Córdoba viene teniendo un verano caldeado por protestas sindicales debido al incremento de aportes jubilatorios por parte de los propios trabajadores. Eso incluye a las docentes, que en los últimos años vienen padeciendo un deterioro de sus sueldos. Pero no obstante el Ministerio de Educación, arrancó el mes de febrero con la concreción de una subasta para conceder a empresas privadas servicios de vigilancia en las escuelas y colegios públicos.
Realizada en el segundo día del mes, el Estado provincial había estimado una pauta de $5,9 mil millones por esos servicios. La apertura del concurso se inició a las 8:00 horas, teniendo como horario de cierre a las 12:00hs. A los 13 minutos de iniciada la actividad, una empresa efectuó una oferta que, llamativamente, era exactamente el mismo monto presupuestado por la administración pública: $5.946.922.800.
Pasaron diez minutos más (8:23 hs.) y apareció una segunda empresa con una oferta más económica: casi $5,8 mil millones. Todo se encaminaba a que la segunda oferta sea la ganadora. Pero justo, en el último minuto del cierre (11:59 hs), reapareció la primera empresa y efectuó la oferta más económica: $5.740.825.740. Esto le permitió llevarse el premio de la jornada.
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Lo que exigen los pliegos, por lo menos los del año pasado, es una lista de más de sesenta escuelas que deben recibir personal de vigilancia, para custodiar la entrada de ellas con una jornada mínima de doce horas en días hábiles. Cada guardia debe contar con la vestimenta y la credencial de la firma prestadora, y debe controlar el ingreso y salida de toda persona que estudie o trabaje en esos establecimientos educativos, incluyendo los autos que se estacionan en los espacios de estacionamiento. Y además debe garantizar que haya reemplazos, para garantizar el cumplimiento de las jornadas. En el 2025, había que vigilar 62 colegios. Por ende, se supone que hablamos de un personal de vigiladores de más de 120 distribuidos en la provincia.
Pues bien, resulta que tres días antes, el 30 de enero, StripteasedelPoder.com publicó en sus redes sociales la existencia de una misteriosa compañía que se había encargado de proveer ese servicio al estado provincial en los últimos años. Pese que no hay registros ni testimonios del ámbito educativo, que confirmen que esa firma estuvo realizando esos servicios en las entradas de los espacios educativos provinciales.
La empresa en cuestión se llama M3 SRL Seguridad Privada. Y sí: es la misma empresa que acaba de ganar un nuevo concurso para proveer la vigilancia en los establecimientos educativos, a pesar qué su historial pone en duda que lo haya hecho plenamente. Ahora, se le suma esta extraña maniobra de la última subasta, que tiene un eco al escándalo de la empresa Techint, en su frustrado intento por ganar la licitación de un gran gasoducto, presentando una segunda oferta más económica, pidiendo además que se le permita mejorar la mejor oferta existente. A diferencia del multimillonario Paolo Rocca, la misteriosa compañía M3 logró ambas cosas sobre la hora, y se quedó con la presa apetecida.
Tal como advirtió StripteasedelPoder.com, el Ministerio de Educación ya le había abonado el año pasado a esta compañía unos 5 mil millones de pesos, por dicho servicio. Para ese entonces, no se conocía a ningún profesor, maestra o alumno, que haya visto con sus propios ojos ver prestar ese servicio escolar por parte de dicha empresa.
Tras la repercusión que se generó en las redes sobre la filtración de esa información, previo a la concreción de esa subasta, apareció la declaración radial del legislador provincial radical Miguel Nicolás, donde expuso sus dudas sobre este negocio que le ofrece el Estado a M3 SRL: “¿Quiénes son los que están manejando este negocio? Porque acá existe la alerta temprana, la Guardia Urbana, la cantidad de policías… No sé por qué tenemos que gastar esa millonada, miles de millones de pesos, en seguridad privada”.
Por su parte M3 SRL publicó una réplica en su cuenta de Instagram, amparándose en un comunicado de repudio emitido por parte de la gremial empresarial que nuclea a las empresas del rubro de seguridad privada, con el lema: “Acompañamos al Estado. No lo reemplazamos”. Con el detalle que esa cuenta de M3 SRL se puso en marcha hace solo un par de semanas. O sea, cuando recién su nombre tuvo repercusiones mediáticas, a pesar de que existe por lo menos en el año 2018 y que cuenta aparentemente con más de una centenar de custodios en su nómina de personal.
Detrás de ese “acompañamiento”, queda la pregunta respecto de quiénes realmente están detrás de este negocio, y quiénes serían los verdaderos beneficiarios de este emprendimiento, que tiene como contracara el estancamiento material en la educación cordobesa en épocas de aguda recesión y malestar docente.
Los poco vigilados acuerdos de M3 con el cordobesismo
Según el Portal de Transparencia, donde el estado provincial cordobés publica las erogaciones presupuestarias, M3 SRL inició sus contratos con la administración pública en la cartera del Ministerio de Educación a partir del año 2022, en el penúltimo año del mandato de Juan Schiaretti como gobernador. Allí facturó $8,2 millones para “atender servicio de vigilancia destinado a establecimientos educativos”. Es el equivalente aproximado a unos U$S 60 mil a valor oficial de entonces.
Para el año 2023, firmó importantes acuerdos. El más pequeño fue de $2,8 millones. Pero con otro pudo brindar por el mismo servicio $38 millones. En la revisión de esos acuerdos, recibió tres remuneraciones mensuales de $890 mil más otros adicionales; pero en noviembre de ese año y enero del siguiente año, recibió dos ingresos por más de $18 millones cada uno. En el medio, ocurrió la devaluación impulsada por la flamante gestión nacional. El total de esos $40 millones se aproximaron al equivalente a casi U$S 150 mil, casi una triplicación a lo que fue el año anterior.
Para el 2024, con Martín Llaryora como gobernador, el contrato se elevó majestuosamente a $492,5 millones. En el medio esos montos incluyeron una redeterminación de los precios. Si se midiera con el dólar oficial, sería un incremento aproximado de U$S 550 mil, otra triplicación pero con un margen superior.
Finalmente, para el año 2025, el Estado Provincial le efectuó pagos a M3 SRL en casi todos los meses del año, con un total anual de $4.977.345.867, es decir, casi ¡$ 5 mil millones! La repartija de esos numeritos muestra un panorama distinto a lo que fueron los años anteriores, lo que le garantizo a la empresa tener asegurado un ingreso mínimo de siete cifras por mes.
En dólares, estamos hablando de más de ¡U$S 4 millones! Prácticamente ocho veces más que el año anterior. Es decir, que desde que tiene acuerdo con el estado de Córdoba, M3 pasó de cobrar U$S 60 mil en 2022 a U$S 4 millones en 2025. Un monto total de 5,3 millones de dólares a valores oficiales.
Si a esto le sumamos el reciente triunfo que tuvo en la subasta del 2 de febrero de 2026, tomando la cotización de $1.400 por dólar, nos encontramos con otros U$S 4,1 millones. Por ende, desde 2022, M3 SRL recibió pagos o promesas de pago por parte del Estado cordobés equivalente a más de 9 millones de dólares a valores oficiales. Un significativo monto poco vigilado e incidente en las alicaídas cuentas públicas, mientras enfrenta el desafío de iniciar las clases en el marco de un agudo descontento docente.
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Sin embargo, sus ingresos por parte de las arcas públicas no serían solo esos. Según información que llegó a StripteasedelPode.com, M3 SRL también habría brindado sus supuestos servicios a otras entidades que orbitan alrededor de la administración pública. Como son la empresa estatal de electricidad EPEC; la Agencia Córdoba Cultura; el ente municipal capitalino Córdoba Obras y Servicios (COYS), entre otros.
El problema es que ellas no dan publicidad a sus manejos presupuestarios, con la opacidad que se creó dos décadas atrás, en el inicio del cordobesismo, con las agencias estatales que no son supervisadas por el Tribunal de Cuentas. En consecuencia, se puede suponer que M3 SRL ha recibido montos dolarizados que superan los ocho dígitos.
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El NN de M3
La empresa M3 SRL fue creada en el año 2018, inicialmente por tres socios: los comerciantes Guillermo Esteban Cáceres y Maximiliano Martos Jamenson, junto otra entidad empresarial llamada Tower Security SA. El domicilio inicial fue el mismo que el personal de Martos Jamenson: un departamento de la Torre Santa María, ubicado en barrio Alto Alberdi de la ciudad de Córdoba, en el primer piso.
A fines 2021, ambos comerciantes crearon Bar Caraffa SAS, una actividad nada parecida a la de la vigilancia, en este caso, en calle Bolívar al 350 en barrio Güemes, que luego se convertiría en la nueva dirección de M3 SRL, más específicamente en un departamento del sexto piso. Al año siguiente, Tower Security se retiró de la empresa y Cáceres cedió sus acciones a Selene Paula Mansilla, quien estaría conviviendo con Maxi Martos Jamenson, quien por ese entonces todavía no había cumplido los 40 años de edad. En ese año M3 SRL empezó a recibir sus primeros contratos con el Ministerio de Educación.
A principios del 2024, tras la asunción de Llaryora como gobernador, según el Boletín Oficial el director técnico de MP3 SRL Gullermo Esteban Cáceres, fue reemplazado por Pablo Adrián Arregues. Quien se había desempeñado como subjefe de la Policía de Córdoba en la última gestión del gobernador Juan Schiaretti.
Arregues había perdido ese alto cargo policial, luego de dos estremecedores casos de gatillo fácil, que acabaron con las vidas de los jóvenes Valentino Blas Correa, en la ciudad de Córdoba, y Joaquín Paredes, en Paso Viejo, departamento de Cruz del Eje. Arregues no fue procesado en ninguno de los dos resonantes juicios que generaron esos homicidios, que pusieron en el banquillo de los acusados a importantes uniformados de la Policía de Córdoba. Pero no pudo escapar a la reestructuración del plantel policial que precipitaron esos eventos que sensibilizaron a la sociedad cordobesa.
Como algunos expolicías que ocuparon altos cargos, Arregues pasó a desempeñarse en la seguridad privada de la mano de M3 SRL y el Grupo Urba-Seg SA, donde cuenta como socio al docente Lucas Marcelo Colombo. Esta empresa tiene como sede la misma que el domicilio personal de Arregues y, aparentemente, cuenta con el amparo de un importante empresario que, en otras ocasiones, se ha metido misteriosamente en las violentas internas de la policía.
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¿Cómo se explica que un joven desconocido como Maximiliano Martos Jamenson haya logrado generar un emprendimiento de este tipo, que le permitirá recibir 10 mil millones de pesos tanto este año como el anterior, por parte del Estado cordobesista?
Según un rastreo que hizo StripteasedelPoder.com, a partir de información brindada por fuentes cercanas a la compañía, Martos Jamenson tendría aceitados contactos con figuras ligadas al peronismo y al sindicalismo cordobés, que se presupone que lo ayudaron a conseguir sus jugosas contrataciones.
Una de esas figuras, según el relato de personas que tuvieron su paso por M3 SRL, fue Gustavo Pedrocca, secretario general del sindicato Suvico, que nuclea a los empleados que trabajan en empresas de seguridad privada. Quien al mismo tiempo, se desempeña como concejal de la ciudad de Córdoba, en la lista oficialista del intendente Daniel Passerini, del mismo partido que del gobernador Martín Llaryora.
Exempleados de M3 SRL señalaron a StripteasedelPoder.com que al concretar sus labores han padecido quitas salariales por razones sindicales, mutuales, del seguro, y aportes que alcanzaron algunos de ellos hasta 20 mil pesos. “Hay empresas que no llegan los cuatro mil pesos la hora y trabajan en negro. Incluso, cuando yo trabajé te ofrecían droga para estar las 24 horas”, señala uno de ellos. Otorgando un panorama laboral desolador, confirmando que la compañía no tendría el suficiente personal para concretar lo que le demanda el Estado, y arrojando dudas sobre accionar del sindicato de Pedrocca.
Otras voces pusieron el eje en el abogado Gastón Massimino, quien fue director de Coordinación Pública y Privada de la Secretaría de Seguridad, durante la segunda gobernación de Juan Schiaretti (2015-2019). Massimino cayó en desgracia justo antes de la finalización de su mandato, en noviembre de 2019, cuando la UIF, Unidad de Investigación Financiera, descubrió que había recibido en su cuenta de sueldo, depósitos de cheques que provinieron del sindicato de recolectores de residuos Surrbac, entre octubre y noviembre de 2017, por un monto de $3,3 millones. Eso fue ventilado en un expediente judicial, que investigó a ese sindicato de recolección de basura por lavado de dinero, en una causa ya elevada a juicio.
Por último, otro personaje del peronismo que ha sido mencionado por los testimonios en off que recibió este medio, es el exlegislador provincial del oficialismo Juan Manuel Cid, quien entre sus antecedentes está el de haber sido vocal y presidente del Tribunal de Cuentas en el segundo mandato de Schiaretti, y actualmente es director del Banco de Córdoba. “Es el intermedio (sic) entre la empresa y el gobierno, para evitar las denuncias y, sobre todo, las inspecciones”, señala uno de los guardias que trabaja en M3.
No es para menos: Cid también ha ocupado cargos ligados a la profundización constitucional como el Consejo de la Magistratura de la Provincia, como así también tiene una fuerte influencia en el Colegio de Abogados, primero de la mano de su amigo el presidente Ignacio Segura, que casualmente tendría aceitadas relaciones con el sindicalista Mauricio Saillén, de SURRBAC, el gremio que le efectuó sospechosos aportes a Massimino, el otro abogado mencionado. Y actualmente mantendría esa influencia a través de su amigo el nuevo presidente de ese colegio Eduardo Bittar.
La noche de los azules
Por otra parte, dentro del organigrama, Gastón Massimino se desempeñaba bajo el mando del secretario de Seguridad de ese entonces, Diego Hak. Quien había designado como director General de Seguridad Capital, es decir para manejar a los policías que circulan en la ciudad de Córdoba, al comisario general Jorge Sergio Gómez, alias “La Rosa”.
Gómez ya venía trabajando en la última gestión de José Manuel de la Sota (2011-2015), bajo el mando del jefe de Policía Julio César Suárez, recordado por emprender cuestionados operativos, como detenciones masivas en los barrios, para meter a jóvenes por portación de cara o vestimenta dentro de corrales, y difundir estas detenciones en los medios. Y finalmente fue condenado penalmente por haber amenazado a un periodista cuando realizaba la cobertura de uno de esos operativos, en un mismo barrio donde se cometió un conocido caso de gatillo fácil del “Güere” Pellico».
Sin embargo, las crónicas de aquella época señalan que existían tensiones entre Hak y Gómez, ya que el primero era un político que anteponía los intereses electoralistas y tenía afán por ascender en el poder. Por eso le recriminaba a los superiores uniformados de no realizar suficientes acciones en las calles, para aplacar las denuncias de inseguridad en la gran ciudad.
A mediados de 2018, Gómez fue citado por Hak en una estación de servicio. Allí, le dijo que tenía conocimiento de la existencia de un supuesto audio filtrado como parte de un complot para descabezar su cargo como secretario provincial de Seguridad. Quien estuvo presente en esa juntada secreta fue el mencionado comisario Pablo Arregues, que en ese entonces era el director de la Policía Caminera, y luego confirmó que el reproche de Hak contra Gómez constituyó una amenaza.
Pocas semanas después, StripteasedelPoder.com publicó tres cámaras ocultas que pusieron en jaque a Ricardo “Coco” Hak, el padre de Diego. En ellas, Ricardo, que ni siquiera era funcionario público, recibía coimas de parte del empresario Roberto Moyano, dueño de boliches nocturnos, entre ellos la famosa Raposa. Eso precipitó un acto de parricidio simbólico, en el cual Diego no solo presentó su renuncia el 6 de julio de aquel año, sino que además realizó una denuncia penal contra su propio padre por “tráfico de influencia”. Hak fue reemplazado en su puesto por
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Hak fue reemplazado en su puesto de secretario de Seguridad por Alfonso Mosquera. Quien luego fue ascendido a rango de ministro, pero cayó en desgracia con motivo de los alevosos asesinatos de Correa y Paredes y en el 2022 tuvo que presentar su renuncia. Y luego fue también procesado penalmente con motivo de dádivas en el caso del asesinato de Correa, cuyo abogado de la querella era socio del hijo del mismo Mosquera, por lo que todo quedaba en casa.
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A lo que luego se le agregó otro procesamiento por abuso sexual con acceso carnal, lesiones leves doblemente calificadas, privación Ilegítima de la libertad calificada, y hurto y amenazas, en contra de una mujer que revestía como policía. Mostrando todo esto la escrupulosidad con la que se movía en el nuevo secretario luego ministro. Abriendo el interrogante si ese cambio abrupto en la secretaria, fue el que abrió paso al negocio de la vigilancia privada en las escuelas públicas, que se lanzó tres meses después.
Por su parte el negocio de los boliches, junto con los espectáculos nocturnos bailables, desde siempre han generado componendas turbias los entes que deben supervisarlos, para que les garanticen cierta impunidad. Uno de los escándalos más recientes fue en el 2023, con el caso de los “Bomberos VIP”, donde una investigación judicial detectó una supuesta asociación ilícita forjada por inspectores municipales, bomberos, y empresarios, para administrar las coimas que se recolectaban, como las que acumulaba “Coco” Hak, a la par que se evitaban clausuras.
Esto generó un rearme de la gestión municipal del por entonces intendente Llaryora, del que finalmente se encargó su sucesor, Daniel Passerini, creando el Ente de Fiscalización y Control. Que está presidido por Ezequiel Hormeache, cuya administración ha sido cuestionada por el presente portal por el reparto de cargos con personas allegadas; irregularidades realizadas en determinados eventos; y el pago de onerosos alquileres por inmuebles en desuso. Dichas publicaciones precipitaron luego el proferimiento de graves amenazas por parte de un hijo de Hormaeche, a un periodista de StripteasedelPoder.com.
A pesar de todo esto, Diego Hak obtuvo un cargo como legislador provincial durante el tercer mandato de Schiaretti en el año 2019. En ese entonces, “Rosa” Gómez ya se había retirado de las fuerzas policiales. Pero no así Pablo Arregues, quien asumió como subjefe de la Policía. Pero fue depuesto al año siguiente, luego de los asesinatos policiales perpetrados contra Blas Correa y Paredes. Luego de eso, se zambulló en el negocio de la seguridad privada, entre ellos, M3 SRL. En la actual gestión de Llaryora, Diego Hak es secretario de Relaciones Institucionales.
Negocios con botones a medida
Para fines de agosto de ese mismo 2018, luego del escándalo Hak-Moyano y faltando solo dos meses para la constitución de M3 SRL, el portal Enredacción reveló un audio de WhatsApp de 56 segundos, recibido por el comisario “Rosa” Gómez, que provino de un renombrado empresario cordobés de alcance nacional.
Se trató de Gustavo Arce, dueño de la empresa Agustino Cueros, una firma de reconocida elegancia, que le suministró trajes de etiqueta a importantes referentes de la política cordobesa, como De la Sota y Schiaretti. Como así también a figuras de la farándula porteña, como Marcelo Tinelli, y a periodistas locales en canje para sus programas televisivos.
Resulta que antes que se destapara la Raposa-Gate, Gustavo le preguntó a “Jorgito” si seguía con la “idea de terminar con este personaje, con el Dieguito”, en referencia a Hak. “Porque ya terminamos con todo el laburo. Falta el papel tuyo”, le aclaró. Y cerraba con lo siguiente: “Con dos misiles que le tirés, ya está, chau. Salió fuera de circuito”.
Hasta el día de hoy, no se sabe qué intereses tenía Arce al meterse en el medio de estas internas político-policiales. Se cree que tenía buena relación con el condenado César Suárez, en la época del último mandato de José Manuel de la Sota. En el tramo final del mismo, cuando Suárez fue relevado de su puesto, Arce se encargó de confeccionar distintas prendas a Schiaretti, en plena etapa de campaña electoral para su segundo mandato.
Un año después, en 2016, se desató un escándalo por la compra directa, en beneficio de Agustino Cueros, por 1.500 camperas para los agentes de la Policía Caminera. Lo curioso es que el contrato se firmó en agosto, cuando la vestimenta apuntaba a una época estacional como es el invierno, que ya estaba terminando.
Hoy, se plantea la sospecha de que Gustavo Arce, además de seguir confeccionando ropa de marca y dar consejos sobre emprendedurismo en las redes sociales, estaría capitalizando económicamente el negocio de la seguridad privada en Córdoba, pero bajo la sombra, impulsada por los contactos que ha mantenido con figuras que llevaban puesta sus uniformes azules y sus armas reglamentarias. Basta con ver su cuenta personal de YouTube, donde luce desde hace un año el video institucional de la empresa de seguridad Grupo Urba-Seg.
Grupo Urba-Seg SA fue creada a comienzos de 2024, por el exsubjefe de la Policía Pablo Arregues. A pesar de que tres meses después pasó a ocupar el cargo de Director Técnico Responsable de M3 SRL, la empresa supuestamente competidora propiedad de Maxi Martos Jamenson.
Empresarios, lobistas, policías, políticos, sindicalistas, todos metidos aparentemente detrás del negocio maquillado con el excesivo número de 10 millones de dólares, destinados en cuatro años a instalar servicios de vigilancia en unas 62 escuelas públicas. Cuando el total de ellas urbanas superan las 1.100 unidades educativas, lo que brinda una perspectiva de una enorme expansión del mismo. Por parte de un servicio que parece haber estado enteramente ausente ante los ojos de la sociedad, y como contraste ofrece el espectáculo de colegios deteriorados, con los bolsillos de los maestros y docentes cada vez más delgados.-
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