MACRI LARRETA: El curro de la “Modernización” PRO con viejos amigos

En la semana de la Memoria, el ex presidente Mauricio Macri se refirió a los derechos humanos como un “curro”. Es decir, un engaño para estafar a la gente. Su comentario, desató la polémica y el replique de políticos, periodistas, y grandes medios donde algunos comunicadores, piensan lo mismo.

Lo curioso, es que mientras esos grandes medios, exigiendo cuentas al detalle, en sintonía con Macri, ponen la lupa en los Derechos Humanos, nunca, ni una vez, te hablaron del curro con la “Modernización” del Estado que llevaron y llevan adelante el ex presidente Macri y el actual Jefe de Gobierno Porteño Horacio Rodríguez Larreta, actual precandidato a presidente. Además de otros numerosos curros señalados desde este portal.

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Concretamente, en los últimos 10 años, durante la gestión de Macri como presidente y Larreta como Jefe de Gobierno Porteño, se firmaron contratos por 50 millones de dólares ¡20 mil millones de pesos actuales! con Datastar S.A. para llevar adelante la “Modernización” digital del Estado u otros servicios informáticos.

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Esta empresa, y he aquí el currazo, es propiedad de Roberto Horacio Olivero. Un íntimo amigo de Larreta y Macri, financista de la campaña presidencial de este último en el 2015. Con vínculos con el Consejo de la Magistratura porteño. Quien, mientras se adjudicaba estas contracciones, en el 2019, abrió en Panamá, uno de los principales paraísos fiscales del mundo, donde están los grandes currazos, un offshore homónima “Datastar Panamá S.A.”.

Son contratos firmados entre el 2017 y 2022. Algunos millonarios y en dólares. Para llevar adelante, entre otras cuestiones, el llamado “proceso de modernización del Estado”, mediante los expedientes digitales para compras, declaraciones juradas y demás. También para proveer al Estado de algún tipo de programa, software o servidor.

O sea, contratos en moneda dura muchos, y con servicios difíciles de cuantificar. Una típica modalidad de las licitaciones amarillas donde fácilmente suele esconderse el curro. Y que, con su respectivo decreto o resolución de aprobación, detallamos a continuación:

• Resolución 142/2018: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Comisión de Administración, Gestión y Modernización del Consejo de la Magistratura de CABA, U$S 100.000.
• Resolución 308/2018: Gobierno Nacional, digitalización del Ministerio de Transporte de la Nación – Gestión Dietrich- y Trenes Argentinos, U$S 24.189.400.
• Licitación Nº392-0002-LPR19: Gobierno Nacional, adquisición del software SAN para la Agencia de Administración de Bienes del Estado, U$S 81.328.
• Decisión Administrativa Nº637/2019: Gobierno Nacional, provisión de licencias ORACLE más el servicio técnico correspondiente para el Ministerio de Hacienda de la Nación, U$S 20.703.995.

• Resolución Nº 369/DGTALNINF/17: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, provisión de dos servidores HPE Proliant OL380 para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, U$S 161.528.
• Licitación Pública Nº16/2014: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, instalación de servidores Blade y Storage para el Consejo de la Magistratura de CABA, U$S 189.845.
• Disposición Nº155/DGIASINF/20: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, instalación del software HPE Sinergy más ampliación de licencias para el Centro de Datos de la Agencia de Sistemas de Información de CABA, U$S 601.904.
• Resolución SAGyP Nº70/2021: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, provisión de un software SUN ORACLE más las pólizas de seguro correspondientes para el Poder Judicial de CABA, U$S 263.990.
• Resolución CAGyMJ Nº142/2018: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, instalación de licencias ORACLE más las pólizas de seguro correspondientes, para el Poder Judicial de CABA, U$S146.740.

• Licitación Pública N°8056-0893-LPU22: Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, instalación de licencias ORACLE para la Dirección General de Infraestructura de CABA, U$S 674.656.
• Licitación internacional Nº PHIP-843-LPI-B-2016 Gobierno Nacional, adquisición de Datarware para el Ministerio de Salud de la Nación, U$S 496.850.
• Licitación abreviada Nº12/2019: Gobierno Nacional, renovación de dos licencias MySQL con el BCRA, U$S 8.611.
• Licitación pública Nº07/19: Gobierno Nacional, renovación de licencias y soporte de los programas TUXEDO con la Administración Nacional por U$S119.420.
• S/D: Gobierno Nacional, Contrato firmado para la renovación de licencias Double-Talce con la Administración Pública Nacional por U$S1.413.179.

De financista a contratista offshore

Poco antes que estos contratos se firmaran, Olivero, dueño de Datastar, según figura en los documentos de la fundación Pensar, entre el 2013-2015, donó 69 mil dólares -27 millones de pesos actuales- para la campaña presidencial de su amigo Macri. Clásico comienzos del curro con el estado y las compras públicas.

De ellos 16.681 dólares los aportó en nombre de Datastar SA. La misma que poco tiempo después se quedó con contratos para la modernización del Estado por 50 millones. Un excelente negocio. Dado que puso 27 millones y se llevó 20 mil millones. Los 52.724 dólares restantes los puso mediante su dudosa fundación “Gestión y Desarrollo”. Que el propio Olivero, junto a dos fieles empleados, preside. Orientada a la “formación profesional y al coaching”.

Luego de estas jugosas donaciones, gracias a sus amigos Macri y Larreta, Olivero y su empresa Datastar S.A comenzó a adjudicarse millonarias licitaciones y contratos públicos desde el Gobierno Nacional y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para llevar adelante la modernización digital. Así pasó de financista a contratista.

Y estos negocios fueron tan prósperos que, el 28 de mayo de 2019, como todo típico empresario contratista del estado que anda de curros, abrió una offshore homónima en Panamá: “Datastar Panamá S.A.”. Empresa que hasta el día de hoy está activa y conduce junto a su hermano Pedro. ¿Allí habrán ido a parar parte de los 50 millones de dólares adjudicados por sus amigos Macri y Larreta?

 Un ex CEO de Correo Argentino el hombre clave

Lo más interesante es que la mayoría de estos contratos fueron llevados adelante por el amigo personal de Macri, Eduardo Martelli. Ex CEO de Correo Argentino (“Curreo” según algunos); ex secretario Legal y Técnico; subsecretario de Proyectos de Modernización en CABA; ex secretario de Modernización de la Nación; y ex asesor de Macri en Tribunal Superior de Justicia porteño. El artífice del curro.

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Para quien no lo recuerda, Martelli, en el 2016, mientras emprendía su cruzada “Modernizadora”, fue denunciado de tener, al igual que Olivero, una empresa offshore también en Panamá, sin declarar en su patrimonio al momento de jurar como funcionario público nacional. La compañía se llama Cristina Finances S.A. (vaya nombre para un macrista). Tiene su domicilio en Uruguay, y se dedicaba a la compra venta de inmueble en ese país, por cifras millonarias. Se hizo pública a raíz del famoso Panamá Papers, publicado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (CIJ).

Además, Martelli, es esposo de Mónica Braun. Prima de Marcos Peña Braun, quien también firmó algunos decretos a favor de Datastar SA, y miembro del selecto “Clan Braun”, una de las familias más poderosas económicamente de Argentina. Su esposa, por su parte, es socia de Yvonne Bordeu. La primera consorte de Macri. Y, en un clásico del curro de la política, siendo funcionario, además de tener una empresa offshore, Martelli, acomodó a sus dos hijos, Amy y Nicolás, en el Ministerio de Desarrollo Urbano porteño y en el programa IncuBAte, respectivamente.

Pero lo más increíble, es que este íntimo amigo de Macri y funcionario que quería manejar todos los expedientes públicos, no solo tenía en Panamá la offshore Cristina Finances SA sin declarar. Sino que contrató en Uruguay como asesores legales al estudio Damiani. Famoso encubridor de evasores e involucrado también en “La ruta del dinero K” de Lanata.

Y como si fuera poco, Martelli, junto a su hermana Valeria y esposa Mónica Braun, socia de la primera esposa de Macri, eran todos dueño de otra empresa offshore en Panamá: Goldenberg Financial Corporation. De la cual ningún medio habló. A pesar de figurar en los documentos de los Panamá Papers.

Esta fue creada en 1997 y suspendida en el 2018. Y en ella, como puede verse abajo, su presidente era Valeria, su hermana; su tesorera era Mónica, su esposa; mientras que él figuraba como director.

En conclusión, evidentemente que Olivero no es otra cosa que un clásico empresario contratista del Estado, que responde a Larreta y Macri. Un Lázaro Báez del PRO, que con el curro de la “Modernización” digital, en forma parecida a los casas IBM Banco Nación, e  IBM Banelco DGI, extrae dineros públicos con Datastar S.A., los recicla, y parte de ellos terminan ocultos en Panamá. La diferencia es el blindaje mediático.-
Con la colaboración de Octavio Kozameh

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