitali es íntimo amigo del actual ministro de Gobierno, Manuel Calvo.
ESMA SA
La investigación llevada adelante por el juez Ariel Lijo y los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5, logró determinar que “los Radice se quedaron con bienes de personas desaparecidas, adquirieron bienes con el dinero que les sacaban a quienes estaban en cautiverio, compraron bienes ‘subrogantes’ tras la venta de las propiedades que inicialmente habían adquirido con lo que les robaron a los secuestrados y armaron un entramado societario de alcance transnacional con un único objetivo: borrar todo lazo con la ESMA y, de esa forma, integrar ese capital al circuito económico formal. El entramado de sociedades incluía 17 personas jurídicas -que funcionaban en Argentina, Estados Unidos, Uruguay y Panamá-. El socio de los Radice en ese montaje fue Miguel Angel Egea, quien también apareció en los Panamá Papers y murió en 2016”.

Jorge Radice integrante del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA había armado en este centro clandestino una célula financiera para blanquear los bienes -sobre todo inmuebles, empresas y activos financieros- apropiados a las víctimas del terrorismo de Estado que pasaron por allí durante la pasada dictadura cívico militar.
En esa célula operaba también el capitán de corbeta Ricardo Cavallo -prófugo hasta 2000, cuando fue apresado en México-; y Miguel Angel “El Colorado” Egea. Quién como se dijo operó en Córdoba durante la intervención entre febrero de 1974 y marzo de 1976 del comisario Antonio Navarro, Raúl Lacabanne y el Comando Libertadores de América.
Ya en democracia, tras la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida; y en base a una pesquisa de la Unidad de Investigación Financiera destinada a averiguar el destino de esos bienes apropiados ilegalmente, el juez Sergio Torres solicitó a la Justicia de Panamá información y se confirmó que “El Colorado” Egea estaba relacionado con paraísos fiscales del dicho país.
Ese entramado de compañías permitió legalizar los bienes apropiados ilegalmente; y se determinó que, por ejemplo, Adela Compañía de Inversiones recibía fondos provenientes de tres empresas argentinas, cuyos directorios tenían los mismos nombres: Miguel Angel Egea y los hermanos Radice. En 2011, Jorge Radice fue condenado en la causa ESMA II, sospechado incluso de haber sido uno de los integrantes del grupo de tareas que secuestró y asesinó al periodista Rodolfo Walsh.
En mayo de 2016, los periodistas Hugo Alconada Mon, Iván Ruiz, y Maia Jastreblansky revelaron que, entre los documentos de los Panamá Papers, se encontraba una nueva sociedad manejada por Egea y su esposa Bárbara Franz; Walkerhill Management SA, registrada en las Islas Vírgenes Británicas, con cuenta bancaria en Suiza. El 24 de marzo de ese año, Egea había muerto en Miami, sin llegar a ser juzgado y condenado por sus crímenes.
Ya hace un cuarto de siglo, en 2001, el periodista Miguel Bonasso había advertido que todo este entramado conforma “una pieza clave para arrojar luz sobre un ángulo central (y particularmente repugnante) del terrorismo de Estado: la rapiña sobre los bienes de los desaparecidos como acumulación primitiva de un capital que se expandiría en las dos últimas décadas y generaría importantes grupos económicos y grandes fortunas personales”. El cordobesismo, lejos de mantenerse a buena distancia de ello, le dio cobijo a quienes según la misma justicia, resultaron ser sus cómplices.-
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