La gestión de gobierno de la Provincia de Buenos Aires destinó más de $ 58.300 millones en publicidad oficial durante el último período anual auditado, registrando un incremento real del 63% en comparación con el año anterior que se gastaron $ 23.700 millones.
Este despliegue de dinero público -que equivale aproximadamente a US$ 50 millones anuales según el tipo de cambio de actual— se realiza mediante el Ministerio de Comunicación Pública de la Provincia de Buenos Aires y de esta manera, asegura así los muros que blindan una inmaculada imagen pública de Axel Kicillof, cuyos guardianes son un consolidado grupo de medios de comunicación sin importar si son afines o no a la ideología del gobernador bonaerense. El blindaje cuesta caro y se paga.
Axel Kicillof es la gran esperanza blanca del peronismo para frenar en 2027 la barbarie de la ultraderecha que gobierna Argentina desde la llegada de Javier Milei a la presidencia el 10 de diciembre de 2023.
El gobernador de Buenos Aires y parte de su Gabinete, como la propia vicegobernadora Verónica Magario; o ministros como Carlos “Carli” Bianco -está a cargo de Gobierno y es el estratega político de Kicillof-; Andrés “Cuervo” Larroque (Desarrollo de la Comunidad) o Gabriel Katopodis (Infraestructura y Servicios Públicos) se expresan constantemente de manera crítica contra la política económica de Milei, Luis “Toto” Caputo y Federico Sturzenegger; y contra la masa de tuiteros y lúmpenes digitales que operan por las redes sociales, como la Oficina del Presidente cuya cuenta en X es @OPRArgentina.
Sin embargo, la ministra de Comunicación Pública de la Provincia, Jésica Rey, diseñó un millonario plan de comunicación por parte del Gobierno bonaerense, con el que hace frente a la propaganda de los ultraderechistas de la Casa Rosada. Al que justifica diciendo que “se procura una distribución plural, que llegue a todos los habitantes de la Provincia de Buenos Aires a partir de los medios más idóneos”. Además, sostienen desde la Provincia, que de esta manera se sostiene el fomento “a los medios de comunicación radicados en la provincia, y particularmente a aquellos que cumplen funciones de arraigo y comunicación local”.
Desde el Ministerio de Comunicación Pública explicaron al portal Chequeado que los criterios de reparto de publicidad se modifican “en función de la naturaleza de las campañas a comunicar, de su alcance, de su público objetivo, y de su importancia o contingencia en función de la acción de gobierno”.
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no adhiere a los criterios de reparto de publicidad establecidos por ley, las órdenes de compra se realizan mediante contratación directa desde el año 2016 y son decididas por la Subsecretaría de Coordinación de Medios provincial.
La asignación de pauta oficial no significa solamente asegurarse la difusión informativa sobre la gestión de gobierno y las políticas públicas implementadas, sino que sirve además como un elemento de coerción para medios, periodistas, y comunicadores.
Por tal motivo, aun siendo un acuerdo entre partes -tanto como en común acuerdo con los dueños de los medios y operadores cómplices-, quien paga la pauta podría asegurarse el blindaje absoluto con el ocultamiento o tratamiento de información que pueda afectar la imagen del pagador y contar con que de esa manera nadie pueda salir a cuestionar su gestión de gobierno, aunque en caso de hacerlo, el medio recortará la realidad para encajar de manera más conveniente para servir a los intereses de ambas partes.
De esta manera, queda cautiva la opinión pública que debe discernir entre la verdad y la mentira que se les cuenta a diario, entre lo que se oculta o se muestra. Una práctica que no discrimina entre gobiernos nacionales, provinciales y municipales; ni ultraderechistas, peronistas o colaboracionistas.
Al observar casi un centenar de resoluciones administrativas emitidas por el Ministerio de Comunicación conducido por Jésica Rey, queda expuesto cómo el esquema de distribución bonaerense de pago de pauta oficial privilegia de manera desproporcionada a conglomerados mediáticos, productoras de medios, empresarios, todos ligados ideológicamente al oficialismo. Esa asignación discrecional de fondos públicos choca con la famosa arenga de desconcentración mediática que tanto defiende y supo defender el kirchnerismo con la “Ley de Medios”.
Ver PAUTA OFICIAL: creció un 122% con Clarín, Turner, Vila–Manzano e INDALO a la cabeza
Ver Pauta oficial: Clarín, Crónica, La Nación, Facebook y Google los nuevos Szpolski
Por caso, la emisora online Futurock, liderada públicamente por Julia Mengolini, alcanzó un total de $ 210 millones en concepto de pauta publicitaria. De ese monto, $ 23,2 millones se destinaron específicamente a anuncios en YouTube, mientras que los $ 186,8 millones restantes corresponden a la publicidad emitida en la propia radio y en su sitio web. Además de sus transmisiones, la plataforma se dedica a la organización de festivales y cuenta en su grilla con figuras destacadas como Malena Pichot, Juan Amorín, y Gabriel Sued.
Mengolini confirmó que recibió pauta de Kicillof, pero miente al decir que solo es el 25% de sus ingresos.
En 2024 recibió de Kicillof 117 millones de pesos en concepto de pauta.
¿Los suscriptores pusieron 351 millones? Como toda KUKA, delincuente y MENTIROSA!!! 🔥👊
pic.twitter.com/IjTlm6tyyH— INDIGNADO (@indignadoxd)
May 9, 2026
El control de los 638 medios y 356 proveedores registrados por el Estado bonaerense se concentra en pocos propietarios y líneas editoriales. Esta red corporativa facilita que un mismo empresario o firma comercialice bajo múltiples personerías jurídicas, duplicando así el ingreso de fondos públicos millonarios mediante canales simultáneos.
El análisis detallado de las órdenes de compra y las resoluciones del Ejecutivo provincial demuestran que la pauta publicitaria bonaerense beneficia de manera discrecional a un círculo alineado ideológicamente. El principal beneficiario es el Grupo Indalo, el conglomerado empresarial dueño de la señal de cable C5N y múltiples emisoras radiales como Radio 10; la productora La Corte; o el diario Ambito Financiero.
Durante el último período analizado, el grupo empresarial de Cristóbal López y Fabián De Sousa acaparó el 12,2% del total de la torta publicitaria de la Provincia. Sólo C5N recibió $ 4.025 millones directos. La mayor porción del dinero adjudicado a Indalo se canaliza a través de Parador Diez SA, una sociedad radicada en la provincia de Chubut que funciona como la estructura formal propietaria de sus licencias de televisión y radio.
Distribución de la pauta oficial de la Provincia y sus principales beneficiarios:
En 2025 el Grupo Clarín, el holding de medios y telecomunicaciones más importante de Argentina, percibió cerca del 5% de la inversión total en publicidad, una proporción idéntica a la que la Administración Kicillof le asignó a El Destape, el entramado de plataformas digitales y radiales fundado y dirigido por el periodista exC5N, Roberto Navarro: $ 2.800 millones.
Para dimensionar la velocidad del flujo de caja hacia el conglomerado de Navarro, en un lapso de apenas nueve meses, la Provincia de Buenos Aires le adjudicó de forma directa $ 2.490.867.265 repartidos en 121 órdenes de publicidad. Aunque desde el propio medio se argumentó públicamente que la pauta estatal representa menos del 10% de sus ingresos globales, en comparación con el financiamiento privado.
Sin embargo, esa inyección constante de fondos públicos opera como un sostén económico ininterrumpido para asegurar el blindaje mediático al gobernador. Así como El Cohete a la Luna de Horacio Verbitsky opera a favor de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y contra Kicillof; la multiplataforma de El Destape opera a favor del “Enano soviético”.
INFOBAE, el medio creado por Daniel Hadad, que destronó a Clarín como diario más leído, a través de su firma THX Medios SA recibió por parte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires una cifra cercana a la recibida por Magnetto y Navarro: $2.248 millones en pauta publicitaria oficial.
Las auditorías revelaron que el medio creado por Hadad percibió concentraciones altas de pagos en períodos específicos. Por ejemplo, solo durante el mes de junio de 2025, el grupo de Daniel Hadad recibió más de $200 millones desglosados en múltiples órdenes de compra simultáneas. Quedando sexto entre los diez multimedios que más dinero recibieron en pauta.
LA NACIÓN, el tradicional diario de la familia Mitre, ligado a la oligarquía y a la derecha ilustrada; también recibió pauta del Gobierno bonaerense: $ 503 millones le giró en 2025.
El Grupo Olmos (también conocido como Grupo Crónica) se posicionó como el segundo mayor receptor de pauta oficial de la Provincia de Buenos Aires por conglomerado de medios, al absorber el 6,2% del total distribuido en 2025. Este multimedio abarca al canal y diario Crónica, la web de BAE Negocios, la Revista Veintitrés y varias señales del interior del país. La mayor porción de los fondos públicos se concentró en Crónica TV, el diario impreso y su versión digital, superando los $ 3.000 millones; en tanto BAE Negocios obtuvo $ 309 millones y Canal 10 de Mar del Plata recibió otros $ 215 millones.
El Grupo América, dueño de medios como América TV, A24, El Cronista y La Red; concentró el 5,2% de la pauta publicitaria bonaerense total a lo largo de 2025. Sus propietarios son José Luis Manzano, Daniel Vila y Claudio Belocopitt, empresarios con actividades diversificadas en energía, telecomunicaciones y servicios de salud, de buena llegada con el ex candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa.
Pero también impulsores del panelista Javier Milei, cando era un outsider de la economía y la política. Su canal de televisión abierta, América TV, recibió de Kicillof $ 1.661 millones, mientras que la señal de cable del conglomerado, A24, obtuvo otros $ 716 millones. En tanto que El Cronista y radio La Red recibieron $ 363 millones y $ 351 millones, respectivamente.
El despilfarro del dinero de los contribuyentes bonaerenses alimentó las arcas de empresarios de medios afines: $ 1.635 millones llegaron en concepto de pauta publicitaria oficial al Grupo Octubre durante todo 2025, uno de los diez más beneficiados por Kicillof. El conglomerado de medios administrado por el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), liderado por el presidente del Partido Justicialista porteño, Víctor Santa María, incluye medios como El Nueve, IP Noticias, AM 750 y Página/12.
El Gobierno bonaerense también desembolsó $ 1.062 millones para Viacom (ex TELEFE); $ 964 millones para Terranova, propietaria de MDZ Online; mientras que Kuarzo, la firma de Martín Kweller que opera la emisora Urbana Play FM, facturó $ 805 millones.
Aleph Media, controladora de Radio Rivadavia y Bravo TV; propiedad de Marcelo Fígoli, embolsó $ 701 millones. Finalmente como se dijo, el Grupo La Nación, perteneciente a la familia Saguier, registró ingresos por $ 503 millones, una suma idéntica a la percibida por las compañías de publicidad en vía pública diseñadas por Enrique “Pepe” Albistur. Esposo de la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y secretario de Medios entre 2003 y 2009, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner; y en 2020, cuando también ocupó brevemente el mismo cargo en la presidencia de Alberto Fernández.
Las ramas del árbol que tapan el bosque: streaming, YouTube y militancia digital
Con partidas millonarias para los medios tradicionales, la Administración Kicillof también contrató selectivamente a productoras satélites que orbitan alrededor de las figuras más visibles del espacio político gobernante. En las órdenes de compra destinadas a sostener la difusión diaria de programas afines al oficialismo bonaerense intervienen firmas como:
-Rabona SRL: Conducida por Fabiana Segovia, histórica productora y colaboradora del periodista Víctor Hugo Morales.
-Plaza Contenidos SRL: Administrada por Julián y Martín Capasso, este último, reconocido en el ámbito cultural por ser el autor de biografías dedicadas al relator uruguayo. Esta productora intermedia en la asignación de pautas específicas que sostienen ciclos de debate político y editorial.
-Iprospect Media SA, filial local de la agencia de medios japonesa Grupo Dentsu, lideró la recepción de fondos para publicidad en YouTube con $ 60 millones durante 2025. Asimismo, financiamiento para pautar en Facebook y en los canales del Grupo América. Iprospect Media SA contabilizó pagos en 2025 por $ 3.000 millones.
-Canal 22 Web: Dentro de las asignaciones directas para plataformas digitales aparece la figura de Santiago Cúneo, pero los pagos por $ 57,5 millones a Canal 22 los realizó la Provincia a su pareja, Nydia Ximena Caligiuri, conocida en el ambiente artístico como Ximena Rijel.
Los fondos públicos bonaerenses también financiaron de manera directa los programas «Uno Más Uno Tres», conducido por Cúneo; «Infoshow» y «La Juntada del Domingo». Caligiuri, además de esposa de Cúneo fue armadora del partido Nuevo Buenos Aires que la llevó de candidata a diputada nacional en cuarto lugar en la boleta que encabezó su marido en las elecciones de octubre de 2025, cosechando 117.149 votos, el 1,33%.
-Cenital: El medio digital dedicado al análisis político, dirigido por Iván Schargrodsky, recibió de los impuestos de los bonaerenses $ 49,2 millones destinados exclusivamente a sus transmisiones audiovisuales para la plataforma de su canal en YouTube. Cenital es la marca de fantasía de la empresa P35SUR SRL, creada en 2018 por Schargrodsky y Esteban Spiegelman. Además, el Ministerio de Comunicación Pública le asignó otra partida de $ 19 millones para el sostenimiento de su sitio web principal en el que participan analistas y conductores reconocidos como los periodistas Ernesto Tenembaum y María O’Donnell.
-Somos Radio AM 530, conocida como La Radio de Las Madres, operada por la Asociación de Madres de Plaza de Mayo y por la Cooperativa de Trabajo Auténtika Limitada, percibió ingresos por $ 209 millones.
-Somos Corta, ligado a Tomás Rebord recibió $ 169 millones del Gobierno de Axel Kicillof.
-Menta Comunicación SRL, firma liderada por Luciano Galup, que publica a través de los portales web Nueva BA y Nueva Ciudad recibió $ 100 millones. De los cuáles $ 25 millones se destinaron de forma específica a campañas publicitarias en YouTube. El resto del financiamiento se distribuyó entre pautas en Google y los portales web de su propiedad.
-AZZ: El canal de streaming @azzenstream propiedad del conductor deportivo Flavio Azzaro, uno de los más populares de ese tipo, recibió $ 43,5 millones de pauta oficial bonaerense. Las órdenes de compra fueron emitidas directamente a nombre del periodista para el financiamiento de sus transmisiones en YouTube. Evidenciando lo flojo que pueden ser los criterios de «interés público» a la hora de financiar contenidos de entretenimiento masivo con dinero público proveniente de los ciudadanos de la Provincia.
-Clase 79 Producciones SRL, en cuyo directorio participan desde 2025 Guido Valeri y Pablo Jiménez, cobró $ 21,7 millones del Estado bonaerense. La empresa de medios controla Carnaval, el canal de streaming que desde el oficialismo ultraderechista de la Casa Rosada asocian con Pablo Toviggino, actual tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Una de las características de la metodología aplicada por la gestión bonaerense en materia comunicacional es la ramificación de la pauta oficial hacia canales personales de streaming, creadores de contenido de YouTube, y plataformas de nicho político. Al igual que las prácticas aplicadas exitosamente por el extremista de derecha Javier Milei a través de las redes sociales y de medios alternativos a los tradicionales -TV, radio y diarios-, la ministra de Comunicación Pública de la Provincia, Jésica Rey, dispuso un plan de asignación de pauta estatal basado en la «comunicación segmentada en redes sociales», financiando directamente estructuras mediáticas personales de alto voltaje ideológico. En esta categoría se destaca la intermediación de agencias multinacionales y la asignación a figuras individuales.
VER La casta de la pauta oficial, sus principales beneficiados con dudosos criterios
VER La motosierra de Milei metió a los medios tradicionales en una licuadora, pero Santiago Caputo tiene caja para operaciones
VER La injusta distribución de la publicidad oficial
El desorden de prioridades provinciales: Pauta récord vs. Emergencia Social
El financiamiento a grandes multimedios y diversos espacios de contenidos militantes creció prácticamente al mismo tiempo en que se decretaba la suspensión por 90 días del Programa MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria), afectando la entrega directa de cajas de alimentos básicos a las familias más vulnerables, principalmente del Conurbano: un “ahorro” de $ 36.000 millones.
El programa MESA Bonaerense está destinado a contribuir con las necesidades nutricionales de niños y adolescentes, abarcando desde el Nivel Inicial, que comprende a los niños desde los 45 días hasta los 5 años de edad inclusive; Nivel Primario y Nivel Secundario. Se lleva delante de forma descentralizada a través de un ente ejecutor que puede ser el Consejo Escolar o municipio, dependiendo el caso; y se complementa con el programa SAE (Servicio Alimentario Escolar), destinado a alumnos de las escuelas públicas que se inscriban para acceder al “comedor escolar” en el cual reciben un almuerzo diario.
Desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés “Cuervo” Larroque, desde el 1 de mayo pasado a través de la Resolución 842/2026 firmada por el propio ministro se suspendió el Programa MESA. Este programa de asistencia alimentaria fue una herencia de los dispositivos de asistencia de emergencia implementados durante la pandemia de Covid-19, consistentes en la entrega mensual de una caja con alimentos secos esenciales como legumbres, fideos, aceite, leche en polvo, arroz y puré de tomate; similar a la Caja PAN (Programa Alimentario Nacional) que se distribuyó en la década del ‘80 durante la presidencia de Raúl Alfonsín.
Para amortiguar las críticas, desde el kicillofismo apuntaron directamente al recorte de fondos coparticipables y a las transferencias discrecionales clausuradas por el Gobierno nacional encabezado por Javier Milei. El Ejecutivo denunció el “incumplimiento, mora y detracción” en el envío de fondos lo que obliga al Estado provincial a aplicar un «achique del gasto para la inversión social». Desde la Subsecretaría de Políticas Sociales bonaerense, advirtieron públicamente que «va a llegar un momento en que la recaudación no va a alcanzar para las cuestiones mínimas y básicas» y que la suspensión de MESA se adoptó para intentar «direccionar mejor» los recursos remanentes hacia el SAE.
Sin embargo, el argumento carece de solidez cuando el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad decide recortar el módulo alimentario que amortiguaba el hambre en los distritos más postergados del Gran Buenos Aires; a la vez que el Ministerio de Comunicación Pública continúa con la distribución millonaria de pauta para blindar la imagen Kicillof.
Este manejo presupuestario desarma la narrativa de la escasez de dinero público para destinar a áreas con mayor urgencia. No se trata de que la Provincia tenga sus cuentas en rojo, sino de una deliberada jerarquización política de las partidas: la preservación del aparato de propaganda y el financiamiento a los medios de comunicación aliados, se posiciona orgánicamente por encima del sostenimiento de la seguridad alimentaria de su propio electorado que también decidirá al respecto qué hacer en las próximas elecciones.
«Feudalismo Comunicacional»: un sistema de premios y castigos
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no aplica el sistema de asignación de pautas a los medios siguiendo la lógica amigo/enemigo, como lo hace la Casa Rosada; sin embargo utiliza las partidas presupuestarias para:
- Garantizar la supervivencia económica de empresas periodísticas deficitarias que carecen de sustentabilidad en el sector privado, pero que cumplen con un rol estratégico de contención ideológica para los propios y atacar a los enemigos políticos del Gobierno provincial.
- Sostener los salarios de “periodistas militantes” por medio de productoras intermedias que facturan servicios de producción por programas específicos, cuyo único cliente real y mayoritario es el Estado bonaerense.
- Neutralizar la crítica interna en los medios de comunicación tradicionales de alcance nacional mediante la asignación de pagos marginales pero significativos de pauta, como los casos del Grupo Clarín o América; asegurando atemperar las críticas a la gestión y no se muestre la crisis con aristas como la inseguridad y el desempleo en el Conurbano y el deterioro de la infraestructura sanitaria, que padecen los bonaerenses.
Mientras la Gobernación insiste en que su política de medios busca fomentar el «arraigo y la comunicación local» en el interior de la provincia, la realidad de las planillas de pago demuestra que el grueso del dinero se queda en los estudios de televisión y las oficinas empresariales, financiando programas de alcance nacional que consumen una narrativa diseñada para sostener el proyecto presidencial de Axel Kicillof.
El costo real del relato
El gobernador bonaerense pretende ser el próximo presidente de la Nación, montado en la difusión de una narrativa de éxito en su gestión y echándole la culpa al gobierno ultra de Javier Milei por confiscarle millonarias partidas adeudadas a la Provincia. Si bien este dato de los recortes y la asfixia de la Nación con la Provincia es real desde la quita de la Coparticipación federal; al gobierno de Kicillof no le cierran sus propios números oficiales y expone una contradicción con su latiguillo de asegurar un «Estado Presente».
El mismo que se promociona en los cortes comerciales de C5N; en los editoriales de El Destape; en los canales de streaming y las redes sociales de la militancia, pero que en realidad es un Estado que, opta por financiar el blindaje mediático antes que asegurar la leche y el arroz para los niños de las escuelas públicas.
Los $ 58.300 millones dilapidados en publicidad institucional no retornaron a los bonaerenses en mejores rutas, hospitales equipados o calles seguras; se transformaron en horas de aire, zócalos favorables, titulares condescendientes y en el financiamiento de proyectos periodísticos privados que “confunden” el ejercicio del periodismo con propaganda gubernamental.
Ya en 2022, el periodista José Crettaz había publicado en La Nación, un informe basado en datos oficiales del Ministerio de Comunicación Pública bonaerense, que exponía un patrón de distribución idéntico en la gestión de Axel Kicillof: entre febrero de 2020 y agosto de 2022, se desembolsaron más de $ 8.500 millones en pauta oficial -unos $104.000 millones a valores de febrero de 2026- a través de casi 24.000 órdenes de publicidad, con una marcada concentración en multimedios afines al kirchnerismo, cristinismo, Unión por la Patria y el universo del peronismo nacional y popular.
En dicho período, el Grupo Indalo y El Destape, encabezaron la lista de beneficiarios por encima de corporaciones como el Grupo Clarín y el Grupo Octubre, lo que desató cuestionamientos por presuntos favoritismos hacia los medios alineados con el gobierno provincial.
VER De la ley de medios privados a la privatización de los medios públicos
Entre fantasmas no se pisan las sábanas
En marzo pasado, el armador mileísta y senador bonaerense de Unión y Libertad, Carlos Kikuchi, presentó un proyecto de ley para ponerle un límite al gobernador Kicillof en torno al gasto en publicidad oficial. Limitando que el presupuesto en publicidad no puede superar el 20% del presupuesto en Educación. Además, Kikuchi impulsó la creación del Registro Provincial de Proveedores de Publicidad Oficial, un padrón de obligatorio donde deberán registrarse los proveedores: medios de comunicación, agencias de publicidad y empresas beneficiarias de la pauta estatal.
Como la mayoría de las acciones del mileísmo, la propuesta del operador ultra, fue demagogia para la tribuna, ya que ese padrón de proveedores ya existe y se lo puede consultar en la página oficial del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires como “Registro Oficial de Medios Publicitarios”.
Kikuchi impulsor del proyecto ultraderechista desde antes de 2021, cuando participó de la campaña para que Javier Milei llegara al Congreso; se monta en un supuesto control de presupuesto publicitario en la provincia de Buenos Aires. Pero a nivel nacional en 2025 la Casa Rosada a través de la pauta de la petrolera estatal YPF destinó $ 130.000 millones para propaganda –en el sentido goebbeliano de la palabra-, donde uno de los clientes es Neura del operador Alejandro Fantino.
Los gastos de la compañía con mayoría accionaria estatal y controlada por Santiago Caputo, contradice el lema de Milei «No hay plata» y el relato constante ultraderechista sobre la «austeridad» a la que debe ajustarse cada trabajador día a día.
Para ser más específicos y dimensionar que el presupuesto destinado a propaganda es una cifra desproporcionada dentro de la gestión institucional, se observa en el siguiente gráfico que la partida de $ 128.838 millones que se gasta en publicidad y propaganda, es ocho veces mayor que la suma de todos los honorarios y retribuciones devengados por los directores y síndicos de YPF: $ 16.031 millones. Y si se compara al presupuesto de «Materiales y útiles de consumo» en el área de Administración donde el presupuesto llega a $ 6.373 millones; la diferencia con lo gastado en publicidad y propaganda de YPF con operadores y medios afines se multiplica por 20.
Que el gobernador Axel Kicillof destine millones para publicitar sus acciones de gobierno en una permanente campaña electoral pagada con fondos públicos es parte de las criticables reglas del juego democrático en la que participan intendentes y gobernadores desde Ushuaia a La Quiaca de todos los signos políticos.
Pero si el presupuesto en comunicación se sostiene y se recortan partidas para alimentar a los sectores más vulnerables de la sociedad, el blindaje mediático nada tiene que envidiar a las políticas implementadas por la Casa Rosada; por más que los medios que reciben la pauta bonaerense se autoperciban progresistas.-
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