El 19 de noviembre de 2023, el candidato ultraderechista Javier Milei se impuso ampliamente contra Sergio Massa, de la alianza panperonista Unión por la Patria. La diferencia nacional fue de 55,69% del candidato de La Libertad Avanza contra el 44,30% del ex ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández. Pero en Córdoba, esa diferencia se amplió a 74,05% para Milei contra 25,94% de Massa.
En esta misma provincia, conservadora, cordobesista, y gorila –en el sentido más amplio de la acepción- también hay resistencia a la ultraderecha: el Espacio Antifascista de Córdoba, conformado por numerosas organizaciones sociales, desarrolló un “Juicio Ético de Opinión ante el genocidio por goteo, de los mayores adultos”, cuyo Tribunal estuvo conformado por el ex juez federal y constitucionalista Miguel Rodríguez Villafañe; la penalista y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Patricia Cóppola; y el abogado civilista Rubén Stiberman.
Los Tribunales Éticos de Opinión se inspiran en las iniciativas de los pueblos para visibilizar y denunciar violaciones graves a los Derechos Humanos. Tienen origen en el Tribunal Russell, constituido en 1966 para denunciar y condenar los crímenes cometidos por EEUU en Vietnam. También en el Tribunal Permanente de los Pueblos, fundado en 1979 en la ciudad italiana de Bolonia, que juzgó y condenó las violaciones a los derechos humanos de las dictaduras latinoamericanas bajo patrocinio del Departamento de Estado norteamericano.
Son instancias de carácter no gubernamental, para identificar y difundir casos de violación sistemática de los derechos fundamentales del pueblo, que no encuentran reconocimiento ni respuesta en los ámbitos oficiales. Las resoluciones de estos Tribunales Éticos no tienen carácter vinculante legal, sino ético, pues su constitución, legitimidad social y funcionamiento no se originan en el Poder Judicial sino en la sociedad organizada.
Genocidio por goteo
Para los miembros del Tribunal Ético, Miguel Rodríguez Villafañe, Patricia Cóppola y Rubén Stiberman “el concepto de genocidio por goteo”, por el que fueron sometidos a juicio ético el presidente Javier Milei y los ministros y funcionarios de su gobierno, “pone de manifiesto que las políticas públicas son una forma de violencia institucional sostenida y mortal”, que no busca la eliminación física directa de la población, pero “provoca muertes evitables y sufrimiento extras, a través del desmantelamiento del sistema de protección social”.
En el juicio se acreditó que “el grave impacto de las políticas económicas han producido un deterioro sistemático en los haberes jubilatorios, el acceso a medicamentos esenciales, la atención médica y la calidad de vida en general, afectando derechos humanos básicos como la salud, la alimentación, la vivienda y la dignidad”.
A la vez ratifica que “pese a que este Tribunal no posee carácter jurisdiccional ni competencia estatal, su legitimidad se funda en la soberanía ética de los pueblos, en la Constitución Nacional y en los principios de justicia social, solidaridad y defensa de los derechos humanos”.
Desde lo legal, el veredicto fundamenta que las personas mayores están protegidas por leyes y por la Constitución Nacional; además de los tratados internacionales como la “Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores”.
Yo acuso
Los fiscales de este juicio ético contra Milei y sus cómplices del régimen de extrema derecha fueron la dirigente judicial Irina Santesteban; el docente de Etica de la UNC e investigador del CONICET, Hugo Seleme y Carlos Raimundi, ex embajador de la República Argentina ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
En su acusación, la Fiscalía destacó el creciente deterioro de los haberes previsionales a raíz de las políticas de ajuste implementadas a partir de diciembre de 2023; y la nueva fórmula de cálculo de ingresos, vigente desde el 2024, que patentiza una pérdida de poder adquisitivo en relación a la inflación.
Para la acusación, la quita de prestaciones médicas, la merma en la entrega de medicamentos esenciales gratuitos y los aumentos en copagos “generaron una disminución indirecta, pero significativa, de sus ingresos”. Frente a este panorama, los jubilados y pensionados salieron a las calles a reclamar “y la respuesta del Estado frente a la protesta social, fue la represión”.
Los fiscales Santesteban, Seleme y Raimundi señalaron claramente que la importante pérdida en la calidad de vida, al suspender comidas diarias -porque las jubilaciones y pensiones no alcanzan para cubrir la canasta básica- son “las causales del genocidio por goteo”.
Por lo tanto, para la Fiscalía “cabe la condena ética a la política del Gobierno nacional inaugurado en diciembre de 2023 y a quienes la llevaron adelante este plan”. Poniendo de relieve que “no son matanzas con armas ni bombas, sino muertes lentas, sistemáticas, producidas por las medidas económicas”, que les impiden comprar alimentos, acceder a la salud y contar con servicios básicos.
Derecho a defensa
Como todo acusado sometido a proceso, la camarilla gobernante al mando de Javier Milei, también contó con su defensa de oficio a cargo de Mariana de Pérez Gallego y Mariana Romano, quiénes aseguraron que el Presidente, los ministros y legisladores afines “no son responsables de la acusación formulada”; a la vez que señalaron que argumentos de la acusación “no encuadran dentro del concepto histórico de genocidio”.
Las defensoras calificaron al tribunal integrado por Rodríguez Villafañe, Cóppola y Stiberman de “incompetente” para analizar el plan económico cuyo programa es “legítimo, implementado por un presidente electo democráticamente”. Además, Pérez Gallego y Romano expusieron qué al llegar a la Casa Rosada, el presidente ultraderechista recibió una “crisis heredada” de gobiernos anteriores.
Por caso, señalaron la moratoria previsional llevada adelante por Néstor Kirchner que otorgó “jubilaciones a personas que no hicieron aportes” aumentando la cantidad de jubilados en un 90%. También justificaron “las acciones represivas” de las fuerzas de seguridad dependientes de Patricia Bullrich y Jorge Macri contra los manifestantes, porque entendieron que protegían “el derecho a la libre circulación”.
Testigos
Como en todo proceso judicial donde las partes acusatoria y defensora disputan la culpabilidad o inocencia de los imputados, en este “Juicio Ético de Opinión ante el genocidio por goteo, de los mayores adultos” también jugaron un papel destacado los testigos, entre quiénes se encontraron:
- La jubilada Marta Vocos
- Daniela Ponce de León, representante del Colegio de Trabajadoras Sociales de Córdoba
- El sacerdote Mariano Oberlin
- Juan Carlos Mansilla, psicólogo especialista en adicciones y salud mental
- El médico gerontólogo, docente y escritor Carlos Presman
- Cecilia Lorenzo, periodista, especializada en mayores adultos, conductora de los programas de radio y televisión “Palabras Mayores”
- Oscar “Cacho” Mengarelli en representación de Jubilados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de la Central de Trabajadores de Argentina – Autónoma (CTA-A)
- Doña Jovita, personaje creado por el actor y escritor José Luis Serrano que interpreta a una anciana, pobre y del interior provincial
- Miguel Berrotarán del Foro Solidario Córdoba
- El médico sanitarista Oscar Atienza
- Los docentes universitarios Eduardo González Olguín y José María Rinaldi; la médica Mónica Heinzmann, miembro de la Red Bioética UNESCO
- Y Daniel Godoy, abogado constitucionalista, ex-camarista del fuero laboral, y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Durante su testimonio, el médico gerontólogo Presman detalló que “en 2024, en Córdoba hubo un aumento de la mortalidad del 10,9%, 34.877 muertes, frente a las 30.784 registradas en 2023; incremento concentrado en personas mayores de 65 años, en cuya franja etaria el aumento de la mortalidad fue del 13,1%”. Presman destacó que esas cifras de decesos son comparables con los picos de mortalidad de los años 2020 y 2021, por la pandemia de Covid-19.
Mientras que la periodista Cecilia Lorenzo recordó que en su programa “Palabras Mayores” que se emite por los Servicios de Radio y TV (SRT) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), una jubilada declaró en medio de una entrevista: “Ahora me acuesto más temprano, así no siento hambre y puedo saltearme una comida”.
El sanitarista Oscar Atienza no dudó en calificar como “tragedia sanitaria” las políticas contra los jubilados y pensionados en particular, y la población en general; y aseguró que las consecuencias sociales son más graves que las producidas por el Covid-19.
Los hechos
La situación de los jubilados, pensionados o integrantes del colectivo etario de la tercera edad es mala desde hace una década, luego de una recuperación durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de su viuda Cristina Fernández. En pasado gobierno de Alberto Fernández, los recortes presupuestarios llegaron al 9%; mientras que en la presidencia de Mauricio Macri habían trepado hasta el 22%.
Pero desde la llegada al poder del régimen de Milei, la vida de los ancianos empeoró exponencialmente debido no solo a la pérdida de ingresos, sino al avieso dictado del DNU 274/24 por parte de Milei. Con el cual, con un cambio de la fórmula de ajuste de los haberes, impidió que estos se recuperaran sustancialmente tras la caída de la inflación. A lo que se sumó la eliminación de programas que los beneficiaban, como la quita de medicamentos gratuitos por parte del Instituto Nacional de Seguridad Social (PAMI-INSSJyP).
Por caso, recientemente la ministra represora Patricia Bullrich, devenida senadora ajustadora, como en épocas del gobierno de Fernando de la Rúa, propuso eliminar la obra social de los jubilados y pensionados, diciendo:
“Cuando vos tenés a todas personas grandes en un seguro de salud, no es un seguro, es un gasto brutal, acumulado. Entonces de golpe, a uno se le ocurrió hacer el PAMI, a Manrique (Francisco, capitán de la Armada, durante la dictadura del Gral Agustín Lanusse), nunca nadie lo desarmó. Es mucho más barato si vos le das el aporte que hoy pagan, se lo das al sindicato, que además se saca de encima a los afiliados a los 60 o a los 65 años, de acuerdo a la edad que se jubilen; se los saca de encima y no lo tienen nunca más”.
La senadora represora siguió con su explicación en la misma línea del “genocidio por goteo”: “Es mucho más barato darle ese aporte en vez de tener un PAMI, que además de que no tiene una atención demasiado buena, y es tan grande que nunca nadie lo puede terminar de arreglar. Pero además, conceptualmente es un error el PAMI; porque es como una compañía de seguros donde todos los autos chocan”.
El miércoles 28 de agosto de 2024, apenas ocho meses después de asumir su Presidencia, Milei de la mano con Bullrich desató la primera represión contra jubilados y pensionados que reclamaban contra el ajuste que ponía en riesgo sus vidas, por el recorte de prestaciones y el encarecimiento del costo de vida. Entre diciembre de 2023 y agosto de 2024, las jubilados y pensionados habían perdido hasta un 30% del poder adquisitivo de sus haberes.
Esa tarde, los manifestantes, principalmente jubilados y pensionados organizados en grupos como la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (UTJL), junto a gremios estatales y partidos de izquierda, se concentraron para rechazar el veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria, que buscaba actualizar las pensiones y mejorar sus ingresos, afectados por el ajuste económico implementado desde diciembre de 2023. Cuando los manifestantes intentaron avanzar hacia la Plaza de Mayo, cortando parcialmente la avenida Rivadavia, las fuerzas de seguridad que responden a Bullrich avanzaron sobre la gente con una feroz represión.
Cada miércoles, desde ese día, los jubilados, pensionados, colectivos sociales, políticos y gremiales; y la gente de a pie que marchó al Congreso Nacional fueron/son reprimidos por las patotas uniformadas y de civil al mando de la ministra de Seguridad, ahora senadora porteña.
El caso más emblemático es el del fotorreportero Pablo Grillo, herido por el gendarme Héctor Jesús Guerrero, quién la tarde del miércoles 12 de marzo pasado, a las 17.18 horas apuntó con su escopeta hacia el trabajador de prensa y disparó un proyectil cartucho calibre 38 mm. de gas lacrimógeno, que impactó en la cabeza de la víctima. Esa misma tarde, el gendarme Guerrero disparó otras cinco veces contra los manifestantes. El disparo contra Grillo, en forma horizontal y antirreglamentaria fue desde la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís, en dirección a la gente que protestaba, pero puntualmente contra Grillo, para que no siga documentando la represión.
El manual redactado por el fabricante de la escopeta lanzagases utilizada por Guerrero advierte: “Jamás se debe dirigir el arma hacia una persona, ya que en caso de impacto podría producir lesiones graves e incluso la muerte. Los disparos deben ejecutarse en forma oblicua, hacia el suelo, para amortiguar la fuerza”.
En octubre pasado, la jueza federal María Romilda Servini dictó el procesamiento sin prisión preventiva del cabo primero de Gendarmería Nacional Argentina, Héctor Jesús Guerrero, por los delitos de abuso de armas agravado por su condición de miembro de una fuerza de seguridad.
Para imputar al subordinado de la ministra de Seguridad Bullrich, la jueza Servini analizó la legislación vigente sobre el uso de la fuerza y el empleo de armas no letales en manifestaciones públicas. Citó el Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público (Resolución Ministerial 943/2023) y el reglamento interno de Gendarmería, que prohíben expresamente disparar cartuchos de gas lacrimógeno en línea recta o hacia personas, y exigen que los disparos se realicen en ángulo oblicuo hacia el suelo para evitar daños graves.
En su resolución, la magistrada destaca que el cabo primero “Guerrero no se trata de un efectivo inexperto, sino que formaba parte de la primera sección de GNA y tenía diez años de servicio al momento de los hechos”. El gendarme que disparó contra el fotógrafo Grillo es instructor de tiro en Gendarmería y había aprobado cursos específicos sobre el uso de la fuerza y el cumplimiento de la ley.
Pablo Grillo, el fotógrafo que pelea por su vida desde hace ocho meses, es nieto de Héctor “El Negro” Grillo; actor independiente y guionista de cine nacido en Lanús, pero afincado en Córdoba en los ’70 después del Cordobazo del 29 de mayo de 1969, buscando desarrollarse profesionalmente en el teatro independiente:
“Llegué a Córdoba huyendo de un programa de televisión horrible, La barra, por Canal 7… Palito Ortega me convocó a actuar en una película de conscriptos y no quise. Quería hacer teatro trashumante”. En 2005, Héctor “El Negro” Grillo fue homenajeado en el Cineclub Municipal por su participación en películas de realizadores cordobeses. Falleció en 2007.
Entre el 11 y 13 de noviembre pasados, durante la reunión anual del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT, por sus siglas en inglés), los delegados argentinos, subsecretarios de Derechos Humanos, Alberto Baños; de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi y de Asuntos Legales, Diego Goldman, justificaron la represión a la protesta social a través del protocolo antipiquetes que implementó el Ministerio de Seguridad que dirigía Bullrich.
Y además tuvieron expresiones negacionistas respecto al terrorismo de Estado en la última dictadura cívico militar. Por caso, Baños polemizó respecto la cifra de 30 mil desaparecidos, asegurando que fue creada para acceder a subsidios económicos. Y acusó a los organismos defensores de Derechos Humanos de intentar “cuestionar a la República Argentina” y ponerla “de rodillas dando explicaciones sobre lo que no tiene que dar explicaciones”. Mientras que Goldman respondió que las cifras de heridos y lesionados por fuerzas de seguridad en las marchas de los jubilados “son todas mentiras”.
Tras esas bravatas, Baños renunció; y en coincidencia con el Día Internacional de los Derechos Humanos, fue reemplazado como subsecretario de Derechos Humanos de la Nación por Joaquín Ignacio Mogaburu. Ex secretario del Tribunal Oral Federal N°7 (TOF 7), quien se desempeñó en 2025 como director de DDHH del Ministerio de Defensa, durante la gestión de Luis Petri.
La vuelta de la tortura a Argentina
En la última reunión de la Asamblea General de la ONU, realizada sólo una semana después de la exposición negacionista del Estado Argentino respecto el terrorismo de Estado argentino, rompiendo el pacto democrático que se construyó desde 1983, se votó por amplia mayoría una resolución para prevenir y erradicar la tortura a nivel mundial. Sólo tres países votaron en contra: Argentina, Israel y EEUU, mientras que Burundi, Nicaragua, Papúa Nueva Guinea y Rusia se abstuvieron.
Como otra expresión de la apertura de la horrible caja de Pandora iniciada con el genocidio perpetrado en Gaza por parte de Israel y la alianza gobernante liderada por Netanyahu, que abrió una ola inexplicable de salvajismo ahistórico. Secundada por el presidente Milei, quién fue el único gobernante que apoyo explícitamente ese genocidio, y que poco después la emprendió contra los argentinos en su tercera edad, con la finalidad economicista amoral de alcanzar el equilibrio fiscal.
Condenados
Luego de las audiencias, como si se tratara de un juicio ordinario; tras evaluar las pruebas de las partes, los jueces del Tribunal Etico, Rodríguez Villafañe, Cóppola y Stiberman condenaron éticamente al Gobierno nacional presidido por Javier Gerardo Milei, sus ministros, legisladores afines, funcionarios, sectores sociales que apoyan, y fuerzas de seguridad, que “han sido y son cómplices o ejecutores de las políticas económicas y represivas que han causado y causan daño directo y sistemático, en una destrucción planificada, a las personas mayores en la República Argentina”.
El Tribunal consideró que las políticas llevadas a cabo por la Casa Rosada desde el 10 de diciembre de 2023 han sido fundamentales para provocar un “genocidio por goteo, entendido como una forma moderna de violencia estatal estructural y planificación de la desigualdad, cuyos efectos letales y deshumanizantes han sido comprobados por testimonios, estadísticas, informes médicos, sociales y económicos”.
En otro de los fundamentos, los jueces señalan que la Casa Rosada “pretende consolidar una política, al servicio de intereses propios de un colonialismo financiero especulativo y genera un Estado perverso y cruel”, con los sectores más vulnerables de la población.
Además, convoca a diferentes instituciones y al pueblo en general “a no callar, a denunciar, a acompañar y a construir una ética pública basada en la justicia, la memoria constructiva y la solidaridad intergeneracional”. Y señala la necesidad de difundir esta condena ética a través de medios de comunicación, redes sociales y asociaciones intermedias como universidades, organizaciones sociales, iglesias, templos, colegios profesionales, sindicatos y partidos políticos, para que “forme parte del acervo documental y testimonial de las luchas por los derechos humanos en la Argentina, en esta etapa de nuestra historia común”.
