DOCENTES CORDOBA: los disparates del secretario Monserrat que lo hacen inepto para el cargo

Walter Grahovac, Carmen Nebreda, y Juan Monserrat fueron los creadores de la lista celeste que hace 35 años conduce la UEPC (Unión Educadores Provincia Córdoba) en base a una espuria combinación de representación gremial, y representación y mandatos políticos. Desde 1998 hasta el 2002, Grahovac se desempeñó como secretario general de dicho gremio, y luego desde 2007 hasta hoy, pasó a fungir como ministro de Educación de los gobernadores cordobesistas Juan Schiaretti y Juan Manuel De la Sota.

Desde el 2002 hasta el 2009 fue sustituido por Nebreda, quien a continuación pasó a desempeñarse como diputada nacional, y luego como legisladora provincial. Y así desde el 2009 hasta hoy, a lo largo de catorce años, Monserrat pasó a desempeñarse como secretario general de la UPEC, y a la luz de su gestión, no se sabe bien si representa los intereses de los docentes.

O si funciona como una contención respecto los genuinos intereses de estos, que se han visto vulnerados notablemente durante su gestión, profundizando notablemente el rol similar que habría cumplido también Nebreda. Una muestra de ello lo da el siguiente video, en donde en un reciente zoom Monserrat afirmó:

“La línea de la pobreza, la línea de la canasta es un arbitrario, es una cosa medio arbitraria del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos… si es una cosa media arbitraria el tema de la línea de pobreza, porque en la familia, en cualquier familia, no solamente ingresa un salario de maestro de grado, para cubrir la totalidad de lo que te dice el INDEC que es una familia tipo…”

Lo que manda la Constitución

Con esa afirmación, con la que tácitamente reconoce una disminución del poder adquisitivo del salario docente, Monserrat mostró que ignora o desprecia aspectos básicos de la legislación vigente. Que dispone en forma parecida a la de los jueces, que no puede haber en relación con los docentes, quita de sus remuneraciones, o sea de su poder adquisitivo, inflación incluída. Y por contrario debe haber una mejora continua de sus haberes.

Tal como lo sostiene el ex juez federal, abogado constitucionalista cordobés, y periodista columnista de opinión Miguel Julio Rodríguez Villafañe, en un reciente artículo titulado “Mandato constitucional de cuidar a la docencia”, que Stripteasedelpoder.com publicó en noviembre pasado, donde decía:

Ver EDUCACION: En Finlandia los docentes son los mejor pagos aquí ilegalmente son la variable de ajuste

“La Asamblea General de las Naciones Unidas (UN), en diciembre de 1966, aprobó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que Argentina adoptó mediante la Ley 23.313 y adquirió rango constitucional en su obligatoriedad, al haberse incorporado a la Constitución Nacional, en 1994, (art. 75, inc. 22).

Dicho tratado internacional, entre otros importantes aspectos, establece que, los Estados Partes en el Pacto, como nuestro país, se comprometen a asegurar “el derecho de toda persona a la educación y reconocen que, con el objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho se debe mejorar… continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente”, (art. 13, apart. 2, inc. “e”).

El objetivo estratégico de educar es tan importante, que la norma, a diferencia de otros mandatos constitucionales, fija una pauta dinámica de “mejorar continuamente” no solo la retribución a los docentes, sino otros aspectos que hace a sus condiciones materiales y a los demás requerimientos necesarios para cumplir debidamente la tarea. El Pacto establece que siempre se debe estar pendiente de optimizar las condiciones del sector y, por lo tanto, lo que se haga en ese aspecto, en todo momento, debe entenderse transitorio y pendiente de ser ampliado positivamente.

Sin embargo, en Argentina, se ha llegado a un gran deterioro de la retribución docentes por la inflación, entre otras causas, al punto tal que, en muchos casos, el sueldo que se cobra es inferior al monto establecido como de la línea de pobreza. Monto este último que se calcula teniendo en cuenta el poder adquisitivo necesario para satisfacer las necesidades básicas, esenciales en dignidad para su vida y la de su familia.

Asimismo, resulta inaceptable que los docentes deban esperar decisiones tardías por las que se reajuste sus salarios, en valores que no necesariamente compensan el período de reajuste para el pasado y a su vez, lo que resulte del desfasaje lo deben cobrar en cuotas para el futuro, mientras sigue operando la inflación que sigue deteriorando sus ingresos mensualmente.

A lo que se suma la angustia que viven las y los docentes en los últimos tiempos, si se tiene en cuenta que nunca la docencia tuvo, como ahora, que pelear para lograr lo elemental para subsistir.”

El informe de OTES

El Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad cordobés (OTES) publicó recientemente un informe titulado “Educación en la provincia de Córdoba: presupuesto, salarios y modelo educativo” donde da cuenta de la tremenda quita de haberes que ha facilitado la gestión de Monserrat en contra de los docentes cordobeses, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico.

Según el informe de OTES las cifras del gráfico corresponde a “un/a docente de la enseñanza media con 31 horas cátedra (máximo permitido) sin bonificaciones por antigüedad o zona. En el gráfico 1 vemos que la paritaria docente en los últimos 5 años arroja un saldo negativo del 10% considerando el efecto de la inflación sobre los aumentos acordados.

Si lo llevamos a valores actuales podríamos decir que el sueldo de enero 2023 es $18.198 pesos menor al que se percibió en febrero de 2018. En tanto, el mínimo del periodo se ubica en el mes de julio de 2021, que percibió un ingreso 23% menor al de 2018 representando una pérdida de $40.641.

La suma de la perdida de todos los meses con respecto al sueldo percibido en febrero de 2018 estaría representada por el área de color rojo. De esta forma la pérdida total en estos 5 años, por trabajador/a docente, alcanza los $1.336.888. Es decir que si el gobierno debiera compensar a cada docente por las pérdidas salariales de estos años debería entregar ese monto a cada uno/a.”

Tras analizar que las sumas no bonificables no habrían tenido merma si se las ajusta por inflación, mientras que las sumas bonificables registraron mermas de hasta un – 39 % ídem, siendo actualmente de – 27 %, concluye en consecuencia que los docentes de mayor antigüedad y los que se desempeñan en zonas desfavorables, resultan ser los mayores perjudicados con estas políticas salariales consentidas por Monserrat.

OTES apunta al respecto: “Por lo tanto ocurre que sí bien el ajuste es generalizado, recae más sobre los docentes de mayor antigüedad, llegando a percibir hasta el doble del ajuste que un docente que recién comienza a ejercer. Si además añadimos la pérdida que percibe un trabajador/a que se encuentra en zona desfavorable la merma podría llegar incluso al 30%. Esto tiene un doble impacto en las cuentas públicas, por un lado baja el gasto en salarios y por el otro baja también el gasto en las futuras jubilaciones.”

La violación de la ley provincial

Además de la previsión constitucional señalada por Rodríguez Villafañe, el informe de OTES revela que desde el 2016 hasta la fecha, con la complicidad de Monserrat, la provincia viene incumpliendo la ley de Educación. La que estipula que el 35 % de los ingresos presupuestarios deben destinarse a la educación, conforme da cuenta el siguiente gráfico.

Al respecto el informe de OTES apunta: “La Ley de Educación de la Provincia de Córdoba sancionada en 2010 (Ley 9.870) establece que: “La Provincia garantiza para el Sistema Educativo Provincial un porcentaje mínimo de recursos en cada ejercicio no inferior al treinta y cinco por ciento (35%) del Presupuesto General anual”. Este mínimo exigido por la Ley está representado por la línea roja. En este gráfico se evidencia que la última vez que la provincia cumplió con le Ley de Educación fue en el año 2016 donde inicia mandato el actual gobernador Juan Schiaretti.”

Los seis puntos de diferencia en el 2023 representan un aumento de recursos del 20 %, que dirigidos hacia el salario docente, permitiría aumentos de casi un 30 % de las remuneraciones.

La burlona propuesta del gobierno

Esta semana a través del secretario Monserrat, el gobierno concretó lo que denomina una nueva propuesta, cuya trasmisión por parte del secretario general, pone seriamente en duda para quien está operando. Ya que ella no representa mejora real alguna, y por contrario esconde algunas notables trampitas, como se puede ver en el siguiente cuadro comparativo.

Como se puede ver en cuanto los aumentos futuros, se propone una modificación que resulta miserable, consistente que en vez del 8 % en Marzo y 12 % en Mayo, sea el 10 % en ambos meses. Con un total en ambos casos de un 40 % semestral, a la par que se registra un inflación anual de más del 100 %.

Y en relación con la Cláusula de garantía contra la inflación, como burlándose de los docentes, eleva el nivel en que ella se gatilla, o sea se hace operativa dicha cláusula. En lugar de un aumento de precios del 18 % en Abril, pasa a ser del 30 %. Y en lugar del 30 % en Junio, pasa a ser del 40 %.

Hay  una raza de dirigentes sindicales a la que se denominan los “gordos” que se han eternizado en sus puestos en sindicatos importantes, y como contrapartida con su gestión han sabido favorecer a sus afiliados. Con el cordobesismo y la promiscuidad entre sindicalistas y políticos, o sea entre sindicalistas y el estado como patrón, en vez de “gordos” merecerían llamarse “rufianes”.-

Ver también:
Informe OTES revela la ilegal depredación del cordobesismo del sistema educativo cordobés
EDUCACION: El Cordobesismo lidera su privatización 
CONFLICTO DOCENTE: El “Plan Maestr@” de Macri para legalizar el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo