Es culpa del calendario. Desde hace al menos dos décadas, en cada cambio de gestión del Palacio 6 de junio se reinicia la andanada contra los municipales y el gremio que los representa. El impacto de la masa salarial en el presupuesto es un clásico justificante de la guerra de desgaste para depreciar los sueldos mejor pagos del Estado en Córdoba, trago amargo que el cordobesismo quiere dejar de pagar. La supuesta vagancia y la presunta adicción a los criollitos son otras causas de presunta validez para el sentido común local.
Infectado por un coctel de odio y prejuicio que promueven los principales grupos empresarios mediáticos con hegemonía local, y seguido por quienes navegan en la marginalidad de las audiencias, el cuerpo social parece mirar cual vaca pasar al tren cómo el novel intendente Martín Llaryora la emprende contra el plantel de trabajadoras y trabajadores municipales, amparado en la oscuridad del encierro que impone la cuarentena.
Se trata de una verdadera infectadura de las propaladoras de cordobesismo hegemónico, que inoculan el desprecio por los trabajadores con salario dignos, mientras el resto naufraga con haberes que promedian 55 mil pesos según el Ministerio de Trabajo, cuando se tratan de sueldos registrados, a escasos 10 mil pesos de la línea de pobreza.
El último hito de la guerra de posiciones en que se transformó la Municipalidad son los 117 despidos de trabajadores contratados, algunos de los cuales tenían hasta 10 años de antigüedad según el sindicato, mientras la comuna argumentaba que eran empleados recientemente nombrados por el intendente saliente, Ramón Mestre (h).
“En plena crisis económica y de pandemia quedan 100 familias en la calle. Vayan y pregunten cual es el criterio. El único criterio es porque entraron en la gestión de Ramón Mestre. Este gremio ha defendido a todos los contratados, y vamos a seguir defendiendo a nuestros compañeros y compañeras trabajadores porque hace mucho que están cumpliendo sus funciones”, acusó Beatriz Biolatto, secretaria General del SUOEM, según cito el portal eldestapeweb.com
Queda claro que la pandemia fue el ámbito propicio para que la administración de Hacemos por Córdoba, la alianza que encabeza el justicialismo provincial junto a una decena de partidos menores, impusiera un atroz ajuste salarial que equivale al 21,5%, según salió a ventilar como una victoria La Voz del Interior.
Esta maniobra es resultado de una reducción de la carga horaria, achicando la jornada de trabajo de 7 a 6 horas. Si bien en principio se anunció que la reducción en las remuneraciones sería de alrededor del 12%, en algunos casos los trabajadores recibirán hasta un 50% menos en su haber, al retirarse adicionales salariales como la ‘extensión de jornada’, la ‘bonificación’ y los ‘cargos interinos’, todas medidas que se están aplicando a rabiar junto a los despidos por finalización de contrato. A esto se suma el pago en negro del ‘título’ y otros ítems que contribuyen a desfinanciar la Caja de Jubilaciones en momentos que también la provincia hace su propio ajuste por ‘falta de recaudación’.
Como era de esperar, o concretando el objetivo buscado por Llaryora, el Suoem -ya sin la conducción oficial del histórico Rubén Daniele, bajo cuyo mandato se alcanzaron altos niveles salariales que exasperan a la elite provincial- se lanzó a un plan de lucha rechazando el ajuste y movilizando con eficacia a miles de sus afiliados mientras la cuarentena se continuaba imponiendo restricciones a la circulación en la ciudad.
Al mismo tiempo, el propio ejecutivo municipal impulsó la contratación de 100 abogados por media jornada de cuatro horas, bajo la curiosa figura de ‘promotores de convivencia’, que reemplazan a los clásicos inspectores municipales y están autorizados a poner multas, a 40 mil pesos por cabeza.
De esta forma, mientras reduce la actividad del conjunto del plantel municipal, el intendente contrata más personal y torna de difícil comprensión el argumento oficial que busca “ahorrar en salario para hacer obras”. El argumento suena a un latiguillo propio del ex intendente Ramón Mestre (h), que terminó su mandato con una imagen por debajo del 10% como lo expresó el resultado de las elecciones para gobernador en la ciudad en 2019.
En esa línea, la comuna realizó también nuevas contrataciones de los llamados “servidores urbanos”, personal que recibe 10 mil pesos por mes por cuatro horas de trabajo para realizar tareas denominadas operativas. El secretario de gobierno Miguel Siciliano dijo a Canal 12 que “no podemos permitir que la ciudad se detenga, no podemos hacer que, por tener un conflicto con el gremio, los vecinos no tengan prestación de servicios, los yuyos no se corten, la ciudad no se mantenga”.
En definitiva, la gestión de Llaryora recuerda bastante a lo sucedido hace dos décadas, cuando en alianza con el gobernador José Manuel De la Sota, gobernaba en la ciudad el dirigente de la Ucede Germán Kammerath, quien intentó crear circuitos de gestión paralelos cuando el sindicato opuso tenaz resistencia a la política de reducción del Estado.
Los paralelismos con el ex intendente, cuyo mandato configura uno de los peores recuerdos que tienen los cordobeses –lo que no es poco decir atento a alcaldes que lo sucedieron–, pueden encontrarse en las directrices que establece la megaordenanza que Llaryora hizo aprobar el 27 de diciembre pasado, 24 horas antes del Día de los Inocentes y dos semanas después de asumir.
Allí se establece un cuerpo normativo que permite la contratación directa de servicios, la venta de inmuebles del patrimonio municipal, la concesión directa del espacio público y la tercerización del cobro de impuestos. Cualquier semejanza con la frustrada contratación de Tecsa para el cobro de impuestos, cuyo contrato terminó de pagar Mestre, la apertura indiscriminada para el imperio de los desarrollistas urbanos y la venta de inmuebles, no parece mera coincidencia.
Por parte de un intendente que se encumbró tomado de la mano del gobernador Juan Schiaretti, igual que lo hizo Kammerath veinte años atrás, con su difunto predecesor De la Sota. Quién fue denunciado pública y judicialmente por su sucesor en el cargo, Luis Juez, llegándose incluso a crear una comisión para investigar su actuación denominada con sus iniciales CIGEKA. Y finalmente en el 2015 fue condenado, a tres años y medio de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en una de las tantas causas penales en las que fue denunciado, por parte de una justicia cordobesa que suele brillar por su ausencia.
Ver El gobernador Juan Schiaretti amo y señor de Córdoba
La joya de la abuela
Uno de los puntos más sensibles del ajuste que lleva adelante el intendente es en el sector educativo, a pesar que en principio aseguraron que no sería afectado. Con una burda operación de prensa llevada a cabo al unísono el mismo día por Cadena 3, La Voz y Alfil, la gestión de Llaryora intentó generar una corriente de apoyo a su figura, difundiendo que cada alumno le costaba a la comuna 21 mil pesos. En un exabrupto que trascendió en off de the record, incluso se supo que el intendente se quejó porque los estudiantes cuestan ‘como si fueran a la Academia Argüello’, uno de los colegios privados más caros de la ciudad.
Las escuelas municipales integran una red escolar de establecimientos ubicados en sectores carecientes o marginales de Córdoba Capital, creada por Ramón Mestre padre y conservada como la joya del Estado municipal por 35 años. De hecho, junto con la Ciudad de Buenos Aires, la Municipalidad de Córdoba es la única jurisdicción de su categoría en el país con escuelas primarias.
Si en primer instancia la reducción horaria impactó también en los auxiliares y administrativos, al día siguiente de la mencionada operativo de prensa, el jefe del bloque de concejales oficialistas, Juan Domingo Viola, presentó un proyecto de ordenanza para modificar el estatuto docente y redefinir las bonificaciones que cobran los docentes por cumplir tareas en zona desfavorable, vigente desde la gestión de Luis Juez, cuando las escuelas dejaron el área de acción social para jerarquizarse dentro de la Secretaría de Educación. La idea era tratar esa misma semana el proyecto para aprobarlo sobre tablas.
La reacción de las y los docentes fue inmediata, apelando a la solidaridad de la comunidad educativa a través de las redes sociales para resistir la medida. Ante los comentarios negativos que generó la iniciativa de Viola, el secretario de Educación, Horacio Ferreyra, convocó al gremio para congelar el proyecto.
Así y todo, de los contratados despedidos esta semana, 15 trabajadoras eran auxiliares en los jardines maternales, en tanto entre 7 y 9 más se desempeñaban en escuelas y parques educativos.
Miradas
La utilización de los trabajadores servidores urbanos por parte de la Municipalidad es motivo de controversia, donde entran en juego la necesidad extrema de ciudadanos que son muy pobres y agarran la tarea al riesgo que sea y la cínica utilización de esa misma necesidad por parte del intendente para mostrar que el gremio ‘no le para la ciudad’.
Así lo entiende también la dirigente peronista Ilda Bustos, del sindicato de gráficos de Córdoba, y ex legisladora cuyo mandato se cumplió en diciembre pasado. “Con Kammerath también quisieron hacer un municipio paralelo. Ahora buscan personal precarizado que no tiene cobertura ni protección para trabajar en la vía pública”, dijo la gremialista, que apuntó también a las cooperativas que son el vínculo entre esos trabajadores y la municipalidad para que no puedan reclamar una relación laboral a partir del trabajo que están haciendo, con sus chalecos celestes, en las calles de la ciudad.
“Hay gerenciadores de la pobreza lamentablemente. Pero el sindicato entendió bien que el problema no es con esas compañeras y compañeros, que trabajan con sueldos de miseria debido a la situación de pobreza que padecen. Es esta gestión que tiene la lógica neoliberal que gobierna Córdoba”, analizó.
Según confirmó Stripteasedelpoder las cooperativas perciben 2.000 de cada 10 mil pesos que paga la intendencia, en tanto los trabajadores cobran los 8.000 restantes, configurando un peor aprovechamiento aún de su situación de indigencia. “Usar la pobreza para hacer estos cambios me parece deleznable”, dijo.
Bustos había criticado a mediados de mayo al agrupamiento empresarial Grupo de los 6, que salió a apoyar la gestión municipal. “Al grupo de las patronales cordobesas le falta autoridad moral. Ahora hablan de ajuste pero hicieron negocios con (el ex presidente Mauricio) Macri. Ellos quieren la baja de sueldos en toda la economía”, indicó entonces.
Ahora señaló que Llaryora produjo una ‘alteración del orden público laboral’ al reducir las remuneraciones y que el discurso que reclama diálogo de algunos funcionarios municipales no tiene asidero en la realidad. “Si quisieran cuidar la paz social habrían establecido una negociación”.
Distinta perspectiva dio a este portal la concejal oficialista Soledad Ferraro, quien pasó de las filas de la agrupación territorial La Jauretche a la escudería de Alejandra Vigo, diputada nacional, esposa del gobernador Schiaretti y mandamás en el peronismo de la capital. Vale señalar que la cercanía de esa agrupación con el oficialismo provincial siempre fue notoria, más allá de su identificación kirchnerista.
Ferraro acepta que se la identifique como proveniente del progresismo y ratifica al mismo tiempo su apoyo a la política de ajuste de la gestión municipal. “Recibimos una situación financiera muy delicada, la municipalidad no tiene recursos”, justificó la dirigente. Y afirmó que en el futuro la Municipalidad dispondrá de recursos para hacer políticas públicas.
La dirigente explicó que se aumentó de 800 a 1.000 la cantidad de servidores urbanos que contrata la municipalidad a través de cooperativas. Ferraro conoce bien ese sistema porque ella comanda actualmente la agrupación ‘Pueblo Peronista’ y suele compartir fotos con esos trabajadores precarizados. “No necesitamos que los municipales trabajen siete horas. Con esta nueva etapa creo que estamos promoviendo la economía social, defendiendo el interés general”, añadió.
Consultada respecto a la situación de los ‘servidores urbanos’, que se desempeñan sin cobertura de ART, la concejal respondió que estos trabajadores “tienen seguro de vida”.
Otras fuentes de agrupaciones sociales que integran el sector conocido como Los Cayetanos, con importante presencia en Córdoba Capital, apuntaron que en realidad Llaryora utiliza la figura de los servidores urbanos para comenzar a construir su propia estructura territorial, que actualmente no tiene, de cara a la disputa de la candidatura a gobernador en 2023. De esta forma, el intendente introduce por la ventana un millar de trabajadoras y trabajadores a los fines de su propia construcción de poder, disparando un conflicto gremial de destino incierto, pero que somete a la población al doble stress de convivir con la pandemia y al mismo tiempo carecer de todo tipo de servicio de una municipalidad que está paralizada hace 60 días.
Por otro lado, la intervención del gobierno provincial para atemperar los ánimos y generar una instancia de diálogo brilla por su ausencia, quizás por la pública influencia de la esposa de Schiaretti en la gestión.
Ciertamente muchos funcionarios municipales provienen con antecedentes en la Provincia. El más notorio es Alejandra Torres, secretaria de Planeamiento, Modernización y Relaciones Internacionales, esposa del ministro de Finanzas provincial Osvaldo Giordano, a quien se apunta como mentora de la reforma laboral interna de la Municipalidad. Stripteasedelpoder dio cuenta de su papel para encubrir estadísticas desfavorables sobre pobreza durante el anterior gobierno de Schiaretti.
Ver ¡Sensacional!: La mujer del ministro de Economía redujo 11 puntos la pobreza en Córdoba
No obstante, a través del Ministerio de Trabajo el gobierno tiene una herramienta para intervenir en el conflicto, cosa que no hizo hasta el momento. Raro, porque el ministro Omar Sereno ha mostrado una lapicera rápida para firmar conciliaciones obligatorias exprés cuando las autoridades así lo requieren.
Según el vocero del Suoem, Damián Bizzi, la cartera laboral no se ha expresado, ni siquiera ante la presentación del gremio quejándose que Llaryora incumple un acta firma en febrero, a comienzos de su mandato.
Sainetes
En medio del conflicto la municipalidad se vio envuelta en algunas polémicas que mostraron a un intendente más preparado para la pelea con las y los trabajadores que en dar coherencia a sus propias líneas de gestión.
En el Parque Sarmiento un grupo de personas que se identificaron como ex combatientes de Malvinas, bajaron de un mástil una bandera izada por orden de las autoridades municipales en homenaje al Día de la Igualdad y No discriminación por Identidad de Género y Orientación Sexual. Se trata teóricamente de la bandera del colectivo LGBT, con franjas de diversos colores, que el intendente Llaryora dispuso que iba a quedar allí para siempre, en sustitución de la bandera argentina.
A esto hay que sumar que la Municipalidad equivocó la enseña multicolor con la bandera de la ciudad de Cuzco, que comparte algunos colores y difiere en otros. Sucede que la Dirección de Derechos Humanos no fue consultada al respecto, área que por estar desafectada por el receso municipal producto de la cuarentena.
de sustituir permanentemente la bandera argentina por la del colectivo LGBT.
El error no fue obstáculo para que el grupo de defensores de la insignia patria insistieran durante dos días con su objetivo, hasta que la propia municipalidad abriera “un espacio de diálogo” y finalmente decidiera erigir un nuevo mástil para uso exclusivo de la bandera del orgullo gay. Mucha más voluntad de diálogo mostró el Ejecutivo Municipal en esta controversia de tipo medieval, que ante un conflicto gremial que arrastra casi dos meses.
Por otro lado, se supo que en medio del proceso de ajuste -que al cierre de esta nota incluían el cierre del servicio de “Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes” de los Centros de Participación Comunal (CPC) de Pueyrredón, Rancagua, Empalme, Ruta 20, y Monseñor Pablo Cabrera-, la comuna alquiló para uso de dependencias municipales un edificio de primera categoría en la zona más cara de la ciudad, sobre avenida Chacabuco en el barrio de Nueva Córdoba, denominado “Diplomat Office”, que pone en tela de juicio la voluntad de administrar los gastos con criterio en función del supuesto interés general.
El contrato del edificio costará 32 millones de pesos en dos años, y previamente había sido alquilado por el gobierno provincial para el funcionamiento de la Agencia Córdoba Cultura, que pasó a funcionar donde antes lo hacía la Legislatura. Mostrando esto la continuidad del cordobesismo en favorecer al “Consorcio Huesped” que figura como dueño de ese elegante edificio.
El secretario de Gobierno Sicialiano salió a defender el alquiler del inmueble, quejándose porque no entendía “la polémica que pretenden generar”. La ciudad tampoco.-
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