ESCANDALO CBA: caso Blas Correa, el gobierno controla la querella de la víctima

Violencia institucional se denomina cuando agentes del Estado actúan con una violencia desproporcionada e ilegal. Siendo un caso notable de ello, el del policía municipal torpe y mal entrenado Luis Chocobar, quien recientemente recibió una leve condena por ello. Y a quien sectores de la población, asustados por la pandemia de la inseguridad que desde hace 40 años se ha extendido por Argentina, a la par que se expandía la pobreza y marginalidad, han erigido como otros tantos de los héroes truchos que tiene nuestro país.

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Dicha violencia en Córdoba, donde el régimen del unicato De la Sota – Schiaretti controla la legislatura, la justicia, la oposición, y la prensa, como se verá seguidamente en el denominado caso Blas Correa, ha llegado al extremo escandaloso de incluso controlar la querella de la víctima. Concretando una doble violencia institucional, en un alarde de cómo se gobierna a una provincia con el marketing y la post verdad.

6 de agosto del 2020. Cuarentena total. Avenida Corrientes esquina Chacabuco, pleno centro de la ciudad de Córdoba. El cuerpo del adolescente Valentino Blas Correa de 17 años de edad, baleado por la espalda por el agente Lucas Gómez y el oficial Javier Alarcón, sumariado y con prohibición de portar armas, cuelga de un auto Fiat Argo.

La escena del crimen, que se ve en la foto de abajo, es turbadora. A la hora llegan los padres de Blas, Soledad Laciar y Fernando Correa quien por razones de “Covid 19”, nunca los dejaron pasar a ver a su hijo cuya cabeza, sin vida, yace tocando el asfalto. El padre, Coco, se desmaya.

Ese fue el cruento y solitario final del pobre joven cordobés, quien como Facundo Astudillo Castro, y otros tantos, murió en manos de las fuerzas de seguridad empoderadas en plena pandemia, víctima del Gatillo Fácil.

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Y el comienzo de una verdadera pesadilla para la familia de Blas Correa. Que comenzó a los pocos minutos de la muerte de Blas, cuando con su cuerpo aún caliente, mientras se les impedía el acceso a los padres, otros policías, para cubrir a sus compañero Gómez y Alarcón, intentaron plantarle un arma al adolescente y simular así un enfrentamiento. Un viejo recurso de la policía usado también en los años de plomo por las fuerzas armadas.

Esta manipulación de la escena del crimen, qué motivó inmediatas  imputaciones y detenciones de decenas de policías y sub comisarios, fue reconocida ante el fiscal José Mana por la agente Wanda Esquivel, actualmente con prisión domiciliaria, quien detalló que el oficial Alarcón “sacó un arma de su chaleco y le pidió que la tirara por la ventana, en una zona cercana donde presuntamente los chicos evadieron un control policial”.

Luego, la pesadilla continuó cuando los padres de Blas Correa, comenzaron a padecer las inclementes operaciones del gobierno de Juan Schiaretti con el fin de deslindar, de este incuestionable caso de gatillo fácil, las claras responsabilidades que tendrían el actual ministro de Seguridad Alfonso Mosquera, el “Sergio Berni cordobés”. Y el Tribunal de Conducta Policial de Córdoba, presidido por su alfil Ana Becerra, recientemente imputada en la causa. Dos funcionarios del schiarettismo de paladar negro gravemente comprometidos en el expediente.

“Parece que la Policía no forma parte del poder político, no se sabe quién los nombra. El señor gobernador y el ministro de Seguridad han hecho caso omiso a juntarnos con ellos”, acusó sin medias tintas Soledad Laciar, madre de Blas, la semana pasada, ante la cámara de diputados de la Nación.

“El papá y el hermano de Blas estuvieron en una reunión en la Legislatura, que no se filmó ni se grabó, en la cual, perdón las palabras, se les cagaron de risa. Una de las personas que se les cagó de risa en la cara fue la señora de la Sota (Natalia, hija del ex gobernador José M. De la Sota), que no tuvo problemas en derramar lágrimas con el papá y después acá salió publicando barbaridades”  agregó.

Y advirtió: “quiero que sepan que tengo mucho miedo, tengo mucho miedo por mi familia, ese miedo me lo generaron ellos, porque los que tenían que cuidar a mi hijo me lo mataron. Espero que no pase nada raro en todo esto (…) no voy a permitir que ensucien a mi hijo, no voy a frenar hasta que haya justicia. Para mí la justicia no es poner presos a los dos policías, esto va mucho más allá”.

¿Porque está involucrado el ministro Mosquera y el tribunal de Conducta Policial que de él depende?

Porque en el expediente está acreditado que los policías Lucas Gomez y Javier Alarcón que le dispararon entre 4 y 5 disparos balazos a cinco estudiantes de secundario que iban en un auto, por la espalda, entre estos Blas, estaban sumariados y no podían portar armas esa noche.

Gómez, autor material del crimen, está siendo juzgado por encubrir, como policía, a un violador serial que asoló la zona de la Calera y Saldán durante unos meses, quién luego fue condenado a 15 años de prisión. Habiéndose imputado además a cuatro policías como encubridores del violador, y pasados a situación pasiva mientras se concreta el juicio oral. Entre ellos Gómez, quien no obstante fue el único que logró volver situación activa. Por su parte, Alarcón estaba imputado por delitos de privación ilegítima de la libertad y lesiones leves, en un control policial ocurrido en 2013, en la ciudad de Río Segundo.

Por ende surge la pregunta obvia  ¿qué funcionario autorizó a estos policías, con semejante prontuarios,  a tener armas esa fatídica noche de cuarentena del 6 de agosto pasado?

Y es aquí donde esta siniestra causa de gatillo fácil, roza el flequillo de Schiaretti y el bronceado de su ministro de seguridad Mosquera. Según la Ley 9.120, cuyo autor fue el propio Schiaretti en el 2003, quien debe dar explicaciones de porque los agentes Alarcón y Gómez estaban armados esa noche, es el Tribunal de Conducta Policial.

Que depende directamente del ministro de Seguridad de la provincia. Es decir de Mosquera. Quien como legislador del Frente Renovador también intervino a favor de la sanción de esa ley, y luego se “borocotizó”, saltando a la oficialista Unión por Córdoba de Schiaretti y De la Sota.

http://www.saij.gob.ar/legislacion/ley-cordoba-9120-creacion_tribunal_conducta_policial.htm

Así lo dice expresamente los artículo 1, 2, y 3 de esta ley que se copian tal cual:

• “ARTÍCULO 1°.- CRÉASE el TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL que tendrá competencia para entender en la inspección y control interno de la prestación regular de los servicios policiales, en la gestión de los niveles ejecutivos, y en la observación, prevención, detección y sanción de las conductas reprochables, como así también en la planificación y acción concreta en cuanto a la adecuada formación ética y promoción de la debida disciplina y sujeción a las leyes y reglamentos por parte de los cuadros policiales, procurando a su vez estimular, mediante un sistema de premios extraordinarios, el accionar eficiente y conforme a la ley”.
•  “ARTÍCULO 2°. -EL TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL estará integrado por tres (3) miembros titulares y un (1) suplente por cada titular, con la siguiente conformación: Un representante del Poder Ejecutivo; un Legislador Provincial; Un representante de la Fiscalía General de la Provincia”.
• “ARTÍCULO 3°.-Los integrantes titulares y suplentes del TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL son designados de la siguiente forma, a saber: Los representantes del Poder Ejecutivo por el Ministerio de Seguridad; Los Legisladores por la Legislatura Provincial; Los representantes de la Fiscalía, por el Fiscal General de la Provincia”.

Con lo cual, según esta ley escrita por el actual gobernador, los que deben explicarle a los padres de Blas Correa y todos los cordobeses, de porque los sumariados policías Gómez y Alarcón portaban armas esa noche son:

Alfonso Mosquera

Ministro de seguridad. Un eterno funcionario del cordobesismo de  Schiaretti y De la Sota. Testigo clave en el polémico caso de Nora Dalmaso al sostener que su íntimo amigo Marcelo Macarrón, esposo de Nora, estaba jugando al golf con él en Uruguay la noche del crimen. Coartada con el cual, Macarrón quedó libre, habiendo sido ahora citado a juicio oral y público por el femicidio por encargo de su esposa.

El que también enfrentó, como Macarron, la dura muerte de su esposa Silvana Masoero. Íntima amiga de Nora Dalmasso. Quien acabó suicidándose, prendiéndose fuego, tras divorciarse de Mosquera, luego de que el ministro, según trascendidos periodísticos, la destruyera psicológicamente.

“Quiero hacer pública la decisión inquebrantable del Ministerio de Seguridad de llegar hasta las últimas consecuencias y no permitir que haya ninguna intencionalidad ni de dañar ni de encubrir este episodio. Nosotros queremos que esto se esclarezca porque se lo merece la víctima, sus deudos, la institución policial y el pueblo cordobés” prometió con sobreactuación, apenas sucedido el crimen, el ministro Mosquera. Tratando de ocultar lo que según la Ley 9.120, es uno de los que debe explicar

Ana Becerra

Abogada experta en medaición procesal, mano derecha de Mosquera, actual presidenta del Tribunal de Conducta Policial en representación del ministerio de Seguridad. No es nueva en la política. Es una   eterna funcionaria pública y militante del PJ cordobés. Fue ex concejal de la localidad de Villa María y hace años está al frente del Tribunal. En el 2019, un año antes de la muerte de Blas, cesanteó a un policía por enviar un vídeo masturbándose a otra agente. Falta que consideró “muy grave”.

La implicancia de Becerra en la causa, por ahora, no hay dudas tampoco. Como tampoco la protección del poder. Recién unos días atrás, luego de 9 meses de ocurrido el crimen, el fiscal anticorrupción de Córdoba, Matías Bornancini, puesto a dedo por Schiaretti para no investigar la corrupción del poder, imputó Becerra, por “abuso de autoridad” por el asesinato de Blas Correa. Delito que apenas tiene como máximo dos años de prisión. Razón por la cual, como pasó con el 100% de todos los expedientes de ese fuero, seguramente terminará archivada. O sea no se la estaría investigando, sino protegiendo con fiscales amigos.

“No es el Tribunal de Conducta el que maneja las armas. Nosotros somos un tribunal civil administrativo y en ningún momento retenemos ni devolvemos las armas” se defendió ante un radio cordobesa oficialista, la funcionaria, luego de su imputación, sin renunciar a su cargo.

“Se levantó la situación pasiva (de Gómez) porque no había más elementos de prueba, el policía recupera su estado pero ingresa en tareas no operativas, ya que se le devuelve el arma después de un apto físico y psíquico y un psicólogo le da la autorización para portar armas. Y a partir de esa autorización que otorga un equipo de psicólogos de Recursos Humanos de la Policía, se le hace una nueva prueba de aptitud de tiro y en algún momento se determina que vuelva a la actividad”, agregó la funcionaria, dando imbricados detalles administrativos, que no explicaron nada.

Luego de esta imputación, el legislador del Frente de Izquierda Noel Argañaraz, tras denunciar que el ministro Mosquera no respondió ningún pedido de informes sobre el caso Blas Correa, presentó un proyecto de interpelación a Mosquera, en la legislatura cordobesa. “Citamos al Ministro Mosquera, para que dé explicaciones sobre sobre las responsabilidades políticas del Gobierno en el caso de Blas luego de conocerse la imputación de Becerra” sostiene el pedido de informes.

“La violencia policial, el abuso, el gatillo fácil y las torturas aumentaron en pandemia. El Gobierno de Córdoba empoderó a las fuerzas de seguridad para aumentar su control social. El Gatillo Fácil aumentó en todo el país y son los jóvenes y los sectores populares quienes sufren las terribles consecuencias, como lo fueron Blas y luego Joaquín en Paso Viejo”, agregó.

Patricio Eduardo Serrano

Vocal del Tribunal de Conducta Policial en representación del poder Legislativo, poder que integra como legislador. Otro peronista de paladar negro. Quien en el 2013, siendo concejal de la ciudad de Córdoba por el PJ, estuvo en el tapete cuando su asesora Liliana Juncos, una famosa puntera peronista, también ex legisladora, debió renunciar a su cargo luego que un informe periodístico del periodista Tomás Méndez la vinculara con la trata y tráfico de drogas.

Ver Biografía no autorizada de Tomás Méndez, un traficante de información

Manuel Cristian Savid

Vocal del Tribunal en representación de la Fiscalía General de la Provincia o Ministerio Público Fiscal. Otro viejo funcionario peronista, ex vocal del Tribunal de Cuentas de la Provincia, donde se revisan los gastos de la provincia con total sigilo y oscurantismo. Savid, actualmente es Director General de Coordinación Interjurisdiccional de la Fiscalía General. Es decir, trabaja en la burocracia judicial, que a su vez debe esclarecer el caso  Blas Correa. Donde él, según la ley, está involucrado. Es decir, se investiga a sí mismo.

La defensa de Juan ante el caso Blas Correa

Con cinco importantes funcionarios schiaretistas gravemente implicados, entre estos el ministro Mosquera, el gobierno cordobés, diseñó una estrategia de defensa mediático-judicial para controlar los daños de este caso de Gatillo Fácil. Que adquirió mucho mayor repercusión que otros, al ser la víctima un joven de clase media.

Esta consiste en descargar en los cabos Gómez y Alarcón, autores del asesinato de Blas Correa,  y en los policías que trataron de manipular la escena del crimen, todas las culpas. Omitiendo explicarle a los padres y a la sociedad quien autorizó a Gómez y Alarcón a portar su armas esa noche. La pregunta del millón cuya respuesta nos acerca a Mosquera.

Esta estrategia se basó, primero, en un tratamiento mediático de la causa por parte de la prensa oficialista encabezada por La Voz del Interior, enfocada en los policías asesinos y la maniobra de encubrimiento. De la posible culpa de Mosquera y su tribunal de Conducta Policial, integrado por Becerra, Serrano, Savid casi no se publicó una palabra.

Segundo, en una reorganización, vía ley aprobada en diciembre pasado por la legislatura de Cordoba, controlada por Schiaretti, del Tribunal de Conducta Policial. Que cambió a un “Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana”, donde civiles tendrán más espacio y poder de decisión. O sea, se dio la paradoja de que el gobernador, como un emperador, reformuló una ley de seguridad que él mismo había hecho aprobar 18 años antes.

Tercero, obviamente, en el manejo de la causa de Gatillo Fácil en manos de fiscales amigos. Comenzó con José Mana, un fiscal acólito del cordobesismo de Schiaretti, a quien nunca incomodó con ningún expediente. Mana, en línea con la estrategia del gobierno, imputó y elevó a juicio a 13 policías y civiles, entre estos Gómez y Alarcón por asesinato, el resto por abandono de persona.

A la par, sin poder hacerlo, también imputó, pero recién el 12 de marzo pasado, al subdirector de Seguridad de Capital, comisario mayor Gonzalo Cumplido -número dos de Mosquera, con quien participaban juntos en los operativos- por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Por no asistir a la escena del crimen esa noche, cosa que por ley no estaba obligado a hacerlo de ningún modo.

Tras esa imputación, el comisario Cumplido, sabiendo que querían hacer de él un chivo expiatorio, cambió de abogado. Reemplazó al ex fiscal General de la provincia, Dario Vezzaro, un hombre del riñón del PJ, por el penalista  Carlos Nayi. Y empezó a cantar ante los medios como Luciano Pavarotti, señalando que las responsabilidades sobre las muerte de Blas estaban “más arriba”. Es decir Mosquera. Como claramente la Ley 9.120 lo dice.

Como había más funcionarios implicados, Mana, luego de pintarle los dedos a Cumplido sin corresponderle, un error no casual, le pasó una parte de la investigación al fiscal Anticorrupción Bornancini. El fuero más escandaloso de todos los tribunales de la Provincia de Córdoba, conocido como “El Fuero del Perdón”. Que tiene el monopolio de investigar los delitos que involucren a los funcionarios públicos. Sin haber encontrado un sólo delito por mínimo que sea en 20 años.

Así este fuero recibió una parte del expediente con la imputación ha Cumplido, y mientras el ex mano derecha de Mosquera amenazaba con cantar, el 11 de mayo pasado, 9 meses después del asesinato de Blas, el fiscal Bornancini imputó también como si dijo a Ana Becerra, presidenta del Tribunal de Cuentas de la Provincia, por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” igual que Cumplido. Con lo cual, no solo los dos ex manos derecha de Mosquera, ahora estaban en la cornisa, sino que él  ministro seguía en la lista, tal como lo avizoró el legislador del Frente de Izquierda Argañaraz en su proyecto de interpelación.

Sin embargo, dos semanas después, el 28 de mayo, Cumplido declaró ante el otro fiscal Anticorrupción Franco Mondino, quien antes de ocupar esta fiscalía fue secretario de una legisladora peronista durante tres años. Ante quien dijo ser parte de una “persecuta política policial”… “Estoy padeciendo un complot político policial y usaron a funcionarios judiciales para joderme la vida más de lo que me lo jodieron, pero voy a hacer todo lo que tenga que hacer para defender mi honorabilidad” denunció el ex comisario ante Mondino, flanqueado por su nuevo abogado Nayi.

Finalmente, apenas tres días después de estas declaraciones, el primero de junio pasado, el fiscal Mondino decidió sobreseer de toda culpa y cargo a Cumplido. “Concretamente, la supuesta conducta omitida por Cumplido en cuanto obligación de apersonarse en el lugar del hecho del homicidio del joven Correa, no se encuentra exigida por norma o ley alguna, por lo tanto se requirió la desvinculación total y definitiva tanto en relación a los delitos de abuso de autoridad y de la omisión de los deberes de funcionario público por atipicidad”, argumentó el fiscal en su resolución. Final feliz que seguramente también tendrá Becerra, dejando al resguardo el pellejo de Mosquera.

Querellas de Blas Correa rigurosamente controladas

Además de todo lo anterior, por último, la estrategia de Schiaretti para proteger a su ministro Mosquera tiene otro punto estratégico fundamental: el control de las querellas. Es decir, el control de los abogados de la familia Blas Correa, como lo hizo en un principio con el comisario Cumplido y su abogado Vezzaro, un alfil del PJ cordobés.

Para ello, el gobierno, a través de su padre, Fernando Correa, un hombre de la noche, ligado a la UCR, logró que contratara como abogado querellante al mediático abogado peronista Alejandro Párez Moreno. Un defensor de policías, de estrecha relaciones con el cordobesismo de Schiaretti, quien en sintonía con el fiscal Mana, desde un principio, sostiene que esto “no es un caso de gatillo fácil” mientras descarga todas las culpas en  los policías que ya están camino a juicio oral.

“No es un caso de gatillo fácil. Gatillo fácil es cuando el personal policial tiene alguna motivación para actuar, ya sea repeliendo alguna acción de la víctima o por algún ilícito que esta pudiera haber cometido”, sentenció ante la prensa Pérez Moreno,  obrando casi como abogado de Mosquera y Becerra, no de la familia del joven asesinado.

“No existió motivo objetivo para la extracción de las armas reglamentarias y mucho menos el empleo de las mismas para disparar de atrás a un vehículo en el que se conducían adolescentes que no habían hecho nada mal y sólo venían de un bar” añadió el abogado. A quien se lo suele ver en fotos como las de abajo, junto al actual intendente de la Ciudad de Córdoba el peronista Martin Llaryora,  otro de los que según los familiares de la víctima, debería dar explicaciones sobre el asesinato  de Blas.

“A mí me hubiera gustado que el gobernador y el intendente de la ciudad (Martín Llaryora) hubieran dicho algo, porque ‘Blasito’ vivía en la ciudad. El intendente debería haber pedido alguna explicación al Gobierno y a la Policía, porque mataron al hijo de dos contribuyentes en una de las principales avenidas de la ciudad” cuestionó hace poco,  Fernando Correa, ante el diario La Voz del Interior del grupo Clarín.

Soslayando la existencia de las fotos entre su abogado y el intendente que él acusa.  “El arma que tenía Gómez se la puso en mano el gobernador. Un policía que ya estaba imputado por encubrir a un violador serial no podía haber estado esa noche armado ahí” agregó.

Pero este control de la querella por parte de Schiaretti y su ministro Mosquera es más íntimo y escandaloso aún.  Actualmente, el joven y prominente abogado Ignacio Mosquera Jr., hijo del ministro de Seguridad de Schiaretti, es socio en el buffet de Alejandro Pérez Moreno, el abogado de la familia Blas Correa. Con lo cual Mosquera, en un tema notablemente grave y sensible para la familia de la víctima, está literalmente de los dos lados del mostrador.

Con lo cual, el ministro de Seguridad de Córdoba, quien según lo estipula la Ley 9.120 debería estar explicando ante la justicia por el caso de Gatillo Fácil de Blas Correa, en este mismo momento, a través de su hijo Ignacio, tendría injerencia directa en las pruebas, estrategia y expediente de la querella de la familia damnificad.

Un verdadero dislate, con el cual el gobierno de Schiaretti, junto con el control de las fiscalías de Mana y Anticorrupción, está controlando literalmente toda la causa. Salvando a Mosquera, Becerra, y el Tribunal de Conducta Policíal, y haciendo caer todo el rigor y castigo de la ley sobre 13 policías rasos y el personal de salud que se negó a atender a Blas mientras este moría.

Esta sociedad letrada entre Pérez Moreno y el joven hijo del ministro no es un rumor.  Así lo informa el propio Colegio de Abogados, en su padrón, donde figuran todos los abogados matriculados habilitados en la provincia de Córdoba.

http://abogado.org.ar/padron.html

Como se puede ver en la imagen de abajo,  Pérez Moreno y el joven Mosquera comparten el estudio en la misma dirección: Duarte Quiros 515 1B. Y los mismos teléfonos: 0351-4247208. O sea son las mismas oficinas. El mismo buffet.

De esta manera, a través del principiante hijo de Mosquera, el gobierno de Schiaretti puede controlar minuto a minuto del expediente de la querella. Con lo cual, sumado al control que el gobierno tiene de la prensa y la justicia, está logrando que todo el rigor de la ley recaiga en los policías Gómez, Alarcón y otros que participaron directamente por acción u omisión en esa noche del crimen del adolescente. Resguardando así a los funcionarios políticos, el ministro Mosquera, y Becerra, Serrano, y Savid del Tribunal de Conducta Policial, consagrando su total impunidad.-

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