EDUCACION: En Finlandia los docentes son los mejor pagos aquí ilegalmente son la variable de ajuste

Marjo Kyllönen, doctora egresada de la Universidad de Tampere, Finlandia, es directora de Educación en la ciudad de Helsinki. En un reportaje que concedió en enero 2020, entre otras cosas dijo: “Tras la Segunda Guerra Mundial, Finlandia comprendió que la inversión en Educación no era un costo. El lema era que nadie se podía quedar atrás… La clave fue asegurar que todos tuvieran el mismo tipo de educación. Para ello hubo una concientización de que el beneficio era social y que requería consenso político…”

“En Finlandia, la profesión docente es muy respetada y es una de las claves que llevó al país a educar a nuestros chicos para estar a la altura de los requerimientos del futuro. Nosotros confiamos en ellos. Si falta confianza, la discusión pública y el discurso sobre educación se vuelve no fructífero… La profesión docente fue removida de los estudios terciarios, hacia la universidad. Todos nuestros docentes de primaria o secundaria tienen master degree en Educación. Que los docentes estén altamente educados impacta mucho en el respeto por la profesión. Al estar más educados, podemos confiar en que ejecutarán todo su conocimiento y creatividad en el aula. Tener educación superior crea un círculo positivo el doble o triple de bueno…”

“El tiempo que uno pasa en la escuela no hace la diferencia. Nuestros chicos pasan menos horas en la escuela y tienen menos tarea. Esta filosofía se basa en la comprensión de que el conocimiento no se gana solo con más tiempo en el ámbito académico. Tenemos investigaciones neurológicas que indican que agregar actividad física y artística en el horario de primaria o jardín hace que los chicos se sientan más libres, lo que tiene un impacto directo en su rendimiento. Con una jornada escolar larga el cerebro se sobrecarga. Al final del día no aprendés nada…”

“Si el maestro enseña 7 u 8 horas por día, no tiene tiempo para planificar con sus colegas. En Finlandia esto no ocurre porque los salarios son suficientemente buenos como para que no tengan que tener otro trabajo. Se precisa cada vez más colaboración y coplanificación. Los problemas y desafíos que el docente enfrenta en clase pueden ser muy difíciles si trabaja solo. Estamos invirtiendo mucho en la colaboración entre docentes. No se sienten solos.”

Este reportaje fue concretado por Irene Hartmann del diario Clarín, y recién este medio lo publicó más de dos años y medios después, en octubre pasado, y solo en su versión impresa en la relegada página 34. Quizás con motivo de que la coalición gobernante a la que apoya fervientemente, Juntos por el Cambio, hizo todo lo contrario a lo implementado en Finlandia. País que se destaca por encabezar todos los años las pruebas PISA, mientras que Argentina está en caída libre en ellas.

El ex ministro de Educación de Cambiemos, Esteban Bullrich, a quien una grave enfermedad parece haberlo humanizado notablemente, en el 2017 dio por canceladas las paritarias docentes, aduciendo que ya se había pactado que ellas debían ser un 20 % superior al Salario Mínimo Vital y Móvil. El cual entre diciembre del 2015 a diciembre de 2019, aumento un 202 % ($ 5.588 a $ 16.875) mientras que el aumento de costo de vida fue del  241 %, un 20 % superior. O sea que el salario docente se había reducido al Mínimo Vital y Movil, que se considera el mínimo legal para retribuir prestaciones marginales de personal carente enteramente de calificación, sin responsabilidad alguna en relación con los niños.

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Por su parte la ex gobernadora de Buenos Aires por parte de Cambiemos, María Eugenia Vidal, al asumir su puesto se despachó diciendo, a contrapelo de lo recomendado desde Finlandia, que iba a ser tan firme con los docentes, “como lo había sido contra los narcotraficantes y la mafia de la policía bonaerense”. Lo que fue completado por el ex presidente Mauricio Macri, quién se negó a proteger uno de los líderes docentes que había sido amenazado de muerte.

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El resultado de esta política de Cambiemos, se puede apreciar en el siguiente gráfico, observándose que durante el gobierno de Cambiemos, el gasto provincial consolidado en Educación Básica (línea bordó) cayó del 3,85 % del PBI al 3,23 %. O sea que se redujo un 16 %, pasando a un nivel inferior al del año 2001. A la par se observa un crecimiento continuo en el rubro Educación y cultura sin discriminar (línea naranja) que lleva a la sospecha que se trata del negocio de catering para las escuelas. Como si el deber de estas fuera alimentar y no tanto enseñar, negocio que los gobiernos de las provincias y CABA otorgan generalmente a empresarios compinches.

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Además la trepada en el gasto que se ve desde a partir del año 2001, no tiene nada de virtuosa, sino que se corresponde con el traspaso de la educación secundaria de la Nación a las provincias, que concretó el menemcavallismo a partir de ese año. Y no en aras de mejorar la educación, sino de ajustar el gasto y déficit fiscal nacional, igual que había hecho Martínez de Hoz durante la última dictadura militar, con la educación primaria.

Pudiéndose afirmar que estos traspasos, motivados no en la mejora de la educación sino en el ahorro del gasto, fue una de las causales con la que se jodió a la educación básica argentina, al trasladarla a gobiernos en eternos estados de insuficiencia de ingresos para solventar sus gastos. Pasando a ser así la educación la principal variable de ajuste, igual que sucede en el orden nacional con los jubilados. Lo cual tiene como respuesta sindicatos docentes que se destacan por la masividad de las carpetas médicas. Lo que a su vez demanda mayores cargos docentes, oportunidad que aprovecha la política para brindar empleo, a falta de otras alternativas que no brinda la situación económica.

Generándose así un círculo perverso, que agrava la imposibilidad de mejorar sus salarios, lo cual se ve agravado aún más con el aumento de los subsidios aportados a la educación privada, como una forma de sacarse de encima el gasto en la infraestructura educativa. Tal como sucede en Córdoba, a cambio de transformar a la educación en un lucrativo negocio que aumenta la desigualdad educativa, con escuelas privadas para familias pudientes, y escuelas públicas destinadas al pópulos.

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Pero en la política actual todo se arregla con flases de marketing. Y así Cambiemos o Juntos por el Cambio, en abierto conflicto con los docentes, se jacta de extender las días y horas dedicados a la educación, en abierta contradicción, con lo recomendado desde Finlandia en ambos sentidos, como si esas fueran la esencia del problema. A la par que confronta incluso penalmente, con padres y alumnos revoltosos que toman escuelas.

Por su parte el Frente de Todos, más allá de amistarse con los sindicatos docentes copados por el kirchnerismo, no cambió gran cosa. Y parece mas preocupado por la ESI, Educación Sexual Integral, que por la educación a secas. Y para ello el ministerio de Salud hizo una masiva y costosa compra de penes de madera y preservativos, con sus respectivos estuches para su discreto traslado por parte de los docentes.

Siguiendo una agenda foránea de control de la natalidad y neomalthusianismo, manifestada con el acuerdo que firmó el flamante ex ministro de Educación Nicolás Trotta con la Open Society de George Soros, apenas asumió sus funciones. Quizás con la visión de que en Finlandia la educación básica es exitosa, porque proporcionalmente tiene la mitad de niños de 5 a 14 años que los que hay en Argentina (8,3 % de la población contra 15,3 % en Argentina). Junto con la implementación del “lenguaje inclusivo”, como si la enorme exclusión social existente se pudiera remediar pronunciando palabras que terminan en “e”.

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Como lamentablemente no lo hace la palabra “revolución”, que debería generarse con la educación, comenzando por el salario docente. Al respecto el ex juez federal, abogado constitucionalista cordobés, y periodista columnista de opinión Miguel Julio Rodríguez Villafañe, en un reciente artículo señaló además que toda esta política de desmejoramiento de la retribución docente, es tan inconstitucional como pretender disminuir la retribución de los jueces.
Redacción

La constitución nacional asegura la retribución docente

Por Miguel Julio Rodríguez Villafañe

En Argentina asistimos a un grave momento respecto al reconocimiento que merecen los docentes en general. Funcionarios que insultan la tarea docente considerándola como una tarea menor, que tiene muchas vacaciones. No se valora el tiempo de realización del trabajo (dentro o fuera del aula o de la escuela), la carga en número de alumnos, como las responsabilidades y la complejidad cada vez mayores de las tareas educativas que no están remuneradas, sin una asignación de valor económico específico. Reciben amenazas quienes hacen huelga por legítimos reclamos y se les descuenta los días de paro. Atento a las exigencias indebidas de cierto personal directivo, asistimos a muertes de dos docentes, en la Provincia de Córdoba.

También se los ataca, por apoyar reclamos del alumnado, que hacían presente la mala calidad de la alimentación que se les provee en la Ciudad Autónoma de Bs. As. Han sufrido y sufren incumplimientos de sueldos acordados, como lo que sucedió en la Provincia de Chubut, lo que trajo el deceso de dos docentes, en un accidente al regresar a su ciudad, de una asamblea llevada a cabo en Comodoro Rivadavia y en ese conflicto, se condenó penalmente a la dirigencia sindical que reclamaba derechos incumplidos por el gobierno provincial y se manifestó al respecto, pero no se aplicó responsabilidad alguna a los funcionarios causantes de la injusticia del no pago debido y los sufrimientos infringidos al sector docente. Se han dado y dan muchas situaciones graves como las antes referidas y uno de los aspectos centrales de la degradación que se somete a las y los educadores, se produce con motivo de las remuneraciones inadecuadas que se les abona, que no respetan sus derechos consagrados con jerarquía constitucional.

Mandato constitucional de cuidar a la docencia

La Asamblea General de las Naciones Unidas (UN), en diciembre de 1966, aprobó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que Argentina adoptó mediante la Ley 23.313 y adquirió rango constitucional en su obligatoriedad, al haberse incorporado a la Constitución Nacional, en 1994, (art. 75, inc. 22).

Dicho tratado internacional, entre otros importantes aspectos, establece que, los Estados Partes en el Pacto, como nuestro país, se comprometen a asegurar “el derecho de toda persona a la educación y reconocen que, con el objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho se debe mejorar… continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente”, (art. 13, apart. 2, inc. “e”).

El objetivo estratégico de educar es tan importante, que la norma, a diferencia de otros mandatos constitucionales, fija una pauta dinámica de “mejorar continuamente” no solo la retribución a los docentes, sino otros aspectos que hace a sus condiciones materiales y a los demás requerimientos necesarios para cumplir debidamente la tarea. El Pacto establece que siempre se debe estar pendiente de optimizar las condiciones del sector y, por lo tanto, lo que se haga en ese aspecto, en todo momento, debe entenderse transitorio y pendiente de ser ampliado positivamente.

Sin embargo, en Argentina, se ha llegado a un gran deterioro de la retribución docentes por la inflación, entre otras causas, al punto tal que, en muchos casos, el sueldo que se cobra es inferior al monto establecido como de la línea de pobreza. Monto este último que se calcula teniendo en cuenta el poder adquisitivo necesario para satisfacer las necesidades básicas, esenciales en dignidad para su vida y la de su familia.

Asimismo, resulta inaceptable que los docentes deban esperar decisiones tardías por las que se reajuste sus salarios, en valores que no necesariamente compensan el período de reajuste para el pasado y a su vez, lo que resulte del desfasaje lo deben cobrar en cuotas para el futuro, mientras sigue operando la inflación que sigue deteriorando sus ingresos mensualmente.

A lo que se suma la angustia que viven las y los docentes en los últimos tiempos, si se tiene en cuenta que nunca la docencia tuvo, como ahora, que pelear para lograr lo elemental para subsistir.

Cláusula gatillo automática

En función del Pacto referido, constitucionalmente incorporado, la cláusula gatillo de actualización monetaria de los sueldos docentes, debe entenderse obligatoria y automática, una vez que se dé por el INDEC, el índice de inflación, correspondiente a cada mes.

Las garantías contenidas en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos son aplicables obligatoriamente, tanto en el orden nacional, provincial como municipal, aunque no exista una ley interna que las reglamente.

Por su parte, también sirve como faro en este tema, la Recomendación de1966, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), relativa a la situación del personal docente. Esa conferencia intergubernamental fue convocada con la firme convicción de que el tema a tratar era de importancia enorme para el bienestar de la humanidad y de las naciones. Se resaltó “el papel esencial del personal docente en el progreso de la educación, la importancia de su contribución al desarrollo de la personalidad humana y de la sociedad moderna, interesada en asegurar al personal docente una condición que esté acorde con ese papel”.

También se señaló, que se debe garantizarse “un nivel de vida satisfactorio tanto para el personal, docente como para sus familias, así como permitirle disponer de los recursos necesarios para perfeccionarse o desempeñar actividades culturales y, por consiguiente, afianzar sus cualificaciones profesionales”.

Por todo lo cual, en base a lo referido se debe exigir la respuesta necesaria en la fijación de las pautas remunerativas acorde con lo establecido constitucionalmente. Hay que terminar con el “doble discurso político”, en el que se resalta el importante accionar de la docencia, pero en los hechos no hay la suficiente inversión en “educación”. Algo similar sucede en materia de “salud”.

Resulta de particular importancia también que los gremios docentes planteen los derechos referidos o lleven adelante las acciones pertinentes para hacerlos garantizar adecuadamente. Llama la atención lo poco que se habla por la dirigencia gremial de los aspectos que aquí desarrollo.