Del reciente informe del INDEC respecto el mercado de trabajo, surge que en el Gran Córdoba, donde desde hace 24 años manda el cordobesismo, si se suman los porcentajes de Desocupados, Ocupados demandantes de empleo, y Subocupación demandante, se registra un Malestar Laborar de un 47,5 %. Le siguen el Gran Tucumán – Tafí Viejo, con un 45,4 %; Gran Mendoza, 41,2 %; Santa Rosa – Toay, 40,9; Jujuy Palpala, 38,4; La Rioja, 35,9; Salta, 31,3; y Partidos de Buenos Aires, 30,6. Mientras que el promedio de todos los aglomerados urbanos es el 28,8 %. O sea que el registro cordobés supera un 65 % el promedio nacional.
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Un notable ejemplo de ese malestar lo dieron las protestas del personal de salud y de educación que vienen marcando la agenda cordobesa, impulsada por sus bases frente a una representación gremial que el asunto se le ha ido de las manos. A esto se le suma otras manifestaciones en contra de la baja del diez por ciento de beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, que es una remuneración que otorga el Estado nacional a quienes realizan trabajos comunitarios desde los sectores populares.
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De hecho, el último staff report del Fondo Monetario Internacional, entregado el lunes 3 de abril pasado, para paliar déficit fiscal considera que se deben “continuar los esfuerzos para fortalecer la focalización del programa emblemático de empleo social” (Potenciar Trabajo). Y que se “está identificando el potencial para reducir las superposiciones de programas, incluso limitando los beneficios de asistencia social total para aquellos que reciben otras transferencias sociales en o por debajo del salario mínimo para fomentar la entrada al mercado laboral formal”.
En otros párrafos, dice que están “trabajando en regulaciones para reducir los posibles desincentivos para reingresar al mercado laboral. La mayor parte de los ahorros por la reducción de transferencias se destinarán a fortalecer el capital humano a través de la entrega de herramientas o financiamiento de polos productivos”. Por esa razón, sea en Córdoba, en Buenos Aires o en otras ciudades del país, varias protestas ponen en foco al rol del FMI en la quita de esas ayudas laborales.
Así como la sociedad cordobesa tiene una mínima identificación con los docentes, médicos y enfermeras, no lo es tanto con respecto a quienes se organizan desde los barrios más alejados del centro y más cercanos a la periferia. Por eso no sorprende que sean más susceptibles por parte del poder judicial de ser el blanco predilecto.
En el último día de marzo, el juez de control y faltas N.º 10, de la provincia de Córdoba, Juan Manuel Fernández López, firmó una sentencia o Resolución Nº 53, con la que habilita la represión para impedir la realización de protestas en las calles cordobesas. Básicamente, exige “arbitrar [a] las autoridades competentes los medios necesarios para hacer cesar las situaciones vulneratorias de derechos constitucionales en un término razonable y mediante la implementación de medidas efectivas conducentes a tales fines”. Y también, habilita a la Policía de Córdoba “a llevar adelante todo tipo de tareas inherentes a la prevención anticipada de la toma indebida del espacio público, con preponderancia de las calles y demás vías de circulación”.
Un extraño habeas corpus
Se trata de la aceptación de un “habeas corpus” presentado el año pasado por el Centro Vecinal del barrio Nueva Córdoba y por comerciantes de la zona. Son en total seis personas, entre quienes figuran el dueño de Fiorani Free Shop, reconocido comercio de aromas y fragancias, que venden marcas de alta gama como Giorgio Armani y Dior. Quien los asesora es Eduardo Bittar, uno de los vicepresidentes del Colegio de Abogados de Córdoba y, por ende, sus honorarios seguramente no serán módicos.
Un ex juez federal penal de la provincia de Córdoba, recibió copia de la resolución por parte del autor de esta nota para que lo analizara. Su conclusión es que el “fallo no apunta a hechos concretos, sino en abstracto. Un juez no tiene facultades para eso, porque los jueces solo aplican, no legislan ni ejecutan. Acá está legislando las protestas. Es como si para el día mañana decidiera cuánto sube el boleto de colectivo, o qué días pueden ser feriados. Además. en ningún momento te cita un precedente en el mundo para fallar algo así”.
También afirmó que no correspondía un hábeas corpus, porque la ley que lo reglamenta (Nº 23.098) establece que “Corresponderá el procedimiento de hábeas corpus cuando se denuncie un acto u omisión de autoridad pública que implique: 1° Limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria sin orden escrita de autoridad competente. 2° Agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se cumple la privación de la libertad sin perjuicio de las facultades propias del juez del proceso si lo hubiere.” Y que en todo caso los accionantes deberían interpuesto una acción de amparo.
Uno de los argumentos más estrambóticos que recurrió el juez Fernández López es que las marchas de gran convocatoria ejercen una “tiranía” comparable a las últimas dictaduras que vivieron los países de América Latina. Vamos a exponer el párrafo completo para demostrar que no se lo está sacando de contexto (merece aclarar que el mencionado Fulgencio Batista fue en realidad un dictador de Cuba, no de Nicaragua):
“Como octava deducción del texto analizado, podemos decir válidamente que los Derechos Humanos como contrapunto de la opresión y la tiranía ameritan un análisis actual y circunstanciado, en nuestro país y en los tiempos que corren. De tal modo, al haber ya transcurrido casi cuarenta años del retorno a la democracia, en la actualidad no resulta de recibo hablar de tiranía estatal o institucional. En la actualidad el recuerdo vivo de fenómenos detestables como las dictaduras latinoamericanas de Videla en Argentina, Stroessner en Paraguay, Pinochet en Chile, Batista en Nicaragua (sic) o Trujillo en República Dominicana, para mencionar sólo algunos ejemplos, constituyen una vital enseñanza histórica, mas no se puede sostener que subsistan en nuestro país en esta época.
Claramente, en nuestra patria todo ello ha quedado atrás en el tiempo. En todo caso, si se pretendiera señalar algún tipo de tiranía, no resultaría otra que las tiranías de las facciones que pretenden imponerse mediante el uso de la fuerza y las vías de hecho. De tal modo, se presenta como tiránica la actitud de quienes ocupan indebidamente espacios públicos valiéndose de la mera fuerza de su masividad, tomando como rehén al resto de la población, y obligándola a ser parte de conflictos que claramente le son ajenos. Eso sí será tiranía y opresión: el avance de masas aplastando el derecho de individuos indefensos, invisibilizados y desoídos que deben tolerar estoicamente un estado de cosas inhumano”.
La relación entre Batista con Nicaragua será proporcional al de Emanuel Berardo, dirigente del Polo Obrero de Córdoba, con el Proceso de Reorganización Nacional, quien es mencionado por el propio juez actuante tanto en la resolución como en las audiencias convocadas. “Nosotros entendemos que acá hay un ataque del gobierno provincial. Porque la justicia es un apéndice del poder ejecutivo provincial, no es imparcial”, aseveró Berardo en declaraciones al presente cronista.
Hay tiranías y tiranías
El autor de esta nota tuvo una charla telefónica con el juez Fernández López, mientras éste se mantenía atento el miércoles al mediodía, por lo que considera una falta de accionar de la Policía al estar “el centro de la ciudad tomada”, como dice él. Debido a esa situación, pidió que la entrevista sea una mera consulta. Desde el otro lado del fono, insistí en por lo menos citarlo por la comparación realizada entre marchas y dictaduras.
-¿Realmente considera que son comparables las protestas masivas con las dictaduras latinoamericanas?
-Yo hablo de las tiranías de masas. Lo que digo es que las dictaduras y las tiranías no pueden ser solo de izquierda o de derecha. La tiranía es aquella que por toda vía de fuerza se impone por encima del resto de la población. Porque si por una determinada problemática social, que lo conocemos en todo el país fruto de la crisis económica, habilita a los grupos afectados ir en detrimento del resto de la población, no es un razonamiento válido. Todo lo que se impone por la fuerza en detrimento de cualquier grupo o individuo es un acto antirrepublicano y antidemocrático.
-Pero le vuelvo a repetir: ¿son comparables con las dictaduras?
-Hablo de las tiranías de masas. Precisamente, lo que hablo es que reina la imposición de la fuerza. Que no se escuche la voz de un comerciante, de un vecino o de cualquier otra persona que esté en inferioridades de condiciones porque no está agrupada de una forma determinada, o porque numéricamente no está en representación, entonces sí es anti-democrático y tiránico.
No obstante si uno consulta a la RAE (Real Academia Española) está en su acepción clásica está lejos de referirse a la acción de masas, sino a un poder unipersonal: “Forma de gobierno en la que el gobernante tiene un poder total o absoluto, no limitado por unas leyes, especialmente cuando lo obtiene por medios ilícitos, y abusa de él.”
Que bien podría referirse al actual régimen de gobierno cordobés, que desde hace 24 años controla el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y a través de este y el Consejo de la Magistratura, el Poder Judicial. Sin considerar esto el poder que ejerce con la pauta judicial sobre el Cuarto Poder de los medios de comunicación.
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Seis imputaciones
A pesar de esa resolución, el miércoles 5 de abril, la ciudad de Córdoba vivió una fuerte movilización de cortes de calle, acorde a un plan nacional contra las medidas del FMI a nivel país. Desde su oficina en Tribunales II, el fiscal del Distrito 4, primer turno, Ernesto de Aragón recibía notificaciones de parte de la Policía de Córdoba durante esas acaloradas jornadas, y anunció rápidamente a medios radiales que imputaría a “seis o siete dirigentes”, acusándolos del Artículo 194 del Código Penal por obstrucción del transporte, que tiene penas de seis meses a dos años de prisión.
El primero que tuvo exposición pública fue Federico Giuliani, secretario general de CTA Autónoma en Córdoba. Esta central de trabajadores, rápidamente, publicó el siguiente comunicado: “Al mismo tiempo que el gobernador Juan Schiaretti lanzaba ayer (en referencia al martes 11 de abril) en el Hotel Quórum la campaña electoral del ‘Cordobesismo’ de cara a los comicios del 25 de junio, Giuliani recibía por interpósita persona una citación judicial de manos de la policía haciéndole saber que queda citado a comparecer ante la Fiscalía del Distrito Cuatro Turno Uno. El mencionado acto del Quórum se refirió a una congregación de centenares dirigentes del interior, cuyo cierre estuvo en manos de Schiaretti y de su candidato a sucederlo: Martín Llaryora.
“Son seis las imputaciones”, le señaló De Aragón al presente cronista, sentado en su escritorio, aclarando que no puede revelar la identidad del resto de las personas. Striptease del Poder detectó en privado a casi todos ellos. “Por ahora, debemos asegurarnos que estas seis personas reciban las notificaciones correspondientes”, me explicó el funcionario judicial. De hecho, una de esas seis le comentó al portal que el maldito papel lo recibió su madre, de la mano de un empleado de fiscalía junto con uniformados policiales, en una situación bastante incómoda.
También están acusados dos dirigentes del Polo Obrero: Emanuel Berardo y Soledad García. De hecho, ya presentaron un jury de enjuiciamiento contra el juez Fernández López y el fiscal De Aragón, por “mal desempeño, negligencia grave, desconocimiento inexcusable del derecho y supuesta comisión de delitos; de acuerdo a lo normado por el artículo 154 de la Constitución Provincial”.
Consultando a De Aragón cuáles fueron los criterios para imputar a seis personas, frente a centenares que estuvieron en las calles, responde que son “personas que se sabe que organizan estas actividades y que tienen cierta exposición. De cualquier manera, no se descarta que puedan identificarse más personas”. Además, ratificó que tiene contacto fluído con fuentes policiales y que el principal material son los registros de las cámaras de vigilancia, que maneja las propias fuerzas.
Por último, se le preguntó si su decisión tuvo que ver con el fallo del juez Fernández López. Respondió que “es una resolución que debe ser tomada en cuenta. Pero que es un fallo que proviene de otra área de la justicia. Acá lo que tratamos de determinar si hubo delitos o no en aquella manifestación”.
La sombra de Schiaretti
Prácticamente, todos los imputados acuerdan o plantean la sospecha que el poder político cordobés estuvo detrás de estas acusaciones, por beneficio electoral y para contener una situación de malestar que se viven en los barrios y las calles. Que ha desistido de hacerlo por ley, porque el gobernador Schiaretti se jacta en público de haber sido uno de los dirigentes que protagonizaron el Cordobazo, y que por eso recibió un tiro en una pierna. Aunque también reconoció haber sido empleado de Mauricio Macri en SOCMA (Sociedad Macri) lo que explica el profundo entendimiento existente entre ambos.
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En los fundamentos del texto que presentó el Polo Obrero contra los funcionarios judiciales, acusaron al gobierno provincial de estar detrás de esta situación: “El gobierno de Córdoba ha establecido una escalada abiertamente represiva contra los reclamos sociales y las manifestaciones populares; y los funcionarios judiciales denunciados llevan adelante la indigna tarea de criminalizar la protesta social”.
Lo mismo opina otra de las personas imputadas al presente cronista: “Básicamente, fue atacar a las direcciones, a la cabeza. No es casualidad que siempre somos los que damos notas a los medios de comunicación e, incluso, son los mismos que cerramos el acto de cierre”.
Finalmente, en una manifestación realizada afuera de tribunales, cuando Giuliani de la CTA se presentó ante el fiscal, el dirigente gremial señaló con megáfono a mano lo siguiente: “Están creando este consenso, en cierta parte de la sociedad, para tomar un giro a la derecha. Y si avanzan con estas medidas judiciales, tienen un caballito de batalla para avanzar en estas elecciones. Sabemos que Schiaretti está usando estas medidas como trampolín para ser candidato a presidente. Schiaretti, Larreta y Bullrich los vimos en la Sociedad Rural Argentina. Y cuando le preguntaron qué harían en los primeros 100 días de gobierno, dijeron que no, que lo harán será en las primeras 100 horas para achicar el Estado para lanzar la reforma previsional y laboral. Y que no les temblaría el pulso de reprimir”.
Las pulsaciones de las calles
Emulando a su competidora por la presidencia Patricia, Bullrich, el gobernador de Córdoba Schiaretti procura criminalizar la protesta social en la provincia que detenta en el Gran Córdoba, los más altos índices de pobreza, indigencia, y malestar laboral, y tiene en el interior del país la mayor masa de población con descontento social.
El último dato del índice de precios al consumidor, medido por la Dirección General de Estadísticas y Censos de la provincia de Córdoba, indicó una variación mensual del 7,99%, la más alta desde hace 21 años, cuando los efectos de la crisis del 2001 generó en abril de 2002 un pico de 10,18%. Si extendemos esas variaciones desde diciembre de 1999, cuando asume por primera vez la gobernación José Manuel de la Sota, dando inicio al ciclo peronista cuyo cargo se alternó con Schiaretti, vislumbramos un electrocardiograma, donde mide las pulsaciones que van in crescendo, acercándose de a poco a lo que fue la situación de la salida de la Convertibilidad.
Según las planillas del Estado provincial, el incremento del casi 8% del mes pasado, tiene como principal explicación la elevación del precio de la carne y sus derivados, como así también la incidencia que tuvieron los lácteos y los huevos. No está demás en decir que los alimentos ocupan mayor peso en los gastos de las familias con menos recursos, en comparación con los sectores más pudientes, con lo cual son los que se ven más afectadas por esta situación. Y ante su protesta en las calles, una mayor demanda de generar una respuesta por parte de las administraciones gubernamentales.
Por otra parte, figura como segunda y tercera razón el capítulo referido al Transporte y Comunicaciones -por aumentos en la compra-venta de vehículos, de combustibles y lubricantes, más los servicios telefónicos- y el Capítulo de Enseñanza -el incremento de aranceles en todos los niveles educativos-.
Los elevados precios implican una corrosión en los ingresos de las familias y, por ende, un mayor impedimento para que con su actividad laboral logren cumplir con sus necesidades. Es lo que confirma los últimos números del INDEC, que señalan que el Gran Córdoba encabeza la urbe de todo el país con la mayor tasa de Ocupados que demandan trabajo (27,4%), y de Subocupados que demandan trabajo (13,7%).
Lo cual brinda un panorama de porqué gran parte de los habitantes de la ciudad capital y pueblos a su alrededor no están conformes económicamente con su situación laboral. De hecho, como se puede ver en gráfico anterior, son índices que duplican largamente al del Gran Rosario, ciudad que padece la violencia urbana fruto del narcotráfico en los barrios.
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