El femicidio de Cecilia Basaldúa (34) cometido tras su secuestro en abril de 2020, en el marco del inicio de la ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio) con las vicisitudes que deparó a muchas personas en tránsito para conseguir vivienda, y con una policía brava que se hizo aún más brava y autoritaria como consecuencia de esa norma, sigue impune.
Su cadáver apareció tres semanas después, con signos de haber sido asesinada. En julio de 2022, un tribunal compuesto por jueces técnicos y ocho jurados populares absolvió al campesino Lucas Adrián Bustos (23), acusado falsamente en una operación montada por la fiscal de Cosquín, Paula Kelm y la Brigada de Investigaciones de Capilla del Monte de la Policía de Córdoba.
La impunidad del crimen, parece estar ligado a no sólo a la mala praxis policial, sino a un modo de vida de los investigadores. Por caso, el jefe de la Brigada de Investigaciones a cargo de resolver la desaparición y posterior femicidio de Cecilia, comisario inspector Diego Alejandro Bracamonte, fue detenido a mediados de agosto pasado por orden del fiscal de Cosquín, Raúl Ramírez, quién lo imputó por el delito de violencia de género. El caso se conoció en los últimos días.
El caso de la Brigada de Investigaciones es paradigmático, en estos cuatro años que transcurrieron desde el femicidio de la turista porteña, además del jefe Bracamonte también fueron detenidos por violencia de género dos subordinados suyos: a mediados de 2021, el comisario Adrián Lúquez, jefe en Capilla del Monte, fue separado del cargo tras denuncias por violencia de género.
Y en agosto de 2022 en un juicio abreviado, el ex subcomisario Ariel Daniel Zárate fue condenado a seis años de prisión tras ser imputado por violencia de género. El ex efectivo deberá realizar un tratamiento terapéutico para sus adicciones y tendrá la obligación de realizar una capacitación y tratamiento vinculado con la perspectiva de género.
Tampoco se debe olvidar que en todos los casos de mujeres desaparecidas, la búsqueda estuvo a cargo de Defensa Civil, cuyo jefe era el todopoderoso Diego Concha, condenado a fines de agosto pasado a prisión perpetua al hallarlo “como autor penalmente responsable de abuso sexual seguido por homicidio de Luana Priscila Ludueña Caminos”, una bombero voluntaria que se suicidó tras haber sido abusada por el jefe de los bomberos cordobeses.
Los zorros en el gallinero
El hecho por el que está detenido el ex comisario inspector Diego Bracamonte ocurrió en agosto pasado en un domicilio particular. Tras el llamado de la víctima, llegó la Policía y se vivieron momentos de mucha tensión. El comisario inspector Bracamonte no obstante su pésimo papel en la investigación del crimen de Cecilia Basaldúa, en vez de ser apartado por los apremios ilegales en el caso de Lucas Bustos, fue ascendido a jefe de la flamante Unidad Departamental Punilla Norte.
Recién fue dado de baja de la fuerza en julio de 2022, tras los apremios ilegales y el homicidio de Johnatan Romo, un hombre con problemas psiquiátricos que fue detenido y torturado hasta su muerte en la comisaría de La Falda.
Ni bien fue asesinada Cecilia Basaldúa, la Policía rastrilló la zona varias veces, pero no halló rastros de la víctima, sino hasta tres semanas después. “Imposible que no hubieran encontrado el cuerpo antes, los jotes lo hubieran descubierto”, contaron los testigos durante la pésima instrucción llevada adelante por la fiscal Paula Kelm de Cosquín y en el juicio.
Fue Bracamonte quién direccionó la investigación que terminó con Bustos sentado en el banquillo de los acusados, señalado por los policías luego de haber sufrido tortura psicológica para autoinculparse. Tras la muerte de Romo en la comisaría de La Falda, el ministro de Justicia y DDHH, Julián López ordenó que en este nuevo caso de violencia institucional se realice una investigación independiente por parte del Ministerio Público Fiscal para evitar encubrimientos entre policías.
Mientras que el entonces ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, una vez más como en el caso de Blas Correas en agosto de 2020, intentó encubrir el accionar criminal de los policías. Finalmente Mosquera perdió la interna con López; y Bracamonte fue pasado a retiro.
Violencia de género, violencia institucional, siempre violencia
En los colectivos feministas y las organizaciones sociales de Punilla siempre sobrevoló la sospecha sobre la participación o negligencia policial en los casos de mujeres muertas después de haber desaparecido, como el de Cecilia Basaldúa en abril de 2020 o Mariela Natalí, turista santafesina desaparecida dos meses antes, en febrero del mismo año y que luego apareció ahogada en un arroyo. O en el caso del femicidio de Andrea Castana, hallada muerta y abusada en el cerro La Cruz de Villa Carlos Paz en marzo de 2015.
En el caso del femicidio de Cecilia Basaldúa, ya son tres, de cuatro, los policías imputados y detenidos por violencia de género, uno de ellos ya condenado:
En agosto pasado, tras ser alertados por un llamado de emergencia al 911 por un posible caso de violencia de género, los policías llegaron a un domicilio de Capilla del Monte y se encontraron con un irascible Diego Bracamonte que intentó “chapear” con su cargo de ex comisario inspector y ex jefe de la Departamental Punilla Norte, pero fue detenido. Su pareja lo acusó telefónicamente y ratificó los dichos en la Unidad Judicial.
Adrián Lúquez vive ahora en Villa Mercedes, San Luis, donde trabaja como paramédico. Era jefe de la comisaría de Capilla del Monte cuando mataron a Cecilia Basaldúa. Fue desplazado de su cargo como jefe tras ser denunciado por violencia de género.
Como si fuese una paradoja de la vida, en agosto de 2016, como subcomisario de La Cumbre, Lúquez había participado activamente de una “Jornada de Sensibilización y Capacitación para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres”, en el marco del programa “Desde Adentro”, que lleva adelante el Consejo Provincial de las Mujeres con la colaboración de la Oficina de la Mujer del Tribunal Superior de Justicia y del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.
El programa de concientización fue impulsado por la ex gobernadora delasotista y entonces presidenta del Consejo Provincial de las Mujeres, Alicia Pregno. Por su parte Sandra Beltrán, especialista del Consejo Provincial de las Mujeres, ofreció una charla abierta acerca de la violencia contra las mujeres con un enfoque de derechos humanos, analizando estereotipos de género, tipos de violencia, y promoviendo la reflexión para desarrollar estrategias de prevención y abordaje.
Lo que no se supo si en el marco de esa jornada, el policía Lúquez participó como caso práctico de violencia de género o como infiltrado en el incipiente movimiento feminista.
El tercero de los cuatro integrantes de la Brigada de Investigaciones de Capilla del Monte que investigó el femicidio de Cecilia Basaldúa y también está involucrado en hechos de violencia contra mujeres es el ex subcomisario Ariel Daniel Zárate, condenado en agosto de 2022 a 6 años de prisión tras ser imputado por violencia de género. El policía Zárate además fue condenado a realizar un tratamiento terapéutico para sus adicciones y tendrá la obligación de realizar una capacitación y tratamiento vinculado con la perspectiva de género.
Zárate había sido imputado y detenido dos años antes, en agosto de 2020, sólo tres meses después del crimen de Cecilia Basaldúa. Cuando Zárate fue condenado, el papá de Cecilia, Daniel Basaldúa recordó: “Este señor se comunicaba pidiendo información sobre cómo era Cecilia. Actuaba como soldadito de la fiscal. Cuando pudimos acceder al expediente, noté que había muy poquito de lo que habíamos aportado. Entonces, yo lo denuncié a Zárate. Muy equivocado no estoy (…) No me olvido que Zárate fue el que nos pidió datos y no los puso. ¿O es la fiscal Kelm la que no los quiso poner?”.
La condena contra el ex jefe policial fue por “un hecho de amenaza calificada, dos hechos de abuso sexual con acceso y tres hechos de coacción, robo reiterado y lesiones calificadas con privación ilegítima de la libertad, todos delitos en el contexto de violencia de género”. Los colectivos feministas denunciaron hace dos años que “este hecho es la punta de un iceberg de una institución que es absolutamente patriarcal”.
Para la fundadora del Centro de Protección Familiar de La Falda, María Karina Lucero, la condena al ex jefe Zárate pone en el debate la formación policial y el acceso a la Justicia de las mujeres violentadas: “Un conjunto de situaciones que venían pasando, pero, por distintas circunstancias, sobre todo, por miedo, no se venían denunciando. Hoy, se está perdiendo el miedo y, a la vez, se pone en duda el real acceso a la Justicia. En este caso, quien ejercía la violencia era un personal policial y, por tanto, la familia no sabía a dónde recurrir”.
Daniela Pavón, abogada querellante de la familia de Cecilia Basaldúa le dijo a Striptease del Poder que “la formación policial deja mucho que desear. Acá no estamos hablando de que sea una casualidad que tres de los cuatro policías que debían investigar el secuestro y femicidio de Cecilia, hayan sido imputados o condenados por violencia de género. Claramente es una causalidad”.
A todos estos casos de policías varones, se le agrega otro caso de Flavia Ochoa, una mujer policía comisionada por la Fiscalía de Cosquín en La Falda. Esta mujer estaría operando para encubrir o cajonear un caso de abuso sexual que tiene como imputado a su propio hijo, Francisco Heredia.
El hecho fue denunciado en noviembre del año pasado, cuando la víctima tenía 17 años; y según denunció ante la fiscal Paula Kelm, Heredia la habría abusado desde que tenía 14 años. La joven relató que Heredia es pareja de una tía suya y en ese contexto de relación, el sospechoso se habría aprovechado de su confianza para abusarla.
La mala investigación de este caso donde está involucrado el hijo de la comisionada policial, una de las tantas pésimas investigaciones de la fiscal Kelm, llevó a que el personal del Equipo Interdisciplinario de Violencia de Género de la Fiscalía de Cosquín revictimizara a la víctima preguntándole “si se veía en una relación, si entablaría una relación de pareja” con su perpetrador sexual.
Desalojada, detenida y desaparecida, el derrotero de Cecilia en Punilla
El 28 de abril de 2020, policías de la Brigada de Investigaciones de Capilla del Monte al mando del comisario inspector Diego Bracamonte llevaron demorados a la comisaría a los hermanos Lucas y Santiago Bustos.
Ya en la sede policial de Capilla del Monte, el comisario inspector Bracamonte; el comisario Adrián Lúquez, el subcomisario Ariel Daniel Zárate, y el cabo Ramón Ubaldini López apretaron a los hermanos Bustos para que se hicieran cargo del femicidio de Cecilia Basaldúa.
Santiago, el mayor y más seguro de los dos, no se dejó amedrentar por las amenazas y la tortura psicológica de los policías. José Bustos, el mayor de todos los hermanos, está preso en otra causa armada por policías y purga una condena de 11 años de prisión por un robo donde nunca se secuestró arma ni el presunto teléfono celular robado:
“Te va a pasar lo mismo que a tu hermano José”, los amenazaron los policías de la Brigada de Investigaciones a Santiago y Lucas. El mayor resistió, pero el más chico, inseguro y con condiciones cognitivas mínimas, terminó aceptando la acusación, pese a que no estaba en sede judicial, ni contaba con un abogado. “Bustos relató libre y espontáneamente como conoció, abordó, atacó y dio muerte a Cecilia Basaldúa”, declaró la fiscal Kelm a una radio local, cuando elevó la causa a juicio.
El cabo Ubaldini López apareció citado en un audio de 16 minutos de duración, donde una testigo cuenta cómo se habrían sucedido los hechos en los que Cecilia Basaldúa habría sido secuestrada en medio de una fiesta realizada en la casa de Mario Mainardi, un hombre de Rosario que vive en Capilla del Monte, sin una actividad u ocupación conocida.
Esa testigo, que nunca fue buscada ni citada por la fiscal Paula Kelm reveló que la noche en que iba a ser allanada la vivienda de Mainardi, el dueño de casa recibió dos llamados del cabo Ramón Ubaldini López: uno a la 1.19 y otro a la 1.20 de la madrugada. La abogada querellante Daniela Pavón le preguntó a Mainardi en una audiencia testimonial: “¿Es normal que un policía le hable a esa hora, justo antes de que le allanen la casa?”.
Mainardi le dio alojamiento a Cecilia, cuando fue echada del cámping municipal de Capilla del Monte. Mientras estaba a la deriva, la chica fue detenida por no cumplir con la ASPO y alojada en la comisaría de Huerta Grande. Durmió en la plaza de Capilla del Monte. Con motivo de ello mandó el siguiente tuit a una amiga:
Y por consejo de Viviana “La Rasta” Juárez (45), una mujer que conoció en la plaza de Capilla del Monte y dijo ser artesana, Cecilia fue a parar a una tapera al lado del río en el barrio Matadero Viejo, donde en agosto de 2015 habían asesinado a Mario “El Duende” Sánchez, un hippie que se ganaba la vida como tatuador. De esa tapera terminó en lo de Mainardi. Y nunca más se supo de ella.
El perejil Bustos, la esposa del policía y la indemnización
Luego de dos años preso, y por expreso pedido de la abogada de la querella, Daniela Pavón y del abogado de la Secretaría de DDHH de la Nación, Gerardo Battistón; quiénes demostraron que no había pruebas para condenarlo, Lucas Bustos resultó absuelto por el crimen de Cecilia Basaldúa.
Semanas antes del juicio, inesperadamente, la familia Bustos decidió revocarle el poder al abogado Sergio Sánchez, quién desde el mismo día de la detención se hizo cargo de la defensa. El detenido Bustos nombró como defensora a Claudia Brandt, una abogada que tiene el mayor historial de clientes condenados.
En el juicio no supo alegar en defensa de su cliente; y el fiscal Sergio Cuello sólo obtuvo los reparos de los abogados de la familia Basaldúa y de la Secretaría de DDHH de la Nación, quiénes sostuvieron que ni en el período de Instrucción de la causa a manos de la fiscal Kelm; ni en el debate del juicio, el fiscal de Cámara Cuello, pudieron demostrar que Cecilia hubiera sido víctima del imputado Bustos.
Brandt falleció en noviembre del año pasado y no pudo demandar al Estado cordobés por los 773 días en que Bustos estuvo detenido sin pruebas en su contra; lo que le podría haber significado una jugosa indemnización.
Investigación policial o venganza en un triángulo amoroso
La que sí vio esa veta económica y sedujo al campesino declarado inocente, fue G., la ex pareja del cabo Ramón Ubaldini López; quién había sido amante del policía y se casó el año pasado con Bustos.
Trascendió que G. y Lucas Bustos tuvieron un noviazgo en la adolescencia; luego G. fue amante del cabo López con quién tuvo uno de sus cinco hijos. Por su parte, Ubaldini López estaba casado y también tenía hijos, mientras mantenía su relación extramatrimonial con G.
Mientras G. mantenía una relación extramatrimonial con el cabo Ubaldini López, también salía con Bustos, cuestión que encolerizaba al policía. Tras el crimen de Cecilia Basaldúa, en venganza, Ubaldini López habría detenido a Lucas Bustos, acusándolo falsamente de ser el autor material del femicidio.
Actualmente el muchacho no tiene abogado y no se sabe si demandará civilmente a la Provincia; pero lo más grave es que el fiscal de Cámara, Sergio Cuello rechazó el fallo absolutorio y apeló la sentencia, buscando que Bustos sea condenado por femicidio, una pena que lo llevaría a prisión durante 35 años.
No son casos aislados
Por las irregularidades cometidas por la fiscal de Cosquín Paula Kelm y la Brigada de Investigaciones; se decidió que la nueva investigación por la desaparición y femicidio de Cecilia Basaldúa recayera sobre otra fiscalía. Con el caso en foja cero y ya con Kelm apartada por inoperante; durante un corto lapso, el caso estuvo en manos del fiscal Raymundo Barrera, quién se acogió a la jubilación.
Actualmente el caso está en manos del fiscal subrogante de Cruz del Eje, Nelson Lingua, pero en los concursos para cubrir vacantes realizados hace pocas semanas, este funcionario desaprobó. Una posibilidad es que el actual ayudante fiscal de Cruz del Eje, Francisco Paygés, que sí aprobó el examen en el Consejo de la Magistratura; asuma como nuevo fiscal de la causa; y que la investigación parta desde cero con todas las hipótesis y no sólo la pista armada por la Policía como lo hizo Kelm en estos cuatro años.
La Policía sigue en la suya
Sin embargo, los intereses de los nuevos funcionarios judiciales chocan con la corporación policial, que tuvo a Kelm de aliada: una prueba de que el accionar de policías infieles como Bracamonte, Lúquez y Zárate no son casos aislados en Capilla del Monte; ocurrió la semana pasada, cuando dos testigos convocados a declarar nunca fueron notificados por las autoridades de la Comisaría local. Las citaciones giradas por la Justicia el 13 de octubre para fecha de comparecencia el 19 de noviembre nunca llegaron a los testigos.
Por un acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal y la Policía, esta última era la encargada de citar a las personas para comparecer en esta etapa de re-investigación del femicidio de Cecilia Basaldúa. Cuando los abogados de la querella y la Secretaría de DDHH de la Nación llegaron a los Tribunales de Cruz del Eje, no había testigos para declarar.
Pavón y Battistón en persona se encargaron de buscar a los testigos y llevarlos a sede judicial a comparecer. La Policía de Capilla del Monte sigue entorpeciendo la investigación como desde el primer día en que desapareció Cecilia. La queja de los abogados de la acusación llegó hasta el Ministerio de Seguridad que conduce Juan Pablo Quinteros.-
Como lo pudiste constatar, nuestras investigaciones, son fundadas, independientes, con datos públicos y verificables y siempre sobre el poder real. Su producción lleva días, semanas, hasta meses de trabajo. Y son abordadas con la mayor honestidad, profesionalidad y rigurosidad periodística. Si está a tu alcance, podes colaborar con este periodismo libre, de calidad, sin injerencia de empresas o gobiernos.
Debe estar conectado para enviar un comentario.