La historia de astilleros Tandanor es emblemática en todo sentido: Uno de los casos de corrupción más obscenos del menemismo, un caso destacado de lucha judicial, finalmente una condena ejemplar de corrupción, después un éxito bajo administración combinada del Estado y sus trabajadores… Y una historia que no termina, porque sigue siendo una presa codiciada por altos intereses inmobiliarios, a quienes no les importa hundir empresas estratégicas nacionales para realizar emprendimientos privados para unos pocos.
Astilleros Tandanor se encuentra en la Dársena Sur, poco después de la Reserva Ecológica. Es el mayor astillero de Sudamérica y el tercero del mundo en cuanto a su capacidad productiva. Tiene una superficie de 21 hectáreas y maquinaria única en Latinoamérica, como el Syncrolift, mecanismo que permite elevar los buques fuera del agua para trabajar sus cascos.
Fue fundado en 1879 con el nombre Talleres Navales de Marina, y durante 112 años abasteció la flota naval del Estado con gran eficiencia, fabricando por ejemplo la Fragata ARA Libertad. En el año 1971 se constituyó como sociedad anónima con su nombre actual y participación mayoritaria del Estado. En 1983 el apoyo financiero del gobierno empezó a mermar, pero aún así la empresa continuó siendo de las pocas superavitarias.
Fue en 1991 cuando comenzaron las asechanzas para destruirlo, y su historia de resistencia, idas y vueltas. Tandanor fue la primera víctima del proceso de privatizaciones de Carlos Menem, lo cual demuestra cuan apetecida era la presa. Quedó en manos de un consorcio de empresas, que constituyó una S.A. llamada Indarsa. Las empresas eran CIAMAR, de capitales argentinos, que tuvo el 92% de las acciones, y por otro lado el Banco Holandés Unido y la francesa Sud Marine Enterprises, que se alzaron con el 8% restante.
Las compañías debían pagar 8 millones de dólares en efectivo y 160 millones en bonos de la Deuda Externa Soberana, pero ahí comenzaron las vergonzosas irregularidades. Menem dictó un decreto después de realizada la venta, y cambió el valor que figuraba en el pliego de la adjudicación. Las compañías pasaron a tener que pagar 7.200.000 dólares en efectivo y otros 52.560.000 financiados a nueve años. Nunca se abonaron. CIAMAR pagó los primeros 7 millones, y sólo llegó a pagar 1.524.240 del resto.
Apenas 20 días después de que Indarsa obtuviese Tandanor, vendió sin autorización una de las plantas más valiosas, la Planta I, en la Darsena Norte, encima de Reserva Ecológica, y detrás de la Dirección Nacional de Migraciones. La adquirió la empresa Puerto Retiro S.A., la cual inmediatamente solicitó la rezonificación del lugar para poder construir oficinas, demostrando de esa manera que su intención no era reflotar los astilleros sino terminar de hundirlos para desarrollar emprendimientos inmobiliarios.
Se trata de un terreno de 8 hectáreas y media en una de las zonas más caras de Buenos Aires. Puerto Retiro lo adquirió por 18 millones de dólares, cuando el valor calculado era de entre 40 y 50 millones de dólares, pero con el negocio inmobiliario podía llegar a valer incluso 500 millones. En realidad eso no importa, porque toda la venta fue fraudulenta.
CIAMAR y Puerto Retiro tenían los mismos directivos. Alejandro Bofill y Juan Blasto, los directivos de CIAMAR, eran también el presidente y vicepresidente de Puerto Retiro S.A. El Concejo Deliberante de la ciudad de Buenos Aires autorizó la rezonificación solicitada, pero el intendente Saúl Bouer la vetó.
A lo largo de los siguientes cinco años el astillero fue vaciado deliberadamente. Ante los reiterados incumplimientos de pago por parte de Indarsa, el Estado nacional inició acciones judiciales. En abril de 1999 entra en escena IRSA, se hace cargo de Puerto Retiro y adquiere el predio de la Planta I. El presidente de la firma pasa a ser Gerardo N. Donato, el vicepresidente Eduardo Elsztain, y Saúl Zang es designado Titular. IRSA, que en aquella época estaba en el comienzo de su expansión, es actualmente la mayor empresa inmobiliaria del país, gracias en parte a sus contactos internacionales (el magnate George Soros los financió en sus comienzos) y en gran parte a su hábil tráfico de influencias con diferentes gobiernos.
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Elsztain anunció públicamente un muy ambicioso megaproyecto de oficinas, un segundo Puerto Madero, con edificios de oficinas de 35 pisos con vista al río, viviendas y comercios. Las calles de acceso hasta los edificios costeros tendrían un tránsito restringido sólo para residentes. El grupo IRSA expuso la propuesta a funcionarios del Gobierno porteño.
Pero no llega a concretar nada. Indarsa se declaró en quiebra. Unos 150 trabajadores lograron resistir y mantener la actividad en el predio de Dársena Sur, con las instalaciones casi abandonadas. El Juzgado Nacional Comercial N°18, dispuso una cautelar con la prohibición de innovar sobre la Planta I de Dársena Norte. Al poco tiempo el Ministro de Defensa Jorge Domínguez presentó una denuncia penal. Por las escandalosas irregularidades (aún para los estándares del menemismo) fueron procesados tanto los funcionarios a cargo de la privatización, como los directivos de Indarsa.
Entretanto Puerto Retiro mantuvo el predio de Dársena Norte en su poder, pero la justicia tampoco le fue favorable. En 2006 y 2013 hubo otras dos cautelares, estableciendo la prohibición de innovar y contratar.
En 2006 el juez federal Claudio Bonadío estuvo a punto de dar por prescrita la causa que juzgaba la privatización fraudulenta, y sobreseer a los acusados, pero el Ministerio de Defensa se presentó como querellante y se opuso. Un año después Tandanor fue nacionalizada por decreto por Nestor Kirchner, y el predio en Dársena Sur entró en actividad nuevamente. En recompensa a los trabajadores que resistieron para que la empresa no fuera expropiada, se les dio el 10% de las acciones.
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Mientras tanto, a pesar de conocer la vigencia de las cautelares, Puerto Retiro alquiló el predio norte como helipuerto a la empresa Flight Express S.A., vinculada a Cristiano Ratazzi, y como amarre de buques (lo cual nunca fue autorizado por la Administración General de Puertos) a la firma BUQUEBUS (Los Cipreses S.A.), que funciona en el lado de enfrente de la dársena. De esa manera se originó un ingreso de dinero ilegal.
Al tomar conocimiento de ello, en 2017, Talleres Dársena Norte realizó una denuncia penal. Como es habitual, la misma entró en los morosos tiempos de la justicia argentina. La defensa de Puerto Retiro estuvo a cargo del actual ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona, quien renuncio al asumir como tal, y fue suplantado por su hermano Matías, integrante del mismo estudio jurídico.
Luego, en septiembre de 2020, la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal declaró la prescripción de esa causa y la absolución de los acusados. Sin embargo, un mes después los integrantes de la Sala se vieron obligados a revocar la decisión, ya que la querella planteó la comisión de un delito adicional, el de lavado de activos, que a su entender se había producido en adición al uso indebido del predio.
Esta nueva denuncia llevó a que se realice la pericia de los libros contables de la firma. La misma arrojó que entre 2014 y 2019 la firma tuvo solamente dos clientes, los ya mencionados Los Cipreses S.A. y Flight Express S.A., que le produjeron ingresos por alquiler por el monto de $ 4.682.812, los únicos ingresos de la empresa.
Los egresos totales fueron en cambio de $ 42.879.138, arrojando un saldo negativo de más de 38 millones de pesos nominales. Según la contabilidad de la empresa, estos voluminosos egresos se repartieron entre pago de ABL, gastos de seguridad, jurídicos, contables y otros gastos comunes como agua, fotocopias y seguros. Ello despertó algunas suspicacias, ya que según lo informado por Prefectura Naval en el marco de la causa, el predio se hallaba “en estado de abandono”. A la vista no pudo apreciarse en el lugar mucho más que un galpón vacío y una casilla de seguridad.
La pericia de los libros contables presentados por la empresa fue muy dificultosa, puesto que contrariando el uso normal, se hallaban redactados en una letra minúscula, casi ilegible, con líneas superpuestas, lo cual hacía casi imposible para el perito de parte revisar cuatro años de anotaciones. Sólo pudieron ser apreciadas las registraciones contables, sin tener acceso a la documentación respaldatoria de las anotaciones.
La morosa y discriminativa justicia de Comodoro Py
El fiscal de Comodoro Py Ramiro González en junio pasado desestimó la figura penal de lavado planteada por la querella, concluyendo que “estamos frente a un caso en el cual los fondos podrían provenir de un delito, pero su aplicación no buscó darle una apariencia distinta a la que tenía, no existió maniobra para disimular el origen del dinero ingresado a la economía. Esto conlleva que no se puede encuadrar la conducta investigada en el delito de lavado de dinero al carecer de uno de los elementos del tipo”.
González también dio por prescripta la figura de desobediencia, y respecto sus actuaciones el portal ACIJ, con motivo de una fastuoso festejo de su cumpleaños a fines del año pasado, publicó la nota con la firma de Ezequiel Nino, Un fiscal que ilustra muchos de los problemas del sistema judicial, detallando en ella los siguientes tópicos:
La fortuna acumulada por González es sorprendente; La investigación por enriquecimiento ilícito quedará en la nada porque la investigará Comodoro Py; El fiscal concursó para un cargo en Dolores pero ejerce en Comodoro Py; El fiscal además es titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Ambientales (UFIMA) desde hace demasiado tiempo; En la fiesta habrían estado empresarios vinculados a sectores de recursos extractivos. Y como si fuera poco, también fue denunciado por abuso sexual por sus hijas mayores, escándalo que Comodoro Py se encargo de diluirlo en el tiempo.
Por su parte la jueza federal María Eugenia Capuchetti, con un fallo de agosto pasado, también desestimó la figura de lavado, y dio por prescripta la desobediencia, en una causa iniciada en 2017, que cumplió su octavo año. De esa manera sobreseyó por prescripción a los firmantes de esos contratos espurios Gastón Armando Lernoud y Juan Manuel Quintana. Y tampoco dio lugar el tribunal al pedido de tomar declaraciones indagatorias a Eduardo Elsztain y Saul Zang, propietarios y directivos de la firma, quienes indudablemente estaban al corriente de la existencia de cautelares que prohibían alquilar parte del predio.
Es de destacar que la jueza Capuchetti, entre otros cuestionamientos, tuvo una polémica intervención en la investigación del intento de asesinato el 2 de septiembre 2022 a la entonces vicepresidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner. Con una esforzada actuación, plena de irregularidades, para circunscribir como autores materiales e intelectuales a las dos personas marginales que finalmente resultaron condenadas por ello: Brenda Uliarte y Fernando Sabagh Montiel.
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Siendo la última de esas anomalías, el archivo de las actuaciones seguidas contra el diputado Gerardo Milman, como presunto partícipe del hecho por su conocimiento previo. No obstante la prueba flagrante que existe de ello, por el pedido de informes al PE que lleva su firma de fecha 18 de agosto 2022 (Expte 4229-D-2022) donde menos de dos semanas antes del intento de magnicidio premonitoriamente dice:
“No vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando, con un falso ataque a la figura de Cristina, para victimizarla, sacarla de entre las cuerdas judiciales en las que se halla y no puede salir, y recrear un nuevo 17 de octubre que la reivindique ante sus seguidores.”
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Velozmente el 2 de octubre de 2025, el Tribunal de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones confirmó el fallo de Capuchetti a favor de Elsztain y sus socios, por 2 votos contra 1, con la disidencia de uno de los jueces de cámara, Martín Irurzun, quien estimó que:
“Así bien es cierto que sus resultados no muestran intentos de disimular el origen del ingreso por alquileres, sus conclusiones revelan que el dinero en cuestión habría sido utilizado para pagar gastos corrientes de la empresa, que según la querella no tendrían correlación con su actividad real. Nótese que, en el marco de este recurso, el acusador indicó que la actividad de la firma denunciada se habría limitado en la práctica a la administración y mantenimiento del predio, lo que según él no concuerda con el tenor de los egresos que se detectaron en el período”.
Por esa razón el juez solicitó profundizar la investigación de los movimientos financieros de la firma, pero no fue acompañado en su pedido por sus dos colegas, Eduardo Farah y Roberto Boico. De esa manera funcionó además la clásica prescripción por la morosidad judicial, lo que la justicia denomina “las dos bibliotecas”, y aplica discriminadamente una u otra según, quienes sean los imputados o los demandados.
Al respecto, con la información disponible, hay que reconocer que la disparidad entre ingresos y egresos llama la atención. Flight Express S.A. emitió facturas de alquiler por el monto de $ 5.395.263, de los cuales Puerto Retiro cobró solamente $ 738.955. Los precios de alquiler son equivalentes a una oficina mediana de Puerto Madero de la época, y los gastos, suponiendo que abarcasen el período 1999-2019, parecen igualmente algo abultados para un predio abandonado. Uno se pregunta para qué mantuvieron ese predio a pura pérdida durante 20 años. Lo que evidencia la obstinación por parte de Elsztain y sus socios de concretar sus negocios inmobiliarios en la zona.
La mega inmobiliaria de Elsztain y asociados
A lo largo de todos esos años las empresas de Elsztain crecieron a pasos agigantados, y se transformó en el principal terrateniente urbano y agrario de Argentina, dueño a través de IRSA de los más importantes shoppings del país, hoteles de lujo como el Llao Llao, Sheraton e Intercontinental, y de la mayor parte de Puerto Madero.
A la vez, su firma CRESUD es la segunda mayor empresa propietaria de tierras agropecuarias del país. También se ha diversificado a otras áreas, como la extracción de oro, habiendose asociado recientemente con Saúl Zang y la minera canadiense Yaman Gold para extraer oro en Chubut. Además se ha expandido con otros emprendimientos a nivel internacional. Uno pensaría que esa proyección internacional y ese éxito comercial lo alejaron ya de sus primeros intereses, pero no es así, nunca dejó de ambicionar los grandes terrenos estatales de Puerto Madero.
Ya en 1997 había adquirido los terrenos del predio abandonado de la ex-ciudad deportiva Boca Juniors, los cuales casualmente son lindantes con Tandanor, por 50 millones de dólares. Evidentemente es un gran negocio comprar a un precio barato terrenos estatales, y desarrollar en ellos emprendimientos de lujo que los revalorizarán tal vez hasta diez veces su valor. Sin embargo no le iba a ser tan fácil, y su megaproyecto faraónico encontró resistencia en este caso.
Durante la primera jefatura de gobierno de Mauricio Macri, se cerró un primer convenio con IRSA para construir en la zona un barrio residencial, Solares de Santa María, rebautizado “la Dubai argentina”. El proyecto contemplaba 11 torres de 50 pisos. El polémico proyecto ha ido y venido varias veces desde entonces a la legislatura porteña, debiendo presentar propuestas más ventajosas para el Estado. Ha sido trabado judicialmente por amparos en varias oportunidades y ha enfrentado protestas de asociaciones de vecinos.
Además, estaba el problema de que en parte del terreno hay un asentamiento, el barrio Rodrigo Bueno. Macri designó casualmente a un gerente de IRSA, Roberto Apelbaum, al frente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, quien debía ocuparse entre otras cosas de ese asentamiento. Apelbaum tuvo que renunciar a los dos años, tras largas acusaciones de inacción en sus funciones y tráfico de influencias para favorecer a IRSA.
Más tarde, cuando fue Jefe de Gobierno de la CABA Horacio Rodríguez Larreta, visitó en persona el barrio Rodrigo Bueno, en 2016, para ofrecerles a los vecinos una línea de subsidios de vivienda, siempre que aceptasen dejar el lugar para la construcción del emprendimiento inmobiliario de Elsztain. Ese espíritu tan solícito tal vez se explique porque Augusto Rodríguez Larreta, el hermano del Jefe de Gobierno, había sido hasta 2012 gerente de Relaciones Institucionales de IRSA.
En 2017 Macri, ahora como presidente, firmó el decreto 153 sin pasar por el Congreso (como es de ley para disponer de bienes del Estado), modificando el destino de toda la zona de la isla de Machi, que era de logística portuaria e industria naval, para cederlo como “Polo de desarrollo urbano”. A nadie se le ocultó nunca que el interesado detrás de esos proyectos fue siempre Elsztain.
Actualmente el megaproyecto urbano, rebautizado Ramblas del Plata, ha logrado finalmente quebrar la resistencia y comienza a hacerse realidad. Ya empezaron a comercializarse los primeros lotes, que rodean las instalaciones de Tandanor. Elsztain sabe que el secreto del éxito es no soltar la presa e insistir. Tardó pero lo logró.
Se hace justicia, pero los voraces vuelven a la carga.
Entretanto, ¿qué pasó con la causa penal por la privatización de 1991? Tal vez ya se habían olvidado de ella, pero finalmente llegó la justicia, aunque también se tomó su tiempo. Después de 27 años de idas y vueltas, y que la causa durmiese tres años antes de pasar a juicio oral, finalmente se llegó a un fallo en 2018.
En un fallo histórico, la licitación de Tandanor fue declarada insanablemente nula, y quienes llevaron adelante la privatización fueron condenados. Se condenó a tres años de prisión en suspenso (o sea que no fueron a prisión realmente) a Eduardo Tesoriere, ex director de privatizaciones, y a los titulares de CIMAR, Alejandro Bofill y Juan Andrés Vlastó, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
El director de Puerto Retiro SA, Norberto Gerardo Donato, fue declarado culpable penalmente por su participación en los hechos, sin embargo los jueces consideraron que su participación fue secundaria, y no recibió condena por haberlo alcanzado la prescripción penal. El vicepresidente Elsztain nunca fue imputado.
Los magistrados ordenaron que los predios volviesen al Estado, y la Planta I de Dársena Norte fue decomisada. Por el valor del terreno, se trata del mayor decomiso en un caso de corrupción de la historia judicial argentina.
Astilleros Tandanor era nuevamente una empresa superavitaria, con un régimen mixto, 90% propiedad del Estado, y otro 10% de los trabajadores. La empresa obtuvo balances positivos de 2020 a 2023. Desde su reestatización ha reparado más de 860 buques nacionales y extranjeros, entre ellos el rompehielos ARA Almirante Irízar.
Para fines de 2023, el astillero operaba en su máximo potencial y ejecutaba grandes proyectos en todas sus especialidades para la Armada Argentina, Prefectura Naval, e importantes compañías navieras y petroleras del mundo. Pero al llegar el gobierno de Milei la idea de privatizarlo (aunque diera superávit) empezó inmediatamente a dejarse oir.
El gobierno naturalmente incluyó a Tandanor dentro de las empresas a privatizar en la Ley Bases, ley que, no olvidemos, fue redactada en el Hotel Alvear, propiedad del mismo Elsztain. Quien ejerce una notable influencia en el presidente Milei, como se puede apreciar en la siguiente imagen. Al haber sido quien lo introdujo en la secta fundamentalista judía Jabad Lubavich.
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Pero el intento fue escandaloso, y tras el debate en el Congreso no tuvo más remedio que sacarla. Sin embargo, actualmente, un gobierno desesperado que ya no recibe más crédito externo, y no sabe cómo sostenerse hasta las elecciones, ha vuelto a poner sobre la mesa las “joyas de la abuela” para ver cuál vende para llegar a fin de mes. Se rumorea que el gobierno avanza en un proyecto de ley individual para poner en venta el astillero. Desde Economía no ocultan que su objetivo ha sido vender Tandanor desde el primer día.
Como señal clara de esas intenciones, ya en enero de 2024, apenas asumido el gobierno y presentada la Ley Bases, el Jefe de Gabinete Nicolás Posse (ex empleado de Eurnekian) removió a todo el directorio de la empresa, despidió a técnicos calificados y paralizó proyectos en curso. Dentro de la empresa se sabe que el interés es inmobiliario y se apunta a Elsztain.
Posse puso como nuevo director a cargo de la empresa a Mauricio Gonzalez Botto. Lo peculiar de Botto es que desembarcó allí dejando su puesto anterior al frente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), ente administrador de todas las empresas del Estado, y quien eventualmente decide su privatización. Antes de ello, no había trabajado en la función pública. En lugar de Botto asumió al frente de AABE Nicolás Pakgojz, un alto ejecutivo de IRSA, lo cual es como poner al zorro a cuidar el gallinero.
Elsztain no es ciertamente el único que ambiciona esos terrenos, y podríamos decir que gran parte de las “internas” del gobierno de LLA tienen que ver con cómo se reparten el botín. Recientemente hubo reuniones a ese respecto con el grupo Neuss, cercano a Caputo y sobre todo al ministro de Defensa, Luis Petri. Este grupo pertenecía a Jorge Neuss y su hermano, y actualmente sigue siendo administrado por la familia. Jorge Neuss se hizo tristemente conocido para el público por haber asesinado a su esposa Silvia Saravia, en el llamado “crimen del country”.
El pasado oscuro de Elsztain y Zang.
Fabián Spolanski, quien conoció de cerca a Eduardo Elsztain durante sus primeros años como empresario, vertió acusaciones muy serias contra él, incluyendo la de lavado de dinero y vaciamiento de empresas, en su explosivo libro La mafia judía en Argentina.
Spolanski detalla allí, entre otros varios casos, las maniobras que Elsztain, secundado por su socio Zang con el bufete de abogados Zang, Bergel y Viñes, realizaron para quedarse con el Banco Hipotecario sin poner un peso. O el caso del estudio Zang, quedarse con parte del directorio de YPF, luego de ser contratado como asesor para la privatización. El autor también detalla cómo Elsztain, Zang y otros asociados controlan la Bolsa de Valores de la city porteña.
Fabian Spolanski afirmaba en su libro, en 2008, que Elsztain, Mindlin y Zang, extendiendo sus tentáculos a diversas actividades, habían logrado detentar prácticamente el manejo estratégico del país, por encima de quien estuviese circunstancialmente gobernando. ¿Qué diremos hoy en día, cuando sus lazos con el gobierno son más evidentes que nunca?
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Viva la libertad de vender todos los bienes del Estado.
La importancia de no perder activos del Estado para cualquier país que pretenda tener un proyecto de futuro y grandeza nacional no puede soslayarse. La entrega de los bienes del Estado comenzada en la ola privatizadora de la época menemista fue, podríamos decir, un “entreguismo práctico” hecho por corruptos. El actual gobierno de Milei ha transformado ese entreguismo increíblemente en un “entreguismo doctrinal”, casi en su misma plataforma de gobierno, si es que podemos llamar “gobernar” a sentarse en el sillón de Rivadavia para rematar los bienes del Estado al peor postor. ¿Quién lo habrá asesorado, y le habrá metido en la cabeza la idea de que tenía esa “misión”?
No hace falta decir que no se trata de que rechacemos proyectos de mejoramiento urbano o emprendimientos empresariales importantes, los celebramos, siempre y cuando no sean a costa de la grandeza de la Nación. Spolanski define maravillosamente en su libro lo que implica perder empresas estratégicas para un estado nacional, lo cual es todavía más grave si los grupos que se las apropian actúan coordinados y en connivencia con grupos poderosos internacionales:
“Las privatizaciones sirven para mucho más que gestionar servicios públicos, manejar empresas y captar ganancias: constituyen un modo de tomar, ejercer y mantener el poder. La Argentina de los ’90, donde las privatizaciones jugaron un rol central, es un claro ejemplo. Se privatizaron las empresas estatales de acero, las químicas y los complejos petroquímicos, también se privatizó la energía. En el sector financiero fueron privatizadas la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, el Banco Hipotecario Nacional y numerosos bancos provinciales, y se disolvió el Banco Nacional de Desarrollo.
Para qué sirvió todo esto? Ante todo, para privatizar el poder y alejarlo de cualquier posibilidad de transformación democrática. Esto implica el manejo por grupos oligopólicos privados de variables fundamentales de la economía: fijación de precios y tarifas; cantidad de los abastecimientos; transferencia de tecnología y suministro de información. Con estos instrumentos, esos grupos determinan quiénes se quedan con el excedente económico. Ya no son necesarios los golpes de Estado, basta con golpes de mercado (deuda, dólar, ahora tarifas).” Hasta pueden poner y sacar presidentes.-
