Walter Edgar Rubino es un empresario cordobés de la construcción, que en sus manos tiene un abanico de distintas firmas del rubro, sea para obras públicas como privadas, en las que preside sus respectivos directorios. La más conocida es Ivecor SA, con oficinas en la ciudad de Monte Maíz, en el sudeste agrícola de la provincia, es entre otros un fuerte contratista de EPEC, empresa que se destaca por tener las tarifas mas caras del país. He aquí un video institucional de Ivecor relatado por su presidente:
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Otra empresa de Walter Rubino, aunque menos conocida por su nombre menos atractivo, es ICI SA. Según las planillas que aportó el año pasado a la justicia electoral Hacemos Unidos Por Córdoba, que es el frente electoral que llevó al sanfrancisqueño Martín Llaryora a su actual cargo como gobernador, ICI SA es una de las sociedades jurídicas que más fondos aportó para las campañas del actual oficialismo provincial. Fue mediante dos transferencias. Una fue realizada el 6 de junio del año pasado, por 7 millones de pesos. Y el segundo el 11 de julio, por 6 millones. Esto da un total de 13 millones. Un equivalente aproximado a 50 mil dólares en ese entonces a valor oficial.
El clan Rubino – De Goycoechea
Además de Ivecor e ICI SA, Walter Rubino tiene una tercera empresa, más enigmática todavía: RDG Asfaltos Córdoba SA. Su fecha de constitución fue el 23 de noviembre de 2021, y las siglas RDG conforman las iniciales de los apellidos de sus fundadores. La R inicial es del aportante de Llaryora. Mientras que DG se refiere a los hermanos De Goycoechea: Juan Carlos y César Arturo.
Se trata de los hermanos “macanas”. El primero fue el primer empresario arrepentido en la causa de los cuadernos de la corrupción. Mientras que el segundo, también escrachado en esas páginas que desencadenó el famoso escándalo judicial de 2017, es mencionado en las filtraciones de los Panamá Papers, donde se destaparon los casos ocultos de figuras internacionales que crearon empresas fantasmas en guaridas fiscales.
Según el Boletín Oficial de Córdoba, el domicilio oficial de la compañía RDG SA es Pedro J. Frías 489, en el tercer piso, siendo ese también su domicilio fiscal ante la AFIP. El cual parece ser un aguantadero, dado que también allí funciona la firma contratista de obras públicas Cavicor, del grupo CIAR. El cual, según sus mismos directivos, pagaba un “aforo” -léase coimas- para lograr la adjudicación de contrataciones durante el cordobesismo. Y esa vecindad también explica su conexión con el grupo Macri – IECSA del que se jactaban sus directivos, como se verá más adelante.
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Por otra parte, el clan Rubino y De Goycoechea tiene otra inversión mucho más esplendorosa. Se trata de una fábrica para producir alimento balanceado. Lleva de nombre Planta Industrial Alimentaria Sociedad Anónima (PIA SA). Fue inaugurada en octubre del año 2021, pero su identidad jurídica se creó pocos meses antes, en marzo según el Boletín Oficial de Córdoba.
Se constituyó de la mano de los socios: Walter Edgar Rubino, quien dos años después aportaría el equivalente actualmente a 50 palos verdes para la campaña de Llaryora. Y el veinteañero Rodrigo de Goycoechea, abogado e hijo de Juan Carlos de Goycoechea, el escrachado de la causa Cuadernos y hermano del escrachado de los Panamá Papers.
La inauguración de esa fábrica contó con la presencia de dos ministros del entonces gobernador Juan Schiaretti: Sergio Busso, ministro de Agricultura, y Eduardo Accastello, de Industria. En la actualidad, Busso sigue estando en el mismo rango ministerial, con el nuevo nombre de Bioagroindustria, mientras que Accastello es actualmente intendente de la ciudad de Villa María.
En ese acto, el villamariense resaltó que este emprendimiento de producción de más de 2 toneladas mensuales de alimento para animales, se logró por adhesión de un programa de incentivo provincial, que incluye una batería de exenciones de impuestos. Dos años después del acto, Rubino envío las dos transferencias para bancar la campaña de Llaryora.
Según el Boletín Oficial, se eligió como domicilio legal para esta planta nuevamente a Pedro J. Frías 489 de la ciudad de Córdoba, a pesar de estar ubicada en el sureño departamento agrícola de General Deheza.
La insistencia en mencionar esta dirección tiene que ver con que según los Panamá Papers, César Arturo utilizó esa dirección para crear dos empresas offshore en Panamá, país famoso por ser un facilitador en la evasión de impuestos.
César Arturo de Goycoechea, tío de Rodrigo y socio de Rubino en el emprendimiento de asfaltos, figura en la base de datos de los Panamá Papers, destapada en 2016 por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Aparece como titular de dos offshore registradas en Panamá, un paraíso fiscal.
Una de ellas es MAKSTAR FINANCE S.A., creada el 9 de enero de 2009. La otra SILVILLE INC., con fecha de inicio del 19 de julio de 2012. Ambas compañías fueron activadas desde oficinas de la ciudad de Montevideo, de la República Oriental del Uruguay, otro paraíso fiscal, con la intervención del contador uruguayo Alejandro Mieres Gómez, vinculado a dos docenas de firmas mencionadas en la filtración panameña. Y ambas firmas fijaron como domicilio “Pedro J. Frías 489 2do Piso Córdoba Argentina”, barrio Los Andes ciudad de Córdoba. El mismo que utilizaron para armar su empresa con Walter Rubino, aportante de la campaña del actual gobernador de Córdoba Martín Llaryora.
La increíble historia de los hermanos “macana” De Goycoechea
El cordobés Juan Carlos de Goycoechea fue el CEO de la filial latinoamericana de la constructora española Isolux-Corsan. En el 2016, en su país natal, Isolux-Corsán estuvo implicada en el “caso ADIF” donde se los acusó de pagar coimas a dirigentes políticos de la fuerza “Convergencia Democrática de Catalunia”, mediante la inflación de facturas para la construcción de obras en la estación ferroviaria del tren rápido AVE, en La Sagrera. También quedó salpicada en el “caso Pujol” donde se sospecha que el CEO de la empresa, Luis Delso, pagó sobornos al primogénito del ex presidente catalán Jordi Pujol, para beneficiarse en las licitaciones de obra pública.
Mientras, en el 2013, “JuanCa” de Goycoechea e Isolux quedaron salpicados en un mega-escándalo de corrupción en Chile. Una filtración de correos electrónicos reveló que Isolux, a cargo de Goyco, había obtenido vía coimas información previa para adjudicarse varias licitaciones de obras públicas en el país trasandino. Las irregularidades las destapó el Centro de Producción Periodística de Chile -CIPER- quien publicó los distintos correos triangulados entre altos ejecutivos de la compañía en Chile, Buenos Aires y España, develando el modus operandi corrupto de Isolux-Corsán.
A estos escándalos de corrupción en Chile y España, se le sumó el caso de la megausina de carbón en Río Turbio en Argentina. Fue denunciada por sobreprecios, irregularidades de fondos, atrasos en las obras, escasez de avances en la construcción, realización de obras inservibles, falta de sustentabilidad ambiental, y siniestros laborales. La obra ubicada en Santa Cruz fue construida por la Isolux de Goycoechea, e IECSA, dirigida en ese entonces por Ángelo Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri.
Ambas compañías venían teniendo distintos trabajos conjuntos. Habían participado de la licitación del famoso tren bala que iba a unir Córdoba Rosario-Buenos Aires. La adjudicación, sin ejecución, en 2008 fue hecha para el consorcio “Veloxia”, integrado por Alstom, Emepa, Isolux e IECSA. Esta última, la constructora que presuntamente Calcaterra le acababa de comprar en cómodas cuotas a su primo Mauricio Macri.
En 2009, Isolux obtuvo la concesión de cuatro parques eólicos: Loma Blanca I, II, III y IV. En 2016, fueron vendidos a las ignotas firmas Sideli SA y Sidsel SA. Según una investigación de Emilia Delfino para PERFIL, estas empresas tienen como socios a las compañías financieras Helios Partners SA y Selena Partners SA, controladas por viejos aliados de Macri y miembros de KBR Group, financiera que operó la emisión de deuda de la Ciudad de Buenos Aires, durante la gestión del PRO, partido político creado por Mauricio Macri.
Paralelamente, Isolux ganó otra licitación para explotar otros dos parques eólicos en el programa Renovar 1.5 del gobierno de Cambiemos: Loma Blanca VI y Miramar. Y en 2017, Sideli SA revendió Loma Blanca IV a Genneia, del banquero Jorge Brito, y Sidsel SA revendió Loma Blanca I, II y III a la china Goldwind. Ambas ventas arrojó U$S 48 millones de ganancias para los Macri.
Finalmente, en 2011, la UTE IECSA – Isolux ganó, por ser la única oferente, la licitación para la construcción de las Centrales Termoeléctricas de la Ensenada de Barragán y Brigadier López. Curiosamente, cuando asumió Macri como presidente, les rescindió el contrato por ser gravemente perjuicioso para el Estado, lo que motivó un millonario reclamo.
En 2017, desde España, se ordenó el despido de De Goycoechea como representante de Isolux en América Latina. Las razones que dio la compañía fue por aplicación de su nuevo Código de Ética: “En aplicación de esta nueva política se ha producido recientemente el despido disciplinario de la cúpula directiva del Grupo en Argentina, incluido el director regional, Juan Carlos de Goycoechea. Todos los despidos realizados en este ámbito están respaldados por el resultado de una investigación interna previa realizada por indicación del nuevo equipo de gestión”. En ese comunicado, no se brindó muchas precisiones, pero los escándalos ocurridos en Argentina y Chile pareciera que bastaron para dar el zapatazo.
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En el 2018 en Argentina, se destaparon los “Cuadernos de la corrupción”, a partir de unas fotocopias publicadas por el diario LA NACIÓN. Provenientes de cuadernos donde el chofer de funcionarios kirchneristas, Omar Centeno, anotó durante una década las citas de altos funcionarios públicos para recibir coimas de empresarios de la construcción.
Ante esa exposición mediática, Juan Carlos de Goycoechea, que estaba esquiando en los cerros patagónicos de Esquel, viajó a Buenos Aires donde se presentó como “arrepentido” y reconoció haber pagado unos 12 millones de dólares de coimas a funcionarios K. Aunque aclaró que era porque lo obligaban desde el gobierno “para destrabar los certificados de obra de la Usina de carbón de Río Turbio”. Ante esto, el fiscal Carlos Stornelli le dio verosimilitud a sus dichos, y le otorgó la figura de “colaborador arrepentido”, ofreciéndole su libertad tras la homologación parte del inefable juez Claudio Bonadio,.
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Según se lee en los mencionados cuadernos, el 3 de junio de 2015 Centeno trasladó a Nelson Lazarte, secretario privado de Roberto Baratta, subsecretario de Coordinación y Gestión del gabinete del ministro Julio De Vido, hasta el “edificio donde opera Isolux”. “Ahí subió al auto un tal César”, señala el manuscrito, con “una bolsa de papel duro y otra más pequeña”, que contendrían un total de U$S 1.500.000. El tal “César”, sería César Arturo de Goycoechea, hermano y socio de Juan Carlos.
Hoy, los De Goycoechea siguen libres, y por su sólida experiencia y antecedentes en negocios más que turbios, fueron recibidos con los brazos abiertos, para seguir haciendo negocios junto a los aportantes al Cordobesismo.-
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