Los vínculos políticos y causas claves de la jueza que llegó de la mano de Macri a la justicia federal
La jueza federal María Eugenia Capuchetti quedó en el ojo de la tormenta al quedar a cargo de la causa por el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. A partir de esta causa, se hicieron públicos los vínculos políticos de la magistrada con el macrismo porteño. Ocurre que la magistrada desde el 2012 cumple funciones judiciales, administrativas, y políticas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Primero en el Ministerio Público Fiscal y luego en el Instituto Superior de Seguridad Pública.
Mas allá de las irregularidades antidemocráticas vinculadas a la naturaleza de su función, el peligro reside en que debe expedirse en causas con gran impacto político. Muchas de las cuales involucran a dirigentes del PRO.
En la década del ’90 el affaire del encubrimiento judicial del “caso Yoma”, pariente político del entonces presidente Carlos Menem, hizo célebre a la también jueza federal María Romilda Servini de Cubria. Con cuyo parónimo de servir y encubrir se hizo un festín el humorista Tato Bores, hasta ser censurado por la misma justicia. Ahora el parónimo de encapuchar parece ser una metáfora del rostro oculto de una justicia usada como brazo político clandestino por parte del PRO.
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Una historia política ligada al macrismo
Hija de un ex comisario de la cúpula de la Policía Ffederal y ex secretario de seguridad de la AFA, Carlos Capuchetti, que tiene en su haber al menos 6 causas abiertas en su contra, tres por enriquecimiento ilícito, y ahijada de Daniel Angelici, agente de Macri en Boca y operador político judicial del macrismo, Maria Eugenia Capuchetti tiene una larga trayectoria jurídica, teñida de favores y amistades políticas. La jueza vinculada política y administrativamente al PRO en la Ciudad de Buenos Aires, debe expedirse en causas importantes para la institucionalidad política argentina.
Abogada, inició su carrera judicial en 1993 como auxiliar en el Juzgado Federal Criminal Correccional Nº8. Luego fue secretaria del Juez Federal Sergio Torres en el Juzgado Federal en lo Criminal Correccional Nº12, actual ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires gracias a la voluntad política de la ex gobernadora del PRO María Eugenia Vidal.
Sin embargo, su membresía política empezaría a consolidarse con su designación como directora de la Oficina de Enlaces con Organismos Oficiales del Ministerio Público Fiscal de CABA, en ese momento comandada por Martín Ocampo. Legislador porteño del macrismo, y vicepresidente de la UCR, y amigo de la infancia de Angelici, quien previamente se desempeñó como ministro de Seguridad y Justicia de la CABA. Puesto al que tuvo que renunciar en el 2018 por el escándalo de la final de Ríver – Boca en el Monumental, que hizo que esta terminara jugándose en Madrid.
De Nación a Ciudad y de Ciudad a Nación
En el año 2012, obtuvo una licencia sin goce de haberes en la secretaria del Juzgado Nº 12 de la justicia nacional, para aceptar la propuesta política del PRO, y trabajar bajo la dirección de Ocampo. A los 6 meses venció la licencia y pidió la renovación, que fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La que aparentemente derivó la cuestión a la Cámara de Apelaciones Federal.
Ante la negativa, y sin haber registro público alguno de su renuncia a la justicia federal, se volcó de lleno al mundo jurídico político del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Desde el Ministerio Público Fiscal de CABA (MPF-CABA) se iría formando como una agente judicial importante para el macrismo. Su alma mater sería la mismísima justicia porteña.
Allí, sería la encargada de las relaciones del MPF-CABA con otros organismos estatales. Algunos de ellos claves como la justicia federal o la Procuración General de la CABA. Esta última esta comandada actualmente por Gabriel Astarloa, abogado de la UCA que, en 2012 dejo su trayectoria en el mundo privado para volcarse de lleno a la gestión pública porteña.
Desde el año 2015 como Procurador General, pero, tres años antes ya se erigía como funcionario público de la gestión PRO. Asesor de la Jefatura de Gabinetes y Dirección General de Concesiones, los cargos en su haber. Este es el modo de construir institucionalidad en el PRO. Los parecidos con la trayectoria de Capuchetti no son casualidad.
Pues, entendamos. El encargado de dictaminar sobre la legalidad de los actos administrativos y de defender el patrimonio de la Ciudad, es un ex funcionario y agente político del partido gobernante.
Volviendo a lo que nos ocupa, más allá de haber abandonado en el año 2013 su carrera en el fuero federal, en el año 2019 retornó como Jueza Federal. Como fruto de la carrera en la función pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ayuda en el Consejo de la Magistratura, Capuchetti accedió al Juzgado Federal en lo Criminal Correccional Nº5 -que antes detentaba el inefable juez Norberto Oyarbide, con un cúmulo de causas explosivas- con un pliego enviado al Senado por el entonces presidente Mauricio Macri y su ministro de Justicia German Garavano.
Sin embargo, esto solo fue la punta del iceberg de un entramado político que se venía gestando tras bambalinas. Pues, su designación fue gestada por sus padrinos politicos: el hoy profugado en Uruguay Fabian “Pepín” Rodríguez Simón y Angelici. Maestros de la operación política del macrismo.
Aún peor, no solamente fue entre telones de la política y la justicia. Su designación se habría gestado también al calor de la connivencia con los servicios de inteligencia. Hay registro de, al menos, seis visitas de Capuchetti a la AFI macrista entre marzo y octubre de 2018, antes de su nombramiento.
Además, su hermana María Cecilia Capuchetti trabajó en la AFI, en el sector de Contrainteligencia en el período 2000-2020, cuando fue desplazada por la gestión kirchnerista. Y, por último, cabe mencionar su íntima amistad con Cristian Ritondo, personaje de las vísceras del PRO y relacionado con múltiples causas de espionaje ilegal con fines políticos. Es evidente que estamos ante una jueza que tiene fuertes vínculos con los sectores de inteligencia vinculados al PRO.
A la par de asumir como jueza federal en Comodoro Py, pasó también a trabajar como “Investigadora Senior” en el Observatorio de Política de Seguridad del Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad (ISSP) dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño. Evidentemente, la intención era posicionarla en la justicia federal en un juzgado clave, a la par de que proseguía permaneciendo en un espacio político rentado en el seno del macrismo porteño. Manteniéndola así vinculada, para desde allí hacerla funcionar dentro del bloque de operadores judiciales del PRO.
Ese instituto tiene la particularidad de tener como Vicerrector a Juan Bautista Mahiques, nada más y nada menos que el jefe de los Fiscales porteños, operador político y judicial vinculado al macrismo, y participante del excelso viaje a la propiedad de Lewis, en Lago Escondido. Concretado por políticos de la oposición, magistrados, y empresarios de medios, no se sabe muy bien si era para diseñar estrategias político judiciales en común, o como premio de haberlas concretado. Justo allí donde los argentinos tenemos prohibida la entrada, eligieron reunirse. El peso de lo simbólico habla por sí mismo.
Lo más grave del asunto radica en que Capuchetti debe expedirse sobre su responsabilidad en la causa “mesa judicial” del mismo macrismo.
El macrismo inserta funcionarios políticos en la Justicia Federal
A partir del revuelo generado por la denuncia de incompatibilidad de cargos judiciales y políticos del abogado de Cristina Fernández de Kirchner sobre la magistrada, el ISSP se pronunció en defensa de la misma, argumentando que se trata de un ente autárquico independiente de las decisiones políticas del municipio porteño. Reconocieron su pertenencia, publicaron su salario ($73.924,63) y aceptaron la relación contractual.
Sin embargo, la jueza incurriría en un delito federal. Pues, en contraposición con lo establecido en el Decreto Ley 1285/58 (según ley N.º 21.341) que prohíbe el desempeño de funciones políticas para los magistrados federales, en su condición de “Investigadora Senior” y formadora de agentes municipales de la CABA, Capuchetti viola la institucionalidad democrática y se expone a la incompatibilidad, por tener vínculos políticos que afectan sus decisiones judiciales.
Mas allá del comunicado en el cual se defiende a la magistrada de las acusaciones, el vínculo político de su función es aceptado por el mismo ISSP. En su sitio web la institución afirma que: “(…) tiene la misión formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal de la Policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los funcionarios responsables de la formulación, implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración general del sistema policial”. También establece que el ISSP: “(…) constituye una instancia de apoyo de la conducción política (cursivas propias) del Sistema Integral de Seguridad Pública”
Una loba en el rebaño
Todos estos elementos impiden el ejercicio de la función pública que un cargo como el suyo requiere. Fundamentalmente si tenemos en cuenta la gravedad institucional de las causas sobre las cuales debe impartir justicia.
Entre ellas la denuncia del ex Diputado Nacional Claudio Lozano por “defraudación fraudulenta” al Estado por el préstamo solicitado al FMI por U$S 45.000.000.000 durante el gobierno de Mauricio Macri. Quien la puso en el cargo y ante el cual, directa o indirectamente, debe responder políticamente.
Por otro lado, tiene a su cargo la causa por la concesión hasta 2030 de los peajes en las autopistas Norte y Oeste a AuSol, ex firma del Grupo Macri. Durante la presidencia de Mauricio se firmaron estos convenios que cuadruplicaron el valor de las acciones de la empresa.
Sin embargo, en el año 2020 los jueces Irurzun y Bruglia decidieron anular las imputaciones a los funcionarios macristas investigados. Luego, se acepto a Vialidad Nacional y a la UIF como querellantes. Habrá que seguir de cerca la causa.
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También está a cargo de la causa por el atentado contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner donde su desempeño es muy cuestionado. Fundamentalmente por decidir no investigar a Gerardo Milman, diputado de Cambiemos y a dos de sus secretarias, por haber expresado que, en referencia a la ex presidenta, “cuando la maten, ya voy a estar en la costa”, según palabras de Jorge Abello, colaborador del Diputado Nacional Marcos Cleri. La magistrada desestimo el pedido de la querella y nunca incauto los celulares de los incriminados.
En las ultimas horas los jueces Bruglia y Bertuzzi indicaron que se debía elevar la causa a juicio oral, a lo que accedería Capuchetti. Sin embargo, con esta operación estarían quedando afuera de la investigación las aristas políticas de la causa. De esta manera, el peso de la ley solo iría contra los autores materiales.
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Por último, la magistrada quedó a cargo de la causa que investiga la “mesa judicial” conformada por espías de la AFI, empresarios y políticos del PRO para armar causas contra sindicalistas opositores al Frente Cambiemos.
En la causa aparecen caratuladas figuras importantes del PRO, como el ex presidente Macri, su ex jefe de Gabinete Marcos Peña Braun, German Garavano, su ex ministro de Justicia, Patricia Bullrich, su ex ministra de Seguridad, Jorge Triaca, su ex ministro de Trabajo y, nadie mas ni nadie menos que Juan Bautista Mahiques.
El jefe de los fiscales porteños, su responsable político en el ISSP, agente judicial del seno del macrismo, y amigo personal de Capuchetti. Impunidad garantizada.
El apellido de la jueza Capuchetti cuenta con otras resonancias más siniestras que la de su colega, la jueza Servini de Cubria, objeto del humor de tato Bores. Tales como Capucha y Capuchita, como se denominaban a ciertos sectores del campo de concentración de prisioneros clandestino de la ESMA. En tiempos en que la justicia se negaba a tramitar los habeas corpus interpuestos por personas desaparecidas.
Ahora en una versión más civilizada, la justicia actual alineada con la grieta, también parece estar empeñada en hacer desaparecer la justicia, mediante administrar condenas para un lado de ella, y sobreseimientos, cajoneamientos, y encapuchamientos para el otro lado.-
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