Correo Argentino: el nuevo Procurador designado por Macri adulteró la auditoria del cesanteado Balbín

Correo Argentino: el nuevo Procurador designado por Macri adulteró la auditoria del cesanteado Balbín

La causa de Correo Argentino es un notable ejemplo de la existencia de un “Estado aguantadero”. Pero no a favor de la política como señaló el presidente Mauricio Macri, sino del grupo Macri, del que es accionista el actual presidente. Al punto de haber descabezado en forma fulminante la Procuración del Tesoro cargo de Carlos Balbín, porque en la auditoría de la causa de Correo Argentino había confeccionado un dictamen enteramente adverso, insinuando el pedido de quiebra de Correo Argentino. Y lo sustituyó por Bernardo Saravia Frías, un abogado del grupo, quién falsifico burdamente la auditoria en forma acorde con las necesidades del mismo.

Por Javier Llorens

En la nota ESTADO AGUANTADERO (I): La macriavélica historia de Correo Argentino, se expuso el largo proceso administrativo y judicial de Correo Argentino, que ya cumplió 20 años. En el cual primero el grupo Macri, pretendió lograr en el Poder Ejecutivo una “solución integral” por parte del Estado, para reparar haber hecho una inversión privada desafortunada, en momentos en que el negocio postal entraba en crisis por la aparición de Internet.

En busca de ella, en el trepidante año 2001, mediante su presentación en concurso de acreedores, el grupo Macri trató de forzarle la mano al Poder Ejecutivo. Que fracasó por la crisis que estalló ese año, y derivó finalmente en la rescisión de la concesión del Correo por parte del Estado en el 2003, y el cierre de la posibilidad de una “solución integral” con este poder.

En consecuencia seguidamente a lo largo de siete años, hasta el 2010, el grupo pretendió lograr que en el mismo concurso judicial se le diera una “solución integral” a sus pretensiones. Lo cual fue rechazado por la Corte Suprema en dos ocasiones, cerrándose así esta posibilidad en el Poder Judicial.

A partir de allí Correo Argentino se dedicó a embarrar la causa, hasta que apareciera una oportunidad favorable. Que se concretó con nada menos que la aparición de un CEO del grupo, Mauricio Macri, como presidente de la Nación. Poniéndose en marcha una solución, en la que por un lado el grupo concretó un acuerdo preventivo en el concurso judicial, con cual licuaba de sus deudas hasta la insignificancia, usando fraudulentamente a determinados acreedores como pantallas para lograr su aprobación. Y por otro lado repotenciaba sustancialmente sus acreencias, en la demandas incoadas contra el Estado en la justicia contencioso administrativa.

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No obstante esa salida encontró un duro obstáculo, con el dictamen de la fiscal de Cámara Gabriela Boquín, quien rechazó el acuerdo judicial por considerarlo “abusivo”, y configuraba una “condonación de deuda” a favor del Correo. Quien además presentó luego otros dictámenes ampliatorios, denunciado la potenciación paralela de sus demandas contra el Estado por parte de Correo Argentino, las enormes anomalías existentes en la causa, con su inusitada duración, regresiones procesales ilegales, maniobras en fraude de los acreedores para conseguir las mayorías necesarias, y vaciamiento de Correo Argentino.

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Ante ese panorama, el presidente Macri tuvo que retroceder trastabillando, pero insistiendo a la vez en lograr una “solución integral” a favor del grupo. Que ante la imposibilidad de canalizarla a través del Poder Ejecutivo y Judicial, la impulso a través del Poder Legislativo, con la inusitada intervención de la  AGN (Auditoría General de la Nación). Metiendo a esta en un asunto que escapa enteramente a su competencia natural.

Pero para que este gambito pudiera funcionar, necesitaba la complicidad de la Procuración del Tesoro, que por su cuenta, conforme sus obligaciones institucionales, había iniciado una auditoría sobre la causa del concurso de Correo Argentino, y sus causas paralelas y conexas.

Pero allí el grupo Macri encontró otro obstáculo, consistente en el dictamen que emitió el Procurador Carlos Balbín. Razón por la cual en 48 hs el presidente Macri lo hizo volar de su puesto, y puso a cargo de ella al abogado del grupo Macri, Bernardo Saravía Frías. Quién se encargó de adulterar el dictamen de auditoría acorde con las necesidades del grupo, con la sospecha incluso de que podría existir  una falsificación de sus firmas.

La auditoría de la Procuración y el descabezamiento de sus responsables

Como consecuencia de sus obligaciones institucionales, la Procuración del Tesoro a cargo de Carlos Balbín, ordenó que se concretara un sumario administrativo para esclarecer cómo fue que se llegó al acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino impugnado por la fiscal Boquín. Y un informe de la Dirección de Auditoria para evaluar la actuación de los representantes del Estado, en la causa judicial del concurso de Correo Argentino desde su inicio en el 2001, en sus incidentes, y en las demandas paralelas concretadas por Correo Argentino contra el Estado.

Esto no fue solicitado por el Gobierno, sino a pedido del Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Leonardo Rodríguez, como consecuencia de lo requerido  por la fiscal Boquín en sus distintos dictámenes. Abriéndose así un flanco imprevisto para el Gobierno, en el cual otros ojos no aparentemente cómplices iban a revisar lo sucedido a lo largo de dos décadas.

Balbín es un pariente lejano del legendario líder radical Ricardo Balbín, y hasta su asunción a ese cargo se desempeñaba como juez en la Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo de la CABA. Habiendo sido previamente subsecretario de Justicia de la Nación, Secretario Legal, Técnico e Institucional de la AGN, y Fiscal General Adjunto en la Procuración General de la Nación.

El 10 de abril ese informe de la Dirección de Auditoría estaba terminado, y su contenido en lenguaje jurídico habría sido muy severo respecto Correo Argentino. Lo que habría llevado al convencimiento del procurador Balbín,  que la única solución posible era que el grupo Macri renunciara a sus pretensiones. Opinión que insinuó en un Memorandum que lleva su firma, de fecha 21 de abril, recomendando el estudio de medidas que podían llevar a la quiebra a Correo Argentino, con el peligro que ella se hiciera extensiva a todo el grupo Macri.

No obstante esta tesitura evidentemente causó repulsión al presidente Macri, que optó expeditivamente por remover de un plumazo a Balbin y sus adjuntos. En una desesperada defensa de los intereses del grupo familiar, pese a las obligaciones de total prescindencia que tiene con motivo de su cargo.

Por ello intempestivamente, 48 horas después, el domingo 23 de abril, el Gobierno anunció que el Procurador Balbía había renunciado a su cargo, para pasar a desempeñarse como embajador de los Derechos Humanos, puesto en el que previamente se había desempeñado el ex presidente de la AGN Leandro Despouy. No obstante luego, primero por trascendidos y después por las confirmaciones, la cuestión de risueña se tornó en malévola.

Ya que se confirmó que no existió tal ascenso para Balbin, al que este se negó, sino un requerimiento compulsivo de renuncia, sin dar mayores explicaciones. Luego también trascendió que ello fue porque en la Procuración necesitaban “un abogado, no un juez”. Lo cual se podría traducir que necesitaban un cómplice, no un funcionario.

El reemplazo del procurador Balbín por un abogado del grupo Macri

Bernardo Saravía Frias jurando ante Macri como Procurador del Tesoro

En su reemplazo el Presidente Macri puso a cargo de la Procuración a Bernardo Saravia Frías, integrante del estudio del mismo nombre, que tiene como cliente al grupo Macri. Y por esta razón Balbín no había aceptado designarlo como procurador adjunto en la oportunidad en que aceptó el cargo, por los evidentes conflictos de intereses que acarreaba. Seguidamente se exhibe el inquietante logo de ave predadora que tiene dicho estudio, y el listado de sus clientes, entre los que figura el grupo Macri.

http://www.saraviafrias.com/es/#/clientes/home

Según los medios, también había renunciado el director de Auditorias Guillermo Alfredo García, un funcionario con 30 años de carrera en la Procuración, que había sido quien había confeccionado el informe de auditoría de Correo Argentino, quien no obstante aún permanece en su puesto.

El espíritu de Memorandum emitido por Balbín, lo trasunta la nota de Clarín con la firma de Nicolás Wiñazki, con título y copete: “Conflicto de intereses – Correo: el Procurador criticó a Macri antes de ser corrido – Para Carlos Balbín es incorrecto que una firma de la familia del Presidente pretenda cobrar del Estado un monto extra multimillonario”.

En  la cual Wiñazki, de quién no se puede sospechar precisamente de animosidad contra el macrismo aseguraba: “el entonces funcionario había firmado un informe muy crítico sobre la gestión Macri respecto a una serie de causas judiciales cruciales para el Presidente, en la que está involucrada una empresa de su familia: podría haber entonces un conflicto de intereses que afecta al mandatario.”

https://www.clarin.com/politica/correo-procurador-critico-macri-corrido_0_rJ0osyRxb.html

Según esta nota de Wiñazki, el 4 de mayo, el mismo día en que Saravia Frías se hizo cargo de la Procuración, este le habría requerido al director de Auditorías García, una aclaración respecto el punto 6 de las “Conclusiones” de su informe de auditoría “El Acuerdo Cuestionado”. Cuya lectura asombra, porque parece estar lejos de la postura del Procurador Balbín expuestas en su Memorandum del 21 de Abril, que se inspiró supuestamente en dicho informe del director García.

Sin embargo los supuestos periodistas de investigación de Clarín, que son capaces de ver una mosca en la punta del Aconcagua, si en sus inmediaciones se encuentra algún kirchnerista, o alguna persona o entidad que entorpezca los negocios del grupo, se cuidaron muy bien de profundizar el porqué de ese extraordinario y fulminante descabezamiento de la Procuración del Tesoro, en forma antes nunca vista. Y por qué esa supuesta diferencia entre el tenor del Memorandum de Balbín, y el informe de auditoría de García.

No obstante contar con ambos documentos en la mano, conforme los exhiben en la nota, como para poder leer sus entrelíneas y bucear sus diferencias. Y por contrario a partir de allí, suelen deslizar cada tanto, como una sutil amenaza dirigida hacia su propio aliado estratégico, el macrismo, que la cuestión de Correo Argentino es un asunto peludo, con muchas incertidumbres y aristas. Como teniendo un amenazador palo en la mano, a la espera que el actual Gobierno apruebe la fusión de Telecóm y Cablevisión, que es el actual objetivo estratégico del grupo.

Poniendo así en evidencia, que su elenco de principales figuras, está integrado por comunicadores disfrazados de periodistas, que de una u otra manera, publicándola o ocultándola, utilizan la información en provecho propio. Al servicio en última ratio, de los negocios e intereses del grupo Clarin, sin importarle otra cosa. Y al servicio de los intereses de establishment local e internacional, conforme surge de sus contenidos.

La adulteración del informe de auditoría

En concreto, la lectura atenta de ambos textos, el Memorandum de Balbín, y el informe de García, revela la existencia de una adulteración en el contenido del informe del director Garcia, mediante agregados y mutilaciones.

Puestas en evidencia estas últimas, por el simple hecho de que las mayorías de las citas de contenido picante que Balbin reprodujo textualmente en su Memorandum, atribuyéndolas al informe de García, han desaparecido y no figuran en la versión de este dada a conocer al público. Así el Memorandum de Balbín se ha transformado en un sorpresivo testigo, que delata la maniobra de falsificación impulsada o concretada por el flamante auditor Saravia Frias. Seguidamente se detallan las detectadas por Stripteasedelpoder.

En el punto “1.Detrimento del patrimonio estatal” (página 2) el Memorándum de Balbín cita al informe de auditoría, en el cual resaltando en rojo el texto que ha sido mutilado, se expresa:

“Afirma la auditoría sobre el particular que “… el curso del tiempo en el estado de indefinición al que se ha hecho referencia en esta auditoría, genera una degradación, a valores constantes, del crédito que reclama el Estado… cuando la ecuación financiera se distorsiona en tales dimensiones… importa un riesgo tangible para los intereses del Estado nacional al haber dilatado en el tiempo una definición que, aún por la vía de la quiebra habría permitido, al menos, repotenciar la acreencia desde la fecha de presentación del concurso y hasta el decreto de quiebra”.

Señalando así el Procurador Balbín una salida, la quiebra, cuya sola mención causa espanto al grupo Macri. No obstante dicho párrafo resaltado en rojo ha desaparecido del informe de auditoría, en la cual ahora en su punto “2. –La degradación del crédito del Estado nacional” (página 49)  solo aparece el texto previo no resaltado en rojo.

Seguidamente en el punto “3. Situaciones procesales objetables – b. Inobservancia de las decisiones de la Cámara” (página 7), el Memorandum crítica severamente que en el 2007 la jueza Marta Cirulli no haya abierto el periodo de “salvataje” o cramdown, para que otra empresa se hiciera cargo de Correo Argentino. Expresando:

“Advierte el auditor sobre el particular que, por un lado, “… varias de las consideraciones vertidas por la magistrada para adoptar esta decisión transitaban por un camino más acorde a los valorativo personal que con el procedimiento reglado. Ello parece importar no solo una distorsión en el proceso señalado por la Alzada (la Cámara), sino una significativa inactividad impulsoria procesalEl texto en rojo, en el que se deslizan duras críticas a la crucial decisión de la jueza, que es la responsable de la actual situación de la causa, fue borrado en el informe de auditoría amañado, en el cual en “1.- La duración del proceso concursal” (pagina 48) solo subsistió el texto no resaltado, sin consideración alguna respecto los motivos de la decisión de la jueza.

En el punto “3.d) Defectuosa defensa del Estado Nacional, iii. Radicación del expediente concursal desde el año 2010 hasta el presente en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en el Memorandum de Balbín (página 14) transcribiendo conceptos del informe de auditoría, se descalifica duramente el hecho de que el expediente de Correo Argentino esté en la Cámara de Apelaciones desde el año 2010, diciendo:

“El informe de auditoría señala expresamente que “Objetivamente, el tiempo transcurrido es excesivo”, no obstante la existencia de actuaciones cumplidas. Además, destaca que si bien desde el año 2014, registra “una nutrida serie de propuestas de acuerdo”, también advierte que resultaría “quizás impropias de esta instancia recursiva”. 

La cita con su texto en rojo, condena asi el hecho de que Correo Argentino haya hecho propuestas de acuerdo, como la que originó el rechazo de la fiscal de Cámara Boquín, por resultar “impropias” en esa instancia, ademas del tiempo muerto transcurrido en la Cámara. Pero no obstante esas descalificaciones que apuntan al eje de la estrategía de Correo Argentino, y sus propuestas de acuerdo, han desaparecido enteramente en el punto “4.-La importancia de la dilación procesal y su imputabilidad” (página 50) del informe de auditoría amañado, donde se expone esa cuestión.

Como se puede apreciar, en el informe de auditoría adulterado, no solo quedó una mera descripción de la situación desde el 2010 en adelante, sino que se convalida una “suerte de negociación en sede judicial”, como la que intenta llevar adelante a toda costa el grupo Macri. Olvídándose de la objeción expresada previamente según la trascripción de Balbín, de que esas propuestas eran impropias para esa instancia.

En el punto 3.e El dictamen de la Fiscal de Cámara de Diciembre de 2016, ii. El alcance del acuerdo” (pagina 20) el Memorandum de Balbín expresa: “Pues bien, no puede dejar de destacarse que la estrategia del Estado Nacional durante 15 años fue aquella que, conforme surge de los términos del informe de auditoría, consintió “cuanta petición procedente o improcedente, por los tiempos procesales, formulara la concursada”, que avaló “Inacabables reaperturas del ‘periodo de exclusividad’, la mayoría de ellas realizadas en instancias impropias, incluso consentidas por el Estado nacional,  como la ocurrida en el año 2007” y que permitió “Una incomprensible y confusa participación en un inadmisible e inaceptable proceso de compensación, vedado en este caso por el artículo 130 de la LCQ”. El experto auditor añade que no se alcanza “a descubrir otra estrategia que no sea la de dejar correr el tiempo, con el perjuicio que ello acarrea a los intereses del Estado Nacional”.

Como se puede ver seguidamente esa larga parrafada condenatoria del actuar de la Justicia y el Estado, resaltada en letras rojas, que insinúa una complicidad de estos con las estrategías de Correo Argentino, desapareció casi enteramente del informe adulterado de auditoría en “5.- Los representantes judiciales del Estado Nacional y la defensa de los intereses públicos” (página 52).

Salvo su último párrafo, que ha sido enteramente suavizado, al expresar “que no ha mediado otra estrategia que el mero consentimiento a una situación de indefinición que aun hoy afecta a los intereses del Estado Nacional”.  Pasando así de una estrategia cómplice por parte de la Justicia y la Administración según el Memorandum de Balbín, a un mero consentimiento si se quiere negligente, ante una situación indefinida.

Seguidamente en “f. Síntesis” (página 21) el Memorandum deBalbín expresa: “En síntesis, tal como señala el informe de la Dirección Nacional de Auditoría, “… no parece correcto imputar las demoras que registra la causa exclusivamente al órgano judicial. También el Correo Argentino generó peticiones de todo tipo, varias de las cuales fueron sorprendentemente receptadas por los Tribunales y silenciosamente aceptadas por el Estado. En verdad, el estado, activa o pasivamente, ha terminado, también, consintiendo con la marcada extensión del proceso.”

Pero en el informe de auditoría, no figura el término resalto en rojo “correcto”, que ha sido reemplazado por la palabra “justo”. Lo cual cambia enteramente el sentido de la frase, dado que “correcto” implicaba que habría una corresponsabilidad, e incluso una posible complicidad entre  Correo Argentino, la Justicia, y funcionarios de la administración pública.  

Tal como lo da a entender el siguiente párrafo del Memorandum de Balbín, que ha desaparecido en el informe de la Dirección de Auditorias no obstante que Balbín le endilga su autoría, razón por la que se lo resalta en rojo: “Por lo dicho, estas cuestiones podrían no ser directamente imputables a los abogados que integran el servicio jurídico interviniente, en la medida que ellos hayan sido procelosos del control primario de legalidad que les compete ante directivas que se les imparten. Es probable también, que, autoridades de rango superior de los distintos ministerios que han intervenido a lo largo de estos 16 años, puedan dar razón de la dilación a que se hace referencia.”

En cambio el término “justo” que aparece en la versión adulterada del informe de Auditoria, en “4. –La importancia de la dilación procesal y su imputabilidad” (página 50/51) da a entender una especie de culpas concurrentes entre Correo Argentino, los jueces, y los funcionarios públicos. Sin la existencia de una complicidad por parte de la Justicia, ni de los representantes del Poder Ejecutivo. Lo cual explica la supresión integra de este párrafo que venía luego, que ponía en duda la honesta actuación de los representantes del Estado, y de los altos funcionarios a los que ellos respondían, que en consecuencia quedó reducido solo a la primera parte, como se puede ver seguidamente. 

La falsificación de sus conclusiones

Además al final del informe de auditoría, se registra la existencia de un texto postizo, extraordinariamente a favor de los intereses del grupo Macri, al consentir directamente con la postura de este. Que a su vez tiene una extraña firma, que poco se parece a la del director García, puesta en otra parte del documento de importancia menor, que puede considerarse como auténtica.

Abriendo así el interrogante si a la falsificación ideológica del informe de auditoría de fecha 10 de abril, se le agrega la falsificación material de la firma de García. O si esta se obtuvo mediante una situación de coerción sobre su ánimo, que no se revela en la firma previa, o que directamente ambas firmas no fueron coetáneas en el 10 de abril.

Concretamente por su lado el Procurador Balbín, en g. Conclusiones” (página 23), dispuso remitir las actuaciones a la Dirección de Sumarios. Y también a la Dirección Nacional de Asuntos Judiciales, para que “lleve a cabo una revisión del acuerdo” cuestionado por la fiscal Boquín, “a la luz  de las siguientes pautas”.

Entre las que se destacaban “c) La posibilidad de mejorar la propuesta…, d) La evaluación de los activos de la compañía deudora, en especial de los créditos litigiosos contra el Estado, h) El análisis del caso a tenor del contenido del fallo de la CSJN Arcangel Maggio SA s/ concurso preventivo, i) El análisis del caso a tenor del porcentaje que recibirán los acreedores en caso de quiebra, j) El análisis de la propuesta efectuada por el deudor a la luz de los parámetros fijados en el fallo Arcangel Maggio.

En cuanto a los puntos c) mejora de propuesta de Correo Argentino, y d) el análisis de los activos de este, en especial los créditos litigiosos con el Estado, se trata precisamente de la labor que el presidente Macri logró endilgarle a la AGN (Auditoría General de la Nación). Organismo que está trabajando sigilosamente al respecto, y que tras el largo reinado de Despouy en ella durante el kirchnerismo, ha sido permeado por el radicalismo y Cambiemos.

Al punto de que Juan Manuel Mocoroa, el abogado funcionario del ministro Oscar Aguad  que aceptó la cuestionada propuesta de Correo Argentino, previamente se había desempeñado en ese organismo. En consecuencia la postura de Balbín de analizar esas cuestiones, podían entrar en curso de colisión con los tejemanejes que seguramente el macrismo está urdiendo en la AGN al respecto.

Pero lo más peligroso para los intereses del grupo Macri, viene después. Y no solo por mencionar en el punto j) la posibilidad de la quiebra, palabra que causa espanto a Correo Argentino, y al grupo Macri. Sino también cuando menciona en clave para entendidos, el fallo de la Corte Suprema referido al caso Arcangel Maggio SA, en los puntos h) y j).

Al ser este el caso líder que sentó jurisprudencia definitiva respecto el rechazo de una “propuesta abusiva” o en fraude de la ley, como la formulada por Correo Argentino, calificada así por la fiscal Gabriela Boquín. Y ante una resolución de esa índole dictada en el año 2005 por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala A (no la B, que es la que llevó adelante la escabrosa causa del correo) Arcangel Maggio SA interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. Con el patrocinio de nada menos que Rodolfo Barra, el ex presidente de la Corte Suprema durante el menemismo.

La cual en definitiva se expidió diciendo en el año 2007, que la ponderación si la propuesta era abusiva o no, no correspondía a la Corte Suprema, sino a los tribunales inferiores, salvo que se demostrara una manifiesta arbitrariedad en ello. Y ante el agravio esgrimido por Arcangel Maggio de que la decisión del tribunal de rechazar la propuesta y abrir el salvataje o cramdown, lo privaba del derecho de alcanzar en exclusividad un acuerdo preventivo, la Corte expresó que no estaba excluido de hacer una nueva propuesta en el salvataje o cramdown, en competencia con otros interesados en la empresa que pudieran aparecer.

En consecuencia se puede decir que el Procurador Balbín, conforme su Memorandun, no solo tenía amenazadoramente para el grupo Macri “todas las opciones sobre la mesa”, sino que además ellas parecían encaminarse a un rechazo del acuerdo preventivo, y el pedido de apertura del salvataje o cramdown en la causa de Correo Argentino. Que de no contar con interesados que superaran largamente la oferta de este, sería solo el paso previo a la declaración de quiebra de este, y su posible extensión a todo el grupo Macri.

La adulteración de las recomendaciones en el informe de auditoría

No obstante esa severa postura a la que había arribado Balbín, el informe de auditoría adulterado revela una postura exactamente inversa. Ya que en el punto 6.- El acuerdo cuestionado” (página 52), comienza diciendo, “debo manifestar que la Dirección de Auditoría de la Procuración no está llamada a  evaluar la conveniencia o no de un acuerdo como aquel que se arribara en autos (en la causa) y luego entrara en crisis”.

“Es doctrina de auditoría que la apreciación de los aspectos de oportunidad, mérito y conveniencia involucrados en las eventuales decisiones de los organismos de la Administración, está reservada a las autoridades superiores de los diversos organismos públicos y se encuentran fuera de la competencia de la Procuración del Tesoro, que limita su intervención a los aspectos estrictamente jurídicos de los temas que se someten a su consulta y en consecuencia no se expide sobre cuestiones técnicas, económicas, ni tampoco sobre la equidad o inequidad de las fórmulas contractuales”

Pero tras una larga cita de dictámenes que avalan esa postura prescindente, el director de Auditoría García termina inusitadamente el suyo diciendo: “Ello no me impide propiciar un acuerdo final entre el Estado Nacional y la concursada, que ponga término a la extensa incertidumbre que se cierne sobre los intereses fiscales y las pretensiones de Correo Argentino. Existen mecanismo (sic), complejos pero también concretos, que permitirían arribar a las partes a una solución que, hoy por hoy, se torna imperiosa.” Arribando así el director García a un conclusión y recomendación enteramente distinta a la del Procurador Balbín, pese que según él mismo, ello escapaba a su autoridad.

En la imagen de la izquierda se puede observar la reproducción de este último párrafo de las Conclusiones y la Auditoría principal Nº 5.692, que habría sido amañada tras la expulsión de Balbín, y lleva la fecha 10 de abril y la firma del director García. Y en el lado derecho se reproduce la fecha y firma de la “Auditoría Complementaria” que García firmó ese mismo día, referida a las causas de Correo Argentino contra el Estado Nacional, con sus “Recomendaciones” para el servicio jurídico del estado (página 7).

La primera observación visual que surge, es el borroneo de la fecha de la Auditoria principal, en contraste con la complementaria. Y la segunda observación es la notable diferencia existente entre las firmas de ambas, notándose en el caso de la auditoría principal un trazo mucho más débil, y con evidentes diferencias respecto la auditoría complementaria.

De su cotejo lo mínimo que se puede decir, es que no fueron firmadas ambas en el mismo momento. O sea que existen diferencias epocales, que hace presumir que pese a llevar la misma fecha 10 de abril, la de la auditoría adulterada habría sido colocada días después, antidatando la fecha, para simular que no existieron modificaciones en el informe de auditoría sobre el cual confeccionó su Memorándum el Procurador Balbín. Y lo máximo que se puede decir, es que podría es falsa la firma de la adulterada auditoría principal, en la que se han insertado contenidos claramente a favor del grupo Macri.

Así como culminación de veinte años de un estado aguantadero de los negocios y las desmesuras del grupo Macri, la misma Procuración del Tesoro se habría transformado en un aguantadero de este grupo. Que quedaría en una situación muy delicada, si se decretara la quiebra del Correo, y ella se hiciera extensiva a sus otras empresas.-

Ver Memorandum Procurador Carlos Balbín

Ver Informe auditoria Correo Argentino

Proximamente: Estado aguantadero (III): Macri procura expulsar la Procuradora Gils Carbó de cualquier manera, para cerrar el caso del Correo

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