Fuego amigo. La guerra soterránea e intestina entre Martín Llaryora y su creador y antecesor Juan Schiaretti, trae bajas o heridas graves en el propio bando, ese que se llamó Unión por Córdoba o Cordobesismo y ahora es el Partido Cordobés.
El último enfrentamiento fue/es en la Legislatura, donde desde el llaryorismo le pegaron a la línea de flotación de Alejandra Vigo, la senadora y esposa de Schiaretti cuando filtraron que Virginia Martínez era una empleada fantasma en la nómina de asesores de Nadia Fernández, vicepresidenta de la Legislatura cordobesa y presidenta de la Comisión de Seguridad. En la Legislatura, Fernández es Vigo.
Desde el schiarettismo devolvieron favores y filtraron la foto de la vicegobernadora Myrian Prunotto vacacionando con su marido Pablo Scalabrelli en Nueva York, mientras la versión oficial era que estaba en Ongamira sin señal de celular. También contaron que Scalabrelli, que es músico, participaba en festivales municipales donde la vicegobernadora hacía aportes.
Por su parte la justicia que durmió una siesta interminable durante el cordobesismo, parece haberse despertado y acciona prestamente contra ex altos funcionarios, involucrados sobre todo en delitos de violencia de genero, durante el patriarcado de Juan Schiaretti. Aunque también hay causas de orden público, además de las muertes de bebes, relacionadas con la corrupción en el Servicio Penitenciario y el Departamento de Bomberos como se puede apreciar seguidamente.
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Ese es mi amigo el Puma
Este conflicto intestino de baja intensidad comenzó cuando el sábado 31 de agosto del año pasado, Guillermo “El Puma” Kraisman fue detenido in fraganti robando fiambres y un frasco de cerezas en el supermercado Mariano Max de Vélez Sársfield 4.100 de barrio Las Flores. “El Puma” ex concejal y ex funcionario delasotista reciclado al schiarettismo, al momento de ser detenido en medio de un escándalo, se desempeñaba como director de Asuntos Comunitarios de la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Córdoba, bajo la conducción del schiarettista Héctor “Pichi” Campana.
El intendente capitalino Daniel Passerini, un delasotista que hace equilibrio entre el gobernador Llaryora y Vigo, dueña del PJ de la Capital; no dudó y despidió a Kraisman de la Municipalidad.
El jueves 16 de enero de este año, cuatro meses y medio después de ese incidente de los fiambres, “El Puma” fue apresado nuevamente in fraganti: “En horas del mediodía, en Av. 24 de Septiembre al 1300 de Bº Gral. Paz donde funciona una sucursal del Banco de Córdoba, personal policial que se encontraba de servicio adicional, procedió a la detención de una mujer de 46 años y un hombre de 60 años quienes momentos antes, habrían intentado realizar una extracción por un millón de pesos utilizando el DNI de otra persona. Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Feria a cargo del Dr Andrés Godoy quien investiga el hecho”, informó el escueto parte de prensa de la Policía de Córdoba. Nada se decía acerca del estafador.
La pericia y el compromiso profesional de la cajera del Banco de Córdoba desbarató el delito: la titular de la cuenta, Virginia Martínez, en nada se parecía a Luciana Castro, la mujer que presentó el DNI con su nombre, tampoco coincidió la firma. Castro y Kraisman llegaron a la ventanilla juntos. Tras advertir el fraude, la trabajadora alertó a sus superiores y los policías adicionales demoraron a la mujer y su acompañante, de quiénes no se sabía nada.
Con el paso de las horas, se conocieron los nombres de los involucrados: Guillermo Kraisman, quién ya no era funcionario; su cómplice Luciana Castro y la víctima, Virginia Martínez, una supuesta “empleada fantasma” de la Legislatura cordobesa, o sea, una persona que figura en la nómina de personal, ya sea de planta permanente, contratada, monotributista o becaria, pero que no sabe que es empleada y alguien percibe su salario.
La investigación del fiscal Godoy se centra en el hecho puntual de que Kraisman quiso apropiarse de cerca de $ 1 millón en forma indebida. Paralelamente, se deberán investigar las responsabilidades que hubo porque a Virginia Martínez el Estado cordobés le depositó ese dinero por haber supuestamente trabajado durante todo el mes de diciembre, pese a que nunca se la vio en la Legislatura.
Que hay “ñoquis” en el Estado es una práctica tan vieja como el regreso de la democracia. Cada gestión metió en la administración pública municipal, provincial o nacional un ejército de militantes, familiares y amigos, algunos de los cuáles, sólo pasaban a cobrar el sueldo sin trabajar. Pero el caso de la “empleada fantasma” era distinto. ¿Acaso Kraisman había armado una PyME colocadora de empleos, de los cuáles cobraba un porcentaje, otra práctica habitual en políticos que llegan a los cargos para hacer caja propia?
En julio de 2024 estalló el escándalo nacional de la diputada de ultraderecha, la cordobesa María Celeste Ponce, quién fue denunciada por al menos una asesora, de quedarse con más del 60% de su salario. Ponce llegó a la banca de la mano de su agrupación Pumas Libertarios y de aceitadas relaciones con la mesa chica del mileísmo.
“’El Puma’ es un delincuente, lo conocemos todos. Pero no tiene poder de andar nombrando gente; acá tiene un tongo con alguien”, apuntaron en la Legislatura desde la oposición, avivando la llama de “los fantasmas”. Fue el periodista Juan Federico de Cadena 3, quién reveló que en el expediente en el que trabaja el fiscal Andrés Godoy figuran chats de 2024 entre Guillermo Kraisman y Nadia Fernández.
De esos chats se desprende que entre las 13.58 y las 17 del 10 de diciembre de 2024 el dirigente del PJ de la Capital le envió a la vicepresidenta de la Legislatura los datos personales de Virginia Martínez, incluyendo dirección, teléfono, CBU, nombre completo, y CUIL. Esos datos junto a los de otras 22 personas fueron girados por Fernández a la vicegobernadora Myrian Prunotto, quién el 30 de diciembre de 2024 firmó los contratos como empleados de la Legislatura.
Sólo nueve días después, la propia Fernández solicitó al área de Personal, la baja de la nombrada Virginia Martínez. Una alta fuente del PJ cordobés detalló a Stripteasedelpoder.com que “se hizo una bola más grande de lo que debería haber sido porque en el medio apareció el nombre de Kraisman”.
Y detalló: “Vamos por partes. El alta se la dan a esta mujer el 5 de diciembre, con el formulario F5A; el 8 de enero la propia Nadia le pide a la vicegobernadora que le den la baja. No había ido a trabajar en todo el mes. Y el 16 de enero estalla el escándalo con “El Puma” Kraisman. Desde el día uno le dijmos a Nadia ‘reconocé que la empleada es tuya, que no es fantasma, seamos claros, acá no hay empleados fantasmas, ¿puede haber ñoquis?, no lo sé, no lo sabemos, pero fantasmas no hay ¿por qué la nombré?, porque le hice un favor a un compañero que pidió por ella’.
Agregó: “Ahí se terminaba toda esta bola de nieve. ¿La mujer ésta sí lo conoce a Kraisman, no es fantasma, ¿por qué no vino a trabajar?, no lo sabemos. ¿Qué pasó entre ella y Kraisman?, no lo sabemos. ¿Por qué Nadia pide la baja?, porque no pisó en todo el mes a trabajar; Myrian había sido clara en eso. El 27 de diciembre tuvimos una sesión maratónica, sacamos el Presupuesto 2025; la Ley Montero de Procedimiento Penal Juvenil; el nombramiento de Jéssica Valentini como nueva vocal del TSJ. En pleno receso estalla esto y algunos pícaros hicieron una bola de nieve aprovechando el receso estival”.
Al ritmo del Grupo Clarín
Un mes después de que estallara el escándalo, en una sobreactuación y poniéndose en el rol de fiscal de la Provincia, el Grupo Clarín a través de La Voz del Interior y del portal Ruido arremetió exigiendo transparencia del Estado cordobés en el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo a través de la publicación de los listados de los empleados.
Luego de que la Cámara Contencioso Administrativa de Primera nominación de Córdoba admitiera el recurso de amparo interpuesto por las terminales cordobesas de la empresa de Héctor Magnetto, el 17 de marzo, golpeada, Prunotto publicó la lista de 1.054 asistentes parlamentarios divididos en dos apartados: 343 ayudantes de los 70 legisladores provinciales; y 711 contratados como “asistentes legislativos no permanentes”.
La exigencia del Grupo Clarín al Gobierno de Córdoba de publicar las listas de empleados de la Legislatura y el Ejecutivo provincial dejó heridos como profetizara Enrique Santos Discépolo en Cambalache, “en el mismo lodo, todos manoseaos”: asesores de trayectoria y punteros. Por caso, integrante del Ejecutivo confió a Stripteasedelpoder.com que:
“María Amelia Chiofalo, es asesora no permanente y fue escrachada, pese a que sus pergaminos sobran para ser nombrada como asesora y bien podría ocupar una banca: tiene tres mandatos como legisladora; dos veces fue nombrada secretaria de Estado, es abogada y magister; es un lujo haberla buscado”.
El mismo funcionario evitó dar nombres, pero deslizó “también tenemos gente que sólo terminó el secundario, y no hablo sólo del oficialismo, sino también de la oposición. Y ni hablar de los parientes de funcionarios condenados por corrupción y después se llenan la boca con Ficha Limpia”, en clara alusión al youtuber ultraderechista Erick Kammerath, sobrino segundo del ex intendente menemista Germán Luis Kammerath condenado por corrupción, asesor del legislador Gregorio Hernández Maqueda, ex lilito que milita para el gobierno de ultraderecha.
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La mancha venenosa
Sin capacidad de reacción, el gobernador Martín Llaryora resultó raspado por un hecho absolutamente menor: un estafador hace que una cómplice se haga pasar por una empleada, para cobrar su sueldo. La voraz interna entre el gobernador Llaryora que está empecinado en jubilar al ex gobernador Schiaretti hizo el resto: desde el llaryorismo dejaron pegada a Fernández con Vigo; y desde el schiarettismo devolvieron favores filtrando que la vicegobernadora no estaba en Ongamira sin señal de celular, sino vacacionando en Nueva York en pleno marzo, cuando el receso legislativo había sido en enero.
Además, desde el schiarettismo apuntaron al nepotismo de Prunotto, quién logra que municipios contraten a la banda liderada por su marido Pablo Scalabrelli: por caso, Los Labreli actuaron en el Festival Minero de San Agustín (26 de octubre de 2024); en el Ansenuza Fest de Miramar (5 de febrero de 2025) y en Saldán el pasado 15 de febrero.
Como si se tratara de la mancha venenosa, ese juego infantil de antaño, el escándalo de los asesores fantasmas se cruzó las 19 cuadras que separan la Legislatura en el bulevar Guzmán con el Concejo Deliberante en la Costanera. El concejal Javier Fabre –un ex angelocista devenido en mileísta- elevó un proyecto para blanquear el tema en el Concejo y sus propios correligionarios le pidieron bajar la espuma.
“Los peronistas, miramos desde afuera”
El tendal de heridos por la guerra fría entre Llaryora y Schiaretti afecta, una vez más, a los peronistas de a pie. Como en el ’55, como en el ’76. Un viejo dirigente de la Seccional 7ª de la Capital lo graficó sin fisuras:
“Nos gobiernan los opositores: la vicegobernadora, radical y también estuvo con (Luis) Juez; (Juan Pablo) Quinteros, ministro de Seguridad se hartó de pegarnos cuando era juecista; la (Liliana) Montero lo mismo y ahora es ministra de Desarrollo Humano. (Pedro) Dellarossa es del PRO y está de ministro de Producción, lo mismo que (Darío) Capitani en Turismo. La (Jéssica) Valentini en el TSJ, es radical y prima del gobernador. En la Municipalidad tenemos a dos del PRO, al viceintendente (Javier) Pretto y al “Tucho” (Alberto) Ambrosio, que tiene una billetera gorda para ser secretario de Integración Regional y Vinculación Institucional, un curro.”
“Todos esos son del Partido Cordobés, ¿y los peronistas dónde estamos?, señalados y carneados por tres asesorías en la Legislatura por culpa del impresentable de Kraisman ¿Sabés por qué la carnearon a la Nadia?, porque se opuso públicamente a que la nombraran a la Valentini, cuando en el peronismo tenemos abogadas tan buenas o mejores que ella. ¿Dónde estamos los peronistas?, miramos desde afuera. El peronismo en Córdoba murió el 15 de septiembre de 2018, cuando murió José Manuel de la Sota”.
Stripteasedelpoder.com había publicado que la detención sin prensa ni estridencia con prisión domiciliaria del barón de Traslasierras Oscar González, había sido acordada por el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja –un cordobesista K- con el ministro Quinteros, justo el viernes 7 de febrero, durante la asunción de Jéssica Valentini como nueva vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Fue un gesto de la administración Llaryora para con el ex hombre fuerte de los gobiernos de Juan Schiaretti y José de la Sota durante un cuarto de siglo; pero no mucho más que eso. Al igual que todos los funcionarios schiarettistas procesados e imputados por la Justicia, el caso de González recibiría el mismo tratamiento por parte del gobernador: “Fueron 24 años, les estamos agradecidos. Pero este es otro ciclo”, confió un alto funcionario llaryorista.
El Presidente que no fue
La madrugada del lunes 26 de junio de 2023, tras largas horas de espera para confirmar su victoria sobre Luis Juez, el entonces intendente de Córdoba se convirtió en el nuevo gobernador y comenzó la larga marcha para jubilar al schiarettismo en su primer discurso: “Hay otra etapa nueva; claramente esta fue la elección donde hay una generación que se retira y una generación que ingresa. Por eso ya no están más los 24 años, sino que ahora empezamos de cero”; dijo sin reparos el gobernador electo Martín Llaryora, tratándose de sacudirse de encima el desgate que había tenido el cordobesismo a lo largo de un cuarto de siglo en el gobierno.
En otra de las jugadas para dejar a Schiaretti como un referente testimonial –ese lugar incómodo de presidente honorario- es forzarlo a ser candidato a diputado nacional y perder frente a los candidatos de la extrema derecha, ya sea Luis Juez o Rodrigo de Loredo aliados a la boleta de la neofascista La Libertad Avanza.
El ex gobernador lo sabe, por eso ya dijo en 2024 que no quiere ser candidato y que tiene su energía en ampliar su frente nacional de centroderecha Hacemos con Miguel Pichetto, Emilio Monzó, Nicolás Massot, Oscar Agost Carreño y Maximiliano Pullaro. En 1993, de la mano del entonces todopoderoso Domingo Cavallo y en pleno menemato, Schiaretti fue diputado nacional. En 2023 como candidato a presidente arañó 7% de los votos, imprescindibles para que Sergio Massa no ganara en primera vuelta.
Para evitar la derrota y que Llaryora aproveche y lo exponga, “El Gringo” reza la frase “quien fue Papa no quiere ser obispo”, y en los próximos días viajará a Roma. A su regreso, seguirá jugando al misterio, mientras ojea las encuestas.
Sabe que de acá hasta el cierre de las listas bajará la espuma por el falso “fin del cepo” y la llegada de dólares frescos del FMI, la inflación o la recesión seguirá golpeando los bolsillos de los argentinos, y la performance electoral de La Libertad Avanza seguirá a los tumbos como ocurrió en Santa Fe el domingo 13 de abril, donde el mileísmo puro de Nicolás Mayoraz quedó tercero a 20 puntos de la alianza de Pullaro, aliado de Schiaretti y Llaryora.
En caso de perder la pulseada ante Llaryora y sus socios fuera de Córdoba, como los ex PRO bonaerenses Monzó y Massot, y no le quedara otra salida que encabezar la boleta de Hacemos Unidos por Córdoba, Schiaretti ya trabaja para dividir el voto mileísta: por izquierda alienta la vieja Lista 3 del radicalismo de la mano de Ramón Javier Mestre; y por derecha, el desembarco en tierra mediterránea del villarruelismo, que podría presentar candidatos propios por fuera de LLA. Ambas canastas restarían votos a De Loredo o Juez, posibles candidatos del mileísmo.
Schiarettismo machirulo
El caso de Guillermo “El Puma” Kraisman es el más palpable de que el gobernador no va a mover un resorte en la Justicia para salvar a los ex funcionarios que pasaron por los gobiernos de Schiaretti y De la Sota.
El 27 de diciembre pasado, último viernes de 2024, mientras se desarrollaba una sesión maratónica en la Legislatura; hubo dos novedades políticas importantes que “raspan” al cordobesismo: Juan Francisco Ledesma, ex coordinador del COE durante la pandemia por Covid-19 fue condenado a seis años de prisión por el delito de violación y violencia de género contra una ex pareja; y Gustavo Brandán asumió como ministro de Cooperativas y Mutuales, en reemplazo de Martín Gill; el renunciado ministro imputado por lesiones leves calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género contra su ex pareja.
Para tratar de alivianar el impacto en la opinión pública, en una clara jugada del poder cordobesista, la condena a Ledesma y el reemplazo de Gill ocurrieron entre las Fiestas de Navidad y Año Nuevo, cuando la gente no está atenta a la realidad política. Lo mismo ocurre con el juicio por los cinco bebés muertos en el Hospital Materno Neonatal ‘Ramón Carrillo’ ocurridas en 2022; donde el Poder Judicial a instancias del cordobesismo decidió iniciar el proceso en plena feria judicial de verano, cuando la atención de la opinión pública estaba enfocada en las vacaciones o en el bombardeo estupidizante del Icardigate.
Ledesma y Gill son apenas dos de la troupe de funcionarios del pejotismo que a lo largo de 25 años han ejercido su poder político, y que ahora están bajo la mira de la Justicia por delitos de índole privada.
De Defensa Civil a violar a una bombero
El caso más resonante de violencia machista los últimos meses es el de Diego Concha, sempiterno jefe de Defensa Civil durante los sucesivos gobiernos de José de la Sota y Juan Schiaretti, quien el 27 de agosto de 2024, fuera condenado a prisión perpetua por el delito de abuso sexual seguido de homicidio en perjuicio de Luana Ludueña. Una bombera voluntaria de 26 años que se quitó la vida en enero de 2022, nueve semanas después de haber sido abusada por el jefe bombero.
A fines de noviembre de 2021, el director de Defensa Civil de la Provincia de Córdoba, Concha fue detenido por haber cometido distintos hechos de violencia de género contra su ex esposa. El Gobierno de Córdoba no despidió a Concha, sino que le aceptó la renuncia “por motivos personales”.
A los pocos días, Luana Ludueña (26), una bombero voluntaria de la localidad de Pilar, denunció que Diego Concha la había violado cuando fue a una reunión con él, cerca de Villa Carlos Paz, para evaluar su ingreso al cuerpo de elite del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC).
En enero de 2022, en medio de una depresión creciente por el ataque sexual cometido por Concha y los sucesivos aprietes sufridos a manos de un bombero que reportaba con el ex jefe de Defensa Civil, Luana se suicidó. En julio del mismo año, la Justicia amplió la imputación contra el sospechoso y lo imputó por los el delito de “homicidio con motivo del abuso sexual con acceso carnal calificado por haber sido cometido en ocasión de sus funciones”. En agosto de 2024 fue condenado a prisión perpetua.
Y tres meses después, en noviembre del mismo año, fue condenado Emiliano Conti, ex novio de Luana a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y la obligación de pagar $ 4 millones, más intereses, a favor de la familia de víctima, por el delito de privación ilegítima de la libertad calificada por el uso de amenazas en perjuicio de Luana Ludueña.
Tras el suicidio de la joven, su padre Sergio Ludueña contó a los medios que “el día que Concha la abusó, Luana le contó a Conti; pero este tipo en vez de protegerla le pegó para que no hable, le quitó el celular al frente de mi casa y se quedó ahí como 15 minutos esperando. Emiliano Conti es un bombero de Ballesteros, pero tiene un cargo en el ETAC. Quería que Luana cambiara su declaración, la perseguía. La secuestró en un auto, no la dejaba bajar, la trataba mal y la acusaba”.
Golpeador de su ex
El 14 de noviembre de 2021 hubo elecciones legislativas en el país. La noticia que copaba los medios fue el desarrollo de los primeros comicios en pandemia. Esa mañana de domingo el director de Defensa Civil de Córdoba Concha, llegó hasta la casa donde vive su ex esposa en La Cumbre y la sometió a distintos hechos de violencia que incluyeron amenazas con un arma de fuego en su cabeza.
Ese mismo domingo, a la tarde Concha llevó por la fuerza a Luana Ludueña y la violó en un hotel alojamiento de la localidad de Malagueño, muy cerca de Villa Carlos Paz. Como Luana vivía en Pilar, un pueblo ubicado a 50 kilómetros al sudeste de esta Capital, el poderoso funcionario citó a su víctima en Córdoba y de allí irían a la sede del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC), que está ubicado cerca de Villa Carlos Paz. Pero eso no ocurrió, y el funcionario abusó sexualmente de la joven subordinada.
Dos ataques a dos mujeres en el mismo día
La ex pareja de Concha había denunciado que desde que se separó –aproximadamente en junio de 2021-, comenzó el hostigamiento y las amenazas, personales y telefónicas. La mujer integra el Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes, un grupo de elite dependiente del Ministerio de Seguridad y de la Dirección de Defensa Civil, destinado a la especialización de efectivos en el combate del fuego y ante catástrofes naturales; el mismo lugar donde quería ingresar Luana Ludueña.
Tras la golpiza a su ex esposa, el viernes 26 de noviembre de 2021, un frío tuit subido a las 19.34 por orden del ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba, Alfonso Mosquera, señalaba que Concha había renunciado a su cargo por razones de carácter personal: “Informamos que en horas de la mañana, Diego Concha presentó su renuncia al cargo de Director General de Protección Civil por razones de carácter personal. La misma ha sido aceptada”. Al igual que Concha, el ministro Mosquera es un golpeador y abusador de mujeres, de allí su cobertura y blindaje.
Ese mismo día a la siesta, cinco horas antes del tuit del Ministerio de Seguridad cordobés, la ex esposa de Concha, una reconocida bombero voluntaria del Valle de Punilla lo había denunciado por violencia de género:
“Ayer, aproximadamente a las 14.30 horas, después de haberle receptado el testimonio a la señora ex pareja de Diego Concha, decidimos la imputación y la orden de detención se libró y se ejecutó en horas de la noche, de modo tal que está detenido el ex funcionario provincial. En la mañana de ayer (viernes) o en las últimas horas de antes de ayer (jueves) se le tomó una denuncia en Córdoba a la señora, en el marco de violencia familiar y ahí sí ella hizo referencia a hechos de violencia física, violencia psicológica, amenazas; de modo que encontrándome yo a cargo de la Fiscalía de Cosquín, por licencia de su titular, la doctora (Paula) Kelm, me trasladé hasta la sede e hicimos comparecer a la señora para que nos brindara un testimonio”, detalló el fiscal Raimundo Barrera.
Cerca de la medianoche de ese mismo viernes 26 de noviembre, Concha fue detenido por orden del fiscal Barrera, quien lo imputó de los delitos de “lesiones calificadas, amenazas calificadas reiteradas por uso de arma de fuego y coacción”. El Gobierno de Córdoba encubrió hasta último momento a su funcionario, no lo despidió.
Seis años de prisión y detenido
El mediodía del viernes 27 de diciembre de 2024, los jueces de la Cámara Primera del Crimen, José Pueyrredón, Carlos Granda Avalos y Mario Capdevila condenaron a Juan Francisco Ledesma -ex director del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) y del Hospital de Niños “De la Santísima Trinidad”- a la pena de seis años de prisión por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad calificada por el uso de violencia.
El juicio había comenzado el martes 3 de diciembre, y el ex funcionario llegó en libertad. Casi un mes después, antes del Año Nuevo, tras conocerse la sentencia, quedó detenido. Paradójicamente, el fallo judicial de la Cámara Primera contra Ledesma fue el 27 de diciembre; exactamente tres años después de la fecha en que según los jueces Pueyrredón, Granda Avalos y Capdevila, ocurrió el primer ataque contra su ex pareja, el 27 de diciembre de 2021.
En las audiencias realizadas a puertas cerradas por tratarse de un delito de instancia privada, se demostró que Ledesma y su víctima mantuvieron una relación sentimental durante dos décadas, con idas y vueltas y lapsos en los que ambos entablaron otras relaciones paralelas.
Según la acusación contra el ex director del COE y del Hospital de Niños “De la Santísima Trinidad”, el lunes 27 de diciembre de 2021 Ledesma se presentó en el domicilio de su ex pareja para tratar de reiniciar nuevamente la relación y la abusó sexualmente, además de golpearla. Según la denuncia de la mujer, “(Ledesma) quería volver y, como yo no accedía, él me presionaba las piernas, me apretaba fuerte; como consecuencia de ello tengo moretones”. La víctima indicó, además, que era sometida a “constantes maltratos psicológicos y verbales”. En ese contexto, la habría retenido ilegítimamente, contra su voluntad, para luego abusarla sexualmente.
En el juicio, el defensor de Ledesma, el reconocido penalista Darío Vezzaro relató pormenorizadamente la versión del acusado, quién dijo que la relación sexual del lunes 27 de diciembre de 2021 fue consentida; como así también los sucesivos encuentros sexuales del martes 28 de diciembre y los días restantes de 2021. Incluso, la pareja celebró la llegada de 2022 junto a un familiar de la mujer.
Según la acusación de la fiscal Milagros Gorgas, el segundo hecho habría sucedido ya en enero de 2022 -el domingo 2- y con la misma modalidad: agresión y abuso sexual con acceso carnal; pese a que la víctima ya había señalado que no tenía ninguna intención de retomar la relación con Ledesma.
En la denuncia presentada en la Justicia en los primeros meses de 2022, la mujer señaló que el funcionario la presionó para desistir de la acusación diciéndole que él “es influyente” y “la que tendría problemas” sería ella. En septiembre de ese año, luego de ser imputado, la ministra de Salud de Córdoba, Gabriela Barbás, le pidió la renuncia a Ledesma como director del Hospital de Niños.
Durante los alegatos, la fiscal de Cámara, Milagros Gorgas había pedido una condena de seis años y 10 meses de prisión para Ledesma, lo mismo que la querella de la mujer, representada por el abogado Carlos Nayi que derivó el caso en una abogada de su estudio; dejando todo el peso de la acusación a la fiscal.
El abogado defensor de Ledesma, Darío Vezzaro, pidió la absolución para su cliente y que en caso de ser condenado se le aplique el mínimo de pena y no se lo detenga. Además de la condena a seis años de prisión, Juan Ledesma fue sentenciado a indemnizar a su ex pareja con la suma de $ 5 millones. La defensa del ex funcionario ya anunció que apelará la sentencia en primera instancia.
Director del Hospital de Niños y jefe del COE
Durante dos décadas Juan Francisco Ledesma fue una especie de vaca sagrada de la Salud Pública provincial, hombre de consulta como pediatra, emergentólogo, director del Hospital Municipal Infantil; director del Servicio de Emergencias Municipal 107; director del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad; y como coordinador del Comité Hospitalario para Emergencias y Desastres; experiencia que lo llevó a dirigir el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) organismo creado para combatir la pandemia de Covid-19 y que tuvo una duración exacta de dos años: entre el 24 de marzo de 2020 y el 22 de marzo de 2022.
De militancia radical en su juventud –pasó por Franja Morada en la Facultad de Ciencias Médicas-; en 2002 llegó a ser jefe de guardia en el Hospital de Niños de la bajada Pucará, en el Polo Sanitario; hasta que llegó a director en diciembre de 2019, durante el último gobierno de Juan Schiaretti. De buena llegada con los medios, los colegas y personal de la Salud le reconocieron a Ledesma ser “un tipo de campo, de trinchera, no de escritorio”. Además de funcionario de Juan Schiaretti en la Provincia, Ledesma fue funcionario en las administraciones municipales de Daniel Giaccomino (cuando aún no había roto con Luis Juez) y del radical Ramón Javier Mestre.
Esa larga experiencia puso a Ledesma al frente del COE en la cuestión operativa; ya que el entonces ministro de Salud, Diego Cardozo, manejó el Ministerio y el COE con mano dura. En agosto de 2022, Cardozo renunció a su cargo a causa de la muerte de cinco bebés en el Hospital Materno Neonatal “Ramón Carrillo” –es uno de los funcionarios que está siendo juzgado-; y un mes después la flamante ministra Barbás le exigió la renuncia a Ledesma al frente del Hospital de Niños, tras ser imputado.
Martín Gill, el cordobesista K
“No voy a ampararme en ningún tipo de fuero”, mintió Martín Gill, el dirigente cristinista / albertista / schiarettista cuando cercado por las pruebas en su contra por violencia de género contra su ex pareja, el miércoles 13 de noviembre de 2024 renunció a su cargo como ministro de Cooperativas y Mutuales: ni los ministros ni los legisladores provinciales tienen fueros ni inmunidad de función.
El domingo 19 de marzo de 2023, la ex pareja de Gill, Lourdes Astudillo, acompañada por su abogada Florencia Vottero lo denunció ante la fiscal Juliana Companys. Con el testimonio de la mujer, la fiscal de Villa María imputó al ex ministro del gobierno de Martín Llaryora, ex intendente de Villa María, ex diputado nacional, y ex rector de la Universidad Nacional de Villa María, por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por violencia de género. Inmediatamente ordenó pericias para ambos.
Recién un año y ocho meses después de ser imputado, Martín Gill renunció al Ministerio de Cooperativas y Mutuales, cargo al que había asumido en diciembre de 2023, cuando Llaryora se convirtió en gobernador. Al momento de la denuncia, Gill estaba al frente de la Municipalidad de Villa María.
En las elecciones de 2019, Gill había logrado su reelección con la boleta de Hacemos por Córdoba por un aplastante 54,7% de los votos frente al macrista Juan Zazzetti, director del PAMI Córdoba, quien obtuvo 30,19%. Ese año, un acuerdo entre CFK y su hijo Máximo con el gobernador Juan Schiaretti hizo que el kirchnerismo baje la boleta provincial de Pablo Carro gobernador y que el pejotismo local abra las listas municipales y cargos en la Provincia. Por eso, Gill con el apoyo de los ultracristinistas Martín Fresneda y Gabriela Estévez se alzó con la cómoda victoria en Villa María.
En diciembre de ese mismo 2019, tras el triunfo de Alberto Fernández, Gill tomó licencia como intendente y asumió como secretario de Obras Públicas de la Nación, segundo de Gabriel Katopodis. Dos años después, en diciembre de 2021, Gill debió volver a la Municipalidad de Villa María porque sus ex aliados schiarettistas que responden al otro barón pejotista Eduardo Accastello, no avalaron la extensión de su licencia:
“En este caso, existían especulaciones políticas diferentes y había manifestaciones previas que se oponían a la licencia. Cuando veíamos que no se iba a alcanzar un acuerdo, decidimos trabajar en la posibilidad de volver a la intendencia, a la que regreso con orgullo y con la determinación de llevar adelante los dos años que restan. No vuelvo como una derrota. La ciudad me autorizó a cumplir una función en un momento muy delicado para el país, en el que se necesitaba poner en marcha un equipo con visión federal”, confesó Gill en una entrevista con Cadena 3.
En las elecciones parlamentarias de octubre de ese año, Gill fue candidato a diputado del Frente de Todos y no accedió a la banca. Para la boleta del Senado fue el binomio Carlos Caserio – Gabriela Estévez; y el viejo dirigente pejotista perdió su banca a manos de Alejandra Vigo, la esposa del entonces gobernador Schiaretti.
Gill, entre la Iglesia y el aborto
El miércoles 26 de abril de 2023, cinco semanas después de la denuncia, Lourdes Astudillo le dio una entrevista exclusiva a Perfil Córdoba donde contó que estaba separada de una pareja anterior con la que tuvo dos hijos; que en febrero de 2022 conoció a Gill a través de Instagram y que se inició un “noviazgo” con algunos días de convivencia en la semana, incluso que en mayo viajaron juntos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La mujer aseguró que un mes después, su realidad cambió radicalmente:
“Quedé embarazada. Cuando le pasé las fotos de los dos test que me hice él no lo podía creer. Desde ese momento se pegó a mí, a todo lo que me rodeaba, quiso conocer a mis hijos. Vino a buscarme a casa para llevarme a la suya. No me dejaba sola ni un momento. Recuerdo un domingo que lloró mucho, la idea del embarazo le hacía mal y me decía que se iba a arruinar su vida. Eso me afectó anímicamente. Yo quería tener a mi hijo. Un día le pregunté si quería que abortara y me dijo: ‘Si te parece, sí’. Son palabras que nunca voy a olvidar.”
“Le respondí que quería seguir el embarazo yo sola, que no sería la única mujer en tenerlo así. Pero insistía en que no se podía porque él era conocido. La preocupaba su nombre. Esto fue un domingo. Al día siguiente me dijo que haríamos un viaje a Traslasierra, donde tenía un encuentro con intendentes. Me propuso que fuéramos los cuatro, nosotros y mis dos hijos. En ese viaje, por la noche cuando volvió de la reunión se largó a llorar en la habitación y me volvió a decir que no podía tener el bebé, que se complicaría con su familia, su carrera.”
“Le dije “¿cómo te puede complicar un hijo?”. Yo también comencé a llorar. Insistió y tomé la pastilla. A la madrugada tuve dolores muy fuertes, como si estuviera pariendo. Cuando fui al baño, largué todo. (Llora) Era mucha sangre. Le pedí que me llevara a la guardia (de un sanatorio) por la hemorragia. Y me dijo: ‘No, cómo te voy a llevar si abortaste’. Yo estaba bloqueada. Y a él lo veía bien, como si se hubiera sacado un peso de encima”.
La decisión de la interrupción del embarazo sugerida por Gill, según el testimonio de su ex pareja, iría contra los preceptos religiosos del ex ministro llaryorista, hombre muy ligado a la Iglesia. En el relato con Perfil Córdoba, Lourdes Astudillo avanzó:
“No quería hacer lo que hice (someterse a un aborto). Comencé a sentirme muy mal. Él me decía que tenía que estar tranquila. A los dos días, vi que subió fotos con sus hijos. Me dolió y me lastimó muchísimo”; y agregó que luego de ese suceso comenzó a sufrir violencia por parte del entonces intendente de Villa María: “En septiembre yo descubro engaños por relaciones suyas con otras personas. En octubre puse un local de ropa y para eso fuimos a buscar mercadería a Carlos Paz. Cuando regresamos vuelvo a ver que tenía ese mismo tipo de vínculos. Se lo dije. Él me empujó a la cama y comenzó a ahorcarme. Sentí que me faltaba aire. Fueron segundos, pero me pareció mucho tiempo. Me repetía una y otra vez: ‘Es para que te tranquilices’”.
La ex pareja de Gill también señaló que “un día estaba con una amiga y me hizo una videollamada en la que me dijo que si no mejoraba me iba a internar. Comencé a tener ataques de pánico. Nunca antes había sentido eso. La psicóloga le pasaba información de todo lo que yo decía. Era un control terrible, el poder que tenía sobre mí. Me manipulaba como quería. Bajé siete kilos desde que estuve con él. Lo que soy ahora no es lo que conoció Martín. Yo era otra persona”.
Al banquillo de los acusados
En una prolija investigación, con profusa prueba colectada, la fiscal de Villa María Juliana Companys logró poner en el expediente todos y cada uno de los hechos de violencia cometidos contra Lourdes Astudillo por el ex secretario de Obras y Servicios Públicos del gobierno de Alberto Fernández, ex intendente, ex rector de la UNVM, y ex ministro de Cooperativas del gobierno de Martín Llaryora.
En su declaración inicial en agosto de 2023, Gill rechazó de manera tajante las acusaciones de violencia. “Nunca efectué ningún tipo de agresión ni física ni verbal contra Lourdes, ni contra cualquier otra persona, tanto en la vida privada como en la vida pública”. En marzo de 2024 volvió a declarar ante la Justicia.
La legisladora del Frente Cívico, Nancy Almada.; le dijo a Stripteasedelpoder.com: “En los primeros meses de mi gestión como legisladora, el ministro Martín Gill fue denunciado por violencia de género, acusado de haber golpeado a su ex pareja. El 12 de abril de 2024 convocamos a la Comisión de Género en la Legislatura para tratar este y otros temas. Sin embargo, las legisladoras del oficialismo, integrantes de la Comisión y representantes del gobierno de Llaryora, evitaron dar quórum como maniobra para silenciar el debate.”
Y agregó: “A pesar de esto, desde la oposición llevamos adelante la Comisión, manifestándole al gobernador la necesidad y urgencia de exigir la renuncia de Gill al cargo de ministro. Desde entonces, todos los miércoles en las sesiones legislativas insistimos en el pedido de su dimisión. Sin embargo, todos los proyectos fueron rechazados por el bloque oficialista, conformado por legisladoras y legisladores de Hacemos Unidos por Córdoba, quienes apañaron su permanencia en el cargo, mostrando una preocupante falta de ética y moral para abordar esta situación.”
La legisladora opositora señaló que “la defensa del ministro Gill dentro del Poder Legislativo estaba muy lejos de la supuesta lucha contra la violencia de género que este Gobierno peronista proclama públicamente. Resultaba incoherente que los funcionarios de Martín Llaryora parecieran gozar de una impunidad que no tienen los vecinos comunes, quienes enfrentan el peso de la justicia sin privilegios”.
Almada expuso el blindaje del pejotismo: “Tras 18 meses de insistencia y presión, Gill pidió licencia como ministro de Cooperativas y Mutuales. Sin embargo, esto no fue más que un artilugio legal para dilatar el caso, luego que la jueza rechazara los argumentos de anulación de la investigación y la causa avanzara hacia el juicio. Solo en ese momento, al ser elevada la causa a juicio, Martín Gill presentó finalmente su renuncia.”
Y apuntó: “No sabemos si lo hizo por la insistencia de la oposición, porque ya no se podía sostener más el discurso oficialista o porque se le acabó la suerte. Lo cierto es que, hasta que no se resuelva su situación judicial, el ministro ya no ocupará el cargo que nunca debió haber mantenido. Como quedó expuesto, durante todo ese tiempo, a pesar de estar imputado y enfrentando un proceso judicial, el Gobierno decidió mantenerlo en su cargo, alegando que la causa no tiene nada que ver con su cargo”.
Como bien señaló la legisladora Almada, recién en septiembre del año pasado, 18 meses después de ser denunciado por su ex pareja, Gill solicitó licencia como ministro y en noviembre de 2024 renunció, cuando la jueza de Control de Villa María, María Soledad Dottori, rechazó un planteo interpuesto por la defensa de Gill, que cuestionó la actuación de la fiscal Companys. En su resolución de 104 páginas, la jueza Dottori, confirmó la elevación a juicio contra Gill por el delito de lesiones leves calificadas agravadas por el vínculo y por violencia de género en perjuicio de Lourdes Astudillo.
En su nota de renuncia dirigida al gobernador Llaryora, Gill señaló: “Motiva la presente la decisión de ejercer de manera inquebrantable el derecho de defensa que como garantía constitucional me asiste, con todos los recursos y elementos que se encuentren a disposición, y la decisión es de hacerlo como un ciudadano común”.
Finalmente, con el Ministerio de Cooperativos y Mutuales acéfalo desde septiembre de 2024, el viernes 27 de diciembre, en reemplazo de Gill fue nombrado como nuevo ministro el llaryorista Gustavo Brandán. Se espera que el ex ministro sea juzgado en el primer semestre de este 2025.
Juez condenado y a la casa
El 13 de septiembre de 2024, la Cámara 12ª del Crimen condenó al ex juez Francisco Martín Flores a la pena de seis años y dos meses de prisión efectiva por considerarlo autor de abuso sexual con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad calificada, y amenazas calificadas en perjuicio de AE, su ex pareja de 39 años de edad.
Los camaristas Gustavo Rinaldi, Ana María Lucero Offredi, y Susana Blanc Gersisich, atendiendo la solicitud del fiscal de Cámara, Mariano Antuña, ordenaron que Flores purgue su condena bajo el régimen de prisión domiciliaria, “fundada en el interés superior del niño, ya que sus dos hijos menores de edad, actualmente, están bajo el cuidado exclusivo del condenado, por resolución del Juzgado de Familia de 8ª Nominación, con la asistencia de los organismos técnicos. La sentencia también ordena la colocación de una tobillera electrónica que asegure el control del cumplimiento de las obligaciones propias de la modalidad de detención dispuesta”, informó el sitio oficial Justicia Córdoba.
En una entrevista con Perfil Córdoba, AE, la víctima de Flores contó que “en mi caso fue raro. Yo no fui la que denuncié. Esto surgió por una falsa denuncia de él. De hecho él se fue de la casa y me denunció. Eso destapó todo. Fue un proceso diferente. A lo largo del tiempo siento que estoy más fuerte”.
La investigación se inició en 2018 en la Fiscalía de Villa Carlos Paz, a cargo de Jorgelina Gómez, luego de que la pareja decidió separarse en un contexto de violencia. Intervino, inicialmente, el Polo de la Mujer. Recién entonces la Justicia tomó conocimiento de hechos que se venían produciendo –según las pruebas reunidas– desde 2012, con episodios intermitentes que habrían profundizado las discusiones y agresiones entre los integrantes de la pareja.
Jury y destitución
Para poder ser sometido a la Justicia ordinaria y por tener el privilegio de inmunidad por tratarse de un juez del fuero Civil y Comercial –Flores estaba a cargo del Juzgado de 27ª Nominación-, en mayo de 2023 se inició en la Legislatura de Córdoba el proceso de destitución a través del jury de enjuiciamiento para magistrados y funcionarios judiciales.
Este tribunal integrado por las legisladoras Julieta Rinaldi (presidenta, de Hacemos por Córdoba), Victoria Busso (Hacemos por Córdoba), Silvia Paleo (Juntos por el Cambio) y Daniela Soledad Gudiño (Juntos-UCR) y el representante del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el vocal Luis Enrique Angulo; finalmente destituyó como juez a Francisco Martín Flores en junio de ese año. La acusación estuvo a cargo de Juan Manuel Delgado, fiscal General de la Provincia.
Flores fue destituido como juez civil por mal desempeño y supuesta comisión de delitos, contempladas en el artículo 154 de la Constitución Provincial, lo cual implica también la inhabilitación para ejercer cargos en la Justicia provincial. Además fue despojado de la inmunidad funcional de la que gozaba por su condición de magistrado y, en consecuencia, pudo ser sometido a un juicio oral ante los tribunales ordinarios de la Justicia Penal, donde finalmente fue condenado a seis años y dos meses de prisión.
Iglesia y Estado, asunto separado
Para evitar el jury, el juez Flores no contó con el blindaje del pejotismo provincial, sino de la propia Iglesia Católica: “Expresamos nuestra honda preocupación acerca del proceso de Jurado de Enjuiciamiento llevado a cabo en contra de Francisco Martín Flores. Sabemos que el perjuicio a producirse si se lo destituye puede ser irreparable”, reza una carta del vicario general de la Iglesia Católica de Córdoba, obispo auxiliar Ricardo Orlando Seirutti García solicitando que Flores no sea destituido, enviada al fiscal General Gustavo Hidalgo, ex Fiscal Anticorrupción que nunca encontró una macula contra el gobierno del cordobesismo; a los integrantes del TSJ; y a la legisladora Rinaldi, presidenta del Jury de Enjuiciamiento.
El obispo Seirutti García también advirtió que su posible destitución, “menoscaba la citada garantía de inocencia al privar al juez Flores de ser inocente hasta que una sentencia diga lo contrario”. Además del sacerdote, que tuvo que salir a aclarar que el intento de presión ejercido fue “a título personal”; hubo varios jueces del Fuero Civil que presionaron corporativamente en la Fiscalía General, para que el juez Flores no fuera destituido. Incluso, la jueza de Familia, Soledad Vieytes prohibió a AE, ex mujer de Flores que se exprese en los medios sobre la denuncia en cuestión.
Finalmente, tras la destitución como juez Civil, Flores fue condenado a seis años y dos meses de prisión, con el beneficio de cursar la condena en forma domiciliaria por estar a cargo de sus hijos.
El hijo del juez, el ministro golpeador
Alfonso Fernando Mosquera se llama. Su último cargo, legislador provincial, le sirvió de guarida cuando salió eyectado como ministro de Seguridad de la Provincia el 20 de septiembre de 2022, tras descubrirse que había operado para encubrir el asesinato de Blas Correas a manos de la Policía de Córdoba, ocurrido el 6 de agosto de 2020. Ahora ha confirmada su elevación a juicio oral, por violencia de género ejercía contra una mujer policía con quién mantuvo una relación extramatrimonial.
En abril de 2023, acorralado por las pruebas en su contra y tras permanecer escondido siete meses bajo su banca, Mosquera solicitó licencia en la Legislatura, hasta que se le terminó el mandato en diciembre de ese año. El pejotismo de Juan Schiaretti hizo lo posible y lo imposible para blindarlo.
A principios de 2018, días después del nunca esclarecido atraco a la cueva del financista Guido Romagnoli donde fueron asesinados el policía Franco Ferraro (29), y los delincuentes Ricardo Serravalle (53) y Rolando Ricardo “el Ciego” Hidalgo (62) –el Viernes Negro de Nueva Córdoba- se montó una operación para destituir al entonces secretario de Seguridad, Diego Hak. En el mes de mayo, desde algunos medios como el matinal de El Doce conducido por Aldo “Lagarto” Ghizzardi; se alentó contra la figura de Hak, quién terminó renunciado el 6 de julio de ese año.
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Sin reemplazo a mano, Schiaretti convocó a Mosquera, el único antecedente que tenía era haber sido testigo a favor del viudo Marcelo Macarrón, en el caso del femicidio de Nora Dalmasso. Además, claro está, de ser hijo del juez menemista José Alejandro Mosquera, integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.
Asumido en julio de 2018 como secretario, Alfonso Mosquera fue ascendido a ministro de Seguridad en diciembre de 2019 cuando Schiaretti asumió su tercer mandato. Pero acorralado por las pruebas en su contra por haber tratado de encubrir el crimen de Blas Correas a manos de la Policía, el 6 de agosto de 2020, tras el asesinato en la comisaría de La Falda de Jonatan Romo, un paciente psiquiátrico que había sido detenido, el 20 de septiembre de 2022, Mosquera renunció como ministro de Seguridad:
“En el marco de la reestructuración ministerial dispuesta por el Sr. Gobernador de la Provincia, @JSchiaretti, he presentado mi renuncia indeclinable al cargo de Ministro de Seguridad con el que oportunamente fuera honrado. Agradezco al Sr. Gobernador por haberme conferido el honor de formar parte de su Gobierno”, posteó en Twitter anunciando su despido.
El 21 de julio de ese año, había negado tajantemente la posibilidad de dar un paso al costado:
– ¿No va a renunciar?
– Pero ni lo sueñen –respondió desafiante Mosquera ante la repregunta del periodista en una rueda de prensa. Giró su cabeza con rapidez, su rostro se transformó y mirando con desprecio, aseguró que seguiría atornillado al cargo: “Quién reclama mi renuncia, puede desgañitarse pidiéndola, que no la va a tener: por mis propias convicciones, por mi propio temperamento y porque tengo una misión que me ha sido encomendada que no habré de abandonar”.
A juicio por violencia de género
En septiembre del año pasado, el fiscal de instrucción de Violencia de Género y Familia de Segundo Turno, Gerardo Reyes, efectuó la solicitud de elevación a juicio en la causa seguida contra el otrora todopoderoso Mosquera, ya en el llano y sin la protección del llaryorismo, por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, lesiones leves doblemente calificadas, privación ilegítima de la libertad calificada, y hurto y amenazas.
Siendo ministro de Seguridad, Mosquera usó su poder para seducir a una subordinada suya: “Lo conocí en el año 2020, tuvimos una relación de dos años, me pedía casamiento, hijos y que nos fuéramos a vivir al exterior para hacer nuestras vidas”, relató la víctima en abril del año pasado una entrevista con el periodista Jorge Ybáñez de El Doce.
La mujer, que está patrocinada en la querella contra Mosquera por el penalista Marcelo Touriño le contó a El Doce que “era una buena relación que después se transformó en una relación mala, de mucha violencia, golpes, celos … y de amenazas de muerte. Estaba enamorada de él”.
La joven policía también acusó al ex ministro de Seguridad de haber consumido cocaína: “Mosquera se justificaba, siempre se justificaba que era a causa del consumo de la cocaína que tomaba, me pedía disculpas, me suplicaba perdón llorando después comenzaron las amenazas, tenía siempre un arma de fuego encima. Me amenazaba, que iba a pegarme el tiro en la cabeza. Mirá al cielo, vas a terminar como la madre de mis hijos … muerta. Yo tenía mucho miedo”.
En junio de 2013, la ex esposa de Mosquera, Silvana Massoero se suicidó. Era la mejor amiga y confidente de Nora Dalmasso, asesinada en noviembre de 2006, cuyo femicidio continúa impune. Una semana antes del suicidio de Massorero, Mosquera la había hostigado.
En la nota con El Doce, la víctima detalló que el funcionario schiarettista y ex legislador delasotista “me violó, me violó en varias oportunidades, no encontré otra salida que querer quitarme la vida” y que “después de todas las violaciones, tomé la decisión de quitarme la vida. No soportaba más los maltratos. La última vez que hablé con él me pegó”.
Visiblemente atormentada por la relación asimétrica con Mosquera –él un ministro poderoso con relaciones a ambos lados de la ley y ella apenas una policía de calle- la joven relató que la última vez que vio a su amante, éste la golpeó con un casco de moto: “Fue a un evento de mi familia a buscarme y ahí le planteé nuevamente que yo no quería estar con él. Le pedí por favor que se retire, siguió amenazándome, insultándome. Ahí me pegó en la cara con un casco porque él estaba en motocicleta. Me pegó en la cara con el casco”; y agregó: “No sabría decirle si hay testigos”.
La mujer policía ratificó su acusación contra el ex ministro de Seguridad del gobierno de Juan Schiaretti: “Quiero que quede claro que Mosquera es un violento, un monstruo. Quiero justicia y que pague todo el daño que me ha causado. Pido justicia, pido que pague todo el daño que me ha causado a mí y a mi familia. Quiero que pague. Pido justicia antes de que sea tarde, él juró matarme. Confío en la justicia”.
Al momento de conceder la entrevista con El Doce, la ex amante de Mosquera mantenía una relación con un comisario de la Policía de Córdoba, que fue quién la encontró agonizando por su intento de quitarse la vida y llamó a un servicio de emergencias: “Es el que me ha salvado la vida”, le agradeció la mujer.
Un dato del poder que sigue teniendo el ex ministro Mosquera: su hijo Jorge Ignacio Mosquera, es uno de los asesores no permanentes de la Legislatura cordobesa.
El Hamidou cordobés
En 1978 el director Alan Parker revolucionó al mundo con Expreso de Medianoche, donde se denunciaba el terror en las cárceles turcas. El guionista que retrató al feroz carcelero Hamidou y a su víctima Billy Hayes fue nada menos que Oliver Stone. Cuarenta y cinco años después, en diciembre de 2023 el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier ordenó detener a Juan María Bouvier, jefe del Servicio Penitenciario de Córdoba, durante los últimos 15 años.
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Bouvier había asumido en el SPC en marzo de 2008, y desde allí tejió una red delictiva convirtiendo a las cárceles cordobesas “en centros de operaciones de múltiples bandas destinadas a estafar libremente desde el interior de las cárceles, mediante la utilización de teléfonos celulares”, según la investigación de Gavier.
En octubre del año pasado, el juez de Control N° 7, José Milton Peralta avaló el trabajo del fiscal Gavier y en un dictamen de 158 fojas, describió a Bouvier como el mismísimo Hamidou cordobés: “Manejaba el SPC de manera totalitaria, arbitraria y corrupta”.
Peralta acusó al ex director penitenciario de corromper el SPC, obstaculizar el ascenso o permanencia de penitenciarios que entorpecían el funcionamiento de la banda que comandaba, y de ubicar a familiares en cargos prominentes. Además lo acusó de omitir controles de seguridad, y montar un mercado ilegal de elementos prohibidos, recibir dinero a cambio de beneficios para los internos, ordenar a sus subalternos inmiscuirse en el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario; permitir el ingreso de visitas irregulares -que no quedaban registradas- a los internos, posiblemente a cambio de dinero.
Además de Bouvier, la banda de penitenciarios estaba integrada por su pareja Silvia Guadalupe Barbero y los exfuncionarios penitenciarios Diego Martín Ayala, Héctor Hugo Robledo, Darío José Tello Pajón y Víctor Hugo Vivas.
Tres meses antes de la caída de Bouvier, en septiembre de 2023, habían sido detenidos el ex director de Operaciones del complejo carcelario de Bouwer, Sergio Guzmán, junto a otros empleados y abogados con quienes pactaban sobornos para mantener negocios ilegales: ingreso y venta de celulares, dispositivos electrónicos, drogas, habilitación de visitas, mejoras en los alojamientos de internos.
Bombero, corrupto y golpeador
El ruido se venía sintiendo. Como había pasado con Diego Concha, el rumor de que Gustavo Folli Pedetta no era un salvador de vidas, sino un corrupto y golpeador de mujeres, transitaba los pasillos de la Central de Policía y de la Municipalidad de Córdoba.
Luego del fin de semana navideño, el miércoles 27 de diciembre de 2023 el ex jefe de Bomberos, ex subjefe de Policía y ex director de Defensa Civil de la Municipalidad de Córdoba durante la intendencia de Llaryora, fue detenido por orden del fiscal Guillermo González por los delitos de un caso de violencia de género contra su ex pareja Eva María Molinelli Torres (42) y por presuntamente integrar una asociación ilícita que proveía de certificaciones “truchas” de Bomberos a locales comerciales en la ciudad de Córdoba. Junto a Folli fue apresado ese día, Sergio Sosa, quien fue director de Bomberos cuando Folli fue subjefe de la Policía de Córdoba.
Dos semanas antes, el 12 de diciembre, en una resolución de 162 páginas el fiscal González, había ordenado la prisión preventiva de siete integrantes de esta banda: Julio Zárate, ex miembro de los Bomberos y hombre de estrecha confianza de Folli Pedetta; Eduardo Rivadero, Marcos Luquez, José Gorocito, Roque Olmedo, Mario García y Félix Calama, sospechados de confeccionar certificados apócrifos y falsificar informes de higiene y seguridad para legitimar la operación de los locales comerciales.
En el expediente figuran irregularidades edilicias en los boliches Impala de calle Larrañaga, Unplugged y Fruta en zona del Cerro de las Rosas, y en Mega Park, un parque de diversiones ubicado en avenida Monseñor Pablo Cabrera y la Circunvalación.
Con la causa inicial de los bomberos corruptos, el fiscal González pudo acreditar que “el origen estructural de la organización ilícita habría sido diagramado años anteriores por el mencionado Folli en la época en que fuera director de Bomberos y secundado por Sosa cuando aquel fuera designado Subjefe de Policía” y que “la causa en la que se investiga el accionar tanto de Folli como de Sosa se encuentra en estado de sumario –a diferencia de la causa principal de Bomberos aludida en el presente-, y restan por lo tanto otras medidas investigativas en virtud de las cuales no se descartan nuevas imputaciones”.
Además, al despacho del fiscal había sido girado el expediente donde Eva María Molinelli Torres había denunciado al ex jefe por violencia de género. Por esa razón González se hizo cargo de ambas causas e imputó también a Folli Pedetta por la presunta comisión de los delitos de “instigación al aborto, abuso de autoridad y amenazas”, hechos que “habrían ocurrido en un contexto de violencia de género en la cual la víctima se vio inmersa durante muchos años, evidenciándose en la actualidad presumiblemente un daño psicológico en su persona”.
“En la relación hubo violencia verbal y física”
En una entrevista con Perfil Córdoba publicada el 4 de enero de 2024, ocho días después de la detención de Folli Pedetta, su ex pareja y víctima, Eva María Molinelli Torres contó que mantuvo una relación sentimental durante 13 años que se inició cuando ella era su subalterna y que la convivencia se formalizó a fines de 2015 y se rompió en 2019, coincidiendo cuando él pasó a retiro y fue convocado por el entonces intendente Martín Llaryora. De un matrimonio anterior, la mujer tuvo tres hijos.
“Laboralmente era un superior mío. Si bien yo ascendí a comisario, él siempre tuvo superioridad. En un momento dependí directamente. Era subjefe de Policía y yo estaba en Protección de Testigos. En la relación hubo violencia verbal y física. En 2019 me mandó a hacer un curso a China. Fui obligada porque no quería dejar solos a mis hijos durante un mes. Cuando regresé, mi hermana me contó una situación. Ese día cometí un error gravísimo (se le quiebra la voz): pasarle el teléfono mientras yo hablaba con mi hermana. Ella le dijo lo que pasaba y comenzó a amenazarla, advirtiéndole que la haría correr del trabajo, que gracias a él lo había conseguido. Tomé el teléfono y le dije que lo iba a denunciar y que contaría lo que había pasado en todo ese tiempo y las cosas en las que andaba. Es todo lo que está investigando el fiscal y más aún”, relató la ex pareja de Folli Pedetta.
Eva María Molinelli Torres acusó al ex subjefe policial que “me dijo que si yo hablaba me iba a matar, que me destruiría la carrera. Lo cumplió. Al mes, movió sus influencias, la hizo correr a mi hermana, que tiene un hijo discapacitado. En su lugar puso a una amante para demostrar que podía eso y más. A mí me frustró un ascenso, para el que ya estaba lista. Habíamos comprado unos lotes en Mina Clavero para construir cabañas. Por culpa de eso, me amargó la vida y hasta me quitó la carrera. Yo amaba la Policía (llora). Empezó una persecución, iba a mi trabajo presentándose como director de Defensa Civil. Ya no estaba en la Policía pero a la gente de Protección de Testigos la hizo trabajar bajo sus órdenes. Yo quería que se terminara la relación, quería arreglar el tema económico. La plata que yo invertí en esos lotes era de mis hijos (sigue llorando). No quería perder todo. Pero cada vez que íbamos a una audiencia de conciliación él quería que le diera todo. Sino, la reprimenda era laboral”.
En la nota con Perfil Córdoba, la mujer le agradeció al fiscal Guillermo González por la investigación llevada adelante: “Hay un fiscal que está investigando y a quien agradezco, junto a su equipo. No quiero afectar la acción de la Justicia. Él tenía contactos, dinero en sumas incalculables, muchísimo poder e impunidad. Durante años hizo lo que quería. Esto viene de 30 años, mucho antes de conocerme a mí”.
Denunciado y echado
El miércoles 6 de marzo del año pasado el intendente capitalino despidió a Gabriel Bermúdez como secretario de Transportes de la Municipalidad, uno de los funcionarios de mayor peso en su administración: “En las últimas horas, el intendente Passerini tuvo acceso a información referida a un hecho que afectaría la integridad y que tiene como protagonistas a una trabajadora municipal y a un funcionario. De inmediato se definió separar del cargo al funcionario solicitando su renuncia, que ya fue presentada, al menos hasta tanto la Justicia defina responsabilidades, mientras que en paralelo se garantiza a la afectada el resguardo laboral y personal”, detalló el comunicado de prensa de la Municipalidad de Córdoba.
Tras el despido de Bermúdez, el intendente Passerini dio la cara: “La Justicia tiene ahora todos los elementos para proceder según corresponda, sin interferencias funcionales y con los derechos que asisten a las personas referidas en el tema. Existe solo una manera para asumir las cuestiones vinculadas a género, violencia laboral, discriminación y todo hecho que afecte lo más profundo de las personas. Y esta única manera es con coherencia, acompañamiento y respeto”. Claramente la decisión política de Passerini dista diametralmente de las sostenidas por Llaryora con Gill; y Schiaretti con Concha, Mosquera, Folli Pedetta, de blindaje y protección política y judicial.
Gabriel Bermúdez, secretario de Transportes de la Municipalidad desde diciembre de 2023 hasta marzo de 2024; antes había sido secretario de Transportes del gobierno de Alberto Fernández, y allí una empleada lo denunció administrativamente en el área de Género de la Secretaría de Transportes, pero no hubo denuncia penal. Esta vez, Ingrid Vago, fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual investigó las denuncias de las empleadas municipales y elevó la causa a juicio.
La fiscal determinó que hubo dos hechos que involucran a Bermúdez: uno por abuso y otro por violencia de género; pero la fiscal sólo elevó a juicio la causa por abuso sexual y en el caso de violencia de género, ni siquiera imputó al ex funcionario.
En diciembre del año pasado el juez de Control y Faltas N° 3, Pablo Caferatta confirmó la elevación a juicio que había sido solicitada por la fiscal. Las abogadas defensoras del ex funcionario, Débora Ferrari y Macarena Centeno Guerrero, del estudio Gramática – Ferrari apelaron la decisión de la fiscal Vigo y el juez Caferatta. En el mismo mes de diciembre la Cámara de Acusación admitió la apelación para su estudio y debe decidir si confirmará o no la elevación a juicio realizada por la fiscal Vago avalada por Caferatta.
Bermúdez es un jugador de toda la cancha, ya desde las épocas en que era gerente en la sucursal Recta Martinolli del Banco del Suquía en los ’90. Tras irse de la entidad bancaria de los Roggio, con la indemnización puso en marcha la financiera Berfin y desde allí comenzó a meterse en el mundo del transporte en plena crisis, en la transición entre el gobierno municipal de Rubén Américo Martí y el del menemista – delasotista Germán Kammerath; en su doble rol de financista privado y funcionario público.
Su abultada chequera le sirvió a Bermúdez para financiar varias campañas electorales y después cobrarlas. Luis Juez, Daniel Giacomino, el fallecido José de la Sota y Juan Schiaretti usufructuaron sus servicios y saberes, incluso Llaryora, Carlos Caserio, Sergio Massa y Passerini.
¿Intendente golpeador?
Otro ex funcionario pejotista que está sentado en el banquillo de los acusados por violencia de género es el ex intendente de Cruz del Eje, Claudio Farías, quién terminó su mandato en diciembre de 2023. La causa fue elevada a juicio en junio del año pasado por el juez Rogelio Omar Archilla, quién de esa manera avaló la imputación llevada adelante por el fiscal Raúl Ramírez.
Actualmente Farías es vocal en AseCor, un “organismo especializado en materia de Seguros del Gobierno de la Provincia de Córdoba, Asecor opera como una unidad asesora y productora de seguros brindando asistencia profesional y técnica para los distintos Ministerios, Organismos descentralizados, Agencias, Sociedades y Empresas del Gobierno de la Provincia, como también para algunas Municipalidades de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 450-2013 del superior Gobierno de la Provincia de Córdoba”, según reza la página oficial.
Reciclado por el llaryorismo en un cargo escondido, Farías está procesado por privación ilegítima de la libertad calificada, lesiones leves calificadas por mediar una relación de pareja con la víctima, y por violencia de género, ambos cargos en concurso ideal, y desobediencia a la autoridad en dos hechos.
Las agresiones ocurrieron el 16 de julio de 2023 y luego el 30 de julio del mismo año. El abogado mediático Carlos Nayi señaló a los medios que Farías “la privó de la libertad, la golpeó brutalmente y cuando la justicia, tras el pedido de auxilio de esta víctima vulnerable, limitó su accionar con una orden de impedimento de acercamiento, violó la orden en dos oportunidades”. La pena para este tipo de delitos, en caso de ser encontrado culpable, es de 1 a 8 años de prisión.
En la alianza gobernante provincial y en la oposición siguen con atención la interna Llaryora -Schiaretti y son conscientes de que para llegar a 2027, sí o sí deben transitar 2025 con el menor desgaste posible. Algo que no estaría sucediendo.
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